Categoría: Incidencia

Walter Coto “Los ticos tendrán pensión con solo comprar”

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Imagine que usted entra a una tienda, compra unos zapatos y del 13% que le cobran en ese artículo por impuesto de ventas, un 3% se destinará a un fondo para su pensión. Esa es la propuesta del exdiputado Walter Coto, que en palabras sencillas busca que a todo tico se le garantice una jubilación financiándola con su propio consumo.

Coto impulsa esta iniciativa mientras el Gobierno busca la transformación de dicho impuesto en el de Valor Agregado (IVA), con un incremento al 15%.

Para el exlegislador, ligar el pago a un beneficio como la pensión facilitaría la polémica aprobación de la reforma.

¿De cuánto sería la pensión? ¿Cómo ayudaría a incrementar la recaudación y hasta mejorar el faltante de plata del país? En adelante Coto explica estas y demás interrogantes sobre la iniciativa, la cual cuenta con el aval del sector sindical, por lo que lo hace acompañado del secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas.

*¿Cómo surge este proyecto de ley? *

– Siendo del campo, muy preocupado de ver la situación de la gente que nunca ha cotizado, llegué a darme cuenta de que el 42% de adultos mayores en Costa Rica no tiene pensión, ni puede tener porque si revisa los sistemas actuales están sustentados en tres cosas: si usted está en planilla, si cotiza; si tiene plata va y hace un ahorro; y si es muy pobre podría ir a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a solicitar el régimen no contributivo, pero este le llega solo al 35% de la población meta. El resto de gente posee la economía informal, no tiene plata y está en planilla; ellos nunca tendrán pensión. La pobreza en Costa Rica tiene varios nichos, uno de ellos son los adultos mayores, ahí es donde nace la idea: cómo hacer que en Costa Rica toda esta gente tenga pensión y la segunda pregunta era cómo financiarlo.

*¿Es posible financiarlo con este impuesto, cuando el Gobierno más bien busca aumentarlo para tener más dinero? *

– Si uno les decía a los trabajadores y a los patronos que pusieran más plata eso era prácticamente inviable, pues las cargas sociales ya son suficientemente altas; si uno dice voy a coger plata del Presupuesto de la República, tampoco. La genialidad de idea, presentada en TEDEX, es de las más innovadoras en los últimos 40 años. Cuando un costarricense va a comprar, salvo que el articulo esté exento tiene que pagar el 13% del impuesto de ventas, lo que propongo es que cada tico cuando adquiere y cancela ese impuesto, un 3% se le deposite en una cuenta individual en el sistema financiero; ese 3% va a estar distribuido el primer año en 1%, el segundo en un 2% y a partir de tres años en el 3%. Cuando usted sabe que ese porcentaje va a su cuenta, usted se convierte en inspector del Ministerio de Hacienda y va a fiscalizar que ese comerciante pague el tributo que corresponde a esa cartera. Esa plata depositada en su cuenta va a permitir que de sus 65 años en adelante usted pueda recibir una pensión digna; adicional a la que tenga.

*¿Cuáles serían las ventajas para el país de hacerlo de esta forma? *

– Este proyecto tiene las siguientes ventajas: convertiría a Costa Rica en el primer país en el que un niño desde antes de nacer sabe que cuando tenga 65 años va a tener al menos una pensión; toda la población va a estar vigilante de que se pague el impuesto de ventas como corresponde y eso significaría una reducción de la evasión, que en estos momentos es de un 32% promedio en ventas, que significa 736 millones de dólares, más de 400 mil millones de colones, dos veces la carretera San José-San Ramón. Implica además que se va formando cultura tributaria, si yo estoy recibiendo una suma concreta cada vez que voy a pagar un impuesto y mis hijos van a estar viendo eso, que van a tener la oportunidad cada vez que compran, cuando ya tengan 12 años están identificados con el registro, la población va a decir que contribuir es una buena acción. Tiene además un elemento de contribución de la riqueza importante, como el consumo suyo no es igual al de otro, la propuesta dice que por encima de 25 salarios base el exceso el 70% se distribuye entre los consumos más pobres y el 30% se sigue incrementando en su cuenta. Si usted es un consumidor que tiene mucha plata y compró 10 millones de colones durante el año, y sobrepasó los 25 salarios base, el 70% se distribuye entre los consumos más bajos.

¿Qué pasa con el aporte de las empresas y la compra de turistas?

– Como en Costa Rica vienen en promedio 2 millones 300 mil turistas al año y estos tienen que pagar el impuesto de ventas, el 3% íntegro va para los consumos más pobres. Como las empresas también tienen que pagar el tributo, el 3%; el 1,5% iría a los más pobres, y el otro para aplicarlo como un crédito a sus impuestos, ayudaría a cancelar los del Estado. Este proyecto no sólo reduce la evasión, mejora la recaudación, da pensión a todos los costarricenses, sino que además ataca la pobreza. Pero también si tuviéramos un ministro de Hacienda que cuando lo presentan no solo se preocupe cómo se resuelve el problema de flujo de caja, sino que tuviera una visión superior, sabría que es un proyecto que al cabo de 20 años le va a significar un alivio al presupuesto de la República, porque la población se está envejeciendo enormemente; dentro de 10 o 15 años, uno de cada 5 costarricenses será adulto mayor.

*El Gobierno impulsa la transformación del impuesto al IVA. ¿Con su proyecto sería innecesario ese cambio, o elevar la tasa? *

– Cuando pensé en este proyecto pensé en el impuesto de ventas, porque es el que existe; creo que es una buena idea la transformación, he hecho escenarios con el cambio al IVA y daría mucho más recursos tanto al Estado como a los pensionados porque el IVA es una propuesta más universal, y si hay además incremento de la tasa va a haber más recursos. Políticamente al Gobierno no se le va a hacer tan fácil, pero si ellos quieren podría ser que haya ambiente: nos vamos a una tasa superior del 13% al 15% pero transformando ventas en IVA, a su vez destinando un punto todos los años para el fondo de pensión. Si se va aumentar el impuesto, pero no como siempre que la gente paga y paga y no ve nada, políticamente podría ser una buena idea del Gobierno utilizar este proyecto.

¿Cuál ha sido la recepción del Gobierno a su idea?

– Se les presentó a don Helio Fallas, al Presidente de la República, en julio del 2014, me dijeron que me iban a dar una respuesta, estoy esperando; este proyecto fue revisado por la Universidad Nacional (UNA), dio un resultado absolutamente favorable desde el punto de vista técnico. La ANEP está convencida de que es una iniciativa que se podría implementar, fue presentado al mundo académico, a los solidaristas que lo ven con una enorme simpatía, a la Asociación Bancaria Costarricense, quienes lo vieron positivo; pero estoy esperando el dictamen; a la Uccaep. En grupos de organizaciones sociales, la gente lo ve con buenos ojos.

*¿Le quita dinero al Estado? *

– Este es un proyecto que no le quita dinero al Estado, todo lo contrario, le da; se financia con los puntos de evasión. Para poder controlar la evasión que existe del impuesto de ventas, Hacienda tendría que crear 300 mil inspectores, sería como una policía fiscal electrónica y todos seremos policías fiscales.

*¿Cómo se garantiza que el comercio traslada el dinero a mi cuenta? *

– Usted va a un establecimiento, cuando va a pagar con tarjeta, eso se refleja en Hacienda, si lo va a hacer en efectivo- en Costa Rica la inmensa mayoría de las transacciones todavía son así-. El proyecto establece la obligatoriedad de la factura electrónica, el comerciante tiene que emitir la factura, en la que debe estar el nombre y la cédula del que compra, es muy importante que la factura electrónica tenga esa doble vía para saber quién compra y quién vende.

*¿Por qué ANEP respalda este proyecto? *

– La gente que no puede consumir mucho tampoco quedaría desprotegida, porque de lo que consumen los grandes consumidores habría una parte para el fondo solidario; creemos que es una idea revolucionaria, novedosa, por eso alguna gente la ve con recelo, pero este país se caracterizó por ideas revolucionarias. Este grupo costarricense merece el mayor respaldo, que el Gobierno se decida a apoyarlo, ya está en la corriente legislativa. Este Gobierno, que en teoría, viene de mucha relación con sectores sociales, no tiene argumentos para no abrirse a una idea de estas.

*¿De cuánto llegaría a ser la pensión bajo este sistema? *

– Si un ciudadano tiene más poder de compra va a tener una tasa de reemplazo superior, por ejemplo para los que están en situación de pobreza con los agregados, esa tasa podría llegar a generar una pensión de entre 90 mil y 100 mil colones al mes, para los pobres; adicionales a cualquier sistema pensión. Para los que están en clase media podría estar entre 150 mil y 200 mil colones.

*¿Cuál va a ser su estrategia para que tenga eco la iniciativa? *

– Voy a insistirle al Gobierno que considere esta propuesta, el año pasado hubo un taller auspiciado por la presidencia de la Asamblea Legislativa, en donde se la expuse a los diputados y al Ministro de Hacienda: voy a insistir porque va en la dirección de resolver dos problemas, uno reducir la pobreza y dos reducir la evasión, o darle más dinero al fisco. Esta idea ha sido vista con mucha simpatía por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este proyecto no existe en ninguna parte del mundo, Costa Rica sería el primer país en financiar pensiones solo con base de consumo.

Ley Participativa de Radio y Televisión sí garantiza la libertad de expresión

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El proyecto de Ley Participativa de Radio y Televisión, presentado por el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación, defiende derechos humanos básicos, como la libertad de expresión y la libertad de prensa, y garantiza que nunca un medio de comunicación pueda ser sancionado, mucho menos cerrado, por la información que difunda a través de sus frecuencias concedidas, a diferencia de la propuesta de borrador presentado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).

La defensa de la libertad de expresión, como un derecho humano fundamental, debe ser pilar de cualquier proyecto que pretenda regular el uso del espectro radiofónico. No pueden ser estas leyes únicamente de carácter técnico, sino que tienen un amplio sentido político ya que vienen a regular no sólo la posibilidad de recibir información, sino también a formular las realidades mediáticas desde las comunidades, por eso la creación de los medios comunitarios.

Creemos firmemente que estos derechos están más que resguardados en nuestro proyecto de ley. Y así lo han entendido cientos de personas que ya están apoyando el proceso de recolección de firmas para lograr que la Ley Participativa de Radio y Televisión se convierta en ley de la República. Hemos realizado conversatorios, talleres y encuentros con organizaciones sociales, cooperativas, estudiantes, gestores culturales, entre muchos otros, logrando que todos y cada uno de los participantes no sólo le ponga la firma al proyecto, sino que se han convertido en parte del movimiento social que recogen las miles de firmas necesarias para la presentación en la Asamblea Legislativa.

Los principios fundamentales del proyecto de Ley Participativa de Radio y Televisión, presentado el pasado 12 de marzo, son el derecho humano a la comunicación como eje transversal; el espectro radioeléctrico como un recurso valioso y escaso que pertenece a la colectividad; y la radiodifusión como actividad de interés público relevante que debe trascender el enfoque que privilegia la dimensión comercial. Asimismo, regula integralmente las frecuencias de radio y televisión; fortalece el surgimiento de diversos medios de comunicación; y prevé la entrada en vigencia de la digitalización de la televisión en el país.

Lamentamos mucho que el error de incluir el tema de sanciones por contenidos por parte del MICITT aleje la discusión de la problemática real que tenemos en Costa Rica. La correcta regulación del espectro radiofónico, y la distribución democrática de las frecuencias de radio y televisión son el tema en el que debemos enfocarnos. Tanto Gobierno, como el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación, así como el empresariado mediático, no podemos rehuir de esta trascendental discusión, y debemos incluir a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas posibles. Es nuestra hora.

Carta abierta al señor Presidente de la República

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Honorable señor

Luis Guillermo Solís Rivera

Presidente de la República

CASA PRESIDENCIAL

Asunto: APM Terminals-Muelles del atlántico:

Acerca del “perdón” que usted le pidió al Expresidente Arias.

Estimado señor Presidente:

Con el respeto de siempre, le expresamos nuestro más atento saludo.

Aunque sabemos que está de vacaciones por estos días santos, resulta absolutamente imposible ignorar lo relacionado con su “disculpa” al expresidente de la República, señor Oscar Arias Sánchez, en torno a la cadena de negocios que se ha venido gestando en el marco de la entrega al capital transnacional de los principales puertos nacionales, Limón y Moín; uno de los más vergonzantes y vergonzosos procesos de apropiación privada de bienes patrimoniales de la nación.

Considerándose la magnitud de los intereses corporativos inmersos en esta repugnante operación de enajenamiento de la actividad muellera del atlántico y la gran cantidad de intereses político-jurídicos inmersos en el asunto (característica muy usual en los gobiernos del Partido Liberación Nacional PLN, a partir del sostenido proceso de degeneramiento político que le ha caracterizado luego de que tal colectividad partidaria renegara de sus originarios principios socialdemócratas para adoptar los del capital neoliberal que pretende privatizar toda la institucionalidad pública); sus palabras quedaron resonando en nuestros oídos y no podemos dejar de pensar en el significado intrínseco de las mismas:

“Sí, pero yo no estoy en los negocios y él si estaba en los negocios”

El “él” al que usted se refirió y que su disculpa pública lo reafirma, es el señor Oscar Arias Sánchez, notable impulsor del pase del PLN a los campos del neoliberalismo y su lógica de apropiación privada con fines de lucro mercantil de toda la cosa pública.

La disculpa suya solamente agiganta nuestra percepción de que usted sabe más de lo que pensamos sobre el proceso de concesión de los muelles de Limón y de Moín; de que usted está en poder de información altamente sensible al respecto; y, quizás, ahora que su gobierno tiene el control de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), a lo mejor le llegó documentación neurálgica al respecto.

Esa respuesta suya tan inmediata, locuaz y contundente de que “él si estaba en los negocios…”, es producto de una asociación mental en cuestión de segundos que puede ser basada en la posesión consciente de elementos que le llevaron a ser tan categórico en ese instante; y conociendo su bagaje intelectual no puede uno dejar de pensar de que usted sabe algo que los demás mortales interesados en este delicado asunto no sabemos; y que queremos saber porque creemos que tenemos el derecho a ello.

Respetuosamente, para nadie es un secreto que el expresidente Arias (así como su hermano, don Rodrigo), son personas de mucho relacionamiento corporativo, tanto a nivel nacional como internacional; y, por tanto, el proceso de entrega a APM Terminal de los muelles públicos hasta hoy en día gestionados por Japdeva, no les sería nada desconocido.

La contundencia con que usted respondió en un inicio, y la inmediata solicitud de perdón que le pide al citado y controversial exgobernante, alimenta nuestra percepción de que “algo podrido huele en Dinamarca”, en todo este proceso privatizador.

La magnitud de su dicho, señor Presidente, aunque usted haya pedido “perdón”, no se compara con los dichos de las tres personas embajadoras que usted destituyó recientemente, por expresar opiniones que con un “perdón” les hubiera permitido conservar sus cargos, y sin la grave lesión a sus propias dignidades y honor que se les causó, públicamente, por la forma en que fueron separados de sus cargos.

La magnitud de su dicho, señor Presidente, aunque usted haya pedido “perdón”, deja la posibilidad de que por otras vías y con otros recursos, pueda emerger en un determinado momento la verdad real de los hechos de todo este proceso de concesión, sobre el cual existen percepciones de gran opacidad en su concreción; lo que podría ser devastador para la credibilidad presidencial en el sentido de poseer información “clasificada” que se habría guardado por quién sabe qué consideraciones “impublicables”.

Así las cosas, señor Presidente, amparándonos en el artículo 27 Constitucional y en el 32 de la Ley de Jurisdicción constitucional y empleando esta vía electrónica que ha legitimado la Sala IV como válida para interpelar a la Administración, le estamos solicitando nos indique lo siguiente, todo lo cual se lo pedimos con el mayor respeto:

a) si usted y/o su Gobierno están en posesión de información-datos de que hagan dudar de la transparencia del proceso seguido para esta controversial concesión;

b) de que usted nos proporcione los nombres de los bufetes que han interferido en la asesoría administrativo-procesal a la transnacional holandesa;

c) de que usted nos indique las audiencias que usted pudo haber concedido en su despacho presidencial, a personas, entidades, emisarios, empresarios y similares que se presentaron a abogar a favor de esta concesión;

d) de que usted nos indique de sus reuniones al más alto nivel con personeros claves de su gobierno que habría tenido como agenda de trabajo, para darle “seguimiento” a este controversial proceso;

e) de que usted nos proporcione copias de correspondencia oficial relacionada con esta concesión; tanto aquella que debía emitirse por pura tramitología procesal, como cualesquiera otra comunicación en la que su despacho se refiriera al proceso.

En verdad, para tranquilidad de nuestras propias conciencias, esta circunstancia suya en esto de APM Terminals nos convence de que la posición política correcta ha sido la de oponerse a esta privatización muellera por parte de una gran cantidad de sectores sindicales, sociales, ecologistas y ambientalistas, cívicos y patrióticos con los cuales una vez usted compartió visiones-país, radicalmente distintas a las defendidas por el “corporativismo arista”.

Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,

Representante de Banana Link visitó el país

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Nos parece de gran importancia hacer pública la visita a nuestro país del ciudadano británico Alistair Smith, a nombre de Banana Link, una cooperativa sin fines de lucro ubicada en Norwich, Inglaterra, Reino Unido, que trabaja por un comercio justo y sostenible de bananos y de piñas.

Su propósito central es crear conciencia de las pobres condiciones de vida y trabajo que enfrentan los trabajadores y las trabajadoras en las plantaciones y pequeños productores en América Latina, África y el Caribe; promoviendo entre los consumidores europeos y los dueños de grandes supermercados de países de la Unión Europea (UE), que solamente se consuma y se vendan estas frutas tropicales si proceden de países productores que respetan plenamente los derechos laborales y que creen en los principios de una producción limpia, ecológica y socialmente sostenible.

Para el período 2014-2016, Banana Link se propuso como objetivos fundamentales estos cuatro: 1) Prácticas laborales justas y éticas, basadas en los salarios dignos, la distribución equitativa a lo largo de toda la cadena de producción y el acceso de los pequeños productores al mercado competitivo. 2) Dignidad en el trabajo y respeto por los derechos laborales y sindicales. 3) Sistemas de producción sostenible que reduzca la dependencia de sustancias peligrosas y minimice los problemas en la salud y el impacto en los recursos medioambientales, en los trabajadores y sus comunidades.4) El diálogo constructivo entre los actores económicos y no económicos, que acelere una transición justa hacia una economía mundial sostenible del banano y la piña.

No más impuestos indirectos, el IVA profundizará la desigualdad

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Como organizaciones responsables que tenemos en nuestra agenda de lucha el tema de una verdadera Transformación Tributaria Estructural (TTE), para lo cual tenemos una propuesta elaborada con mucha seriedad y con gran conciencia de la gravedad del déficit fiscal (“Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”); tenemos la obligación de analizar, con igual seriedad, los más recientes planteamientos gubernamentales en materia de impuestos, según lo diera a conocer el Ministerio de Hacienda.

No obstante e inicialmente, con claridad absoluta, se necesita precisar lo siguiente, considerando el anuncio del Gobierno al respecto:

PRIMERO: Se fortalece el perverso carácter regresivo del sistema tributario costarricense. Gobierno descarta enfrentar el no menos perverso proceso concentrador de la riqueza: renunció a promover la renta global y la renta universal. Los que más tienen seguirán acumulando más y más rápidamente.

SEGUNDO: Al apostar básicamente por la transformación del actual impuesto sobre las ventas por un impuesto al valor agregado (IVA), aunque le establezcan “exenciones” y lo lleven del 12 al 15 % “gradualmente”; se fortalece no solamente la injusta regresividad del sistema tributario; sino que, más grave aún, se incrementa el crecimiento de la desigualdad. Efectivamente, el IVA golpeará a una amplia gama de la sociedad, especialmente, clase trabajadora, que está en proceso de exclusión social, en vulnerabilidad de pobreza y en la pobreza misma, por ejemplo: 40 % de desempleo juvenil, casi 50 % de informalidad laboral, casi 20 % de desempleo en la PEA, altísimo endeudamiento salarial, salarios mínimos que no crecen para ampliar su poder de compra, política salarial restrictiva y medición de costo de la vida para inflación bastante “controversial”.

TERCERO: La clase trabajadora, asalariada y no asalariada, no evade los dos principales impuestos: el de ventas al momento mismo de la compra, en la caja registradora, téngase empleo o no, o se esté en la informalidad; si se gana salario por encima del límite exento, se rebaja inmediata e implacablemente de planilla.

CUARTO: Los que roban, evaden y eluden pago de impuestos son otros. El actual gobierno lo ha reconocido: 8 puntos de PIB. ¿Qué se hace al respecto? Y mejor no hablemos de exenciones y de exoneraciones (6 % PIB).

QUINTO: Los sectores económicamente fuertes, los grandes ganadores de las políticas macroeconómicas neoliberales de los últimos gobiernos del bipartidismo clásico, como el sector financiero-bancario, ¡no son tocados! Está sumamente demostrado y denunciado desde “su propia acera”, las grandes acumulaciones de capital sin aportar, proporcionalmente, lo correspondiente. Por eso hemos abogado para imponer en Costa Rica, “a la tica”, una tasación a las grandes transacciones financiero-bancarias, un “peaje”, tal y como en varios países de la Unión Europea (UE), ya se acepta: el impuesto “Robin Hood”.

SEXTO: El Gobierno debió apostar por la renta global y por la renta universal, para desenmascarar los apoyos parlamentarios que le sirven al gran capital en la actual Asamblea Legislativa. El Gobierno debió buscar soporte social multisectorial para dar estos dos grandes pasos hacia una estructura tributaria progresiva. Una vez dados esos grandes pasos que urgen en este país, se puede discutir lo del IVA. Por lo tanto, emerge la imperiosa necesidad de una gran movilización social, en la calle, para exigir ¡NO MÁS IMPUESTOS INDIRECTOS!

SETIMO: Por tanto, la apuesta por la renta global y por la renta universal, más una especie de declaración de “emergencia nacional” para combatir el robo de impuestos en todas sus manifestaciones y recuperar unos 2 o 3 puntos del 8 % PIB, debe ser un eje central para la motivación obrera, social y ciudadana de movilización en la calle. Al menos, respetuosamente, es nuestro criterio. Las organizaciones que nos aglutinamos en la coalición sindical PATRIA JUSTA nos abocaremos en próximos días a analizar con cuidado toda esta situación pero tenemos ya la plena convicción de que el IVA que propone el Gobierno no debe pasar, ni aunque le pongan exenciones, pues solamente castigará más, tributariamente hablando, a quienes sí pagan puntualmente sus tributos, que los pagan en mayor cantidad proporcionalmente hablando y que, precisamente, son los más grandes afectados por el crecimiento de la desigualdad.

Presidente Solís repite estereotipos denigrantes antisindicales contra la clase trabajadora de JAPDEVA

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A nombre de la coalición sindical PATRIA JUSTA, de la cual es digno integrante el Sindicato de Trabajadores de Japdeva, Portuarios y Afines (SINTRAJAP), tenemos que censurar las deplorables y desafortunadas declaraciones del Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, con ocasión de la protesta que protagonizaron integrantes de dicha agrupación laboral, este domingo 8 de marzo, durante la visita del mandatario a los terrenos en los cuales se impondrá el monopolio privado de explotación lucrativa de los muelles de Limón y de Moín, los más importantes del país.

Cuando el mandatario expresa frases contra los trabajadores y las trabajadoras en manifestación en las cuales, por ejemplo, se deja decir que: “Si se quedan ahí será para tomarse unas vacaciones de pocas horas, pero nada va a cambiar”, está implícita una perversa connotación denigrante en contra del personal trabajador de Japdeva y, por ende, de la propia población trabajadora limonense;“olvidando” que él también fue participante en muchas manifestaciones de calle. Creemos que debe disculparse por ello.

Muchos años de agresión mediática en contra de Japdeva por su carácter de empresa pública de propiedad nacional; en contra de su personal por tener una Convención Colectiva de Trabajo de orden constitucional; en contra de SINTRAJAP por haber asumido una posición patriótica y nacionalista, en favor de la soberanía nacional de los puertos costarricenses; llevan al Presidente Solís a alimentar la perversa especie de que este conglomerado laboral es de “vagos que están de vacaciones cuando protestan”.

No quisiéramos pensar que por tratarse del pueblo trabajador de Japdeva el que estuviera protestando, parte fundamental del pueblo limonense, en la mente presidencial hubiese algún otro pensamiento discriminatorio.

Considerando la propia experiencia de la privatización monopólica de los muelles del Pacífico, especialmente el de Caldera, podemos decir que solamente incrementó las ganancias corporativas del empresariado extranjero que lo controla: exterminaron la organización sindical, se precarizaron los empleos que quedaron, se tercerizó mucha de su actividad abaratando la mano de obra involucrada; y pese a que fue abolida la negociación colectiva con el falaz argumento de que la actividad portuaria pública era muy “costosa” para la tal “competitividad”, el pueblo trabajador del país no ha visto ninguna rebaja en productos alimenticios de consumo básico y generalizado (arroz, galletas, pan, macarrones y similares), cuya materia prima de elaboración (básicamente, granos), ingresa por dicha terminal marítima.

Es cuestión de revisar los indicadores sociales de Puntarenas luego de privatizado con carácter monopólico los muelles del INCOP, para constatar la naturaleza legítima de la lucha de SINTRAJAP en contra de otra corporación portuaria monopólica, en este caso en los muelles del Atlántico.

Está más que demostrado que la entronización del monopolio privado en la actividad portuaria de los muelles de Moín y de Limón, encarecerá enormemente la importación y la exportación de productos, resultando gravemente afectado la inmensa mayoría de la población, especialmente la clase trabajadora en todas sus expresiones; esa misma que hoy vive la desigualdad, que sufre la concentración indetenible de la riqueza, la precariedad salarial y el desempleo, así como el altísimo costo de la vida.

SINTRAJAP ha sido contundentemente claro en que su lucha actual es para que Japdeva tenga las mismas condiciones que se le están dando al consorcio transnacional holandés, a fin de competir en el mismo sentido en que lo hace el ICE y el INS, por ejemplo.

Paradójicamente, tenemos el “extraño” caso de un sindicato altamente representativo de una empresa pública pidiendo, luchando y exigiendo que a ésta la dejen competir al más puro estilo de la prédica neoliberal al respecto.

Por demás, estamos completamente convencidos de que tanto en el caso de los muelles de Puntarenas, en su momento; como en el caso de los del Atlántico hoy en día, la hegemonía política dominante que ha controlado la políticas públicas estratégicas en los últimos gobiernos del bipartidismo clásico, le torcieron el brazo jurídico a la institucionalidad republicana, a fin de que contrariando gravemente lo que la actual Constitución Política establece, estos muelles fueran entregados al monopolio privado extranjero sin pasar por la Asamblea Legislativa. En tal sentido, no estamos obligados a reconocer una legitimidad legal para este asalto al patrimonio público.

Hacemos un llamado a la población trabajadora de SINTRAJAP a unirse a los próximos eventos programados para que JAPDEVA permanezca en el tiempo. Igualmente, hacemos un llamado a todas las fuerzas vivas de Limón para que sumen esfuerzos cívicos y defiendan, igualmente, a JAPDEVA que llegó a convertirse a lo largo de los años en algo así como el “Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Limón”. De nuestra parte, PATRIA JUSTA: coalición sindical latinoamericanista, reitera su apoyo a la lucha de SINTRAJAP.

Finalmente, hacemos un llamado a la más grande conjunción de esfuerzos sociales de todo tipo para fortalecer la posición de SINTRAJAP a favor de la institucionalidad pública y en contra de la extracción de recursos patrimoniales a favor de intereses corporativos transnacionales cuyos socios individuales, probablemente, ni siquiera saben ubicar a Costa Rica en el mapamundi.

“Si es sumamente grave que aventureros extraños se atrevan a comprar la patria, lo sería mucho más, e ignominioso, que hijos del país de bruces se la vendieran”. El gran patriota costarricense don Joaquín García Monge, al pie del Monumento Nacional así nos lo advirtió hacia casi un siglo.

Movimiento popular y fideicomiso: nuevo paradigma en la construcción de obra pública

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El pasado lunes 23 de febrero, será un día histórico para el pueblo de San Ramón, los cantones de occidente y el país en general, ya que se firmó el fideicomiso (mediante La Ley 9292), que permitirá la construcción de la carretera San José-San Ramón con dinero proveniente de un banco estatal.

La actividad que se desarrolló a los pies de la iglesia de San Ramón, contó con la presencia del Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera; representantes del Gobierno y el Foro de Occidentes, así como decenas de personas de diversos cantones de occidente que lucharon para que la carretera a tierras ramonenses sea de primer mundo, a un costo menor y que beneficie a los pueblos de las zona.

Para Paul Brenes, Presidente del Foro de Occidente, esta firma viene a representar un gran ejemplo para el país y demostrar que si se puede realizar infraestructura pública con la participación y vos del movimiento popular.

“El país entero está claro, este es el nuevo paradigma en la construcción de obra pública, nos salimos de un esquema rígido, de un engorroso empréstito, de las concesiones tan cuestionadas; y caemos dentro de un modelo en donde nosotros construimos la carretera con nuestros recursos y gente. Demostramos que este país puede salir adelante con el talento de miles de personas en todo el territorio nacional, esta es la principal ganancia, que la ciudadanía puede hacer cosas muchísimo más grandes”, dijo Brenes.

Brenes se mostró complacido por el trabajo realizado hasta la fecha, y exhortó a otras comunidades que urgen de carreteras, como Cartago y Heredia, a agruparse en movimientos popular manteniendo el objetivo de la carretera como uno solo.

“Lo básico y fundamental en cualquier lucha social y, en lo que marcamos diferencia es que teníamos un enfoque, el primer día dijimos carretera si concesión no. Esto a pesar de que llegaron grupos a distorsionar con 27 puntos de agenda, que nos hacían separar fuerzas por lo que nos concentramos solo en el tema de la carretera. Hoy estamos dando esa batalla y otras comunidades es lo que tiene que hacer enfocar su problema y brindar soluciones”.

Respecto al fideicomiso indicó que viene a generar un nuevo concepto en el país, que podría dejar de lado muchas concesiones que no han dado los réditos esperados al país en diversos campos, ya que el modelo de fideicomiso, según indico “tiene la característica de poder captar dinero privado, pero es un dinero que se pone al servicio del país, ellos aportan pero nosotros construimos”.

“Ahora todo mundo va a empezar a encontrarle utilidad a este formato, ya que el modelo de gestión que proponemos en realidad reconoce la capacidad de autogestión que tiene nuestro pueblo y que simplemente hay que acomodar las fichas de manera inteligente con un objetivo claro para hacer grandes cosas. El modelo de fideicomiso puede aplicarse a rellenos sanitarios, tratamiento de aguas residuales, aeropuertos, puertos y carreteras”, finalizó Brenes.

El costo de la obra rondaría los $473 millones y cosiste en el mejoramiento total de la vía que comunica San José – San Ramón con una duración de cuatro años.

Mario Alberto Blanco a los 15 años de tu partida…ANEP perennemente agradecida

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Son muchos recuerdos lo que al momento de escribir estas palabras se nos vienen a la mente, agradecidos con Dios y con la vida por haber tenido el privilegio personal de tenerle cerca, de escucharle sus planteamientos jurídico-laborales, de tenerle como guía en aquellos duros momentos en que se proclamaba el “rotundo” triunfo del pensamiento neoliberal y “la muerte de las ideologías”.

Mario Alberto Blanco Vado se nos fue un 21 de febrero del año 2000, víctima de un fatal accidente automovilístico. Se nos fue casi llegando a sus 44 años de edad, en plena producción intelectual, con una probada línea consecuente con los derechos de la clase trabajadora pese a atractivas ofertas económicas para desempeñarse en otros espacios que tienen que ver con el Derecho Laboral.

Mario Alberto Blanco Vado es del selecto grupo de “los imprescindibles” de que hablaba Bertol Brecht.

ANEP todavía no ha hecho lo suficiente para honrar su memoria, su legado y la perennidad de una actitud ética para con el desarrollo del Derecho Laboral con perspectiva de clase.

Hoy, a los 15 años de su partida, MARIO ALBERTO BLANCO VADO sigue aquí, en la ANEP, para fortuna de los nobles ideales que defendemos desde la trinchera sindical y con la concepción de la visión de la misma que él nos ayudó a construir y que hoy nos sigue dando fundamento para resistir pese a esas adversidades innobles que para fortuna del legado que él nos dejó, no han prosperado ni han de prosperar.

A 15 años de habernos dejado, querido y respetado compañero MARIO ALBERTO BLANCO VADO, no termino de festejar, de celebrar, de emocionarme de que los primeros pasos sindicales de nuestra carrera los pude dar bajo la guía de tu mano firme, solidaria, inteligente y consecuente. No encuentro ni las palabras ni las frases apropiadas para dar gracias por tan grande privilegio.

Lucha por la recolección de firmas para una nueva Ley de Radio y Televisión arrancó hoy

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La Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMica) presentó, este jueves 19 de febrero, una consulta popular ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para recolectar firmas con el fin de posicionar ante la Asamblea Legislativa la creación de una nueva Ley de Radio y Televisión, que pretende una apertura en el espectro radioeléctrico.

Catalina Montenegro, integrante de RedMica, explicó que la solicitud presentada ante el TSE es la culminación de un proceso que llevan desarrollando desde hace muchos años respecto a la creación de una Ley de Radio y Televisión para Costa Rica.

“Hicimos la presentación de la propuesta para la recolección de 150 mil firmas de ciudadanos costarricenses que sabemos, al igual que nosotros, están a favor de un cambio en la legislación que regula las frecuencias de radio y televisión y el espectro radioeléctrico en el país”, manifestó Montenegro.

Según Montenegro, el proyecto de ley de RedMica establece una caracterización de los diferentes tipos de producción y define cuáles son las responsabilidades, plazos y cánones de las personas o concesionarios que reciben los permisos para operar. Además explicó que con la nueva ley estarían definiendo cuáles serían las funciones de las instancias que deben regular la operación y uso del espectro radioeléctrico del país.

“Con la Ley también planteamos una serie de acciones para apoyar los diferentes tipos de producción, es decir fortalecer el surgimiento de los diversos medios de comunicación. Por otro lado apuntamos a una reserva del espectro para los diversos fines; para que poco a poco las comunidades, las universidades y diferentes colectivos que quieran tener medios de comunicación puedan empezar a producir y que el país respete el derecho humano a la comunicación”, detalló Montenegro producir.

Según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), presentados en sus informes 02492-SUTEL-DGC-2014 y 756-SUTEL-DGC-2014 la cobertura que se ha dado por muchos años a diversas zonas del país es deficiente. Los datos indican que el 70% de las televisoras no cumplen con la cobertura que deberían dar y muchas de ellas no llegan ni siquiera al 50% de la cobertura del título habilitante. En radio los números tampoco son alentadores, ya que se presenta un 90% de incumplimiento, con el atenuante de que todas las emisoras de cobertura nacional no cumplen con ese título de nacional, es más ninguna logra abarcar el 50% de la cobertura exigida y algunas radios no llegan ni al 10%.

“Esto no puede seguir así, el Estado debe de asumir el rol que le corresponde como regulador de un bien que es de la ciudadanía, no puede seguir la situación actual, en donde los concesionarios privados ganan millones de dólares y le pagan nada al Estado. Precisamente esos fondos que los medios comerciales deben pagar y que cada uno de nosotros pagamos cuando consumimos hay que devolvérselos a la ciudadanía con programas hechos desde otra lógica que no es la comercial”, dijo Montenegro

Por su parte Sebastián Fournier, también integrante de la RedMica explicó que el principal objetivo de la Ley que plantean, es devolver la palabra a la gente.

“Actualmente casi se podría decir que no hay ley, la televisión y la radio están reguladas por una ley que tiene si al caso 20 artículos que es de 1954, cuando ni siquiera el FM y la televisión existían en el país. Y lo que ha imperado es la no regulación, situación que ha sido aceptada por el propio Gobierno. En este momentos los medios de comunicación en Costa Rica siempre han tenido una perspectiva de producción desde lo comercial, es una perspectiva importante, pero no debe ser la única que debe prevalecer en los medios de comunicación, tiene que haber medios de comunicación de servicio público que en el país son pocos y por supuesto medios comunitarios con alcance nacional”, aseveró Fournier.

Otra de las preocupaciones de la RedMica, es la entrada en vigencia de la digitalización de la televisión en el país, la cual se prevé que suceda en el 2017, ya que consideran que si no se modifica la ley antes de eso la concentración de medios de comunicación privados crecerá sin control.

“La digitalización puede ser la mayor dicha o desgracia para nuestro país. Si los medios actuales multiplican sus medios de comunicación por 5 la concentración de su señales también se multiplicara por esa cifra y estaremos teniendo más canales en manos de menos voces, por lo que buscamos revertir ese proceso y que los nuevos canales que surjan se les puedan entregar a nuevos actores”, dijo Fournier.

La RedMica espera iniciar con la recolección de firmas en los próximos días, para presentar la modificación de la Ley de Radio y Televisión ante la Asamblea Legislativa para que sea votada antes del 2017, año en que entraría a regir la digitalización de la televisión en el país.

SITRAP se une a Patria Justa

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La coalición sindical latinoamericanista Patria Justa, continua con su rápido crecimiento, sumando un nuevo aleado a sus filas, se trata del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), que permitirá un desarrollo de la coalición en el sector privado.

Para Albino Vargas Barrantes, Presidente de Patria Justa, la llegada de SITRAP evidencia el impacto y credibilidad que ha generado dicha coalición, lo que ha llevado a que diversas organizaciones deseen pertenecer a Patria Justa.

“Estamos muy contentos, entusiasmados y esperanzados; Patria Justa pese a su corta edad de existencia tiende a consolidarse a ampliar sus horizontes y el ingreso de SITRAP nos abre una nueva perspectiva de trabajo en el sector privado y en uno de los sectores más sensibles en este ámbito como lo son las plantaciones bananeras, piñeras y agropecuarias. En general es un salto cualitativo para la coalición y también nos puede ayudar mucho a la proyección internacional a partir del excelente trabajo que tiene los compañeros de SITRAP”, manifestó Vargas.

Vargas indicó que están unos un poco sorprendidos del crecimiento y expectativas que ha generado Patria Justa, pero esto a la vez les genera una mayor responsabilidad.

“En realidad está (Patria Justa) mostrando mayores potencialidades de las que imaginamos cuando se gestó. Esto nos anima y a la vez nos da mayores responsabilidades a asumir, pero estamos muy esperanzados de que después de muchos años exista un movimiento sindical de nuevo tipo en nuestro país”, puntualizó el Presidente de Patria Justa.

Por su parte, Didier Leitón, Secretario General de SITRAP, se mostró sumamente complacido por la aceptación SITRAP en Patria Justa y lo que esto significa para el sector privado.

“Esta unión con Patria Justa es de suma importancia para SITRAP, ya que en esta coalición se da la participación de sindicatos de suma importancia a nivel nacional que realizan un destacado trabajo de incidencia y denuncia en el Sector Público. Sin embargo, nuestra incorporación le pone un nuevo ingrediente a Patria Justa desde el punto de vista que sería el primer sindicato del ámbito privado que se les une, así que juntos nos podemos brindar un valor agregado”, destacó Leitón.

Leitón destacó el beneficio de esta unión para el trabajo de la libertad sindical y la propuesta de legislación en materia laboral, así como el desarrollo de la Reforma Procesal Laboral “va ser muy importante el trabajo que podemos hacer en SITRAP desde Patria Justa”.

Con la incorporación de SITRAP, la coalición sindical Patria Justa ya cuenta con ocho organizaciones en sus filas ya que actualmente son parte: la ANEP, FIT-ICE, SINAE, UPINS, SITRAPEQUIA, SINTRAJAP y SIPROCNP.

Dentro de los principales objetivos de lucha de Patria Justa durante el 2015 se encuentran: la Reforma Procesal Laboral como punto fundamental, exhibirse el 1 de mayo, la Reforma Tributaria, el tema de los muelles de Limón y Moín para que se les permita competir, así como el costo de la vida, la CCSS, energía y la refinadora de RECOPE para que sigan al servicio del país.