» Director Ejecutivo interino del Infocoop debe renunciar»

Ronald Fonseca Vargas, quien ha sido Director Ejecutivo interino del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) por más de 35 meses, se ha valido de su puesto para buscar la continuidad como titular, pese a graves denuncias interpuestas contra su persona en el Ministerio Público.

“Ya el Gobierno de la República dio indicios de que no lo quiere en el cargo, pero Fonseca se mantiene aferrado debido a que cuenta con cuatro votos del sector cooperativo en la Junta Directiva de esta importante institución pública. Dada esta penosa situación, don Ronald debería renunciar por básico principio de dignidad y para garantizar la transparencia en la elección del Director Ejecutivo titular, en la que él también figura como candidato”, indicó Albino Vargas Barrrantes, Secretario General de la ANEP.

De parte de ANEP estas son las razones que nos motivan a solicitar la renuncia inmediata:

PRIMERO: En abril del 2016, 27 funcionarios del Infocoop expusieron en una extensa carta más de 15 casos de corrupción acontecidos en esa entidad. Ante tan alarmante cuestionamiento, la ANEP pidió explicaciones de manera formal al señor Ronald Fonseca Vargas. Sin embargo, a la fecha no hemos obtenido respuesta, lo que nos hace sospechar de que podrían existir gravosos encubrimientos.

SEGUNDO: Don Ronald Fonseca Vargas ha sido cuestionado por la prensa y es investigado en la Fiscalía por el abuso en viajes al exterior con fondos públicos. Muy especialmente se subraya el viaje a Turquía y a España del 2015, gastándose cerca de ¢15 millones y se suscribió un convenio internacional de manera ilegal, para justificar la gira.

TERCERO. Un reciente informe de la Contraloría General de la República (DFOE-PG-IF-14-2016) reveló serias deficiencias en los procedimientos de otorgamiento, cálculo de tasas de interés, supervisión y administración de la cartera de crédito del INFOCOOP. Halló errores matemáticos en el diseño de la tasa de equilibrio y advirtió pérdidas económicas que (según estimaciones derivadas de los estados financieros y los informes de cartera) superarían los ȼ20 mil millones en los últimos cinco años. Algunas advertencias ya las había formulado el ente contralor en el 2010, por medio del informe DFOE-ED-IF-5-2010, pero la institución no aplicó medidas correctivas. Don Ronald Fonseca Vargas es responsable directo de esta deficiente administración.

CUARTO. El simple motivo de que el Gobierno de la República no apoye la candidatura del señor Fonseca Vargas es suficiente para tomar la decisión de apartarse, como lo haría cualquier ciudadano cooperador, decente y con dignidad. El hecho de no hacerlo solo da cuenta de una persona obcecada y ambiciosa; o bien, de la existencia de una estrategia para custodiar intereses y antecedentes que no se quieren dar a conocer.

Sobre los cuatro representantes del sector cooperativo en la Junta Directiva del Infocoop, señores Álvaro Gómez, Franklin Salazar, Luis Delgado y Geovanny Villalobos, pesan también grandes dudas sobre su actuar como funcionarios públicos.

“En ese sentido, su apoyo incondicional a don Ronald Fonseca Vargas demuestra una complicidad que, después de tantos meses, roza lo insólito y desmesurado, por lo que también los compromete y señala. Ya es hora de que estos líderes reflexionen y contribuyan a una salida inteligente a la crisis definitoria que carcome al Infocoop y, por tanto, al sector cooperativo costarricense”, enfatizó Vargas.

Luz verde para fijar ¢5 millones como tope salarial de burócratas

Por: Esteban Arrieta

Dentro de poco el salario máximo de los burócratas, incluidos los banqueros y los altos jerarcas de instituciones autónomas en competencia, no superaría los ¢5,3 millones mensuales.

Todos los partidos políticos, los líderes sindicales y el propio Gobierno, están de acuerdo en fijar un tope salarial, con el objetivo de contener el gasto público.

Para ello, en la Asamblea Legislativa ya se discuten al menos dos propuestas tendientes a regular los salarios de lujo.

La idea es que se respeten los derechos adquiridos de los funcionarios actuales, pero conforme vayan renunciando, se pensionen o simplemente sean cesados, sus remplazos se ajusten al monto máximo estipulado, el cual solo podría ser recalculado por concepto de inflación.

