Categoría: Incidencia

Desde el pasado 8 de marzo ya es oficial: El Parlamento Europeo ha dado luz verde a la “_Tasa Robin Hood” nueva ventana, promovida por la Alianza (Intermon Oxfam, Ayuda en Acción, Save de Children, Plan, entre otros) en la cruzada por aplicar un impuesto a las transacciones que realizan las entidades financieras, con la que podría combatirse la pobreza en todo el mundo. “_Objetivo Robin Hood: que no paguen los de siempre”.

Si se aplica la tasa, ¿Qué se conseguiría?

La tasa, un* 0,05%* sobre la transacción, sólo se aplicaría sobre las operaciones financieras no minoristas, como intercambio de acciones, bonos, operaciones en divisas o de materias primas, tanto en mercados organizados como en operaciones extrabursátiles.

En Europa más de 300.000 millones de euros serían los que se recaudarían anualmente con su aplicación.

Si a esos 300.000 millones de euros le sumamos 650.000 millones de dólares a nivel mundial, se ayudaría a que se redujeran considerablemente las diferencias sociales y los efectos del cambio climático, además de cumplirse los compromisos adquiridos en el año 2000 por 189 países, los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Todo ello sin que los costes recayesen sobre los ciudadanos. Además, el Parlamento Europeo nueva ventanaañade que esta tasa ayudaría a mejorar el funcionamiento de los mercados al reducir la especulación y contribuiría a financiar bienes públicos mundiales y a reducir los déficits públicos.

Con la aprobación de esta tasa, el Parlamento ha solicitado a los dirigentes del G20 que aceleren las negociaciones para llegar a un acuerdo de mínimos sobre este impuesto a nivel mundial, y que fijen orientaciones sobre el destino de estas diferentes modalidades de imposición, que podrían destinarse a apoyar el desarrollo sostenible.
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Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

Día de Acción Global sobre el impuesto “Robin Hood” presente en Costa Rica

Se oficializará planteamiento, por primera vez, ante una alta autoridad política: el Presidente legislativo

Mañana miércoles 22 de junio de 2011, el Lic. Juan Carlos Mendoza García, Presidente de la Asamblea Legislativa, recibirá en su despacho del Castillo Azul, a las 9 en punto de la mañana, a una representación de la CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS (CSJMP), que le hará entrega de una carta en la cual se plantea, por primera vez en Costa Rica y ante una alta autoridad del sistema político, el tema del impuesto “Robin Hood”; como parte del Día de Acción Global sobre la iniciativa de establecer un impuesto, una tasa, a las Transacciones Financieras Internacionales (TFI); iniciativa ésta promovida por los movimientos sindicales y sociales de la Unión Europea (UE) y que ya está aprobada por el propio Parlamento Europeo.

Ante la gravedad de la crisis financiera internacional, generada por la avidez incontrolada de acumulación de riqueza por parte del capital bancario-internacional, que tiene al borde de la quiebra a varios países europeos cuyos pueblos están siendo sometidos a sacrificios y tormentos sumamente crueles; se calcula que si tan sólo hubiese una tasa TFI de un 0,005 %, habría disponible una cantidad anual de unos 400 mil millones de dólares para ser utilizados en políticas públicas de corte social, más que necesarias para atender los estragos en los pueblos crucificados por una crisis bancaria del capital financiero que ellos jamás generaron.

Dada la crisis fiscal que, de manera reiterada dice padecer el actual Gobierno de Costa Rica, por falta de recursos frescos vía tributos, estamos proponiendo que un impuesto “Robin Hood”, a la tica, le generaría al Poder Ejecutivo la plata que dice que le hace falta y que le obliga, según su prédica, a estar pidiendo prestado, cada 24 horas, 1.300 millones de colones para “sobrevivir” como Gobierno.

El capital financiero-bancario costarricense ha sido exageradamente beneficiado con las políticas macroeconómicas y fiscales de los últimos gobiernos, lo que le ha permitido acumular riquezas inimaginables para el pueblo costarricense; sin embargo, la imposición tributaria a tan grandes fortunas, a juicio de expertos, dista muchísimo de haber sido justa.

Con esta audiencia concedida por parte del señor presidente del parlamento costarricense, nuestro país queda inserto en la acción planetaria a favor del impuesto “Robin Hood”, tema que ya va estar en la agenda político-económica del denominado grupo de países ricos G-8 y de su ampliación al G-20. De ello se deriva la presión planetaria a favor de la tasa TFI que se materializa este miércoles 22 de junio, denominado Día de Acción Global a favor del impuesto “Robin Hood”. Costa Rica no podía quedar fuera de esta iniciativa civil mundial.

San José, martes 21 de junio de 2011.

Albino Vargas Barrantes
Presidente, CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS (CSJMP)
Secretario General, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

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EL IMPUESTO “ROBIN HOOD”

por Albino Vargas Barrantes

Robin Hood es el legendario héroe de baladas inglesas que robaba a gobernantes y eclesiásticos acomodados, para entregar parte del botín a necesitados, menesterosos y oprimidos. Se lo sitúa entre los finales del siglo XIV y principios del XV. Según la leyenda, Robin Hood era un barón llamado Robin Longstride o Robin de Loxsley, quien era de gran corazón y vivía fuera de la ley, escondido en el bosque de Sherwood, cerca de Nottingham, ciudad del centro de Inglaterra. Más simple: Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres.

El pasado 8 de marzo, el parlamento europeo, en el cual están representados los 27 países que forman la Unión Europea (UE), votó a favor de ponerle un impuesto a las transacciones financieras (ITF) que se hagan en toda Europa. Culminaba así una larga lucha, básicamente impulsada por los movimientos sociales y sindicales de la UE, a partir de la propuesta del economista estadounidense James Tobin.

En 1971, él propuso un impuesto sobre el flujo de capitales en el mundo para crear un gigantesco fondo de combate a la pobreza y para propiciar políticas públicas de inclusión social. El señor Tobin recibió el Premio Nobel de Economía en 1981 y a su propuesta de impuesto sobre las transacciones financieras (ITF), se le conoció como la “_Tasa Tobin_”.

Esa larga lucha por llevar a la realidad la Tasa Tobin, fue liderada por la Asociación por la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC); convirtiéndose en un movimiento internacional que promueve el control democrático de los mercados financieros. La ATTAC se originó en Francia, en junio de 1998, teniendo entre sus promotores a un extraordinario ciudadano, el periodista español Ignacio Ramonet, director de uno de los periódicos de mayor prestigio en el planeta, _“Le Monde Diplomatique_”.

Como es bien sabido, la ideología dominante en el mundo, pese a su evidente fracaso, es la que comúnmente denominamos como el “_neoliberalismo_”, pero dentro de la misma, su parte más criminal, más anticristiana, más deshumanizada, es la del capital financiero-bancario; el cual, sin piedad ni misericordia alguna, arruina países, destruye empleos, produce violencia desenfrenada, potencia a niveles siderales la corrupción y vive en una orgía desenfrenada de acumulación y de concentración de riqueza jamás vista en la historia de la Humanidad.

La propuesta de la Tasa Tobin, es decir, el ITF (impuesto a las transacciones financieras), como indicamos, llegó a popularizarse en Europa como el impuesto “_Robin Hood_”, dado que ese capital financiero es de tal magnitud, es tan “_recontragigantesco_”, que quitarle un “_poquito_”, vía ese impuesto, en nada se le afecta. Aún ese “_poquito_” generaría un fondo enorme. Aunque por ahora el impuesto “_Robin Hood_” aprobado en la UE es de un monto diminuto, evitaría, por ejemplo, la necesidad de realizar recortes tan drásticos en el gasto público que afectan a miles y miles de personas trabajadoras con rebajas de salarios y con recortes de empleos y eliminación-deterioro profundo de los servicios públicos sociales.

Por ejemplo, el Instituto Austríaco de Investigación Económica, ha estimado que una tasa global de transacciones de 0.05 % podría aportar entre 447 mil millones de dólares y 1.022 millones de millones, ¡al año!

Está más que claro que el impuesto “_Robin Hood_” no será la solución auténtica y definitiva para atender los problemas de la pobreza y la desigualdad mundiales, pero su entrada en vigencia podría, con gran fiscalización ciudadana, elevar los ingresos disponibles por los gobiernos para financiar algunos aspectos de una agenda de desarrollo inspirada en el bien común, la inclusión social y el cambio climático, es decir, la preservación de la vida misma del planeta.

El impuesto “_Robin Hood_” es una iniciativa realista y viable, sumamente necesaria para contrarrestar la dinámica desbocada de los movimientos financieros a nivel internacional (y nacional, también); movimientos que alimentan crisis recurrentes con impactos destructivos sobre la economía de los países y las condiciones de vida la población.

En Costa Rica, el capital financiero-bancario ha sido sino el más, uno de los sectores que más ha acumulado riqueza, en cantidades insospechadas por la ciudadanía, con las políticas económicas dominantes que han prevalecido en los últimos seis gobiernos, incluido el actual. Tan es así que el comentario siguiente no es de un sindicalista, sino de un costarricense que se ha movido en ese “_mundillo_” y que lo conoce profundamente. Hablamos del prestigioso economista don Jorge Guardia Quirós, quien el 24 de noviembre de 2009, en su columna de opinión indicó lo siguiente:

“_Lo que dije, y sostengo, es una realidad objetiva que… nadie podrá camuflar…: los banqueros han desplegado una influyente labor de cabildeo y logrado beneficios injustificados que el país debe cuestionar. Ese es el punto. Se les permitió captar recursos y efectuar préstamos sin una licencia bancaria (a cualquier mortal lo habrían metido en la cárcel), sin satisfacer encajes ni pagar impuestos. Gracias a esos y otros beneficios, su tasa efectiva es muy baja, mientras se crucifica a otros contribuyentes. Vivieron en la opulencia y cotizaron como paupérrimos. También gozaron de reducciones de encajes que les liberaban recursos para prestar y ganar más… Están las leyes, reglamentos, actos y decretos que lo demuestran, y las actas de la Asamblea donde se bendijo a las offshore, en 1995. Yo no estoy contra la banca. Cumple una función vital. Pero mi preocupación por los privilegios es sana y de interés público. Por eso creí que de la polémica podría emanar algo positivo. Esperaba un examen de conciencia y acto de contrición para pedir perdón al país por todos los beneficios concedidos y su anuencia a consentir reformas para eliminarlos. Pero no…_”.

Efectivamente, en Costa Rica ocupamos de la instauración, a lo tico, del impuesto “_Robin Hood_”. Señora Presidenta Chinchilla Miranda: Con todo el respeto que requiere su honrosa investidura, usted que dice que los sindicatos en vez de protestar deberíamos proponer, aquí le dejamos ésta, junto a las otros 13 planteamientos que ya le formulamos para que se resuelva el grave problema del déficit fiscal que su gobierno dice tener; pero resolviéndolo sin que los y las de abajo (incluida la clase media), siga sufriendo más.

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Sobre el impuesto Robin Hood se han escrito diversos criterios que desde la Unidad de Información y Comunicación, UIC, de ANEP, queremos compartir.

Tasa Tobin *

La tasa Tobin es una propuesta mayorguina (mayorga) de impuesto sobre el flujo de capitales en el mundo sugerido a iniciativa del economista estadounidense James Tobin en el año 1971, quien recibió el Premio Nobel de Economía en 1981, cuya instauración a nivel internacional ha sido propuesta e impulsada por el movimiento ATTAC, y por personalidades como Ignacio Ramonet, cuya implantación está siendo considerada con motivo de la crisis económica de 2008-2010. El propio Tobin considera que se ha abusado de su nombre y su idea.

Los movimientos por una globalización alternativa opinan que los ingresos que este impuesto produciría podrían ser una importante fuente de financiación para combatir la pobreza en el mundo, pero otros, en especial los liberales de la escuela austriaca lo consideran una medida intervencionista especialmente perniciosa al obstaculizar el libre comercio, perjudicando según ellos a los países más pobres y presentando enormes dificultades de recaudación, gestión y utilización de los fondos.

La Tasa Tobin consiste en pagar un impuesto cada vez que se produce una operación de cambio entre divisas, para frenar el paso de una moneda a otra y para, en palabras de Tobin, “echar arena en los engranajes demasiado bien engrasados“ de los mercados monetarios y financieros internacionales. La tasa debía ser baja, en torno al 0,1%, para penalizar solamente las operaciones puramente especulativas de ida y vuelta a muy corto plazo entre monedas, y no a las inversiones.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) concluyó que la tasa Tobin permitiría recaudar 720.000 millones de dólares anuales, distribuibles a partes iguales entre los gobiernos recaudadores y los países más pobres. Por su parte, el PNUD afirma que con el 10% de la suma recaudada sería posible proporcionar atención sanitaria a todos los habitantes del planeta, suprimir las formas graves de malnutrición y proporcionar agua potable a todo el mundo, y que con un 3%, se conseguiría reducir a la mitad la tasa de analfabetismo presente en la población adulta, universalizando asimismo la enseñanza primaria.

Aunque la tasa Tobin está orientada a la amplitud de transacciones comerciales internacionales, si consideramos reducir el espectro de su aplicación, desde la amplitud del comercio, de la economía real, al campo exclusivo de las transacciones financieras de carácter especulativo, se crearía una importante diferencia. Hay quien opina que la tasa Tobin devendría así en un instrumento de control de la actividad especulativa -basada en instrumentos financieros complejos, de alto riesgo y alta volatilidad. La crisis económica de 2008-2010, provocada por las inversiones de alto riesgo a largo plazo, financiadas con deuda a corto plazo, muestran que la tasa Tobin podría convertirse en un instrumento estabilizador que podría evitar crisis económicas.

* Definición de wikipedia.org

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La Tasa Robin Hood

En todo el mundo, una idea que va ganando terreno: la de un impuesto aplicado a las transacciones que realizan las entidades financieras entre sí , que podría generar miles de millones de euros para combatir la pobreza dentro y fuera de Europa, y hacer frente a los efectos adversos del cambio climático.

Este impuesto ha recibido diferentes nombres según el país – “_The Robin Hood Tax_” en el Reino Unido, “_Steuer gegen Armut_” o “_impuesto contra la pobreza_” en Alemania, “_Zerozerocinque_” en Italia o “_Tasa Robin Hood_” en España – pero siempre siguiendo la misma idea: Una pequeña tasa que significará poco para las instituciones financieras pero un gran cambio para el resto del mundo.

¿Qué pedimos exactamente?

Que se aplique un impuesto del 0,05% a las transacciones financieras internacionales. Esta tasa permitiría recaudar 300.000 millones de euros anuales adicionales para combatir la pobreza, aquí y en todo el mundo. Robin Hood, el justiciero legendario, la apoyaría sin dudarlo.

Una tasa diminuta?

Según las estimaciones, un impuesto de alrededor del 0,05% solo en las transacciones financieras podría generar entre 150.000 y 520.000 millones de euros en todo el mundo. Activistas de Francia, Reino Unido, Alemania y otros países sugieren que los ingresos se destinen a:

– Mejorar los servicios publicos y ayudar a los más tocados por la crisis económica actual. – Reducir la pobreza en el mundo. – Ayudar a los países más pobres a adaptarse al cambio climático.

En otras palabras, este impuesto podría ayudar a resolver la mayoría de los grandes problemas de nuestro mundo, sin que le cueste nada a los ciudadanos de a pie.
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1000 economistas proponen ayudar al más pobre quitando al más rico

Cada ministro de economía de cada país desarrollado se lamenta en cada ocasión de lo mal que están sus finanzas. A estas alturas, hasta los niños de tres años están familiarizados con el concepto de ‘_déficit público_’, y sus padres con el de ‘_restricción presupuestaria_’. Justo cuando los países más pobres ven sus necesidades dispararse como consecuencia de la crisis global y la subida del precio de los alimentos, los países ricos les dicen eso de “_Cerrado hasta nuevo aviso_”.

Entonces aparece una alternativa: un pequeño impuesto del 0,05% a las transacciones financieras más especulativas que permitiría generar hasta 300.000 millones de euros anuales. Este dinero es suficiente para financiar, al mismo tiempo, la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la lucha contra el calentamiento global y el fortalecimiento de los programas sociales en los propios países ricos. Con dos ventajas añadidas: primero, la tasa cumple el bíblico principio de “_quien la hace, la paga_”, ya que son precisamente los responsabes de la crisis quienes cargarían con el impuesto, y no usted o mi vecina; segundo, la tasa carga contra la economía especulativa en beneficio de la economía real, lo cual ayuda a introducir varias dosis de sentido común en nuestro régimen económico.

Con estos mimbres, no es raro que sus promotores hayan decidido referirse a esta idea como la Tasa Robin Hood. Quitarle a los ricos e irresponsables para dárselo a quienes trabajan cada día para sacar adelante una vida difícil.

Si alguien nos hubiese dicho hace dos años que el Gobierno francés tendría este asunto como bandera de su presidencia del G20, muchos nos hubiésemos reído. Pero hoy está ocurriendo. Un puñado de gobiernos se ha unido a los millones de estudiantes, trabajadores, pensionistas y ciudadanos que reclaman alternativas justas y eficaces a esta crisis económica. A diferencia de los mandarines financieros que se beneficiaron de generosos rescates públicos y hoy reparten bonus entre sus compinches, ellos no están _‘back to business_’.

Una oportunidad de cambio como esta ocurre una vez por generación, y parece que muchos lo han comprendido. La última tribu en unirse al club ha sido la de los economistas. En una carta que se presentará hoy en varios países, 1000 prestigiosos profesionales de esta disciplina, procedentes de las mejores universidades del mundo, avalan la solidez técnica y la oportunidad de esta medida. La misiva está dirigida a los miembros del G20 (España incluida) y a Bill Gates, a quien el G20 ha encargado el estudio de mecanismos innovadores de financiación del desarrollo.

Dudo que su influencia en la imperturbable Ministra Salgado sea tan grande como la de esos otros 100 Economistas que tan de moda están, pero es muy importante que los demás miembros del Gobierno presten atención, porque solo el fundamentalismo ideológico y los intereses de los especuladores se oponen a una idea como la Tasa Robin Hood. Apoyarla sería un digno testamento político para el Presidente Zapatero.
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El impuesto Robin Hood, oportunidad para vencer crisis y avanzar nuevo modelo

Noticias EFE
Madrid, 12 abr (EFE).-

UGT y CCOO han defendido hoy la imposición de tasas a las transacciones financieras impuesto Robin Hood o tasa Tobin para avanzar hacia un modelo económico sostenible y vencer la crisis.
En rueda de prensa tras inaugurarse la jornada “_Economía Verde y Trabajo Decente_”, la representante permanente de España ante la OCDE y ex ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha explicado que dicha tasa persigue primar la economía real sobre la especulativa y recaudar fondos para cumplir los Objetivos del Milenio de la ONU.

Acompañada por la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, Narbona ha expresado su deseo de que el Panel de Alto Nivel sobre Sostenibilidad incorpore esta fórmula en su próximo informe al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon.

El informe del Panel constituido a iniciativa de Ban Ki Moon deberá estar listo a finales de año, aunque a principios de noviembre se dará a conocer un avance.

A juicio del secretario general de UGT, Cándido Méndez, la imposición de la tasa Tobin “_habría permitido conjurar en gran medida la catástrofe financiera que se ha vivido a partir de 2008, ya que, con anterioridad, se hubieran establecido circuitos de transparencia y medidas de regulación_”.

Tras afirmar que este impuesto sólo será efectivo si se aplica a nivel mundial, Méndez ha expresado su preocupación por “_la dislexia dialéctica_” de la Unión Europea, en alusión a que en el G-20 defendió esta fiscalidad pero “_cuando se plantean cosas parecidas en la UE te encuentras con la indiferencia por respuesta_”.

En una línea similar, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha explicado que el impuesto sobre las transacciones financieras es una vía para salir de la crisis, recuperar “_una parte del esfuerzo que ha realizado la sociedad_” para sostener el sistema financiero y cubrir las necesidades derivadas de la crisis.

Durante su intervención en el acto inaugural de la jornada de diálogo entre líderes sindicales, el Panel sobre Sostenibilidad y otros movimientos sociales, Rosa Aguilar ha apostado por un desarrollo económico compatible con la preservación y mejora del medio ambiente.

El objetivo ha dicho es lograr una economía más eficiente en el uso de los recursos, baja en carbono y que se apoye en el desarrollo de las nuevas tecnologías, de modo que se produzca “_el despegue definitivo de la producción energética desde fuentes renovables_”.

Ha recordado, asimismo, que en España, hay 500.000 empleos verdes y la economía verde representa el 2,2% del PIB a precios de mercado.
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*El retorno de Robin Hood **

Roberto Bissio
Red del Tercer Mundo

Se llama oficialmente Impuesto a las Transacciones Financieras, lo que da la sigla árida de ITF y, en inglés, FTT (Financial Transactions Tax). Con un nombre tan poco atractivo, la campaña para que los bancos paguen por la crisis mundial que causaron no podía ir muy lejos. La prensa y no pocos militantes lo lanzaron como “_Tasa Tobin_”.

El economista James Tobin, asesor del presidente John Kennedy y premio Nobel en 1981, fue el primero en proponer un pequeño impuesto para desalentar la especulación financiera actuando como “_grano de arena en los engranajes_”. Pero antes de morir, en 2002, Tobin se distanció de su sugerencia, calificándola como teórica y no implementable en la práctica.

Ahora que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce que esta tasa sí es viable –aunque por ahora se abstiene de recomendarla–, el revigorizado movimiento para regular las finanzas mundiales y aliviar la carga de los más pobres ha rebautizado la idea y ésta vuelve a la carga como _“impuesto Robin Hood_”.

En Estados Unidos, el presidente Barack Obama ya ha pedido al Congreso que estudie formas de regular y hacer pagar a la banca el costo de la crisis. En Europa, con las economías acosadas por la deuda externa y el desempleo, el primer ministro británico Gordon Brown, la cancillera alemana Angela Merkel y el presidente francés Nicolás Sarkozy se comprometieron públicamente a promover un impuesto a las transacciones financieras en la cumbre del Grupo de los 20 (G-20) que se reunirá en Toronto en junio.

Un informe favorable al “_impuesto Robin Hood_” va a ser publicado en mayo por un comité de expertos de alto nivel en el que participan Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, España, Francia, Japón, Noruega, el Reino Unido y Senegal. A diferencia de las recomendaciones del FMI al G-20, este comité explícitamente toma en cuenta el punto de vista de los países en desarrollo.

El FMI ha propuesto que los bancos paguen una Contribución a la Estabilidad Financiera y un Impuesto a las Actividades Financieras, basados ambos en las ganancias de los bancos sobre las actividades pasadas, que bien pueden incluir las derivadas de la especulación. El Impuesto Robin Hood, en cambio, gravaría cada transacción al momento de producirse. Así, con una tasa mínima –mucho menor a uno por ciento– no sólo se generarían recursos mucho mayores que con las propuestas del FMI, sino que además se desalentaría la especulación.

Durante los debates sobre la crisis financiera auspiciados por las Naciones Unidas a fines de abril, Bhumika Muchhala, representante de Third World Network, argumentó que en cualquiera de los dos casos, un porcentaje sustancial de los ingresos producidos por estos impuestos “_deben contribuir a un fondo global destinado a compensar el daño causado a los países en desarrollo por la inestabilidad financiera generada por la especulación de bancos y firmas predominantemente basados en los países ricos_”.

Sin haber tenido responsabilidad alguna en la crisis, los países en desarrollo son víctimas inocentes y sufren problemas en sus balanzas de pagos, ingresos y reservas que caen, problemas de liquidez y ven, además, como se han contagiado sus propios bancos. Por ello, argumenta Third World Network, “_tienen derecho a acceder a los fondos que generen estos impuestos a la banca internacional, para emplearlos en la resolución de sus problemas de liquidez, la prevención de nuevas crisis de deuda, la reestructuración de su deuda externa, el financiamiento de la adaptación al cambio climático y el gasto en infraestructura, educación y salud que compense por el aumento de la pobreza y el desempleo resultantes de la crisis actual_”.

La campaña por el Impuesto Robin Hood sostiene que la mitad de lo recaudado debe ir a los países en desarrollo y estima que esta cifra sería del orden de los 100.000 millones de dólares anuales, prácticamente igual a toda la ayuda oficial al desarrollo de los países ricos.

Tal hipótesis es, por supuesto, bienvenida por los potenciales beneficiarios. Pero a medida que Robin Hood deja de ser leyenda y parece cercano a revivir, surgen muchas dudas e interrogantes: ¿Qué impacto tendrá sobre las inversiones y sobre los bancos en los países en desarrollo? ¿Cómo será el impacto en las grandes economías emergentes como China e India, y qué pasará con los países pequeños, en particular aquellos que como las islas del Caribe derivan ingresos de su condición de paraísos fiscales? ¿Se puede exceptuar del impuesto a las remesas que hacen los trabajadores migrantes a sus familias?

Durante los debates en las Naciones Unidas, Pakistán reclamó un mecanismo democrático para canalizar estos fondos. Muchos miembros del llamado Grupo de los 77 –que agrupa a un centenar de países en desarrollo– reclamaron que los fondos no se transfirieran bilateralmente del país recaudador al receptor, ya que esto permitiría presiones políticas.

Brasil, por su parte, reclamó precisión en la definición de cuáles serían los “_bienes públicos globales_” a financiar por el Impuesto Robin Hood y cómo se definen tales bienes.

Brasil atestiguó que este tipo de tasas son técnicamente viables, ya que han sido implantadas a nivel nacional. A partir de su propia experiencia de intervención estatal en los mercados financieros nacionales, no espera distorsiones significativas o daños para el funcionamiento de las finanzas internacionales. Más aún, argumentan los diplomáticos brasileños, no es cierto que se necesite una mayor armonización para poner en operación un impuesto a las transacciones financieras ni tampoco que todos los países del mundo deban hacerlo al mismo tiempo. Sin embargo, sí reconocen la existencia de “_sensibilidades políticas_” complejas que podrían demorar la implementación.

Chile comprometió su apoyo al comité de expertos sobre el tema y reclamó mayor apoyo político de otros gobiernos a sus recomendaciones, subrayando que se trata de “_no sólo de frenar la especulación, sino también de generar recursos en gran escala_”.

El mayor escollo en este momento parece ser Canadá, sede de las próximas cumbres del G-20 y del G-8 en junio. Como ese país no sufrió quiebras bancarias y el gobierno no tuvo que gastar dinero de los contribuyentes en salvatajes, el primer ministro conservador Stephen Harper se opone tajantemente a la idea de un nuevo impuesto.

Si Robin Hood retorna, su vuelta no será sin oposición, aunque a ningún político le guste ser caracterizado como el cruel sheriff de Nottingham, que cobraba impuestos a los pobres para financiar los desatinos de la corona.

* Fuente: rebelion.org

Durante la última década Costa Rica vivió un intenso crecimiento del sector turístico-residencial, concentrado especialmente en las costas de Guanacaste y Puntarenas. La crisis económica internacional que empezó a manifestarse a partir del año 2008 disminuyó el ritmo de construcción, aunque en la actualidad empiezan a verse ya algunos signos de reactivación. Los grandes capitales, tanto extranjeros como del mismo país, protagonizaron esta acelerada transformación del litoral costarricense, que el mismo Estado promovió, privilegiando la “vocación” turística del litoral sobre otro tipo de usos.

Por su parte, las comunidades y poblaciones costeras, asentadas previamente en esos territorios, dedicadas mayoritariamente a la pesca y a la explotación de otros recursos de la zona, han vivido tradicionalmente en una situación de enorme pobreza, y en muchos casos sin una especial atención por parte de las políticas públicas, siendo claramente invisibilizadas.

La inversión turística de grandes capitales entró frontalmente en competencia con las comunidades costeras por su presencia en esos territorios. De una u otra forma, muchas de ellas han sido progresivamente expulsadas de sus lugares de origen.

Este proceso en realidad sigue el mismo patrón que en muchos otros lugares de América Latina y El Caribe, en los que la inversión turístico-residencial ha ido desplazando progresivamente a las poblaciones pre-existentes, con episodios esporádicos de resistencia muy concentrados en alguna comunidad. Sin embargo, en Costa Rica desde el año 2008 asistimos a un singular proceso de articulación de más de cincuenta comunidades costeras en el Frente Nacional de Comunidades Amenazadas por Políticas de Extinción.

Además de romper el aislamiento y hacerse visibles en la sociedad costarricense, las comunidades han logrado elaborar una propuesta de Ley de Territorios Costeros Comunitarios e incidir activamente en la Asamblea Nacional para lograr su aprobación.

Esta propuesta de ley, inspirada en la legislación de pueblos indígenas, se ha convertido en la base de una estrategia de lucha que despierta el interés en muchos otros países.

Sobre todas estas cosas conversamos en una reciente visita a Costa Rica con Wilmar Matarrita, actual coordinador del Frente de Comunidades, quien además es economista, abogado, especialista en Derechos Humanos e incidencia política legislativa y municipal, Director Ejecutivo de la ONG FEDEAGUA y presidente del Frente Amplio en la provincia de Guanacaste y miembro de su Comisión Política Nacional.

Puede descargar la entrevista completa en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha

Fuente: albasud.org

Esta información sobre el proyecto de Reforma Procesal Laboral, confirma lo difícil que resulta para la clase trabajadora costarricense, avanzar y consolidar sus derechos.

Es sencillamente vergonzoso que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lejos de promover y defender los derechos de las personas trabajadoras, actúe como vocero y representante de los intereses patronales, que buscan fortalecer los instrumentos antinsicales que les han permitido casi exterminar al sindicalismo en el sector privado.

Susan Quirózs Díaz
Unidad de Asesoría Jurídica de ANEP

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Estimados compañeros y compañeras,

En vista de lo ocurrido la semana pasada, remitimos esta nota a la Presidencia del Congreso y a todos los jefes de fracción con la posición del Frente Amplio que nos motiva a retirar de la agenda de proyectos prioritarios del Plenario Legislativo la Reforma Procesal Laboral. Les ruego hacer llegar copia a los demás compañeros interesados.

Saludos cordiales,

José María Villalta
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08 de junio de 2011
JMV-JFFA-130-2011

Señor
Juan Carlos Mendoza García
PRESIDENTE
Asamblea Legislativa

Estimado señor:

Reciba usted un cordial saludo de la Fracción Legislativa del Frente Amplio, deseándole muchos éxitos en su valioso trabajo.

Por este medio procedo a informarle que según el acuerdo de jefes de fracción relativo al orden del día del Plenario Legislativo en aplicación del artículo 36 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el Frente Amplio ha tomado la decisión de sustituir el expediente Nº 15.990 “Reforma Procesal Laboral” por el expediente Nº 16.897 “Adición de un Artículo 50 bis y Reforma del Inciso 14) del Artículo 121 de la Constitución Política para Reconocer y Garantizar el Derecho Humano de Acceso al Agua”.

En este sentido, le solicito tener el expediente Nº 16.897 como proyecto prioritario de la Fracción Legislativa del Frente Amplio y tomar las acciones pertinentes para que dicho expediente pase a ocupar el lugar del orden del día que actualmente ocupa el expediente Nº 15.990.

De la urgencia de proteger el agua como un derecho humano y un bien público en la Norma Fundamental nadie duda.

Sin embargo, debo informarle que esta decisión también está motivada por la actitud intransigente asumida por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo en la discusión final de la Reforma Procesal Laboral.

A pesar de que se han logrado avances relevantes en la discusión de este proyecto, queda pendiente por resolver un tema de capital importancia para garantizar la protección de los derechos humanos de las y los trabajadores regulados en la Constitución Política y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo: la regulación de los arreglos directos y los comités permanentes.

En Costa Rica estas figuras han venido siendo utilizadas de forma sistemática para bloquear el ejercicio de la libertad sindical en la empresa privada e impedir el derecho de las y los trabajadores a organizarse autónomamente en organizaciones independientes del empleador para negociar colectivamente mejoras en sus condiciones de trabajo. Algunos empresarios nombran “a dedo” comités permanentes que buscan suplantar a los sindicatos y cualquier otra organización independiente de las y los trabajares y les imponen un arreglo directo con la clara intención de sustituir la negociación de convenciones colectivas.

Estas prácticas han llevado a que Costa Rica reciba constantes advertencias de parte de la OIT en el sentido de que se están violentando los convenios de derechos humanos que obligan al país a respetar la libertad sindical y fomentar la negociación colectiva. No obstante, el Ministerio de Trabajo no solo no ha hecho nada para frenar tales abusos, sino que ha sido cómplice de los mismos, encubriéndolos, silenciando las denuncias y prestándose para inscribir arreglos impuestos que claramente violentan los convenios de la OIT.

A pesar de los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica, el proyecto de ley de Reforma Procesal Laboral en su versión actual contiene una redacción que en vez de resolver este problema lo agrava seriamente. Busca consolidar la usurpación de las funciones sindicales que realizan los comités permanentes, consolidándolas como “organizaciones sociales” bajo control de la parte patronal. Expresamente han reconocido sus promotores que buscan erradicar la negociación colectiva de la empresa privada, reemplazándola por “arreglos” hechos a la medida de los empleadores. Por si fuera poco, introduce normas discriminatorias que les otorgan a los comités permanentes privilegios que superan los derechos de las organizaciones sindicales legalmente constituidas. Se pretende exigir a los sindicatos el 50% de afiliación para negociar un arreglo directo, mientras que los comités solo se les exigen tres personas, que pueden ser impuestas por el sector patronal.

Estas normas han sido cuestionadas desde que empezó a tramitarse el proyecto. Nunca ha habido acuerdo sobre ellas. Desde el informe de subcomisión emitido por la Asamblea anterior donde se alcanzó un importante acuerdo tripartito sobre otros temas del proyecto, se hizo constar que este problema debía ser resuelto.

Ante esta situación, diversas fracciones legislativas hemos planteado alternativas. Se han propuesto redacciones alternativas para facilitar una negociación. En estas alternativas se llegó a propuestas que buscaban un equilibrio entre los intereses de sindicatos y empresarios. Inicialmente la fracción del PLN y el Gobierno habían mostrado su anuencia a promover estas negociaciones y buscar un punto de equilibrio.

Todos estos avances motivaron al Frente Amplio a impulsar el trámite prioritario del expediente Nº 15.990, a fin de abrir una oportunidad para la solución de este grave problema.

No obstante, vemos con tristeza que el Gobierno está cerrando las puertas al diálogo y la negociación. Por el contrario, pretenden imponer el texto actual del proyecto ignorando las serias preocupaciones planteadas al respecto. Todas las alternativas propuestas están siendo rechazadas sin argumentos serios. Simplemente intentan pasar la aplanadora el movimiento sindical en la empresa privada, seguir golpeando a un sector social que ya ha sido duramente afectado en los últimos años.

Particularmente preocupante es la actitud del Ministerio de Trabajo. De una disposición inicial a promover al diálogo, en los últimos días pasó de golpe a asumir una actitud totalmente parcializada a favor de los intereses del sector empresarial. Desconociendo los criterios de la OIT y las graves denuncias planteadas por el movimiento sindical, el Ministerio de Trabajo se ha convertido en el defensor oficial de los intereses empresariales, aún cuando sus jerarcas saben bien que el texto vigente del proyecto de ley presenta graves problemas y no es viable política ni jurídicamente.

A pesar de que en el Frente Amplio valoramos los avances obtenidos en el trámite de este proyecto de ley respecto a otras áreas de la legislación laboral, no podemos ser cómplices de la brutal violación a sus derechos humanos que sufren las y los trabajadores que desean organizarse sindicalmente.

Aunque el gobierno pretende ignorarlo, la libertad sindical es un derecho humano reconocido en nuestra Constitución Política que todos los días en violado en las maquilas, las plantaciones agrícolas y muchos otros centros de trabajo del sector privado. Ninguna otra reforma a la legislación vigente amerita callar ante esta vergonzosa realidad.

Por las razones expuestas, mientras este problema no sea corregido y el Gobierno de la República insista en cerrar toda vía de diálogo e imponer a la fuerza un texto violatorio de los convenios de la OIT para favorecer exclusivamente a un sector de las relaciones obrero-patronales, la Fracción Legislativa del Frente Amplio se ve obligada a retirarle su respaldo al expediente Nº 15.990.

Cordialmente,

José María Villalta Florez-Estrada
Diputado
Partido Frente Amplio

Cc. Jefes de Fracción, Asamblea Legislativa.

Enric Llopis
Rebelión

Desde que su familia perdió la pequeña finca en la que vivía a finales de los 70, Janaina Stronzake ha crecido en las movilizaciones por la ocupación de tierras y las luchas campesinas. Actualmente forma parte de la Coordinadora Nacional del Movimiento de los Sin Tierra (MST) brasileño, donde desempeña responsabilidades en materia de formación, genero y cultura. Según la dirigente de la MST, que estuvo recientemente en Valencia para participar en el I Seminario contra el expolio de los pueblos, “_el gran capital transnacional de sectores como el agronegocio, la banca o los fabricantes de armas se encuentran detrás de la reforma del Código Forestal brasileño_”.

-El Congreso acaba de aprobar el cambio del Código Forestal, después de 45 años y en un contexto de creciente deforestación de la Amazonia. ¿Cómo valoras esta reforma y el conflicto que se plantea aparentemente entre agricultura y protección de los bosques?

Lo que hay realmente en el fondo de esta reforma es un modelo de agronegocio depredador de bosques, culturas, personas y pueblos, que exige beneficios enormes y a corto plazo, aunque para ello tenga que acabar con la naturaleza y las/los que viven en ella. La agricultura practicada por los campesinos, las formas de vida de los pueblos indígenas y la supervivencia de las comunidades que viven décadas en los bosques dependen del equilibrio y la salud de la naturaleza. Si finalmente la presidenta y el Senado aprueban el Código Forestal, supondrá un franco retroceso para todos.

-¿Cuál es la posición del MST y Vía Campesina ante el nuevo Código?

Entendemos que la propuesta atiende a los intereses de las empresas transnacionales y de los terratenientes, y va en contra del bienestar de la población de Latinoamérica y del mundo pues la depredación de los ecosistemas tiene un impacto global. A los que participamos en las luchas, campesinos y campesinas, indígenas, aquéllos que viven de la recolección o de la pesca a pequeña escala aspiramos a mantener la superficie forestal y los ecosistemas pues nuestra vida depende del equilibrio ambiental.

-El nuevo Código Forestal incluye una amnistía para propietarios que ocupan tierras ilegalmente en la actualidad.

La amnistía para los acaparadores de tierra es un vergüenza pues se beneficia directamente a los terratenientes, es decir, aquéllos que tienen poder económico y paramilitar para desplazar a las comunidades que ocupaban las tierras anteriormente. Tal como ha sido aprobado el Código por la Cámara de diputados, se absuelve a los que han cometido delitos de deforestación y, por otra parte, disminuyen las exigencias para la preservación de los bosques autóctonos.

-¿Quién se encuentra detrás de estas reformas?

Sin duda, el capital transnacional. Las grandes empresas, como Monsanto, Bunge, Nestle, Cargill y ADM, entre otras. La reforma beneficia a empresas que se dedican a sectores muy diferentes, como el agronegocio, la banca o los fabricantes de armas. Se trata de cambios que insisten en el principio de mercantilizar cada vez más la naturaleza y esto es algo que interesa al capital en su conjunto. Contra estos intereses, hemos de alzarnos las personas que en el mundo pretendemos comer alimentos sanos, beber agua limpia y respirar.

– El pasado 1 de junio el gobierno brasileño dio el visto bueno a la Macropresa de Belo Monte en plena Amazonia. ¿Qué alcance tiene esta actuación y cuáles serán sus principales repercusiones?

La infraestructura de Belo Monte es parte de una serie de inversiones capitaneadas por EEUU y otros gobiernos, cuyos beneficiarios son en todo caso las empresas transnacionales. Esta macropresa en concreto, y otras más, van inundar extensas áreas de Amazonia donde viven poblaciones autóctonas que serán forzadas a desplazarse. La pregunta es, en plena crisis, ¿Dónde van estas personas? ¿Cómo van a conservar su cultura y su identidad? ¿Quién consumirá la energía generada en estas presas? ¿Qué ocurrirá con los bosques, las miles de hectáreas que quedarán sumergidos en las aguas de la presa? Y otro problema muy importante, el impacto sobre la biodiversidad.

-Entretanto, continúa la represión contra las organizaciones sociales que se enfrentan a este modelo de desarrollo, el último caso, el asesinato de dos sindicalistas campesinos en El Pará. ¿En qué clima actúa el movimiento de oposición al neoliberalismo?

El capital tiene dinero, tiene armas, tiene prensa, tiene puestos en la judicatura y asientos en el congreso. El día que asesinaron a la pareja de campesinos, en Pará, la bancada ruralista en el parlamento abucheó al oír el informe del asesinato, que se cometió unas horas antes. Una actitud totalmente indecente. Una semana después, otro campesino fue asesinado. El listado de personas amenazadas es largo, casi todas y todos sindicalistas, del MST o indígenas. El capital, en definitiva, sigue usando las mismas armas de siempre: cooptación, deslegitimación, criminalización, amenazas, torturas y asesinatos.

-¿Qué relaciones mantiene, en términos generales, el MST con el Partido de los Trabajadores y el gobierno de Lula, antes, y ahora el de Dilma Roussef?

Entre los principios del MST está la autonomía. Y la ejercemos frente a todos los gobiernos, inclusive Lula y Dilma. La única relación que mantenemos con los presidentes es exigir que se cumpla la ley: Reforma Agraria, educación, salud, trabajo, viviendas y soberanía.

-En Brasil más de 16 millones de personas viven con menos de 30 euros al mes. ¿Qué repercusión tienen planes como la _“Bolsa Familia_” de Lula o “_Brasil Sin Miseria_” de Dilma Roussef?

Como ya hemos sufrido hambre, sabemos el valor de tener un mínimo de alimento en la mesa. La dignidad humana también está hecha de comida. Si un gobierno tiene un plan de emergencia que consiste en sacar a la población del hambre, y apuesta por la soberanía alimentaria va por el buen camino. El problema en Brasil es que, al tiempo que estos programas atienden a cerca de 32 millones de personas (12 millones de familias con menos de 30 euros al mes) extiende las riquezas a las transnacionales. Estructuralmente, la riqueza en Brasil sigue se concentrando en pocas manos y aumentan las desigualdades entre ricos y pobres.

-Recientemente resaltaste en Valencia la importancia del Agronegocio en la economía brasileña. ¿Qué sectores productivos lo integran y qué grupos sociales lo controlan?

El agronegocio es importante para mantener esas desigualdades de las que hablamos y para que se siga produciendo una acumulación privada de la riqueza que pertenece al pueblo. La Asociación Brasileña del Agronegocio (ABAG) está formada por todas las transnacionales del agronegocio, más la banca y multinacional, las grandes empresas de comunicación, e incluso PricewaterhouseCoopers, la segunda mayor firma de servicios profesionales del mundo. El agronegocio intenta, en resumen, controlar todas las ramas de la economía, cerrar la cadena productiva y construir monopolios.

-¿Cómo se organiza y lucha el MST contra el Agronegocio?

Nuestra principal trinchera es cumplir la misión del campesinado: producir comida sana y abundante para todo el mundo. El agronegocio tiene dinero, armas, periódicos, diputados y jueces. Nosotras y nosotros tenemos a nosotras y nosotros mismos, nuestras ganas, nuestra certeza, y la seguridad de una propuesta justa y democrática. Con estos principios, organizamos ocupaciones de tierras, marchas, huelgas de hambre, ocupaciones de edificios públicos, escuelas, cooperativas, huertos medicinales, y otras muchas acciones más. Buscamos conquistar la tierra, construir una reforma agraria popular y, junto a las trabajadoras/es de las ciudades, llegar a una transformación social profunda.

-Pero se trata de una lucha muy desigual.

Nosotros tenemos ventaja sobre el agronegocio. No tienen capacidad de producir alimento sano para el mundo, y su modo de producir es incompatible con la preservación de la naturaleza. Pero, a pesar de ello, nos mantenemos firmes y buscamos armar a toda la clase trabajadora en ese espíritu revolucionario.

-Brasil es, junto con Rusia, India y China, uno de los grandes países emergentes y la potencia hegemónica en América Latina. ¿Es esto una realidad o se trata de un gigante con “_pies de barro_”?

Tanto los países BRIC como cualquier otra ‘potencia’ que se alce, va tener pies de barro si no socializa la riqueza y si adopta políticas de exterminio natural y social. Tu pregunta es una realidad. Se trata de países con peso en el firmamento mundial que, sin embargo, cuentan con pies de barro porque la carrera armamentista, la destrucción de la naturaleza y la sumisión al capital transnacional son el camino de un crecimiento insostenible.

-Por último, el país se ha apuntado también a la ola de grandes eventos con la organización del Mundial de Fútbol de 2014. ¿Qué representa este acontecimiento en un país plagado de contradicciones y necesidades?

