1-2015-2016-8 de Marzo-día Internacional de La Mujer-folleto
Categoría: Incidencia
Condenamos el asesinato de Berta Cáceres
Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) condenamos el asesinato de Berta Cáceres insigne luchadora social por los derechos de los pueblos oprimidos y a favor de la preservación del planeta.
Exigimos la intervención urgente de organismos internacionales en derechos humanos porque no confiamos en las instituciones del sistema político hondureño.
Reseña de Berta Cáceres (tomado de BBC)
Cáceres era líder de la comunidad indígena lenca y movimientos campesinos, además era defensora de los derechos humanos.
En abril de 2015, esa lucha le valió a Berta Cáceres el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente.
Fue entonces cuando BBC Mundo la entrevistó y publicó el siguiente artículo.
Ni las amenazas de violarla y lincharla. Ni las amenazas de atacar a su madre y secuestrar a sus hijas. Ni el asesinato de sus compañeros.
Nada ha podido detener la lucha de una mujer hondureña.
Una madre de cuatro hijos cuya campaña contra un polémico proyecto hidroeléctrico con financiación internacional le valió esta semana uno de los premios ambientales más prestigiosos globalmente, el premio Goldman.
Berta Cáceres organizó al pueblo lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, en su lucha contra la represa de Agua Zarca. La construcción estaba prevista en el noroeste del país en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia.
La campaña emprendida por Cáceres logró que el constructor más grande de represas a nivel mundial, la compañía de propiedad estatal china Sinohydro, retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico. La Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que invierte en el sector privado, también abandonó la iniciativa.
Pero las amenazas de muerte contra Cáceres no han cesado en el país centroamericano, el más peligroso en todo el mundo para los defensores ambientales, según un informe divulgado esta semana por Global Witness, una ONG con sede en Londres.
Albino Vargas sobre Registro de Accionistas
¿Realmente quién tiene acceso a información tributaria: el Presidente de la UCCAEP ó el Secretario General de la ANEP?
Se está revelando en las últimas horas que el Presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), tiene o tuvo un contrato empresarial para custodiar documentación del Ministerio de Hacienda, como parte de sus negocios.
El líder corporativo debe hablar claro al país dando a conocer todos los detalles de tal contratación.
Esta circunstancia deja en evidencia contundente de que si hubo alguna persona con acceso a información tributaria debió ser el Presidente de la UCCAEP.
Por el contrario, las acusaciones de los opositores al establecimiento del registro de accionistas de que quien sí tenía acceso a ese tipo de informaciones, era el Secretario General de la ANEP, han quedado rotundamente desvirtuadas, constatado de manera contundente su carácter falaz y mostrando una gran debilidad argumental para oponerse a tal registro.
Por otra parte, el Presidente de la República debe decirle al país la naturaleza del acuerdo con el Presidente de la UCCAEP para que se establezca ese registro de accionistas de las sociedades anónimas con “condiciones”.
¿Cuáles condiciones? ¿Que el empresariado privado afiliado a UCCAEP sea el custodio de tal registro de accionistas? ¿Qué sean las empresas de sus líderes, como don Ronald Jiménez Lara, que mediante contrato con el Estado, custodien ese registro?
En todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), este tipo de registros se manejan en el lugar correcto donde deben estar: el sistema tributario nacional del respectivo país. Otra cosa muy distinta son las regulaciones para mantener la confidencialidad de los datos de este tipo de registros.
Sin embargo, ya vemos cómo no necesariamente se protegen tales datos en la actualidad si es una firma privada, vía contrato con el Estado, la cual podría tener acceso a ellos. No es un sindicalista el que podría conocer de esa información. Es la propia empresa del máximo líder actual de la UCCAEP quién tiene que explicarle al país mucho a este respecto.