En principio, el ahorro no sería muy alto, ya que actualmente solo unos 1.200 burócratas entre más de 300 mil superan el monto de ¢5,3 millones.

Sin embargo, sí sería una señal contundente de contención del gasto público, ya que se estarían cortando los “salarios escandalosos”, dijo Albino Vargas, secretario de la ANEP.

“Es hora de ponerles un freno a los salarios de escándalo de ¢8 millones, ¢10 millones o ¢15 millones que se dan en bancos, instituciones autónomas y otros lugares. Este es un primer paso necesario, para después ver otras situaciones particulares”, agregó Vargas, quien se opone a que se considere a todo el sector público como homogéneo en materia salarial.

En estos momentos, el PAC, el Frente Amplio y el PUSC anunciaron su respaldo a fijar un tope salarial; mientras tanto, el Partido Liberación Nacional insiste en que es necesario revisar los pluses salariales como anualidades y dedicación exclusiva.

Sin embargo, Maureen Clarke, jefa de fracción, aseveró que la agrupación verdiblanca estaría dispuesta a debatir este tema y eventualmente, a poner sobre la mesa de discusión el resto del debate fiscal.

“Queremos ver al Gobierno proponiendo, generando los acuerdos que este país requiere. Lo ideal es que se tomen los proyectos de empleo público y de ahí, se busque lo mejor para consensuar una sola propuesta, aunque no descartamos una propuesta individual como la de fijar un tope salarial”, concluyó Clarke.

Mientras tanto, el Movimiento Libertario es del criterio de recortar pluses salariales para los nuevos empleados públicos.

p=. RESPALDO

Los principales partidos políticos están de acuerdo en impulsar una ley para recortar los salarios de lujo.

Edgardo Araya
Jefe de fracción
Frente Amplio

Si hay algo en lo que estamos de acuerdo todas las fuerzas políticas en el Parlamento, es en la necesidad de poner un tope a los altos salarios de los jerarcas del sector público.
Si quienes guían la institucionalidad del Estado costarricense no están dispuestos a asumir un límite racional y eficiente sobre sus propias remuneraciones, ¿cómo podrían exigir a sus subalternos medidas de eficiencia en el gasto y la inversión pública?

Gerardo Vargas
Jefe de fracción
PUSC

No es razonable que haya personas que ganen sumas desproporcionadas y ajenas a la realidad fiscal de nuestro país.
Eso lo entendimos desde el primer día en que llegamos a la Asamblea Legislativa y por eso, propusimos un proyecto de ley, que lamentablemente no ha sido aprobado.
Espero que ahora sí haya la suficiente viabilidad política para hacerlo.

p=. GASTO ESTABLE

El gasto en remuneraciones del Gobierno central se ha mantenido estable en los últimos años, por lo que el presidente Luis Guillermo Solís niega que incida en el déficit fiscal; no obstante, sí estaría de acuerdo en recortar los elevados salarios de algunos altos jerarcas (cifras como porcentaje del PIB).

Remuneraciones
2016 7,0
2015 7,2
2014 7,2
2013 7,3
2012 7,0
2011 7,1

Posición de la ANEP ante proyecto de ley para eliminar anualidades

Luego de la derrota política del expediente legislativo 19.506, conocido como la “ley contra el empleo público”, la realidad político-parlamentaria actual nos permite concluir que es prácticamente imposible la aprobación de cualquier proyecto que atente contra los derechos económico-laborales y salariales de las mayorías trabajadoras del sector Público.

Lo único que parece viable en el corto plazo es que se estaría abriendo espacio político para que la actual Asamblea Legislativa apruebe una fuerte regulación para los escandalosos salarios abusivos de la alta cúpula político-gerencial y tecnocrática del Estado, de forma tal que los indignantes casos de los más recientes aumentazos en el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y en el Instituto Nacional de Seguros (INS), sean los últimos en su especie.

Efectivamente, la posibilidad de parar, en definitiva, este fiestón salarial de lo que denominamos en ANEP, como “Olimpo estatal”, podría acabar si avanzan oportunas iniciativas materializadas en proyectos de ley formuladas por los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Frente Amplio (PFA); iniciativas de las cuales el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y la propia ANEP han sido plenamente informados por ambas colectividades político-parlamentarias permitiéndonos afirmar que solamente “salariazos” superiores a los 5.3 millones de colones serían regulados. Ningún salario inferior a esa suma se tocará.

