El proyecto contra el fraude fiscal ¡va, porque va!

El proyecto contra el fraude fiscal es una realidad muy cercana en el país. Costa Rica ha quedado contra la pared. No tiene alternativa. Tendrá que adoptar urgentes y drásticas medidas legislativas para controlar la gigantesca cantidad de dinero sucio, de dinero del narcotráfico, de dinero producto de la actividad del crimen organizado; pues sino, quedaremos como un país que no quiere cooperar contra el lavado de dinero y contra rigurosos controles para evitar operaciones de financiamiento del terrorismo.

En tal sentido, el proyecto contra el fraude fiscal, incluyendo el registro de accionistas para determinar los beneficiarios finales de las rentas de las sociedades anónimas, ¡va, porque va!

“Costa Rica ha sido sentenciada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entidad perteneciente al G20, el grupo de veinte naciones más industrializadas del planeta. Hace unos meses Costa Rica había sido advertida, en tal sentido, por la filial regional del GAFI, sea, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)” explicó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP.

Bajo el panorama antes mencionado, Costa Rica no tiene escapatoria: tendrá que establecer el registro de accionistas para conocer los beneficiarios finales de las sociedades anónimas; para conocer los bufetes y los abogados inescrupulosos que formalizan enormes cantidades de sociedades anónimas para manejar ese dinero sucio; para saber quiénes utilizan prácticas tipo “Los papeles de Panamá” para cometer ese gran crimen social que es el robo de impuestos.

Ha sido el propio Gobierno de los Estados Unidos el que ha indicado que en Costa Rica se están lavando, al año, 4 mil 200 millones de dólares ($4.200.000.000.); o sea 2 billones 268 mil millones de colones ($2.268.000.000.000); nada más y nada menos que 7.5 % puntos de Producto Interno Bruto (PIB).

“El enemigo Nº 1 (al menos el que es mediáticamente visible), de toda la clase trabajadora y, particularmente, de la que se desempeña para el sector Público, el diputado Otto Guevara Guth, ya no podrá seguir torpeando el proyecto de ley contra el fraude fiscal que incluye el registro de accionistas de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas”, indicó Vargas.

Asimismo, agregó que “como “capataz político” que ha sido este legislador del archimillonario sector del capital financiero costarricense, ahora, sus propios “patrones políticos” le están zafando la tabla: la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) está admitiendo que no hay opción porque al país el G20 lo meterá en la “lista gris” de naciones no cooperantes en contra del lavado del dinero y en contra de la facilitación de financiamiento de operaciones del terrorismo”.

¡Estamos felices! Habrá registro de accionistas y se podrá controlar mejor las operaciones ilícitas de manejo de dineros sucios que son parte del complejo entramado de evasión tributaria y de robo de impuestos.

El proyecto contra el fraude fiscal, incluyendo el registro de accionistas para determinar los beneficiarios finales de las rentas de las sociedades anónimas, ¡va, porque va!

Sobre el reajuste a los salarios mínimos para el sector privado

El alto corporativismo empresarial de los grandes negocios, “la sacó del estadio”: “propone” cero reajuste por costo de vida para el segundo semestre de este año 2016, a los salarios mínimos que devenga la clase trabajadora del sector Privado; salarios mínimos que en un 28 % ni siquiera se están respetando en estos momentos.

En realidad, la hoguera de la confrontación social se sigue atizando, pues la posición de la UCCAEP es una apuesta por intensificar los procesos contraproducentes de concentración de la riqueza, de crecimiento de la desigualdad, de pauperización salarial y de precarización del empleo.

Y es aquí donde se da una confluencia político-ideológica sumamente contundente de quienes desearían volarse el Estado de Derecho, abrogar, abolir la Constitución Política y entronización del totalitarismo-autoritario inherente a los “golpistas”.

La “propuesta” de UCCAEP de cero reajuste para los salarios mínimos, tiene el mismo basamento de los que proponen derogar todas las Convenciones Colectivas de Trabajo, mostrando una iracundia irracional de peligroso y provocador extremismo; tiene el mismo basamento de los que creen que el mejor sindicato es el que no existe, que el mejor sindicalista es el sindicalista muerto; tiene el mismo basamento de quienes han satanizado hasta el paroxismo el empleo público (más allá de los pocos casos que ameritan correcciones); tiene el mismo basamento de quienes persiguen la homologación salarial de los sectores público y privado pero hacia abajo; tiene el mismo basamento de quienes preferirían que la famosa competitividad esté determinado por una“centroamericanización” salarial y laboral para, por ejemplo, “hondurenizándonos”.

