Patria Justa expresa su posición con respecto al proyecto conocido como “Empleo Público” y lo que representaría su tramitación parlamentaria durante el período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
Carta a Sergio Alfaro del Colectivo Sindical Patria Justa by Yariela Novo on Scribd
Petición Sandra Piszk by Yariela Novo on Scribd
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Colectivo Sindical Patria Justa (PJ) emplazan a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) a un debate sobre el por qué no se debe de aprobar el proyecto de ley 19.506, esto luego de que los empresarios criticaran al Gobierno por no incluir el proyecto de empleo público en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP y Coordinador de Patria Justa indicó que exhortan “al sindicato patronal” UCCAEP para que señale lugar, día y hora del debate.
“Nos gustaría un cara a cara con la alta cúpula dirigente del sindicato patronal UCCAEP para, con todo respeto, explicarles la naturaleza confrontativa y explosiva, socialmente hablando; y cómo se están equivocando al insistir en que dicha iniciativa se tramite en el actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, mucho menos en estos días navideños en que todos queremos ¡paz!”, dijo Vargas.
El Coordinador de Patria Justa recordó que los “más sabios constituyentes”, entre ellos el expresidente Luis Alberto Monge, elaboraron la carta magna en 1949, acertaron con enorme visión al incluir en un mismo artículo que las dos fundamentales partes de la sociedad y de su proceso productivo, el capital y el trabajo, tuvieran el mismo derecho democrático de organizarse en sindicatos.
Según el artículo 60 de la Constitución Política “tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”.
Vargas finalizó indicando que las mismas razones que le expondrían a la UCCAEP, son las mismas que pretenden exponer ante el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, con quien esperan reunirse en los próximos días.
La Plataforma de Desarrollo de las Américas (más conocida como plada) es un documento político programático de la Confederación Sindical de las Américas (csa). Propone una estrategia de desarrollo desde y para los pueblos como alternativa frente a la actual crisis múltiple que experimentan las sociedades capitalistas en América Latina. Su contenido intenta prefigurar senderos de transición hacia un modelo sustentable, contemplando las condiciones políticas, económicas, sociales y ambientales realmente existentes en los países.
PLADA: Por un Sindicalismo Sociopolítico by EugenioGuerrero on Scribd
Lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa este domingo 27 de noviembre, con ocasión de la aprobación abrupta en primer debate del mal llamado presupuesto de la República para el año 2017, merece la más enérgica condena por parte de las organizaciones sindicales, civiles y sociales que venimos denunciando el crecimiento de la desigualdad, el deterioro de los servicios públicos de carácter social y el grave declive de la política pública en materia de seguridad ciudadana.
Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) la política de los recortes presupuestarios irracionales, irreflexivos e irresponsables “es suicida”, socialmente hablando. Y más grave todavía es poner a pelear a la policía precarizada y debilitada con la niñez y la adolescencia en estado de abandono y/o en riesgo social, cuando se trata de financiamiento para los delicados programas de política pública que se necesitan en ambos casos.
La desigualdad demanda que tanto los diferentes cuerpos de policía a cargo de la seguridad ciudadana tengan todos los recursos financieros-presupuestarios necesarios para enfrentar el crecimiento delincuencial y el aumento del poder corrupto del crimen organizado y del narcotráfico.
Por otra parte, la desigualdad exige un fortalecimiento estratégico del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), pues la precariedad salarial, el desempleo, el narcomenudeo y los antivalores producto de la promoción del consumismo extremista, están golpeando los hogares de la pobreza extrema, de la pobreza y hasta de sectores medios; crisis de la convivencia sociofamiliar que tienen a una gran cantidad de niños, de niñas y de adolescentes en riesgo social.
Aunque resulte sumamente doloroso mencionarlo es contraproducente esta política de recorte presupuestario, si consideramos la gravedad de la situación presente y futura que se deriva del paso del huracán Otto por nuestro país.