Con la responsabilidades y con la seriedad con la cual la ANEP, con el apoyo político del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, asumió la gran cruzada cívica-social y laboral para la derrota político-ideológica de la perversa tesis de que el déficit fiscal se debe a los salarios devengados por las personas trabajadoras del Estado, lo cual logramos al punto de que quedara sepultado ese expediente legislativo 19.506; hoy podemos afirmar que un proyecto contra las anualidades, ¡NO PASARÁ!

Efectivamente, el expediente legislativo No. 19.787, “Ley sobre la promoción del buen desempeño de los servidores públicos para una gestión pública de calidad” (contra las anualidades), no tiene espacio político alguno. ¡NO PASARÁ!

La contundencia de esta afirmación va acompañada de una rigurosa acción sindical de fiscalización y de incidencia política, intraparlamentariamente hablando, toda vez que resulta imposible que en estos tiempos electorales nada contra el empleo público tiene posibilidades; y, mucho menos, ignorando, invisibilizando, nulificando, excluyendo, la calificada voz y representación socio-obrera de las organizaciones sindicales que representan a la clase trabajadora del Estado; especialmente aquellas agrupaciones que han mostrado gran responsabilidad, rigurosa actitud de estudio y seriedad profesionales en el enfrentamiento al ataque ideológico-político de corte neoliberal en contra del empleo público, sin tener que acudir al panfletarismo o a la muletilla cajonera de apelación a huecas consignas.

En todo caso, reiteramos que nadie debe bajar la guardia militante en defensa del Empleo Público.

Este tema y, en general, el del Empleo Público, son esencia fundamental y permanente de la actual agenda de la Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP; y, serán abordados por el próximo Consejo Consultivo Nacional (CCN-ANEP), de la organización, el próximo viernes 24 de marzo entrante, cuando los 128 gremios sociolaborales que componen la ANEP de hoy en día, debatirán sobre este candente tema.

ANEP apoyará a Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo

El objetivo de la Fundación, sin fines de lucro, es facilitar los recursos humanos, materiales e intelectuales necesarios para que los niños y adolescentes que padecen una condición de vida limitada y/o fase terminal, reciban atención eficiente, eficaz y oportuna, en conjunto con sus familias, y garantizar que sea basada en los principios, fundamentos y filosofía de los Cuidados Paliativo.

Empleo público: nueva polémica en perspectiva para atizar la confrontación

El Poder Ejecutivo ha decidido enviar para el trámite parlamentario del actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el expediente legislativo No. 19.156 denominado “Ley de límites a las remuneraciones totales en la función pública”, otra iniciativa sobre el polémico y confrontativo tema del empleo público.

ANEP y Patria Justa consideran que es una excelente idea establecer límite a los salarios abusivos y ofensivos que superan los ¢5 millones en la Administración Pública.

“Aplaudimos esta iniciativa planteada por esta corriente sindical desde hace ya bastante tiempo, cuando hablamos de la necesidad de una legislación para regular los salarios de la alta cúpula político-gerencial y tecnocrática del Estado, sin dejar ninguna entidad por fuera, ni siquiera con esas cuestionables excusas de excluir a instituciones “en competencia”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP y Coordinador de Patria Justa.

Para estas organizaciones sindicales lo que ha sucedido con los salariazos en el Banco Central de Costa Rica (BCCR), es realmente ofensivo, indigno y lo condenamos.

Otra de las apreciaciones de este proyecto nº19.156 que es considerada una pésima idea; es la pretensión de convertir en Ley de la República, el congelamiento salarial.

“Realmente esto es inaceptable porque los trabajadores y trabajadoras de los cuerpos policiales; CEN-CINAI; Gobierno Central; sectores obrero-social, administrativo-operativo, salud, municipalidades y otros sectores, no se merecen que su proceso de empobrecimiento salarial pase a ahora a convertirse en política de Estado mediando una ley de la República”, enfatizó Vargas.

Vargas agregó que “esta es una primera impresión de ANEP y Patria Justa, sin que todavía se pueda tener conclusiones determinantes ya que es preciso realizar un responsable y serio análisis político-jurídico de este proyecto”.

Razones del fracaso del proyecto contra el Empleo Público: expediente legislativo 19.506

  • Fue desarmado el chantaje neoliberal: “¿Quieren impuestos?… Entonces, ¡paguen peaje!: el proyecto 19.506”.
  • La actitud de “chiquito malcriado” no les luce para nada, doña Sandra y don Ottón.
  • “Ni compadre hablado” … “Ni miedo a los sindicatos”: Al descalificar argumentos se han descalificado a sí mismos.

Durante bastantes meses estuvimos denunciando que los sectores neoliberales más duros del país, a través de connotadas vocerías diputadiles, como la del ahora precandidato presidencial liberacionista, don Antonio Álvarez Desanti, estuvieron formulando un chantaje político, en la penumbra primero y descaradamente después, al indicar que la única manera de aprobar incrementos en los impuestos (ventas y renta), dada la gran necesidad fiscal planteada por el actual gobierno, era que primero fuera aprobado el expediente legislativo 19.506, al que nosotros hemos denominado como “ley contra el empleo público”. Tal chantaje político, ahora desmontado, se resume en esta frase: “¿No hay empleo público?… Entonces, ¡tampoco hay impuestos!”.

Tales sectores neoliberales y sus vocerías parlamentarias, con el apoyo de connotados latifundios mediáticos, quisieron utilizar a los empleados públicos como “carne de cañón”, jugando con sus derechos, con sus salarios, con sus responsabilidades familiares y financieras, vía expediente legislativo 19.506; para (entre otras motivaciones ocultas), que siguiera la fiesta, la fiesta orgiástica del robo de impuestos, de la evasión fiscal, de la elusión tributaria; en fin, que continuara impune la corrupción tipo “papeles de Panamá” con el apoyo de honorables bufetes. Poderosa razón ésta… Pero hubo una más profunda…

¡No se enoje, doña Sandra Piszk! ¡No se enoje, don Ottón Solís! Ustedes perdieron el debate de las ideas. El expediente 19.506 fue contaminado con antisindicalismo, con disposiciones legales atentatorias de Derechos Humanos universalmente reconocidos; con normativa violatoria de los tratados internacionales firmados por el país con la Organización Internacional del Trabajo (OIT); con inconstitucionalidades latentes y manifiestas…

Este nefasto proyecto 19.506 dejó de ser una “inocente y sencilla iniciativa” para quitar unos “poquitos” pluses salariales, para mostrar su verdadera faz, al punto de conseguir el compromiso de 32 señores diputados y señoras diputadas de impedir que al mismo se le aplicase la vía rápida.

Como esto se trata de ideas, no de rabietas ni de enojos de “chiquito malcriado”, planteamos únicamente cuatro preguntas claves dentro del conjunto de interrogantes que podemos formular al desenmascarar esta intentona antisindical hoy fallida:

1) ¿Por qué le metieron disposiciones para distorsionar el marco de relaciones laborales en el sector privado de la economía, especialmente ahora que entrará en vigencia la Reforma Procesal Laboral?

2) ¿Por qué eliminar la posibilidad de la negociación salarial a nivel municipal, si las municipalidades no tiene relación alguna con el déficit fiscal?

3) ¿Por qué atacaron a mansalva los principios constitucionales y legales que fundamentan la negociación colectiva entre patronos y trabajadores?

4) ¿Por qué hicieron importantes exclusiones gremiales de empleo público (afortunadas, por supuesto), si de lo que se trataba era de “disminuir” el crecimiento del gasto público y “reducir” el déficit fiscal?…

Muchas, pero muchas más argumentaciones, vía cuestionamientos, podemos exhibir para demostrar que el proyecto por ustedes tan ardorosamente defendido y hoy fracasado, fue una intentona político-ideológica de corte antidemocrático-sindical; porque si la hubiesen formulado de forma transparente y diáfana la perderían, mediando eso sí un debate coherente y respetuoso en el marco de los Derechos Humanos. No lo hubo en el trámite parlamentario del 19.506 y eso les llevó al fracaso de su iniciativa para “ordenar” el empleo público.

