El libro “Los Secretos de un acuerdo. Monseñor Sanabria y Manuel Mora, junio 1943” tiene un costo de 9 mil colones y puede adquirirse en las librerías de la UNED en todo el país.
Categoría: Incidencia
Crhoy miente infame y descaradamente. ANEP y Patria Justa aclaran…
San José, viernes 9 de octubre de 2015.
Honorable señor periodista don Carlos Mora
crhoy.com
Presente
Estimado señor:
Con todo respeto debo expresarle mi más enérgica condena por la grosera manipulación que usted hizo de mi buena fe, cuando me solicitó declaraciones acerca del movimiento de huelga que el Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA está convocando a partir de las 6 horas del día lunes 26 de octubre próximo; específicamente cuando le comenté acerca de la actividad prevista por la ANEP para el sábado 17 venidero, con delegados sindicales policiales.
Empezamos. Titula usted: “Sindicato persuadirá policías para huelga del 26 de octubre”; con el antetítulo: “PATRIA JUSTA INVITARÁ A LA FUERZA PÚBLICA AL MOVIMIENTO Y LES PEDIRÁ QUE NO SE ENFRENTEN A HUELGUISTA”. ¡Así, sin asco y todo en mayúsculas!
Su grosería manipuladora empieza con el empleo de la palabra “persuadirá”, jamás utlizada por mi persona y entrecomillada; pero sí se nota su subjetividad en la noticia cuando sí entrecomilla el vocablo correcto que yo empleé: sensibilización; usted lo descalifica cuando puso “sensibilizarlos”, así, entrecomillado.
Ahora bien, su perversa intencionalidad en la nota que elaboró queda deliberadamente expuesta cuando usted, luego de los ya malintencionados pretitular y titular, genera la siguiente frase que es completamente falsa, mentirosa y peligrosa, de su propia producción totalmente subjetivizada y cargada, subliminalmente, de antisindicalismo. Escribió usted “El conglomerado sindical Patria Justa persuadirá a la Fuerza Pública del país para que se sumen a la huelga general del próximo 26 de octubre” (subrayado nuestro).
En verdad, usted ha mentido descaradamente, perjudicando seriamente la seriedad con que pretendemos manejar todo este proceso de lucha social previsto para el día 26.
Si bien es cierto comprendemos que en esto del empleo público el medio de comunicación para el cual usted trabajo, crhoy, está matriculado política e ideológicamente, en congruencia directa con la pertenencia de clase de su propietario, que según se nos ha indicado es el señor Leonel Baruch Goldberg (personaje ligado a los sectores del capital financiero-bancario costarricense); no se vale, no es ético, no es justo, mentir tan descaradamente como usted lo hace, señor periodista don Carlos Mora.
Su mentira es tan infame que al escuchar mis grabaciones incluidas en la nota de su elaboración, no hay una sola palabra que indique que estamos llamando a huelga a la Fuerza Pública. ¡Qué barbaridad!
La grabación y el sentido de mis declaraciones indicaban aprovechar la reunión de representantes policiales de diferentes cuerpos prevista para ese sábado 17, para abordar cuestiones en torno a la inseguridad jurídica de su quehacer actual; precisamente para explicarles el ABC de las razones de la huelga del día 26; para explicarles cómo se ha venido desarrollando la campaña de cierta prensa en contra del Empleo Público y las matrices mediáticas de la misma.
Y, sumamente importante, para decirles que el movimiento será totalmente pacífico y que no se enfrenten a huelguistas porque no será necesario, reitero, precisamente porque es un movimiento pacífico. ¡Jamás para llamarles a la huelga como policías!
La grosera manipulación que usted hizo de mis declaraciones, señor periodista Carlos Mora, cuando inventó maliciosamente al indicar de manera mentirosa de que “El conglomerado sindical Patria Justa persuadirá a la Fuerza Pública del país para que se sumen a la huelga general del próximo 26 de octubre”; precisamente nos da la razón de la necesidad de explicar la perversidad de ciertas matrices mediáticas, como las de crhoy, en contra del Empleo Público, en contra de los sindicatos, en contra de los representantes sindicales, en contra de la clase trabajadora asalariada del Estado.
No abrigo ninguna esperanza de que usted y el medio para el cual trabaja, tengan la mínima decencia en rectificar y ofrecernos una disculpa; y, además publicar el texto de mi enérgica protesta por tal perversidad periodística.
Afortunadamente, existen las redes sociales para desenmascararles; y, a la vez, acudir a la vía judicial para que se publique esta comunicación nuestra a usted, invocando el derecho de rectificación y respuesta.
Somos respetuosos del Estado de Derecho, funcionamos al amparo del mismo. La huelga que estamos convocando para el lunes 26, tiene sólidas bases jurídico-legales y constitucionales que usted ni imagina.
Practicamos un sindicalismo responsable y jamás se nos ocurriría la imprudencia, la irresponsabilidad y la estupidez suicida de dejar al país sin seguridad ciudadana convocando al digno cuerpo de servidores de la misma a huelga alguna.
Evidentemente, la confrontación social y la polarización candente que está actualmente en desarrollo en nuestra sociedad, está llegando a niveles realmente alarmantes y a ejercicios periodísticos como el que se expresa en su nota, señor Carlos Mora, altamente estimulantes de generación de odio entre costarricenses.
¡No se vale jugar sucio en algo tan delicado! Hay límites éticos que no deberían ser traspasados. Si esta contundente respuesta nuestra implica que su medio nos “bloqueará” de ahora en adelante con nuestras comunicaciones de prensa, por decirles esta verdad, a lo mejor es realmente beneficioso para nuestra causa.
Se lo he escrito con respeto, téngalo claro. Pero no sabe usted cuánta indignación anida en mí por esta afrenta a la verdad que usted y su medio han ejecutado en contra de nuestro limpio quehacer sindical, mismo que nos permite la Democracia; esa misma Democracia que les permite a ustedes decir semejantes barbaridades, quedando nosotros y la causa que defendemos en total estado de indefensión.
Costa Rica completamente inundada de dinero ilícito
El portal web CentralAmericaData.COM (www.centralamericadata.com), diseñado, desarrollado, operado técnica y editorialmente por un equipo de profesionales especialistas en administración de empresas, economía y finanzas, y tecnologías de la información, con más de 20 años de experiencia; está publicando los datos sobre los movimientos de dinero sucio en la región centroamericana, destacando de nuestra parte y para efectos de este comunicado, los espeluznantes datos referidos a Costa Rica.
CentralAmericaData.COM está dedicado a proveer información diaria y bilingüe sobre negocios, economía y finanzas de Centroamérica, utilizando tecnología y conceptos de nivel mundial en gestión de información y comunicación digital.
A su vez, CentralAmericaData.COM, se basa en el informe “Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003-2012”, emitido por Global Financial Integrity (www.fintegrity.org/about/). Puede dirigirse, en específico a:
“http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2014/12/Illicit-Financial-Flows-from-Developing-Countries-2003-2012.pdf(Ilicit Fiancial Flows 2003-2012)”:
http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2014/12/Illicit-Financial-Flows-from-Developing-Countries-2003-2012.pdf
“En vez de darse puñetazos”, los señores diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica deberían darle prioridad absoluta, con el más grande desprendimiento político jamás necesitado, para analizar toda la problemática que arrojan los siguientes datos; mismos que ya se habrá notado no son de fuente sindical y, por tanto, “libres de toda sospecha”. Es información altamente especializada, con sólida credibilidad y fuente de toda confianza para los capitales de la región.
La información que estamos compartiendo, surge a partir del proceso de tramitación parlamentaria del proyecto “Ley de Extensión de Dominio”, Expediente Legislativo No. 19.571, promovido por el legislador Antonio Álvarez Desanti.