“ANEP hace un vehemente llamado a cada una de las organizaciones sociolaborales, sindicales y profesionales que funcionan al interior del PANI para que se apresten a una urgente acción colectiva de protesta y de repudio por estos recortes que golpearán, duramente, la operatividad de la institución y la ampliación de la cobertura de sus servicios según el escenario que acabamos de describir”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
Asimismo, la ANEP hace un llamado a los otros sectores institucionales afectados por la irracional, irreflexiva e irresponsable política de los recortes presupuestarios para que se dispongan a luchar en defensa de los servicios públicos que tienen a cargo.
“Dice el refrán popular que “no hay mal que por bien no venga” y dado que se utilizó la herramienta política del rompimiento del quórum legislativo a fin de imponer esos recortes irracionales; hay que “celebrar” de que tal herramienta en el ámbito del debate parlamentario ha quedado más que legitimada, lista para emplearse en situaciones por venir contra proyectos contrarios al bien común, a los derechos laborales y a la integración social”, agregó Vargas.
ANEP insta a los diputados y las diputadas que están a favor del recorte presupuestario de algunas instituciones públicas para que rectifiquen su errática conducta política en esta delicada situación; rectificación que políticamente es procedente antes de que sea demasiado tarde y peligrosamente irreversible.
En primera instancia, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y la Seccional ANEP-Fuerza Pública, dejan constancia de nuestro más contundente apoyo para que se establezca una política de “cero tolerancia” a la corrupción en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP); política que debe incluir a todos los niveles de la institución. Estamos convencidos de que esta política es para proteger a los buenos funcionarios y a las buenas funcionarias, así como depurar y fortalecer la institución en momentos de incursión del crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país.
No obstante, en esa búsqueda de la excelencia y la depuración se debe observar y respetar la Constitución Política y la Ley, en razón de que somos un país de derecho, un Estado democrático que promulga y garantiza el respeto de los Derechos Humanos.
En los últimos días hemos visto con preocupación la premura con que el Ministerio de Seguridad Pública viene aplicando el despido de algunos de sus funcionarios, mediante el artículo 140, inciso 1 de la Constitución Política, el cual reza:
“Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:
“Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, a los empleados y funcionarios que sirvan cargos de confianza, y a los demás que determine, en casos muy calificados, la Ley de Servicio Civil”.
Sin embargo, podríamos entrar en un choque de normas, por cuanto encontramos en la misma Constitución Política, en su artículo número 39, el Principio de Inocencia, el cual garantiza el derecho de defensa y reza lo siguiente:
“A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionada por ley anterior y en virtud de sentencia firma dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa”.
Si bien es cierto algunos de los últimos eventos dan cuenta de funcionarios sospechosos de participar en actividades delictivas, lo cual resulta absolutamente reprochable, es incompatible la función policial, con el narcotráfico y/o el crimen organizado, eso lo entendemos. Sin embargo, es necesario que a estas personas también se les haga el debido proceso, en aras de que se pueda comprobar la responsabilidad que asegure que luego no regresen a la institución por un defecto procesal.
En el párrafo anterior, dejamos patentado que tenemos claridad en la necesidad de buscar la probidad y la excelencia en quienes servimos desde cualquier cuerpo policial. No obstante, hemos detectado al analizar objetivamente la prueba, que algunos funcionarios afectados con la aplicación del artículo 140 de la CP, se deberían presumir inocentes. Esto en razón de que algunos procesos que sirven de base para el despido, son causas de presunto abuso de autoridad, que están inclusive en etapa de investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ante lo cual se debe considerar lo que al efecto señala el artículo número 39 de la CP y el número 9 del Código Procesal Penal, Estado de inocencia.
La aplicación del artículo 140 constitucional implica el pago de extremos laborales, o sea, prestaciones de ley, y antes las omisiones legales que se vienen presentando, debemos sumar posibles salarios caídos, costas procesales y daños y perjuicios. Todo a costa del erario público, por no aplicar lo que se establece en la Constitución y la Ley.
