Categoría: Incidencia

Uso Eficiente del Espectro para Radiodifusión

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Con muchísima preocupación leí el comentario publicado en Diario Extra el día lunes 2 de febrero de 2015 del señor Antonio Alexandre, en su columna Espectro, sobre algunos aspectos que el sector empresarial ve con indisposición de la propuesta de ley del MICITT para tener un marco legal actualizado en tema de radiodifusión sonora y televisiva. Preocupación válida porque el texto sugiere que esta propuesta de ley podría atentar contra el derecho a la libertad de expresión.

Un grupo de trabajadores y trabajadoras de la comunicación hemos estudiado bien el proyecto de ley presentado por el Gobierno. Incluso tenemos listo un proyecto de ley trabajado desde hace varios años por muy diversos grupos de la sociedad civil y en ninguno de los dos textos, el del gobierno y el de las organizaciones sociales, encontramos causas para temer que esté en peligro la libertad de expresión.

Los informes 02492-SUTEL-DGC-2014 y 756-SUTEL-DGC-2014 son clarísimos en las deficiencias de cobertura que han vivido por muchos años diversas zonas del país, aun cuando una gran mayoría de las concesiones de radio y televisión se han dado para darle cobertura a todo el territorio nacional. Los datos son muy preocupantes, 70% de las televisoras no cumplen con la cobertura que deberían dar y muchas de ellas no llegan ni siquiera al 50% de la cobertura del título habilitante. En radio los números son peores, 90% de incumplimiento, con el atenuante de que todas, absolutamente todas las emisoras de cobertura nacional no cumplen con ese título de nacional, es más ninguna logra abarcar el 50% de la cobertura exigida, algunas radios no llegan ni al 10%.

Estos datos de terror, que según la SUTEL se vienen repitiendo desde el año 2012, cuando iniciaron estas mediciones, nos dicen sin ningún tipo de duda, que se está fallando estrepitosamente en el uso correcto y eficiente del espectro radioeléctrico concesionado para la radiodifusión sonora y televisiva. Y este fallo atenta contra la población, a la que se le está negando el acceso a la información y su derecho a la comunicación.

Bajo este contexto es que es plenamente justificado un mejor sistema de seguimiento, medición y de rendición de cuentas de las personas, físicas o jurídicas, concesionarias del espectro. Y que las consecuencias del mal manejo del espectro se vean reflejadas en un marco punitivo acorde a las faltas cometidas, siempre en el marco de la seguridad jurídica. Don Antonio se queja del transitorio III del proyecto de ley del MICITT, que dice que las concesiones ya vigentes se cancelarán si en plazo de un año se comprueba que dichas licencias no están siendo explotadas de conformidad con la ley. Lleva razón el Ministerio, y no es de recibo que los concesionarios, los actuales y todos los que vendrán con el reordenamiento del espectro y la digitalización del mismo, se escuden tras la libertad de expresión, para no cumplir con los requerimientos administrativos a los que se comprometieron al recibir una concesión.

La libertad de expresión es la base de la sociedad democrática. Para mí es el pilar más importante de esta sociedad que tanto queremos. No me agrada que se utilice como argumento falaz cuando la discusión es claramente otra. El espectro es uno de los bienes más preciados de nuestro Estado y en el caso de la radiodifusión sonora y televisiva está siendo pésimamente utilizado. Es urgente que la nueva legislación al respecto sea fuerte y clara en este tema, y eso, en la discusión país que se ha abierto, no es un punto negociable.

Publicado también en el sitio de la RedMica.

Baja el precio de los combustibles pero no el de las tarifas de bus

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En los últimos días hemos sido testigo de una acelerada disminución en el precio de los combustibles a nivel internacional que, por supuesto, se ha reflejado en la economía nacional y en el propio precio de los mismos en territorio costarricense, por lo que la ANEP hace un llamado y consulta a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), para que realice una revisión en las tarifas de los autobuses de todo el país.

Es tal el impacto en la disminución del precio del crudo que se considera que en este momento han alcanzado el nivel que tenían los mismos en el año 2006. No obstante lo anterior, en ese comportamiento de los precios internacionales, y por ende nacionales, no se ha traducido en una disminución de los pasajes de autobús o de otros servicios íntimamente ligados a ese componente.

Ante esta situación, en la ANEP solicitamos a la ARESEP y a su Regulador General Dennis Meléndez Howell, nos haga llegar información de los incrementos de autobús que se dieron en los últimos 5 años y cuál fue el impacto que tuvo el componente de los combustibles en ese incremento, ya que lo consideramos de suma importancia.

No omitimos manifestar que como organización sindical que representa a un amplio sector de los consumidores y usuarios consideramos fundamental disponer de esa información en el tiempo que determina la ley en cuanto al derecho de respuesta pronta; indicando, a la vez, que tramitamos esta petición por la vía electrónica especialmente, considerando que la misma ha sido legitimada por decisiones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ha habilitado tal vía como válida para interpelar a la administración.

Adjuntamos carta enviada al Regulador General.

De Procuradora del Estado a “procuradora del gran empresariado”

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Aunque nos genera un gran repudio y, por ende, nos mueve a emitir una fuerte condena al respecto, consideramos “lógico” el criterio que ha emitido la señora Ana Lorena Brenes Esquivel, en contra de la Reforma Procesal Laboral (RPL); pues esto es lo que representa su declaratoria de “inconstitucional”, a la decisión del actual Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, quien en diciembre anterior revocó el veto a dicha legislación, impropia y malsanamente interpuesto por su antecesora en ese cargo, la desprestigiada Expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda.

Este ataque de la señora Brenes Esquivel en contra de la Reforma Procesal Laboral (RPL) sobreviene, de manera coincidente, en momentos cercanos a la “novela política” de los últimos días en la cual ella fungió como la “principal actriz de reparto”, a propósito del presunto ofrecimiento de un cargo diplomático por parte del hoy “renunciado” don Daniel Soley Soler, ahora exviceministro de la Presidencia. Él lo negó categóricamente y ella no lo pudo probar contundentemente.

Como para “congraciarse” con los sectores del gran corporativismo empresarial de corte neoliberal, y como para “honrar” las lealtades diputadiles de esa “fracción parlamentaria de facto” al servicio del principal latifundio mediático del país, Ana Lorena Brenes Esquivel la emprende con su lamentable criterio contra la reforma laboral más importante de las últimas décadas; extraordinariamente necesaria para combatir la creciente desigualdad y los fuertes desniveles de la relación obrero-patronal impuestos por la competitividad neoliberal.

En el documento que la ANEP preparó y que no fue recibido por el Ministerio Público en la tarde de este día, martes 27 de enero de 2015, intentamos oficializar una denuncia penal contra la señora Brenes Esquivel, en estricta observancia de lo dispuesto por el artículo 344 del Código Penal, el cual establece que “será reprimido con treinta a noventa días multa el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo a persona en quien no concurrieren los requisitos legales”.

La indicada jerarca Brenes Esquivel en confesión espontánea en la Asamblea Legislativa, durante el desarrollo de la “novela política” en la cual fungió ella como la “principal actriz de reparto”, aceptó recomendar el nombramiento de la licenciada Zulli Beatriz Sarmiento Chávez, ciudadana salvadoreña de nacimiento, con cédula de naturalización No. 8-077-365; nombramiento impulsado por la hoy desacreditada procuradora en contravención del inciso b), del artículo 14, de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que exige que los procuradores sean costarricenses por nacimiento.

Aparentemente, la señora Brenes Esquivel, impulsando ese ilegal nombramiento, habría inducido a error a la actual Ministra de Justicia y al propio Presidente de la Republica, quienes no sabían de la condición de salvadoreña de nacimiento de la recomendada de la señora procuradora.

Más grave todavía es que la señora Brenes Esquivel hizo un “invento” jurídico defendiendo tal nombramiento hasta lo que resolviera la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo cual la pone al margen del principio de legalidad y de probidad en la función pública.

Los anteriores son parte de los contenidos de la denuncia preparada por la ANEP y que contra el actuar de la señora Brenes Esquivel pretendimos interponer ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en el Primer Circuito Judicial de San José. Ni siquiera se pudo lograr un “recibido” de la denuncia, pues el cargo que ella ocupa está protegida por la inmunidad que cubre a los miembros de los supremos poderes. Por tanto, es otro camino el que debe seguirse para pedirle cuentas a la señora procuradora de sus últimas actuaciones que, como mencionamos al inicio, la desacreditan y la deslegitiman ante importantes segmentos ciudadanos que tienen muy presentes actuaciones de ella en esta administración, pero también en las inmediatamente anteriores.

Exigimos la renuncia de la señora Procuradora del Estado que ha pasado a ser la “procuradora del gran empresariado”, el corporativo-empresarial de corte neoliberal. Exigimos al Consejo de Gobierno abrir los procesos tendientes para que se le quite su inmunidad y/o para que pueda rendir cuentas de su ilegal proceder.

Sin credibilidad, sin legitimidad, debe ella salir de ese cargo; de la misma manera que su contertulio de cafetería, también tuvo que dejar su alto cargo.

Apoyamos la creación del registro de accionistas en sociedades

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La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda anunció su iniciativa para la emisión de un decreto ejecutivo estableciendo en el país el Registro de Accionistas en Sociedades.

Se trata de una acertada iniciativa que apoyamos las organizaciones sociolaborales que integramos la coalición sindical PATRIA JUSTA.

Considerando los espantosos niveles de fraude fiscal en todas sus dimensiones, cuya monto oficialmente ronda casi los 8 puntos de Producto Interno Bruto (PIB) y que es una cifra constatada por diversos estudios de fuentes de gran prestigio y credibilidad; la posibilidad de que el país cuente con un Registro de Accionistas en Sociedades apunta un paso en la correcta dirección que debemos transitar en este ámbito fiscal: el camino de la progresividad tributaria.

Completamente acertado es que se establezca la obligación corporativa de suministrar en materia de sociedades mercantiles, información sobre el detalle de los socios y la composición del respectivo capital social.

De manera contundente, el proyecto de decreto ejecutivo nos indica en su artículo 3: “Las sociedades mercantiles deben informar su fecha de constitución, quiénes son sus accionistas incluyendo nombre, el número identificativo, cantidad de acciones que posee y su valor total nominal en colones, fecha de adquisición y el porcentaje de participación de cada uno”.

Se nos ha venido vendiendo la idea de que el país debe “jugar en las grandes ligas” con su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que nos obliga a establecer una fuerte transparencia fiscal que con ese 8 % de PIB en robo de impuestos, está muy lejos de alcanzarse a plenitud.

En tal sentido sería contradictorio que los mismos grupos corporativo-empresariales del gran capital neoliberal que han venido presionando por el ingreso del país a la OCDE, ahora “peguen el grito al cielo”, porque la transparencia fiscal, como la que se incluye en ese proyecto del Ministerio de Hacienda, les afecte sus intereses de acumulación. Estar a favor del ingreso a la OCDE y en contra de este decreto, les deslegitima en sus posiciones.

Por otra parte, el país es miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el cual tiene como finalidad central y estratégica “…combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros”.

Bien sabemos cómo el mecanismo privado de organización empresarial en el formato de sociedades mercantiles (como las que pretende comprender este decreto), se han prestado y se seguirán prestando para operaciones tan perversas como las del crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.

Hacemos un llamado vehemente al Gobierno de la República para que resista las clásicas presiones de la alta cúpula empresarial neoliberal del país y su periódico “estrella”, pues ya están empezando a cuestionar tan oportuna y feliz iniciativa hacia la ansiada progresividad tributaria que tanto necesita el país.

Finalmente, vemos esta iniciativa del Ministerio de Hacienda y de su Dirección de Tributación, desde la perspectiva de la propia propuesta de real justicia tributaria que la coalición sindical PATRIA JUSTA ha planteado al país, denominada “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”.

SITRAP celebró su Asamblea General

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La actividad que se desarrollóó en el Salón Comunal de la Escuela Justo Antonio Facio, en Siquirres, estuvo marcada por una gran afluencia de afiliados al SITRAP, quienes mostraron un enorme entusiasmo por elegir a su nueva Junta Directiva.

La Asamblea General, aparte de elegir una nueva Junta Directiva, también es escenario para brindar el informe de labores de la junta saliente, que estuvo a cargo de Lidier Leitón, Secretario General de SITRAP.

Conforme avanzó la actividad llegó el momento de elegir a la nueva Junta Directiva, que nuevamente quedó liderada por Didier Leitón, respaldado de forma unánime por todos los afilados de SITRAP, gracias al buen trabajo realizado en su gestión anterior y los logros alcanzados.

La “renuncia” del Viceministro de la Presidencia

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Hace unos pocos minutos se ha anunciado que el Lic. Daniel Soley Gutiérrez ha renunciado a su cargo de Viceministro de la Presidencia, al hacerse insostenible en tal posición, luego de que le ofreciese, presuntamente y según denuncia mediática, una embajada a la actual Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes; la cual, también presuntamente, habría mostrado una “aversión” hacia la línea política del actual Gobierno encabezado por el señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera.

Evidentemente un ofrecimiento de un “hueso” diplomático como el que se dice que se manifestó en esta coyuntura, es un ejemplo de la nefasta política tradicional del viejo sistema bipartidista hoy en vías de extinción.

Actuaciones de este calibre explican (entre otros factores), el desprestigio de la política y de los políticos pues manifiesta tanta inmoralidad que, evidentemente, no queda más que catalogarles como una expresión de corrupción “en las alturas”.

El Presidente Solís no podía seguir tolerando la presencia del Lic. Soley en su gabinete, sopena de un defenestramiento ético-político y a un alto precio político que no podía pagar: eventuales votos para seguir controlando el directorio legislativo en la segunda legislatura del presente período constitucional del actual parlamento.

Se hizo lo que se tenía que hacer pero el costo político ya está claro.

Ahora bien, desde nuestra perspectiva, este caso deja más interrogantes que respuestas y algunas de ellas, lamentable e inexplicablemente la involucrada “estrella” en el asunto, la señora Procuradora General de la República, no ha sido clara al respecto.

Veamos algunas: ¿quién pidió la cita para el encuentro entre ella y el ahora “renunciado”?, ¿quién filtró a la prensa la reunión entre ambos?, ¿desde cuándo esta notable jerarca se sintió “lejana” al presente Gobierno?, ¿es que sí se sintió cercana al anterior, el de la señora Chinchilla?, ¿actuó don Daniel por “iniciativa propia”?, ¿por qué la señora Procuradora no actuó con energía, con total diligencia y rápidamente, denunciando al ahora exviceministro Soley, si estaba en juego la “majestad” de la independencia institucional de la notaría del Estado?, etc., etc.

Como podemos notar, aunque la “renuncia” se haya dado a pocas horas de la reanudación de las sesiones de la Asamblea Legislativa luego del período de vacaciones de la época, quedan más interrogantes que respuestas y, paradójicamente, no se aplacará el torbellino político “usual” en estas circunstancias.

La Libertad de Expresión de Luto

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Vivimos en tiempos complejos. Cuando creemos que la humanidad en su conjunto debería estar caminando hacia horizontes de entendimiento mutuo, de solidaridad perenne, de progresismo de pensamiento, los fundamentalismos construyen muros gigantes que amenazan con detener la marcha. Fundamentalismos religiosos, políticos y empresariales que dividen el mundo entre “nosotros” y “los otros”, sin capacidad de mirarse iguales a nadie, sin entendimiento para las otras voces, con una soberbia tan grande y espantosa que los hace creer que su verdad es la única verdad.

En medio de estos fundamentalismos está la humanidad y en peligro todos los derechos que hemos consensuado son los básicos para el respeto entre seres humanos. Derechos humanos que nos pretenden arrancar con la violencia de sus actos, con el frío metal de sus kalashnikovs. El día de ayer, miércoles 7 de enero de 2015, doce personas entregaron sus vidas por defender y ejercer el que, para mí, es el derecho más fundamental de la democracia, el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, sin el cual la complejidad del sistema democrático no podría existir. Ayer, 12 personas, entre periodistas, caricaturistas, personal administrativo y de seguridad, murieron en la redacción del periódico Charlie Hebdo, asesinados por el fundamentalismo que no permite, o pretende no permitir, que exista otro pensamiento que no sea el suyo.

El tema es de suma importancia para la organización a la que pertenezco, la ANEP, no sólo por nuestra vocación democrática, sino porque vivimos constantemente atacados por fundamentalismos. Fundamentalismos de izquierda y de derecha, políticos y empresariales, que desearían que no existiéramos, o por lo menos que nos calláramos, y que nuestra voz no pudiera ser escuchada fuera de las cuatro paredes de nuestras oficinas. Las amenazas de muerte deslizadas bajo nuestra puerta en los tiempos de la lucha contra el TLC, como ejemplo, lo que hicieron fue renovar nuestra creencia en que una mayor democracia informativa y comunicacional es urgente para nuestra sociedad costarricense, y por esto la lucha constante de nuestro sindicato a favor de reconocer el derecho a la comunicación como un derecho humano.

Y eso mismo hacía el periódico Charlie Hebdo y lo reivindicaba Charb, su director, fallecido en el ataque ayer. No importa si su línea editorial incomodaba, no importa si usted o yo creíamos que sus caricaturas eran “irrespetuosas” o “faltas a la moral”. La defensa de la libertad de expresión radica en que se hará sin trascender lo que se esté diciendo. La vía democrática nos dice que la tinta con tinta se combate. Y esto además es nuevamente una reivindicación de la libertad de expresión. Y si lo dicho en un medio de comunicación es una incitación al odio, a la violencia o un atentado contra la dignidad de alguna persona, para eso están los estrados judiciales. Jamás el derramamiento de sangre será una solución para la democracia.

Hoy, esa sangre vertida ayer en París, deberá llenar los tinterillos de todo el mundo, para escribir más y más, para decir más y más. Para combatir toda clase de fundamentalismos, con ideas, con opiniones, con análisis, y sí, hasta con caricaturas, chistes y parodias. Que la tinta alimentada con sangre será eterno combustible para la democracia.

Celebramos la reanudación de relaciones diplomáticas entre Cuba y los EE.UU

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Las organizaciones sociolaborales costarricenses que conformamos la Coalición Sindical PATRIA JUSTA, expresamos nuestro júbilo por y celebramos la histórica decisión de los gobiernos de Cuba y de los Estados Unidos de América, de reanudar sus relaciones diplomáticas y abrir espacio para intercambios bilaterales de diversa índole entre ambos países.

El anuncio efectuado de manera simultánea por los presidentes Raúl Castro y Barack Obama, respectivamente, alegra las conciencias populares y cívicas de todos los pueblos de la América Latina y abre espacios para hacer avanzar la unidad entre nuestras naciones hermanas; siendo Cuba, como siempre, ejemplo de dignidad gigante para todas, independientemente de que compartamos o no compartamos su sistema político.

Esta impactante decisión, dada a conocer en este día miércoles 17 de diciembre de 2014, fecha que ha de pasar a la historia, es un espaldarazo a la lucha por la justicia social que se libra en todos nuestros países latinoamericanos; considerando el papel mediador del papa Francisco, cuyas posiciones centradas en la promoción del bien común, la lucha contra la desigualdad y la paz entre los pueblos y las naciones, respetando sus diversidades, está conmocionando el escenario internacional.

No cabe duda de que el avance de la multipolaridad en las relaciones internacionales ha jugado un papel en todo esto; y considerando la “competencia” geoestratégica que enfrentan los Estados Unidos en la América Latina, con la pérdida de influencia en la región y el serio y firme posicionamiento en desarrollo en la misma, de Rusia y de China, hace más que obligado para el gobierno estadounidense tomar decisiones de tolerancia político-convivencial, con países y gobiernos que piensan distinto al pensamiento hegemónico-dominante de la globalización neoliberal que azota al pueblo estadounidense.

Desde Costa Rica, la coalición sindical PATRIA JUSTA, representativa de miles de conciencias obreras, felicita a los mandatarios Raúl Castro y Barack Obama por esta crucial decisión que, sin duda, representa un alivio a las crecientes tensiones del actual esquema de las relaciones internacionales.

De la misma forma, expresamos con vehemencia un llamado al poder legislativo de los Estados Unidos de América para que derogue, completa y radicalmente, la criminal ley del embargo contra Cuba así como otras leyes conexas.

La constatación de que tal embargo es un fracaso de marca mayor y de que la tiranía en las relaciones internacionales solamente lleva a enfrentamientos, son suficientes argumentos para una decisión de tal calibre; ampliamente condenada, una y otra vez, por la práctica totalidad de los pueblos de la tierra, con ocasión de las sucesivas asambleas anuales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Hacemos un vehemente llamado al Presidente de Costa Rica, don Luis Guillermo Solís Rivera, para que en el nuevo contexto que continentalmente se abre a partir de la reanudación de los vínculos entre Cuba y los Estados Unidos, decida emprender un rumbo a la política exterior costarricense de cara al Sur, abriendo espacios nuevos al comercio exterior de nuestro país; y aportando, con la autoridad moral nacional que nos asiste, a la unidad latinoamericana, siendo como fuimos, país pionero en su defensa, a la luz de la gesta histórica de nuestro Héroe Nacional y Libertador de la Patria, don Juan Rafael Mora Porras, don Juanito Mora, en 1856-1857.

Finalmente, la decisión de los presidentes cubano y estadounidense no deja de representar un mensaje directo a las corrientes extremistas ticas afines al pensamiento excluyente y antihumanista de la globalización neoliberal, de que frenar el desarrollo de la lucha por la justicia social es una pésima “inversión”, toda vez que la inclusión social es un desafío estratégico más allá de ideologías.