La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) fue parte proceso nacional del Movimiento Patriótico del NO AL TLC el cual culminó 7 de octubre de 2017.
Categoría: Incidencia
A diez años del “frauduréndum” sobre el TLC con Estados Unidos
Diez años después… diez fracasos rotundos en los tiempos del TLC
UNO: Casi la mitad de la población con edad para trabajar está desempleada y/o en el mercado informal. Grave es el desempleo juvenil. Nunca llegaron los 500 mil empleos.
DOS: Una deuda pública que se está comiendo más de la tercera parte del presupuesto nacional de la República, acercándose a los 50 puntos porcentuales del PIB y arriesgándonos a un ajuste fiscal fondomonetarista de corte draconiano.
TRES: La mitad del actual monto del déficit fiscal, 3 puntos PIB, es por los impuestos y aranceles de aduana que se dejaron de cobrar producto del TLC y que nunca fueron repuestos mediante la imprescindible reforma tributaria. De hecho, el déficit fiscal empezó a crecer, precisamente, en ese año 2007
CUATRO: Salarios prácticamente congelados que empobrecen más a las familias trabajadoras pues somos (si no el más), uno de los países más caros para vivir de la América Latina, pues nunca llegaron las “ventajas” del libre comercio a abaratar el costo de la vida.
CINCO: Un altísimo endeudamiento de la población, especialmente la clase trabajadora, superando los 3 puntos porcentuales de PIB.
SEIS: Un sistema tributario que extorsiona a los que menos tienen para favorecer a los que más acumulan, destacándose un robo de impuestos y una evasión fiscal que está llegando a los 9 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), más que suficientes para que no hubiera déficit fiscal alguno.
SIETE: Un proceso de concentración de la riqueza que parece ser el más veloz y el de mayor intensidad de la región. Las dolorosas consecuencias de las últimas tragedias naturales muestran la profundidad de las brechas sociales de la exclusión de los presuntos beneficios del crecimiento económico en favor de toda la población, especialmente en las provincias costeras (Guanacaste, Puntarenas y Limón).
OCHO: La producción agropecuaria nacional para el mercado interno está completamente debilitada y se manifiesta un proceso concentrador dedicado a la exportación con sobreexplotación de la mano de obra.
NUEVE: El crimen organizado, la penetración del narcotráfico, la inmigración incontrolada y la violencia en todas sus manifestaciones le están ganando la batalla a la política pública de seguridad ciudadana pues los respectivos servicios públicos a cargo de los distintos ámbitos de ésta, están debilitados y su personal superexplotado.
DÉCIMO: La apertura de las telecomunicaciones está fortaleciendo una concentración duopólica de corte trasnacional sin ventajas para el consumidor, empeorándose la situación con el retiro de la regulación en materia de tarifas.
Una década después de la imposición, vía frauduréndum, del TLC con Estados Unidos, la conclusión es clara: más desempleo, más precariedad de los empleos, más reducción y restricción salariales, más concentración de la riqueza, más debilitamiento de los servicios públicos esenciales, más déficit, más endeudamiento público, más corrupción y… más desprestigio de la política.
Sustento para solicitar facilidades sindicales y licencias con goce de salario
BCR: ¡Renuncia el primer directivo… ¿y qué esperan los demás?
Hoy domingo 1 de octubre de 2017, el señor Ronald Solís Bolaños, exdiputado y exprecandidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), anuncia que renunciará al cargo de directivo del Banco de Costa Rica (BCR), atendiendo pedido que le formulara el señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera. ¡Enhorabuena!
Pero, ¿y qué esperan los demás? ¡También deben irse! ¡Deben renunciar de inmediato! La señora Mónica Segnini Acosta, excandidata vicepresidencial y los señores exdiputados Francisco Molina Gamboa y Gustavo Arias Navarro, integrantes los tres del PAC deben irse del BCR y como lo tienen que hacer, la exdiputada del Movimiento Libertario Evita Arguedas Maklouf; así como la señora Paola Mora Tumminelli, la figura más “controversial” de esta directiva bancaria y quien tuviera ligamen, según entendemos, con el partido Alianza Patriótica.
Particularmente, don Alberto Raven Odio, a quien la Expresidenta Laura Chinchilla Miranda le nombró en esa directiva, es más que urgente que se vaya de la misma cuanto antes. Su vinculación con el proceso del crédito del BCR para la compra de la chatarrera hidroeléctrica, ha resultado más que escandalosa pues la entidad perdedora parece que será el banco mientras que su representada corporativa integrante del duopolio cementero ha ganado mucho dinero.