Porque la verdadera realidad es que estamos tratando de esto: ¿Cuánta es la real disposición de Costa Rica, de sus políticos, de sus gobernantes, para propiciar la convivencia civilizada con fundamento en los Derechos Humanos; esos de los que tanto nos ufanamos ante el mundo de proclamar y de respetar?

El Sindicalismo, la Libertad Sindical, la Negociación Colectiva tienen rango de Derechos Humanos universalmente reconocidos. Pero los sectores político-hegemónicos tradicionales, los que disfrutan de la fiesta concentradora de la riqueza y por los cuales ustedes abogan, siguen siendo tan reacios como toda la vida para comprender que Libertad Sindical y Derechos Humanos van de la mano.

Actuar en contra de estos postulados y principios universales y nacionalmente incluidos en la legislación y en la jurisprudencia, es mostrar una proclividad antidemocrática.

La discusión fiscal-tributaria es de otra naturaleza. Si bien incluye el tema del empleo público, cuyo sistema salarial no guarda relación con el déficit fiscal; es una discusión más integral y más profunda pues no solamente pasa por la naturaleza del sistema tributario, sino que va más allá: el modelo de Estado para fomentar una sociedad realmente inclusiva y transparentemente justa.

El error estratégico que llevó a la sepultura el expediente legislativo 19.506 fue envenenarlo con antisindicalismo que es lo mismo que antidemocracia.

La rabieta de ustedes dos, esa actitud de “chiquito malcriado” que para nada les luce, doña Sandra y don Ottón, no deja espacio para concluir otra cosa a partir de la defensa a ultranza que han realizado del expediente legislativo 19.506; por demás y ya más que evidente, sin espacio político alguno.

Ustedes saben mejor que uno ese adagio fundamental de la política que indica algo así como “la política es el arte de lo posible, no de lo deseable”. Como dice el conocido costarriqueñismo, ¡“manda la parada” que ustedes, toda sus vidas en política, no lo comprendan!. Nada que ver en lo que a nosotros respecta con“miedo a los sindicatos”, con “compadre hablado”. Ofenden ustedes la inteligencia de la clase trabajadora y se descalificaron a sí mismos con estos comentarios de “chiquito malcriado”.

Diputados piden al Gobierno desconvocar proyecto contra El Empleo Público

Los diputados que firmaron la carta son:

1. Carlos Hernández, Frente Amplio
2. Carmen Quesada Santamaría, Independiente
3. Victor Morales Zapata, Acción Ciudadana
4. Henry Mora, Acción Ciudadana
5. Marvin Atencio, Acción Ciudadana
6. Marcela Guerrero, Acción Ciudadana
7. Nidia Jiménez V, Acción Ciudadana
8. Javier Cambronero, Acción Ciudadana
9. Jorge Rodríguez, Unidad Social Cristiana
10. Marco Vinicio Redondo, Acción Ciudadana
11. Marlene Madrigal Flores, Acción Ciudadana
12. Humberto Vargas Corrales, Unidad Social Cristiana
13. Edgardo Araya, Frente Amplio
14. Suray Carrillo Guevara, Frente Amplio
15. José Francisco Camacho Leiva, Frente Amplio
16. Patricia Mora Castellanos, Frente Amplio
17. José Antonio Ramírez, Frente Amplio
18. Jorge Arguedas Mora, Frente Amplio
19. Abelino Esquivel Quesada, Renovación Costarricense
20. Gerardo Vargas Varela, Frente Amplio
21. Laura Garro Sanchez, Acción Ciudadana
22. Emilia Molina Cruz, Acción Ciudadana
23. Franklin Corella Vargas, Acción Ciudadana

La firma de estos legisladores elimina prácticamente una vía rápida para el proyecto de Ley, ya que se requieren al menos 38 votos a favor.

Carta de diputados al Presidente Luis Guillermo Solís by Yariela Novo on Scribd

Audiencia: Comisión Papeles de Panamá Bufete Pacheco Coto

El robo de impuestos está en otro lado. Profunda indignacion nos causa lo que dice el señor en el siguiente video, representante de un bufete altamente especializado en asesorar corporaciones y empresas de gran volumen de capital. Escuche y páselo, por favor. Vamos con todo a la huelga general ANEP-Patria Justa.