Mensaje de la FES en el Consejo Consultivo Nacional de la ANEP

Dentro de tan importante y gratificante evento, les estamos compartiendo por esta vía y en archivo adjunto, el mensaje que nos diera la distinguida compañera Sandra Cartín Herrera, Coordinadora de Programas de la prestigiosa Fundación Friedrich Ebert (FES), de la República Federal de Alemania.

Para quienes gestionamos el día a día de la ANEP, el mensaje de la compañera Sandra, por su amplio conocimiento y experiencia, tanto nacional como internacionalmente, en cuanto a Sindicalismo y Movimientos Sociales, constituyen el mejor reconocimiento que esta organización ha recibido en los últimos tiempos.

Mensaje de la FES en el Consejo Consultivo Nacional de la ANEP 2017 by Yariela Novo on Scribd

Costa Rica albergará por primera vez reunión internacional de la Red WATERLAT-GOBACIT

La afiliada de la ISP ANEP-Costa Rica junto con la Oficina Subregional de la ISP para América Central, constituyen parte del equipo de trabajo y de organización de este encuentro internacional sobre Agua, Sanamiento y Ambiente.

La VIII Reunión Internacional de la Red WATERLAT-GOBACIT será organizada conjuntamente por la Red WATERLAT-GOBACIT y el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED, con el apoyo de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica (ANEP), la Comisión de Agua y Saneamiento (CAS), Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de Costa Rica, y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

La VIII Reunión Internacional de la Red WATERLAT-GOBACIT tendrá lugar en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) en San José, Costa Rica del 3 al 7 de abril de 2017. El primer día será dedicado a una reunión interna de la Red, los días 4 al 7 de abril el encuentro toma la forma de un evento abierto, con participación de académicos, representantes del sector público y de la sociedad civil, así como también público interesado en general. El tema central de la reunión es “Agua, poder e impunidad: resistencias sociales y alternativas emergentes en la construcción de políticas del agua igualitarias e inclusivas”.

El objetivo general de las reuniones periódicas de la Red consiste en proveer un punto de encuentro regular para los miembros de la misma, y simultáneamente promover la interacción con colegas y actores sociales en las regiones en las que tienen lugar las reuniones. En las reuniones se discuten proyectos de investigación, docencia, intervención, y otras cuestiones relevantes al tema de la Red: el estudio de los procesos políticos, sociales, culturales, económicos, tecno-infraestructurales, administrativos, de políticas públicas, de salud, entre otros, que caracterizan el gobierno y la gestión del agua y de los servicios basados en el uso del agua. Nuestra Red enfoca estas cuestiones desde la perspectiva de la ecología política, en un sentido amplio, inter- y transdisciplinario.

Patria Justa reitera su posición de no asistir a diálogo sobre IVM convocado por CCSS

Después de analizar en detalle la propuesta realizada de participar en un diálogo social, para efectos de buscar posibles soluciones al régimen más importante de pensiones del país, el cual cobija el interés del 84 % de la población trabajadora activa para disponer de una pensión digna al momento de la jubilación, el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, de manera seria, responsable y honesta, ha decido no ser parte de este proceso por las siguientes razones:

Primero: PATRIA JUSTA considera que la estructura diseñada para este proceso de concertación es rígida y hegemónica, ya que es un espejo de la estructura diseñada en la Junta Directiva de la CCSS: sectores empresarial, gubernamental y laboral (representado éste por el Solidarismo, el Cooperativismo y el Sindicalismo); pero que, evidentemente deja por fuera sectores importantes que deben ser actores activos en este proceso, como por ejemplo: el sector campesino y la Iglesia Católica.

Segundo: PATRIA JUSTA es del criterio de que la diversidad de criterios, en el respeto y en la libertad de pensamiento radica la verdadera democracia, por tal razón no se puede obligar a ningún miembro de un mismo sector a pensar igual que los demás; y, por el contrario, siempre el bienestar colectivo debe prevalecer sobre los intereses individuales y/gremiales; por lo que bajo esta estructura el sector laboral que representa el interés de la masa trabajadora se encuentra en franca desventaja.

