“_En dar a cada uno lo suyo consiste la justicia_” (Ortolán); bajo esta premisa surge la pregunta, ¿merece la ciudadanía, la inseguridad que el estado le retribuye al quitarle sus impuestos?, nuestra sociedad tiene también como deber derecho, el exigir rendición de cuentas en un estado sostenido por un sistema de “_frenos y contrapesos_”. La libertad, es determinación y es hora que nosotros como comuna entendamos que; El estado en principio tiene como primer deber, crear derecho. Así las cosas, tiene únicamente dos opciones: darnos una sociedad segura por cuanto así cumple lo sustantivo de su ser. O no darnos seguridad por no ser lo que le interesa. Si la segunda opción es la que asume, no estaría creando derecho… Estimado lector. ¿En cuál realidad, de manera objetiva vislumbra el rumbo por herencia de este gobierno?.
El Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Publica de Costa Rica, con sus casi doce mil agentes de policía, y con un presupuesto anual del 0.5 % del PIB, resulta por sí mismo un cuerpo insuficiente para responder al más de cinco millones de habitantes con los que cuenta este país en la actualidad, empero según el presupuesto para el año dos mil nueve, se tuvo previsto que en seguridad se invertiría por cada habitante, diecisiete mil seiscientos veintidós colones (¢17.622) por año, gastando así cuarenta y ocho colones (¢48) por día, y cuatrocientos sesenta y cinco (465) agentes de policía para cien mil habitantes (100.000). En otras palabras un agente policial (01) para doscientos dieciséis (216) habitantes. El panorama era sombrío. Empero, tome en cuenta. Que lo anterior resulta, sin dividir estos valores aun en los tres subvalores, que se presentan en la implementación de los roles policiales: un grupo en turno, un grupo libre, otro disponible. Lo que nos dejaría con (4000) agentes de Policías por turno… menos, los casi cuatrocientos (400) agentes policiales que laboran en la Unidad de Intervención Policial, (410) en Guarda Costas, (84) En la UEA, Unidad Canina y Vigilancia Aérea (datos no suministrados), quienes pertenecen a Unidades especializadas y usted nunca vera cuidándole en las calles. Menos, personal incapacitado y en vacaciones.
Agreguemos también como cereza al pastel, que para el presupuesto del 2010, asignado a esta cartera solo se ejecutó poco más del 50%, e incluso como manifestara Tijerino, al comparecer ante la Asamblea Legislativa, “_que para él dos mil diez (2010), el recargo era ya de mil administrados por agente de Policía en turno_” (yo diría 1250 y surge la paradoja entre lo que se presupuesta y lo que se da en la realidad). Tenemos entonces un problema que en política criminal y de prevención, la situación desnuda una realidad grave. Máxime si tomamos en consideración los 1500 agentes de Policía que salieron de las distintas bases policiales para crear la policía de fronteras, con cinco patrullas nuevas que fueron colisionadas el día que se estrenaron y más de dos declaradas con pérdida total, por la improvisación con que se toman decisiones.
Todas estas aristas inutilizan por lógica a Fuerza Pública, en lo que refiere a recurso humano, los recursos “_frescos_” que se mencionan no son agentes nuevos, sino reclutas que ingresan a ocupar las vacantes que dejan los Policías que se están pensionando, y que en su mayoría una vez capacitados engrosaran las planillas de empresas de seguridad privadas con mejores salarios, perdiéndose los 1.500.000 de colones, que en promedio cuesta al estado costarricense el Cuso Básico Policial. Aunado a esto el faltante de más de siete mil plazas que se nos hereda de otrora, resulta una suma mortal de factores. Tomando en consideración, el colapso administrativo de los entes encargados de impartir justicia tambien. Situación que acarrea una creciente y peligrosa impunidad, que repercuten en las fuerzas policiales, mismas que pasan a practicar todos los días el cíclico juego del gato y el ratón… “_ratoncito… ratoncito que estás haciendo en mi casita_”. Pero peor aún con el miedo al que se somete la sociedad, sin considerar “_el efecto rebote que esto conlleva_”. Gestándose así un profundo desgaste en la institucionalidad, y pérdida de la esperanza en el sistema por parte de los administrados por las muy pocas condenas. Tomando en consideración las veces en las que en flagrancia, nuestros policías se juegan la vida en este trabajo.
Este problema es más peligroso de lo que pretenden vendernos nuestros medios. Seguridad Pública como cuerpo Policial, es la cortina de humo que sostiene la pésima e irresponsable administración en materia de política criminal por parte del estado, pagando con vida propia quienes se visten de azul, la irresponsabilidad con la que se toma este “_asunto_” que nos han heredado gobiernos anteriores, indistintamente de los colores que lleven estas banderas, por cuanto no hay una doctrina policial seria, participativa y científica apegada a la idiosincrasia y al contexto real de nuestra cultura con participación de diferentes actores. Solo se implementan en su mayoría tesis en materia de policía que se apegan a otras sociedades donde el recurso y la capacitación son prioridad y todo un norte, en el manejo de los fondos públicos. Por esta razón la incapacidad operativa que se presenta, claro está. En orden de ideas se da primero, en altos mandos quienes mantienen una especie de secuestro ideológico nada beneficioso para la institucionalidad, por cuanto se empeñan en mantener algo que no funciono, personas que cuando son desenmascaradas, no se les despide como a los de abajo, no… no señor, se les premia trasladándolos a puesto con menos responsabilidades y el mismo paguito para que la extinción de la pena se de en el olvido de los administrados. A nivel administrativo, existe todo un equipo incapaz de sub-ejecutar los presupuestos asignados, lo que conlleva a la horrible manera en la que usted ciudadano paga con su vida y sus bienes, dineros que fueron asignado para su seguridad pero regresaron a arca única del estado por esta ineptitud. Sobra demás el que nuestra sociedad sepa que la inseguridad, no es por parte de los uniformados, (los de a pie) sino más bien por la falta de recursos: humano, patrimonial e incentivos salariales acorde a las jornadas laborales infrahumanas que se dan, en un trabajo que el salario base no sobrepasa los 220.000 colones por mes, por cuanto de manera torcida se ha malinterpretado el régimen de excepción que se aplica a los y las trabajadoras de Seguridad Pública, sometiéndoles a vejaciones por los mandos medios con jornadas laborales hasta de dieciocho horas diarias, so pretexto “_Usted se hizo policía, si no le gusta busque otro trabajo_”, sin el pago por horas extras que todo trabajador merece. Así como la falta de capacitación acorde a la problemática delincuencial y legislación actual, que sufren estos servidores, para quienes la incertidumbre jurídica es el pan de cada día.
