Categoría: Incidencia

El combo fiscal que se está fraguando en el seno de la Asamblea Legislativa, con el impulso imprudente y peligroso desde la misma Casa Presidencial, tiene todos los elementos para convertirse en un coctel socialmente explosivo.

Mezclar el proyecto para aumentar el impuesto sobre las ventas, elevándolo del 13 al 15 %, con un proyecto sobre empleo público que ni en la más milésima parte resuelve el problema del déficit fiscal, imponiéndoles la vía rápida de tramitación parlamentaria, no es más que abrir la vía rápida para la confrontación social abierta con todos los gremios, asociaciones y sindicatos de la práctica totalidad del sector Público.

Las agrupaciones laborales representativas del empleo público expresan ya un acuerdo tácito en la práctica para enfrentar en una especie de unidad sindical en la acción, casi que por generación espontánea y obligadas a actuar en conjunto y al unísono por tal provocación; a fin de propiciar las condiciones para una movilización general del sector público que podría ir desde paros sectoriales y multisectoriales por coordinación de facto, hasta el impulso de la tesis de Huelga General y de Huelga General Indefinida que se vienen anunciando al interior de varias de las corrientes sindicales involucradas en la defensa del empleo público.

Hemos llamado mezcla tóxica a esta perversa vinculación entre las legislaciones contra el empleo público y a favor de subir el impuesto sobre las ventas, puesto que solamente hacen daño social, promueven la exclusión y la desigualdad social y fomentan la característica regresiva del sistema tributario costarricense.

Rebajar salarios en el empleo público, aumentar impuesto de ventas del 13 al 15 % y con la tétrica realidad del salario mínimo en el sector privado, no es más que seguir golpeando a los que menos tienen, la clase trabajadora asalariada de ingresos medios y bajos, tanto la pública como la privada; misma que paga puntualmente sus impuestos, no tiene responsabilidad alguna por el endeudamiento-país y no es la culpable del déficit fiscal pues no tiene nada que ver, por ejemplo, con relación al gigantesco fraude impositivo.

Mezcla tóxica que ha de generar más envenenamiento social al añadirle el peligroso ingrediente de un proyecto de “regla fiscal” que nadie conoce y que pareciera potenciar el sesgo del recortismo fundamentalista al mejor estilo neoliberal, cuando hay ya una gran cantidad de servicios públicos que no soportan más macheteadas ni tijeretazos presupuestarios en zonas del empleo público necesitadas de más inversión y de más financiamiento pues son imprescindibles para poblaciones vulnerables y/o en escenarios de exclusión social.

Nada que ver este combo fiscal (empleo público, ventas-IVA y regla fiscal) con la necesidad ciudadana de que se apruebe el impuesto a las sociedades anónimas para financiar la alicaída seguridad pública, si de lo que se trata es de corregir una indicación señalada por la Sala Cuarta pues este proyecto ya había recibido aprobación parlamentaria.

Para agravar más está situación en construcción político-palaciega de gran opacidad, hacer ajustes por lo realmente justo que sería en el ámbito del impuesto sobre la renta, ¡ni por la mínima, ni por “mentirillas”, ni para disimular el leñazo para los y las de abajo, se asoma por ningún lado.

¡Que sigan pagando más, tributaria y proporcionalmente hablando, los que menos tienen! Esta pareciera ser la consigna de quienes en el ámbito gubernamental estarían cediendo al chantaje político que está imponiéndoles el parlamentarismo neoliberal.

En la ANEP y en el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, nuevamente, una vez más, no solamente insistimos en la imprescindible unidad sindical en la acción; sino que reiteramos nuestro llamado a los trabajadores y a las trabajadoras a lanzarse a las calles llegado el crucial momento reiteradamente anunciado y que se ve cada vez más cerca, lamentablemente.

Gran golpe político representa para los abanderados parlamentarios que vienen atacando al empleo público desde la actual Asamblea Legislativa, la acción de los exdiputados Rolando Laclé Castro y Danilo Chaverri Soto, de reclamar ante la Sala Cuarta que nos les rebajen el monto actual de las pensiones de lujo que vienen recibiendo de parte del presupuesto central del Estado; rebaja aprobada hace pocas semanas por los diputados actuales, una decisión parlamentaria correcta pero que se tomó en el marco de la histeria ideológico-neoliberal del déficit fiscal y para fortalecer, ideológicamente hablando, la campaña contra los salarios de los empleados públicos por los sobresueldos pluses que los mismos devengan, ocultándose la verdadera esencia del problema fiscal nacional: la regresividad tributaria.

Don Rolando Laclé Castro y don Danilo Chaverri han sido figuras emblemáticas de lo que hemos conocido en los últimos años como PLUSC, Liberación-Unidad, el bipartidismo clásico que adoptó el neoliberalismo como ideología política fundamental de sus acciones gubernativas y parlamentarias; renunciando, respectivamente, a la esencia de las filosofías políticas originarias que alguna vez proclamaron tener: la Socialdemocracia y el Humanismo Cristiano. Los neoliberales fiscalistas se han disparado en el pie.

El señor Laclé Castro, con una pensión de 6 millones 400 mil colones, le reclama a la Sala Cuarta que con esa ley contra las pensiones de lujo, la suya quedaría en 3,4 millones. A su vez, el señor Chaverri Soto, tiene una pensión de 7 millones 700 mil colones y con esa ley le quedaría en unos 4,2 millones de colones. ¿Alguna vez hemos visto semejante desfachatez de parte de los políticos tradicionales de este país?

Si bien ambos señores destacan dentro de las filas del todavía neoliberal partido Unidad Social Cristiana, su acción golpea también al propio Partido Liberación Nacional (PLN), cuya hegemonía interna sigue siendo, también, neoliberal; sino que lo diga su absurda insistencia, mediando la gestión político-ejecutiva al respecto impulsada por la distinguida legisladora doña Sandra Piszk Feinzilber, en un proyecto de empleo público que ataca los salarios medios y bajos estatales, esencialmente y no los “privilegios” que sí existen en algunas partes de algunos segmentos, minoritarios por cierto, de la Administración Pública.

La acción de los mencionados señorones de la Unidad (la neoliberal porque entendemos que hay ahora un sector que pretende recuperar algo de Humanismo Cristiano para “rescatarla” del lodazal neoliberal en que está sumida), pone al rojo vivo la realidad, dramática y cruel, del sistema de jubilaciones de las pensiones del régimen no contributivo a cargo de la Seguridad Social; e incluso, la paupérrima realidad jubilatoria que enfrentan hoy mismo y que enfrentarán mañana, miles de personas trabajadoras asalariadas del sector privado y del propio sector público, con salarios precarizados hoy en día.

Si ciertas prédicas parlamentario-legislativas pretendieron alguna vez que su cruzada contra los salarios de los empleados públicos tenía contenidos ético-morales sólidos, porque son los responsables del déficit fiscal; la acción de los señores de la Unidad (la neoliberal), Laclé Castro y Chaverri Soto se ha encargado de desmentirles y quitarles tales contenidos.

Igualmente, el distinguido ciudadano don Rodoldo Piza Rocafort, precandidato presidencial de la Unidad, queda muy en entredicho como integrante de esa comunidad ideológica en contra del empleo público, pues don Danilo Chaverri Soto está ya integrando su comando de campaña. ¿Le pedirá que se vaya?

Se han quedado sin argumento moral alguno para seguir impulsando ese tipo de proyectos de empleo público.

Y ni qué decir de aquellos diputados turecas promotores de estas campañas-cruzadas fundamentalistas del déficit fiscal, uno de los cuales tiene a su propio padre con una pensión superior a los 6 millones de colones.

La discusión de los privilegios, de los privilegios de todo tipo, debe ser de otro carácter y con otros contenidos y metodologías. Al ideologizarla, la perdieron, porque la verdadera discusión nacional pendiente es la de la desigualdad. Y, paradojas de paradojas, es el mismísimo Fondo Monetario Internacional (FMI), el que está planteando esta perspectiva.

San José, domingo 9 de octubre de 2016.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA