Categoría: Incidencia

ANEP condena la aprobación de recortes en el presupuesto de la República 2017

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  • Ahora queda certificado: el rompimiento del quórum legislativo está legitimado como herramienta política

Lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa este domingo 27 de noviembre, con ocasión de la aprobación abrupta en primer debate del mal llamado presupuesto de la República para el año 2017, merece la más enérgica condena por parte de las organizaciones sindicales, civiles y sociales que venimos denunciando el crecimiento de la desigualdad, el deterioro de los servicios públicos de carácter social y el grave declive de la política pública en materia de seguridad ciudadana.

Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) la política de los recortes presupuestarios irracionales, irreflexivos e irresponsables “es suicida”, socialmente hablando. Y más grave todavía es poner a pelear a la policía precarizada y debilitada con la niñez y la adolescencia en estado de abandono y/o en riesgo social, cuando se trata de financiamiento para los delicados programas de política pública que se necesitan en ambos casos.

La desigualdad demanda que tanto los diferentes cuerpos de policía a cargo de la seguridad ciudadana tengan todos los recursos financieros-presupuestarios necesarios para enfrentar el crecimiento delincuencial y el aumento del poder corrupto del crimen organizado y del narcotráfico.

Por otra parte, la desigualdad exige un fortalecimiento estratégico del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), pues la precariedad salarial, el desempleo, el narcomenudeo y los antivalores producto de la promoción del consumismo extremista, están golpeando los hogares de la pobreza extrema, de la pobreza y hasta de sectores medios; crisis de la convivencia sociofamiliar que tienen a una gran cantidad de niños, de niñas y de adolescentes en riesgo social.

Aunque resulte sumamente doloroso mencionarlo es contraproducente esta política de recorte presupuestario, si consideramos la gravedad de la situación presente y futura que se deriva del paso del huracán Otto por nuestro país.

“ANEP hace un vehemente llamado a cada una de las organizaciones sociolaborales, sindicales y profesionales que funcionan al interior del PANI para que se apresten a una urgente acción colectiva de protesta y de repudio por estos recortes que golpearán, duramente, la operatividad de la institución y la ampliación de la cobertura de sus servicios según el escenario que acabamos de describir”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

Asimismo, la ANEP hace un llamado a los otros sectores institucionales afectados por la irracional, irreflexiva e irresponsable política de los recortes presupuestarios para que se dispongan a luchar en defensa de los servicios públicos que tienen a cargo.

“Dice el refrán popular que “no hay mal que por bien no venga” y dado que se utilizó la herramienta política del rompimiento del quórum legislativo a fin de imponer esos recortes irracionales; hay que “celebrar” de que tal herramienta en el ámbito del debate parlamentario ha quedado más que legitimada, lista para emplearse en situaciones por venir contra proyectos contrarios al bien común, a los derechos laborales y a la integración social”, agregó Vargas.

ANEP insta a los diputados y las diputadas que están a favor del recorte presupuestario de algunas instituciones públicas para que rectifiquen su errática conducta política en esta delicada situación; rectificación que políticamente es procedente antes de que sea demasiado tarde y peligrosamente irreversible.

Ante despidos en el MSP que omiten el debido proceso

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En primera instancia, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y la Seccional ANEP-Fuerza Pública, dejan constancia de nuestro más contundente apoyo para que se establezca una política de “cero tolerancia” a la corrupción en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP); política que debe incluir a todos los niveles de la institución. Estamos convencidos de que esta política es para proteger a los buenos funcionarios y a las buenas funcionarias, así como depurar y fortalecer la institución en momentos de incursión del crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país.

No obstante, en esa búsqueda de la excelencia y la depuración se debe observar y respetar la Constitución Política y la Ley, en razón de que somos un país de derecho, un Estado democrático que promulga y garantiza el respeto de los Derechos Humanos.

En los últimos días hemos visto con preocupación la premura con que el Ministerio de Seguridad Pública viene aplicando el despido de algunos de sus funcionarios, mediante el artículo 140, inciso 1 de la Constitución Política, el cual reza:
“Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:

“Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, a los empleados y funcionarios que sirvan cargos de confianza, y a los demás que determine, en casos muy calificados, la Ley de Servicio Civil”.

Sin embargo, podríamos entrar en un choque de normas, por cuanto encontramos en la misma Constitución Política, en su artículo número 39, el Principio de Inocencia, el cual garantiza el derecho de defensa y reza lo siguiente:

“A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionada por ley anterior y en virtud de sentencia firma dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa”.

Si bien es cierto algunos de los últimos eventos dan cuenta de funcionarios sospechosos de participar en actividades delictivas, lo cual resulta absolutamente reprochable, es incompatible la función policial, con el narcotráfico y/o el crimen organizado, eso lo entendemos. Sin embargo, es necesario que a estas personas también se les haga el debido proceso, en aras de que se pueda comprobar la responsabilidad que asegure que luego no regresen a la institución por un defecto procesal.

En el párrafo anterior, dejamos patentado que tenemos claridad en la necesidad de buscar la probidad y la excelencia en quienes servimos desde cualquier cuerpo policial. No obstante, hemos detectado al analizar objetivamente la prueba, que algunos funcionarios afectados con la aplicación del artículo 140 de la CP, se deberían presumir inocentes. Esto en razón de que algunos procesos que sirven de base para el despido, son causas de presunto abuso de autoridad, que están inclusive en etapa de investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ante lo cual se debe considerar lo que al efecto señala el artículo número 39 de la CP y el número 9 del Código Procesal Penal, Estado de inocencia.

La aplicación del artículo 140 constitucional implica el pago de extremos laborales, o sea, prestaciones de ley, y antes las omisiones legales que se vienen presentando, debemos sumar posibles salarios caídos, costas procesales y daños y perjuicios. Todo a costa del erario público, por no aplicar lo que se establece en la Constitución y la Ley.

La Ley General de Policía, número 7410, señala:

Artículo 88- El despido Justificado. Los servidores amparados por el presente Estatuto solo podrán ser removidos de sus puestos por las siguientes razones:

a) Por la comprobación de que han incurrido en una falta grave, según los dispuestos en la presente Ley. Nos preguntamos: ¿Cómo se establece este instituto, sin la realización de un debido proceso?

b) Por incurrir en cualquiera de las causales establecidas en el artículo 81 del Código de Trabajo. Nos preguntamos: ¿cómo se comprueba la comisión de unos de esas causales?

c) Por ineficiencia o impericia manifiesta y comprobada en el desempeño del puesto. Nos preguntamos: ¿Cómo se comprueba sin debido proceso?

Así las cosas, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades correspondientes para que se observe la institucionalidad de nuestro Estado de Derecho, el Principio de Inocencia, el Debido Proceso, el Derecho de Defensa, el Principio de Objetividad y la búsqueda de la verdad real de los hechos.

Resulta sumamente peligroso, que se despida a un funcionario por enfrentar una acusación, provoca esta situación un ambiente de inestabilidad e incertidumbre en los oficiales a la hora de realizar cualquier intervención, por cuanto resultaría fácil para quien delinque, y/o para quien se quiera vengar de una actuación policial, simplemente interpone una denuncia penal y el policial quedara desempleado!!!

¿Qué sucede si luego resultare exonerado?

San José, 30 de noviembre del año 2016

Mainor Anchía Angulo
Policía de la Fuerza Pública
Dirigente Nacional de ANEP

Declaración oficial de Patria Justa ante el deceso de Fidel Castro

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El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, de la República de Costa Rica, expresa su más sentidas condolencias al pueblo de la hermana República de Cuba por el sensible fallecimiento de Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana; figura relevante de la política latinoamericana y mundial de los últimos casi 60 años. Personaje con un liderazgo insustituible, altamente polémico. Su figura y su convicción revolucionaria sirvieron de inspiración y guía a millones; de millones de cubanos, de latinoamericanos y de otros pueblos luchadores del orbe.

Los ideales nobles que defendió por la justicia social, por la real soberanía de los pueblos, por la convivencia pacífica entre las naciones y más recientemente, alertando sobre los peligros de la Humanidad misma producto de la depredación ecológica y del cambio climático, seguirán como valores eternos y supremos cual guía objetivamente correcta para la lucha social en medio de un mundo caracterizado por al egoísmo, la desigualdad, el desenfreno insolidario y la errática promoción de la guerra como solución de las controversias internacionales. Su inconmensurable legado no será jamás opacado.

San José, Costa Rica, viernes 25 de noviembre de 2018. Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.

Firma responsable:
Albino Vargas Barrantes
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

El huracán Otto y la Costa Rica del Romboide

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Hace algunos meses comentamos acerca de lo que llamábamos “la Costa Rica del Romboide”. En aquel momento dijimos que lo que algunos consideran “Costa Rica” queda comprendido entre Ciudad Quesada y Pérez Zeledón, y entre San Ramón y Turrialba.

Hoy, mientras el huracán Otto (rara vez se bautiza tan certeramente a un fenómeno atmosférico) atraviesa el país, los medios de comunicación y las redes sociales parecieran confirmar una vez más esta lamentable actitud. Recién hoy parecen haberse enterado de que Talamanca, Coto Brus, Corredores y Golfito son parte del territorio nacional. Lo mismo que La Cruz, Upala, Los Chiles y Sarapiquí, así como el norte de Pococí. Aunque, extrañamente, nadie hizo mención de que son casualmente los cantones con peor índice de desarrollo humano en el país.

Por el contrario, ¿qué hemos tenido? Un medio de comunicación que le da la espalda a la prevención, dándole palestra a politiqueros locales para crear controversia en un momento en que el ojo de “Otto” generaba una calma momentánea que pudiera haber sido preciosa para advertir a la comunidad que faltaba todavía la otra mitad de la tormenta. Un director de medios que no titubeó en poner a uno de sus periodistas a reportar desde el propio corazón del poblado bajo vientos de 150 kilómetros por hora, pero que apenas oyó que el huracán iba para donde él estaba, de pronto le dio por pensar en “no exponer la seguridad personal de sus compañeros” como excusa elegante para ir a esconder el propio pellejo. Y lo peor: una turba irracional que, viendo que en el interior del “romboide” había poca lluvia y ningún viento, se adueñó de las redes sociales para (como de costumbre) tapizarlas de ligerezas, diciendo que todo era una pantomima, una vagabundería y que el país no vivía ninguna emergencia. Claro, porque en su desbocado egoísmo “el país” llega hasta donde a ellos les da la vista. Y volvemos entonces a comprobar que, para que se tome en serio un acontecimiento en Costa Rica, debe suceder dentro del “romboide”.

Si una lección debe quedar de esta tragedia, es que nuestro país no puede darse el lujo de “mutilarse” a sí mismo. Basta un parpadeo, un instante de irresponsabilidad mediática o de politiquería pedestre que desvíe o desacredite el magno esfuerzo de un Gobierno por prevenir catástrofes, para que se pierdan valiosas vidas humanas.

Costa Rica va de Peñas Blancas a Paso Canoas, del río Sixaola al río San Juan, de la Isla del Coco a la Isla Calero. Y del Mar Caribe a los adentros del Océano Pacífico. No nos conformemos con menos. Y sobre todo, no olvidemos que una tragedia en cualquier punto de nuestra nación, es una tragedia para todos.

Llamado Sindical a la solidaridad

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El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), hacemos un llamado público a todas las organizaciones de base (seccionales y filiales) que componen esta corriente sindical nacional, para que se impulse al máximo en el seno de todas las comunidades obrero-laborales que representamos, la máxima acción social solidaria para con los y para con las costarricenses que en estos momentos están viviendo el drama de las consecuencias del paso del huracán Otto por nuestro país.

Por lo general y casi siempre ocurre que en este tipo de eventos, quienes más sufren, quienes más dolor sienten, quienes más pérdidas enfrentan son personas integrantes de los grupos laborales y obreros de nuestra sociedad. “Los y las de abajo” son quienes en abrumadora mayoría resultan con graves afectaciones ante estas situaciones de desastre colectivo producto de los embates de la Naturaleza.