Más, con todo lo que significa el roll que desempeña este cuerpo policial en la sociedad, hay justicia en que comprendamos. Que con un salario base de 210.000 colones por mes, con una canasta básica sumamente modesta que supere los 80.000 colones, sin incluir alzas complacientes en combustibles, pago de agua, luz, y pasajes, hijos estudiando a nivel escolar y universitario. Así como el pago de alquiler por cuanto no es derecho de los y las policías optar a un bono de vivienda… Este gobierno acaparador de la riqueza, tampoco es justo con nosotros.
Según la opinión del Diputado Villalta, ha habido avances relevantes en el trámite parlamentario del expediente 15.990, “Reforma Procesal Laboral”, sin embargo, “queda pendiente por resolver un tema de capital importancia para garantizar la protección de los derechos humanos de las y los trabajadores normados en la Constitución Política y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo: la regulación de los arreglos directos y los comités permanentes”.
“A pesar de los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica, el proyecto de ley de Reforma Procesal Laboral en su versión actual contiene una redacción que, en vez de resolver este problema, los agrava seriamente. Busca consolidar la usurpación de las funciones sindicales que realizan los comités permanentes, consolidándolas como “organizaciones sociales” bajo control de la parte patronal. Expresamente, han reconocido sus promotores que buscan erradicar la negociación colectiva de la empresa privada, reemplazándola por “arreglos” hechos a la medida de los empleadores”, explicó el Diputado Villalta.
“El Gobierno está cerrando las puertas al diálogo y la negociación. Por el contrario, pretenden imponer el texto actual del proyecto ignorando las serias preocupaciones planteadas al respecto. Todas las alternativas propuestas están siendo rechazadas sin argumentos serios. Simplemente intentan pasar la aplanadora al movimiento sindical en la empresa privada, seguir golpeando a un sector social que ya ha sido duramente afectado en los últimos años”, agregó.
“A pesar de que en el Frente Amplio valoramos los avances obtenidos en el trámite de este proyecto de ley respecto a otras áreas de la legislación laboral, no podemos ser cómplices de la brutal violación a sus derechos humanos que sufren las y los trabajadores que desean organizarse sindicalmente”, concluyó el parlamentario del Frente Amplio.
En cualquier marco de sociedad, los y las seres humanos somos parte de una gran diversidad. Esta diversidad aglomera personas de diferentes religiones, posiciones políticas, etnias, culturas, visiones de mundo, sexualidades, entre otros.
Es por ello que tratar de justificar acciones de discriminación, como lo es la homofobia, no tiene cabida para sociedades que, por un lado se precian de ser democráticas; y que, por otro, proclaman que esa democracia está asentada en el respeto a todas las diversidades. Normalmente el discurso social-oficial, dogmático, patriarcal, económico, cultural y hasta político que se utiliza alrededor del tema de la homosexualidad, es decir que la misma es una “_enfermedad_”, asumida o adquirida; cuando, por el contrario, quien reproduce acciones o discursos de carácter homofóbico es, verdaderamente, el que está enfermo.
Vale la pena reiterar que la homofobia es una enfermedad capaz de llegar a atentar contra la vida de seres humanos, contra el desarrollo emocional y social de quienes también tienen familias y personas queridas; contra las aspiraciones de un desarrollo integral como ser humano, incluyendo la de alcanzar la plenitud de su propia diversidad sexual.
Es necesario exigir respeto a las diferencias, vernos dentro de la sociedad como iguales sin distinción de ellas; ser solidarios entre nosotros y nosotras, buscar la cohesión y hacer la lucha, porque la lucha no sólo surge del discurso sino del compromiso y la acción.
Como seres humanos de derechos, es nuestra obligación y compromiso denunciar públicamente toda acción de discriminación, de odio y de violación hacia los derechos humanos.
La homofobia no debe de tener parte en la sociedad costarricense y en el mundo. Ante ello, las instituciones políticas y religiosas deberían de ser las pregoneras en buscar que este discurso y estas acciones no se reproduzcan.
Por el contrario, debería de velarse para que todos y todas nos veamos como humanos y humanas en condiciones de igualdad, así como profesar de manera vehemente y con conciencia social ese discurso del amor al prójimo más allá de una consigna de panfleto, sino, vivida en lo más profundo de cada ser humano.
Para finalizar, es importante apelar a la necesidad de la unión y manifestación de nuestro pensamiento y posiciones sociopolíticas y culturales, contra este tipo de acciones y situaciones inhumanas, intrínsecas a la homofobia, que atentan contra los derechos humanos de las personas y que se dan y se presentan en el mundo.
Es urgente y necesario construir, forjar y exigir ese cambio, el cual inicia desde el momento en que cada uno y cada una toman esa visión y la comienza a trabajar.
La conciencia social parte por visibilizar quiénes somos, qué hacemos y cuál es nuestro modo de vida, por ende, exigir respeto de esto. Parte también, por gritar libremente que independientemente de nuestra orientación sexual somos humanos y humanas; que sentimos, lloramos, amamos, crecemos, soñamos y tenemos a nuestro alrededor personas que han concientizado y que hoy día nos apoyan y creen en la necesidad de ese cambio en la forma de pensar de la sociedad.
Ya debemos de dejar de ser permisivos con lo injusto, con lo que mata, con lo que estigmatiza y con el discurso que se reproduce, con las desigualdades, con la violación del derecho a vivir, con la violencia en sí misma.
Ya es hora de ponerle un alto a las etiquetas, de permitir ser inviabilizados e invisiblizadas y concebidos como “_minorías_”; de aceptar que la sociedad y las instituciones traten de marcar nuestro modelo de vida.
Sociedad en general: Es momento de abrir los ojos y concientizar que todos y todas somos humanos y humanas; que acciones inhumanas como la homofobia y otras de similar estirpe, sólo hacen crear entre nosotros y nosotras diferencias; diferencias que pueden marcar el desarrollo de un ser humano o que, hasta inclusive, pueden atentar contra la vida de los mismos.
En cualquier marco de sociedad, los y las seres humanos somos parte de una gran diversidad. Esta diversidad aglomera personas de diferentes religiones, posiciones políticas, etnias, culturas, visiones de mundo, sexualidades, entre otros.
Es por ello que tratar de justificar acciones de discriminación, como lo es la homofobia, no tiene cabida para sociedades que, por un lado se precian de ser democráticas; y que, por otro, proclaman que esa democracia está asentada en el respeto a todas las diversidades. Normalmente el discurso social-oficial, dogmático, patriarcal, económico, cultural y hasta político que se utiliza alrededor del tema de la homosexualidad, es decir que la misma es una “enfermedad”, asumida o adquirida; cuando, por el contrario, quien reproduce acciones o discursos de carácter homofóbico es, verdaderamente, el que está enfermo.
Vale la pena reiterar que la homofobia es una enfermedad capaz de llegar a atentar contra la vida de seres humanos, contra el desarrollo emocional y social de quienes también tienen familias y personas queridas; contra las aspiraciones de un desarrollo integral como ser humano, incluyendo la de alcanzar la plenitud de su propia diversidad sexual.
Es necesario exigir respeto a las diferencias, vernos dentro de la sociedad como iguales sin distinción de ellas; ser solidarios entre nosotros y nosotras, buscar la cohesión y hacer la lucha, porque la lucha no sólo surge del discurso sino del compromiso y la acción.
Como seres humanos de derechos, es nuestra obligación y compromiso denunciar públicamente toda acción de discriminación, de odio y de violación hacia los derechos humanos.
La homofobia no debe de tener parte en la sociedad costarricense y en el mundo. Ante ello, las instituciones políticas y religiosas deberían de ser las pregoneras en buscar que este discurso y estas acciones no se reproduzcan.
Por el contrario, debería de velarse para que todos y todas nos veamos como humanos y humanas en condiciones de igualdad, así como profesar de manera vehemente y con conciencia social ese discurso del amor al prójimo más allá de una consigna de panfleto, sino, vivida en lo más profundo de cada ser humano.
Para finalizar, es importante apelar a la necesidad de la unión y manifestación de nuestro pensamiento y posiciones sociopolíticas y culturales, contra este tipo de acciones y situaciones inhumanas, intrínsecas a la homofobia, que atentan contra los derechos humanos de las personas y que se dan y se presentan en el mundo.
Es urgente y necesario construir, forjar y exigir ese cambio, el cual inicia desde el momento en que cada uno y cada una toman esa visión y la comienza a trabajar. La conciencia social parte por visibilizar quiénes somos, qué hacemos y cuál es nuestro modo de vida, por ende, exigir respeto de esto. Parte también, por gritar libremente que independientemente de nuestra orientación sexual somos humanos y humanas; que sentimos, lloramos, amamos, crecemos, soñamos y tenemos a nuestro alrededor personas que han concientizado y que hoy día nos apoyan y creen en la necesidad de ese cambio en la forma de pensar de la sociedad.
Ya debemos de dejar de ser permisivos con lo injusto, con lo que mata, con lo que estigmatiza y con el discurso que se reproduce, con las desigualdades, con la violación del derecho a vivir, con la violencia en sí misma.
Ya es hora de ponerle un alto a las etiquetas, de permitir ser inviabilizados e invisiblizadas y concebidos como “minorías”; de aceptar que la sociedad y las instituciones traten de marcar nuestro modelo de vida.
Sociedad en general: Es momento de abrir los ojos y concientizar que todos y todas somos humanos y humanas; que acciones inhumanas como la homofobia y otras de similar estirpe, sólo hacen crear entre nosotros y nosotras diferencias; diferencias que pueden marcar el desarrollo de un ser humano o que, hasta inclusive, pueden atentar contra la vida de los mismos.
Desde el pasado 8 de marzo ya es oficial: El Parlamento Europeo ha dado luz verde a la “_Tasa Robin Hood” nueva ventana, promovida por la Alianza (Intermon Oxfam, Ayuda en Acción, Save de Children, Plan, entre otros) en la cruzada por aplicar un impuesto a las transacciones que realizan las entidades financieras, con la que podría combatirse la pobreza en todo el mundo. “_Objetivo Robin Hood: que no paguen los de siempre”.
Si se aplica la tasa, ¿Qué se conseguiría?
La tasa, un* 0,05%* sobre la transacción, sólo se aplicaría sobre las operaciones financieras no minoristas, como intercambio de acciones, bonos, operaciones en divisas o de materias primas, tanto en mercados organizados como en operaciones extrabursátiles.
En Europa más de 300.000 millones de euros serían los que se recaudarían anualmente con su aplicación.
Si a esos 300.000 millones de euros le sumamos 650.000 millones de dólares a nivel mundial, se ayudaría a que se redujeran considerablemente las diferencias sociales y los efectos del cambio climático, además de cumplirse los compromisos adquiridos en el año 2000 por 189 países, los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Todo ello sin que los costes recayesen sobre los ciudadanos. Además, el Parlamento Europeo nueva ventanaañade que esta tasa ayudaría a mejorar el funcionamiento de los mercados al reducir la especulación y contribuiría a financiar bienes públicos mundiales y a reducir los déficits públicos.
Con la aprobación de esta tasa, el Parlamento ha solicitado a los dirigentes del G20 que aceleren las negociaciones para llegar a un acuerdo de mínimos sobre este impuesto a nivel mundial, y que fijen orientaciones sobre el destino de estas diferentes modalidades de imposición, que podrían destinarse a apoyar el desarrollo sostenible. __________________________________________________________
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Día de Acción Global sobre el impuesto “Robin Hood” presente en Costa Rica
Se oficializará planteamiento, por primera vez, ante una alta autoridad política: el Presidente legislativo
Mañana miércoles 22 de junio de 2011, el Lic. Juan Carlos Mendoza García, Presidente de la Asamblea Legislativa, recibirá en su despacho del Castillo Azul, a las 9 en punto de la mañana, a una representación de la CENTRALSOCIALJUANITOMORAPORRAS (CSJMP), que le hará entrega de una carta en la cual se plantea, por primera vez en Costa Rica y ante una alta autoridad del sistema político, el tema del impuesto “Robin Hood”; como parte del Día de Acción Global sobre la iniciativa de establecer un impuesto, una tasa, a las Transacciones Financieras Internacionales (TFI); iniciativa ésta promovida por los movimientos sindicales y sociales de la Unión Europea (UE) y que ya está aprobada por el propio Parlamento Europeo.
Ante la gravedad de la crisis financiera internacional, generada por la avidez incontrolada de acumulación de riqueza por parte del capital bancario-internacional, que tiene al borde de la quiebra a varios países europeos cuyos pueblos están siendo sometidos a sacrificios y tormentos sumamente crueles; se calcula que si tan sólo hubiese una tasa TFI de un 0,005 %, habría disponible una cantidad anual de unos 400 mil millones de dólares para ser utilizados en políticas públicas de corte social, más que necesarias para atender los estragos en los pueblos crucificados por una crisis bancaria del capital financiero que ellos jamás generaron.
Dada la crisis fiscal que, de manera reiterada dice padecer el actual Gobierno de Costa Rica, por falta de recursos frescos vía tributos, estamos proponiendo que un impuesto “Robin Hood”, a la tica, le generaría al Poder Ejecutivo la plata que dice que le hace falta y que le obliga, según su prédica, a estar pidiendo prestado, cada 24 horas, 1.300 millones de colones para “sobrevivir” como Gobierno.
El capital financiero-bancario costarricense ha sido exageradamente beneficiado con las políticas macroeconómicas y fiscales de los últimos gobiernos, lo que le ha permitido acumular riquezas inimaginables para el pueblo costarricense; sin embargo, la imposición tributaria a tan grandes fortunas, a juicio de expertos, dista muchísimo de haber sido justa.
Con esta audiencia concedida por parte del señor presidente del parlamento costarricense, nuestro país queda inserto en la acción planetaria a favor del impuesto “Robin Hood”, tema que ya va estar en la agenda político-económica del denominado grupo de países ricos G-8 y de su ampliación al G-20. De ello se deriva la presión planetaria a favor de la tasa TFI que se materializa este miércoles 22 de junio, denominado Día de Acción Global a favor del impuesto “Robin Hood”. Costa Rica no podía quedar fuera de esta iniciativa civil mundial.
San José, martes 21 de junio de 2011.
Albino Vargas Barrantes Presidente, CENTRALSOCIALJUANITOMORAPORRAS (CSJMP) Secretario General, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
__________________________________
EL IMPUESTO “ROBIN HOOD”
por Albino Vargas Barrantes
Robin Hood es el legendario héroe de baladas inglesas que robaba a gobernantes y eclesiásticos acomodados, para entregar parte del botín a necesitados, menesterosos y oprimidos. Se lo sitúa entre los finales del siglo XIV y principios del XV. Según la leyenda, Robin Hood era un barón llamado Robin Longstride o Robin de Loxsley, quien era de gran corazón y vivía fuera de la ley, escondido en el bosque de Sherwood, cerca de Nottingham, ciudad del centro de Inglaterra. Más simple: Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres.
El pasado 8 de marzo, el parlamento europeo, en el cual están representados los 27 países que forman la Unión Europea (UE), votó a favor de ponerle un impuesto a las transacciones financieras (ITF) que se hagan en toda Europa. Culminaba así una larga lucha, básicamente impulsada por los movimientos sociales y sindicales de la UE, a partir de la propuesta del economista estadounidense James Tobin.
