Categoría: Incidencia

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), luego con el apoyo directo del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, ajusta ya bastante tiempo mediando fuertes esfuerzos, analizando documentos y estudios rigurosos, formulando serios planteamientos, valientes denuncias e impulsando movilizaciones, acerca de la gravedad del problema nacional de la evasión fiscal, del fraude tributario y del robo de impuestos, cuya proporción en Costa Rica ha alcanzado los 8.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), superando el promedio latinoamericano cifrado por la CEPAL, de Naciones Unidas, en un 6.7 %.

Particularmente, hemos dado sustento sumamente consistente a nuestro planteamiento central en la materia, de que el déficit fiscal no se debe a los salarios devengados por quienes laboran para el sector Público; celebrando hoy que la tesis de la ANEP al respecto, fue acogida y asumida por todos los sindicatos del sector Público y de todas las corrientes sindicales que en su seno se mueven; con las que tenemos coincidencias como con las que mantenemos diferencias.

Se ha venido enfrentando así una durísima campaña político-mediática de varios meses de duración, con fuertes contenidos de terrorismo ideológico y de agresión psicológica en contra del empleo público; campaña virulenta enormemente injusta jamás vista en la historia del sector Público desde la promulgación de la actual Constitución Política, en 1949.

La aprobación del proyecto de ley contra el fraude fiscal nos viene a dar la razón, en parte, en tal sentido, es decir, que el déficit fiscal no se debe a los salarios del empleo público. Celebramos esa aprobación y, particularmente, felicitamos a las señoras diputadas y a los señores diputados que desde las sensibilidades del progresismo político en materia de justicia social, desde un principio fueron consecuentes con este tipo de iniciativas de ley.

Lo que no se puede ocultar, pese a los esfuerzos intra y extraparlamentarios al respecto, es el papel jugado en este tema y en esta coyuntura, por las corrientes sindicales realmente responsables, seriamente propositivas y estudiosas de estas difíciles cuestiones tributario-fiscales. En la ANEP estamos orgullosos de haber dado nuestro aporte al respecto, el cual y de manera sobrada, está sumamente documentado.

Por supuesto que dada la magnitud del robo de impuestos en el país, hubiésemos deseado una ley contra el fraude tributario sumamente drástica e implacable, bajo la premisa de que evadir responsabilidades tributarias es un crimen contra toda la sociedad.

Por ejemplo, el registro de accionistas debió quedar ubicado en el Ministerio de Hacienda. Además, no debió establecerse exención alguna al respecto, pues los defraudadores “profesionales” y patológicamente propensos a ello, pueden dividir su capital en un sinnúmero de sociedades anónimas de 15 % o menos de patrimonio, para eludir reportarse ante tal registro.

A pesar de esto, hay un avance histórico que puede ser realmente concreto si, por ejemplo, se fortalece a toda la gestión tributaria en contratación de más personal especializado y asistencia técnica al mismo, en mayor innovación tecnológica de punta, en asignaciones presupuestarias verdaderamente sustanciosas. Bien dice el refrán de que “hecha la ley, hecha la trampa” y los ladrones de impuestos, más sus compinches asesores de todo tipo, se las han de ingeniar para burlarla.

Es resaltable que con el proyecto aprobado podría acabarse con la insana práctica de cierto profesionalismo tributario de inventarse toda clase de triquiñuelas y artilugios jurídicos, mediando incluso leguleyadas con membrete de bufete “prestigioso”, para legalizar el robo de impuestos. Que de ahora en adelante este tipo de profesionales mañosos pueden ser responsabilizados al respecto, representa un avance importante en materia de justicia tributaria.

Particularmente, a la ANEP la preocupa y según se nos ha informado al respecto, el actual estado calamitoso, sumamente precario, de la parte de la gestión tributaria que tiene que ver con el cobro judicial. Si con la nueva ley los controles a la morosidad fiscal se han de incrementar y habrá más posibilidades de detectarle y de combatirle, el departamento de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda debe, estratégicamente conceptuado, fortalecerse al máximo. Hacemos un vehemente llamado al Gobierno en tal sentido.

Finalmente, considerando el alto nivel confrontativo que se ha venido desarrollando en nuestra sociedad en esta tríada en conflicto de empleo público, fraude fiscal y justicia tributaria, tenemos que tener en consideración la circunstancia de que la aprobación del proyecto en mención pudiera haber sido objeto de algún tipo de negociación oculta, informal, en materia de empleo público.

Todo el mundo sabe que en la Asamblea Legislativa se mueven los asuntos de muy distintas formas y desde los más diversos ángulos y ámbitos; y, en ocasiones, lo que realmente sucederá no se definió en condiciones de total transparencia.

En ANEP nos preocupa, en grado sumo, que así como fue pactado darle vía rápida en el trámite parlamentario a la aprobación legislativa de esta necesaria ley contra el fraude fiscal; de igual forma se haya dado ya, o se esté “cocinando” en estos momentos, un pacto completamente impresentable, vía rápida parlamentaria también, para la institucionalización de la precarización del empleo público, con base en los más añorados deseos del capital neoliberal y su hegemonía financiero-bancaria.

Emplazamos, de manera vehemente, al propio Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, para que nos hable al respecto, con la mayor sinceridad y con total transparencia.

Una vez más debemos insistir en la imperiosa necesidad de que todos los gremios, asociaciones laborales de todo tipo, sindicatos del sector Público y hasta los colegios profesionales, concertemos una acción mancomunada para enfrentar, de manera realmente sólida, la batalla final del empleo público.

Por otra parte, esas agrupaciones político-partidistas que ya están haciendo cálculos electorales de cara al 2018, tanto las que están ahora representadas en la actual Asamblea Legislativa, como las que están fuera de la misma, deben pensar que, a final de cuentas, hay cerca 1 millón 500 mil votos relacionados con el Sector Público (los trabajadores y sus familias, promedialmente hablando); grupos de familias costarricenses que están completamente pendientes de cómo se ha venido jugando, en todos estos meses, con su estabilidad laboral, con su sustento familiar, con sus responsabilidades en materia de endeudamientos, al hacérseles responsables por algo que nunca generaron: el déficit fiscal y, por tanto, bajo amenaza de rebajarles el salario y precarizarles su empleo.

En ANEP pensamos que estamos ya ante un escenario tan intenso que los 330 mil empleados públicos, sus familias y la diversidad de las agrupaciones que les representan, se plantarán con contundente firmeza en su propia autodefensa y en la institucionalidad republicana que representan los diferentes servicios públicos para los cuales laboran.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), condena, con energía, las perversas pretensiones del alto corporativismo empresarial, de sus renombrados bufetes y de exjerarcas tributario-aduaneros, para facilitar que en nuestro país el robo de impuestos continúe sin control, se profundice y hasta que quede, prácticamente, en total impunidad.

Con estupefacción tomamos nota de que en el mismo día en que se anuncia el reinicio de los trámites para recortar salarios en el sector Público, vía proyecto de Empleo Público que elimina toda clase de pluses salariales; en ese mismo día se destapa la repudiable maniobra político-parlamentaria que pretende bajar las actuales penas por robo de impuestos, que están estipuladas hoy en día con 5 a 10 años de cárcel, dejándola en 2 años, es decir, anulándola prácticamente con el beneficio de la ejecución condicional de la pena que se le daría al evasor atrapado en ese delito.

Repugnante resulta, además, que los inescrupulosos profesionales duchos en artimañas para enseñar al empresariado a evadir impuestos, sigan en total impunidad y no se les vaya a penalizar su incorrecto proceder, en perjuicio del bien común de las grandes mayorías populares.

Realmente estaríamos enfrentando una especie de catástrofe ética y un atentado “terrorista” contra la transparencia si a los exjerarcas tributario-aduaneros con vocería diputadil-parlamentaria, que están proponiendo mociones rebajar las penas por robar impuestos, se las acogen y/o aprueban, ejecutándose así una especie de descarado tráfico de incluencias a favor de clientes de su portafolio de negocios tributarios, clientes que en estos momentos enfrentarían o estar por enfrentar demandas penales por fraude fiscal.

