Trabajo en equipo es la clave, según Porras.
Categoría: Incidencia
Entrevista sobre déficit fiscal en RTN Revista
La inseguridad ciudadana se debe atender de manera integral y con políticas públicas
Equivoca el mensaje el Ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata lanzando una mala señal a la opinión pública, a la población policial, al turista y a la inversión extranjera. La seguridad ciudadana no es un tema que deba resolver únicamente la Fuerza Pública.
La situación que estamos viviendo como sociedad, no nació ayer, es posiblemente resultado de la falta de políticas públicas, pero también es resultado del individualismo interinstitucional, de la falta de política de Estado en materia de prevención. Es algo que veníamos advirtiendo, cuando señalamos que era inminente la incursión del crimen organizado y del narcotráfico, que dejábamos de ser un país de tránsito, para convertirnos en centro de operación del ilícito negocio.
No es aceptable, que un Ministro con la trayectoria y experiencia de Gustavo Mata, se “rinda”, menos que aduzca falta de dinero, cuando en los últimos años el Ministerio de Seguridad Pública ha contado con presupuesto como nunca antes en la historia. Tampoco es aceptable, porque en la sana teoría, su misma trayectoria en el poder judicial, le debió servir para conocer el reto que asumió al aceptar el cargo.
La gestión preventiva en materia de seguridad ciudadana se mide en el tiempo, así las cosas, es preciso analizar con sensatez la situación que estamos viviendo como sociedad. Es evidente que algo se dejó de hacer, los grupos delictivos que hoy socaban la tranquilidad de comunidades como Cieneguita, no se formaron de un día para otro.
La aprobación del impuesto a las sociedades, es importante, pero no resolvería en el corto plazo la situación de inseguridad ciudadana, aunado a ello, materialmente de momento sería imposible contar con tres mil policías, por cuanto esto involucra el proceso de reclutamiento, las pruebas de selección, y el curso básico policial, que tarda entre diez meses a un año.
Es necesario replantearnos las cosas, definir una estrategia integral, por ejemplo: si no sabemos las razones por las que nace el acto delictivo, el recurso se distribuye antojadizamente, si el oficial se concentra en funciones diferentes a su naturaleza preventiva, difícilmente se podrá sostener una lucha real contra la criminalidad. Por más efectivos con los que contemos y por más presupuesto, si las cosas no se ordenan, si no se mejora el ambiente laboral y las condiciones de trabajo de los oficiales, estamos destinados al fracaso.
No obstante, no es momento de renunciar Ministro, es en la adversidad que debe aflorar lo mejor de su amor por la patria, es en un momento como el actual, que debe salir a flote su liderazgo y experiencia. La Fuerza Pública está integrada por hombres y mujeres con mística, con vocación, con voluntad y valentía para enfrentar esta situación; no les dé la espalda don Gustavo.
ANEP denuncia manipulación del dolor de pueblo limonense
Está esparciéndose en los últimos minuto de que el Presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti, está ufanándose de tener ya los 38 votos necesarios para la aplicación de vía rápida (artículo 208 bis del reglamento legislativo) para un presunto “combo” de proyectos que incluiría la ley contra el empleo público y algo mucho más pernicioso todavía, la ley de “regla fiscal”, que amarra de pies y manos al Estado impidiéndole toda posibilidad práctica de la política fiscal y del endeudamiento en función del bien común.
Tal maniobra parlamentaria con características de monstruosidad política, se estaría tejiendo en el marco de la desesperación que está sufriendo el pueblo de Limón, cuyo dolor por la violencia sin control que está padeciendo le lleva a clamar por una rotunda y real seguridad ciudadana.
Manipulando obscenamente el “ultimátum” formulado por el Ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata Vega, de que le da 30 días a la Asamblea Legislativa para que ésta apruebe el proyecto sumamente atascado del gravamen a las sociedades anónimas; la inescrupulosidad parlamentaria estaría llegando hasta lo indecible, al mezclar la necesidad de la aprobación tal legislación, pero en “combo”, junto a empleo público y regla fiscal.
No puede la Asamblea Legislativa proceder de manera tan sórdida pues si ya resulta grave la forma irresponsable de la tramitación del proyecto contra el empleo público; es inconmensurablemente más irresponsable, tramitar por vía rápida el proyecto de “regla fiscal” del cual, seguros estamos, el 99 % de los y de las costarricenses no están sabiendo de qué se les habla con este asunto.
Llamamos a las diputaciones honestas del parlamento a no dejarse manipular tan burdamente; así como hacemos un llamado a la más grande unidad sindical en la acción jamás desplegada, para que podamos detener esta ofensiva neoliberal contraria al bien común.