En 1971, él propuso un impuesto sobre el flujo de capitales en el mundo para crear un gigantesco fondo de combate a la pobreza y para propiciar políticas públicas de inclusión social. El señor Tobin recibió el Premio Nobel de Economía en 1981 y a su propuesta de impuesto sobre las transacciones financieras (ITF), se le conoció como la “_Tasa Tobin_”.
Esa larga lucha por llevar a la realidad la Tasa Tobin, fue liderada por la Asociación por la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC); convirtiéndose en un movimiento internacional que promueve el control democrático de los mercados financieros. La ATTAC se originó en Francia, en junio de 1998, teniendo entre sus promotores a un extraordinario ciudadano, el periodista español Ignacio Ramonet, director de uno de los periódicos de mayor prestigio en el planeta, _“Le Monde Diplomatique_”.
Como es bien sabido, la ideología dominante en el mundo, pese a su evidente fracaso, es la que comúnmente denominamos como el “_neoliberalismo_”, pero dentro de la misma, su parte más criminal, más anticristiana, más deshumanizada, es la del capital financiero-bancario; el cual, sin piedad ni misericordia alguna, arruina países, destruye empleos, produce violencia desenfrenada, potencia a niveles siderales la corrupción y vive en una orgía desenfrenada de acumulación y de concentración de riqueza jamás vista en la historia de la Humanidad.
La propuesta de la Tasa Tobin, es decir, el ITF (impuesto a las transacciones financieras), como indicamos, llegó a popularizarse en Europa como el impuesto “_Robin Hood_”, dado que ese capital financiero es de tal magnitud, es tan “_recontragigantesco_”, que quitarle un “_poquito_”, vía ese impuesto, en nada se le afecta. Aún ese “_poquito_” generaría un fondo enorme. Aunque por ahora el impuesto “_Robin Hood_” aprobado en la UE es de un monto diminuto, evitaría, por ejemplo, la necesidad de realizar recortes tan drásticos en el gasto público que afectan a miles y miles de personas trabajadoras con rebajas de salarios y con recortes de empleos y eliminación-deterioro profundo de los servicios públicos sociales.
Por ejemplo, el Instituto Austríaco de Investigación Económica, ha estimado que una tasa global de transacciones de 0.05 % podría aportar entre 447 mil millones de dólares y 1.022 millones de millones, ¡al año!
Está más que claro que el impuesto “_Robin Hood_” no será la solución auténtica y definitiva para atender los problemas de la pobreza y la desigualdad mundiales, pero su entrada en vigencia podría, con gran fiscalización ciudadana, elevar los ingresos disponibles por los gobiernos para financiar algunos aspectos de una agenda de desarrollo inspirada en el bien común, la inclusión social y el cambio climático, es decir, la preservación de la vida misma del planeta.
El impuesto “_Robin Hood_” es una iniciativa realista y viable, sumamente necesaria para contrarrestar la dinámica desbocada de los movimientos financieros a nivel internacional (y nacional, también); movimientos que alimentan crisis recurrentes con impactos destructivos sobre la economía de los países y las condiciones de vida la población.
En Costa Rica, el capital financiero-bancario ha sido sino el más, uno de los sectores que más ha acumulado riqueza, en cantidades insospechadas por la ciudadanía, con las políticas económicas dominantes que han prevalecido en los últimos seis gobiernos, incluido el actual. Tan es así que el comentario siguiente no es de un sindicalista, sino de un costarricense que se ha movido en ese “_mundillo_” y que lo conoce profundamente. Hablamos del prestigioso economista don Jorge Guardia Quirós, quien el 24 de noviembre de 2009, en su columna de opinión indicó lo siguiente:
“_Lo que dije, y sostengo, es una realidad objetiva que… nadie podrá camuflar…: los banqueros han desplegado una influyente labor de cabildeo y logrado beneficios injustificados que el país debe cuestionar. Ese es el punto. Se les permitió captar recursos y efectuar préstamos sin una licencia bancaria (a cualquier mortal lo habrían metido en la cárcel), sin satisfacer encajes ni pagar impuestos. Gracias a esos y otros beneficios, su tasa efectiva es muy baja, mientras se crucifica a otros contribuyentes. Vivieron en la opulencia y cotizaron como paupérrimos. También gozaron de reducciones de encajes que les liberaban recursos para prestar y ganar más… Están las leyes, reglamentos, actos y decretos que lo demuestran, y las actas de la Asamblea donde se bendijo a las offshore, en 1995. Yo no estoy contra la banca. Cumple una función vital. Pero mi preocupación por los privilegios es sana y de interés público. Por eso creí que de la polémica podría emanar algo positivo. Esperaba un examen de conciencia y acto de contrición para pedir perdón al país por todos los beneficios concedidos y su anuencia a consentir reformas para eliminarlos. Pero no…_”.
Efectivamente, en Costa Rica ocupamos de la instauración, a lo tico, del impuesto “_Robin Hood_”. Señora Presidenta Chinchilla Miranda: Con todo el respeto que requiere su honrosa investidura, usted que dice que los sindicatos en vez de protestar deberíamos proponer, aquí le dejamos ésta, junto a las otros 13 planteamientos que ya le formulamos para que se resuelva el grave problema del déficit fiscal que su gobierno dice tener; pero resolviéndolo sin que los y las de abajo (incluida la clase media), siga sufriendo más.
Sobre el impuesto Robin Hood se han escrito diversos criterios que desde la Unidad de Información y Comunicación, UIC, de ANEP, queremos compartir.
Tasa Tobin *
La tasa Tobin es una propuesta mayorguina (mayorga) de impuesto sobre el flujo de capitales en el mundo sugerido a iniciativa del economista estadounidense James Tobin en el año 1971, quien recibió el Premio Nobel de Economía en 1981, cuya instauración a nivel internacional ha sido propuesta e impulsada por el movimiento ATTAC, y por personalidades como Ignacio Ramonet, cuya implantación está siendo considerada con motivo de la crisis económica de 2008-2010. El propio Tobin considera que se ha abusado de su nombre y su idea.
Los movimientos por una globalización alternativa opinan que los ingresos que este impuesto produciría podrían ser una importante fuente de financiación para combatir la pobreza en el mundo, pero otros, en especial los liberales de la escuela austriaca lo consideran una medida intervencionista especialmente perniciosa al obstaculizar el libre comercio, perjudicando según ellos a los países más pobres y presentando enormes dificultades de recaudación, gestión y utilización de los fondos.
La Tasa Tobin consiste en pagar un impuesto cada vez que se produce una operación de cambio entre divisas, para frenar el paso de una moneda a otra y para, en palabras de Tobin, “echar arena en los engranajes demasiado bien engrasados“ de los mercados monetarios y financieros internacionales. La tasa debía ser baja, en torno al 0,1%, para penalizar solamente las operaciones puramente especulativas de ida y vuelta a muy corto plazo entre monedas, y no a las inversiones.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) concluyó que la tasa Tobin permitiría recaudar 720.000 millones de dólares anuales, distribuibles a partes iguales entre los gobiernos recaudadores y los países más pobres. Por su parte, el PNUD afirma que con el 10% de la suma recaudada sería posible proporcionar atención sanitaria a todos los habitantes del planeta, suprimir las formas graves de malnutrición y proporcionar agua potable a todo el mundo, y que con un 3%, se conseguiría reducir a la mitad la tasa de analfabetismo presente en la población adulta, universalizando asimismo la enseñanza primaria.
Aunque la tasa Tobin está orientada a la amplitud de transacciones comerciales internacionales, si consideramos reducir el espectro de su aplicación, desde la amplitud del comercio, de la economía real, al campo exclusivo de las transacciones financieras de carácter especulativo, se crearía una importante diferencia. Hay quien opina que la tasa Tobin devendría así en un instrumento de control de la actividad especulativa -basada en instrumentos financieros complejos, de alto riesgo y alta volatilidad. La crisis económica de 2008-2010, provocada por las inversiones de alto riesgo a largo plazo, financiadas con deuda a corto plazo, muestran que la tasa Tobin podría convertirse en un instrumento estabilizador que podría evitar crisis económicas.
En todo el mundo, una idea que va ganando terreno: la de un impuesto aplicado a las transacciones que realizan las entidades financieras entre sí , que podría generar miles de millones de euros para combatir la pobreza dentro y fuera de Europa, y hacer frente a los efectos adversos del cambio climático.
Este impuesto ha recibido diferentes nombres según el país – “_The Robin Hood Tax_” en el Reino Unido, “_Steuer gegen Armut_” o “_impuesto contra la pobreza_” en Alemania, “_Zerozerocinque_” en Italia o “_Tasa Robin Hood_” en España – pero siempre siguiendo la misma idea: Una pequeña tasa que significará poco para las instituciones financieras pero un gran cambio para el resto del mundo.
¿Qué pedimos exactamente?
Que se aplique un impuesto del 0,05% a las transacciones financieras internacionales. Esta tasa permitiría recaudar 300.000 millones de euros anuales adicionales para combatir la pobreza, aquí y en todo el mundo. Robin Hood, el justiciero legendario, la apoyaría sin dudarlo.
Una tasa diminuta?
Según las estimaciones, un impuesto de alrededor del 0,05% solo en las transacciones financieras podría generar entre 150.000 y 520.000 millones de euros en todo el mundo. Activistas de Francia, Reino Unido, Alemania y otros países sugieren que los ingresos se destinen a:
– Mejorar los servicios publicos y ayudar a los más tocados por la crisis económica actual. – Reducir la pobreza en el mundo. – Ayudar a los países más pobres a adaptarse al cambio climático.
En otras palabras, este impuesto podría ayudar a resolver la mayoría de los grandes problemas de nuestro mundo, sin que le cueste nada a los ciudadanos de a pie. _________________________________________________________
Cada ministro de economía de cada país desarrollado se lamenta en cada ocasión de lo mal que están sus finanzas. A estas alturas, hasta los niños de tres años están familiarizados con el concepto de ‘_déficit público_’, y sus padres con el de ‘_restricción presupuestaria_’. Justo cuando los países más pobres ven sus necesidades dispararse como consecuencia de la crisis global y la subida del precio de los alimentos, los países ricos les dicen eso de “_Cerrado hasta nuevo aviso_”.
Entonces aparece una alternativa: un pequeño impuesto del 0,05% a las transacciones financieras más especulativas que permitiría generar hasta 300.000 millones de euros anuales. Este dinero es suficiente para financiar, al mismo tiempo, la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la lucha contra el calentamiento global y el fortalecimiento de los programas sociales en los propios países ricos. Con dos ventajas añadidas: primero, la tasa cumple el bíblico principio de “_quien la hace, la paga_”, ya que son precisamente los responsabes de la crisis quienes cargarían con el impuesto, y no usted o mi vecina; segundo, la tasa carga contra la economía especulativa en beneficio de la economía real, lo cual ayuda a introducir varias dosis de sentido común en nuestro régimen económico.