El cinismo de los exjerarcas tributarios-aduaneros es totalmente condenable al jactarse de la aplicación de sus conocimientos evasores, traduciéndolos en mociones parlamentarias para debilitar el proyecto de fraude fiscal actualmente en trámite en la comisión hacendaria del parlamento; proyecto que, ya de por sí, había sido manoseado desde el alto corporativismo empresarial para quitarle intensidad punitiva en materia de robo de impuestos.

Los empleados públicos deben saber que ya se empezó a negociar entre bambalinas parlamentarias sus salarios y sus sobresueldos, mediando ciertas intervenciones diputadiles que son las mismas que están a favor de la impunidad en el fraude fiscal y a favor de que continúe el robo de impuestos.

Primero le ordenaron que cerrara la boca ante su cruzada en favor de más tratados de libre comercio neoliberales, como la Alianza del Pacífico. Él ha estado promoviendo este TLC y, según parece, el propio Presidente de la República indica que no tienen nada “definido” al respecto.

La militancia político-ideológica de don Alexánder Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior (COMEX), a favor de los TLC’s neoliberales como la Alianza del Pacífico, ha provocado una gran convergencia empresarial-corporativa que se encara al Gobierno por tal decisión, especialmente, a relevantes agrupaciones y sectores del sector agropecuario nacional. Con su prédica neoliberal a favor de este tipo de TLC’s neoliberales, el ministro del COMEX le abrió un frente confrontativo más al presente Gobierno.

Como si ello no fuese suficiente, la insistencia del COMEX del ministro Alexánder Mora Delgado (heredero ideológico del COMEX de doña Anabel González Campabadal), insiste en meternos otro TLC neoliberal, tan peligroso o mucho más que la Alianza del Pacífico. Hablamos del TISA, por sus siglas en inglés: Trade In Services Agreement; el tratado comercial de la privatización de toda clase de servicios públicos, cuyas negociaciones se mantienen totalmente ocultas, mediando tal sólo irresponsables y ridículas “sesiones de consulta a sectores” de 60 minutos, 1 hora, de duración.

Aquí se está abriendo otro frente de confrontación con el Gobierno y ello quedará suficientemente claro este viernes 2 de setiembre, con ocasión del Foro Nacional del TISA, a efectuarse a partir de las 8 de la mañana, en el hotel Radisson.

Ahora resulta que el COMEX estaría convirtiéndose en un promotor-facilitador de evasión impositiva aduanera, de presunto propiciador de fraude fiscal, “orientando” cómo pueden los importadores, vía triangulación de la facturación de productos desde un punto de origen distinto al país de producción pero que tal facturación no se hace en suelo nacional, propiciándose la defraudación tributaria y el contrabando de mercaderías.

La revelación periodística de las últimas horas acerca de que es el propio Ministerio de Hacienda el que está haciendo la denuncia de rigor, intermediando su Viceministro de Ingresos, don Fernando Rodríguez Garro, nos deja estupefactos y perplejos. Esto es más grave porque fue hace tan solo unos días que el propio Ministerio de Hacienda denunció la presunta evasión aduanera de 53 mil millones de colones en un solo período fiscal, acometida por 335 importadores cuyos nombres físicos y empresariales se desconocen aunque ANEP hizo una petición de la lista al respecto.

¿Hay dos líneas en el seno del Gobierno en materia fiscal-tributaria? ¿Una luchando por la progresividad tributaria y la otra saboteando para que se mantenga la perversa regresividad fiscal?…

A la ANEP le queda claro, de manera contundente, que el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), se comporta como una “república independiente”; que el COMEX de don Alexánder Mora Delgado, sigue en la misma frecuencia política-ideológica del COMEX de doña Anabel González Campabadal; que el COMEX del actual ministro del mismo “le serrucha el piso” a la prédica presidencial de la línea política fundamental que el mandatario Solís dice defender: la del bien común y la de la inclusión social.

En verdad es sumamente grave que el propio COMEX incentive la evasión en el aduanas, pretenda darle base jurídica al respecto y que quien ganen sean los importadores, ya de por sí suficientemente beneficiados con el tipo de apertura comercial de corte neoliberal, como los TLC’s firmados por el país o impuestos al mismo.