Las más recientes relevaciones de que han dado a conocer en el seno de la comisión parlamentaria que investiga los créditos bancarios otorgados por el Banco de Costa Rica (BCR), dan cuenta que la permanencia de dicha directiva al frente de esta institución, solamente le hará más daño a su imagen, a su prestigio y a su credibilidad, de lo que ya se le ha causado por los “curiosos” procesos de tramitación expedita de los créditos del cementazo y de la chatarrera hidroeléctrica.
La “pelea de perros y gatos” que ha trascendido a la opinión pública en que se desenvuelve esa directiva, la pésima y espantosa decisión de borrar las grabaciones de sus deliberaciones, la aparición de dobles actas de sus sesiones, los errores de gestión estratégica que les endilga la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), entre otros yerros; aunado a las enormes interrogantes en cuanto a la transparencia, el compadrazgo y el favoritismo que pudieron manifestarse en la tramitación de los indicados dos créditos, y dejar en el máximo peso auditor de la institución a una persona que ha recibido fuertes críticas de parte de la SUGEF, imponen que para la sobrevivencia del banco y para el retorno el imperio de la ética y la moral en su seno, las seis personas directivas que quedan se vayan, renuncien, ¡pero ya!
Por tercera vez y de manera pública (la primera vez que lo planteamos fue el sábado 26 de agosto de 2017), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, exige la renuncia de las seis personas restantes de la directiva del Banco de Costa Rica (BCR).
En esa ocasión planteamos que “…con la urgencia que el caso amerita, el Gobierno de la República debe separar de sus cargos a quienes integran la actual Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR); como separados deben ser quienes forman parte del actual Comité de Crédito de tal institución y otros altísimos jerarcas de la misma”.
Además, apuntamos lo siguiente: “…la entidad que tiene el poder político en el BCR, sea el Consejo de Gobierno de la República, proceda a destituir y/o separar de sus cargos a toda la actual Junta Directiva del BCR; como también resulta urgente la separación de los integrantes del Comité de Crédito y otros altísimos integrantes de la cúpula bancaria”.
Así es, efectivamente, no solamente deben irse las seis personas que faltan de la desprestigiada, cuestionada y desacreditada directiva actual del BCR; sino también, deben ser retirados quienes integran el actual comité de crédito del banco… Y, por supuesto, que el señor Mario Barrenechea Coto no vuelva al BCR.
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria hace un llamado de alerta por ataques hacia los policías penitenciarios
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en la Policía Penitenciaria hacen un llamado a las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz, debido al reciente hecho hacia los oficiales carcelarios, quienes fueron atacados, este lunes en la madrugada, cuando varios sujetos dispararon hacia los puestos de trabajo donde ellos se encontraban.
Para la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria este hecho que se presentó en la Reforma debe ser investigado con absoluta seriedad, ya que se atentó contra el sistema de seguridad carcelaria y no se puede seguir disimulado el incremento de hechos violentos.
“ANEP alerta que estos y otros incidentes podrían obedecer a nuevos métodos de criminalidad y que la falta de policías en nuestras cárceles podría dejar en evidente vulnerabilidad nuestro Sistema Penitenciario. Por ello, desde hace mucho tiempo venimos pidiendo se declaren las cárceles de nuestro país en estado de emergencia”, explicó Benjamín Sevilla, miembro de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
Sevilla agregó “que una persona o un grupo de ellas atenten contra la vida y la integridad de nuestros policías penitenciarios es un acto criminal cobarde. ANEP no puede guardar silencio ante el despiadado ataque que sufrió la principal cárcel de nuestro país y en la que se puso en peligro la vida y la seguridad de compañeros y compañeras, de esos hombres y mujeres que le dicen a la ciudadanía duerman tranquilos porque nosotros cuidamos”.
¿Qué más debemos pasar para que se logre entender la urgente necesidad de policías en nuestras cárceles? Para el sindicato, la única forma de evitar el incremento de la criminalidad pasa por un tema de fortalecimiento de las políticas de prevención; pero el carácter delictivo y su innegable violencia demanda medidas de contención urgentes.
“Las personas privadas de libertad suelen tener afuera amigos y enemigos, unos deseosos de ayudarles a salir, y; otros con voluntad de vengarse. En cualquier caso, los policías penitenciarios se convierten literalmente en escudos humanos, ya que se les ha limitado el uso de escudos eléctricos y hasta del gas pimienta”, indicó Sevilla.