La Ley General de Policía, número 7410, señala:
Artículo 88- El despido Justificado. Los servidores amparados por el presente Estatuto solo podrán ser removidos de sus puestos por las siguientes razones:
a) Por la comprobación de que han incurrido en una falta grave, según los dispuestos en la presente Ley. Nos preguntamos: ¿Cómo se establece este instituto, sin la realización de un debido proceso?
b) Por incurrir en cualquiera de las causales establecidas en el artículo 81 del Código de Trabajo. Nos preguntamos: ¿cómo se comprueba la comisión de unos de esas causales?
c) Por ineficiencia o impericia manifiesta y comprobada en el desempeño del puesto. Nos preguntamos: ¿Cómo se comprueba sin debido proceso?
Así las cosas, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades correspondientes para que se observe la institucionalidad de nuestro Estado de Derecho, el Principio de Inocencia, el Debido Proceso, el Derecho de Defensa, el Principio de Objetividad y la búsqueda de la verdad real de los hechos.
Resulta sumamente peligroso, que se despida a un funcionario por enfrentar una acusación, provoca esta situación un ambiente de inestabilidad e incertidumbre en los oficiales a la hora de realizar cualquier intervención, por cuanto resultaría fácil para quien delinque, y/o para quien se quiera vengar de una actuación policial, simplemente interpone una denuncia penal y el policial quedara desempleado!!!
¿Qué sucede si luego resultare exonerado?
San José, 30 de noviembre del año 2016
Mainor Anchía Angulo
Policía de la Fuerza Pública
Dirigente Nacional de ANEP
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, de la República de Costa Rica, expresa su más sentidas condolencias al pueblo de la hermana República de Cuba por el sensible fallecimiento de Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana; figura relevante de la política latinoamericana y mundial de los últimos casi 60 años. Personaje con un liderazgo insustituible, altamente polémico. Su figura y su convicción revolucionaria sirvieron de inspiración y guía a millones; de millones de cubanos, de latinoamericanos y de otros pueblos luchadores del orbe.
Los ideales nobles que defendió por la justicia social, por la real soberanía de los pueblos, por la convivencia pacífica entre las naciones y más recientemente, alertando sobre los peligros de la Humanidad misma producto de la depredación ecológica y del cambio climático, seguirán como valores eternos y supremos cual guía objetivamente correcta para la lucha social en medio de un mundo caracterizado por al egoísmo, la desigualdad, el desenfreno insolidario y la errática promoción de la guerra como solución de las controversias internacionales. Su inconmensurable legado no será jamás opacado.
San José, Costa Rica, viernes 25 de noviembre de 2018. Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.
Firma responsable:
Albino Vargas Barrantes
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Hace algunos meses comentamos acerca de lo que llamábamos “la Costa Rica del Romboide”. En aquel momento dijimos que lo que algunos consideran “Costa Rica” queda comprendido entre Ciudad Quesada y Pérez Zeledón, y entre San Ramón y Turrialba.
Hoy, mientras el huracán Otto (rara vez se bautiza tan certeramente a un fenómeno atmosférico) atraviesa el país, los medios de comunicación y las redes sociales parecieran confirmar una vez más esta lamentable actitud. Recién hoy parecen haberse enterado de que Talamanca, Coto Brus, Corredores y Golfito son parte del territorio nacional. Lo mismo que La Cruz, Upala, Los Chiles y Sarapiquí, así como el norte de Pococí. Aunque, extrañamente, nadie hizo mención de que son casualmente los cantones con peor índice de desarrollo humano en el país.