Este especie de nuevo “sabotaje” que se ejecuta desde el COMEX a la ampliamente divulgada línea política fiscal en materia tributaria, potencia la irreverencia del indicado ministro de Estado para con la constante prédica presidencial, de un día sí y otro también, en materia de petición de impuestos y demanda de cambios tributarios de orden legislativo.

Está el antecedente inmediato anterior de descalificar el ministro del COMEX a la propia cartera de Hacienda en cuanto a lo que ésta tiene catalogado como los 2.5 % puntos PIB dejados de percibir en las aduanas, por los aranceles eliminados precisamente por los tipos de TLC’s que promueve del ministro del COMEX; 2.5 % puntos PIB de mucho peso en el déficit fiscal.

Por todas estas situaciones de incongruencia en el propio seno del Consejo de Gobierno y entendiendo que en su seno la línea en favor del bien común y de la inclusión social sería la mayoritaria, es que ANEP insiste en la salida del ministro del COMEX: Que lo “renuncien”, que lo destituyan, que se vaya por “dignidad” propia.

Video: RTN Revista

Los graves acontecimientos de las últimas horas ocurridos en el seno de la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, con ocasión del “sorprendente” movimiento, totalmente inesperado de parte de la derecha parlamentaria al servicio del capital, para desnaturalizar la esencia de la iniciativa legislativa gubernamental contra el grave fraude fiscal y robo de impuestos que azota al país, nos pone en alarma total, en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Desesperado como está el actual Gobierno de la República por el llevado y traído asunto del déficit fiscal, y ante la real emergencia de recursos fiscales frescos, la restauración de los planteamientos fundamentales originales de su propio proyecto contra el fraude fiscal, estaría generando un compromiso totalmente oculto para que se viabilice, en próximos días, el trámite de los proyectos en contra del Empleo Público como el contenido en el expediente legislativo No. 19.506.

Para la ANEP estamos en presencia de una especie de trueque político (más bien, un chantaje político), que consiste en el “intercambio” de aprobarle al Gobierno algunas de los artículos que ha propuesto para atacar, aunque sea mínimamente, el grave robo de impuestos y fraude fiscal que azota a la sociedad trabajadora del país; y que, a su vez, el Gobierno avale, dé viabilidad política y hasta sus votos ya no solamente para aprobar ese nefasto proyecto 19.506 sino que para que al mismo le apliquen la vía rápida, con base en el artículo 208-bis del reglamento legislativo; tal y como sucederá con el proyecto contra el fraude fiscal que deberá aprobarse, forzosamente, en el próximo mes de setiembre.

Alertamos así a toda la comunidad laboral del sector Público. A cada empleados público y a cada empleada pública, como a sus respectivas familias, les indicamos que estamos llegando a una situación de extremo peligro para la estabilidad salarial, familiar y social de todos quienes servimos laboralmente para el Estado.

Después de dos años de intensa investigación, profundo estudio, rigurosos análisis, sesiones de estudio, consultas a especialistas, más de cien artículos y comunicados de prensa, en la ANEP llegamos a la contundente conclusión de que el déficit fiscal no tiene nada que ver con los salarios del empleo público.

Sin embargo, insisten en pasarle la factura a los empleados públicos, a la clase trabajadora en general, de la gravedad de un problema que ésta jamás generó.

Con la participación de otros importantes sectores laborales organizados que están participando el proceso “Unidad Sindical en la Acción”, nos manifestaremos frente a la Asamblea Legislativa el próximo jueves 1 de setiembre.

En el caso específico de la ANEP se está convocando, de emergencia, a las bases dirigentes de la organización, representantes de las 117 seccionales que la componen, a una sesión de urgencia del Consejo Consultivo Nacional (CCN), para aprobar el texto que se le presentará, unitariamente, a los señores diputados y a las señoras diputadas; y para seguir fortalecimiento el planteamiento los mecanismos organizativos y de concientización que amerita un proceso de Huelga General si en el parlamento insisten en proyectos como el mencionado y, peor aún, en darles vía rápida.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA