Categoría: Incidencia

Bota enviada a la ANEP por el compañero y ex Directivo Carlos Alberto Elizondo.

Buenas noches: EsTimados compañeros de la ANEP, un saludo fraternal. Sobre este tema de la legalización de las drogas como alternativa para reducir el problema de las drogas, me veo en la obliación de realizar un comentario para aclarar algunos puntos.

Algunas personas, sostienen que el problema del consumo de drogas, se solucionaría con la legalización de las mismas.

Pretendo desmitificar las tres principales premisas de los defensores de esta posición:

Mito Número 01: Con la legalización disminuiría la oferta de drogas (narcotráfico).
ESTO ES FALSO. El mercado negro de las drogas persistiría incluso con la legalización. La legalización se presenta con frecuencia como un argumento abstracto, sin haber analizado con seriedad las áreas de debate subsecuentes. ¿Qué es lo que debe legalizarse? ¿Tan sólo la marihuana? ¿La marihuana y la heroína? ¿Todas las drogas? ¿Para qué edades? ¿Quién vendería las drogas – el gobierno o empresas privadas? ¿Quién será responsable por los costos sociales del uso de las drogas? Recordemos que la existencia de un mercado negro depende en gran parte de los parámetros que determinan el uso legal. Por lo tanto, si sólo se legalizara la marihuana, los narcotraficantes continuarían su comercio ilegal de heroína y cocaína; si el uso de drogas fuera legal para los mayores de 18 años, los narcotraficantes tratarían de venderlas a los menores de 18 años. Por tanto, lo que provocaría la legalización de las drogas, sería el desplazamiento de nichos de mercado de los traficantes, hacia otros sectores poblacionales.

Mito Número 02: Con la legalización bajaría la demanda (consumo).
FALSO Y SIN FUNDAMENTO EMPÍRICO. Un elemento fundamental del debate sobre la legalización es la afirmación de que el consumo de las drogas y la drogadicción no aumentarían si se legalizaran. Esto es evidentemente falso. El consumo de bebidas alcohólicas aumentó de manera importante después de que se abolió la prohibición de las mismas en los EUA. Vivimos en un mundo de adicciones. El número de adictos a la nicotina y al alcohol en nuestro país, se cuenta en decenas de miles. ¿Acaso alguna persona cree con seriedad que el acceso más libre a las drogas sin ninguna amenaza de sanción o castigo tendría como consecuencua una baja en el número de personas que usan drogas? ¿Acaso alguna persona seria quiere hacer más fácil que los jóvenes obtengan drogas? No creo que así sea. Sin embargo, éste sería el resultado inevitable de la legalización.

Mito Número 03: Los programas de legalización han tenido consequencias positivas (eficiencia comprobada).
Otra falacia en cuanto a los argumentos en pro de la legalización es la idea de que los programas de descriminalizar han tenido éxito en otras naciones. Las leyes liberales de Holanda en cuanto a las drogas son tema de amplia discusión en los medios informativos. No obstante, lo que no se conoce ampliamente es el hecho de que ese país, cuyo tamaño es un poco menor que Panamá, tiene más de 50 clínicas que proporcionan metadona a los adictos a la heroína, y que quienes abusan de las drogas constituyen un gran porcentaje de los reos en las cárceles holandesas.

Es más, el número de personas que usan marihua ha aumentado en ese país desde que se discriminalizó su uso. Suiza liberalizó el uso y venta de drogas en una parte de la ciudad de Zurich llamada “Parque de las agujas”, atrajo drogadictos de toda Europa. Las autoridades suizas clausuraron finalmente el parque en 1992, despés de que se registró un aumento de violencia y muertes. Se calculaba entonces que el número de usuarios de drogas había aumentado de unos cuantos cientos hasta 20,000.

De manera que, las personas qiue defienden la legalización, son personas que no menejan información veraz sobre el problemas de las drogas, carecen de datos, conocimientos empíricos y evidencias que sustenten tales posiciones. Se trata de postulados liberales sin fundamento científico. La tolerancia socia hacia la oferta y la demanda de drogas, solo conducen al estimular el consumo y a acentuar este problema de salud pública.

Finalmente, cabe señalar que lo que hay que evaluar es la efectividad de los programas de prevención o tratamiento que brindan los países, ya que en muchos de éstos (méxico, Colombia, etc) lo que ha fracasado es que los estados le han dado énfasis a los programas represivos (leyes y militarismo). Y en relación con los programas de Reducción de Daño (suministro de insumos o drogas sustitutas) a poblacion adicta de alto riesgo, es otro tema más complejo que se debe discutir aparte.
Espero que lo anotado, sirva para dar elementos más técnicos sobre este tema tan complejo.

Un abrazo Carlos Alberto.

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La guerra contra las drogas ha fracasado

Juan Carlos Hidalgo-El Financiero

La noticia recorre hoy el globo: la guerra mundial contra las drogas ha fracasado. En realidad no es ninguna novedad. Basta con ver los titulares desde México donde la violencia del narcotráfico ya suma más de 35.000 víctimas mortales en poco más de 4 años. O las estadísticas que muestran que el consumo de estupefacientes permanece relativamente estable alrededor del planeta a pesar de los ingentes esfuerzos de los gobiernos por combatirlo: cada año al menos 250 millones de personas alrededor del mundo consumen sustancias ilícitas.

Sin embargo, el tema es noticia hoy porque un panel de 19 destacadas figuras mundiales, donde se encuentran el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, los expresidentes latinoamericanos Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ernesto Zedillo (México) y César Gaviria (Colombia), así como otras personalidades como el Premio Nóbel Mario Vargas Llosa, ha publicado un poderoso reporte que condena el fracaso evidente de la guerra contra las drogas y llama a los gobiernos a considerar alternativas como la despenalización y la legalización de las drogas.

El reporte dice todas las cosas correctas: la prohibición ha fracasado en disminuir el consumo mundial de drogas, y más bien ha llevado a la creación de mercados negros y redes criminales que recurren a la violencia y a la corrupción a la hora de conducir su negocio. Esta violencia relacionada al narcotráfico amenaza la estabilidad institucional de naciones enteras, especialmente en los países en desarrollo. Además, la prohibición ha provocado la estigmatización y la marginalización de la gente que consume drogas ilegales, lo cual dificulta ayudar a aquellos que son adictos. El reporte también denuncia lo que muy apropiadamente llama el “imperialismo del control de drogas”, es decir, cómo Estados Unidos “ha trabajado enérgicamente durante los últimos 50 años para asegurar que todos los países adopten el mismo enfoque rígido en la política de drogas”.

En la sección de recomendaciones, el reporte señala que la legalización de las drogas “es una opción política que debería explorarse con el mismo rigor que cualquier otra”. Como he señalado en anteriores ocasiones, únicamente la legalización de las drogas, al eliminar los mercados negros, garantiza una disminución substancial de la violencia del narcotráfico y de los demás flagelos sociales asociados con la prohibición. El informe también resalta las experiencias positivas de otros países como Suiza con programas de entregarles drogas sustitutas a los adictos. En nuestro país, una idea similar fue rechazada ad portas por la presidenta Laura Chinchilla.

Este informe sin duda alguna recibirá mucha cobertura mediática en los próximos días y semanas. Es hasta ahora el espaldarazo de más alto perfil a la idea de reformar las políticas sobre drogas alrededor del mundo. Y, al contar con el actual Primer Ministro de Grecia, George Papandreou, como uno de sus signatarios, ofrece la esperanza de que otros líderes mundiales que actualmente ostentan cargos públicos se unan al llamado a acabar con la fracasada guerra contra las drogas. Solo imaginémonos que nuestro país, en lugar de ir a una Comisión de Derechos Humanos de la ONU donde callaremos las violaciones a estos por parte de China, levantara la bandera por acabar con una política que le cuesta la vida a tantos miles de personas alrededor del planeta, incluyendo dentro de nuestras fronteras. Pero nuevamente, esperar una posición de avanzada de la administración Chinchilla sería como pedirle peras al olmo.

Una Comisión de Alto Nivel compuesta por mandatarios, ex presidentes y figuras de renombre internacional publicó un crítico reporte que cataloga de fracaso la guerra contra las drogas y pide un replanteamiento total de la estrategia antinarcóticos del planeta.

En su reporte, la “Comisión Global de Políticas de Drogas” pide a los países acabar con criminalización y experimentar con la regulación del uso de sustancias hoy ilícitas.

“La lucha contra las drogas ha fracasado y con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo.

A 50 años del inicio de la Convención de la ONU sobre Drogas Narcóticas y 40 años de que el presidente Nixon lanzara la guerra contra las drogas, son necesarias, y de manera urgente, reformas fundamentales a nivel nacional y en las políticas globales de las drogas”, dice el informe obtenido por ELTIEMPO.COM

Entre los miembros de la Comisión figuran el Primer Ministro de Grecia, George Papandreou, el ex secretario General de la ONU Kofi Annan, el ex jefe de la Reserva Federal de EE. UU. Paul Volcker, el ex secretario de Estado George Shultz y los ex presidentes César Gaviria (Colombia), Ernesto Zedillo (México) y Fernando Cardoso (Brasil), entre muchos otros.

De acuerdo con el reporte, pese a las enormes sumas de dinero que se han invertido en la criminalización y otras medidas represivas contra los productores, estas no han logrado reducir ni la demanda ni el consumo.

“Victorias aparentes en la eliminación de una fuente o organización narcotraficante son diezmadas casi de inmediato con la aparición de otras fuentes o narcos. Las medidas represivas contra los consumidores impiden medidas de salud pública para reducir el Sida, las muertes por sobredosis y otras consecuencias nocivas del consumo”, sostiene el documento.

La Comisión plantea una serie de recomendaciones, como acabar con la criminalización, estigmatización y el marginar a las personas que usan drogas, pero que no le causan daño a otros.

Pide, a su vez, que se experimente con modelos legales de regulación de drogas (especialmente para el caso de la marihuana) con el objetivo de diezmar el poder de las organizaciones criminales y que se debe traducir en mejores condiciones de seguridad en los países.

También sugiere que se pongan a disposición diferentes modalidades de tratamiento asistido para drogadictos como los que se han puesto en práctica en muchos países de Europa y Canadá para el caso de la heroína.

Para la Comisión, así como debe cambiar el enfoque frente a los consumidores también debe hacerse frente aquellos eslabones bajos de la cadena como vendedores o cultivadores, que son víctimas también del problema.

“El arresto de miles de ellos en las últimas décadas solo ha llenado las cárceles sin reducir la disponibilidad de la droga. Parece no existir límite en la cantidad de personas dispuestas a meterse en el negocio para salir de la pobreza o sostener a su familia. Esos recursos, por tanto, deberían invertirse en otras cosas “, sostiene el reporte.

La Comisión planea un modelo de prevención que no se limite a campañas de “cero tolerancia” o decir “no a la droga” pues los considera simplistas y sugiere enfocarse más en grupos de alto riesgo con estrategias basadas en información creíble.

Otro énfasis del reporte es que los gobiernos se deben enfocar en acciones represivas contra las organizaciones criminales, pero no con el simple objetivo de reducir el mercado sino para disminuir su poder, influencia y capacidad de intimidación.

En otra recomendación el grupo pide a los países dejar atrás las políticas y estrategias antidrogas guiadas por “conveniencia política” y reemplazarlas por políticas responsables en términos fiscales y que estén basadas en la ciencia, salud, seguridad y derechos humanos.

La Comisión se integró como seguimiento al esfuerzo realizado en el 2009 por los ex presidentes Gaviria, Cardoso y Zedillo, que en su momento publicaron un reporte pidiendo un cambio de paradigma en las políticas antidrogas.

El informe será presentado oficialmente este jueves en Nueva York.

Según Gaviria, que será uno de los participantes en la conferencia de lanzamiento, “no podemos seguir ignorando como el crimen la violencia y la corrupción que genera la droga son el resultado de política antidrogas fallidas. Es hora de romper el tabú que existe para discutir todas las opciones, incluidas alternativas a la prohibición”.

Por su parte, el ex presidente de Suiza, Richard Dreifuss, destacó la contundente evidencia recopilada en Europa y que demuestra los beneficios humanos y sociales de abordar el problema de la droga desde una perspectiva de salud pública y no de crimen.

“Estas políticas deben ser adoptadas a nivel mundial, con cambios requeridos a las convenciones internacionales sobre control de drogas”, dijo Dreifuss.

Los miembros de la Comisión

-Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas, Ghana.

-Louise Arbour, ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos, presidente de International Crisis Group, Canadá.

-Richard Branson, empresario, activista de causas sociales, fundador de Virgin Group, cofundador de The Elders, Reino Unido.

-Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil, Presidente de la Comisión.

-Marion Caspers-Merk, ex Secretaria de Estado en el Ministerio Federal de Salud de Alemania

-María Cattaui, miembro de Petroplus Holdings Board, ex secretaria general de International Chamber of Commerce, Suiza

-Ruth Dreifuss, ex presidente de Suiza y ministra de Asuntos Internos

-Carlos Fuentes, escritor e intelectual público, México

-César Gaviria, ex presidente de Colombia

-Asma Jahangir, activista por los derechos humanos, ex Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Pakistán

-Michel Kazatchkine, director ejecutivo del Fondo Global contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, Francia

-Mario Vargas Llosa, escritor e intelectual público, Perú

-George Papandreou, Primer Ministro de Grecia

-George P. Shultz, ex Secretario de Estado, Estados Unidos (Presidente Honorario de la Comisión)

-Javier Solana, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, España

-Thorvald Stoltenberg, ex ministro de Relaciones Exteriores y ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, Noruega

-Paul Volcker, ex Director de la Reserva Federal de Estados Unidos y de la Economic Recovery Board

-John Whitehead, banquero y funcionario público, director del World Trade Center Memorial Foundation, Estados Unidos

-Ernesto Zedillo, ex presidente de México

SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL ELTIEMPO.COM
WASHINGTON

Ya del asunto nadie habla mucho, después de que las tasas de desempleo en Costa Rica se elevaron a sus máximos en más de un cuarto de siglo, y cuando al mismo tiempo las regulaciones de ese tratado imponen restricciones que hoy devienen obstáculo a la creación de nuevos empleos. Me refiero, en concreto, a la imposibilidad de frenar la entrada de capitales especulativos, a raíz de lo cual la moneda se ha revalorizado, provocando efectos negativos para las actividades exportadoras, turísticas y a las que compiten con productos importados.

En lo que respecta a Crucitas, la empresa involucrada ha actuado como político a la caza de votos o como uno de esos narco-lavadores-de-capitales: reparten dádivas intentando aprovecharse de la pobreza y la necesidad para ganarse las simpatías populares, en una cínica operación de soborno y corrupción. La minera, en particular, se ha querida presentar como salvadora de una población que, en efecto, carece de oportunidades productivas y de empleo y es víctima de este modelo económico concentrador y excluyente.

Guardando las proporciones del caso, es innegable que la propaganda del sí al TLC guarda notable parecido con la propaganda con que la minera canadiense promueve su imagen.

El TLC venía a ser como el puntillazo final, o, si se prefiere, el solemne acto de coronación, de un modelo de desarrollo –el modelo o estrategia neoliberal- que a lo largo de los años produjo enormes desequilibrios de desarrollo, perpetuación de la pobreza y un ahondamiento brutal en las diferencias sociales. Parte de esta problemática lo fue la radical pérdida de calidad de los empleos disponibles y su galopante precarización, en un contexto de sistemático irrespeto a toda la normativa en materia laboral.

Instalada la inseguridad económica y laboral y la consecuente angustia que ello genera, quedó abonado el terreno para el chantaje. Y con base en el puro chantaje –y a gran escala- se logró aprobar ese tratado. El TLC es hijo de la amenaza y el miedo ejercido sobre una población que, de cualquier forma, ya vivía acongojada respecto de sus fuentes de ingreso y trabajo. De forma elocuente, ello quedó recogido en los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, los cuales evidenciaron la abierta intervención de la embajada estadounidense.

Crucitas es, a estos efectos, un caso extremo, aunque en pequeño, de ese mismo cuadro de precariedad e incertidumbre. Una comunidad empobrecida y largamente olvidada por políticos y políticas, partidos y gobiernos, que deviene víctima del espejismo de empleo y prosperidad creado por una minera que, en realidad, tan solo les dará un puñado de empleos transitorios y de mala calidad, al costo de una pavorosa devastación ambiental.

Es como al modo de un círculo vicioso que esta estrategia neoliberal engendra y del cual parece alimentarse para sostener su hegemonía. Su base y sostén es la negación: niega derechos laborales y seguridad en el empleo y los ingresos; niega la igualdad y la justicia; niega la posibilidad de una interrelación respetuosa con la naturaleza; niega el acceso a un desarrollo regionalmente equilibrado; niega el espacio para que florezca el capital nacional y, en especial, bloquea la posibilidad para que se consoliden las pequeñas empresas y los emprendimientos de la economía social. Niega, incluso, el derecho a la salud, la educación y el agua. Y desde ese espacio de negación, genera un contexto de terror: una población carenciada que teme que lo poco que a duras penas tiene o logra aún conservar se le vaya de las manos. Surge entonces el chantaje de la alternativa única: si no se aprueba el TLC no habrá empleo ni ingresos para vivir. O, en un contexto más reducido pero igualmente significativo: si no se cuenta con la minera, no habrá trabajo para una comunidad pobre y olvidada.

Así, esta estrategia neoliberal ejerce una especie de efecto disolvente sobre la esperanza; conforme se instala la incertidumbre y la precariedad, la vida se convierte en una lucha del “sálvese quien pueda”, de la cual queda expulsada la posibilidad de un algo distinto, lo cual tiene un efecto políticamente paralizante.

Y, sin embargo, el desarrollo debería ser muy otra cosa. Y quizá el caso de Crucitas, justo por ser algo que se da en pequeña escala, lo ilustra con especial claridad. Esa pequeña población debería tener el derecho efectivo de un desarrollo sano y justo: empleos de calidad con pleno respeto a las garantías laborales; ingresos estables y suficientes; equitativa distribución de la riqueza; servicios públicos de calidad; educación, arte y esparcimiento; paz y tranquilidad; armonía con la naturaleza; un ambiente sano y disfrutable; vivienda digna. Y, deseablemente, una cultura que promueva la equidad de género, el respeto a lo diverso y la participación en democracia.

La minera no les dará nada de eso, como tampoco las piñeras o las bananeras se lo han dado a las regiones donde se instalan. Un desarrollo distinto es seguramente urgente, pero de por medio hay una tarea cultural, política y educativa muy compleja: la de lograr que la gente comprenda que ese otro desarrollo sí es posible y que la esperanza sigue viva.

*especial para ARGENPRESS.info

Video de ANEPtv

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“*¿Qué es el impusto “Robin Hood?*
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Este miércoles 22 de junio de 2011, el Lic. Juan Carlos Mendoza García, Presidente de la Asamblea Legislativa, recibió en su despacho legislativo en el Castillo Azul, a las 9 en punto de la mañana, a una representación de la Central Social Juanito Mora Porras, CSJMP, y la Asociación nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, que le hizo entrega de un documento en la cual se plantea, por primera vez en Costa Rica y ante una alta autoridad del sistema político, el tema del impuesto “Robin Hood”.

Esta acción de la ANEP y la CSJMP forma parte del Día de Acción Global sobre la iniciativa de establecer un impuesto, una tasa, a las Transacciones Financieras Internacionales (TFI); iniciativa ésta promovida por los movimientos sindicales y sociales de la Unión Europea (UE) y que ya está aprobada por el propio Parlamento Europeo, en un día en el cual en muchos países del mundo se realizan acciones similares.

Que paguen la crisis quienes la provocaron

La crisis financiera internacional, fue generada por la avaricia descontrolada de acumulación de riqueza por parte del capital bancario-internacional, que tiene en la quiebra a varios países europeos y cuyos pueblos están siendo sometidos a sacrificios y tormentos sumamente crueles.

Según cálculos de muchos economistas si hubiese una tasa TFI de un 0,005 %, habría disponible 400 mil millones de dólares anuales para ser utilizados en políticas públicas de corte social para atender los estragos en los pueblos crucificados por una crisis bancaria del capital financiero que estos jamás generaron.

Crisis, impuestos y “paquetes tributarios”

Segú la crisis fiscal que dice padecer el actual Gobierno de Costa Rica, por falta de tributos, la ANEP y la CSJMP proponen un impuesto “Robin Hood”, que le generaría al Poder Ejecutivo la plata que dice que le hace falta y que le obliga, según el discurso oficial, a estar pidiendo prestado cada 24 horas, ¢1.300 millones para “sobrevivir” como Gobierno.

El capital financiero-bancario costarricense, sobre todo el privado, ha sido excesivamente beneficiado con políticas macroeconómicas y fiscales implementadas desde los 80’s. Esto les ha permitido, a los bancos y sus dueños, acumular riquezas inimaginables para el pueblo costarricense y que a juicio de expertos dista muchísimo de haber sido justa.

Con la audiencia concedida por parte del señor presidente del parlamento costarricense, el día de hoy, nuestro país queda inserto en la acción planetaria a favor del impuesto “Robin Hood”, tema que ya va estar en la agenda político-económica del denominado grupo de países ricos G-8 y de su ampliación al G-20. De ello se deriva la presión planetaria a favor de la tasa TFI que se materializa este miércoles 22 de junio, denominado Día de Acción Global a favor del impuesto “Robin Hood” y del que nuestro país no podía quedar fuera de esta iniciativa civil mundial.
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Nota entregada al Lic. Juan Carlos Mendoza García, junto a otra documentación sobre el Impuesto “Robin Hood”.
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San José, miércoles 22 de junio de 2011.

Honorable señor
Lic. Juan Carlos Mendoza García
Presidente
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Su despacho

Estimado y respetado señor Presidente del parlamento costarricense:

En este día, en muchas naciones del planeta, cientos de organizaciones de toda naturaleza y miles de personas, especialmente integrantes de la clase trabajadora, conjuntan sus voces y acciones promoviendo la iniciativa para la imposición de una tasa impositiva a las transacciones financieras internacionales, conociéndose, popularmente, como el impuesto “Robin Hood”. Desde Costa Rica, las organizaciones que representamos nos hemos unido a este noble y justo esfuerzo global, adhesión que con este acto y ante su digna autoridad político-legislativa, materializamos gracias la gentil concesión de audiencia por usted otorgada a petición nuestra.

Millones de personas en el planeta están sufriendo con mucha crueldad, las manifestaciones de una exclusión social ante la imposición de un orden económico global que concentra, de manera abusiva la riqueza, especialmente a partir de la especulación del capital financiero-bancario, responsable máximo y único de generar la espantosa crisis actualmente en desarrollo y que tiene a varios países, principalmente de la Unión Europea , en quiebra y, por supuesto, obligando a los y a las de abajo a hacer cargo de sus consecuencias sin haber tenido la más mínima responsabilidad al respecto.

Con el impuesto “Robin Hood”, tal y como se explica ampliamente en los documentos adjuntos y que luego le detallamos, se gravarían tales abusivas riquezas, con miras a ser redistribuido para fomentar políticas públicas de corte social y de protección ecológico-ambiental, tratando de preservar la vida misma del planeta y, por supuesto, atenuar los gigantescos sacrificios que sufren esas millones de personas por un capitalismo fundamentalista anticristiano centrado en la acumulación especulativa-financiera sin control alguno.

En Costa Rica y a raíz del grave deterioro de las finanzas públicas y la persistencia de un orden tributario totalmente injusto en nuestro querido país, la iniciativa del impuesto “Robin Hood”, adaptada a nuestra realidad, podría generar recursos suficientes para relanzar políticas públicas de inclusión social, obligando al sector bancario-financiero nacional, a devolver algo de lo que le ha extraído a la sociedad, sistemáticamente y en cantidades más que abusivas, con base en sus vínculos político-económicos de alto nivel que le llevaron a convertirse en la parte más esencial del poder real nacional.

Por ello es que hemos acudido al primer poder de la República, cuya jerarquía máxima ostenta usted en estos momentos, para que se considere la posibilidad de dar a conocer esta importante iniciativa civil que, por ejemplo, ya obtuvo respaldo del parlamento europeo y que, incluso, estará en agenda de las superpotencias del planeta, representadas en los grupos denominados G-8 y G-20.

Nuestro sueño es la materialización concreta del impuesto Robin Hood en nuestra legislación, con las adaptaciones de rigor que los expertos podrían determinar, presumiendo una voluntad política que deberá ser potenciada desde la sociedad civil movilizada al efecto.

Los documentos adjuntos sobre el impuesto “Robin Hood” son:

• Artículo periodístico del suscrito servidor, publicado en Diario Extra, informando generalmente sobre el tema.

• Tasa Tobin

• Una hoja de ruta para la tasa Tobin

• La tasa Tobin (por Gustavo Adolfo Vargas)

• La tasa Tobin (por José Luis Sampedro)

• El retorno de Robin Hood

Propuesta de moción a las Administraciones Públicas a favor de un impuesto a las transacciones financieras (ITF)

Cuadro resumen con tesis al respecto de John Maynard Keynes y James Tobin

Finalmente, queremos reiterarle nuestro mayor respeto y consideración por su gentil gesto de recibirnos, lo cual agradecemos mucho.

Albino Vargas Barrantes
Presidente CSJMP
Secretario General ANEP

“_En dar a cada uno lo suyo consiste la justicia_” (Ortolán); bajo esta premisa surge la pregunta, ¿merece la ciudadanía, la inseguridad que el estado le retribuye al quitarle sus impuestos?, nuestra sociedad tiene también como deber derecho, el exigir rendición de cuentas en un estado sostenido por un sistema de “_frenos y contrapesos_”. La libertad, es determinación y es hora que nosotros como comuna entendamos que; El estado en principio tiene como primer deber, crear derecho. Así las cosas, tiene únicamente dos opciones: darnos una sociedad segura por cuanto así cumple lo sustantivo de su ser. O no darnos seguridad por no ser lo que le interesa. Si la segunda opción es la que asume, no estaría creando derecho… Estimado lector. ¿En cuál realidad, de manera objetiva vislumbra el rumbo por herencia de este gobierno?.

El Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Publica de Costa Rica, con sus casi doce mil agentes de policía, y con un presupuesto anual del 0.5 % del PIB, resulta por sí mismo un cuerpo insuficiente para responder al más de cinco millones de habitantes con los que cuenta este país en la actualidad, empero según el presupuesto para el año dos mil nueve, se tuvo previsto que en seguridad se invertiría por cada habitante, diecisiete mil seiscientos veintidós colones (¢17.622) por año, gastando así cuarenta y ocho colones (¢48) por día, y cuatrocientos sesenta y cinco (465) agentes de policía para cien mil habitantes (100.000). En otras palabras un agente policial (01) para doscientos dieciséis (216) habitantes. El panorama era sombrío. Empero, tome en cuenta. Que lo anterior resulta, sin dividir estos valores aun en los tres subvalores, que se presentan en la implementación de los roles policiales: un grupo en turno, un grupo libre, otro disponible. Lo que nos dejaría con (4000) agentes de Policías por turno… menos, los casi cuatrocientos (400) agentes policiales que laboran en la Unidad de Intervención Policial, (410) en Guarda Costas, (84) En la UEA, Unidad Canina y Vigilancia Aérea (datos no suministrados), quienes pertenecen a Unidades especializadas y usted nunca vera cuidándole en las calles. Menos, personal incapacitado y en vacaciones.

Agreguemos también como cereza al pastel, que para el presupuesto del 2010, asignado a esta cartera solo se ejecutó poco más del 50%, e incluso como manifestara Tijerino, al comparecer ante la Asamblea Legislativa, “_que para él dos mil diez (2010), el recargo era ya de mil administrados por agente de Policía en turno_” (yo diría 1250 y surge la paradoja entre lo que se presupuesta y lo que se da en la realidad). Tenemos entonces un problema que en política criminal y de prevención, la situación desnuda una realidad grave. Máxime si tomamos en consideración los 1500 agentes de Policía que salieron de las distintas bases policiales para crear la policía de fronteras, con cinco patrullas nuevas que fueron colisionadas el día que se estrenaron y más de dos declaradas con pérdida total, por la improvisación con que se toman decisiones.

Todas estas aristas inutilizan por lógica a Fuerza Pública, en lo que refiere a recurso humano, los recursos “_frescos_” que se mencionan no son agentes nuevos, sino reclutas que ingresan a ocupar las vacantes que dejan los Policías que se están pensionando, y que en su mayoría una vez capacitados engrosaran las planillas de empresas de seguridad privadas con mejores salarios, perdiéndose los 1.500.000 de colones, que en promedio cuesta al estado costarricense el Cuso Básico Policial. Aunado a esto el faltante de más de siete mil plazas que se nos hereda de otrora, resulta una suma mortal de factores. Tomando en consideración, el colapso administrativo de los entes encargados de impartir justicia tambien. Situación que acarrea una creciente y peligrosa impunidad, que repercuten en las fuerzas policiales, mismas que pasan a practicar todos los días el cíclico juego del gato y el ratón… “_ratoncito… ratoncito que estás haciendo en mi casita_”. Pero peor aún con el miedo al que se somete la sociedad, sin considerar “_el efecto rebote que esto conlleva_”. Gestándose así un profundo desgaste en la institucionalidad, y pérdida de la esperanza en el sistema por parte de los administrados por las muy pocas condenas. Tomando en consideración las veces en las que en flagrancia, nuestros policías se juegan la vida en este trabajo.

Este problema es más peligroso de lo que pretenden vendernos nuestros medios. Seguridad Pública como cuerpo Policial, es la cortina de humo que sostiene la pésima e irresponsable administración en materia de política criminal por parte del estado, pagando con vida propia quienes se visten de azul, la irresponsabilidad con la que se toma este “_asunto_” que nos han heredado gobiernos anteriores, indistintamente de los colores que lleven estas banderas, por cuanto no hay una doctrina policial seria, participativa y científica apegada a la idiosincrasia y al contexto real de nuestra cultura con participación de diferentes actores. Solo se implementan en su mayoría tesis en materia de policía que se apegan a otras sociedades donde el recurso y la capacitación son prioridad y todo un norte, en el manejo de los fondos públicos. Por esta razón la incapacidad operativa que se presenta, claro está. En orden de ideas se da primero, en altos mandos quienes mantienen una especie de secuestro ideológico nada beneficioso para la institucionalidad, por cuanto se empeñan en mantener algo que no funciono, personas que cuando son desenmascaradas, no se les despide como a los de abajo, no… no señor, se les premia trasladándolos a puesto con menos responsabilidades y el mismo paguito para que la extinción de la pena se de en el olvido de los administrados. A nivel administrativo, existe todo un equipo incapaz de sub-ejecutar los presupuestos asignados, lo que conlleva a la horrible manera en la que usted ciudadano paga con su vida y sus bienes, dineros que fueron asignado para su seguridad pero regresaron a arca única del estado por esta ineptitud. Sobra demás el que nuestra sociedad sepa que la inseguridad, no es por parte de los uniformados, (los de a pie) sino más bien por la falta de recursos: humano, patrimonial e incentivos salariales acorde a las jornadas laborales infrahumanas que se dan, en un trabajo que el salario base no sobrepasa los 220.000 colones por mes, por cuanto de manera torcida se ha malinterpretado el régimen de excepción que se aplica a los y las trabajadoras de Seguridad Pública, sometiéndoles a vejaciones por los mandos medios con jornadas laborales hasta de dieciocho horas diarias, so pretexto “_Usted se hizo policía, si no le gusta busque otro trabajo_”, sin el pago por horas extras que todo trabajador merece. Así como la falta de capacitación acorde a la problemática delincuencial y legislación actual, que sufren estos servidores, para quienes la incertidumbre jurídica es el pan de cada día.

Más, con todo lo que significa el roll que desempeña este cuerpo policial en la sociedad, hay justicia en que comprendamos. Que con un salario base de 210.000 colones por mes, con una canasta básica sumamente modesta que supere los 80.000 colones, sin incluir alzas complacientes en combustibles, pago de agua, luz, y pasajes, hijos estudiando a nivel escolar y universitario. Así como el pago de alquiler por cuanto no es derecho de los y las policías optar a un bono de vivienda… Este gobierno acaparador de la riqueza, tampoco es justo con nosotros.

Adrián López Matarrita.
Presidente. Seccional ANEP-Seguridad Pública

Según la opinión del Diputado Villalta, ha habido avances relevantes en el trámite parlamentario del expediente 15.990, “Reforma Procesal Laboral”, sin embargo, “queda pendiente por resolver un tema de capital importancia para garantizar la protección de los derechos humanos de las y los trabajadores normados en la Constitución Política y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo: la regulación de los arreglos directos y los comités permanentes”.

“A pesar de los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica, el proyecto de ley de Reforma Procesal Laboral en su versión actual contiene una redacción que, en vez de resolver este problema, los agrava seriamente. Busca consolidar la usurpación de las funciones sindicales que realizan los comités permanentes, consolidándolas como “organizaciones sociales” bajo control de la parte patronal. Expresamente, han reconocido sus promotores que buscan erradicar la negociación colectiva de la empresa privada, reemplazándola por “arreglos” hechos a la medida de los empleadores”, explicó el Diputado Villalta.

“El Gobierno está cerrando las puertas al diálogo y la negociación. Por el contrario, pretenden imponer el texto actual del proyecto ignorando las serias preocupaciones planteadas al respecto. Todas las alternativas propuestas están siendo rechazadas sin argumentos serios. Simplemente intentan pasar la aplanadora al movimiento sindical en la empresa privada, seguir golpeando a un sector social que ya ha sido duramente afectado en los últimos años”, agregó.

“A pesar de que en el Frente Amplio valoramos los avances obtenidos en el trámite de este proyecto de ley respecto a otras áreas de la legislación laboral, no podemos ser cómplices de la brutal violación a sus derechos humanos que sufren las y los trabajadores que desean organizarse sindicalmente”, concluyó el parlamentario del Frente Amplio.

En cualquier marco de sociedad, los y las seres humanos somos parte de una gran diversidad. Esta diversidad aglomera personas de diferentes religiones, posiciones políticas, etnias, culturas, visiones de mundo, sexualidades, entre otros.

Es por ello que tratar de justificar acciones de discriminación, como lo es la homofobia, no tiene cabida para sociedades que, por un lado se precian de ser democráticas; y que, por otro, proclaman que esa democracia está asentada en el respeto a todas las diversidades.
Normalmente el discurso social-oficial, dogmático, patriarcal, económico, cultural y hasta político que se utiliza alrededor del tema de la homosexualidad, es decir que la misma es una “enfermedad”, asumida o adquirida; cuando, por el contrario, quien reproduce acciones o discursos de carácter homofóbico es, verdaderamente, el que está enfermo.

Vale la pena reiterar que la homofobia es una enfermedad capaz de llegar a atentar contra la vida de seres humanos, contra el desarrollo emocional y social de quienes también tienen familias y personas queridas; contra las aspiraciones de un desarrollo integral como ser humano, incluyendo la de alcanzar la plenitud de su propia diversidad sexual.

Es necesario exigir respeto a las diferencias, vernos dentro de la sociedad como iguales sin distinción de ellas; ser solidarios entre nosotros y nosotras, buscar la cohesión y hacer la lucha, porque la lucha no sólo surge del discurso sino del compromiso y la acción.

Como seres humanos de derechos, es nuestra obligación y compromiso denunciar públicamente toda acción de discriminación, de odio y de violación hacia los derechos humanos.

La homofobia no debe de tener parte en la sociedad costarricense y en el mundo. Ante ello, las instituciones políticas y religiosas deberían de ser las pregoneras en buscar que este discurso y estas acciones no se reproduzcan.

Por el contrario, debería de velarse para que todos y todas nos veamos como humanos y humanas en condiciones de igualdad, así como profesar de manera vehemente y con conciencia social ese discurso del amor al prójimo más allá de una consigna de panfleto, sino, vivida en lo más profundo de cada ser humano.

Para finalizar, es importante apelar a la necesidad de la unión y manifestación de nuestro pensamiento y posiciones sociopolíticas y culturales, contra este tipo de acciones y situaciones inhumanas, intrínsecas a la homofobia, que atentan contra los derechos humanos de las personas y que se dan y se presentan en el mundo.

Es urgente y necesario construir, forjar y exigir ese cambio, el cual inicia desde el momento en que cada uno y cada una toman esa visión y la comienza a trabajar.
La conciencia social parte por visibilizar quiénes somos, qué hacemos y cuál es nuestro modo de vida, por ende, exigir respeto de esto. Parte también, por gritar libremente que independientemente de nuestra orientación sexual somos humanos y humanas; que sentimos, lloramos, amamos, crecemos, soñamos y tenemos a nuestro alrededor personas que han concientizado y que hoy día nos apoyan y creen en la necesidad de ese cambio en la forma de pensar de la sociedad.

Ya debemos de dejar de ser permisivos con lo injusto, con lo que mata, con lo que estigmatiza y con el discurso que se reproduce, con las desigualdades, con la violación del derecho a vivir, con la violencia en sí misma.

Ya es hora de ponerle un alto a las etiquetas, de permitir ser inviabilizados e invisiblizadas y concebidos como “minorías”; de aceptar que la sociedad y las instituciones traten de marcar nuestro modelo de vida.

Sociedad en general: Es momento de abrir los ojos y concientizar que todos y todas somos humanos y humanas; que acciones inhumanas como la homofobia y otras de similar estirpe, sólo hacen crear entre nosotros y nosotras diferencias; diferencias que pueden marcar el desarrollo de un ser humano o que, hasta inclusive, pueden atentar contra la vida de los mismos.

*Sociólogo