En realidad, una profunda indignación y una gran condena es lo que genera la propuesta de la UCCAEP. ¿Qué hará el Gobierno?…

Combo fiscal: coctel explosivo

El combo fiscal que se está fraguando en el seno de la Asamblea Legislativa, con el impulso imprudente y peligroso desde la misma Casa Presidencial, tiene todos los elementos para convertirse en un coctel socialmente explosivo.

Mezclar el proyecto para aumentar el impuesto sobre las ventas, elevándolo del 13 al 15 %, con un proyecto sobre empleo público que ni en la más milésima parte resuelve el problema del déficit fiscal, imponiéndoles la vía rápida de tramitación parlamentaria, no es más que abrir la vía rápida para la confrontación social abierta con todos los gremios, asociaciones y sindicatos de la práctica totalidad del sector Público.

Las agrupaciones laborales representativas del empleo público expresan ya un acuerdo tácito en la práctica para enfrentar en una especie de unidad sindical en la acción, casi que por generación espontánea y obligadas a actuar en conjunto y al unísono por tal provocación; a fin de propiciar las condiciones para una movilización general del sector público que podría ir desde paros sectoriales y multisectoriales por coordinación de facto, hasta el impulso de la tesis de Huelga General y de Huelga General Indefinida que se vienen anunciando al interior de varias de las corrientes sindicales involucradas en la defensa del empleo público.

Hemos llamado mezcla tóxica a esta perversa vinculación entre las legislaciones contra el empleo público y a favor de subir el impuesto sobre las ventas, puesto que solamente hacen daño social, promueven la exclusión y la desigualdad social y fomentan la característica regresiva del sistema tributario costarricense.

Rebajar salarios en el empleo público, aumentar impuesto de ventas del 13 al 15 % y con la tétrica realidad del salario mínimo en el sector privado, no es más que seguir golpeando a los que menos tienen, la clase trabajadora asalariada de ingresos medios y bajos, tanto la pública como la privada; misma que paga puntualmente sus impuestos, no tiene responsabilidad alguna por el endeudamiento-país y no es la culpable del déficit fiscal pues no tiene nada que ver, por ejemplo, con relación al gigantesco fraude impositivo.

Mezcla tóxica que ha de generar más envenenamiento social al añadirle el peligroso ingrediente de un proyecto de “regla fiscal” que nadie conoce y que pareciera potenciar el sesgo del recortismo fundamentalista al mejor estilo neoliberal, cuando hay ya una gran cantidad de servicios públicos que no soportan más macheteadas ni tijeretazos presupuestarios en zonas del empleo público necesitadas de más inversión y de más financiamiento pues son imprescindibles para poblaciones vulnerables y/o en escenarios de exclusión social.

Nada que ver este combo fiscal (empleo público, ventas-IVA y regla fiscal) con la necesidad ciudadana de que se apruebe el impuesto a las sociedades anónimas para financiar la alicaída seguridad pública, si de lo que se trata es de corregir una indicación señalada por la Sala Cuarta pues este proyecto ya había recibido aprobación parlamentaria.

Para agravar más está situación en construcción político-palaciega de gran opacidad, hacer ajustes por lo realmente justo que sería en el ámbito del impuesto sobre la renta, ¡ni por la mínima, ni por “mentirillas”, ni para disimular el leñazo para los y las de abajo, se asoma por ningún lado.

¡Que sigan pagando más, tributaria y proporcionalmente hablando, los que menos tienen! Esta pareciera ser la consigna de quienes en el ámbito gubernamental estarían cediendo al chantaje político que está imponiéndoles el parlamentarismo neoliberal.

En la ANEP y en el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, nuevamente, una vez más, no solamente insistimos en la imprescindible unidad sindical en la acción; sino que reiteramos nuestro llamado a los trabajadores y a las trabajadoras a lanzarse a las calles llegado el crucial momento reiteradamente anunciado y que se ve cada vez más cerca, lamentablemente.

PATRIA JUSTA inicia su tercer año de gestión

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA informa a la prensa nacional y a la comunidad costarricense que este lunes 7 de noviembre, Día de la Democracia Costarricense, está cumpliendo su segundo año de fundación pues fue el 7 de noviembre de 2014, en el auditorio del Museo del Jade del Instituto Nacional de Seguros (INS), cuando anunciamos públicamente nuestra conformación.