Por el contrario, ¿qué hemos tenido? Un medio de comunicación que le da la espalda a la prevención, dándole palestra a politiqueros locales para crear controversia en un momento en que el ojo de “Otto” generaba una calma momentánea que pudiera haber sido preciosa para advertir a la comunidad que faltaba todavía la otra mitad de la tormenta. Un director de medios que no titubeó en poner a uno de sus periodistas a reportar desde el propio corazón del poblado bajo vientos de 150 kilómetros por hora, pero que apenas oyó que el huracán iba para donde él estaba, de pronto le dio por pensar en “no exponer la seguridad personal de sus compañeros” como excusa elegante para ir a esconder el propio pellejo. Y lo peor: una turba irracional que, viendo que en el interior del “romboide” había poca lluvia y ningún viento, se adueñó de las redes sociales para (como de costumbre) tapizarlas de ligerezas, diciendo que todo era una pantomima, una vagabundería y que el país no vivía ninguna emergencia. Claro, porque en su desbocado egoísmo “el país” llega hasta donde a ellos les da la vista. Y volvemos entonces a comprobar que, para que se tome en serio un acontecimiento en Costa Rica, debe suceder dentro del “romboide”.
Si una lección debe quedar de esta tragedia, es que nuestro país no puede darse el lujo de “mutilarse” a sí mismo. Basta un parpadeo, un instante de irresponsabilidad mediática o de politiquería pedestre que desvíe o desacredite el magno esfuerzo de un Gobierno por prevenir catástrofes, para que se pierdan valiosas vidas humanas.
Costa Rica va de Peñas Blancas a Paso Canoas, del río Sixaola al río San Juan, de la Isla del Coco a la Isla Calero. Y del Mar Caribe a los adentros del Océano Pacífico. No nos conformemos con menos. Y sobre todo, no olvidemos que una tragedia en cualquier punto de nuestra nación, es una tragedia para todos.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), hacemos un llamado público a todas las organizaciones de base (seccionales y filiales) que componen esta corriente sindical nacional, para que se impulse al máximo en el seno de todas las comunidades obrero-laborales que representamos, la máxima acción social solidaria para con los y para con las costarricenses que en estos momentos están viviendo el drama de las consecuencias del paso del huracán Otto por nuestro país.
Por lo general y casi siempre ocurre que en este tipo de eventos, quienes más sufren, quienes más dolor sienten, quienes más pérdidas enfrentan son personas integrantes de los grupos laborales y obreros de nuestra sociedad. “Los y las de abajo” son quienes en abrumadora mayoría resultan con graves afectaciones ante estas situaciones de desastre colectivo producto de los embates de la Naturaleza.
Corresponde a los grandes segmentos laborales y sociales de la población acudir en ayuda solidaria para con sus iguales de clase, dando un poquito de lo poco que tienen con grandes dificultades, en medio de las grandes carencias y de la apretazón económica que se vive producto de una sociedad que erróneamente está transitando por el camino de la desigualdad sistemática.
El donativo de una botella de agua embotellada, de una bolsa de arroz, de una de frijoles y/o una de azúcar; un sobre de macarrones y/o de sopa; una botella de aceite; así como artículos básicos de aseo personal (una pastilla de jabón de baño, un tubito de pasta de dientes, un rollo de papel higiénico, un paquete de toallas sanitarias, un paquetito de pañales desechables); se convierte en un profundo acto de solidaridad obrera, de Humanismo Cristiano, de identificación con el dolor de quien sufre, de quien es como uno, del otro que es igual a nosotros.
Y para quienes disponen de un poquito más y pensaban entregarse a la locura consumista del tal “viernes negro”, respetuosamente les pedimos: bajen la intensidad del arrastre que les genera la mercadotecnia de la publicidad intoxicante: ¡compren un poquito menos para donar un poquito más!
En la corriente sindical que representamos tenemos plena credibilidad en los comités locales de la Cruz Roja Costarricense, como los sitios más idóneos de acopio de nuestro solidario aporte obrero.
Es muy fácil acercarse a estos establecimientos y entregar el donativo que vayamos a dar cuya cuantía no importa, pero que va cargado de un gigantesco desprendimiento y de una carga humanitaria que expresa en ese sencillo acto la eterna ordenanza bíblica de amor al prójimo.
San José, viernes 25 de noviembre de 2016.
Firma responsable:
Albino Vargas Barrantes
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
