Entrevista por Juan Arriaga, Presentador y director de Cédula 5.
Categoría: Incidencia
Sepultado! Expediente legislativo 19.923
Prácticamente está constatado: el Expediente Legislativo No. 19.923, llamado por nosotros “Ley para aniquilar el sector público”, será enterrado en próximas horas.
Así se desprende de declaraciones brindadas a los medios de comunicación por el jefe de fracción del Partido Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja, luego de que la “lápida” de esta confrontativa iniciativa de ley, fuera colocada por las declaraciones del diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Humberto Vargas Corrales, quien atinadamente desenmascaró las perversas concepciones ideológicas contrarias al bien común que esa iniciativa contemplara.
Es más, este legislador ha “partido” al último partido político que faltaba “por partir” (el PUSC), en el actual escenario parlamentario de fragmentación total que muestra la Asamblea Legislativa, al inicio de su tercera legislatura 2016-2018.
La disposición firme de las diversas corrientes sindicales en contra de esta iniciativa ha resultado fundamental para esta primera derrota política de ese conciliábulo político gestado en las sombras que pasó a dirigir el directorio legislativo a partir del pasado 1 de mayo.
La abierta actitud obrera del sector Público de asumir el reto de una Huelga General, ha resultado estratégica para enfrentar esta primera parte del ataque al empleo público, del ataque a los servicios públicos y del ataque a las personas usuarias de los mismos, por lo general, compatriotas de los sectores medios y de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Desde la corriente sindical en la cual se desarrolla nuestra lucha social directa, el Colectivo Sindical Patria Justa, si bien nos sentimos satisfechos de haber puesto nuestro aporte para derrotar el Expediente Legislativo No. 19.923, aclaramos que apenas se trata de la mitad de la tarea en esta materia de defensa del Empleo Público y de los Derechos Laborales de nuestros representados y de nuestras representadas en las diferentes organizaciones de Patria Justa.
El aporte de Patria Justa, junto al invaluable soporte que ha representado la unidad en la acción con las centrales sindicales (Confederación de Trabajadores Rerum Novarum CTRN, Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses CMTC, Confederación Unitaria de Trabajadores CUT y Central Social Juanito Mora Porras CSJMP), además con la unidad en la acción del estratégico Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), está dando grandes resultados a favor de la clase trabajadora.
Queda pendiente pues constituye la parte más neurálgica y esencial de la lucha que se está dando, derrotar la incorrecta tesis de que los culpables del déficit fiscal son los salarios del sector Público, de que el déficit es culpa de la clase trabajadora, en general, y esto está sumamente demostrado que no es así.
La iniciativa de ley “gemela” del proyecto 19.923, el expediente legislativo No. 19.506 que viene promoviendo la diputada liberacionista Sandra Piszk Feinzilber, nos debe poner en guardia, nos debe llamar a encender todas las alarmas, nos debe dar más ímpetu para estar a la altura del llamado a Huelga General que se viene formulando desde diversos espacios intersindicales.
Tal iniciativa, la 19.506, está contaminada con eso de que el déficit fiscal es culpa de los Empleados Públicos y, por tanto, exige una vigilancia política minuto a minuto, toda vez que la arbitraria vía rápida a tal expediente podría serle aplicada en medio de alianzas intraparlamentarias insospechadas e intransparentes de último minuto.
Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y desde el mismo Colectivo Sindical Patria Justa, propondremos, con respeto, a las corrientes sindicales colegas (SEC y Centrales Sindicales), una línea de acción político-sindical en tal sentido,
Todas estas agrupaciones se reunirán la tarde de este martes 17 de mayo, a partir de las 2 p.m., en la sede del sindicato SEC, en Vargas Araya, San Pedro.
Respetuosamente, hacemos un vehemente llamado a toda la clase trabajadora del sector Público (incluida la municipal), a mantenerse en pie de lucha, tal y como ha sido constatado en el proceso intergremial y multidiverso de sensibilización y de concientización que han venido realizando todas las agrupaciones sindicales. De nuestra parte, el llamado y la convocatoria a Huelga General se mantiene sin retroceder un milímetro.
Además, reiteramos el más sincero y transparente llamado a la mayor unidad sindical en la acción, clamor generalizado en las bases sociolaborales de las diferentes corrientes sindicales.
Se desquebraja Alianza Parlamentaria Opositora contra el empleo público
Patria Justa, Centrales Sindicales y SEC se reunieron con Jefatura de Fracción del PLN
El Colectivo Sindical Patria Justa, las Centrales Sindicales CMTC, CUT, Rerum Novarum, la Juanito Mora; y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) se reunieron la mañana de este jueves con la Jefatura de Fracción del Partido Liberación Nacional y el presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Densanti, para dar conocer la posición sobre los diversos proyectos de ley que atentan contra el empleo público.
Durante casi dos horas los representantes sindicales junto a los diputados Rolando González, Mauren Clarke, Sandra Piszk y Antonio Álvarez realizaron un debate sobre dichos proyectos de ley, así como las aspiraciones de las organizaciones sindicales.
Albino Vargas Barrantes, coordinador de Patria Justa indicó que fueron muy claros al indicar que el proyecto de Ley N° 19.923 “Ley para racionalizar el gasto público” tiene que ser “archivado y descartado de la discusión parlamentaria”.
Otra de las solicitudes de las organizaciones sindicales representadas en Patria Justa, Centrales Sindicales y SEC, es que se tramiten todos aquellos proyectos de ley para combatir el robo de impuestos, la evasión fiscal, así como la elusión tributaria.
En materia de empleo público tanto Patria Justa, las Centrales Sindicales y el SEC mostraron su disposición para hablar del tema, pero como corresponde, en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
“Nuestras organizaciones sindicales nos estaremos reuniendo en las próximas horas para afinar los planes de salida a las calles y la huelga general que ya convocamos”, finalizó Vargas.
¿Cuál fue el legado político que dejó Óscar Arias Sánchez?
La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) expone algunos datos de exclusión social que dejó el arismo y considera que la deuda social debería ser honrada por el Partido Liberación Nacional (PLN); esto tras la declinación a una tercera postulación a la presidencia de la República de Óscar Arias Sánchez.
Estos son algunos de los datos que dejó el arismo al país:
1- Entre el 40-45 % de la Población Económicamente Activa (PEA), en edad de trabajar, está en la informalidad, al margen de la Seguridad Social.
2- Cerca del 33 % de quienes laboran asalariadamente para el sector Privado, ni siquiera reciben el salario mínimo de ley, por demás, sumamente precario.
3- El desempleo, integralmente conceptuado, abierto y encubierto, parcial y precario, está superando el 20 %. Aunque las cifras oficiales lo estén situando en un 10 %.
4- El desempleo juvenil es dolorosamente dramático: por ejemplo, tenemos un 48 % de jóvenes entre los 18 y los 35 años que están buscando empleo, no lo encuentran.
5- La crisis fiscal más grande de la historia económica del país, según la perspectiva neoliberal: casi 6 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), como déficit; la tercera parte del presupuesto del Estado central se va, prácticamente, en pago de intereses. La clase trabajadora asalariada del sector Público está pagando las consecuencias al tener su salario congelado
6- Una evasión fiscal y un sistema de robo de impuestos del orden del 8.5 puntos PIB, superando el promedio en la América Latina en tal sentido, que según la CEPAL es del orden del 6.7 %. Nos hereda un sistema tributario profundamente regresivo, pues nunca utilizó su capital político en cambiarlo para el fomento del bien común y de la inclusión social.
7- Los TLC’s neoliberales, como el que se nos impusiera con Estados Unidos, ardorosamente defendido por él, han generado pérdida de tributos al fisco del orden de los 2.5 – 3.5 puntos de Producto Interno Bruto (PIB).
8- La concentración abusiva de la riqueza indica que el 20 % más rico de la población acapara más del 50 % de la riqueza nacional.
9- Gran cantidad de servicios públicos vitales, muchos de ellos dirigidos a atender sectores muy vulnerables de la población, completamente debilitados; con empleo y condiciones de trabajo en estado precario y con salario público congelado; por ejemplo, los servicios públicos policiales.
10- Con el TLC que nos dejó con Estados Unidos, la clase trabajadora sigue sin motocicletas BMW y sin carros Mercedes Benz. Ahora que se fue recordamos lo que pregonó al respecto cuando defendía dicho tratado: “Los que hoy vienen en bicicleta, con el TLC vendrán en motocicleta BMW, y los que vienen en un Hyundai, vendrán en un Mercedes Benz, en esto consiste el desarrollo”.
Respuesta del Secretario General de la ANEP a la diputada Rosibel Ramos
La “alianza opositora” está detrás del palo en el tema fiscal
- Entre finales de 2014 y finales de 2015, según lo muestran los datos del INEC, el empleo en el sector público se redujo en 14.032 personas, equivalente a una reducción del -5%.
- Entre inicios de 2012 –a mediados del gobierno de Chinchilla– y finales de 2015, la reducción es de 59.468 puestos de trabajo menos en el sector público: una reducción del -18,2%
- Entre inicios de 2014 y fines de 2015 el empleo público se redujo en 54.461 puestos de trabajo, o sea, un -17% menos. Sin duda, toda o la casi totalidad de esta reducción ha sido ejecutada por la administración Solís Rivera.
- Entre marzo 2015 y marzo 2016, el gasto total del Gobierno Central creció 1,5%, incluyendo un aumento de 3,4% en la parte de remuneraciones y un recorte de -28,5% en la compra de bienes y servicios. El gasto corriente aumenta un 4,3% pero ese incremento se explica casi totalmente (un 80%) por el aumento en los pagos de intereses.
- Para ese mismo período se registra una reducción de -17% en la inversión pública (-26,4% si comparamos con marzo 2014).
- Si se excluye el pago de intereses, el gasto se reduce en -1,9%.
- Valga enfatizar: los intereses son, con mucho, el rubro que más crece y cada vez a mayor velocidad. En el año comprendido entre marzo 2015 y marzo 2016 crecieron casi 24%, mucho, pero muchísimo más que ningún otro rubro. Como proporción del gasto total los intereses pasaron de representar un 13,3% en marzo de 2015 a representar un 16,2% en marzo de 2016. O sea, 2,9 puntos porcentuales en tan solo un año. Respecto de marzo 2014 (dos años atrás) el aumento es de casi 4 puntos porcentuales.
- Al proyectar al año 2016 los datos correspondientes al primer trimestre, nos encontramos con un déficit del Gobierno Central que potencialmente sería del -5,2% del PIB. Sin incluir intereses de la deuda, el déficit sería de tan solo -2,0%. Esos intereses por sí solos provocan un déficit del orden del -3,2%.
- La reducción en el empleo público, en la compra de bienes y servicios y en la inversión pública a que el gobierno ha recurrido para atenuar el déficit tiene graves consecuencias sobre la economía; contribuye a ralentizarla justo cuando más necesitada está de recibir un estímulo positivo originado en el sector público. Ello además agrava los de por sí agudos problemas del empleo en un doble movimiento: directamente al reducirse el número de servidores públicos e indirectamente al recortarse la demanda de bienes y servicios y la inversión por parte del Estado.
- En la medida en que el déficit se origina hoy en el pago de intereses, con ello asimismo se pierde el efecto estimulante que ese déficit debería tener sobre la economía. Una parte de esos pagos (aproximadamente el 16%) va a la propia institucionalidad pública, lo que equivale, sin más, a sacar dinero de un bolsillo para pasarlo a otro. Pero, sobre todo, el pago de intereses redistribuye ingresos a favor de sectores rentistas muy poderosos y privilegiados: el propio sistema financiero en primer lugar (alrededor del 21%) y el sector privado en general (32,4%), lo cual corresponde, sobre todo, a gente de muy altos ingresos. Poco o nada de eso revertirá en demanda de nuevos bienes y servicios, por lo que el efecto positivo sobre la economía se diluye hasta prácticamente desaparecer.
