La actividad que se desarrolló en el parque nacional de Costa rica, lugar donde se ubica el busto de José Martí, estuvo marcada por la gran presencia de personas integrantes de las organizaciones que conforman Patria y Justa, políticos y representantes del pueblo cubano.
Categoría: Incidencia
De Procuradora del Estado a “procuradora del gran empresariado”
Aunque nos genera un gran repudio y, por ende, nos mueve a emitir una fuerte condena al respecto, consideramos “lógico” el criterio que ha emitido la señora Ana Lorena Brenes Esquivel, en contra de la Reforma Procesal Laboral (RPL); pues esto es lo que representa su declaratoria de “inconstitucional”, a la decisión del actual Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, quien en diciembre anterior revocó el veto a dicha legislación, impropia y malsanamente interpuesto por su antecesora en ese cargo, la desprestigiada Expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda.
Este ataque de la señora Brenes Esquivel en contra de la Reforma Procesal Laboral (RPL) sobreviene, de manera coincidente, en momentos cercanos a la “novela política” de los últimos días en la cual ella fungió como la “principal actriz de reparto”, a propósito del presunto ofrecimiento de un cargo diplomático por parte del hoy “renunciado” don Daniel Soley Soler, ahora exviceministro de la Presidencia. Él lo negó categóricamente y ella no lo pudo probar contundentemente.
Como para “congraciarse” con los sectores del gran corporativismo empresarial de corte neoliberal, y como para “honrar” las lealtades diputadiles de esa “fracción parlamentaria de facto” al servicio del principal latifundio mediático del país, Ana Lorena Brenes Esquivel la emprende con su lamentable criterio contra la reforma laboral más importante de las últimas décadas; extraordinariamente necesaria para combatir la creciente desigualdad y los fuertes desniveles de la relación obrero-patronal impuestos por la competitividad neoliberal.
En el documento que la ANEP preparó y que no fue recibido por el Ministerio Público en la tarde de este día, martes 27 de enero de 2015, intentamos oficializar una denuncia penal contra la señora Brenes Esquivel, en estricta observancia de lo dispuesto por el artículo 344 del Código Penal, el cual establece que “será reprimido con treinta a noventa días multa el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo a persona en quien no concurrieren los requisitos legales”.
La indicada jerarca Brenes Esquivel en confesión espontánea en la Asamblea Legislativa, durante el desarrollo de la “novela política” en la cual fungió ella como la “principal actriz de reparto”, aceptó recomendar el nombramiento de la licenciada Zulli Beatriz Sarmiento Chávez, ciudadana salvadoreña de nacimiento, con cédula de naturalización No. 8-077-365; nombramiento impulsado por la hoy desacreditada procuradora en contravención del inciso b), del artículo 14, de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que exige que los procuradores sean costarricenses por nacimiento.
Aparentemente, la señora Brenes Esquivel, impulsando ese ilegal nombramiento, habría inducido a error a la actual Ministra de Justicia y al propio Presidente de la Republica, quienes no sabían de la condición de salvadoreña de nacimiento de la recomendada de la señora procuradora.
Más grave todavía es que la señora Brenes Esquivel hizo un “invento” jurídico defendiendo tal nombramiento hasta lo que resolviera la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo cual la pone al margen del principio de legalidad y de probidad en la función pública.
Los anteriores son parte de los contenidos de la denuncia preparada por la ANEP y que contra el actuar de la señora Brenes Esquivel pretendimos interponer ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en el Primer Circuito Judicial de San José. Ni siquiera se pudo lograr un “recibido” de la denuncia, pues el cargo que ella ocupa está protegida por la inmunidad que cubre a los miembros de los supremos poderes. Por tanto, es otro camino el que debe seguirse para pedirle cuentas a la señora procuradora de sus últimas actuaciones que, como mencionamos al inicio, la desacreditan y la deslegitiman ante importantes segmentos ciudadanos que tienen muy presentes actuaciones de ella en esta administración, pero también en las inmediatamente anteriores.
Exigimos la renuncia de la señora Procuradora del Estado que ha pasado a ser la “procuradora del gran empresariado”, el corporativo-empresarial de corte neoliberal. Exigimos al Consejo de Gobierno abrir los procesos tendientes para que se le quite su inmunidad y/o para que pueda rendir cuentas de su ilegal proceder.
Sin credibilidad, sin legitimidad, debe ella salir de ese cargo; de la misma manera que su contertulio de cafetería, también tuvo que dejar su alto cargo.
Apoyamos la creación del registro de accionistas en sociedades
La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda anunció su iniciativa para la emisión de un decreto ejecutivo estableciendo en el país el Registro de Accionistas en Sociedades.
Se trata de una acertada iniciativa que apoyamos las organizaciones sociolaborales que integramos la coalición sindical PATRIA JUSTA.
Considerando los espantosos niveles de fraude fiscal en todas sus dimensiones, cuya monto oficialmente ronda casi los 8 puntos de Producto Interno Bruto (PIB) y que es una cifra constatada por diversos estudios de fuentes de gran prestigio y credibilidad; la posibilidad de que el país cuente con un Registro de Accionistas en Sociedades apunta un paso en la correcta dirección que debemos transitar en este ámbito fiscal: el camino de la progresividad tributaria.
Completamente acertado es que se establezca la obligación corporativa de suministrar en materia de sociedades mercantiles, información sobre el detalle de los socios y la composición del respectivo capital social.
De manera contundente, el proyecto de decreto ejecutivo nos indica en su artículo 3: “Las sociedades mercantiles deben informar su fecha de constitución, quiénes son sus accionistas incluyendo nombre, el número identificativo, cantidad de acciones que posee y su valor total nominal en colones, fecha de adquisición y el porcentaje de participación de cada uno”.
Se nos ha venido vendiendo la idea de que el país debe “jugar en las grandes ligas” con su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que nos obliga a establecer una fuerte transparencia fiscal que con ese 8 % de PIB en robo de impuestos, está muy lejos de alcanzarse a plenitud.
En tal sentido sería contradictorio que los mismos grupos corporativo-empresariales del gran capital neoliberal que han venido presionando por el ingreso del país a la OCDE, ahora “peguen el grito al cielo”, porque la transparencia fiscal, como la que se incluye en ese proyecto del Ministerio de Hacienda, les afecte sus intereses de acumulación. Estar a favor del ingreso a la OCDE y en contra de este decreto, les deslegitima en sus posiciones.
Por otra parte, el país es miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el cual tiene como finalidad central y estratégica “…combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros”.
Bien sabemos cómo el mecanismo privado de organización empresarial en el formato de sociedades mercantiles (como las que pretende comprender este decreto), se han prestado y se seguirán prestando para operaciones tan perversas como las del crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
Hacemos un llamado vehemente al Gobierno de la República para que resista las clásicas presiones de la alta cúpula empresarial neoliberal del país y su periódico “estrella”, pues ya están empezando a cuestionar tan oportuna y feliz iniciativa hacia la ansiada progresividad tributaria que tanto necesita el país.
Finalmente, vemos esta iniciativa del Ministerio de Hacienda y de su Dirección de Tributación, desde la perspectiva de la propia propuesta de real justicia tributaria que la coalición sindical PATRIA JUSTA ha planteado al país, denominada “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”.
SITRAP celebró su Asamblea General
La actividad que se desarrollóó en el Salón Comunal de la Escuela Justo Antonio Facio, en Siquirres, estuvo marcada por una gran afluencia de afiliados al SITRAP, quienes mostraron un enorme entusiasmo por elegir a su nueva Junta Directiva.
La Asamblea General, aparte de elegir una nueva Junta Directiva, también es escenario para brindar el informe de labores de la junta saliente, que estuvo a cargo de Lidier Leitón, Secretario General de SITRAP.
Conforme avanzó la actividad llegó el momento de elegir a la nueva Junta Directiva, que nuevamente quedó liderada por Didier Leitón, respaldado de forma unánime por todos los afilados de SITRAP, gracias al buen trabajo realizado en su gestión anterior y los logros alcanzados.
La “renuncia” del Viceministro de la Presidencia
Hace unos pocos minutos se ha anunciado que el Lic. Daniel Soley Gutiérrez ha renunciado a su cargo de Viceministro de la Presidencia, al hacerse insostenible en tal posición, luego de que le ofreciese, presuntamente y según denuncia mediática, una embajada a la actual Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes; la cual, también presuntamente, habría mostrado una “aversión” hacia la línea política del actual Gobierno encabezado por el señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera.
Evidentemente un ofrecimiento de un “hueso” diplomático como el que se dice que se manifestó en esta coyuntura, es un ejemplo de la nefasta política tradicional del viejo sistema bipartidista hoy en vías de extinción.
Actuaciones de este calibre explican (entre otros factores), el desprestigio de la política y de los políticos pues manifiesta tanta inmoralidad que, evidentemente, no queda más que catalogarles como una expresión de corrupción “en las alturas”.
El Presidente Solís no podía seguir tolerando la presencia del Lic. Soley en su gabinete, sopena de un defenestramiento ético-político y a un alto precio político que no podía pagar: eventuales votos para seguir controlando el directorio legislativo en la segunda legislatura del presente período constitucional del actual parlamento.
Se hizo lo que se tenía que hacer pero el costo político ya está claro.
Ahora bien, desde nuestra perspectiva, este caso deja más interrogantes que respuestas y algunas de ellas, lamentable e inexplicablemente la involucrada “estrella” en el asunto, la señora Procuradora General de la República, no ha sido clara al respecto.
Veamos algunas: ¿quién pidió la cita para el encuentro entre ella y el ahora “renunciado”?, ¿quién filtró a la prensa la reunión entre ambos?, ¿desde cuándo esta notable jerarca se sintió “lejana” al presente Gobierno?, ¿es que sí se sintió cercana al anterior, el de la señora Chinchilla?, ¿actuó don Daniel por “iniciativa propia”?, ¿por qué la señora Procuradora no actuó con energía, con total diligencia y rápidamente, denunciando al ahora exviceministro Soley, si estaba en juego la “majestad” de la independencia institucional de la notaría del Estado?, etc., etc.
Como podemos notar, aunque la “renuncia” se haya dado a pocas horas de la reanudación de las sesiones de la Asamblea Legislativa luego del período de vacaciones de la época, quedan más interrogantes que respuestas y, paradójicamente, no se aplacará el torbellino político “usual” en estas circunstancias.
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La Libertad de Expresión de Luto
Vivimos en tiempos complejos. Cuando creemos que la humanidad en su conjunto debería estar caminando hacia horizontes de entendimiento mutuo, de solidaridad perenne, de progresismo de pensamiento, los fundamentalismos construyen muros gigantes que amenazan con detener la marcha. Fundamentalismos religiosos, políticos y empresariales que dividen el mundo entre “nosotros” y “los otros”, sin capacidad de mirarse iguales a nadie, sin entendimiento para las otras voces, con una soberbia tan grande y espantosa que los hace creer que su verdad es la única verdad.
En medio de estos fundamentalismos está la humanidad y en peligro todos los derechos que hemos consensuado son los básicos para el respeto entre seres humanos. Derechos humanos que nos pretenden arrancar con la violencia de sus actos, con el frío metal de sus kalashnikovs. El día de ayer, miércoles 7 de enero de 2015, doce personas entregaron sus vidas por defender y ejercer el que, para mí, es el derecho más fundamental de la democracia, el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, sin el cual la complejidad del sistema democrático no podría existir. Ayer, 12 personas, entre periodistas, caricaturistas, personal administrativo y de seguridad, murieron en la redacción del periódico Charlie Hebdo, asesinados por el fundamentalismo que no permite, o pretende no permitir, que exista otro pensamiento que no sea el suyo.
El tema es de suma importancia para la organización a la que pertenezco, la ANEP, no sólo por nuestra vocación democrática, sino porque vivimos constantemente atacados por fundamentalismos. Fundamentalismos de izquierda y de derecha, políticos y empresariales, que desearían que no existiéramos, o por lo menos que nos calláramos, y que nuestra voz no pudiera ser escuchada fuera de las cuatro paredes de nuestras oficinas. Las amenazas de muerte deslizadas bajo nuestra puerta en los tiempos de la lucha contra el TLC, como ejemplo, lo que hicieron fue renovar nuestra creencia en que una mayor democracia informativa y comunicacional es urgente para nuestra sociedad costarricense, y por esto la lucha constante de nuestro sindicato a favor de reconocer el derecho a la comunicación como un derecho humano.
Y eso mismo hacía el periódico Charlie Hebdo y lo reivindicaba Charb, su director, fallecido en el ataque ayer. No importa si su línea editorial incomodaba, no importa si usted o yo creíamos que sus caricaturas eran “irrespetuosas” o “faltas a la moral”. La defensa de la libertad de expresión radica en que se hará sin trascender lo que se esté diciendo. La vía democrática nos dice que la tinta con tinta se combate. Y esto además es nuevamente una reivindicación de la libertad de expresión. Y si lo dicho en un medio de comunicación es una incitación al odio, a la violencia o un atentado contra la dignidad de alguna persona, para eso están los estrados judiciales. Jamás el derramamiento de sangre será una solución para la democracia.
Hoy, esa sangre vertida ayer en París, deberá llenar los tinterillos de todo el mundo, para escribir más y más, para decir más y más. Para combatir toda clase de fundamentalismos, con ideas, con opiniones, con análisis, y sí, hasta con caricaturas, chistes y parodias. Que la tinta alimentada con sangre será eterno combustible para la democracia.
Celebramos la reanudación de relaciones diplomáticas entre Cuba y los EE.UU
Las organizaciones sociolaborales costarricenses que conformamos la Coalición Sindical PATRIA JUSTA, expresamos nuestro júbilo por y celebramos la histórica decisión de los gobiernos de Cuba y de los Estados Unidos de América, de reanudar sus relaciones diplomáticas y abrir espacio para intercambios bilaterales de diversa índole entre ambos países.
El anuncio efectuado de manera simultánea por los presidentes Raúl Castro y Barack Obama, respectivamente, alegra las conciencias populares y cívicas de todos los pueblos de la América Latina y abre espacios para hacer avanzar la unidad entre nuestras naciones hermanas; siendo Cuba, como siempre, ejemplo de dignidad gigante para todas, independientemente de que compartamos o no compartamos su sistema político.
Esta impactante decisión, dada a conocer en este día miércoles 17 de diciembre de 2014, fecha que ha de pasar a la historia, es un espaldarazo a la lucha por la justicia social que se libra en todos nuestros países latinoamericanos; considerando el papel mediador del papa Francisco, cuyas posiciones centradas en la promoción del bien común, la lucha contra la desigualdad y la paz entre los pueblos y las naciones, respetando sus diversidades, está conmocionando el escenario internacional.
No cabe duda de que el avance de la multipolaridad en las relaciones internacionales ha jugado un papel en todo esto; y considerando la “competencia” geoestratégica que enfrentan los Estados Unidos en la América Latina, con la pérdida de influencia en la región y el serio y firme posicionamiento en desarrollo en la misma, de Rusia y de China, hace más que obligado para el gobierno estadounidense tomar decisiones de tolerancia político-convivencial, con países y gobiernos que piensan distinto al pensamiento hegemónico-dominante de la globalización neoliberal que azota al pueblo estadounidense.
Desde Costa Rica, la coalición sindical PATRIA JUSTA, representativa de miles de conciencias obreras, felicita a los mandatarios Raúl Castro y Barack Obama por esta crucial decisión que, sin duda, representa un alivio a las crecientes tensiones del actual esquema de las relaciones internacionales.
De la misma forma, expresamos con vehemencia un llamado al poder legislativo de los Estados Unidos de América para que derogue, completa y radicalmente, la criminal ley del embargo contra Cuba así como otras leyes conexas.
La constatación de que tal embargo es un fracaso de marca mayor y de que la tiranía en las relaciones internacionales solamente lleva a enfrentamientos, son suficientes argumentos para una decisión de tal calibre; ampliamente condenada, una y otra vez, por la práctica totalidad de los pueblos de la tierra, con ocasión de las sucesivas asambleas anuales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Hacemos un vehemente llamado al Presidente de Costa Rica, don Luis Guillermo Solís Rivera, para que en el nuevo contexto que continentalmente se abre a partir de la reanudación de los vínculos entre Cuba y los Estados Unidos, decida emprender un rumbo a la política exterior costarricense de cara al Sur, abriendo espacios nuevos al comercio exterior de nuestro país; y aportando, con la autoridad moral nacional que nos asiste, a la unidad latinoamericana, siendo como fuimos, país pionero en su defensa, a la luz de la gesta histórica de nuestro Héroe Nacional y Libertador de la Patria, don Juan Rafael Mora Porras, don Juanito Mora, en 1856-1857.
Finalmente, la decisión de los presidentes cubano y estadounidense no deja de representar un mensaje directo a las corrientes extremistas ticas afines al pensamiento excluyente y antihumanista de la globalización neoliberal, de que frenar el desarrollo de la lucha por la justicia social es una pésima “inversión”, toda vez que la inclusión social es un desafío estratégico más allá de ideologías.
Una decisión histórica
Pero el tamaño de ese disparate se puede apreciar si nos enteramos de que varios años antes de que nuestro país reformara su vieja Carta de 1871 para introducir las Garantías Sociales (julio de 1943), siete países del área, incluidas las dictaduras de El Salvador y Nicaragua ya las habían incluido plenamente en sus Constituciones y Códigos.
En general, leyes específicas sobre salarios, jornadas, vacaciones, despido, seguridad social, etc. ya eran abundantes en el Cono Sur desde comienzos del Siglo XX; pero tomando el ejemplo de México en su Constitución de 1917 y en su Ley Federal del Trabajo de 1931; y de los Estados Unidos en su National Labor Relations Act (Ley Wagner) de 1935, los demás países de Centro y Sudamérica promulgaron el grueso de sus normas tutelares de los derechos laborales (constituciones, códigos, reglamentos) entre 1920 y 1947. ¿Qué estaba pasando? ¡De norte a sur estábamos rodeados de comunistas!
Lo que había ocurrido era más simple: desde fines del siglo XIX los estadistas más sagaces del mundo capitalista se convencieron de que el reconocimiento de los derechos laborales básicos a favor de la clase trabajadora era impostergable; y lo fue más sobre todo después de la Revolución Bolchevique de 1917.
De modo que una especie de consigna tácita fue extendiéndose por el mundo occidental durante las décadas siguientes, con los resultados antes descritos.
Pero esa lógica no aplicaba, según parece, para algunas oligarquías como la nuestra; la cual, ayer como hoy, ha mantenido su retórica alarmista y pseudo-democrática, encubridora de su comportamiento tenazmente insolidario y expoliador, apelando a temores y prejuicios políticos, sociales y religiosos:
En 1943 se adujo, entre otros: a) que se trataba de una reforma prematura, porque primero había que “reorganizar la economía sobre la base de un gran desarrollo industrial y de la distribución de la tierra y de su cultivo…” (Diario de Costa Rica, 27 de mayo de 1942); b) que la reforma en realidad propiciaba “…la conquista del poder por don Manuel Mora y sus parciales, para realizar desde allí su soñada dictadura…” (La Tribuna, 1 de abril de 1943); c) que la reforma alteraría la paz social, introduciendo “…la simiente de la inquina que distancia a los pudientes (de los labriegos), porque gracias a nuestra índole cristiana unos y otros han sabido convivir y ayudarse evitando las consecuencias de un alejamiento que los malvados se desvelan en producir…” (La Tribuna, 11 de abril de 1943). Pero el presidente Calderón Guardia, respaldado por la Iglesia Católica y el Partido Vanguardia Popular, se mantuvo firme en su decisión y Costa Rica tuvo Garantías Sociales y Código de Trabajo.
A partir de los acontecimientos de 1948 que llevaron a José Figueres a presidir la Junta Fundadora de la Segunda República, la oligarquía nacional volvió a presionar de diversas maneras para que esta derogara el Código de Trabajo; y en la Asamblea Constituyente hubo mociones para que algunas de las Garantías Sociales desaparecieran del texto de la futura Carta. Pero ambos intentos fracasaron.
Durante los más de setenta años de vigencia formal del Código de Trabajo se han resaltado sus grandes debilidades, de las que menciono tres: a) un contubernio despiadado entre Ministerio de Trabajo y organizaciones patronales, con la pasividad (a veces complicidad) de la jurisdicción laboral, hicieron posible la casi total aniquilación del sindicalismo en el sector privado, y la hipertrofia de las asociaciones solidaristas; b) una lectura perversa de las normas constitucionales y legislativas pertinentes llevaron a la imposibilidad estadística de que en Costa Rica, durante todos esos años, se declarara judicialmente legal una huelga; y c) una interpretación derogatoria de las reglas del proceso por conflicto individual de trabajo ha conducido al abandono y al fracaso de decenas de miles de demandas contra despidos injustos, por la excesiva demora en los trámites, y la elemental falta de recursos económicos y defensa letrada de los trabajadores.
Contra estas y parecidas lacras que vergonzosamente durante muchos años sentaron a Costa Rica en el banquillo de los acusados de la Organización Internacional del Trabajo, surgió en buena hora el llamado Proyecto de Reforma Procesal Laboral que, revisado por el Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo, asesorado por la Oficina Regional de la OIT y consensuado por los sindicatos y cámaras empresariales, fue aprobado el 13 de setiembre de 2012 en la Asamblea Legislativa por 40 de los 44 diputados presentes. Sin embargo, por la vía de un desafortunadísimo VETO PRESIDENCIAL y recurriendo a otras cortapisas y demoras, la oligarquía de siempre intenta demorar sine die su puesta en vigor.
¡Se trata de la ÚNICA REFORMA LABORAL DIGNA DE ESE NOMBRE que haya sido aprobada por la Asamblea Legislativa de Costa Rica desde la promulgación del Código de Trabajo en 1943! No es perfecta, pero contiene soluciones justas y racionales a muchas de las fallas debidas a lagunas o aberrantes interpretaciones que hicieron presa en el Código durante aquellos siete decenios transcurridos; y durante los años venideros va a favorecer, indudablemente, a una gran mayoría de nuestro Pueblo, incluida la mayoría de ese millón trescientos mil costarricenses que decidieron la última elección presidencial, y va a extender sobre todos ellos un halo de esperanza y certidumbre que redundará en beneficio del país en general.
No se puede servir a dos señores: Calderón Guardia, en 1943, tomó la decisión de servir a los humildes y será recordado siempre en los fastos de la Patria. Usted, ciudadano Presidente, tiene la palabra.
Nota 1: los datos periodísticos están tomados del libro de Miguel Picado Gatgens: “Secretos de un Acuerdo. Monseñor Sanabria y Manuel Mora, junio de 1943”; Euned, San José, 2013.
Nota 2: Este comentario de don Walter fue escrito antes de que el presidente Solís levantara el veto en acto solemne realizado el 12 de diciembre del 2014 en Casa Presidencial.
Cientos de organizaciones se oponen a la viabilidad ambiental del megaproyecto de la Terminal de Contenedores de Moín
Una amplia y diversa representación de diferentes sectores y regiones del país tales como organizaciones sociales, académicas, culturales, indígenas, feministas, estudiantiles, ecuménicas, cívicas, de derechos humanos, del sector salud, de diversidad sexual, artísticas, comunicación popular, juveniles, turísticas, de economía solidaria, educación, campesinas, cooperativas, productivas, comunitarias, migrantes, políticas y ambientales que suscribimos el presente documento, deseamos dejar de manifiesto nuestro total apoyo al documento presentado por ambientalistas en el que se hace una “Ampliación de argumento y justificaciones para el No otorgamiento de viabilidad ambiental al proyecto de la terminal de contenedores de Moín”.
Consideramos que los argumentos presentados, tanto de forma, como de fondo, son lo contundentes para demostrar que el proyecto no es viable, no solo por la seria y grave cadena de impactos ambientales que produciría, sino también por el flagrante incumplimiento del marco legal vigente en nuestro país y de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.
Son muchos los argumentos presentados, destacándose los siguientes:
ASPECTOS DE FORMA:
- Se irrespetó el principio de participación pública, al presentarse un Anexo Único con más de 25 mil páginas de información, no ordenada, de bulto, que no permite y facilita la comprensión clara de la evaluación de impacto ambiental.
- No se cumplió a cabalidad con las respuestas a las más de 110 observaciones técnicas solicitadas por la SETENA.
- El Anexo Único presenta contradicciones e inconsistencias muy serias. Mientras por un lado se dice al SENARA que no se utilizarán sustancias peligrosas en el Campamento, a la SETENA se le dice que sí. De igual manera, en el la descripción del proyecto, se comenten omisiones muy serias, como la no incorporación de los 11 sitios de explotación minera submarina o el dragado capital, que introducen un serio error de raíz en el resto de la EIA.
- Se irrespeta la legislación vigente al presentarse información en otro idioma diferente al español, así como documentos con tachadoras y correcciones a mano.
- El diseño final del proyecto y su presupuesto fueron aprobados por el Consejo Nacional de Concesiones hace más de un año, y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, sin que ni siquiera se hubiera iniciado el proceso de audiencia pública y se terminara de revisar el estudio ambiental, lo cual muestra el irrespeto que se tiene por trámite de evaluación de impacto ambiental.
ASPECTOS DE FONDO:
- El análisis de alternativas para la selección de la propuesta objeto de la EIA, adoleció de una correcta evaluación ambiental, lo que llevó a una opción que no tiene el debido sustento ambiental. Había una mejor alternativa (la “C”) para el desarrollo de la Terminal, y no la que finalmente se seleccionó.
- El área seleccionada para la instalación del campamento en tierra no es apta desde el punto de vista ambiental para su uso con ese fin.
- Las 11 fuentes submarinas de materiales mineros no fueron objeto de una EIA individual ni del trámite correspondiente según lo establece el Código de Minería y la Constitución.
- El área de botadero submarino no fue objeto de EIA detallada ni del debido trámite de autorización para ser utilizada para ese fin, razón por la cual, dicho opción no es viable ambientalmente.
- El sitio seleccionado para la construcción de la Terminal y las obras relacionadas no son aptas por aspectos de Geoaptitud, razón por la que se origina una seria cadena de impactos ambientales que hacen inviable el megaproyecto.
- La metodología de la identificación de los impactos ambientales incumple lo señalado en la Guía de EIA (Decreto Ejecutivo No. 32966 MINAE) por lo que la valoración de impacto realizada resulta confusa, poco objetiva y parcializa a justificar el proyecto.
- Las medidas de compensación para los efectos acumulativos son insuficientes y hay deficiencias serias sobre la valoración de los sinergísticos del área del proyecto y su extensa área de influencia (no se toman en cuenta los impactos que ya producen por las actividades urbanas, portuarias, industriales y turísticas que se desarrollan en los alrededores).
- El balance de costo beneficio ambiental del megaproyecto es insuficiente, con el agravante de que la inversión en gestión ambiental que se propone es muy reducida respecto al costo del proyecto (menos del 1% de la inversión total).
- No se establecen de forma correcta y completa los compromisos ambientales del proyecto, incumpliendo la Guía de EIA (decreto 32966 – MINAE).
- Los impactos en los ecosistemas marinos serán altamente significativos, hasta críticos tal y como reconoce el mismo estudio de impacto ambiental. Se afectarán los arrecifes y la pesca, así como las actividades turísticas, durante varios años de construcción.
- El EsIA reconoce que el proyecto producirá efectos negativos en la morfología del litoral costero de Moín, los cuales serían de tipo irreversible y generarían importantes cadenas de impacto ambiental que no fueron detalladamente valoradas en el EsIA.
En consideración de los argumentos resumidos aquí, y en particular del documento citado, es que solicitamos que no se otorgue la Viabilidad Ambiental al Proyecto de la Terminal de Contenedores del Moín y que se proceda al archivo correspondiente del expediente.
Concordamos que debe darse un proceso de modernización de la infraestructura portuaria de Limón – Moín, por lo que debe realizarse un correcto proceso de planificación estratégica, que aplique la legislación ambiental vigente y determine las alternativas de solución técnica y ambiental que sean verdaderamente sostenibles. En particular, ahora que se plantea otra megapuerto en Moín, para el denominado Canal Seco. La intención es que no se repitan los errores del pasado, y la soluciones de desarrollo, en vez ser impuestas, sean discutidas de forma abierta y participativa.
Entidades que suscriben: ADI de China Kichá, Consejo de Vecinos Amubri, Asociación Nacional de Habitantes de las Zonas Costeras (ANHACO), Consejo de Vecinos de la Pera, Frente Cívico Guanacasteco, Alianza de Mujeres Costarricenses, Red Territorios Costeros Comunitarios (TECOCOS),Consejo de Vecinos Kachabri, Era Verde, Finca Integral Loroco Talamana, Canal UCR, FEDEAGUA, Cámara de Turismo Rural Comunitario de Coto Brus, Consejo de Vecinos Mojoncito, Consejo de Vecinos Soki, Consejo de Vecinos Suretka, Consejo de Vecinos Tsuiri, Consumo y Comunicación Alternativa, COOPETSIOLA, Federación de Uniones Zonales de Asociaciones de Desarrollo La Amistad, Alianza de Redes Ambientales (ARA), Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA),Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), Amigos de Pacuare, Asoc. Proyectos Alternativos –PROAL, Bagaces 2030,Asociación Regional del Pacifico Sur, Asociación de Estudiantes de Economía de la UNA Consejo de la persona con discapacidad y adulto mayor Rey Curre, Asociación por la conservación y desarrollo de Montezuma (ASOMONTE), Consejo Cultural Yimba, Comité de jóvenes Rey Curre, Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia (CONCEVERDE), Asociación CRISOL de Cartago, Asociación de Desarrollo Integral de Limoncito Coto Brus, Asociación de Ecología Social, Asociación de Estudiantes de Geografía UNA, Asociación Dokus, Asociación Palmareña para la Recuperación del Ambiente (APRA), Asociación Regional Centroamericana por el Agua y el Ambiente (ARCA), Bloque Verde, Caminantes por la Vida, Centro Cultural Bribripa Kaneblo de Salitre, Centro de Arte y Sostenibilidad de Longo Mai, Centro de Comunicación Voces Nuestras, Centro en Acción por Derechos Humanos (CADH), Coalición Barva Unida, COECOCEIBA-Amigos de la tierra Costa Rica, Cokomal, SC. , Colectivo 8 Remolinos, Colectivo de Comunicación Popular Radio Machete, Colectivo Voces Ecológicas, Comisión de Ambiente y Turismo de Coto Brus, Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador, Comisión para la Defensa de la Zona Protectora El Chayote, Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel de Santo Domingo de Heredia, Comité Cantonal de la persona joven de Belén, Comité Cívico Agropecuario de Coto Brus, Comité Cívico Bonaerense, Comité de Turismo Longo Mai, Comité para la Protección de los Recursos Naturales de Guacimal, Comité Socio-Ambiental de Lagunilla de Heredia, Consejo de Asociaciones Estudiantiles de la UNA, Coordinadora ni una mina Más, Coordinadora Patriótica Cañera, Coronado por la Naturaleza, Costa Rica Neutral, COVIRENA de Desamparados de Alajuela, Culturas Vivas Comunitarias, El Frente Ecologista Universitario, EquipoCritica.org, Federación Ecologista (FECON), Federación Indígena Estudiantil de Costa Rica, Finca agroecológica Amalur, Foro Cantonal Barveño en Defensa del Agua, Foro de Carrillo, Frente Ecologista de Paraíso, Freshwater Action Network(FAN),Fundación Bandera Ecológica, Fundación La Legión, Fundación Sol de Vida de Guanacaste, Fundación Xtremas, Grupo Agroecológico Generaleño, Grupo Ambientalista de Tinamastes, Grupo Conservacionista los Congos, Grupo de Mujeres Shiroles, Grupo Ecológico de Occidente (GEO), Grupo mujeres Alakolpa U, Guanared Cultura Comunitaria, Indígenas Estudiantes de la Universidad Nacional, IndignadosCR, Instituto de Oceanología de Costa Rica, Juventud Progresista (JUNPRO), Kokopelli Costa Rica, Kolectiva para otras Planificaciones UNA, Las hijas de la negrita, Movimiento Cívico Cruceño, Movimiento Cívico de Liberia, Movimiento Cívico Santacruceño, Movimiento en Defensa de los Ríos de Dota, Movimiento Felix Arcadio Montero-Sto. Domingo, Movimiento Talamanca por la Vida y por la Tierra, Ofensiva Urbana, Oilwatch Costa Rica, Partido UNA Voz, Peña Curridabat, Programa Kioscos Socio-ambientales para la organización Comunitaria UCR , Proyecto Biodiversidad de Costa Rica, Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA), Red de Coordinación en Biodiversidad, Red de Forestería Análoga, Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativos, Red de Mujeres Nicaragüenses, Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, Red feminista contra la violencia, Red por una América Latina Libre de Transgénicos, Servicio Paz y Justicia en Costa Rica (SERPAJ), Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) Costa Rica, Sonámbulo (Banda Psicotropical), Surcos Digital, Talamanca Unida, Un Rojo (Banda de reggae),Unión de Amigos para la Protección del Ambiente (UNAPROA), Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses, Vía Campesina Costa Rica, Unión Norte por la Vida (UNOVIDA), Unión Vital, Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo de Coto Brus, Vida Autentica.