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, con ocasión del arranque de su tercer año de gestión, resalta la gesta cívica del pueblo costarricense del 7 de noviembre de 1889, hace 127 años, cuando siete mil costarricenses, organizados y armados con palos y machetes, salieron a las calles dispuestos a hacer valer su voluntad y exigir el respeto a los resultados electorales, constituyendo éste el primer levantamiento popular ante un fraude electoral, lo que convirtió a esa fecha en el Día de la Democracia Costarricense.

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA conmovió el escenario político nacional con ocasión de la presentación del proceso “Una Agenda Patriótica del Bien Común”, el 26 de junio de 2015, en el Teatro Popular Melico Salazar, en conjunto con los partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio; constituyendo este acontecimiento un proceso de incidencia pocas veces visto en el país en las últimas décadas y que entre sus aspectos positivos generó las condiciones de la promulgación de ley de la Reforma Procesal Laboral, la defensa del Empleo Público y el espacio para legislaciones tributarias progresivas actualmente en trámite.

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, vía la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha logrado posicionar fuertemente la tesis de que el déficit fiscal no se debe a los salarios que devengan las personas trabajadoras del sector Público; tesis que fue adoptada por la totalidad del Movimiento Sindical Costarricense y que en los últimos días ha sido reconocida como acertada por las vocerías más recalcitrantes del neoliberalismo criollo.

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA viene de realizar una encerrona, el pasado 24 de octubre de 2016, la que definió sus ejes de acción para este tercer año de gestión, destacando que para la presente circunstancia sociopolítica del país sus valores impulsores serán: a) la resistencia a todos los procesos de privatización actuales y futuros, así como considerar la desprivatización, la recuperación para el bien común, de varios servicios públicos concesionados que se convirtieron en un saqueo a la población; b) apostar al diálogo social con todos los sectores cívico-patrióticos interesados en un proyecto-país para la inclusión social; c) considerar el diálogo político-partidista para el favorecimiento de alianzas entre actores progresistas interesados en propiciar una Democracia Social en nuestro patria.

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA en este tercer año de gestión definió, además, como ejes transversales de su agenda de trabajo los siguientes: equidad de género, lucha contra la corrupción y sustentabilidad ecológico-ambiental.

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA puntualizó sus ejes temáticos de acción sociopolítica para este tercer año de gestión, dentro de los cuales citamos los siguientes:

Continuar con la lucha por la defensa del empleo público.

Aportar para el fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Propiciar un arranque sólido de la puesta en práctica de la Reforma Procesal Laboral (RPL) para el fortalecimiento del sindicalismo en el sector privado y seguir abogando por la elevación del monto del salario mínimo.

Impulsar su propuesta para una nueva cadena agroalimentaria en el marco de la soberanía y la seguridad alimentarias.

Apoyar la reforma constitucional que declare el agua como Derecho Humano Fundamental y por la nueva ley del recurso hídrico.

Ni un kilovatio más de electricidad privada y a favor de la autorización legal al ICE para la construcción de obra pública.

Por la autorización a RECOPE para invertir en energías limpias y a favor de una nueva refinería amigable con el ambiente.

Seguir apoyando toda legislación que cambie el sistema tributario hacia su progresividad.

Impulso y fomento de los valores del Trabajo Decente proclamados por la OIT en el nuevo escenario de la operación portuaria de los muelles del Atlántico, además del fortalecimiento de JAPDEVA

Defensa y fortalecimiento de los seguros solidarios a cargo del INS.

Aportar para un fortalecimiento estratégico de la Seguridad Ciudadana y de sus cuerpos policiales.

Contra los TLC’s neoliberales de “nueva generación” como el perverso tratado TISA.

Integración con el Movimiento Sindical del conteniente americano al adoptar el ideario contenido en la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA).

Seguir insistiendo en la imperiosa y necesaria unidad sindical en la acción.

Considerar el impulso a procesos de incidencia en el marco de las definiciones nacionales para el proceso electoral del 2018.

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA está integrando en este tercer año de gestión como ejes temáticos la EDUCACIÓN y el TRANSPORTE.

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA está integrado en la actualidad por las siguientes organizaciones:

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE)
Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA).
Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP)
Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (INS)
Sindicato de Profesionales del Consejo Nacional de Producción y de la Fábrica Nacional de Licores (SIPROCNP)
Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP)

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA aglutina, como afiliación directa, unas 50 mil personas trabajadoras asalariadas cotizantes activas de cada una de las ocho organizaciones que lo componen y los gremios que simpatizan con nuestras posiciones; desarrollando su accionar abarcando un radio de acción integrado por unas 200 mil personas integrantes de la clase trabajadora con empleo formal y con salario fijo, lo cual da idea del potencial de incidencia de este proceso sindical más allá de sus fronteras laborales. Para este tercer período de gestión se considerarán valiosas intenciones de nuevos ingresos que están en trámite.

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA apunta a aumentar su quehacer político-social y organizativo con mucho mayor estructuración en la gran cantidad de servicios públicos comprendidos en su ámbito de competencia e incidencia: energía, combustibles, electricidad y telecomunicaciones; municipales, policiales, de Salud y de Seguridad Social, portuarios, administración central del Estado, agropecuarios, de agua y alcantarillados, entre otros. Paralelamente, las condiciones de trabajo en las plantaciones de banano y de piña, especialmente, son un desafío permanente de todos los días.

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA tendrá su sesión de apertura de su tercer año de gestión, este lunes 7 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, en el local del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE).

San José, domingo 6 de noviembre de 2016.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Elementos básicos y fundamentales de la RPL

Les compartimos tres documentos adjuntos que van en la presente comunicación electrónica.

Los tres son sobre la Ley No. 9343, Reforma Procesal Laboral (RPL), misma que entrará en vigencia el día 25 de julio de 2017. Hay que irse preparando…

Los prestigiosos y respetados abogados laboralistas del bufete Laborem Consultores, el Dr. Fernando Bolaños Céspedes, y el M. Sc. Esteban Calvo Rodríguez, nos obsequiaron dos pequeñas presentaciones, valiosísimas, con algunos elementos básicos y fundamentales de la RPL. ANEP agradece a don Fernando y a don Esteban estos grandes aportes para nuestro trabajo sindical.

Por otra parte, el periódico La República en su suplemento especial “Firmas Legales”, publicó un pequeño esquema titulado “Juicios orales: ahorrará costos y tiempo a empleador y trabajador”. Aunque “sin permiso” explícito de La República sabemos que sus personeros no se han de molestar porque ANEP está compartiendo este documento de este prestigioso medio de comunicación.

Recomendamos revisión de estos tres documentos que empezarán a ser “material de cabecera” para quienes estamos en la lucha social por la plenitud de respeto a los derechos laborales de la clase trabajadora, ahora en el marco de la RPL, ¡dichosamente! Además, les exhortamos compartirlos al máximo, respetando, sin invisibilizaciones, eso sí, la procedencia de la información y las correspondientes autorías de las mismas.

RPL Presentacion Preparada Por Esteban Calvo by EugenioGuerrero

RPL Presentación Preparada Por FBC 1 2015 2016 by EugenioGuerrero

1 2015 2016 RPL Presentación LA REPÚBLICA Oralidad by EugenioGuerrero

Pensiones de lujo:Los neoliberales fiscalistas se “dispararon en el pie”

Gran golpe político representa para los abanderados parlamentarios que vienen atacando al empleo público desde la actual Asamblea Legislativa, la acción de los exdiputados Rolando Laclé Castro y Danilo Chaverri Soto, de reclamar ante la Sala Cuarta que nos les rebajen el monto actual de las pensiones de lujo que vienen recibiendo de parte del presupuesto central del Estado; rebaja aprobada hace pocas semanas por los diputados actuales, una decisión parlamentaria correcta pero que se tomó en el marco de la histeria ideológico-neoliberal del déficit fiscal y para fortalecer, ideológicamente hablando, la campaña contra los salarios de los empleados públicos por los sobresueldos pluses que los mismos devengan, ocultándose la verdadera esencia del problema fiscal nacional: la regresividad tributaria.

Don Rolando Laclé Castro y don Danilo Chaverri han sido figuras emblemáticas de lo que hemos conocido en los últimos años como PLUSC, Liberación-Unidad, el bipartidismo clásico que adoptó el neoliberalismo como ideología política fundamental de sus acciones gubernativas y parlamentarias; renunciando, respectivamente, a la esencia de las filosofías políticas originarias que alguna vez proclamaron tener: la Socialdemocracia y el Humanismo Cristiano. Los neoliberales fiscalistas se han disparado en el pie.