- En resumen: el gasto total del gobierno, excluidos los intereses, está decreciendo. El total de gasto corriente, así como las remuneraciones, crecen levemente, mientras las compras de bienes y servicios y la inversión pública se reducen drásticamente. El total del empleo público viene también reduciéndose en forma muy sostenida y significativa. O sea, y en resumen: estamos viviendo un proceso de desmantelamiento e inutilización de la institucionalidad pública, con consecuencias dañinas a corto plazo para la economía y el empleo, y con perniciosos efectos de largo plazo para el buen desarrollo de nuestra sociedad.
- La histeria austeritaria –recorte y mutilación del sector público– que la tal “alianza opositora” quiere imponer desde la Asamblea Legislativa, es, en rigor, una pelea contra fantasmas, pero de ninguna manera una pelea inocente. No hay tales excesos de gasto, excepto en el rubro de intereses. Los fantasmas simplemente son una justificación para encubrir sus afanes ideológicos contra la institucionalidad pública, contra el Estado costarricense e, incluso, contra algunos fundamentales derechos laborales.
- Nada de lo anterior niega que no sea necesario hacer un máximo esfuerzo para mejorar la calidad de los servicios públicos y para corregir y sanear vicios y excesos que efectivamente existen. Pero el proceso de mutilación del que la institucionalidad pública está siendo víctima –y que la alianza opositora quiere profundizar– imposibilita radicalmente introducir las mejoras y correcciones a que aspiramos. Una institucionalidad pública mutilada es una institucionalidad pública inutilizada, así de simple y doloroso.
- Si el problema principal es, con mucho, el pago de los intereses, sobre esto debe necesariamente actuarse. Y esencialmente son tres las vías para hacerlo: a) hacer que bajen las tasas de interés en el mercado interno, lo cual pasa por exigir más eficiencia y menos rentismo por parte de la banca; b) reactivar la economía, incluyendo en esto una vigorosa reanimación de la inversión pública, y una amplia gama de otras medidas muy necesarias (incluyendo tipo de cambio); c) una reforma tributaria justa y equitativa y el combate tenaz al fraude fiscal que provea nuevos ingresos y contribuya, primero, a recuperar esa institucionalidad pública en proceso de derretimiento y, segundo, a frenar el crecimiento de la deuda pública.
Reto público de la ANEP a la diputada Rosibel Ramos Madrigal
La diputada socialcristiana Rosibel Ramos Madrigal, presidenta de la comisión parlamentaria de Asuntos Hacendarios, destaca (junto a su colega legislativo de similar ideología, Otto Guevara Guth), como parte del conjunto de las figuras políticas de mayor “virulencia” que se han venido manifestando en la actual Asamblea Legislativa, en contra del Empleo Público y en contra de la clase trabajadora asalariada del Estado.
En una pose de matonismo político, muy característica del pensamiento neoliberal, la indicada legisladora la arremetió contra aquellos colegas suyos en el seno del bloque opositor al Gobierno, que pudieran pensar diferente a ella en el debate parlamentario sobre el empleo público que ya empezó.
Los términos por ella empleados, “canillera” y “pendejada”, para catalogar eventuales posiciones distintas a la suya en materia de empleo público en el seno del grupo parlamentario de la oposición, expresan conceptos intimidatorios que se utilizan cuando no se tienen los argumentos suficientes para sostener una determinada tesis.
En tal sentido, la legisladora Ramos Madrigal no se diferencia mucho de quienes emplearon términos de agresión verbal inaceptables que se pronunciaron días atrás en las barras legislativas contra congresistas de signo neoliberal como lo es ella.