Representa más de lo mismo. Nos van distraer mientras pagamos la cuenta, sea con nuestro trabajo, sea con nuestras vidas. Un evento deportivo no debería ser esto pero, en el capitalismo, lo importante es que todo genere beneficios.

Bien se dice que la Aresep es, como se señala en una de las preguntas periodísticas de esta entrevista, un “mero tramitador y aumentador de precios”.

Por lo general, en las audiencias públicas, las personas usuarias, especialmente de las comunidades, están en un total estado de indefensión, pues no se les brinda reales soportes técnicos, metodológicos, financiero-contables (entre otros), para que puedan sustentar sus cuestionamientos, argumentos y/u oposiciones a las pretensiones de aumentos tarifarios de entidades y de empresas.

Por tanto, dentro de las reformas legales que debería sufrir la Aresep, se deben establecer fuertes disposiciones para potenciar el papel de las personas usuarias de los servicios públicos en las fijaciones tarifarias a la hora de las audiencias públicas; las cuales, además, deberían tener un carácter más definitorio, de fondo, y no, como sucede en la actualidad, que son como un “ritual burocrático” de mero trámite.

Particularmente es alarmante lo que habla el señor Howell sobre el futuro de las tarifas del agua, en un escenario donde la gente del pueblo ve deteriorarse el poder adquisitivo de su ingreso, ya sea por merma y/o insuficiencias salariales; o bien, en términos de reducciones de ganancias-rentas en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas.

¿Estaremos equivocados?… ¿Usted qué opina?

Con respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

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Diario Extra – Lunes 13 de junio de 2011

• Reafirma Dennis Meléndez Howell, regulador general

“SI QUEREMOS SERVICIOS DE CALIDAD, ESO CUESTA”

Dennis Meléndez, jerarca de la Aresep indicó, en entrevista con las subdirectoras de DIARIO EXTRA, Marcela Villalobos y Paola Hernández, que se debe repensar la entidad para que pueda ejercer mayores controles para vigilar y verificar que las empresas reguladas dan servicios de calidad a la población.

Para el titular de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), Dennis Meléndez Howell, los costarricenses deben pagar más si quieren contar con servicios, en especial, de calidad.

Meléndez fue claro al indicar que sólo mediante aumentos tarifarios se les puede dar a las empresas reguladas los ingresos para hacer las inversiones, pero sostuvo que las mismas deben contar con una programación de obras, al tiempo que enfatizó que si se le dota de recursos para el desarrollo de proyectos, deben cumplirlos a cabalidad, de lo contrario se deben sentar las responsabilidades al funcionario que incumplió el plan de trabajo.

Para Meléndez, la Aresep debe hacer, además, una labor de auditoría más severa y aclaró que esa entidad no pretende planificar las obras de las empresas reguladas, más reiteró que “la Aresep sí puede pedirles cuáles son los planes para comprometerse con la prestación del servicio y con base en eso se establece el costo de las tarifas que se les puede dar”.

En visita a DIARIO EXTRA, Meléndez fue entrevistado por las subdirectoras, Marcela Villalobos y Paola Hernández y comentó que se requiere de modificaciones tendientes a mejorar la gestión de la Aresep, para lo cual es importante lograr consensos de orden político para lograr un avance en la Asamblea Legislativa más rápido.

“Hay que repensar la Aresep. Hemos venido hablando sobre el tema y gran parte de mi preocupación está en qué hacer con la sociedad, porque la ley de la Aresep menciona, de manera dos cosas. La primera que la Aresep es la encargada de garantizar la calidad de los servicios públicos, pero no hemos tenido claridad de que la calidad del servicio sea por las inversiones en los servicios públicos”, recalcó Meléndez.

Una de las quejas de los usuarios es que hay servicios que no son de calidad…

Si queremos tener servicios y sobre todo servicios de calidad, eso cuesta, tiene un valor.

Es tradición en este país pagar ciertos servicios públicos muy por debajo de lo que verdaderamente cuestan y, en consecuencia, el hecho que aspiremos a tener mejores servicios, necesariamente tiene que pasar por un proceso tarifario.

Obviamente no queremos hacer aumentos sustanciales, de una vez, pero hay que efectuar programaciones a 10-15 años en donde cada una de las entidades que prestan los servicios públicos hagan un programa de inversiones que pueda ser fácilmente corroborable y comparable pero que, al mismo tiempo, le estemos dando sustento, en el que una parte puedan tener el financiamiento para hacer todas esas actividades. Cada uno de los sectores tiene su propia problemática.

No es culpa de la población que en materia de acueductos y alcantarillados, por ejemplo, no se hicieran las obras en años anteriores.

No solo como Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) como institución sino como sistema de aguas de todo el país en el que prácticamente vivimos una situación casi de emergencia, porque por más de 20 años el país no hizo las inversiones necesarias.

Dimos por sentado que el país tenía suficiente agua y que las obras de infraestructura no eran necesarias.

Tenemos muchos lugares que reciben agua, pero la calidad del agua no es la que se necesita. Yo me imagino que no tenemos una situación de salud pública grave, simplemente porque la calidad del agua en las montañas debe ser de muy buena calidad. Hay problemas que resolver.

Paradójicamente las mismas Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (Asadas) son las que se oponen a que se les aumenten las tarifas, con lo cual se interfiere con la calidad (…) muchos de los vecinos, que son los administradores de las Asadas, prefieren un servicio deficiente con tal que no se les aumente las tarifas.

¿Viene algún tipo de cambio de metodología en cuanto al cobro de tarifa por el servicio de agua?

Viene un cambio radical en el caso de las tarifas de agua, que no necesariamente será una de corto plazo, sino que se aplicará un esquema de valor presente en el que se hará una programación a largo plazo, de todas las inversiones que hay que hacer en todos los campos de acueductos y alcantarillados y que se haga una programación de todos los años en el que se determine las obras del 2012, 2015 y 2018 y con base en eso, hacer una estimación de cuánto puede ser la utilidad que tiene AyA cada año para poder dar sustento a ese plan de inversión.

Una vez que se cuente con esa información establecer la tarifa que se deba cobrar, tanto por acueducto como por alcantarillado.

¿Qué es lo que le ha faltado a la Aresep para ir más allá de un mero tramitador y aumentador de precios?

La ley dice que Aresep es la que debe vigilar por la calidad de los servicios públicos. La Aresep debe empezar con sistemas de auditorías operativas de cada una de las empresas para verificar que realicen todas las inversiones programadas necesarias para poder prestar los servicios de manera eficiente.

¿Cómo lo pretenden hacer?

En estos momentos estamos considerando todas las posibilidades. Estamos hablando de un programa de no tener todo resuelto en uno o dos años. Estamos hablando de un programa que va más allá, en dónde muy probablemente tendremos que requerir a modificaciones legales y en primer lugar hay que darle dientes a la Aresep.

Tenemos que llegar a algún sistema en el que se pueda llegar a sentar, incluso, responsabilidades personales sobre los funcionarios que incumplan con los programas de inversión, sobre todo, si se les ha reconocido a las empresas, vía tarifas y no lo cumplan.

Los funcionarios que estén a cargo de esas instituciones tienen que estar matriculados con lo que tiene que hacer, pues de lo contrario van a tener esa responsabilidad.

Otro servicio complicado es el transporte público.

Necesitamos establecer mecanismos indirectos. Primero, verificar que la calidad sea de buena, segunda, que las unidades estén en funcionamiento y de tal forma instaurar un sistema moderno para mejorar el servicio suministrado a los pasajeros.

Aresep tiene una parte control del transporte público y le toca la parte tarifaria y un poquito de control de calidad, pero lo que es la parte sancionatoria le corresponde al Consejo de Transporte Público (CTP).

Creo que la Aresep deberá entrar en un proceso directo de negociación y definición de potestades con el CTP, incluso ponernos de acuerdo sobre qué cosas le corresponden a cada uno, pero lo que es cierto que se debe hacer en materia de transporte es la organización, en especial del Área Metropolitana.

Habrá que pensar las medidas a tomar en materia de sanción.

Hay muchos ajustes en lo que respecta a las tarifas de buses al punto que hay rutas similares, pero con pasajes diferentes.

Tenemos un desorden en todas las tarifas. Uno se encuentra, en nivel nacional montones de rutas con características, recorridos y equipos similares con tarifas diferentes.

¿Y en la metodología de fijación de los combustibles se vislumbra algún cambio?

En combustibles tenemos las “ventaja” de ser dependientes de combustible y de producto terminado y prácticamente lo que tenemos que hacer es pasarlo a colones.

Anualmente, se hacen variaciones de acuerdo a los costos de Recope. Procuramos que los precios no sean mayores a lo que se paga en el exterior.

Por allí hay algunos ajustes por hacer, por ejemplo, en este momento se utilizan estimaciones de lo que es el combustible a nivel internacional como una fuente que cuesta mucho divulgar y queremos que ojalá todos tengan esa información que es privada para ver las razones por las cuáles debe ese debe ser el precio aprobado.

“Viene un cambio radical en el caso de las tarifas de agua, que no necesariamente será una de corto plazo, sino que se aplicará un esquema de valor presente en el que se hará una programación a largo plazo”, Dennis Meléndez.

“La Aresep debe empezar con sistemas de auditorías operativas de cada una de las empresas para verificar que realicen todas las inversiones programadas necesarias para poder prestar los servicios de manera eficiente”, Dennis Meléndez.

Fuente: Diario Extra
Krissia Morris Gray

El Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) y la presidenta confirmaron esta semana a la prensa que “afinan detalles“ para otorgar una concesión de 20 años a la compañía Mallon Oil. Repacemos los principales momentos del caso Mallon, para luego considerar las preguntas más básicas que éste plantea, y lo que podemos hacer para detener esta amenaza. El caso legal fue facilitado por la organización Justicia para la Naturaleza (JPN) en colaboración con el equipo legal de ADELA (Acción de lucha Antipetrolera), Oilwatch y muchos otros colaboradores y colaboradoras.

Antecedentes

Abril, 2000. Mediante resolución número R-105-MINAE, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 73 del 13 de abril del 2000, se otorgó concesión a la compañía Mallon Oil Sucursal Costa Rica, para la exploración y explotación de los (bloques 5, 6, 7, 8, 9 y 10) de los 27 bloques en que se dividió el país para ofrecerlo a las trasnacionales petroleras. Concesión que fue otorgada sin haberse presentado previamente ningún Estudio de Impacto Ambiental.

Diciembre, 2000. La resolución No. 866-2000, mediante la cual esa Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) resolvió a favor de la empresa Mallon Oil la aprobación de un supuesto Estudio de Impacto Ambiental, cuando en realidad lo presentado por esa empresa no constituía tal estudio, sino más bien una información básica (ver Estudio de Impacto Ambiental MALLON OIL 126-2000.pdf).

Febrero, 2002. La Sala Constitucional emitió dos resoluciones en el caso Mallon: en la primera acoge el recurso por violación del artículo 50 de la Constitución en materia ambiental, por falta de consulta a las comunidades indígenas afectadas previo a firmar el contrato (resolución No. 2001-13294). También en dicha resolución se destacó la necesidad de que la SETENA alcanzara un nivel técnico óptimo que le permitiera dar seguimiento a procesos como el de la exploración y explotación petrolera, cosa de la que carecía, según lo habían determinado informes de la Contraloría General de la República y de la Defensoría de los Habitantes. En la segunda resolución, la Sala declara con lugar una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la actual Ley de Hidrocarburos (Voto de la Sala 6240-93). Esta resolución sienta un importante precedente al determinar que no se puede otorgar una concesión sin previo Estudio de Impacto Ambiental.

Mayo, 2002. El Secretario General de la SETENA emite su criterio legal en relación al proyecto conocido como “_Recopilación y analisis de información para la fase I de prospección Petrolera en la Zona Norte y Zona Atlántica_”, presentado por la empresa Mallon Oil, dentro del expediente No. 126-2000. Según este criterio, se considera que la SETENA debe aclarar que la resolución No. 866-2000-SETENA, del 3 de octubre del 2000, no es un Estudio de Impacto Ambiental, sino que lo que se presentó fue una simple recopilación y análisis de información.

Agosto, 2002. La Dirección Jurídica del Ministerio de Ambiente y Energía decide formular consulta a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la República, para que se analice la procedencia o no de la firma del contrato con la empresa Mallon. Tanto la Contraloría como la Procuraduría se manifiestan en la misma forma: se declaran incompetentes para pronunciarse al respecto.

Noviembre, 2002. Mediante resolución No. 1011-2002-SETENA, dictada dentro del expediente número 126-00-SETENA “_Proyecto prospección petrolera en Zona norte y Zona Atlántica_”, del 12 de noviembre, la SETENA determina “_suspender temporalmente los efectos de la Resolución No. 866-2000-SETENA del 3 de octubre del año 2000 […] hasta tanto no se resuelva en forma definitiva el recurso de nulidad planteado._”

Abril, 2003. Se pone en conocimiento de algunos de los miembros de la Comisión Plenaria un borrador de la resolución, elaborado por el departamento legal de la SETENA en relación al caso Mallon (EIA), con la intención de afinar el documento y luego pasarlo a votación. Sin embargo, el documento no llegó a votación.

Agosto, 2003. Se presenta un Recurso de Nulidad Absoluta a la resolución No. 866-2000-SETENA por considerar que la misma no fue dictada conforme a derecho y que adolece de una serie de contradicciones e imprecisiones jurídicas. Este recurso es rechazado mediante resolución No. 962-2003-SETENA. A raíz de ello, el 26 de agosto se interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra dicha resolución.

Setiembre, 2008. Cinco años después de que se interpusiera el recurso anterior, la SETENA procede a pronunciarse en relación a la apelación, mediante resolución No. 2698-2008-SETENA, la cual declara sin lugar la revocatoria y eleva en apelación ante el señor Ministro del Ambiente dicho recurso.

Diciembre, 2009. Se interpone un recurso de amparo DE AMPARO contra SETENA RES 866-2000.pdf en la Sala Constitucional para anular las resoluciones de la SETENA respecto al EIA de Mallon Oil, por las distintas violaciones en las que se ha incurrido en este largo y polémico proceso. El amparo destacaba el criterio técnico del Director General de Hidrocarburos (Oficio DGH-332-02) del 1-8-2002, donde se asegura que, “_el proyecto de Recopilación y Análisis de Información, establecido por el adjudicatario Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica para cumplir el requisito de firmeza del acto adjudicatario de la Licitación Petrolera No. 2, a pesar de calzar dentro de la definición de los objetivos de la actividad de prospección (del Decreto 26750-MINAE) según se mencionó anteriormente, no constituyen métodos de campo tales como los que prevé el artículo 1 del mencionado decreto. Por ende, las actividades de gabinete descritas en el documento de Mallon no constituyen a nuestro criterio, un proyecto para ser presentado ante la SETENA dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, según lo establece el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, citado anteriormente_”. El recurso fue declarado sin lugar, lo que deja la vía libre para la firma del contrato (ver voto 205-2010 oil 205-2010 voto.pdf).

2006 al 2009. Durante el gobierno de Óscar Arias, el entonces presidente anunció que levantaría la moratoria contra la actividad petrolera en el país, y promovió la posibilidad de retomar exploraciones con empresas brasileñas y chinas. Firmó un acuerdo con la compañía estatal china CNPC (China National Petroleum Corporation) para construir una mega-refinería, acuerdo que incluye la posibilidad de llevar a cabo exploraciones petroleras.

Sin embargo, un mes después de que el presidente de RECOPE tratara a los ecologistas opuestos a la exploración petrolera de ignorantes, el presidente Arias afirmó haber estado siempre en contra de la exploración petrolera.[1] Esto debido principalmente al efecto electoral de la encuesta realizada por la empresa Cid Gallup para The Nature Conservancy, organización ambientalista no gubernamental, en la cual un 77% de las personas que respondieron se mostraba en contra de las exploraciones petroleras. Cuando el presidente anunció que continuaría con la moratoria petrolera, advertimos que el caso de Mallon Oil estaba pendiente, pues la empresa mantenía posibilidades de explorar petróleo en suelo costarricense (ver nota). La oposición a las petroleras de Laura Chinchilla durante la pasada campaña electoral fue igual de débil que con el tema de la minería por lo que no es de extrañar que saliera promoviendo ahora el proyecto de la Mallon Oil.

Seis preguntas básicas sobre la extracción de hidrocarburos o gas

1. ¿Hay beneficio nacional?

En el Artículo 36 de la Ley de Hidrocarburos No. 7399 queda claro que el contratista venderá al Estado a un precio que, a la fecha de la compra, no podrá ser mayor de los precios existentes en el mercado internacional para los crudos equivalentes. Esto quiere decir que Costa Rica comprará el barril (gas) a precio de mercado. Del análisis del contrato firmado a nombre del Estado por el entonces presidente Miguel Ángel Rodríguez a favor de MKJ-XPLORATION 8-1999 (que más tarde cedería sus derechos a Harken) queda claro que esta actividad no generará la prometida riqueza, porque el petróleo resultaría ser de la empresa pagando una regalía en dinero o especie (petróleo) y el impuesto sobre la renta. En este contrato se establecía solamente reinvertir “_un 5% de sus utilidades netas en el desarrollo de programas sociales y ambientales_”. En la industria petrolera, las compañías generalmente no reportan ganancias.

Además, la actividad petrolera afectaría negativamente las actuales actividades económicas más importantes de la Zona Norte, que son la agricultura, la ganadería porcina y bovina, servicios de comercio y el turismo.

2. ¿Quién controlará la actividad?

Sería la Direccion General de Hidrocarburos (DGH) que en su la página de Internet asegura “_La DGH operó normalmente hasta que la Administración del doctor Abel Pacheco decidió la suspensión de la exploración y explotación de hidrocarburos. Lo anterior propició un debilitamiento paulatino y sustancial del accionar de la DGH. Los funcionarios de RECOPE fueron recuperados por esa institución y la Dirección de DGH mantuvo las tareas al mínimo_.”[2] Es esta Dirección de Hidrocarburos, que no ha tenido partidas presupuestarias durante dos administraciones que tendría que rearmarse de la noche a la mañana, la encargada –según la Ley de Hidrocarburos en su artículo 3– de fiscalizar las actividades desarrolladas por los contratistas, de analizar la concurrencia de causales de nulidad o de caducidad de los contratos, y de elevar su recomendación al Poder Ejecutivo. Cabe la pregunta se presupuesto para el próximo año para esta instancia?

Hay que recordar que la actual administración del Minaet ordenó la suspensión del Director de Hidrocarburos, después de que éste fuera grabado con una cámara escondida recibiendo US$ 2.000 para agilizar los trámites de compra de una gasolinera. También se le atribuyen el otorgamiento de permisos a dos gasolineras que no cumplían con los requisitos de la ley (Telenoticias, 31-7-2010).

La fiscalización ambiental sería responsabilidad de la SETENA, entidad que, como reiteradamente han advertido tanto la Defensoría de los Habitantes como la Sala IV y la Contraloría, carece de capacidad, experiencia y recursos para llevar a cabo ese control; más aún en el caso de una actividad tan especializada como la exploración petrolera.

3. ¿Para quién es la inseguridad jurídica?

Estamos en la misma situación que se nos presentó con el caso Harken. Primero, se firmó el otorgo la consecución sin estudio de impacto ambiental y posterior se firma el contrato con un Estudio de Impacto Ambiental de reflexión sísmica. Luego en marzo del 2002 un segundo Estudio de Impacto Ambiental del “_Proyecto Perforación de Pozo Exploratorio Petrolero en Moín_” fue declaró al proyecto “_no viable ambientalmente_” por la SETENA. Esto abrió toda una discusión nacional sobre la legalidad o vigencia del contrato con Harken Costa Rica Holdings firmado sin aprobar un verdadero e integral Estudio de Impacto Ambiental.

Para el Movimiento Anti-Petrolero y la administración Pacheco, el contrato lo incumplió la empresa al no poder aprobar el Estudio de Impacto Ambiental. A finales del 2003, Harken exigió una compensación de US$ 57.000 millones, mediante un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias por Inversiones, organismo adscrito al Banco Mundial. El monto exigido se ampara en las ganancias que supuestamente recibiría la compañía por la explotación petrolera. Se trata de una suma tres veces mayor que el producto interno bruto del país en el 2003 y 15 veces el monto de la deuda externa costarricense. La demanda no tenía sustento, así que en su lugar la empresa optó, en el 2005, por una demanda al Estado en el ámbito contencioso administrativo. Con esa acción que esta avanzando actualmente en Tribunales, Harken busca la nulidad absoluta de la resolución del Gobierno en la cual se declara la caducidad del contrato. Además, exige que se condene al Estado costarricense al pago de daños y perjuicios ocasionados.

Por otro lado, al declararse inconstitucional el artículo 41 de protección ambiental de la Ley de Hidrocarburos quedó claro que es necesaria la presentación previa de un Estudio de Impacto Ambiental verdadero e integral, previamente al otorgamiento de la concesión y firma del contrato.

En el mismo sentido, la SETENA aseguró en la resolución No 0146-2002-SETENA sobre el caso Harken, resolución que rechazó el Estudio de Impacto Ambiental del “_Proyecto Perforación de Pozo Exploratorio Petrolero en Moín_” que según la definición de la Evaluación de Impacto Ambiental el artículo 17 la Ley Orgánica del Ambiente “_hace suponer que toda actividad humana deberá ser valorada previamente de manera integral siendo que, en el caso concreto, no se ha dado precisamente esta situación_”. Después continúa asegurando que “_el inciso anterior se puede afirmar debido a que no se ha presentado en la SETENA un Estudio de Impacto Ambiental integral, tal como lo indica la Ley de Biodiversidad, Ley 7788 del 30 de abril de 1998, en el artículo 94, el cual dice: ‘Etapas de la evaluación del impacto ambiental. La evaluación del impacto ambiental en materia de biodiversidad debe efectuarse en su totalidad, aun cuando el proyecto esté programado para realizarse por etapas.’. Esto nos lleva a que no es del todo cierta la afirmación de la cláusula 2.4 del Contrato de Concesión de que se cuenta con aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, pues lo que cuenta con aprobación es única y exclusivamente el Estudio Geofísico de Reflexión Sísmica Marina_.”

Con esos antecedentes del caso Harken es sumamente grave que el gobierno afirme estar “_obligados por la seguridad jurídica_” a firmar un contrato, para así evitar una demanda de parte de la compañía y posibles indemnizaciones. Más pareciera que el gobierno está dándole a la empresa argumentos y antecedentes para una demanda en un tribunal internacional, como ya sucedió en el caso de Industrias Infinito. La firma del contrato implicaría entregar el 18% del territorio nacional (bloques 5, 6, 7, 8, 9 y 10), que incluye toda la Zona Norte y el Caribe Norte, a una posible explotación petrolera/gas. Los argumentos del Gobierno desconocen otras salidas jurídicas al conflicto, como sería un arreglo extrajudicial reconociendo la inversión realizada de buena fe.

4. ¿Qué pasa con la moratoria petrolera?

La moratoria a la exploración petrolera fue una declaración político-ética del gobierno de Abel Pacheco y de Óscar Arias; en ningún caso se firmó un decreto. El haber declarado la moratoria no ha sido suficiente como política de gobierno y eventualmente de Estado, ya que esta decisión pende de un procedimiento técnico, y de la voluntad política del Presidente de turno, mientras las empresas fortalecen todos sus derechos con el marco de jurisprudencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC-CA-RD-EEUU). Por eso se apostó siempre a una moratoria local en Talamanca (2002) para derogar la Ley de Hidrocarburos mediante un proyecto de ley que aún no ha sido aprobado. La moratoria es un sentimiento de sentirnos verdes, de amar el planeta y querer entregar a nuestros hijos e hijas un poco de lo que disfrutamos hoy.

5. ¿Tiene menos impactos socio-ambientales la extracción de gas?

El gas no convencional se obtiene del subsuelo, y es reciente su explotación comercial. Para extraerlo se realiza una perforación de cientos de metros y para aprovecharlo hay que “_explotar_” o detonar en la roca una mezcla de agua, arena y productos químicos lanzados a gran presión. El gas es liberado y canalizado a tanques o tuberías. En países como Australia y Estados Unidos, la explotación de gas ha tenido impactos negativos sobre las aguas subterráneas, además de producir emisiones de gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático. El lograr la presión adecuada para fracturar la roca demanda millones de litros de agua mezclados con productos químicos, los cuales contaminan los acuíferos. Entre los gases producidos está el metano, 25 veces más potente que el dióxido de carbono para cambio climático. Gasland, un documental estrenado en el 2010, analiza el impacto ambiental de la técnica de extracción del gas, y denuncia el impacto de esta industria sobre el ambiente y la gente.

6. ¿Qué se puede hacer?

– Lo más importante es movilizarse y generar opinión pública para detener nuevamente esta pretensión del gobierno .

– Presión inmediata sobre la presidenta y la viceministra del Ambiente para que no se firme el contrato sin haber estudiado las razones, para no meter al país nuevamente en un caso legal como el de Harken sin tener claro cuál va ser el futuro del mismo.

– Reactivación urgente de la campaña anti-petrolera a nivel local, nacional e internacional con los aliados que nos han ayudado durante estos últimos 10 años. Hay una primera convocatoria para el próximo manifestación el sábado, 11 de junio en la Plaza de la cultura en San José 10:00 a.m y una Mesa Nacional de Diálogo el jueves, 16 de junio de 10:00 – 13:00 Lugar Capilla Sión, Asamblea Legislativa

– Apoyo con argumentación técnica y política y presión social para apoyar una moratoria que podría establecer la Municipalidad de San Carlos a las actividades petroleras.

– Presionar en la Comisión de Ambiente y a los diputados para el votar el Expediente No 17.746, para declarar a Costa Rica como país libre de exploración y explotación petrolera.

– Información en sitios web como oilwatchmesoamerica o grupoadela.

ALAI AMLATINA. Además, la derecha financiera y minera ha mostrado con su accionar que la depresión salarial está bien. El Perú tiene una participación salarial de 22% del PIB versus 45% en Chile y 40% en Brasil, ambos países donde nunca se cayó el salario en el PIB desde antes de los inicios de los ajustes en los años 80. El único otro país con una participación salarial tan baja es México donde cayó de alrededor de 40% a 29% del PIB.

La reacción de los especuladores en bolsa ha sido un retiro de la bolsa de Lima que hizo que se desplomara 12% a la mañana siguiente a las elecciones. PPK (Pedro Pablo Kuczynski) lo advirtió y en esa advertencia lo hizo realidad. Hizo terrorismo económico y se materializó. Como el anuncio de que van a escasear las latas de lecha del supermercado. El Perú completo queda advertido de cómo va a actuar la derecha.

Lo que se espera de Humala primero y por sobre todo es una actitud ética en la política que tanto Fujimori como García han hecho lo posible por desacreditar. García ha llegado a demoler su propio partido político con el objetivo de perpetuarse en el poder, siendo o no presidente. Ya demolida el APRA con su larga historia, el Perú puede emprender un nuevo rumbo político en general sin el temor de los retrocesos que tanto daño le han hecho. Atrás quedó para siempre “El antiimperialismo y el APRA” de Haya de la Torre y toda la literatura que a ratos permitían ver en ese partido uno progresista y relativamente autónomo de los poderes económicos más primitivos. El final de la vida del APRA fue cuando García le jugó en contra de todo a lo que simbolizaban desde los años 30. Ganó la apuesta García y perdió el partido. RIP.

Humala tiene por delante todo tipo de retos. El primero será quedarse en el asiento presidencial cuando la derecha ha hecho una campaña sucia incluyendo llamadas telefónicas a casas de votantes hasta el día de las elecciones para denunciar el “peligro Humala”. PPK, hombre de varios pasaportes incluyendo el peruano, salió como terrorista económico a denunciar que se desplomaría la bolsa de Lima por el resultado electoral. CNN le dio cabida a esta tontería que encubre que las bolsas del mundo han tenido en las últimas siete semanas una racha de caída solo superada en el año 2004. Es fácil culpar a Humala de que llueva o deje de llover y lo van a hacer. Como culpan a la alcaldesa Susana Villarán –por la Comisión de la Verdad–. Hemos visto que la libertad de expresión sirve para decir lo que los dueños de los medios y sus socios quieren decir. El titular de El Comercio del lunes 6 de junio fue “Un resultado que llama a concertar, Humala 50.9%, Keiko0 49.1%”. El resultado fue 51.5% versus 48.5% y eso era lo que había salido del conteo rápido y de las proyecciones del conteo inicial pero mejor era una noticia falsa para forzar el argumento de que el poder no lo van a perder.

Para concertar tienes que tener ánimo de concertación y eso la derecha no lo tiene. Es una derecha falangista, racista, fóbica, oscurantista e ignorante, pegada al Opus Dei que aunque católico extrañamente carece de valores éticos, a no valorar el conocimiento; y que ha permitido que el Perú se coloque y alinee con los regímenes más retardatarios en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se reeligiera a Alan García; y que la hija de un delincuente corra a las presidenciales, para beneficio de lavarle la cara a los 75 presidiarios, que están en la cárcel con su padre. Es una derecha que ha rifado una política exterior digna y la ha sustituido por un mamarracho. ¿Podrá Humala recuperarle la dignidad a la cancillería peruana? ¿Podrá recuperarles la fe en la política a los peruanos?

El Perú está en un momento expectante del crecimiento económico. Tal vez ponerle impuestos a la renta a las inversiones en bolsa sería un acto para afectar las riquezas que se están apilando sin impuestos en el nombre del libre mercado. Eso realmente espantaría los capitales golondrinos de la bolsa y tal vez terminaría con las burbujas especulativas y ayudaría a ajustar el tipo de cambio. Promover que el MILA (las bolsas de Bogotá, Lima y Santiago) que inició sus operaciones el lunes después de las elecciones se articule con la bolsa de Sao Paulo quizás sería otro acto simbólico.

Hay que recordar que el impuesto a las transacciones financieras (ITF) se instituyó en 2002 para financiar la educación en el Perú cuya meta de gasto debe de ser 6% del PIB. El ITF fue reducido por PPK en 2003 cuando era ministro porque distorsionaba el mercado, dijo. Quizás sea hora de recuperarlo a los niveles que tuvo al inicio en el 2002 y que tanto impacto positivo observó en la recaudación tributaria. ¿Podrá Humala recuperar el nivel de la educación pública perdida hace varias décadas? ¿Podrá recuperar la universidad pública a niveles reconocibles?

El regreso del Perú a Sudamérica es lo más significativo, empero. Eso es positivo para el país y para la región como un todo porque consolida el bloque regional progresista. Esto podrá facilitar el proceso de UNASUR que la derecha peruana detesta por razones ideológicas y pondrá al país a la par con sus vecinos en la Comisión de coordinación macroeconómica de UNASUR, en el Banco del Sur, en el uso de la moneda nacional para el comercio exterior y nivelará los aspectos políticos y migratorios del espacio así como consolidará el Consejo de Defensa Suramericano. La batalla contra la derecha peruana en estos campos será tenaz.

Para todos Humala es una interrogante y Fujimori una certidumbre. El futuro nos espera a todos los y las peruanos/as que deberemos de enfrentar los retos del futuro. La familia peruana debe de reunificarse dice Mario Vargas Llosa, pero escuchándolo a de Soto, eso es muy difícil. El horizonte peruano ha cambiado para mejor, para el regreso de la ética en la política y para la recuperación de la dignidad nacional. Esa, no se cotiza en bolsa. (Publicado en ALAI AMLATINA, 06/06/2011)
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Previo a la elecciones en Perú Ollanta Humala fue entrevistado sobre sus metas en el gobierno.

UIC-ANEP
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PÁGINA 12 – ENTREVISTA EXCLUSIVA A OLLANTA HUMALA

“Los que no quieren la verdad son los que dieron las órdenes”

A horas de las elecciones presidenciales en Perú. el líder del Frente Progresista destaca la importancia de los juicios por la violación de los derechos humanos, plantea el lugar que tendrían las políticas sociales en su gobierno y por qué la opción de Keiko Fujimori representaría una vuelta al pasado.

Carlos Noriega

“Voy a ganar mañana”, dice Ollanta Humala. Se lo ve tranquilo, confiado. El candidato del frente progresista Gana Perú, que mañana define la presidencia con la derechista Keiko Fujimori, concedió una entrevista exclusiva a Página/12, haciendo un espacio en su agitada agenda.
Humala venía de rechazar en conferencia de prensa la acusación que el jueves lanzó en su contra Roger Noriega, el subsecretario de Estado para América latina de la administración de George W. Bush, quien aseguró que Hugo Chávez financiaba a Humala.
“Esa es una patraña, una calumnia. No hay ninguna prueba para esa afirmación”, dijo Humala. En el diálogo con este diario, el candidato habló de sus principales propuestas, de lo que sería un eventual gobierno suyo sin mayoría parlamentaria propia, de derechos humanos, de su rival Keiko Fujimori y de el rol que jugaría la Unasur en su política internacional.

–Usted ha dicho que el presidente Alan García apoya la candidatura de Keiko Fujimori. ¿Confía en la limpieza del proceso electoral?
–Nosotros vamos a respetar la voluntad popular y la vamos a defender. Hay indicios que nos hacen ver con preocupación la transparencia del proceso electoral. Hay una clara intervención del presidente García a favor del proyecto autoritario de Keiko Fujimori. Está el hecho de que la Diroes (cuartel policial donde se encuentra detenido Alberto Fujimori) sea el principal local de campaña del fujimorismo, desde donde Alberto Fujimori, que está preso por corrupto y violaciones a los derechos humanos, decide la estrategia de su partido. Otro hecho preocupante es la denuncia que hoy (ayer) ha hecho el diario La República sobre las interceptaciones de mis conversaciones y las de mi entorno familiar y político. Nosotros reconocemos esas conversaciones y algunas de ellas han sido hechas en el local del partido y no por teléfono. La única institución con capacidad de hacer estas interceptaciones es el servicio de inteligencia y para que haga esas interceptaciones tiene que tener luz verde del presidente de la República. El gobierno debe explicar esto.

–Si usted gana la elección lo hará por un margen estrecho en un país polarizado y dividido en dos, y no tendrá mayoría en el Congreso.
–Como fuerza política responsable y con memoria hemos entendido el mensaje de la primera vuelta, en la que el pueblo nos dio la primera mayoría, pero no una mayoría absoluta, como un pedido para que ampliemos nuestra convocatoria, y eso implica un gobierno de concertación nacional, para lo cual hay que consensuar propuestas. En ese esfuerzo de concertación hemos logrado el apoyo de fuerzas sociales, laborales y políticas importantes, como el partido Perú Posible (partido del ex presidente Alejandro Toledo), con el cual podemos garantizar la estabilidad democrática en el Congreso, ya que con Perú Posible tendríamos mayoría parlamentaria, lo que no puede garantizar la congresista Fujimori, porque ella no tiene mayoría. En el grupo de ella hay gente que trabajó directamente con Alberto Fujimori y cuando no tuvieron mayoría cerraron el Congreso.

–Usted ha hablado de hacer concesiones para lograr esa concertación. ¿Hasta dónde va a hacer concesiones en sus propuestas? ¿Qué es lo no negociable?
–En lo que no vamos a retroceder es en hacer que el crecimiento económico vaya acompañado de inclusión social. Para que haya inclusión social tenemos que asegurar políticas sociales como el Programa Pensión 65, para los mayores de 65 años que no tienen una pensión; un programa de nutrición infantil en los colegios; un programa de guarderías infantiles; defender los derechos laborales; elevar el salario básico de 600 a 750 soles (unos 220 dólares) en el primer año de gobierno; un aumento salarial a los policías para mejorar la seguridad; invertir en infraestructura, como aeropuertos, puertos, carreteras, escuelas, hospitales, vías férreas, porque ahora el país tiene un déficit de 40 mil millones de dólares en infraestructura pública, a través de asociaciones públicas y privadas; consolidar el proceso de descentralización para mejorar la inversión pública; ampliar el programa Juntos (de entrega de unos 35 dólares mensuales a los sectores más pobres) de cerca de 500 mil beneficiarios a 900 mil; ampliar los presupuestos de los programas sociales de comedores populares y del vaso de leche; entregar becas a los mejores estudiantes de las escuelas públicas para que accedan a una carrera universitaria; trabajar una política para el retorno de los tres millones de peruanos que viven en el extranjero, la mayor parte de los cuales son ilegales. En esas políticas sociales no vamos a retroceder.

–Como ex militar, ¿cuál es su posición frente a los juicios a militares por violaciones a los derechos humanos?
–Para que haya reconciliación primero tiene que conocerse la verdad. Las autoridades deben dar todas las facilidades a la Justicia para que se aclaren las denuncias y se sepa la verdad. Los soldados que combatieron con honor quieren que se aclaren las denuncias, porque cuando se sospecha de uno se sospecha de todos. Los interesados en que no se conozca la verdad son aquellos que dieron las directivas, las órdenes para violar los derechos humanos. Nunca más debemos regresar a la dictadura fujimorista en la que se desaparecían estudiantes, se mataba, se esterilizaba contra su voluntad a las mujeres. Lo que se ha hecho en el país en materia de derechos humanos es una vergüenza. El Estado tiene una deuda con su población en derechos humanos. Nosotros defendemos los derechos humanos.

–En su opinión, ¿cómo sería un futuro gobierno de Keiko Fujimori?
–Ella lleva a las mismas personas que gobernaron con su padre. Con ella está el doctor Alejandro Aguinaga, que haciéndonos recordar las épocas de la Alemania nazi como ministro de Salud de Fujimori esterilizaba a las mujeres en contra de su voluntad. Más de 300 mil mujeres pobres fueron esterilizadas contra su voluntad. Su vocera en temas de derechos humanos (Milagros Maraví) coordinaba en el gobierno de Fujimori con Vladimiro Montesinos (brazo derecho de Fujimori y encargado de los trabajos sucios) cómo lavarle la cara al régimen por las violaciones a los derechos humanos. Ella misma reivindica a su padre como el mejor presidente del Perú. El deslinde que ella ha hecho con el gobierno de su padre recién se da en la campaña de esta segunda vuelta. Dígame usted: dice cuac, tiene pico, tiene cola… ¿es o no pato?

–Alberto Fujimori goza de una serie de privilegios en el cuartel policial donde está detenido. ¿Qué haría su gobierno frente a esta situación?
–Nadie debe tener privilegios. Cuando una persona es condenada debe ir a una cárcel y no a un cuartel policial.

–¿Cuáles serán las prioridades de su política internacional?
–Vamos a participar con entusiasmo en la consolidación de la unidad latinoamericana. El fortalecimiento de la Unasur será una prioridad de nuestra política exterior. Nosotros vemos con mucho interés la consolidación de la Unasur. Vamos a afianzar las relaciones políticas y económicas y de hermanamiento con los países de la región. No vamos a ideologizar las relaciones internacionales, sino que vamos a construir una agenda positiva con todos los países hermanos.

–Usted ha resaltado sus coincidencias con el ex presidente Lula. ¿Brasil es el modelo a seguir por su gobierno?
–El de Brasil es un modelo exitoso, pero el Perú es diferente al Brasil. Tenemos economías distintas, realidades diferentes. De Brasil hay que rescatar un manejo prudente, adecuado de la política económica, y un crecimiento económico que ha permitido la inclusión social y achicar la brecha de la desigualdad.

–El acuerdo del Arco del Pacífico (acuerdo de cooperación económica de Perú con Chile, Colombia y México) que ha firmado el presidente García pero no está ratificado, ¿usted lo va a continuar o lo va a revisar?
–Los acuerdos firmados por el Estado tienen que pasar por el Congreso y ahí tiene que entrar a un debate para ser ratificado. Este acuerdo tendrá que ser debatido en el Congreso.

–¿Cómo ve el gobierno de Cristina Kirchner?
–Es un gobierno democrático que viene resolviendo sus problemas. Nosotros queremos mejorar nuestras relaciones con Argentina, respetando la política interna del gobierno argentino. Parte de la buena vecindad es no meterse en los asuntos internos de otros países.

–¿Por qué que quiere ser presidente?
–Yo soy padre de familia. Tengo tres hijos, el menor de cinco meses, y me pongo en la posición de millones de peruanos que están iniciando una familia y que quieren que sus hijos tengan oportunidades a través de una educación de calidad y una buena salud, y que cuando salgamos a la calle con nuestras familias no nos asalten. Y si nos roban queremos encontrar justicia. No queremos un país corrupto. Quiero ser presidente porque quiero que el crecimiento económico que tenemos se convierta en calidad de vida. Quiero construir el futuro.

–¿Desde que era oficial del ejército pensaba en ser presidente?
–No, yo quería ser comandante general del ejército. La circunstancia que cambió mi vida fue el levantamiento que hice en Locumba contra la dictadura fujimorista. Fue un levantamiento dentro de un proceso de convulsión social en el que el pueblo peruano se había levantado contra la dictadura. Pero incluso después de eso quise recuperar mi carrera militar y estuve en el ejército hasta el año 2004 como militar en actividad y cuando me pasan a retiro decido replantear mi vida y es ahí cuando ingreso a la política.

* Economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Es presidente de ALAI y coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA)

Youtube abre Canal sobre periodistas asesinados
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Situación en México, donde hay más peridistas muertos que en un país en guerra como Iraq.

Desde que el presidente Porfirio Lobo inició su mandato en Honduras, 13 periodistas han sido asesinados, y otros profesionales de la comunicación han sido víctimas de la violencia. teleSUR

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Homenaje al pie de la verdad
Charly Morales Valido*

El 8 de septiembre de 1943, los nazis ejecutaron al periodista checo Julius Fucik, quien nos legó su acusador “Reportaje al Pie de la Horca”, testimonio de las torturas que sufrió en… Espere… Acaban de asesinar a un periodista en Tamaulipas… Que horror…

Como decía, el corresponsal de los periódicos checos Rudé Právo y Tvorba cayó preso en Berlín y condenado por un tribunal nazi que… ¿eh?… Vaya, encontraron los cadáveres de dos reporteras colombianas en una cueva… Mjúm, los paramilitares… Ejem…

Seguimos. Desde su celda en la cárcel de Pankrác, descalzo y tumefacto, Fucik escribió con su sangre los documentos que su esposa Agustina rescató y publicó tras la derrota fascista en… ¿cómo? ¿Qué la “mara”* baleó a un documentalista franco-español?

Este 8 de septiembre, mientras muchos le compran un girasol a la Caridad del Cobre, los periodistas cubanos recordamos a los mártires de nuestra profesión: bello, pero casi kamikaze oficio, en un mundo donde nada es más peligroso que la verdad…

Hoy pensamos en nuestros héroes, desde aquel Pablo de la Torriente que murió en las nieves de Majadahonda narrando la Guerra Civil, hasta Raymundo López, el viejo Rey, por suerte vivo pero jugándosela para reportar desde la golpeada Honduras.

Recordamos al camarógrafo español José Couso, asesinado por tropas estadounidenses en Irak; a Rodolfo Walsh, acribillado durante la dictadura argentina, a Cabezas…

Honramos a los 94 periodistas asesinados en México de 1983 hasta la fecha; a todos los colegas desaparecidos, secuestrados, chantajeados, coartados, humillados, amenazados, vejados, desempleados…

La Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) batalla por hacer justicia y, sobre todo, para mantener vivo un legado. Según cifras oficiales, unos 104 periodistas murieron el pasado año en el ejercicio de su profesión. Y el 2009 va siendo negro…

Ellos murieron por no callar la verdad. Por eso no podemos recordarlos en silencio. Ni tan siquiera un minuto…

Día Internacional del Periodista

Fue el 8 de Septiembre de 1943 cuando fue ejecutado en Berlín, Alemania el periodista Checo de origen Judío Julius Fucik. El fue redactor de Rudé Právo y de Tvorba de Checoslovatia y fue apresado y condenado por un tribunal nazi en Berlín.

Durante su cautiverio en campos de concentración, específicamente en la cárcel de Pankrác, escribió clandestinamente con su sangre el libro “Reportaje al pie de la Horca”. Este fue recogido y recopilado por su esposa Agustina tras la derrota de la Alemania Hitleriana en 1945.
En este reportaje que reúne las técnicas de éste género periodístico, describe y relata las espeluznantes torturas que él recibió y recibieron miles de ciudadanos que estaban en contra de las atrocidades de Hitler en Europa.

Julius Fucik denuncia en este reportaje todos los crímenes de Lesa humanidad y torturas dentro de los campos de concentración donde la Gestapo ejecutaba por órdenes del gran Fuhrer. El heroísmo, la valentía de este gran periodista es de manifiesto que a pesar de las torturas inimaginables para la mente humana nunca delató, ni dio una sola pista de los luchadores de la época.

Este periodista checo era tan fuerte en convicciones, principios que las organizaciones internacionales de periodistas declararon el Día de su ejecución, el 8 de Septiembre, como el “Día Internacional del Periodista”.

*Periodista cubano