Postura de la ANEP ante visita del Secretario de la OCDE
Reunión seccional ANEP-INCOFER en Casa Presidencial
Salarios de altos cargos públicos deben ser revisados y regulados
La renuncia de la Intendenta de Pensiones, Marjorie Jiménez Varela, y el escandaloso salario que devengaría de 11 millones 400 mil colones mensuales, le da una nueva dimensión a la discusión sobre tema del Empleo Público y a las remuneraciones de los mismos, especialmente tratándose de los máximos cargos de la alta cúpula política-tecnocrática del Estado, en toda su institucionalidad.
Para Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP es urgente la promulgación de una ley general para regular los salarios al más alto nivel de toda la cúpula “político-tecnocrática y burocrática del Estado”, estableciendo que ningún salario debería estar por encima del que se asigne al máximo cargo público del Estado, que es el de Presidente de la República y que, “además, se llega a él por decisión soberana del pueblo, mediante las elecciones cuatrienales”.
“Particularmente, deben ventilarse, públicamente, la naturaleza actual del régimen salarial en todos los entes del sistema financiero público, de las superintendencias, los bancos del Estado, los organismos reguladores, rectores y contralores”, dijo Vargas.
Para la ANEP los salarios que se pagan en las altas jerarquías de la Superitendencia de Pensiones (Supen), en la Superintendencia de Valores (Sugeval), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), en la Superitendencia de Seguros (Sugese), en la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugese), en la Superitendencia de Telecomunicaciones (Sutel), están completamente ajenos a la realidad salarial media y baja del sector Público; puestos que ya están, prácticamente, con salario congelado.
“Valdría contrastar estas realidades salariales con la que tiene el personal del Ministerio de Salud que combate, en las peores condiciones, el zika, la malaria, el dengue, la chikungunya; la de nuestros policías de todas las fuerzas del Poder Ejecutivo, con un quehacer cada día más peligroso; tan sólo para mencionar dos de los más emblemáticos casos de grupos del empleo público injusta y perversamente atacados como culpables del déficit fiscal”, señaló el Secretario General de la ANEP.
La ANEP hace un llamado público al propio Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera para que reviera su desafortunada declaratoria de impotencia y oriente a su especializado equipo asesor, la redacción de un proyecto de ley para regular y unificar el régimen salarial de todo el empleo público en la alta cúpula política tecnocrática y burocrática del Estado, pero sin dejar ninguna entidad por fuera, aunque implique en algunos casos impulsar alguna reforma constitucional.
Vargas finalizó indicando que también realizan una exhortación vehemente a los diputados y a las diputadas para que paren” la fiesta salarial” en esos altos niveles del aparato estatal. “¡La fiesta salarial del sector Público está en las alturas de tal tipo de entidades y otras de similar naturaleza!”.
Postura de ANEP-Fuerza Pública por desalojos en Chánguina
Ante los hechos presentados sobre el puente del río Térraba en Palmar Norte de Osa, el día martes 16 de febrero del año en curso, en donde la Fuerza Pública interviene en una manifestación de campesinos, que motivó el repudio de algunos diputados y de un sector de la sociedad, la Seccional ANEP-Fuerza Pública expresa lo siguiente:
Los compañeros de la Fuerza Pública realizan dicha intervención en razón de recibir órdenes de sus superiores, por lo tanto, es a estos últimos a quienes se debe censurar y cuestionar por las acciones presentadas en la zona sur.
Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública indicó que fue testigo de referencia, al estar precisamente el día martes 16 en una reunión en la delegación de Pérez Zeledón, y escuchar por las frecuencias de radio, la voz del Subdirector Regional de la Fuerza Pública, ordenando “la intervención inmediata y detención de los considerados líderes del movimiento”, y posteriormente escuchó al Director Regional de Pérez Zeledón, “solicitar todo el recurso móvil disponible porque estaban ante una emergencia”.
“Por esto, debemos dejar constancia que la actuación de los oficiales que intervinieron en la manifestación debe recaer en sus superiores, ya que estos giraron instrucciones, según nuestra consideración, sin aplicar los protocolos establecidos para estos casos, lo anterior conforme a mi preparación y experiencia en la Fuerza Pública en manejo de masas. La actuación de los uniformados se da en razón del principio de obediencia ante las voces de sus superiores”, dijo Anchía.
Anchía indicó que en la seccional ANEP- Fuerza Pública, han recibido diversas quejas y reportes de varios policías destacados en Pérez Zeledón y la Zona Sur indicando su disconformidad con la forma en que sus superiores dirigen la operación policial.
En la seccional ANEP-Fuerza Pública entendemos la necesidad de este grupo de campesinos, por ende hacemos un llamado al Gobierno de la República y las instituciones pertinentes para que busquen una salida pacífica a este conflicto sin necesidad de que se utilice a la Fuerza Pública para repelar a gente humilde y trabajadora.
Tiempos de congelamiento y rebaja salarial
“Al perro flaco es al que se le pegan las pulgas”. “Mientras unas se comen la piña, a otros les duele la panza”. “Pagan justos por pecadores”. “Al que no quiere caldo, dos tazas”.
Estos refranes populares son muy apropiados para reflejar la realidad salarial de quienes trabajan asalariadamente para el sector Público, especialmente quienes laboran en ministerios que están bajo el Régimen de Servicio Civil, en entidades adscritas a los mismos y que aplican dicho régimen salarial, en entidades autónomas pero regidas por la Autoridad Presupuestaria; e, incluso, en otros tipo de instituciones públicas que toman como base para sus reajustes salariales semestrales lo que se defina para el Gobierno Central.
El más reciente decretazo salarial del Gobierno con relación al reajuste por costo de vida valedero para el primer semestre del 2016, muestra las líneas del horizonte hacia el cual nos acercamos en materia de remuneraciones para este importante segmento de la clase trabajadora costarricense: congelamiento y rebaja salarial en perspectiva.
Mientras el asalariado paga puntualmente sus impuestos, especialmente los dos fundamentales, venta y renta; el robo de impuestos es de tal magnitud que ya conspira contra su propia estabilidad salarial: no hay aumento salarial, si lo hay es raquítico y miserable y aún sí para una parte, no para todos; y, no es descartable que en el corto plazo, se plantee hasta rebaja salarial.
Los y las profesionales del sector Público no tendrán ni un céntimo más en su salario actual durante todo el primer semestre del 2016. En la escala de puestos de los no profesionales del Servicio Civil, el extremo más bajo, el Trabajador Misceláneo 1, deberá conformarse con un 1 %; y el más alto, Técnico y Profesional 3, con 0.25 %.
El Gobierno argumenta que esta situación se debe a que la cifra inflacionaria oficial con que cerró el año pasado 2015, fue “negativa”, de un -0.87 %. La justa realidad en un escenario redistribuidor de riqueza, de reconocimiento de la pérdida salarial acumulada, y de recuperación y de ampliación de poder de compra del salario, habría establecido que el reajuste fuese del 1.49 %, general, como fue propuesto por la corriente sindical en la cual militamos: las centrales sindicales, el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y la propia ANEP.
Cualquier persona asalariada siente, percibe, constata que una cosa es la cifra oficial del Gobierno en materia de inflación; y otra, muy distinta, la realidad económica del bolsillo de las familias trabajadoras. Por algo somos uno de los países de más alto costo de la vida en América Latina, sino el número uno en ello.
Debemos ser responsables, sumamente responsables planteando lo siguiente: Si no se corrige la profunda gravedad y el estado catastrófico del perverso e injusto actual sistema tributario costarricense, seremos los y las de abajo, la clase trabajadora asalariada, la del sector Público y la del sector Privado, las víctimas de una catástrofe social de insospechadas consecuencias.
Evidentemente, la clase trabajadora del sector Privado, especialmente la que es “torturada”, económicamente hablando, con el nivel actual de los salarios mínimos; así como la que labora en la economía informal, por cuenta propia, “pellejeándola” (como popularmente se dice), es enormemente perjudicada por el deterioro de una importante cantidad de servicios públicos que necesita, los cuales solamente tienen presupuesto para pagar salarios ante el serio problema de finanzas públicas que implica el astronómico robo de impuestos y, por ende, el déficit fiscal.
La máxima tarea sindical del momento no puede ser otra que movernos, organizada y colectivamente contra el fraude fiscal, contra el robo de impuestos, contra la evasión y la elusión tributarias en todas sus formas. De nada valdrá un piquete, una manifestación, una marcha, un paro y una huelga contra el más reciente decretazo salarial, dado que el problema de fondo es el crimen social que nos afecta a todos y que es el robo de impuestos en todas sus dimensiones; robo de impuestos cuya cifra ya ha sido reconocida oficialmente y que desde nuestro lado ya veníamos planteando sin que nadie nos desmintiera: 8.5 puntos porcentajes del Producto Interno Bruto (PIB).
Entonces, es éste el escenario que está abierto ya e, inevitablemente, con lo que parece ser incontenibles perfiles confrontativos.
PRIMERO: La clase trabajadora, especialmente, la asalariada y particularmente, la del sector Público, ¡no roba impuestos! El de ventas lo paga al momento mismo de la compra, en la caja registradora; si tiene salario susceptible de aplicársele el de renta, se rebaja de planilla inexorablemente.
SEGUNDO: La clase trabajadora, en términos generales y en abrumadora mayoría, no tiene sociedades anónimas, las cuales, por la figura jurídica actual que las sustenta, son mecanismo fundamental para el robo de impuestos y la evasión tributaria.
TERCERO: La clase trabajadora, en contundente y absoluto número, no disfruta y no ha recibido exenciones y/o exoneraciones de impuestos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 50 % de las exenciones y de las exoneraciones en Costa Riva, cuyo total equivale a 6 puntos porcentuales de PIB, beneficia al 20 % de la población más rica.
A pesar de que es la clase trabajadora la que no evade y paga puntualmente sus impuestos; a pesar de que no tiene sociedades anónimas para robar impuestos; a pesar de que nunca ha recibido ni exenciones ni exoneraciones, es la que ya está sufriendo y sufrirá más las consecuencias de esta injusta situación tributaria.
Por ello es que empezamos este artículo citando esos cuatro refranes populares que, muy convenientemente, consideramos repetir: “Al perro flaco es al que se le pegan las pulgas”. “Mientras unas se comen la piña, a otros les duele la panza”. “Pagan justos por pecadores”. “Al que no quiere caldo, dos tazas”.
ANEP condena declaraciones del embajador de los Estados Unidos de América
Desde la ANEP condenamos las manifestaciones de corte imperial que formula el embajador de los Estados Unidos de América en nuestro país, Sttanford Fitzgerald Haney, en contra de las políticas nacionales de soberanía alimentaria para proteger lo poco que nos queda de agricultura nacional.
Según Fitzgerald, en declaraciones brindadas a un medio de comunicación nacional, las políticas agrícolas del actual Gobierno están tensando las relaciones entre su país y Costa Rica, a la vez que criticó al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Según dijo “esa instancia se manejado bajo criterios políticos y no científicos cuando ha tenido la importación de productos agropecuarios provenientes de Estados Unidos y otros países”
Para Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, es bueno recordar que un país como Estados Unidos destina millones de dólares de fondos públicos para proteger a sus propios agricultores, ejecutando un alto proteccionismo en su política agrícola, lo cual se resiste a cambiar en procesos multilaterales de negociaciones como los de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
“En tal sentido en ANEP creemos que el personal del Servicio Fitosanitario del Estado, adscrito al MAG, merece el apoyo de todas las organizaciones de productores agrícolas del país”, dijo Vargas.
El Secretario General de la ANEP, indicó que como suele suceder la política de los Estados Unidos siempre se ha caracterizado por una doble moral: “hagan lo que ordeno y no lo que yo hago”.