Corresponde a los grandes segmentos laborales y sociales de la población acudir en ayuda solidaria para con sus iguales de clase, dando un poquito de lo poco que tienen con grandes dificultades, en medio de las grandes carencias y de la apretazón económica que se vive producto de una sociedad que erróneamente está transitando por el camino de la desigualdad sistemática.

El donativo de una botella de agua embotellada, de una bolsa de arroz, de una de frijoles y/o una de azúcar; un sobre de macarrones y/o de sopa; una botella de aceite; así como artículos básicos de aseo personal (una pastilla de jabón de baño, un tubito de pasta de dientes, un rollo de papel higiénico, un paquete de toallas sanitarias, un paquetito de pañales desechables); se convierte en un profundo acto de solidaridad obrera, de Humanismo Cristiano, de identificación con el dolor de quien sufre, de quien es como uno, del otro que es igual a nosotros.

Y para quienes disponen de un poquito más y pensaban entregarse a la locura consumista del tal “viernes negro”, respetuosamente les pedimos: bajen la intensidad del arrastre que les genera la mercadotecnia de la publicidad intoxicante: ¡compren un poquito menos para donar un poquito más!

En la corriente sindical que representamos tenemos plena credibilidad en los comités locales de la Cruz Roja Costarricense, como los sitios más idóneos de acopio de nuestro solidario aporte obrero.

Es muy fácil acercarse a estos establecimientos y entregar el donativo que vayamos a dar cuya cuantía no importa, pero que va cargado de un gigantesco desprendimiento y de una carga humanitaria que expresa en ese sencillo acto la eterna ordenanza bíblica de amor al prójimo.

San José, viernes 25 de noviembre de 2016.

Firma responsable:
Albino Vargas Barrantes

Empleo público: ¡nada que negociar!

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Como si ya no fuera suficiente que quedara completamente al desnudo, así reconocido por el propio Gobierno, que el robo de impuestos en todas sus manifestaciones, con ropaje legal o sin él, por medio de las más “creativas” vías de elusión y de evasión tributarias, anda en 8.5 puntos porcentuales de PIB, lo que equivale a 2 billones 550 mil millones de colones (2.550.000.000.000)…

Como si ya no fuera un dato contundente, emitido por la propia Contraloría General de la República (CGR), de que el sistema de exenciones y de exoneraciones de pago de impuestos está llegando a representar 6 puntos porcentuales de PIB: 1 billón 800 mil millones de colones (1.800.000.000.000)…

Como si ya no estuviera constatado, que el Sistema Aduanero Nacional dejó de percibir, producto del TLC con Estados Unidos (y otros de similar naturaleza), 2.5 puntos porcentuales de PIB (podría ser más): 750 mil millones de colones (750.000.000.000)…

Como si ya no fuéramos la vergüenza del mundo, al ser denunciados por el propio Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de que, ¡al año!, está moviéndose y transitando por el país y por el sistema bancario-financiero nacional, producto del dinero sucio del narcotráfico y del crimen organizado, la espantosa cantidad de 4 mil 200 millones de dólares, es decir, 2 billones 280 mil 600 millones de colones (2.280.600.000.000.); nada más y nada menos que 8 puntos porcentuales de PIB…;

Ahora resulta que hay una enorme cantidad de plata que estaba “guardada”, lo que ha quedado en evidencia con la promulgación de la “Ley de Eficiencia en la Administración de Recursos Públicos”, comúnmente denominada “Ley de Caja Única”, la cual le pone una especie de ultimátum a una serie de instituciones públicas para que ejecuten, pongan a trabajar, toda esa plata que tenían guardada y que podría equivaler 7.5 puntos porcentuales de PIB: 2 billones 250 mil millones de colones (2.250.000.000.000).

Esta plata “guardada”, según información de prensa del diario La Nación, de fecha martes 12 de julio de 2016), se desglosaría así: a) 810 mil 626 millones de colones (810.626.000.000), contabilizados en moneda local (2.7 puntos PIB); 225 millones de dólares, es decir, 122.175 millones de colones (122.175.000.000), 4 puntos PIB; y, 250 mil millones de colones (250.000.000.000), por concepto de “superávit libre”, 0.83 puntos de PIB.

¡SUMEMOS!: 8.5 puntos PIB por robo de impuestos; más 6 puntos PIB por exenciones-exoneraciones; más 2.5 puntos PIB por fuga impositiva aduanera producto de TLC’s; más 8 puntos PIB producto de dinero narco y sucio; y, ahora, más 7.5 puntos PIB producto de “guardada” (caja única): GRAN TOTAL : ¡32.5 puntos PIB!, que sería la base para actuar sobre y para contener-superar el llevado y traído déficit fiscal.

Si cada punto porcentual de Producto Interno Bruto (PIB), equivale a unos 300 mil millones de colones (300.000.000.000); 32.5 puntos PIB representan 9 billones 750 mil millones de colones (9.750.000.000.000.).

¿Entonces?… ¿cuáles son las verdaderas y reales causas del déficit fiscal?… ¡NO SON LOS SALARIOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, por supuesto! ¡Aquí están los datos!

Nos han venido aterrorizando de que “ha llegado el fin de los tiempos” por esto del déficit fiscal. Nos han venido metiéndonos miedo porque “el apocalipsis está cerca” dado que el déficit fiscal llegará a 6 puntos PIB al final de este año 2016; que podría superar el 7 %, el año entrante 2017; y que superaría el 8 % en el 2018…

Con 32.5 puntos porcentuales de PIB, dando vueltas en la calle; con esos 9 billones 750 mil millones de colones que están para ser captados por el Estado, mediando una verdadera TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL… ¿por qué atacar el pago de anualidades, el pago de la dedicación exclusiva, el pago de los diversos tipos de riesgos, el pago de la carrera profesional, el pago de la disponibilidad; ¿por qué impedir que las cesantías superen los 8 años e imponer modelos de evaluación del desempeño para despedir?; ¿por qué congelar salarios, eliminar la negociación colectiva y el pago bisemanal, etc., etc., etc.?…

¡Nada que negociar en materia de Empleo Público!… ¡Nada que ceder entregando derechos laborales conquistados, jurisprudenciados, constitucionalizados!… ¡No cuenten con la ANEP para incrementar la desigualdad, para seguir precarizando el empleo, para aumentar la sobreexplotación laboral ya notable en muchos grupos de servidores públicos, para impulsar salarios a la baja pretendiendo “centroamericanizarnos” al respecto… ¡Arreglen primero eso de los 32.5 puntos PIB y después hablamos… tal vez!

El expediente legislativo No. 19.506, desprendido del nefasto y, prácticamente, moribundo 19.923, debe ser desechado totalmente del debate parlamentario. Por el contrario, es el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (Poder Ejecutivo-sindicatos), el espacio ideal para debatir sobre empleo público y salarios.

No debe el actuar Gobierno de la República enviar a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, a iniciarse el próximo 1 de agosto, ni ésta ni similares iniciativas. No deben los señores diputados y las señoras diputadas lanzar provocaciones confrontativas abiertas imponiendo la “vía rápida” de aprobación legislativa para proyectos como éstos, de inherente carácter explosivo, social y políticamente hablando.

Finalmente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con base a las definiciones estratégicas del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, reitera su llamado, ahora con más vehemencia que nunca, a la movilización general mediando la mayor unidad sindical en la acción posible, bajo la consigna de HUELGA GENERAL y apelando a la DEMOCRACIA DE LA CALLE, de toda nuestra membrecía, de toda nuestra dirigencia de base; de todos los gremios y sindicatos que representamos esas miles de conciencias obreras honestas del sector Público; compañeros empleados públicos y compañeras empleadas públicas vilipendiados, estigmatizados, injuriados, difamados, calumniados, exhibidos como delincuentes y mediando la más intensa y perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del empleo público, jamás vista en la historia del Estado costarricense.

La abrumadora y contundente mayoría laboral del sector Público se desempeña con honestidad y con transparencia, con ética y con decente moral; además, en muchos conglomerados de los servicios públicos las carencias presupuestarias los han deteriorado, precarizando las condiciones de salud ocupacional del desempeño, con recargo de funciones sin paga extra y con usuarios cada vez más insatisfechos y enojados; y, para peores, ahora con salarios prácticamente congelados porque la inflación es “cero” (¿preludio de rebajas salariales en perspectiva?).

Toda esta situación descrita será debatida por las presidencias y por las vicepresidencias de las 115 seccionales de la ANEP, reunidas en el Consejo Consultivo Nacional (CCN), de la agrupación el próximo viernes 29 de julio, a partir de las 8 de la mañana, en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR).

ANEP, por convicción propia y con base en los lineamientos político-estratégicos que al efecto de toda esta problemática ha emitido el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, reitera su llamado a la unidad sindical en la acción para enfrentar, con éxito, apelando a LA DEMOCRACIA DE LA CALLE, la más delicada y grave coyuntura sociolaboral de toda la historia del sector Público costarricense.

Ante la “renuncia” del Viceministro de Trabajo y Seguridad Social

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Un alto jerarca de la delegación en Costa Rica de Organización Internacional del Trabajo (OIT), al enterarse de la renuncia del señor Harold Villegas Román como Viceministro de Trabajo y Seguridad Social y de la Economía Social Solidaria, comentó para la ANEP, bajo compromiso ético de nuestra parte de total confidencialidad del nombre de este funcionario internacional lo siguiente: “Harold es el único puente auténtico de relación con sindicatos, y el gobierno dejó que lo volaran”.

Además, dado que la propia OIT fue una de las prestigiosas entidades que organizó en nuestro país el evento con participación de 31 países de la Academia de la Economía Social Solidaria que la citada y creíble fuente anónima plantee lo siguiente es, realmente, impactante: “Porque además es mentira la nota de prensa, y porque una difamación periodística no puede ser la base de un despido político. Eso refleja la gran debilidad del gobierno para enfrentar infundios y jugadas de billar político adversas”.

¡Este es el comentario con perspectiva OIT acerca de la renuncia del ahora exviceministro de Trabajo y sin involucrar para nada, por supuesto, la institucionalidad oficial que la misma representa!

Pocos momentos después de hacerse pública esta renuncia expresamos una crítica al propio señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, lamentando que el mandatario le hiciera una “…concesión al bloque oligárquico-mediático que le adversa desde el primer minuto que llegó a la cabeza del Ejecutivo”.

Agregamos además esto: Un error que se sobredimensiona producto del combate de clase que tal bloque viene promoviendo en el seno de nuestra sociedad en polarización. Don Harold se va pero la circunstancia que lo saca en nada demerita su limpia carrera profesional y la decencia política que siempre le caracterizó en ese puesto. La matriz mediática que le saca es esa que se encuentra cuestionada por sus trifulcas tributarias para no honrar sus responsabilidades en tal sentido; y es la misma que en su seno corporativo-empresarial tiene figurones gerenciales envueltos en papeles panameños. Don Harold se va y con autoridad moral más que suficiente de la que puede mostrar tal matriz mediática”.

Este comentario nuestro fue enviado vía “uasap” (así españolizado por nosotros), a varios señores diputados y a varias señoras diputadas quienes reaccionaron al mensaje de la ANEP con criterios como los siguientes. Citamos algunos de los que recibiéramos en la noche de este martes 29 de noviembre:

“Yo también le envié un mensaje al Señor Presidente en esa línea”.

“La actividad no era una “fiesta” sino la cena de clausura del foro Academia y Economía Social Solidaria. Cierto que hubo música y licor. Pero fue en horas no laborales y sin un centavo aporrado por el Ministerio. Me dice una fuente que fue una celada contra Harold”.

“Una decisión precipitada que no comparto…”

“Yo igual le guardo cariño. Creo se sobredimensionó”.

“Muy bien”

Otros comentarios no diputadiles pero de personas colocadas en importantes puestos nos señalaron, por ejemplo, lo siguiente:

“Sí Albino comparto tus palabras. También lamento esta salida por un pichuleo e infamia. Pero es un compañero recto y pronto se hará justicia”.

“Estamos muchos impactados y cabreados con esta injustísima y traicionera acción”.

“¿Desde cuándo estamos en un país islámico? ¿Desde cuándo no se puede tomar tragos en una institución pública? ¿Es acaso un hecho insólito?”

Se comprenderá por razones obvias que jamás hemos de revelar los nombres de estas personas legisladoras que nos honran con su confianza para este tipo de comunicaciones.

Finalmente, el criterio presidencial de que el ahora respetable y respetado jerarca viceministerial “renunciado” debió atender “obligaciones simbólicas inescapables” nos habla de este tipo de democracias que han llegado o están por llegar a un estatus de “simbólicas” dada la lejanía y la distancia crecientes entre el sistema político que las sustenta y la ciudadanía decepcionada de las respuestas del mismo para sus angustiantes necesidades.

El criterio presidencial que respetamos pero que no compartimos de que don Harold Villegas Román tenía “obligaciones simbólicas inescapables” calza, perfectamente, cuando ya estamos viviendo en democracias atrapadas en simbolismos perfectamente funcionales al status quo. Efectivamente, esa idea-propuesta de Economía Social Solidaria es subversiva para el status quo mediático-oligárquico que sacó al indicado ciudadano del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

San José, miércoles 30 de noviembre de 2016.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Empleados públicos, prácticamente, sin reajuste salarial para el segundo semestre de 2016

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A una semana de haberse iniciado el segundo semestre del 2016, quienes trabajan asalariadamente para el sector Público no deben esperar, prácticamente nada, de un reajuste por costo de vida: según las cifras oficiales de inflación, ¡nada subió de precio!, pues el Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de tan sólo un 0.01 % de enero a junio pasado; o sea, “inflación cero”. ¡Cuesta creerlo!, ¿verdad?…

Se confirma así que este país ha estado manteniendo una política salarial (en ambos sectores, público y privado) que no distribuye riqueza, que no reparte más justamente los beneficios del crecimiento económico, que no potencia la reducción de la desigualdad vía otra política salarial.

Porque una cosa es el reajuste por costo de vida y otra, radicalmente distinta, es incrementar el poder de compra del salario expandiéndolo, aumentando su capacidad adquisitiva, por ejemplo, con aumentos considerando la inflación venidera, no solamente la vencida (la anterior a la fijación).

Ahora como el costo de la vida “no subió” (inflación de 0.01 %), hemos de notar, más sensiblemente, ese gran divorcio entre la realidad económica del bolsillo de las personas trabajadoras asalariadas vs. lo que dicen las cifras del gubernamental IPC.

Prácticamente, entonces, el congelamiento salarial es una realidad dolorosa que no guarda relación alguna con la velocidad con que en Costa Rica la riqueza se concentra.

“Tras de cuernos, palos”: luego de meses y meses y meses de una inmisericorde campaña de agresión ideológica y de terrorismo ideológico en contra de quienes laboran para el sector Público; ahora, sus grandes segmentos laborales (no los de la pequeña élite súper asalariada), ven aún más reducido el poder de compra de su salario porque éste no se expande en épocas de inflación “cero”.

Y, para peores, pese a que los empleados públicos son puntuales pagadores de impuestos, no se los roban, viene diciéndosele a la ciudadanía, de manera mentirosa y con perversas patrañas de por medio, que sus salarios (ahora congelados, prácticamente), son los culpables del déficit fiscal) y, por tanto, hay que acabar con la dedicación exclusiva, con la disponibilidad, con los riesgos, con las anualidades, con la peligrosidad, con las cesantía superiores a ocho años, etc., etc.

En ANEP y en el Colectivo Sindical Patria Justa anhelamos que más rápido de lo que podamos imaginar, la unidad sindical en la acción permita la expresión de miles y miles de conciencias laborales del sector Público, utilizando el pacifismo de la Democracia de la Calle, para defender el salario, el empleo y la estabilidad de las familias; repudiando a un único coro de miles de gargantas tanta agresión psicológica, tanto escarnio, tanta infamia, tanta calumnia, tanto ataque en contra de quienes, honradamente, laboran para el sector Público.