UCCAEP aboga por la precarización y por la sobreexplotación laboral

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCCAEP, no puede ocultar su antisindicalismo visceral a propósito del resultado final del proceso de renegociación de la Convención Colectiva de Trabajo entre el sindicato SINTRAJAP y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

Particularmente molesta a UCCAEP, en la persona de su acaudalado presidente, Franco Arturo Pacheco, que tal proceso negociador no hubiera acabado con todos los derechos laborales existentes en Japdeva, vía negociación colectiva; molesta a UCCAEP que la cesantía siempre fuera superior a los 8 años, como si ya no existiese en las mismas empresas privadas, cesantía con rompimiento parcial a ese tope, vía Ley de Protección al Trabajador.

Es más, en el fondo lo que le molesta a UCCAEP es que siga existiendo Convención Colectiva de Trabajo en Japdeva y en Recope, pues no pudo el máximo jerarca del alto corporativismo empresarial del país, evitar referirse, con insania por su puesto, al propio proceso generado en la empresa refinadora costarricense.

La verdad es que la UCCAEP tiene como “piedra filosofal” que la famosa competitividad se logra fomentando la precarización del empleo y la sobreexplotación laboral. Tres muestras contundentes les retrata de cuerpo entero:

A) La mezquindad sistemática que muestran a la hora de las fijaciones del salario mínimo para la clase trabajadora del sector privado.

B) El silencio cómplice, que más pareciera festejo tácito, de que a 1 de cada 3 personas trabajadoras asalariadas de la empresa privada, ni siquiera se les pague el salario mínimo de ley, ya de por sí sumamente precario para enfrentar el costo de la vida más alto de Latinoamérica, o uno de los más altos.

C) El ataque jurídico en sede constitucional que acaban de hacer para impedir la realización del referéndum sobre el salario mínimo, de lo cual hablaremos en próximo comunicado.

Este tipo de posiciones gremiales del alto corporativismo empresarial del país, únicamente lo que fomenta es la colisión confrontativa de visiones de clase en un país que como el nuestro cada vez está más fragmentado y tensionado en grado sumo; cuando lo que correspondería debería ser apostar por el diálogo a favor de la inclusión social y de la promoción del bien común.

San José, sábado 8 de octubre de 2016.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Wikileaks revela aún más documentos nuevos y ocultos del ‘Tratado de Servicios’ (TISA)

Hoy, en las instalaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra empieza la 18ª ronda de negociaciones de un acuerdo secreto para limitar la supervisión gubernamental de la economía de servicios. Pero los negociadores ahora tendrán un nuevo punto en su orden del día: cómo lidiar con la avalancha de filtraciones de documentos con propuestas que se suponía que tendrían que mantenerse bajo llave y en secreto hasta cinco años después que se sellara o se descartara el acuerdo.

La inclusión de ese nuevo punto en la agenda se debe a que en el día de ayer Wikileaks +reveló los borradores de los textos de tres anexos transversales nuevos del TISA propuesto que no se conocían hasta ahora: disciplinas acerca de cómo los gobiernos deben regular a las Empresas Estatales; Servicios Profesionales; y Nuevas Disposiciones Aplicables a Todos los Servicios.

Con esta nueva filtración, hasta ahora se han revelado al público 17 anexos propuestos y el texto central del TISA —aunque ninguno de ellos a través de canales oficiales. También se han filtrado los textos actualizados sobre servicios financieros, comercio electrónico, movimiento de personas físicas (Modo 4), telecomunicaciones, y transparencia. Varias organizaciones miembro de la red mundial +Nuestro Mundo No Está en Venta (OWINFS) han publicado análisis detallados de versiones anteriores de muchos de esos textos filtrados.

Estas nuevas revelaciones ocurren poco después que Greenpeace publicara con bombos y platillos a principios de este mes una +valiosa colección de capítulos del Tratado de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP) entre Estados Unidos y Europa. Como la ratificación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) transita por mares borrascosos en el Congreso de EEUU, y otro tanto ocurre en los respectivos países con el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la UE y Canadá, al mismo tiempo que el TTIP enfrenta cada vez más oposición pública, los negociadores del TISA abrigaban la esperanza de que este acuerdo pudiese pasar desapercibido por la opinión pública. Esta nueva filtración torna aún más remota esa posibilidad.

El anexo sobre Nuevas Disposiciones restringiría las potestades de los gobiernos de imponerles a los proveedores extranjeros de servicios requisitos de desempeño generadores de empleo nacional, incluso el requisito de establecer presencia comercial en el país. Estas propuestas, que son aún más extremas que las disposiciones al respecto en otros tratados de libre comercio e inversiones vigentes, dificultarían significativamente la regulación efectiva de esas empresas en todos los países del TISA, incluso potencialmente las del sector de servicios financieros. Y limitarían además la potestad de los gobiernos de los países en desarrollo de regular la inversión extranjera para fomentar el desarrollo del mismo modo que lo hicieron los países industrializados del TISA cuando se estaban desarrollando, según el +análisis exhaustivo de Sanya Reid Smith+, asesora jurídica de la Red del Tercer Mundo radicada en Ginebra.

El Departamento de Estado y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) hicieron público ayer un plan para que el TISA propuesto ajuste aún más las normas ya acordadas en el TPP en materia de prescripciones sobre la presencia comercial relativas a los servicios financieros, para apaciguar así a las principales empresas de la industria bancaria y a los parlamentarios que las representan en el Congreso.

La ironía que esto entraña es que las restricciones que Estados Unidos y algunos otros países quieren imponer a través del TISA en materia de requisitos de presencia comercial, son justamente los mecanismos principales a través de los cuales EEUU y otros países alegan que los países en desarrollo se beneficiarían al abrir sus mercados de servicios a la participación de proveedores extranjeros.

“Contratarán trabajadores locales y su población ganará en conocimientos y nuevas habilidades técnicas y de gestión (know-how)” —pues no, ya que el TISA prohibiría imponer requisitos de contratación local. “La participación de empresas extranjeras en sus mercados redundará en transferencia de tecnologías para las empresas locales y la población nacional” —sólo que exigir transferencia de tecnología también está proscrito en el texto propuesto del TISA.

EEUU, Japón y muchos países europeos históricamente han exigido que las empresas extranjeras que ofrecen servicios en sus respectivos países siempre incluyan ciudadanos nacionales en sus directorios y otros cargos ejecutivos; sin embargo, esta herramienta de ‘gerencia local’ está explícitamente prohibida en el texto que se filtró. Esto, de hecho, no es otra cosa que patearles a los países en desarrollo la legendaria escalera al desarrollo.

Este es uno de los problemas centrales del TISA propuesto. Porque lo que anuncia el TISA no es la participación de empresas extranjeras en el mercado nacional de los países —el TISA no obliga a los bancos extranjeros a ofrecerles capital a los habitantes de los barrios marginales, ni a las gigantescas empresas de telecomunicaciones a asegurarles a los pobres del campo acceso a sus servicios, o a las grandes empresas de energía a garantizar el acceso universal a los servicios de energía eléctrica.

Por el contrario —el TISA está diseñado para limitar los medios a través de los cuales los gobiernos pueden garantizar que la presencia de empresas extranjeras en sus economías pueda beneficiar a la población nacional. En Estados Unidos ya tenemos suficientes problemas con los Servicios al Consumidor de empresas como Comcast, Verizon y otras por el estilo —imagínense, ¿cómo podría exigírsele cuentas a una gigantesca empresa de telecomunicaciones si ni siquiera tiene presencia comercial en el país, tal y como propone el TISA que se les prohíba a los gobiernos establecer como requisito?

El anexo sobre Servicios Profesionales limitaría los medios a través de los cuales los gobiernos y los gremios profesionales pueden regular el acceso al mercado, el suministro transfronterizo, los requisitos de presencia comercial, las restricciones o topes de participación de capital extranjero, y las prescripciones en materia de licencias de funcionamiento para los proveedores extranjeros de servicios en ramas profesionales específicas como contaduría, tributación, servicios arquitectónicos, ingeniería, planificación urbana y arquitectura paisajística, ensayos y análisis técnicos, y potencialmente también servicios jurídicos, servicios científicos y de consultoría asociados a la ingeniería, servicios veterinarios, de educación privada, y servicios de ingeniería asociados a la construcción.

Según el flamante +análisis del anexo propuesto sobre Empresas Estatales+ realizado por la Profesora Jane Kelsey de la Universidad de Auckland de Nueva Zelanda, “la propuesta de EEUU para el TISA en materia de empresas estatales adopta y adapta secciones clave del capítulo del Acuerdo de Asociación Transpacífico relativo a las empresas estatales, como parte de su estrategia en pos del establecimiento de nuevas normas mundiales a través del triunvirato de nuevos mega-acuerdos constituido por el TPP, el TISA y el TTIP. La propuesta obligaría a las empresas de propiedad mayoritariamente estatal a funcionar como empresas privadas de negocios”.

“No exige directamente que los gobiernos las privaticen, pero las vacía de todo lo que justifica que se mantengan como entidades públicas, creando las condiciones para su privatización a hurtadillas. Las disposiciones del TPP más extremas, complicadas y potencialmente impracticables relativas a las ayudas estatales a las empresas públicas de servicios, no están incluidas en el TISA, todavía. Pero si un país con una proporción elevada de empresas estatales quisiera sumarse al TISA, se vería obligado a entrar inmediatamente en negociaciones al respecto. El blanco verdadero de estas disposiciones es China. El mensaje inequívoco es: adopta el modelo de EEUU o quedarás fuera del club”.

“El capítulo del TISA sobre comercio electrónico sigue siendo objeto de modificaciones haciendo caso omiso por completo de los principales interesados que se verán afectados, especialmente los usuarios e innovadores de la Internet en todo el mundo. Este modelo heredado de negociaciones comerciales cerradas no es la manera de construir políticas públicas para el entorno digital”, puntualizó Jeremy Malcolm, principal analista mundial de la fundación Electronic Frontier Foundation.

Estos documentos filtrados y su análisis respectivo ponen al descubierto cómo el TISA responde a las aspiraciones de los grandes grupos de presión empresarial que promueven una desregulación de los servicios más profunda incluso que la ya vigente en las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Esta nueva filtración es constancia clara del propósito del gran empresariado de utilizar el TISA para restringir aún más la capacidad regulatoria de los gobiernos democráticamente electos, imponiéndoles a tal efecto prescripciones sobre asuntos de competencia nacional como las compras gubernamentales , las disposiciones en materia de inmigración, las licencias de funcionamiento de las empresas, e incluso relativas al proceso regulatorio como tal.

La filtración publicada en el día de hoy es otra más de una serie que incluye la revelación de Wikileaks en junio de 2014 de una versión anterior del “texto secreto sobre Servicios Financieros(texto)”:http://ourworldisnotforsale.org/es/report/lisis-del-texto-negociaci-n-del-tisa-sobre-servicios-financieros; la filtración en diciembre de 2014 de una propuesta de EEUU sobre “flujos transfronterizos de datos, transferencia de tecnología, y neutralidad de las redes(flujos)”:http://ourworldisnotforsale.org/es/report/lisis-del-texto-del-anexo-del-tisa-sobre-comercio-electr-nico, que dio lugar a gran preocupación por la protección de la privacidad de los datos personales tras las revelaciones de Snowden; y la publicación en febrero de 2015 de un documento de referencia que promovía el +turismo de salud en el TISA+, aunque es poco probable que este asunto quede incluido como anexo en el acuerdo final.

Wikileaks +voló las tapas+ de la totalidad del acuerdo en junio de 2015 cuando publicó masivamente +17 documentos sobre el TISA+ junto con su análisis respectivo, incluidos los anexos sobre sectores de servicios específicos tales como transporte aéreo, transporte marítimo, servicios competitivos de reparto; comercio electrónico; telecomunicaciones; servicios financieros, servicios profesionales; y acerca de algunas funciones gubernamentales referidas a los anexos sobre Reglamentación Nacional y Transparencia. Esa filtración enseguida fue complementada con la +publicación en julio de 2015+ de una tanda actualizada de textos, acompañada del +texto central del TISA+ y su +análisis respectivo+.

Las filtraciones anteriores del TISA más recientes son los anexos publicados en diciembre de 2015 sobre servicios de energía y servicios ambientales, que pusieron en evidencia que la capacidad de los Estados para implementar sus compromisos climáticos asumidos en París se vería severamente restringida si el TISA fuese aprobado en consonancia con las propuestas actuales.

La sociedad civil mundial viene alertando hace tiempo que “[l]as negociaciones del TISA se conducen siguiendo en gran medida el libreto empresarial corporativo de utilizar acuerdos “comerciales” para obligar a los países a adoptar un programa de liberalización y desregulación extrema cuyo fin es garantizarles a las grandes empresas mayores ganancias a costa de los trabajadores, los agricultores, los consumidores y el medioambiente. El acuerdo propuesto es el resultado directo del cabildeo sistemático de la banca multinacional y las empresas transnacionales de energía, aseguradoras, de telecomunicaciones, transportes, agua y otros sectores de servicios que operan a través de grupos de presión como la Coalición de Industrias de Servicios de EEUU (USCSI) y el Foro Europeo de Servicios (ESF)”.

En las negociaciones del TISA participan actualmente 50 países (o 23 si se cuenta a la UE como uno) cuyo propósito es ampliar el alcance y el ámbito de cobertura del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) vigente en la OMC. Sin embargo, las negociaciones del TISA se conducen completamente en secreto, en condiciones de opacidad aún peores que las que rigen en la OMC.

El año pasado Uruguay se retiró de la mesa de negociaciones a consecuencia del clamor popular que se desencadenó tras la publicación de los textos filtrados, y que condujo a un análisis y consultas del gabinete ministerial sobre las consecuencias potenciales del TISA, que recibió respuestas negativas de casi todas las dependencias ministeriales. Paraguay también se retiró poco después.

La Internacional de Servicios Públicos (ISP), una de las federaciones mundiales de sindicatos publicó en marzo de 2014 el primer informe alertando sobre el TISA, titulado +El TISA frente a los Servicios Públicos+, y en septiembre de 2014 la ISP y OWINFS publicaron conjuntamente el informe titulado +El Acuerdo de los Auténticos Buenos Amigos de la Empresas Transnacionales+. En el +sitio web de OWINFS+ hay más información disponible sobre el TISA, y aquí se encuentra una cartilla informativa sobre el TISA.

La inseguridad ciudadana se debe atender de manera integral y con políticas públicas

Equivoca el mensaje el Ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata lanzando una mala señal a la opinión pública, a la población policial, al turista y a la inversión extranjera. La seguridad ciudadana no es un tema que deba resolver únicamente la Fuerza Pública.

La situación que estamos viviendo como sociedad, no nació ayer, es posiblemente resultado de la falta de políticas públicas, pero también es resultado del individualismo interinstitucional, de la falta de política de Estado en materia de prevención. Es algo que veníamos advirtiendo, cuando señalamos que era inminente la incursión del crimen organizado y del narcotráfico, que dejábamos de ser un país de tránsito, para convertirnos en centro de operación del ilícito negocio.

No es aceptable, que un Ministro con la trayectoria y experiencia de Gustavo Mata, se “rinda”, menos que aduzca falta de dinero, cuando en los últimos años el Ministerio de Seguridad Pública ha contado con presupuesto como nunca antes en la historia. Tampoco es aceptable, porque en la sana teoría, su misma trayectoria en el poder judicial, le debió servir para conocer el reto que asumió al aceptar el cargo.

La gestión preventiva en materia de seguridad ciudadana se mide en el tiempo, así las cosas, es preciso analizar con sensatez la situación que estamos viviendo como sociedad. Es evidente que algo se dejó de hacer, los grupos delictivos que hoy socaban la tranquilidad de comunidades como Cieneguita, no se formaron de un día para otro.

La aprobación del impuesto a las sociedades, es importante, pero no resolvería en el corto plazo la situación de inseguridad ciudadana, aunado a ello, materialmente de momento sería imposible contar con tres mil policías, por cuanto esto involucra el proceso de reclutamiento, las pruebas de selección, y el curso básico policial, que tarda entre diez meses a un año.

Es necesario replantearnos las cosas, definir una estrategia integral, por ejemplo: si no sabemos las razones por las que nace el acto delictivo, el recurso se distribuye antojadizamente, si el oficial se concentra en funciones diferentes a su naturaleza preventiva, difícilmente se podrá sostener una lucha real contra la criminalidad. Por más efectivos con los que contemos y por más presupuesto, si las cosas no se ordenan, si no se mejora el ambiente laboral y las condiciones de trabajo de los oficiales, estamos destinados al fracaso.

No obstante, no es momento de renunciar Ministro, es en la adversidad que debe aflorar lo mejor de su amor por la patria, es en un momento como el actual, que debe salir a flote su liderazgo y experiencia. La Fuerza Pública está integrada por hombres y mujeres con mística, con vocación, con voluntad y valentía para enfrentar esta situación; no les dé la espalda don Gustavo.

ANEP denuncia manipulación del dolor de pueblo limonense

Está esparciéndose en los últimos minuto de que el Presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti, está ufanándose de tener ya los 38 votos necesarios para la aplicación de vía rápida (artículo 208 bis del reglamento legislativo) para un presunto “combo” de proyectos que incluiría la ley contra el empleo público y algo mucho más pernicioso todavía, la ley de “regla fiscal”, que amarra de pies y manos al Estado impidiéndole toda posibilidad práctica de la política fiscal y del endeudamiento en función del bien común.

Tal maniobra parlamentaria con características de monstruosidad política, se estaría tejiendo en el marco de la desesperación que está sufriendo el pueblo de Limón, cuyo dolor por la violencia sin control que está padeciendo le lleva a clamar por una rotunda y real seguridad ciudadana.

Manipulando obscenamente el “ultimátum” formulado por el Ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata Vega, de que le da 30 días a la Asamblea Legislativa para que ésta apruebe el proyecto sumamente atascado del gravamen a las sociedades anónimas; la inescrupulosidad parlamentaria estaría llegando hasta lo indecible, al mezclar la necesidad de la aprobación tal legislación, pero en “combo”, junto a empleo público y regla fiscal.
No puede la Asamblea Legislativa proceder de manera tan sórdida pues si ya resulta grave la forma irresponsable de la tramitación del proyecto contra el empleo público; es inconmensurablemente más irresponsable, tramitar por vía rápida el proyecto de “regla fiscal” del cual, seguros estamos, el 99 % de los y de las costarricenses no están sabiendo de qué se les habla con este asunto.

Llamamos a las diputaciones honestas del parlamento a no dejarse manipular tan burdamente; así como hacemos un llamado a la más grande unidad sindical en la acción jamás desplegada, para que podamos detener esta ofensiva neoliberal contraria al bien común.

San José, martes 4 de octubre de 2016.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

El gobierno se decidió por el lado del capital y pone en la hoguera del sacrificio a la clase trabajadora

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, condena la funesta decisión política del Gobierno de la República y del propio Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, al decidirse a favor del capital y poner en la hoguera del sacrificio a la clase trabajadora, tanto la del sector Público como la del Privado, en estos delicados asuntos de la relación incongruente entre el déficit fiscal y el empleo público y la clase trabajadora, en general.

Mediando los buenos oficios del Partido Liberación Nacional (PLN), a través de la labor promocional ejecutada por la diputada Sandra Pizsk Feinzilber en contra del empleo público, el Gobierno se “casa” ahora con la ideología del diputado Otto Guevara Guth, para emprenderla contra toda la clase trabajadora.

En esto del déficit fiscal que no es culpa de la clase trabajadora, es ésta la que está de manera totalmente injusta siendo responsabilizada y castigada por algo de lo que nunca ha tenido culpa. ANEP ha demostrado, reiterada y sólidamente y hasta la saciedad, que el déficit fiscal no es causado por los salarios públicos.

Es totalmente perversa la idea de combinar el ataque artero a los pluses salariales del empleo público, con la elevación del impuesto sobre las ventas del 13 al 15 %, renunciando a la transformación radical y por el fondo del impuesto sobre la renta al capital; exonerando con ello del pago del ajuste fiscal a los detentadores de la concentración de la riqueza que han acumulado en demasía en los últimos años, por los más diversos mecanismos, empezando por las enormemente gigantescas cifras del robo de impuestos.

El beneplácito y la complacencia que está mostrando el diputado Otto Guevara Guth por el proyecto de empleo público promovido por el PLN (Sandra Piszk Feinzilber), es clara indicación de que el Gobierno pactó con él, exonerar de imponer gravámenes tributarios más que necesarios al capital; reforzando la estructura tributaria regresiva que hace pagar a los que menos tienen y que son los que han venido pagando más, proporcionalmente hablando.

Pauperizar el salario de los empleados públicos, especialmente los salarios de los puestos que llevan más de 30 años “enganchados”, golpear a los trabajadores municipales quitándoles sus convenciones colectivas y reduciéndoles la expectativa de una cesantía mayor a 8 años; golpear a la clase trabajadora del sector privado, especialmente a la tercera parte de la misma a la cual ni se le paga el salario mínimo, poniéndola a pagar más por el impuesto sobre las ventas; no es más que indicación de que el Gobierno se decidió por el lado del capital y puso al lado obrero en la pira, en la hoguera.

Quienes conocen del tema por ser expertos en el mismo, saben que con base en el Coeficiente de Gini que mide la desigualdad en una sociedad, el país se encamina hacia la desigualdad perfecta, pues estamos ya en un índice de 0.52 %, acercándonos al 1 y alejándonos del 0 (cero, o igualdad perfecta). Esta colusión política antiobrera potenciará el rumbo del país hacia esa desigualdad perfecta de que nos habla este indicador.

Solamente la más grande movilización social, laboral y obrera; solamente la más grande unidad sindical en la acción, permitirá enfrentar con mayor éxito este ataque a la integración social de una Costa Rica totalmente fragmentada y en ruta desbocada hacia la desigualdad; hoy dramáticamente reflejada en los crímenes en los barrios populares, en el desempleo del 20 y resto de la población trabajadora, en la fuerte penetración del narcotráfico y del crimen organizado producto de la falta de oportunidades; así como en el congelamiento de los salarios.

Le indicamos a todos los compañeros empleados públicos y a todas las compañeras empleados públicos que el momento más difícil de toda la historia del empleo público ha llegado.

¡14 billones es la deuda pública del Gobierno Central!

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, considera que la ciudadanía debe exigir explicaciones de cómo es que hemos llegado hasta aquí: al terminar agosto pasado, solamente la deuda del Gobierno Central, ascendió a 14 billones de colones: 14.000.000.000.000.00.

Según estimaciones de ANEP, basado en la deuda pública del Gobierno Central; cada costarricense sea bebé, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, y con base en una población promedio de 4.5 millones de ticos y de ticas, “está debiendo”, en estos momentos, per cápita, ¢3.111.000 colones aproximadamente…Y mañana será más.

Estos datos provienen de la unidad de Crédito Público del Ministerio de Hacienda solamente contemplan la deuda del Gobierno Central, no se toma en cuenta la deuda de instituciones fuera de este ámbito del Estado.

“La ANEP reitera su tesis fundamental de que en esto del déficit fiscal y empleo público: los salarios que devenga la clase trabajadora asalariada del Estado no son los responsables del déficit fiscal. ANEP ajusta ya poco más de dos años analizando el tema: investigando, estudiando, leyendo, consultando para ser tan contundentes. Las razones del déficit fiscal son otras, ¡no los salarios públicos!”, indicó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP y coordinador de Patria Justa.

De acuerdo con Vargas, los cambios necesarios que requiere el sistema tributario costarricense son modificaciones en materia de impuestos para que “se le dé vuelta a la tortilla”, es decir, poner a pagar más a quienes más tienen y que son los que más evaden sus responsabilidades tributario-fiscales.

La organización sindical rechaza tajantemente de que en la Asamblea Legislativa se impongan nexos políticos de mezclar cambios, completamente inaceptables, en materia de salarios del empleo público, para facilitar la discusión (y eventual aprobación parlamentaria) sobre los impuestos de ventas (transformándolo a impuesto al valor agregado IVA), y renta.

“Empleo público e impuestos es una mezcla tóxica que solamente conduce al desastre social. Continuar por esta vía, hace que el tema del empleo público se convierta, radicalmente, en un asunto de corte ideológico, estrictamente; y, por tanto, opaca, obstaculiza, bloquea, discusiones puntuales de empleo público que ameritan abordajes particulares, de corte abusivo, como pueden serlo los “salariazos” que se devengan en algunas partes de la alta cúpula político-tecnocrática y gerencial del Estado”, agregó Vargas.

Además, la ANEP considera que el espantoso endeudamiento del país exige esa discusión sobre los cambios estructurales que ocupa el sistema tributario costarricense, aparte de que se va imponiendo la necesidad de una especie de auditoría ciudadana de la deuda, planteamiento que recientemente hemos decidido promover, contando ahora con el apoyo del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA al respecto.

“Para peores, cada vez hay más y más costarricenses en condiciones económicamente difíciles y sin ninguna responsabilidad por ese alto nivel de endeudamiento-país”, enfatizó Vargas.

El Secretario General de la ANEP indicó que “insistimos en la imperiosa necesidad de que los empleados públicos y las empleadas públicas, incluidos los de las municipalidades, mantengan una vigilia política constante de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, pues se está jugando con su futuro salarial-social y familiar; y, a la vez, estén en total disposición para movilizarse de manera contundente apenas se les convoque”.

ANEP denuncia a Gerente General de Pima-Cenada ante Procuraduría de la Ética

La ANEP y su Seccional Pima-Cenada denunciaron ante la Procuraduría de la Ética al Gerente General de la institución, Carlos Feoli Escalante por la posible comisión de varios delitos entre ellos malversación, falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito.

A esta denuncia, presentada el 4 de mayo; también se une la infracción a la normativa laboral por trabajar cuando estaba incapacitado.

De acuerdo con la denuncia presentada por Albino Vargas Barrantes, secretario General de la ANEP, el 13 de octubre del 2015, Feoli tenía programada una cirugía ambulatoria en el Hospital Calderón Guardia, producto de la intervención fue incapacitado por 15 días naturales.

Sin embargo, para atender la cita médica, Feoli solicitó y utilizó el vehículo y chofer institucional, así lo consta en la “Boleta de autorización de uso de vehículo oficial” número 16.303, con las placas 112-000027 para atender “diligencias propias de su cargo”.

“La boleta de autorización para uso del vehículo oficial fue solicitada y autorizada por el mismo señor Feoli. Además, mediante una publicación en Facebook el funcionario admite que fue operado ambulatoriamente y a pesar de la incapacidad otorgada por los médicos, que son los especialistas en salud, el señor Feoli reconoce que violó el derecho irrenunciable a la incapacidad”, indica la denuncia.

Albino Vargas, secretario General de la ANEP indicó que el gerente afirmó que violó el derecho a la incapacidad “cuidándose de no firmar nada”, lo cual pone de manifiesto de que estaba realizando una actividad ilegal y usó artimañas para salvarse de responsabilidades.

Para el sindicato, de esa acción se derivan posibles delitos: el delito de falsedad introducida en la “Boleta de autorización del vehículo oficial” ya que no utilizó el carro para funciones propias del cargo, delito por la utilización del vehículo y el chofer para actividades personales y provecho propio; y violentar el derecho y la obligación del trabajador a la incapacidad, es una falta grave, causal de despido sin responsabilidad patronal.

La ANEP solicitó a la Procuraduría de la Ética abrir la investigación correspondiente y de determinarse si las presuntas infracciones causadas y acusadas fueron cometidas iniciar con las acciones penales correspondientes. Asimismo, iniciar los procedimientos administrativos para despedir sin responsabilidad patronal al funcionario por laborar estando incapacitado.