San José, martes 4 de octubre de 2016.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Conversatorio sobre proyecto “Ley para racionalizar el gasto público”
ALbino Vargas, Secretario General de la ANEP participará como expositor junto a Henry Mora Jiménez, diputado del PAC y José Ramírez Aguilar, diputado del FA.
El gobierno se decidió por el lado del capital y pone en la hoguera del sacrificio a la clase trabajadora
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, condena la funesta decisión política del Gobierno de la República y del propio Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, al decidirse a favor del capital y poner en la hoguera del sacrificio a la clase trabajadora, tanto la del sector Público como la del Privado, en estos delicados asuntos de la relación incongruente entre el déficit fiscal y el empleo público y la clase trabajadora, en general.
Mediando los buenos oficios del Partido Liberación Nacional (PLN), a través de la labor promocional ejecutada por la diputada Sandra Pizsk Feinzilber en contra del empleo público, el Gobierno se “casa” ahora con la ideología del diputado Otto Guevara Guth, para emprenderla contra toda la clase trabajadora.
En esto del déficit fiscal que no es culpa de la clase trabajadora, es ésta la que está de manera totalmente injusta siendo responsabilizada y castigada por algo de lo que nunca ha tenido culpa. ANEP ha demostrado, reiterada y sólidamente y hasta la saciedad, que el déficit fiscal no es causado por los salarios públicos.
Es totalmente perversa la idea de combinar el ataque artero a los pluses salariales del empleo público, con la elevación del impuesto sobre las ventas del 13 al 15 %, renunciando a la transformación radical y por el fondo del impuesto sobre la renta al capital; exonerando con ello del pago del ajuste fiscal a los detentadores de la concentración de la riqueza que han acumulado en demasía en los últimos años, por los más diversos mecanismos, empezando por las enormemente gigantescas cifras del robo de impuestos.
El beneplácito y la complacencia que está mostrando el diputado Otto Guevara Guth por el proyecto de empleo público promovido por el PLN (Sandra Piszk Feinzilber), es clara indicación de que el Gobierno pactó con él, exonerar de imponer gravámenes tributarios más que necesarios al capital; reforzando la estructura tributaria regresiva que hace pagar a los que menos tienen y que son los que han venido pagando más, proporcionalmente hablando.
Pauperizar el salario de los empleados públicos, especialmente los salarios de los puestos que llevan más de 30 años “enganchados”, golpear a los trabajadores municipales quitándoles sus convenciones colectivas y reduciéndoles la expectativa de una cesantía mayor a 8 años; golpear a la clase trabajadora del sector privado, especialmente a la tercera parte de la misma a la cual ni se le paga el salario mínimo, poniéndola a pagar más por el impuesto sobre las ventas; no es más que indicación de que el Gobierno se decidió por el lado del capital y puso al lado obrero en la pira, en la hoguera.
Quienes conocen del tema por ser expertos en el mismo, saben que con base en el Coeficiente de Gini que mide la desigualdad en una sociedad, el país se encamina hacia la desigualdad perfecta, pues estamos ya en un índice de 0.52 %, acercándonos al 1 y alejándonos del 0 (cero, o igualdad perfecta). Esta colusión política antiobrera potenciará el rumbo del país hacia esa desigualdad perfecta de que nos habla este indicador.
Solamente la más grande movilización social, laboral y obrera; solamente la más grande unidad sindical en la acción, permitirá enfrentar con mayor éxito este ataque a la integración social de una Costa Rica totalmente fragmentada y en ruta desbocada hacia la desigualdad; hoy dramáticamente reflejada en los crímenes en los barrios populares, en el desempleo del 20 y resto de la población trabajadora, en la fuerte penetración del narcotráfico y del crimen organizado producto de la falta de oportunidades; así como en el congelamiento de los salarios.
Le indicamos a todos los compañeros empleados públicos y a todas las compañeras empleados públicos que el momento más difícil de toda la historia del empleo público ha llegado.
¡14 billones es la deuda pública del Gobierno Central!
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, considera que la ciudadanía debe exigir explicaciones de cómo es que hemos llegado hasta aquí: al terminar agosto pasado, solamente la deuda del Gobierno Central, ascendió a 14 billones de colones: 14.000.000.000.000.00.
Según estimaciones de ANEP, basado en la deuda pública del Gobierno Central; cada costarricense sea bebé, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, y con base en una población promedio de 4.5 millones de ticos y de ticas, “está debiendo”, en estos momentos, per cápita, ¢3.111.000 colones aproximadamente…Y mañana será más.
Estos datos provienen de la unidad de Crédito Público del Ministerio de Hacienda solamente contemplan la deuda del Gobierno Central, no se toma en cuenta la deuda de instituciones fuera de este ámbito del Estado.
“La ANEP reitera su tesis fundamental de que en esto del déficit fiscal y empleo público: los salarios que devenga la clase trabajadora asalariada del Estado no son los responsables del déficit fiscal. ANEP ajusta ya poco más de dos años analizando el tema: investigando, estudiando, leyendo, consultando para ser tan contundentes. Las razones del déficit fiscal son otras, ¡no los salarios públicos!”, indicó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP y coordinador de Patria Justa.
De acuerdo con Vargas, los cambios necesarios que requiere el sistema tributario costarricense son modificaciones en materia de impuestos para que “se le dé vuelta a la tortilla”, es decir, poner a pagar más a quienes más tienen y que son los que más evaden sus responsabilidades tributario-fiscales.
La organización sindical rechaza tajantemente de que en la Asamblea Legislativa se impongan nexos políticos de mezclar cambios, completamente inaceptables, en materia de salarios del empleo público, para facilitar la discusión (y eventual aprobación parlamentaria) sobre los impuestos de ventas (transformándolo a impuesto al valor agregado IVA), y renta.
“Empleo público e impuestos es una mezcla tóxica que solamente conduce al desastre social. Continuar por esta vía, hace que el tema del empleo público se convierta, radicalmente, en un asunto de corte ideológico, estrictamente; y, por tanto, opaca, obstaculiza, bloquea, discusiones puntuales de empleo público que ameritan abordajes particulares, de corte abusivo, como pueden serlo los “salariazos” que se devengan en algunas partes de la alta cúpula político-tecnocrática y gerencial del Estado”, agregó Vargas.
Además, la ANEP considera que el espantoso endeudamiento del país exige esa discusión sobre los cambios estructurales que ocupa el sistema tributario costarricense, aparte de que se va imponiendo la necesidad de una especie de auditoría ciudadana de la deuda, planteamiento que recientemente hemos decidido promover, contando ahora con el apoyo del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA al respecto.
“Para peores, cada vez hay más y más costarricenses en condiciones económicamente difíciles y sin ninguna responsabilidad por ese alto nivel de endeudamiento-país”, enfatizó Vargas.
El Secretario General de la ANEP indicó que “insistimos en la imperiosa necesidad de que los empleados públicos y las empleadas públicas, incluidos los de las municipalidades, mantengan una vigilia política constante de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, pues se está jugando con su futuro salarial-social y familiar; y, a la vez, estén en total disposición para movilizarse de manera contundente apenas se les convoque”.
ANEP denuncia a Gerente General de Pima-Cenada ante Procuraduría de la Ética
La ANEP y su Seccional Pima-Cenada denunciaron ante la Procuraduría de la Ética al Gerente General de la institución, Carlos Feoli Escalante por la posible comisión de varios delitos entre ellos malversación, falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito.
A esta denuncia, presentada el 4 de mayo; también se une la infracción a la normativa laboral por trabajar cuando estaba incapacitado.
De acuerdo con la denuncia presentada por Albino Vargas Barrantes, secretario General de la ANEP, el 13 de octubre del 2015, Feoli tenía programada una cirugía ambulatoria en el Hospital Calderón Guardia, producto de la intervención fue incapacitado por 15 días naturales.
Sin embargo, para atender la cita médica, Feoli solicitó y utilizó el vehículo y chofer institucional, así lo consta en la “Boleta de autorización de uso de vehículo oficial” número 16.303, con las placas 112-000027 para atender “diligencias propias de su cargo”.
“La boleta de autorización para uso del vehículo oficial fue solicitada y autorizada por el mismo señor Feoli. Además, mediante una publicación en Facebook el funcionario admite que fue operado ambulatoriamente y a pesar de la incapacidad otorgada por los médicos, que son los especialistas en salud, el señor Feoli reconoce que violó el derecho irrenunciable a la incapacidad”, indica la denuncia.
Albino Vargas, secretario General de la ANEP indicó que el gerente afirmó que violó el derecho a la incapacidad “cuidándose de no firmar nada”, lo cual pone de manifiesto de que estaba realizando una actividad ilegal y usó artimañas para salvarse de responsabilidades.
Para el sindicato, de esa acción se derivan posibles delitos: el delito de falsedad introducida en la “Boleta de autorización del vehículo oficial” ya que no utilizó el carro para funciones propias del cargo, delito por la utilización del vehículo y el chofer para actividades personales y provecho propio; y violentar el derecho y la obligación del trabajador a la incapacidad, es una falta grave, causal de despido sin responsabilidad patronal.
La ANEP solicitó a la Procuraduría de la Ética abrir la investigación correspondiente y de determinarse si las presuntas infracciones causadas y acusadas fueron cometidas iniciar con las acciones penales correspondientes. Asimismo, iniciar los procedimientos administrativos para despedir sin responsabilidad patronal al funcionario por laborar estando incapacitado.
Albino Vargas en el programa Cédula 5
Sepultado! Expediente legislativo 19.923
Prácticamente está constatado: el Expediente Legislativo No. 19.923, llamado por nosotros “Ley para aniquilar el sector público”, será enterrado en próximas horas.
Así se desprende de declaraciones brindadas a los medios de comunicación por el jefe de fracción del Partido Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja, luego de que la “lápida” de esta confrontativa iniciativa de ley, fuera colocada por las declaraciones del diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Humberto Vargas Corrales, quien atinadamente desenmascaró las perversas concepciones ideológicas contrarias al bien común que esa iniciativa contemplara.
Es más, este legislador ha “partido” al último partido político que faltaba “por partir” (el PUSC), en el actual escenario parlamentario de fragmentación total que muestra la Asamblea Legislativa, al inicio de su tercera legislatura 2016-2018.
La disposición firme de las diversas corrientes sindicales en contra de esta iniciativa ha resultado fundamental para esta primera derrota política de ese conciliábulo político gestado en las sombras que pasó a dirigir el directorio legislativo a partir del pasado 1 de mayo.
La abierta actitud obrera del sector Público de asumir el reto de una Huelga General, ha resultado estratégica para enfrentar esta primera parte del ataque al empleo público, del ataque a los servicios públicos y del ataque a las personas usuarias de los mismos, por lo general, compatriotas de los sectores medios y de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Desde la corriente sindical en la cual se desarrolla nuestra lucha social directa, el Colectivo Sindical Patria Justa, si bien nos sentimos satisfechos de haber puesto nuestro aporte para derrotar el Expediente Legislativo No. 19.923, aclaramos que apenas se trata de la mitad de la tarea en esta materia de defensa del Empleo Público y de los Derechos Laborales de nuestros representados y de nuestras representadas en las diferentes organizaciones de Patria Justa.
El aporte de Patria Justa, junto al invaluable soporte que ha representado la unidad en la acción con las centrales sindicales (Confederación de Trabajadores Rerum Novarum CTRN, Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses CMTC, Confederación Unitaria de Trabajadores CUT y Central Social Juanito Mora Porras CSJMP), además con la unidad en la acción del estratégico Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), está dando grandes resultados a favor de la clase trabajadora.
Queda pendiente pues constituye la parte más neurálgica y esencial de la lucha que se está dando, derrotar la incorrecta tesis de que los culpables del déficit fiscal son los salarios del sector Público, de que el déficit es culpa de la clase trabajadora, en general, y esto está sumamente demostrado que no es así.
La iniciativa de ley “gemela” del proyecto 19.923, el expediente legislativo No. 19.506 que viene promoviendo la diputada liberacionista Sandra Piszk Feinzilber, nos debe poner en guardia, nos debe llamar a encender todas las alarmas, nos debe dar más ímpetu para estar a la altura del llamado a Huelga General que se viene formulando desde diversos espacios intersindicales.
Tal iniciativa, la 19.506, está contaminada con eso de que el déficit fiscal es culpa de los Empleados Públicos y, por tanto, exige una vigilancia política minuto a minuto, toda vez que la arbitraria vía rápida a tal expediente podría serle aplicada en medio de alianzas intraparlamentarias insospechadas e intransparentes de último minuto.
Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y desde el mismo Colectivo Sindical Patria Justa, propondremos, con respeto, a las corrientes sindicales colegas (SEC y Centrales Sindicales), una línea de acción político-sindical en tal sentido,
Todas estas agrupaciones se reunirán la tarde de este martes 17 de mayo, a partir de las 2 p.m., en la sede del sindicato SEC, en Vargas Araya, San Pedro.
Respetuosamente, hacemos un vehemente llamado a toda la clase trabajadora del sector Público (incluida la municipal), a mantenerse en pie de lucha, tal y como ha sido constatado en el proceso intergremial y multidiverso de sensibilización y de concientización que han venido realizando todas las agrupaciones sindicales. De nuestra parte, el llamado y la convocatoria a Huelga General se mantiene sin retroceder un milímetro.
Además, reiteramos el más sincero y transparente llamado a la mayor unidad sindical en la acción, clamor generalizado en las bases sociolaborales de las diferentes corrientes sindicales.