Tercero: PATRIA JUSTA estima que para entrar al proceso de análisis sobre el régimen de pensiones IVM-CCSS, lo primero que debe ser objeto de estudio, de manera expedita pero profunda, son los alcances y falencias obtenidas con la entrada en vigencia de la Ley de Protección al Trabajador (LPT). El estudio actuarial efectuado por la Universidad de Costa Rica (UCR), para efectos nuestros no es razón de cuestionamientos; pero si indicamos que este estudio contiene el resultado de una sumatoria de elementos a lo largo del tiempo, que sí son cuestionables y que de manera imperiosa deben ser subsanados.

Cuarto: PATRIA JUSTA resalta que otro punto relevante surge de los contenidos vertidos a través de los últimos meses en los diferentes foros efectuados por distintos entes sobre la materia del Régimen de Pensiones IVM-CCSS, mismos que han contado con la participación de personalidades foráneas y nacionales expertas en la materia de regímenes de jubilaciones. De manera sublime, discreta y tendenciosa han transmitido la idea de que la solución integral a este problema del IVM, es tomar medidas paramétricas, como elevar la edad de retiro, equiparar la edad de retiro entre hombres y mujeres, disminuir beneficios entre y aumentar la cotización obrera, entre otras; propuestas que a nuestro entender dejan por fuera otros escenarios y no se aborda el verdadero génesis del problema con relación a pensiones, como lo es una verdadera política de estado, en materia de empleos y salarios dignos para todas y todos los costarricenses, sin descuidar los graves problemas que presenta la preservación de un sistema tributario regresivo. En el tema de salarios, un enfoque parcial del problema IVM-CCSS significa aplicar en estos momentos una reducción del 1 % en el salario de las personas trabajadoras.

Quinto: PATRIA JUSTA contempla que bajo esa misma perspectiva explicada en el punto anterior, a sabiendas de que existe un congelamiento salarial de años en el sector privado y público en nuestro país y que el informalismo en el empleo sobrepasa las 800 mil personas que no cotizan para el Régimen IVM, ni cotizan para la pensión complementaria; el no priorizar esta situación, el no buscar de manera conjunta una solución a este tema de empleo, de política salarial y de regresividad tributaria, sería la mesa de dialogo social sólo un débil paliativo al problema del IVM-CCSS. Bajo nuestra óptica y estando así las cosas, pasarán unos cuantos años, de pronto una década, y van a estar convocando, nuevamente a “otra” mesa de diálogo social porque las decisiones tomadas hoy no serán la soluciones definitivas al problema de este régimen de pensiones; y, por el contrario, las medidas que se vislumbran son un deterioro de las grandes conquistas sociales de nuestro Estado Social de Derecho.

Sexto: PATRIA JUSTA indica a nuestros gobernantes no olvidar que las políticas de Estado deben responder a la naturaleza de la organización y valores sociales que tenemos; y, que el pueblo costarricense ha luchado siempre por forjar una verdadera democracia con real paz social, teniendo en la Caja su más sólido baluarte.

Sétimo: PATRIA JUSTA defenderá esta noble institución con propuestas claras y concretas, con la legalidad como arma y, si es necesario, con la “Democracia de la Calle” para preservar lo que es nuestro, del pueblo trabajador; en contra de los pocos que la quieren privatizar, o bien colocar en una situación de riesgo y en una agonía irreversible al Régimen de Pensiones IVM-CCSS.

Papeles de Panamá: Informe revela maniobras usadas por grandes evasores de impuestos asesorados por abogados y contadores

Facturar por debajo del valor real, usar testaferros para actividades ilegítimas, fijar residencia en otro país, usar organizaciones de bien social o caritativas, registrar empresas en off shore, son algunas de las maniobras que actualmente se utilizan en nuestro país para evadir y eludir el pago de impuestos.

La Comisión Especial Investigadora sobre las publicaciones del bufete Mossack Fonseca terminó su periodo este 31 de marzo, a un año de la publicación de los llamados Papeles de Panamá. Integrantes de la comisión: Marcela Guerrero Campos (presidenta de la Comisión) y Marco Redondo Quirós del Partido Acción Ciudadana (PAC), Patricia Mora Castellanos del Frente Amplio (FA) y la diputada independiente Carmen Quesada Santamaría presentaron su informe de resultados y recomendaciones.

“En concreto, la maniobra que utilizan es constituir empresas offshore que funcionan por debajo de los radares de la legislación fiscal del país de origen de sus beneficiarios. Estos bufetes disponen de una infraestructura logística y legal para aprovechar cualquier portillo y crean condiciones legales para dirigir los fondos de sus clientes a países con reglas tributarias menos rígidas” explicó la diputada del FA, Patricia Mora Castellanos.

“Hablamos de bufetes que se dedican a vender como servicio el encubrimiento o camuflaje de las leyes. Estas maniobras vienen a representar una cortina de humo para la especulación financiera, la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado” agregó el diputado del PAC, Marco Redondo Quirós.

Prácticas engañosas de Asesores Legales y Contables. El informe recomienda a los colegios profesionales incluir normas y sanciones para evitar que sus agremiados emitan asesorías legales y contables con el fin de defraudar o burlar la ley tributaria.

Así operaban

“La constitución de sociedades dentro o fuera del país no constituye delito, pero concluimos que la gran mayoría de las actividades ilícitas pasan por personas jurídicas como medio facilitador. Es grave que interpretamos de la comparecencia del Colegio de Abogados del 4 de julio de 2016, que para ese órgano eludir las cargas tributarias mediante el uso de maniobras legales no debe ser motivo de persecución” señaló la diputada del PAC y presidenta de la Comisión, Marcela Guerrero Campos.

La posición de los diputados y diputadas difiere a la del Colegio de Abogados, ya que el informe concluye que mientras exista un ánimo de engañar, burlar o eludir el pago de tributos, aunque no se viole ninguna norma, debe sancionarse e inclusive tipificarse como delito, ya que se estaría ante una práctica abusiva del Derecho.

“Tan responsable es el sujeto que se beneficia directamente de la maniobra elusiva o evasiva como el sujeto que aconsejó dicha maniobra, así que recomendamos sanciones administrativas en contra de los profesionales que faciliten, aconsejen y presten sus servicios con el fin de eludir o evadir la Autoridad Tributaria Nacional” aseveró la diputada independiente Carmen Quesada Santamaría.

En la audiencia del Colegio de Contadores Públicos del 8 de agosto del 2016 se indicaron los principales mecanismos identificados para eludir y evadir impuestos:
 Declaración de subfacturación, o sea facturar por debajo del valor real.
 Registrar empresas en off shore o lo que también se pueden llamar Guaridas Fiscales sin conocerse quienes son los dueños ni las actividades.
 Uso de testaferros para actividades ilegítimas.
 Fijar residencia en otro país.
 Uso de organizaciones de bien social o caritativas.
 Uso de estructuras paralelas, que son las sociedades que se utilizan para diluir o evadir impuestos.

Nuevos proyectos de ley. Los diputados y diputadas presentaron también 3 propuestas legales para reducir los vacíos legales que permiten las maniobras mencionadas para eludir y evadir impuestos:
1. Clausula anti-elusiva general
2. Reforma al tipo penal del delito de legitimación de capitales.
3. Regulación de las personas jurídicas no inscritas ante la Administración Tributaria.

Los y las integrantes de la Comisión firmantes del informe se comprometieron a presentar otros 6 proyectos de ley en un plazo no mayor a los próximos dos meses, y a impulsar su pronta aprobación, para lo cual se propone la conformación de una Comisión Especial Dictaminadora. Los contenidos de esos proyectos son:
1. Prohibición a altos cargos públicos para realizar actividades comerciales en paraísos fiscales.
2. Retención de impuesto sobre remesas.
3. Reforma al Código de Comercio para que se protocolicen aportes extraordinarios de capital.
4. Bancarización obligatoria de todas las transacciones de bienes inscritas ante Registro Público.
5. Reforma a la sanción a asesores tributarios que aconsejan mecanismos de defraudación fiscal.
6. Posibles reformas parciales a la Ley de Impuesto Sobre la Renta, ante probable imposibilidad de acuerdo para reforma integral.

El informe recomienda la aprobación de los siguientes proyectos de ley que actualmente están en corriente legislativa:
1. Expediente N° 19.679 Proyecto del Impuesto sobre la Renta.
2. Expediente N° 19.571 Proyecto de Ley Especial de Extinción de Dominio.
3. Expediente N° 19.951 Proyecto de Ley de Regulación de Actividades Riesgosas.
4. Expediente N° 19.645 Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.
5. Expediente N° 19.282 Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y Supervisión Consolidada de entidades financieras.
6. Expediente N° 19.640 Reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios para modernizar definiciones, deberes y régimen jurídico.
7. Expediente N° 19639 Reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
8. Expediente N° 18213 Levantamiento del velo de la Personalidad Jurídica.

Sobre los llamados Papeles de Panamá. La investigación periodística internacional en torno al bufete panameño MOSSACK FONSECA arrojó la filtración de documentos inicialmente confidenciales que revelaban que cierta población acaudalada del planeta utiliza los paraísos fiscales para mantener oculta su riqueza debajo de los radares tributarios.

El 3 de abril de 2016 se publicó por medio de más de 109 medios de comunicación de 76 países la investigación periodística con mayor cuantía de datos de la historia. Cerca de un mes después de la primera publicación, el 9 de mayo de 2016, el ICIJ publicó la base de datos completa.

El 23 de mayo de 2016, la Asamblea Legislativa aprobó la instalación de la Comisión Especial Investigadora, de conformidad con el artículo 121 inciso 23 de la Constitución Política, así como los numerales 90 y 91 del Reglamento Legislativo.

Así operaban para evadir impuestos

description

description

description

Peones bananeros acudirán al Ministerio de Trabajo

Ahora iniciarán un proceso de acercamiento ante el Ministerio de Trabajo para tener una mayor aproximación con las empresas.

Albino Vargas, secretario general de la ANEP, dijo a DIARIO EXTRA, que se trata de una situación sin precedentes, pues en casi 60 años, nunca antes tuvieron la afiliación de trabajadores de las bananeras.

“Nosotros somos proclives al diálogo social, queremos que las tres empresas se sienten con la ANEP en el marco de la reforma procesal laboral que entra en vigencia ahora el 25 de julio”, indicó Vargas.

Agregó que van a apoyar acorde con la política de trabajo decente que promueve la Organización Internacional de Trabajo (OIT). “El diálogo obrero-patronal trae beneficios a la productividad del país”, señaló.

Entre los planes está el enlace con las certificadoras de producción limpia sostenible. La idea es informar a los consumidores europeos que se trabaja con pleno respeto a los derechos laborales.

“Lo que vamos a hacer es pedir al Ministerio de Trabajo que con base en sus potestades cite a las empresas, para la presentación oficial de la seccional de la ANEP”, manifestó.

EN DEFENSA DE SUS DERECHOS

Carlos Eduardo Delgado, presidente de la seccional de la ANEP, indicó que representan a trabajadores de la Standard Fruit Company, que laboran para la marca Dole, a Chiquita Brands y a la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte (Bandeco).

El movimiento se llama Obreros Bananeros y Agrícolas de Sarapiquí (ANEP-OBAS).
Contó que desde hace un mes se afiliaron, pero que ya están definiendo temas de la parte operativa.