El señor Laclé Castro, con una pensión de 6 millones 400 mil colones, le reclama a la Sala Cuarta que con esa ley contra las pensiones de lujo, la suya quedaría en 3,4 millones. A su vez, el señor Chaverri Soto, tiene una pensión de 7 millones 700 mil colones y con esa ley le quedaría en unos 4,2 millones de colones. ¿Alguna vez hemos visto semejante desfachatez de parte de los políticos tradicionales de este país?

Si bien ambos señores destacan dentro de las filas del todavía neoliberal partido Unidad Social Cristiana, su acción golpea también al propio Partido Liberación Nacional (PLN), cuya hegemonía interna sigue siendo, también, neoliberal; sino que lo diga su absurda insistencia, mediando la gestión político-ejecutiva al respecto impulsada por la distinguida legisladora doña Sandra Piszk Feinzilber, en un proyecto de empleo público que ataca los salarios medios y bajos estatales, esencialmente y no los “privilegios” que sí existen en algunas partes de algunos segmentos, minoritarios por cierto, de la Administración Pública.

La acción de los mencionados señorones de la Unidad (la neoliberal porque entendemos que hay ahora un sector que pretende recuperar algo de Humanismo Cristiano para “rescatarla” del lodazal neoliberal en que está sumida), pone al rojo vivo la realidad, dramática y cruel, del sistema de jubilaciones de las pensiones del régimen no contributivo a cargo de la Seguridad Social; e incluso, la paupérrima realidad jubilatoria que enfrentan hoy mismo y que enfrentarán mañana, miles de personas trabajadoras asalariadas del sector privado y del propio sector público, con salarios precarizados hoy en día.

Si ciertas prédicas parlamentario-legislativas pretendieron alguna vez que su cruzada contra los salarios de los empleados públicos tenía contenidos ético-morales sólidos, porque son los responsables del déficit fiscal; la acción de los señores de la Unidad (la neoliberal), Laclé Castro y Chaverri Soto se ha encargado de desmentirles y quitarles tales contenidos.

Igualmente, el distinguido ciudadano don Rodoldo Piza Rocafort, precandidato presidencial de la Unidad, queda muy en entredicho como integrante de esa comunidad ideológica en contra del empleo público, pues don Danilo Chaverri Soto está ya integrando su comando de campaña. ¿Le pedirá que se vaya?

Se han quedado sin argumento moral alguno para seguir impulsando ese tipo de proyectos de empleo público.

Y ni qué decir de aquellos diputados turecas promotores de estas campañas-cruzadas fundamentalistas del déficit fiscal, uno de los cuales tiene a su propio padre con una pensión superior a los 6 millones de colones.

La discusión de los privilegios, de los privilegios de todo tipo, debe ser de otro carácter y con otros contenidos y metodologías. Al ideologizarla, la perdieron, porque la verdadera discusión nacional pendiente es la de la desigualdad. Y, paradojas de paradojas, es el mismísimo Fondo Monetario Internacional (FMI), el que está planteando esta perspectiva.

San José, domingo 9 de octubre de 2016.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

UCCAEP aboga por la precarización y por la sobreexplotación laboral

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCCAEP, no puede ocultar su antisindicalismo visceral a propósito del resultado final del proceso de renegociación de la Convención Colectiva de Trabajo entre el sindicato SINTRAJAP y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

Particularmente molesta a UCCAEP, en la persona de su acaudalado presidente, Franco Arturo Pacheco, que tal proceso negociador no hubiera acabado con todos los derechos laborales existentes en Japdeva, vía negociación colectiva; molesta a UCCAEP que la cesantía siempre fuera superior a los 8 años, como si ya no existiese en las mismas empresas privadas, cesantía con rompimiento parcial a ese tope, vía Ley de Protección al Trabajador.

Es más, en el fondo lo que le molesta a UCCAEP es que siga existiendo Convención Colectiva de Trabajo en Japdeva y en Recope, pues no pudo el máximo jerarca del alto corporativismo empresarial del país, evitar referirse, con insania por su puesto, al propio proceso generado en la empresa refinadora costarricense.

La verdad es que la UCCAEP tiene como “piedra filosofal” que la famosa competitividad se logra fomentando la precarización del empleo y la sobreexplotación laboral. Tres muestras contundentes les retrata de cuerpo entero:

A) La mezquindad sistemática que muestran a la hora de las fijaciones del salario mínimo para la clase trabajadora del sector privado.