El incidente de la Reforma no es un motivo para elevar los niveles de temor en la población, es un llamado a la sensatez, para que se valore la contratación de los 200 oficiales que se requieren en este Centro, para que se fortalezcan las medidas de contención y seguridad; y que, la seguridad carcelaria sea valorada en su real dimensión.
La ANEP también hace un llamado a los diputados y las diputadas para que se atienda con seriedad la asignación suficiente y la ejecución debida del presupuesto destinado para la contratación y seguridad carcelaria.
ANEP denuncia que le ponen “lapida de cemento” a comisión investigadora
Luego de conocer los últimos acontecimientos referentes al denominado caso del “Cementazo” y la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa, en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunciamos que dicha comisión estaría llegando a su fin, o como suele suceder en este tipo de comisiones, nada pasará y todo se tapará.
“El olor a cemento” es todavía más profundo y mal oliente. Ahora resulta que el Partido Liberación Nacional (PLN) no quiere que connotadas figuras suyas, incluso que con su respaldo están en el Poder Judicial, como el caso del Magistrado, Celso Gamboa, sean investigadas y llamadas a cuentas a cerca de la profundidad de los presuntos vínculos que han tenido con el empresario Juan Carlos Bolaños (JCB).
Para la ANEP, la negativa del Partido Liberación Nacional para que hijos políticos suyos sean llamados a cuentas, significará la sepultura de la Comisión Legislativa investigadora, cuya “lapida de cemento” llevará el sello de JCB, acompañada con los colores verde, azul, rojo y amarillo; colores de los tres “grandes” partidos que han decepcionado a la ciudadanía, misma que se siente indefensa. A esto se une una banca nacionalizada que parece encaminarse a sus últimos días, sumado a la dramática denuncia de la SUGEF que indica que el crédito del “Cementazo” ya estaría arrojando perdidas por los diez mil millones de colones
Por otra parte, en la ANEP estamos atónitos al darse a conocer que el presidente del Partido Unidad Social Cristian (PUSC), Pedro Muñoz también tiene que explicar muchas cosas por su relación con Juan Carlos Bolaños. Bien haría el PUSC en ni siquiera proponerlo como candidato a primer lugar por la diputación de San José, según se rumora.
Expresamos el dolor que sentimos porque el Banco de Costa Rica pareciera que va de pique, ya que el tráfico de influencias en créditos multimillonarios en la entidad bancaria es probablemente el más espantoso que se haya visto en la historia nacional desde los acontecimientos del Banco Anglo Costarricense.
Impresionante es la pasividad del Gobierno de la República que ya debería haber intervenido el BCR, destituyendo a su actual Juta Directiva, la cual, según lo dice la propia SUGEF, se desenvuelve en medio de graves problemas éticos.
Finalmente, ANEP exhorta a la diputada Maureen Clark a indicar quién fue la persona que le pidió no asistir a la cesión donde se iba a votar la moción para que su compañero de bancada Rolando González y el magistrado, Celso Gamboa fueran llamados a comparecer. Esto para que sea consecuente con su renuncia a la comisión investigadora del caso “Cementazo”.
ANEP condena exclusión de sindicatos en conmemoración de los 10 años de la lucha por el NO al TLC
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresa su condena y repudio ante la inapropiada decisión (por no decir malintencionada decisión) de excluir a los sindicatos como parte de las diversas organizaciones de la sociedad civil que pretenden resaltar, con el respaldo de universidades públicas, el décimo aniversario de la lucha contra el TLC con Estados Unidos.
La ANEP tuvo conocimiento, “por casualidad”, de un programa de actividades denominado “A 10 años de la lucha por el NO al TLC: Actividades de celebración para nuestra memoria y resistencia”, para ejecutarse durante los días 2, 3 y 4 de octubre.
Lo que más llama la atención es que dentro de las organizaciones promotoras y organizadoras que excluyeron a los sindicatos de tan relevante ocasión histórica para la memoria patria, hay instancias que son oficiales de tres de las universidades públicas de nuestro país: como el Centro de Investigación, Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), como el Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y como el Instituto de Estudios en Población de la Universidad Nacional (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA).
¡Impresionante! Está bien que por algunas posiciones político-ideológicas que se deben respetar, aunque no compartir, se expresen conductas antisindicales dentro de los claustros universitarios; pero es imposible dejar pasar desapercibido que desde las universidades públicas se cohonesten conductas antidemocráticas y de exclusión como la que estamos denunciando y repudiando por esta vía.