Así que la ANEP, de manera pública y respetuosa, reta a la diputada Rosibel Ramos Madrigal para que saque un poquito de tiempo de su apretada agenda (eso sí, tramitando el debido permiso) y realice, aunque sea por algunos instantes, las siguientes tareas de servicio público ejecutadas por empleados públicos cargados de “privilegios” por los pluses salariales que reciben.
En caso cada caso, le recomendamos preguntar por el salario total (base más pluses) que devengan esas personas empleadas públicas y cuántos años de servicio acumulan para haber llegado a tener tal nivel salarial.
Para la ANEP será un gran honor acompañarle a cada visita, con nuestros personeros y dirigentes respectivos, a fin de facilitar su importante presencia. Eso sí, si ella lo tiene a bien.
De seguido le presentamos doce sugerencias para que conozca, más integralmente, el fondo del problema del empleo público. Hay muchas más situaciones como las que se ejemplifican a continuación. Si aparte de las citadas, puede haber otras de su interés, háganoslo saber. ¡Aquí van las primeras!:
PRIMERO: Móntese en una radiopatrulla de la Fuerza Pública y acompañe a los policías en un recorrido por un barrio marginal capitalino cargado de pobreza, droga, crimen organizado, niñez en riesgo, gente desempleada y viviendas destartaladas. Luego del recorrido, ellos le compartirán un poquito de la alimentación que reciben en la delegación policial de pertenencia.
SEGUNDO: Visite La Reforma, súbase a un fortín, acompañe al policía penitenciario por un ratito como vigía y ojalá no le den ganas de ir al servicio en ese momento. O bien, pase unas dos horas en un módulo de reclusión de la cárcel de San Sebastián, en total hacinamiento, para ayudar a atender la dinámica de los privados de libertad en una mañana cualquiera.
TERCERO: Acompañe a un policía migratorio en algún puesto fronterizo y ayúdele unos minutos en tareas administrativas porque ahora este oficial debe hacer las dos tareas por un único salario. Usted puede trasladarse en avioneta o helicóptero para que no gaste mucho de su valioso tiempo.
CUARTO: En ese mismo medio de transporte, vaya a un parque nacional o área protegida y colabore con el oficial guardaparque en una persecución, aunque sea cortita, a un cazador furtivo. Mejor no le pedimos que ayude a enfrentar una situación con el narco de las muchas que se dan en el área verde del país.
QUINTO: Acompañe a un oficial de tránsito en una carretera de alto volumen vehicular, ojalá a hora pico y ayúdele, al menos, a llenar la boleta por infracción o una colisión que le toque presenciar. Ya no los mandan en pareja por falta de efectivos.
SEXTO: Coordine para que le participen de un operativo policial de defraudación fiscal y aunque sea por unos instantes, sea testigo de lo que es robo de impuestos en tiempo real, en concreción concreta y cómo hace falta más personal.
SÉTIMO: Podría visitar, por ejemplo, el CEN-CINAI de Los Cuadros de Guadalupe, ayudándole un ratito a la servidora que cuida los chiquitos de las madres solas jefas de hogar que se dejan en ese centro de servicio público. Tal vez en su visita usted podría ayudar a repartir el almuercito de los niños.
OCTAVO: Acompañe a un trabajador de AyA a efectuar una corta de agua, a una familia pobre o que está en problemas para pagar el recibo; ojalá no le toque a ir a una barriada típica del fenómeno de exclusión social. La gente se enoja mucho cuando le cortan el agua y la emprende contra los trabajadores.
NOVENO: Acompañe a un asistente de pacientes en un hospital metropolitano de la Caja, a asear a los enfermos, a darles el baño personal en su propia cama de convalecencia, en la pura mañanita y porque esa persona no puede moverse.
DECIMO: Haga un pequeño recorrido junto a un camión recolector de basura, con los empleados municipales que luego de varios años de exposición a la intemperie, en especial ahora que por el cambio climático la exposición a los rayos solares es más peligrosa, esperan recibir una cesantía compensatoria de una pensión que les quedará bajita.
ONCEAVO: En avioneta puede usted trasladarse a un poblado de la zona atlántica y acompañe al personal de campo del Ministerio de Salud, a un recorrido de combate al dengue, al zika, a la chikungunya.
DOCEAVO: Tal vez le interese estar cerca de un operativo delicado de combate al tráfico de drogas, ahora que el país está inundado por la actividad del narcotráfico. Los oficiales de la Policía de Control de Drogas, con seguridad, le compartirán la naturaleza peligrosa de su tarea.
En esto de los pluses salariales en el empleo público, las generalizaciones son tremendamente injustas. Todos estos meses, desde que ella llegó a la curul parlamentaria, miles y miles de empleados públicos han sido víctimas de una cruel campaña político-mediática de agresión psicológica y de “terrorismo ideológico”, culpabilizándoles del déficit fiscal, lo cual no es cierto. En cada uno de los doce casos mencionados (y los muchos más que no podemos citar ahora), los servidores públicos son pagadores de impuestos rigurosos y responsables, no se los roban. Los pluses salariales que devengan no tienen ninguna característica de privilegio.
Quedamos en espera de la respuesta de la diputada Rosibel Ramos Madrigal.
San José, viernes 16 de setiembre de 2016.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Alerta general para el sector Público
El Partido Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y los diputados “cristiano-evangélicos” pactaron entre sí y con Otto Guevara Guth, repartirse los puestos del directorio legislativo 2016-2017, lo que ocurrió el pasado domingo 1 de mayo. Este directorio lo encabeza el reconocido gran empresario bananero y diputado Antonio Álvarez Desanti, del PLN, como su Presidente.
En la vicepresidencia del parlamento dicho pacto puso al diputado José Alberto Alfaro Jiménez, del partido de Otto Guevara Guth. El señor Alfaro Jiménez fundó la compañía Unión Nacional de Porteadores S. A. (Unaporte), en el 2004, la cual tiene cerca de 800 permisos para porteo. Su esposa, de apellido Cordero, es quien preside la sociedad anónima luego de que él resultara electo legislador. Ella figura como asesora suya en el congreso.
Este pacto generó el proyecto “LEY PARA RACIONALIZAR EL GASTO PÚBLICO”, que más bien debe llamarse “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO”. Se trata del Expediente Legislativo No. 19.923, mismo que le adjuntamos electrónicamente y que usted puede conocer visitando nuestro sitio web: www.anep.cr
ANEP lleva meses y meses denunciando, por diversas vías y fuertemente, que LOS EMPLEADOS PÚBLICOS NO SOMOS LOS RESPONSABLES DEL DÉFICIT FISCAL. Hoy todo el Movimiento Sindical Costarricense, sin excepción, ha hecho suya esta consigna. Esto nos alegra muchísimo porque indica que no solamente hemos hecho lo correcto sino que lo que hemos estado denunciando ha sido acertado.
Este domingo 8 de mayo de 2016, conocimos por medio de campo pagado, los pronunciamientos de los dos primeros colegios profesionales que se manifiestan defendiendo a sus correspondientes agremiados, en la misma dirección: los salarios públicos no son los culpables del déficit fiscal: Colegio de Enfermeras de Costa Rica y Colegio de Médicos y Cirujanos. Esperamos que en próximos días más colegios profesionales se pronuncien en igual sentido.
Es más, instamos a todos y a todas las profesionales del sector Público para que, respetuosamente, exhorten a sus respectivos colegios a pronunciarse en igual sentido.
La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” ataca duramente el régimen de la Dedicación Exclusiva y el de la Disponibilidad. Ambos pluses se reducen al máximo, no se otorgarán como hasta hoy en día se viene haciendo, se pueden quitar de improviso y se otorgarán restringidamente.
La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” hace radicalmente drástico la obtención del reconocimiento por anualidad, pues solamente la recibirán quienes alcancen la “máxima calificación” en la evaluación del desempeño anual. Quienes no alcance esa “máxima calificación” no solamente no recibirán anualidad sino que quedan expuestos al despido por no obtener esa “máxima calificación”.
La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” también incluye algo tan gravísimo son las brutales “Reglas de responsabilidad fiscal” que es la otra parte esencial de este aberrante proyecto de ley. Sinceramente no encontramos las palabras adecuadas ni las frases realmente correctas para describir cómo sería trabajar en las instituciones bajo esas “Reglas de responsabilidad fiscal”. Si en muchas de ellas hay ya condiciones precarias con incidencia negativa en la calidad del servicio, presupuestariamente hablando; la brutal, descomunal y extremista política del recorte del gasto que presuponen esas “Reglas de responsabilidad fiscal” convertirá en una tortura la circunstancia de trabajar para el sector Público
Las políticas fiscales de Otto Guevara Guth, adoptadas por el viejo y detestado bipartidismo “PLUSC” (Liberación-Unidad), representan un verdadero “homicidio institucional generalizado”; es decir, que nos llevarán a extremos nunca vistos de recorte presupuestario que ni siquiera imaginamos.
La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” , además, con sus brutales “reglas fiscales” llevará a la “institucionalización” del congelamiento salarial e, incluso, a la reducción-rebaja forzosa de los salarios.
La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” puede ser aprobada por la “vía rápida”, por eso en ANEP estamos lanzando esta ALERTA GENERAL porque estamos de cara a una real EMERGENCIA LABORAL. ¡Alístese!
La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” al incluir a las municipalidades, violenta la Constitución Política abiertamente. También contiene otros artículos que presentan aberrantes inconstitucionalidades.
La , “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” aniquila, contundentemente lo decimos, las Convenciones Colectivas de Trabajo lo que, aparte de ser inconstitucional, viola los tratados internacionales suscritos por Costa Rica y ratificados por la propia Asamblea Legislativa, con la mismísima Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” , incluye las Convenciones Colectivas de Trabajo del sector de las municipalidades del país, de todas las municipalidades.
La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” hace que Costa Rica reniegue de su pertenencia a la OIT. Así, “en dos platos”.
La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” mediando una componenda política del Partido Liberación Nacional (PLN), no incluyó al Magisterio Nacional. ANEP se alegra de ello. Pero, ¿y los demás?
La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” , podemos derrotarla mediando una gran unidad sindical y con movilización laboral profundamente unitaria. ANEP apuesta a ello. ¡Esté atento! Grandes acontecimientos están por venir!
Albino sobre Presidente de Uccaep: Reflejaba doble moral
Las reacciones sobre la posibilidad de que Ronald Jiménez no optara por la reelección de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) no se hicieron esperar.
Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), indicó que los cuestionamientos constantes sobre aparentes contratos multimillonarios reflejaban una doble moral en el discurso de Jiménez.
Además, señaló que el jerarca perdió espacio político para representante al sector empresarial en Costa Rica.
“Un contrato multimillonario que no fue debatido en público, pues en nuestro criterio estaba reflejando una doble moral. Mientras atacaban convenciones colectivas como disparadores del gasto, este tipo de contratos, que no se sabía, se manejaba de manera muy opaca.
Es obvio que él perdió espacio político para seguir conduciendo este importante gremio de los empresarios de Costa Rica”.
Vargas indicó que el país necesita urgentemente la construcción de un gran diálogo social para sacar adelante al país.
“No podemos emitir ninguna opinión en la que se interprete que estamos interfiriendo en los asuntos de Uccaep, como no nos gustaría que interfir en los asuntos internos de la ANEP.
Pero es obvio que en el país urge una coyuntura de mucho diálogo, el principal valor que tiene Costa Rica es mantener la paz, la paz está en riesgo desde el empleo, el salario, la corrupción, el narcotráfico, la violencia en todas sus manifestaciones”, agregó.
Ronald Jiménez dejará su cargo el 18 de mayo, día en que Uccaep elija a su nuevo representante del sector empresarial, el cual personifica al 85 % de la fuerza laboral en Costa Rica.