B) El silencio cómplice, que más pareciera festejo tácito, de que a 1 de cada 3 personas trabajadoras asalariadas de la empresa privada, ni siquiera se les pague el salario mínimo de ley, ya de por sí sumamente precario para enfrentar el costo de la vida más alto de Latinoamérica, o uno de los más altos.

C) El ataque jurídico en sede constitucional que acaban de hacer para impedir la realización del referéndum sobre el salario mínimo, de lo cual hablaremos en próximo comunicado.

Este tipo de posiciones gremiales del alto corporativismo empresarial del país, únicamente lo que fomenta es la colisión confrontativa de visiones de clase en un país que como el nuestro cada vez está más fragmentado y tensionado en grado sumo; cuando lo que correspondería debería ser apostar por el diálogo a favor de la inclusión social y de la promoción del bien común.

San José, sábado 8 de octubre de 2016.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Wikileaks revela aún más documentos nuevos y ocultos del ‘Tratado de Servicios’ (TISA)

Hoy, en las instalaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra empieza la 18ª ronda de negociaciones de un acuerdo secreto para limitar la supervisión gubernamental de la economía de servicios. Pero los negociadores ahora tendrán un nuevo punto en su orden del día: cómo lidiar con la avalancha de filtraciones de documentos con propuestas que se suponía que tendrían que mantenerse bajo llave y en secreto hasta cinco años después que se sellara o se descartara el acuerdo.

La inclusión de ese nuevo punto en la agenda se debe a que en el día de ayer Wikileaks +reveló los borradores de los textos de tres anexos transversales nuevos del TISA propuesto que no se conocían hasta ahora: disciplinas acerca de cómo los gobiernos deben regular a las Empresas Estatales; Servicios Profesionales; y Nuevas Disposiciones Aplicables a Todos los Servicios.

Con esta nueva filtración, hasta ahora se han revelado al público 17 anexos propuestos y el texto central del TISA —aunque ninguno de ellos a través de canales oficiales. También se han filtrado los textos actualizados sobre servicios financieros, comercio electrónico, movimiento de personas físicas (Modo 4), telecomunicaciones, y transparencia. Varias organizaciones miembro de la red mundial +Nuestro Mundo No Está en Venta (OWINFS) han publicado análisis detallados de versiones anteriores de muchos de esos textos filtrados.

Estas nuevas revelaciones ocurren poco después que Greenpeace publicara con bombos y platillos a principios de este mes una +valiosa colección de capítulos del Tratado de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP) entre Estados Unidos y Europa. Como la ratificación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) transita por mares borrascosos en el Congreso de EEUU, y otro tanto ocurre en los respectivos países con el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la UE y Canadá, al mismo tiempo que el TTIP enfrenta cada vez más oposición pública, los negociadores del TISA abrigaban la esperanza de que este acuerdo pudiese pasar desapercibido por la opinión pública. Esta nueva filtración torna aún más remota esa posibilidad.

El anexo sobre Nuevas Disposiciones restringiría las potestades de los gobiernos de imponerles a los proveedores extranjeros de servicios requisitos de desempeño generadores de empleo nacional, incluso el requisito de establecer presencia comercial en el país. Estas propuestas, que son aún más extremas que las disposiciones al respecto en otros tratados de libre comercio e inversiones vigentes, dificultarían significativamente la regulación efectiva de esas empresas en todos los países del TISA, incluso potencialmente las del sector de servicios financieros. Y limitarían además la potestad de los gobiernos de los países en desarrollo de regular la inversión extranjera para fomentar el desarrollo del mismo modo que lo hicieron los países industrializados del TISA cuando se estaban desarrollando, según el +análisis exhaustivo de Sanya Reid Smith+, asesora jurídica de la Red del Tercer Mundo radicada en Ginebra.

El Departamento de Estado y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) hicieron público ayer un plan para que el TISA propuesto ajuste aún más las normas ya acordadas en el TPP en materia de prescripciones sobre la presencia comercial relativas a los servicios financieros, para apaciguar así a las principales empresas de la industria bancaria y a los parlamentarios que las representan en el Congreso.

La ironía que esto entraña es que las restricciones que Estados Unidos y algunos otros países quieren imponer a través del TISA en materia de requisitos de presencia comercial, son justamente los mecanismos principales a través de los cuales EEUU y otros países alegan que los países en desarrollo se beneficiarían al abrir sus mercados de servicios a la participación de proveedores extranjeros.

“Contratarán trabajadores locales y su población ganará en conocimientos y nuevas habilidades técnicas y de gestión (know-how)” —pues no, ya que el TISA prohibiría imponer requisitos de contratación local. “La participación de empresas extranjeras en sus mercados redundará en transferencia de tecnologías para las empresas locales y la población nacional” —sólo que exigir transferencia de tecnología también está proscrito en el texto propuesto del TISA.

EEUU, Japón y muchos países europeos históricamente han exigido que las empresas extranjeras que ofrecen servicios en sus respectivos países siempre incluyan ciudadanos nacionales en sus directorios y otros cargos ejecutivos; sin embargo, esta herramienta de ‘gerencia local’ está explícitamente prohibida en el texto que se filtró. Esto, de hecho, no es otra cosa que patearles a los países en desarrollo la legendaria escalera al desarrollo.

Este es uno de los problemas centrales del TISA propuesto. Porque lo que anuncia el TISA no es la participación de empresas extranjeras en el mercado nacional de los países —el TISA no obliga a los bancos extranjeros a ofrecerles capital a los habitantes de los barrios marginales, ni a las gigantescas empresas de telecomunicaciones a asegurarles a los pobres del campo acceso a sus servicios, o a las grandes empresas de energía a garantizar el acceso universal a los servicios de energía eléctrica.

Por el contrario —el TISA está diseñado para limitar los medios a través de los cuales los gobiernos pueden garantizar que la presencia de empresas extranjeras en sus economías pueda beneficiar a la población nacional. En Estados Unidos ya tenemos suficientes problemas con los Servicios al Consumidor de empresas como Comcast, Verizon y otras por el estilo —imagínense, ¿cómo podría exigírsele cuentas a una gigantesca empresa de telecomunicaciones si ni siquiera tiene presencia comercial en el país, tal y como propone el TISA que se les prohíba a los gobiernos establecer como requisito?

El anexo sobre Servicios Profesionales limitaría los medios a través de los cuales los gobiernos y los gremios profesionales pueden regular el acceso al mercado, el suministro transfronterizo, los requisitos de presencia comercial, las restricciones o topes de participación de capital extranjero, y las prescripciones en materia de licencias de funcionamiento para los proveedores extranjeros de servicios en ramas profesionales específicas como contaduría, tributación, servicios arquitectónicos, ingeniería, planificación urbana y arquitectura paisajística, ensayos y análisis técnicos, y potencialmente también servicios jurídicos, servicios científicos y de consultoría asociados a la ingeniería, servicios veterinarios, de educación privada, y servicios de ingeniería asociados a la construcción.

Según el flamante +análisis del anexo propuesto sobre Empresas Estatales+ realizado por la Profesora Jane Kelsey de la Universidad de Auckland de Nueva Zelanda, “la propuesta de EEUU para el TISA en materia de empresas estatales adopta y adapta secciones clave del capítulo del Acuerdo de Asociación Transpacífico relativo a las empresas estatales, como parte de su estrategia en pos del establecimiento de nuevas normas mundiales a través del triunvirato de nuevos mega-acuerdos constituido por el TPP, el TISA y el TTIP. La propuesta obligaría a las empresas de propiedad mayoritariamente estatal a funcionar como empresas privadas de negocios”.

“No exige directamente que los gobiernos las privaticen, pero las vacía de todo lo que justifica que se mantengan como entidades públicas, creando las condiciones para su privatización a hurtadillas. Las disposiciones del TPP más extremas, complicadas y potencialmente impracticables relativas a las ayudas estatales a las empresas públicas de servicios, no están incluidas en el TISA, todavía. Pero si un país con una proporción elevada de empresas estatales quisiera sumarse al TISA, se vería obligado a entrar inmediatamente en negociaciones al respecto. El blanco verdadero de estas disposiciones es China. El mensaje inequívoco es: adopta el modelo de EEUU o quedarás fuera del club”.

“El capítulo del TISA sobre comercio electrónico sigue siendo objeto de modificaciones haciendo caso omiso por completo de los principales interesados que se verán afectados, especialmente los usuarios e innovadores de la Internet en todo el mundo. Este modelo heredado de negociaciones comerciales cerradas no es la manera de construir políticas públicas para el entorno digital”, puntualizó Jeremy Malcolm, principal analista mundial de la fundación Electronic Frontier Foundation.

Estos documentos filtrados y su análisis respectivo ponen al descubierto cómo el TISA responde a las aspiraciones de los grandes grupos de presión empresarial que promueven una desregulación de los servicios más profunda incluso que la ya vigente en las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Esta nueva filtración es constancia clara del propósito del gran empresariado de utilizar el TISA para restringir aún más la capacidad regulatoria de los gobiernos democráticamente electos, imponiéndoles a tal efecto prescripciones sobre asuntos de competencia nacional como las compras gubernamentales , las disposiciones en materia de inmigración, las licencias de funcionamiento de las empresas, e incluso relativas al proceso regulatorio como tal.

La filtración publicada en el día de hoy es otra más de una serie que incluye la revelación de Wikileaks en junio de 2014 de una versión anterior del “texto secreto sobre Servicios Financieros(texto)”:http://ourworldisnotforsale.org/es/report/lisis-del-texto-negociaci-n-del-tisa-sobre-servicios-financieros; la filtración en diciembre de 2014 de una propuesta de EEUU sobre “flujos transfronterizos de datos, transferencia de tecnología, y neutralidad de las redes(flujos)”:http://ourworldisnotforsale.org/es/report/lisis-del-texto-del-anexo-del-tisa-sobre-comercio-electr-nico, que dio lugar a gran preocupación por la protección de la privacidad de los datos personales tras las revelaciones de Snowden; y la publicación en febrero de 2015 de un documento de referencia que promovía el +turismo de salud en el TISA+, aunque es poco probable que este asunto quede incluido como anexo en el acuerdo final.

Wikileaks +voló las tapas+ de la totalidad del acuerdo en junio de 2015 cuando publicó masivamente +17 documentos sobre el TISA+ junto con su análisis respectivo, incluidos los anexos sobre sectores de servicios específicos tales como transporte aéreo, transporte marítimo, servicios competitivos de reparto; comercio electrónico; telecomunicaciones; servicios financieros, servicios profesionales; y acerca de algunas funciones gubernamentales referidas a los anexos sobre Reglamentación Nacional y Transparencia. Esa filtración enseguida fue complementada con la +publicación en julio de 2015+ de una tanda actualizada de textos, acompañada del +texto central del TISA+ y su +análisis respectivo+.

Las filtraciones anteriores del TISA más recientes son los anexos publicados en diciembre de 2015 sobre servicios de energía y servicios ambientales, que pusieron en evidencia que la capacidad de los Estados para implementar sus compromisos climáticos asumidos en París se vería severamente restringida si el TISA fuese aprobado en consonancia con las propuestas actuales.

La sociedad civil mundial viene alertando hace tiempo que “[l]as negociaciones del TISA se conducen siguiendo en gran medida el libreto empresarial corporativo de utilizar acuerdos “comerciales” para obligar a los países a adoptar un programa de liberalización y desregulación extrema cuyo fin es garantizarles a las grandes empresas mayores ganancias a costa de los trabajadores, los agricultores, los consumidores y el medioambiente. El acuerdo propuesto es el resultado directo del cabildeo sistemático de la banca multinacional y las empresas transnacionales de energía, aseguradoras, de telecomunicaciones, transportes, agua y otros sectores de servicios que operan a través de grupos de presión como la Coalición de Industrias de Servicios de EEUU (USCSI) y el Foro Europeo de Servicios (ESF)”.

En las negociaciones del TISA participan actualmente 50 países (o 23 si se cuenta a la UE como uno) cuyo propósito es ampliar el alcance y el ámbito de cobertura del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) vigente en la OMC. Sin embargo, las negociaciones del TISA se conducen completamente en secreto, en condiciones de opacidad aún peores que las que rigen en la OMC.

El año pasado Uruguay se retiró de la mesa de negociaciones a consecuencia del clamor popular que se desencadenó tras la publicación de los textos filtrados, y que condujo a un análisis y consultas del gabinete ministerial sobre las consecuencias potenciales del TISA, que recibió respuestas negativas de casi todas las dependencias ministeriales. Paraguay también se retiró poco después.

La Internacional de Servicios Públicos (ISP), una de las federaciones mundiales de sindicatos publicó en marzo de 2014 el primer informe alertando sobre el TISA, titulado +El TISA frente a los Servicios Públicos+, y en septiembre de 2014 la ISP y OWINFS publicaron conjuntamente el informe titulado +El Acuerdo de los Auténticos Buenos Amigos de la Empresas Transnacionales+. En el +sitio web de OWINFS+ hay más información disponible sobre el TISA, y aquí se encuentra una cartilla informativa sobre el TISA.