El papel de los sindicatos en la lucha por el NO AL TLC es imposible de negar, de invisibilizar, de ocultar, de descalificar. Los sindicatos lo entregaron todo en esta noble lucha en los más diversos ámbitos: el informativo-educativo, el concientizador, la promoción de cualquier cantidad de actividades al aire libre, múltiples movilizaciones y jornadas de calle, así como inmensa cantidad de recursos financieros millonarios invertidos.
Todo esto consta a la ANEP, una de las entidades laborales de primer orden en el ámbito sindical en la lucha del NO al TLC, incluso, apoyando el desarrollo de la actividad de una buena cantidad de comités patrióticos: acción cívica irrepetible en la historia del país.
Parece que no se aprendió nada del gigantesco proceso de construcción social unitaria que representó el proceso NO al TLC. Emplazamos, respetuosamente, a las respectivas autoridades universitarias para, si lo tienen a bien, se refieran a esta denuncia.
San José, martes 11 de setiembre de 2017.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Directriz Presidencial: Permiso para asistir a la Asamblea General Nacional Ordinaria de Fin de Periodo
ANEP alerta a la clase trabajadora del sector público
El Gobierno de la República, su grupo parlamentario y las otras fracciones legislativas vienen sosteniendo reuniones para pactar un paquete de impuestos que, supuestamente, atienda el grave problema del déficit; tema éste ampliamente abordado por la ANEP en los últimos tiempos y que nos permitió esclarecer, de manera contundente, que no hay relación alguna entre el déficit fiscal y los salarios devengados por quienes laboran para el sector Público. Nadie, ni siquiera los extremistas ideológicos neoliberales, nos han desmentido.
Sin embargo, en esas conversaciones actualmente en desarrollo, el Gobierno tiende a ceder a las histéricas vocerías diputadiles que, fanáticamente, han venido impulsando agresiones a derechos salariales, laborales y sociales del empleo público desde que empezó a funcionar la presente Asamblea Legislativa, en mayo de 2014.
Los grupos diputadiles afines al pensamiento neoliberal (básicamente de los partidos Liberación y Unidad, el arcaico PLUSC), insisten en imponerle al Gobierno que, si éste quiere impuestos para reducir en algo el crecimiento del déficit fiscal, entonces, que debe ponerse en la pira del sacrificio obrero varios pluses, como el de la dedicación exclusiva y el de la prohibición, más otros que podrían ser incluidos en esas negociaciones. También se tocaría el tema de las anualidades.
Una vez que se hayan aprobado “regulaciones” para este tipo de pluses (¿y otros?), entonces, el Gobierno obtendría “su parte”: subirnos el impuesto de ventas, convirtiéndole en valor agregado, del 13 al 15 %; y, un “poquitín” en variaciones en cuenta al tributo de rentas para, presuntamente, darle al mismo unas migajas de progresividad. ¡Nada más alejado de la realidad!
ANEP, por otra parte, no puede dejar de pensar en que el escándalo del cementazo pueda ser instrumentado para fortalecer una posición chantajista en contra del empleo público, habida cuenta de que el Gobierno se ha debilitado por esta situación que tiene en vilo a la opinión pública.
ANEP reitera su oposición rotunda a la mezcla tóxica, socialmente irresponsable, de relacionar el empleo público con el déficit fiscal; de utilizar, de manera perversa, el tema de los pluses salariales para imponer más impuestos a la clase trabajadora; y, lo que es realmente repugnante y censurable, que se estuviera creyendo que por el tema del escándalo del cementazo, la coyuntura es propicia para atacar los salarios de la clase trabajadora del sector Público.
ANEP formula un vehemente llamado para que, nuevamente, nos pongamos en alerta contra lo que se fragua en esas negociaciones gobierno-fracciones (y subfracciones) parlamentarias; ANEP formula un especial llamado a todos los grupos profesionales (incluidos los municipales) para que se pongan en alerta y, a su vez, impulsen un accionar crítico con relación a los diferentes gremios que les aglutinan.
ANEP, a su vez, alerta al pueblo trabajador de que es imposible creer que una vez aprobado un ataque de ley a los salarios de los empleados públicos, los partidos al servicio del capital, estén dispuestos a aprobar modificaciones en el impuesto sobre la renta, por más “light” que sean los cambios que se propongan al mismo. Peor aún, nos atornillarán con el de ventas del 13 al 15%, el más injusto de todos los impuestos.