“Lo que hicieron hoy (ayer) fue entregarnos el carné. Somos más o menos 100 afiliados”, indicó desde Puerto Viejo de Sarapiquí. Ellos son jornaleros de las bananeras.

Asegura que en el sector bananero habría muchas violaciones hacia los derechos de los trabajadores y es necesario corregir esas anomalías.

Una es la discriminación, pues asegura que pese a existir libertad sindical, no los dejan tranquilos. “Nos despiden, hemos escuchado rumores de que nos van a liquidar”, resaltó.

También hablan de una supuesta desmejora salarial y que seguirán luchando para que esto cambie

Costa Rica más desigual que nunca en los tiempos del TLC

Triste y dolorosa es la noticia dada a conocer el martes 21 de marzo de 2017, acerca de que Costa Rica ha caído hasta el puesto 66, según la autorizada clasificación puesta en práctica por las Naciones Unidas (ONU), conocida como Índice de Desarrollo Humano (IDH), generado desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Mientras que en el año 2003 la posición de Costa Rica era la número 42, 13 años después según el Informe Global 2016 sobre el IDH, estamos en ese deplorable puesto No. 66. ¡22 posiciones de caída en tal lapso!

Básicamente, el crecimiento de la desigualdad en el país es la causa principal del deterioro en desarrollo humano que está experimentando la sociedad costarricense de la actualidad.

Lo “curioso” es que tal deterioro y según los datos del IDH, la caída del país en tal índice es más fuerte luego de la aprobación del TLC con Estados Unidos, mediando el “frauduréndum” del 7 de octubre de 2017.

Del puesto 42 que Costa Rica ocupaba en el año 2003, se pasó al 45 en el 2004, al 47 en el 2005 y a la 48 en el 2006.

En el 2007 se mantuvo en esa posición 48, para pasar a la 50 en el 2008. Para el año 2009, el descenso fue hasta la posición 54; pasando a la 62 en el 2010; y finalmente, a la 66 en el 2016.

En estos 13 años, entre el 2003 y el 2016, el país cayó sostenidamente en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), del PNUD, a razón de 1.69 posición por año, pues del puesto 42 se pasó al 66, como indicamos.
A una década del TLC con Estados Unidos el país perdió 18 posiciones en el IDH, pues cayó desde el lugar 48 al 66, según el Informe Global 2016 del PNUD. ¡Ah, las ventajas del “libre” comercio!

La desigualdad es la explicación fundamental para comprender la sistemática pérdida de posiciones de Costa Rica en el IDH; ya no solamente aquella medida por la concentración de la riqueza; sino por la disparidad de ingreso que distancia en casi 20 veces, lo que recibe la población más rica con relación a lo que recibe la más pobre.

Si bien el PNUD reconoce que en el último cuarto de siglo el país mejoró su IDH, en los tiempos de TLC’s se está mostrando una peligrosa involución.

Según el reporte de prensa base para este comunicado, la señora Kryssia Brade, Representante Auxiliar en Costa Rica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en nuestro país, “Hay una necesidad de reforzar las políticas universales de educación, salud y servicios básicos. Es necesario impulsar el empleo decente y reducir la brecha de género”. Además, indicó que “reducir la desigualdad es un desafío muy grande de Costa Rica para lograr mantener la estabilidad social del país”.

Y como si estos contundentes criterios emitidos por voces autorizadas no fuesen suficientes, está este otro: “el sistema fiscal del país no es muy progresivo porque no revierte la desigualdad”. Lo dijo la señora Gabriela Mata, economista del PNUD.

Los planteamientos que en todos estos ámbitos hemos venido formulando desde la corriente sindical en la cual militamos y durante los últimos años, están completamente correctos, en términos generales. Nada más y nada menos que el PNUD y su IDH certifican que nuestra lucha de todos estos años ha estado transitando por las vías apropiadas.

¿Dirán algo los aspirantes a ser candidatos a la Presidencia de la República?

San José, martes 21 de marzo de2018.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA