“Al perro flaco es al que se le pegan las pulgas”. “Mientras unas se comen la piña, a otros les duele la panza”. “Pagan justos por pecadores”. “Al que no quiere caldo, dos tazas”.
Estos refranes populares son muy apropiados para reflejar la realidad salarial de quienes trabajan asalariadamente para el sector Público, especialmente quienes laboran en ministerios que están bajo el Régimen de Servicio Civil, en entidades adscritas a los mismos y que aplican dicho régimen salarial, en entidades autónomas pero regidas por la Autoridad Presupuestaria; e, incluso, en otros tipo de instituciones públicas que toman como base para sus reajustes salariales semestrales lo que se defina para el Gobierno Central.
El más reciente decretazo salarial del Gobierno con relación al reajuste por costo de vida valedero para el primer semestre del 2016, muestra las líneas del horizonte hacia el cual nos acercamos en materia de remuneraciones para este importante segmento de la clase trabajadora costarricense: congelamiento y rebaja salarial en perspectiva.
Mientras el asalariado paga puntualmente sus impuestos, especialmente los dos fundamentales, venta y renta; el robo de impuestos es de tal magnitud que ya conspira contra su propia estabilidad salarial: no hay aumento salarial, si lo hay es raquítico y miserable y aún sí para una parte, no para todos; y, no es descartable que en el corto plazo, se plantee hasta rebaja salarial.
Los y las profesionales del sector Público no tendrán ni un céntimo más en su salario actual durante todo el primer semestre del 2016. En la escala de puestos de los no profesionales del Servicio Civil, el extremo más bajo, el Trabajador Misceláneo 1, deberá conformarse con un 1 %; y el más alto, Técnico y Profesional 3, con 0.25 %.
El Gobierno argumenta que esta situación se debe a que la cifra inflacionaria oficial con que cerró el año pasado 2015, fue “negativa”, de un -0.87 %. La justa realidad en un escenario redistribuidor de riqueza, de reconocimiento de la pérdida salarial acumulada, y de recuperación y de ampliación de poder de compra del salario, habría establecido que el reajuste fuese del 1.49 %, general, como fue propuesto por la corriente sindical en la cual militamos: las centrales sindicales, el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y la propia ANEP.
Cualquier persona asalariada siente, percibe, constata que una cosa es la cifra oficial del Gobierno en materia de inflación; y otra, muy distinta, la realidad económica del bolsillo de las familias trabajadoras. Por algo somos uno de los países de más alto costo de la vida en América Latina, sino el número uno en ello.
Debemos ser responsables, sumamente responsables planteando lo siguiente: Si no se corrige la profunda gravedad y el estado catastrófico del perverso e injusto actual sistema tributario costarricense, seremos los y las de abajo, la clase trabajadora asalariada, la del sector Público y la del sector Privado, las víctimas de una catástrofe social de insospechadas consecuencias.
Evidentemente, la clase trabajadora del sector Privado, especialmente la que es “torturada”, económicamente hablando, con el nivel actual de los salarios mínimos; así como la que labora en la economía informal, por cuenta propia, “pellejeándola” (como popularmente se dice), es enormemente perjudicada por el deterioro de una importante cantidad de servicios públicos que necesita, los cuales solamente tienen presupuesto para pagar salarios ante el serio problema de finanzas públicas que implica el astronómico robo de impuestos y, por ende, el déficit fiscal.
La máxima tarea sindical del momento no puede ser otra que movernos, organizada y colectivamente contra el fraude fiscal, contra el robo de impuestos, contra la evasión y la elusión tributarias en todas sus formas. De nada valdrá un piquete, una manifestación, una marcha, un paro y una huelga contra el más reciente decretazo salarial, dado que el problema de fondo es el crimen social que nos afecta a todos y que es el robo de impuestos en todas sus dimensiones; robo de impuestos cuya cifra ya ha sido reconocida oficialmente y que desde nuestro lado ya veníamos planteando sin que nadie nos desmintiera: 8.5 puntos porcentajes del Producto Interno Bruto (PIB).
Entonces, es éste el escenario que está abierto ya e, inevitablemente, con lo que parece ser incontenibles perfiles confrontativos.
PRIMERO: La clase trabajadora, especialmente, la asalariada y particularmente, la del sector Público, ¡no roba impuestos! El de ventas lo paga al momento mismo de la compra, en la caja registradora; si tiene salario susceptible de aplicársele el de renta, se rebaja de planilla inexorablemente.
SEGUNDO: La clase trabajadora, en términos generales y en abrumadora mayoría, no tiene sociedades anónimas, las cuales, por la figura jurídica actual que las sustenta, son mecanismo fundamental para el robo de impuestos y la evasión tributaria.
TERCERO: La clase trabajadora, en contundente y absoluto número, no disfruta y no ha recibido exenciones y/o exoneraciones de impuestos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 50 % de las exenciones y de las exoneraciones en Costa Riva, cuyo total equivale a 6 puntos porcentuales de PIB, beneficia al 20 % de la población más rica.
A pesar de que es la clase trabajadora la que no evade y paga puntualmente sus impuestos; a pesar de que no tiene sociedades anónimas para robar impuestos; a pesar de que nunca ha recibido ni exenciones ni exoneraciones, es la que ya está sufriendo y sufrirá más las consecuencias de esta injusta situación tributaria.
Por ello es que empezamos este artículo citando esos cuatro refranes populares que, muy convenientemente, consideramos repetir: “Al perro flaco es al que se le pegan las pulgas”. “Mientras unas se comen la piña, a otros les duele la panza”. “Pagan justos por pecadores”. “Al que no quiere caldo, dos tazas”.