Para CentralAmericaData.COM, en su editorial del martes 31 de marzo de 2015, “lo más grave de esta situación es que, lejos de disminuir, el movimiento de dinero ilegal sigue creciendo con gran velocidad en la región”.
¡Así es! Con base en el estudio en comentario y si en el período analizado, en Costa Rica, ¡cada hora!, se mueven casi 600 millones de colones de dinero sucio; ¡por Dios Santo!, ¿cuáles son los datos a partir del 2014?…
La profundidad, la gravedad y las imprevisibles consecuencias de toda esta espeluznante información, hace que el tan llevado y traído tema del déficit fiscal sea “peccata minuta”.
A la vez, ocurre lo mismo con la infame y perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en desarrollo en torno al tema del Empleo Público. Ésta queda completamente desnudada con relación a lo que verdaderamente debería plantearse ante el país; y, que, por el contrario, podría presuponer una opacidad mediática cómplice con los poderosos sectores del capital bancario por cuyos circuitos financieros esta plata, “¡toda la plata del mundo!, está pasando por Costa Rica: 19 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), promedio anual de la década analizada por el informe “Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003-2012”.
El país y todos sus sectores deberíamos estar ya trabajando en una gran unidad y diseñando, vías acuerdos, las grandes líneas de combate a este gigantesco, sideral, astronómico flujo de dinero ilícito en Costa Rica.
Hace tiempo desde esta organización hemos venido planteando la necesidad de imponer en nuestro país la “Tasa Tobin”, un impuesto a las transacciones financiero-bancarias cotidianas que se ejecutan desde el sistema financiero nacional.
Con semejantes cantidades en juego transitando por el país, gran parte de las cuales lo hace vía el sistema financiero nacional, de una u otra forma; probablemente “otro gallo nos cantaría” en eso del déficit fiscal.
En tal sentido, es menester declararlo contundentemente: ¡el Empleo Público no es el problema!
Acá la nota del semanario Universidad Costa Rica entre los mayores paraísos de capitales ilícitos
Impulsar un referéndum para subir el salario mínimo en el sector privado
En el seno del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa debatiremos, próximamente, la iniciativa para impulsar un referéndum tendiente a que la actual Asamblea Legislativa disponga, al respecto del Salario Mínimo en el sector privado de la economía, someter a discusión y a eventual aprobación, el expediente legislativo No. 19.312; el cual tiene un nombre oficial técnico-parlamentario muy largo que, exactamente dice así:
“Ley del Salario Mínimo Vital Reforma de los artículos 177 del Código de Trabajo, Ley No. 2, de 27 de agosto de 1943, del Artículo 16 y Creación del Artículo 16 BIS de la Ley de Salarios Mínimos y Creación del Consejo Nacional de Salarios, Ley No. 832, de 4 de noviembre de 1949”.
Patria Justa y otras entidades socio-sindicales con interés en el tema, tienen la suficiente estructura organizativa para recolectar las 160 mil firmas de ciudadanos y de ciudadanas que se requieren para realizar este referéndum.
Patria Justa, por ejemplo, pondría en el proceso de recolección de firmas a la gran cantidad de dirigentes sindicales que integran cada una de sus organizaciones, facilitando la recolección de firmas en los centros de trabajo del sector Público (antes de entrar y luego de salir de las labores cotidianas); en las comunidades donde viven los mismos y sus familias y que comparten espacios residenciales con personas trabajadoras en el sector privado; en las ferias del agricultor y en los parques a la salida de misa.
Citamos ello solamente para dar idea de que sí podemos desplegar una capacidad recolectara de firmas en tiempo record, una vez que sea tesis oficial de nuestra lucha actual.
Esta iniciativa de un referéndum para cambiar el actual sistema de salarios mínimos vigentes en el sector privado de la economía y, por tanto, establecer la “Ley del Salario Mínimo Vital”, no tendría problemas de legalidad, en el tanto y de acuerdo con la ley del referéndum, no estamos consultando al pueblo temas fiscales-presupuestarios, mismos que como bien sabemos, tienen impedimento jurídico-legal para ser sometidos a referéndum.
La iniciativa para impulsar la “Ley del Salario Mínimo Vital” forma parte de los acuerdos del proceso “Una agenda patriótica para el bien común” (punto 3.4), suscritos entre el Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA y con los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (PFA); acuerdos firmados ante todo el país, de manera transparente, el pasado 26 de junio en el Teatro Popular Melico Salazar.
Este punto 3.4 de los indicados acuerdos, concretamente indica: “3.4. Impulsar iniciativas orientadas a lograr un incremento del salario mínimo de las y los trabajadores del sector privado más próximo a las necesidades básicas de consumo vital, tal como lo propone el proyecto con expediente No. 19.312”.
La iniciativa que estamos anunciando es de exclusiva responsabilidad del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA y no está contemplando ningún involucramiento de ambos partidos, a los cuales sí se les informará de la misma.
La lucha por los salarios, por los salarios decentes, en contra de la precarización de los mismos y contra la reversión de aquellos sistemas salariales que no están sufriendo la explotación actual por la concepción prevaleciente en materia de salarios mínimos en el sector Privado, es una función de naturaleza sindical, esencialmente.
Empresariado autobusero en “carrera loca” de acumulación por enormes márgenes de utilidad a su favor
Gran impacto nos ha generado en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la nota de prensa que aparece hoy en el prestigioso periódico La República, titulada “Tarifa de buses incrementó, mientras precio de petróleo cayó” (páginas 10 y 11 – Nacionales); causándonos enorme indignación; especialmente porque es desde esta organización sindical que hace tiempo venimos denunciando el total estado de indefensión de las personas trabajadoras usuarias del transporte público modalidad autobús, las cuales son vulneradas todos los días y a todas horas.
¡Nos quedamos cortos en nuestra reiterada queja, reclamo, denuncia! Consternación es la palabra más adecuada al comprobarse, según el reportaje, de que al final del presente año 2015, cada pasajero de autobús le habrá “regalado” a cada empresario autobusero 17 mil colones; para un gran total que se “embolsará” dicho gremio corporativo de ¡26 mil millones de colones!
Con la precariedad de los salarios y su creciente deterioro en cuanto a poder adquisitivo, especialmente en materia de salarios mínimos; es completamente incomprensible cómo la ARESEP “ha estado mirando para otro lado”, con la reducción de un 8 % en los costos de operación del empresariado autobusero; sobre todo (y como lo indica el mencionado reportaje), que este poderoso gremio de gran influencia política, ha sido beneficiado con una reducción de un tercio del precio local del diesel y del aceite que, en conjunto, constituyen un 25 % de los gastos de operación.
…Y mejor no hablemos de lo que con toda esta situación podría estar ocurriendo con las responsabilidades tributario-fiscales de este empresariado autobusero; y de la naturaleza de la justicia social y salarial para su personal, especialmente los choferes conductores de los buses.
La fuerte caída en el precio internacional del petróleo ha servido para engordar, abusivamente, el bolsillo del empresariado autobusero en contra del bolsillo del pasajero. ARESEP ha sido “cómplice” de ello.
Con la mayor vehemencia hay que denunciar, nuevamente, el perverso carácter pro-empresarial de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), y su proclividad en contra de las personas usuarias de los servicios públicos; especialmente en contra del mayor segmento de la ciudadanía costarricense que es la clase trabajadora, tanto la del empleo formal como la del informal. El caso de las tarifas de autobús es paradigmático al respecto.
Por cierto que, recientemente, reafirmando su sesgo antipopular, la ARESEP acaba de sentar las bases de un gran conflicto social en desarrollo, como lo es la tropelía cometida para desconocer obligaciones derivadas del sistema de relaciones obrero-patronales en varias empresas públicas que tienen en sus costos de operación, obligaciones financieros derivadas de negociaciones colectivas totalmente constitucionales y legales.
La confrontación social por venir es una provocación de la ARESEP y; ahora, tal confrontación social será potenciada por la fuerte denuncia que haremos de lo que está sucediendo con esta barbaridad de una ARESEP sin control alguno, volcada totalmente a favor del empresariado autobusero.
¡Clamamos al cielo por el cierre de la ARESEP! Los multimillonarios salarios de su cúpula, empezando por el de más de 7 millones de colones mensuales de su máximo jerarca, ofenden profundamente a cada persona usuaria de los servicios de autobús que, como se indica, le dará a cada empresario 17 mil colones “regalados” de un sobreprecio en la tarifa que la ARESEP, de manera cruel, se ha hecho cómplice.
El informe del Gobierno, el salario único, el diálogo y la negociación
De manera reiterada hemos venido planteando que en materia de Empleo Público, pese a nuestros insistentes llamados al Diálogo Social, es la confrontación social abierta lo que se está imponiendo, lamentablemente.
En tal sentido, resulta interesante considerar y no descartar a priori, más bien verlo de manera positiva, el planteamiento de la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Olga Marta Sánchez Oviedo, de que una comisión mixta parlamentaria, aborde el explosivo y complejo tema del Empleo Público en el seno de la Asamblea Legislativa; comisión que integraría a las calificaciones autorizadas representaciones empresariales y sindicales, junto a las carteras ministeriales de Presidencia, Hacienda, Trabajo y Planificación.
No obstante, tal llamado al diálogo que formula la ministra de Mideplan presenta varias dificultades:
¿Quién manda a nivel de Gobierno en materia de Empleo Público? La arbitraria decisión patronal adoptada, unilateral y arbitrariamente, por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), de imponer el salario único, desconociendo los acuerdos de Diálogo Social que tenía firmados con el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del ICE (FIT-ICE); deja muy mal parado al propio señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera y a la ya mencionada jerarca de Mideplan, por no decir a todo el Gobierno.
Si como ya se está demostrando, el Salario Único representa (empleando con respeto una sabia expresión popular que dice que “sale más caro el caldo que los huevos”), una erogación fiscal multimillonaria más fuerte de la que se pretende “economizar” por eso del déficit fiscal; resulta inexplicable la posición del ICE al respecto y le resta credibilidad a la prédica gubernamental expresada en la materia por boca de la señora ministra de Mideplan, durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa, el día de ayer, martes 22 de setiembre de 2015.
Por otra parte, el rechazo al planteamiento de la mencionada jerarca, por parte de las diputaciones abanderadas de la cruzada fundamentalista en el tema del déficit fiscal; partidarias de los recortes presupuestarios irracionales, irreflexivos e irresponsables; y, contrarias a toda norma legal para darle vuelta al injusto sistema tributario costarricense altamente regresivo; indican que hay finalidades ideológicas profundas de concepción-país, pues siguen con su equivocada y manipuladora tesis de que son los salarios de los empleados públicos los responsables del déficit fiscal.
En tal sentido, es totalmente imposible desligar el tema del Empleo Público, de los salarios y de los pluses salariales; de lo que ha venido sucediendo con:
PRIMERO: Los casi 6 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), en materia de exenciones y de exoneraciones.
SEGUNDO: Los prácticamente 8 puntos PIB en materia de evasión y de elusión fiscales-tributarias en todas sus manifestaciones, legales o ilegales.
TERCERO: Del porqué tendremos que erogar, prácticamente 3 puntos PIB y únicamente en el 2016, en pago de intereses (no del principal), de la deuda del país.
CUARTO: De la ausencia de responsabilidad en el asunto del déficit de las empresas públicas que no funcionan a partir de transferencias desde el Gobierno Central, pues no reciben ni un centavo por ello, dado que tienen sus propios recursos; y, por el contrario, transfieren fondos a aquel.
QUINTO: De la abusiva conducta, ilegal e inconstitucional, de entes reguladores como la SUTEL y como la ARESEP, en franca y abierta cruzada para pulverizar la estabilidad financiera de esas empresas públicas, atentando contra su estabilidad sociolaboral, generando una provocación a la confrontación social abierta que ya está en desarrollo.
SEXTO: Del papel del sector Público en la economía; las repercusiones de la masa salarial de su funcionariado en el circuito financiero de la misma; de la sobrevivencia de una enorme cantidad de micro, de pequeñas y de medianas empresas que se mantienen al amparo del salario devengado por el personal estatal; y, por las ventas de bienes y servicios al Estado, como proveedores del mismo.
Nuevamente, ante la continuación del clima de odio ya, lamentablemente, posicionado en este explosivo asunto del Empleo Público; la necesidad del Diálogo Social es más que evidente.Ojalá “nos alcance el tiempo”.
Empleados públicos no son culpables de la crisis fiscal
Ante la actual campaña pública de ataque a las condiciones laborales de los empleados públicos, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajud) salió a dar su posición asegurando que la crisis fiscal no tiene ninguna relación con los salarios, anualidades y demás garantías sociales de los servidores públicos.
Para Sitrajud, el carácter claramente ideológico de dicha campaña utiliza como parámetro para hablar de “privilegios” la comparación entre las condiciones laborales del sector privado y el sector público y de esa manera invisibilizar que aquellas primeras retratan la debilidad, desigualdad y atropello de los derechos laborales que el sector trabajador privado tiene frente a los patronos.
Según Sitrajud, diputados, políticos y hasta sectores del Gobierno sugieren que la desigualdad existente en el país se debe a los salarios de los empleados públicos, cuando lo real es que los altos salarios de los mandos empresariales junto con las ganancias de los empresarios tienen un mayor peso en el incremento de esa desigualdad, según se ha concluido en estudios realizados.
Para este sindicato se establece una relación de equivalencia entre las condiciones laborales del sector público y los problemas financieros y económicos del país y se oculta el hecho de que no existe ningún estudio que demuestre que el desequilibrio fiscal del Estado obedece a la satisfacción del pago de salarios y garantías laborales de los empleados públicos.
Sitrajud es del criterio que en la polémica se ha cercenado la profundidad y seriedad con que debería ser tratado el tema de la existencia y preservación de las garantías laborales, al tiempo que pretende envolver la crítica interesada con un halo de imparcialidad y asepsia políticas, al recurrir al uso de mecanismos propagandísticos, publicitarios y periodísticos de presentación de la información.
Por esas razones pensamos que cualquier decisión que pretenda tomarse de manera seria y democrática para enfrentar el deterioro fiscal y dar respuesta a los retos que la actual crisis global plantea tiene que pasar por el desenmascaramiento de los grandes evasores, la convocatoria a un gran pacto nacional en el que los sectores económicamente poderosos acepten la cuota de sacrificio que les corresponde y el cese del papel de “poder paralelo” que la prensa nacional viene jugando en este país, concluyó Ingrid Bermúdez, secretaria general de Sitrajud.
¿Y que hacemos con los salarios de los más altos cargos político-gerenciales del Estado?
Este martes 15 de setiembre de 2015, da cuenta el Diario Extra, en nota firmada por la periodista María Siu Lanzas (página 8), de que el nuevo gerente del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Juan Carlos Corrales Salas, asumió tan alto cargo público con una “rebaja” de 10 millones de colones de salario mensual, quedándole en tan solo ¡13 millones 500 mil colones!
Según explicó el nuevo jerarca que si hubiese sido necesario “conservar” el salario calculado para tal puesto antes de que él lo asumiera, la suma original a recibir sería de ¡23 millones de colones mensuales!
Como se recordará, hace unos meses hubo gran polémica pública pues Fernando Naranjo Villalobos, el anterior jerarca en este puesto del BNCR, devengaba un salario mensual cercano a los 20 millones de colones; situación ésta que no solamente escandalizó a la ciudadanía sino que generó gran indignación.
En ANEP no compartimos el significado del “desprendimiento” que hace el nuevo jerarca gerencial de renunciar a ese salario de 23 millones de colones, para solamente seguir percibiendo 13 y medio millones.
Un salario de 13 y medio millones de colones no tiene la menor comparación con la mayoría abrumadora de los niveles salariales de la Administración Pública, bajo ninguna circunstancia; ni siquiera en los casos recientemente expuestos a la opinión pública nacional, bajo un gran escarnio mediático.
Estos “salariazos” que se están devengando en los máximos puestos de la alta jerarquía política y la no menos alta gerencia tecnocrática del Estado, debería indicar que el camino correcto, en la supuesta línea de ordenar todo el desorden salarial en la administración pública costarricense; es, precisamente, empezar a regularlos.
Si de lo que se trata es de lograr credibilidad en la sociedad de que en la generalidad del empleo público hay“excesos”, “prebendas”, “gollerías” y “beneficios”; nos preguntamos: ¿por qué es que los abanderados de la cruzada satanizadora contra el Empleo Público, no han propuesto, por ejemplo, una ley general de regulación salarial para los puestos más altos de la estructura político-gerencial del Estado?
Tal legislación debería cubrir cargos presidenciales, ministeriales y viceministeriales; presidencias ejecutivas, gerencias y subgerencias; diputaciones, alcaldías, magistraturas, entidades reguladoras y otros de similar naturaleza.
Este es un reto que en el orden del empleo público, los detractores del mismo no lo quieren asumir. ¿Por qué? He aquí tremenda interrogante…
¡No “atornillen” más a la clase trabajadora asalariada!
En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estamos totalmente en contra de la desafortunada e inoportuna pretensión del Gobierno para reducir el monto salarial exento de tributar renta, actualmente colocado en la cantidad de 793 mil colones.
Esta situación contrasta, radicalmente, con la no menos deplorable decisión gubernativa de ceder a las presiones del gran corporativismo empresarial (mediando su respectiva representación parlamentaria), renunciando a que el fraude fiscal y la evasión tributaria tengan en sede administrativa una fuerte posibilidad de combate.
Los sectores medios de la clase trabajadora que tienen salarios relativamente decentes, sufren de severos endeudamientos y por lo general no tienen acceso a políticas públicas directas que compensen la pérdida del poder adquisitivo que las restricciones de política salarial de los últimos años han impuesto.
Por otra parte, sigue siendo tema de desconfianza, recelo y duda la caída del índice inflacionario según el discurso oficial. Es cuestión de contrastar el mismo con la realidad del bolsillo de la persona trabajadora asalariada y comprobar que no se siente en la cotidianeidad del diario vivir, tal disminución en el indicador principal que mide el costo de la vida.
Se dice que baja la inflación (“deflación”), pero muchas mercancías y muchos servicios no muestran significativas rebajas de precios. Para muestra un botón: la escandalosa situación de las tarifas de autobús que no muestran ni la reducción ni de un centavo. Como sabemos, se han hecho de la “vista gorda” en la Aresep en cuanto a la reducción del precio internacional del petróleo.
De manera vehemente, exhortamos al Gobierno y, en particular al Ministerio de Hacienda, para que desistan de ampliar la carga tributaria que pesa sobre el salario. Imponer un aumento de la misma es potenciar la llegada de más familias a las cercanías de la vulnerabilidad de pobreza y, seguir reforzando la injusta y perversa senda de la regresividad tributaria.
Vamos a analizar la posibilidad de un debate en sede constitucional acerca de la propiedad jurídica legítima para gravar el salario, considerando que éste es pago por fuerza de trabajo desplegada y no producto de una actividad lucrativa de lógica mercantil.
Comunicado de Prensa de Patria Justa
Durante toda la mañana de este día, jueves 10 de setiembre de 2015, los máximos representantes directivos de las organizaciones conformantes de PATRIA JUSTA, hemos analizado la situación de gran conocimiento público generada en las últimas horas y derivadas de las declaraciones emitidas por el compañero Fabio Chaves Castro, Subcoordinador de este agrupamiento sindical y Coordinador General del FIT-ICE, durante la conferencia de prensa en la sede de la ANEP, el pasado martes 8 de setiembre. Por tanto, declaramos:
PRIMERO: Daremos a las y a los representantes de los diferentes medios de comunicación el trato cordial y respetuoso que siempre les hemos brindado, para la cobertura informativa de nuestras actividades en sus diferentes expresiones y circunstancias.
SEGUNDO: Total respeto de nuestra parte a la Libertad de Expresión en el ejercicio de la actividad mediático-informativa, sin importar el posicionamiento político-ideológico del enfoque informativo.
TERCERO: Las declaraciones de nuestro compañero de causa, Fabio Chaves Castro, tienen su origen en el contexto de la actividad sindical cotidiana en el seno de las colectividades laborales en que nos desenvolvemos; producto del tratamiento informativo sobre los temas de Empleo Público que se han venido publicando en parte de la prensa nacional en los últimos meses; enfoque que ha calado hondo en las conciencias y en las mentes de miles de personas trabajadoras asalariadas del Sector Público, producto de que sus derechos laborales logrados al amparo de ley, son mostrados distorsionadamente, como se si tratase de acciones delictivas.
CUARTO: Discrepamos de que tales declaraciones sean una “amenaza a la prensa”, ni implícita ni explícitamente. Para entendernos mejor, el contexto de tales declaraciones puede ser referenciado, a modo de ejemplo, por peticiones de grupos laborales para no usar más su uniforme de trabajo cuando están en la calle; por conflictos interpersonales de agresividad en la ventanilla de trámite; por las agresiones verbales y griterías de automovilistas que transitan frente al local de nuestras organizaciones, por ejemplo. En tal sentido, queremos que haya más equidad, más justicia informativa y más espacio igualitario en torno a las tesis confrontadas. Sabemos que este postulado ético y sagrado del periodismo alcanza tanto para el entrevistador como para el entrevistado y, hasta el momento, en la prensa que ha venido discrepando de nuestras posiciones, no hemos sentido, en realidad, este tipo de tratamiento. En tal sentido respaldamos a nuestro colega de lucha, Fabio Chaves Castro, connotado líder social de larga trayectoria y representante directo de más de 10 mil conciencias laborales del ámbito institucional por él representado.
QUINTO: De manera pública y respetuosa, invitamos a los directores y a las directoras de los medios de prensa a una sesión-almuerzo en próximas horas. Les reiteramos nuestra posición de pleno respeto al trabajo de los y de las periodistas y de los medios. Como costarricenses que pensamos distinto y, específicamente, sobre el enfoque polarizante del empleo público, pensamos que podemos sentarnos alrededor de una mesa, viéndonos a los ojos, hablando con transparencia y con total respeto a la discrepancia sobre todas estas situaciones. Se les contará con este fin.
SEXTO: Ratificamos, nuevamente, nuestro llamado al diálogo nacional sobre esta circunstancia del Empleo Público y temas asociados. A la vez, continuamos con nuestros preparativos para la concreción de un llamado a la Huelga Nacional, esperando para próximas horas reuniones inter-sindicales según planteamientos de unidad en la acción que hemos formulado recientemente.
San José, jueves 10 de setiembre de 2015.
Firman las agrupaciones integrantes del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa
ANEP
FIT-ICE
SINAE
SITRAPEQUIA
UPINS
SINTRAJAP
SITRAP
SIPROCNP