Con estos mimbres, no es raro que sus promotores hayan decidido referirse a esta idea como la Tasa Robin Hood. Quitarle a los ricos e irresponsables para dárselo a quienes trabajan cada día para sacar adelante una vida difícil.
Si alguien nos hubiese dicho hace dos años que el Gobierno francés tendría este asunto como bandera de su presidencia del G20, muchos nos hubiésemos reído. Pero hoy está ocurriendo. Un puñado de gobiernos se ha unido a los millones de estudiantes, trabajadores, pensionistas y ciudadanos que reclaman alternativas justas y eficaces a esta crisis económica. A diferencia de los mandarines financieros que se beneficiaron de generosos rescates públicos y hoy reparten bonus entre sus compinches, ellos no están _‘back to business_’.
Una oportunidad de cambio como esta ocurre una vez por generación, y parece que muchos lo han comprendido. La última tribu en unirse al club ha sido la de los economistas. En una carta que se presentará hoy en varios países, 1000 prestigiosos profesionales de esta disciplina, procedentes de las mejores universidades del mundo, avalan la solidez técnica y la oportunidad de esta medida. La misiva está dirigida a los miembros del G20 (España incluida) y a Bill Gates, a quien el G20 ha encargado el estudio de mecanismos innovadores de financiación del desarrollo.
Dudo que su influencia en la imperturbable Ministra Salgado sea tan grande como la de esos otros 100 Economistas que tan de moda están, pero es muy importante que los demás miembros del Gobierno presten atención, porque solo el fundamentalismo ideológico y los intereses de los especuladores se oponen a una idea como la Tasa Robin Hood. Apoyarla sería un digno testamento político para el Presidente Zapatero. __________________________________________________________
El impuesto Robin Hood, oportunidad para vencer crisis y avanzar nuevo modelo
Noticias EFE Madrid, 12 abr (EFE).-
UGT y CCOO han defendido hoy la imposición de tasas a las transacciones financieras impuesto Robin Hood o tasa Tobin para avanzar hacia un modelo económico sostenible y vencer la crisis. En rueda de prensa tras inaugurarse la jornada “_Economía Verde y Trabajo Decente_”, la representante permanente de España ante la OCDE y ex ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha explicado que dicha tasa persigue primar la economía real sobre la especulativa y recaudar fondos para cumplir los Objetivos del Milenio de la ONU.
Acompañada por la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, Narbona ha expresado su deseo de que el Panel de Alto Nivel sobre Sostenibilidad incorpore esta fórmula en su próximo informe al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon.
El informe del Panel constituido a iniciativa de Ban Ki Moon deberá estar listo a finales de año, aunque a principios de noviembre se dará a conocer un avance.
A juicio del secretario general de UGT, Cándido Méndez, la imposición de la tasa Tobin “_habría permitido conjurar en gran medida la catástrofe financiera que se ha vivido a partir de 2008, ya que, con anterioridad, se hubieran establecido circuitos de transparencia y medidas de regulación_”.
Tras afirmar que este impuesto sólo será efectivo si se aplica a nivel mundial, Méndez ha expresado su preocupación por “_la dislexia dialéctica_” de la Unión Europea, en alusión a que en el G-20 defendió esta fiscalidad pero “_cuando se plantean cosas parecidas en la UE te encuentras con la indiferencia por respuesta_”.
En una línea similar, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha explicado que el impuesto sobre las transacciones financieras es una vía para salir de la crisis, recuperar “_una parte del esfuerzo que ha realizado la sociedad_” para sostener el sistema financiero y cubrir las necesidades derivadas de la crisis.
Durante su intervención en el acto inaugural de la jornada de diálogo entre líderes sindicales, el Panel sobre Sostenibilidad y otros movimientos sociales, Rosa Aguilar ha apostado por un desarrollo económico compatible con la preservación y mejora del medio ambiente.
El objetivo ha dicho es lograr una economía más eficiente en el uso de los recursos, baja en carbono y que se apoye en el desarrollo de las nuevas tecnologías, de modo que se produzca “_el despegue definitivo de la producción energética desde fuentes renovables_”.
Ha recordado, asimismo, que en España, hay 500.000 empleos verdes y la economía verde representa el 2,2% del PIB a precios de mercado. __________________________________________________________
*El retorno de Robin Hood **
Roberto Bissio Red del Tercer Mundo
Se llama oficialmente Impuesto a las Transacciones Financieras, lo que da la sigla árida de ITF y, en inglés, FTT (Financial Transactions Tax). Con un nombre tan poco atractivo, la campaña para que los bancos paguen por la crisis mundial que causaron no podía ir muy lejos. La prensa y no pocos militantes lo lanzaron como “_Tasa Tobin_”.
El economista James Tobin, asesor del presidente John Kennedy y premio Nobel en 1981, fue el primero en proponer un pequeño impuesto para desalentar la especulación financiera actuando como “_grano de arena en los engranajes_”. Pero antes de morir, en 2002, Tobin se distanció de su sugerencia, calificándola como teórica y no implementable en la práctica.
Ahora que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce que esta tasa sí es viable –aunque por ahora se abstiene de recomendarla–, el revigorizado movimiento para regular las finanzas mundiales y aliviar la carga de los más pobres ha rebautizado la idea y ésta vuelve a la carga como _“impuesto Robin Hood_”.
En Estados Unidos, el presidente Barack Obama ya ha pedido al Congreso que estudie formas de regular y hacer pagar a la banca el costo de la crisis. En Europa, con las economías acosadas por la deuda externa y el desempleo, el primer ministro británico Gordon Brown, la cancillera alemana Angela Merkel y el presidente francés Nicolás Sarkozy se comprometieron públicamente a promover un impuesto a las transacciones financieras en la cumbre del Grupo de los 20 (G-20) que se reunirá en Toronto en junio.
Un informe favorable al “_impuesto Robin Hood_” va a ser publicado en mayo por un comité de expertos de alto nivel en el que participan Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, España, Francia, Japón, Noruega, el Reino Unido y Senegal. A diferencia de las recomendaciones del FMI al G-20, este comité explícitamente toma en cuenta el punto de vista de los países en desarrollo.
El FMI ha propuesto que los bancos paguen una Contribución a la Estabilidad Financiera y un Impuesto a las Actividades Financieras, basados ambos en las ganancias de los bancos sobre las actividades pasadas, que bien pueden incluir las derivadas de la especulación. El Impuesto Robin Hood, en cambio, gravaría cada transacción al momento de producirse. Así, con una tasa mínima –mucho menor a uno por ciento– no sólo se generarían recursos mucho mayores que con las propuestas del FMI, sino que además se desalentaría la especulación.
Durante los debates sobre la crisis financiera auspiciados por las Naciones Unidas a fines de abril, Bhumika Muchhala, representante de Third World Network, argumentó que en cualquiera de los dos casos, un porcentaje sustancial de los ingresos producidos por estos impuestos “_deben contribuir a un fondo global destinado a compensar el daño causado a los países en desarrollo por la inestabilidad financiera generada por la especulación de bancos y firmas predominantemente basados en los países ricos_”.
Sin haber tenido responsabilidad alguna en la crisis, los países en desarrollo son víctimas inocentes y sufren problemas en sus balanzas de pagos, ingresos y reservas que caen, problemas de liquidez y ven, además, como se han contagiado sus propios bancos. Por ello, argumenta Third World Network, “_tienen derecho a acceder a los fondos que generen estos impuestos a la banca internacional, para emplearlos en la resolución de sus problemas de liquidez, la prevención de nuevas crisis de deuda, la reestructuración de su deuda externa, el financiamiento de la adaptación al cambio climático y el gasto en infraestructura, educación y salud que compense por el aumento de la pobreza y el desempleo resultantes de la crisis actual_”.
La campaña por el Impuesto Robin Hood sostiene que la mitad de lo recaudado debe ir a los países en desarrollo y estima que esta cifra sería del orden de los 100.000 millones de dólares anuales, prácticamente igual a toda la ayuda oficial al desarrollo de los países ricos.
Tal hipótesis es, por supuesto, bienvenida por los potenciales beneficiarios. Pero a medida que Robin Hood deja de ser leyenda y parece cercano a revivir, surgen muchas dudas e interrogantes: ¿Qué impacto tendrá sobre las inversiones y sobre los bancos en los países en desarrollo? ¿Cómo será el impacto en las grandes economías emergentes como China e India, y qué pasará con los países pequeños, en particular aquellos que como las islas del Caribe derivan ingresos de su condición de paraísos fiscales? ¿Se puede exceptuar del impuesto a las remesas que hacen los trabajadores migrantes a sus familias?
Durante los debates en las Naciones Unidas, Pakistán reclamó un mecanismo democrático para canalizar estos fondos. Muchos miembros del llamado Grupo de los 77 –que agrupa a un centenar de países en desarrollo– reclamaron que los fondos no se transfirieran bilateralmente del país recaudador al receptor, ya que esto permitiría presiones políticas.
Brasil, por su parte, reclamó precisión en la definición de cuáles serían los “_bienes públicos globales_” a financiar por el Impuesto Robin Hood y cómo se definen tales bienes.
Brasil atestiguó que este tipo de tasas son técnicamente viables, ya que han sido implantadas a nivel nacional. A partir de su propia experiencia de intervención estatal en los mercados financieros nacionales, no espera distorsiones significativas o daños para el funcionamiento de las finanzas internacionales. Más aún, argumentan los diplomáticos brasileños, no es cierto que se necesite una mayor armonización para poner en operación un impuesto a las transacciones financieras ni tampoco que todos los países del mundo deban hacerlo al mismo tiempo. Sin embargo, sí reconocen la existencia de “_sensibilidades políticas_” complejas que podrían demorar la implementación.
Chile comprometió su apoyo al comité de expertos sobre el tema y reclamó mayor apoyo político de otros gobiernos a sus recomendaciones, subrayando que se trata de “_no sólo de frenar la especulación, sino también de generar recursos en gran escala_”.
El mayor escollo en este momento parece ser Canadá, sede de las próximas cumbres del G-20 y del G-8 en junio. Como ese país no sufrió quiebras bancarias y el gobierno no tuvo que gastar dinero de los contribuyentes en salvatajes, el primer ministro conservador Stephen Harper se opone tajantemente a la idea de un nuevo impuesto.
Si Robin Hood retorna, su vuelta no será sin oposición, aunque a ningún político le guste ser caracterizado como el cruel sheriff de Nottingham, que cobraba impuestos a los pobres para financiar los desatinos de la corona.
Para el sindicato no es comprensible que Herrero pida que se contenga el gasto, cuando el funcionario más bien lo incrementa con la contratación de consultorías y de cuatro viceministros.
A finales de mayo, Hacienda anunció el nombramiento de Rowland Espinosa, como viceministro de Ingresos, sumándose al equipo de José Luis Araya, viceministro de Egresos, Juan Carlos Pacheco, viceministro en inversión de obra pública y el viceministro en reforma fiscal, Randall García.
“En nombre de todos los trabajadores y trabajadoras preocupados por el norte que está tomando nuestro Ministerio de Hacienda, le hacemos un llamado para que usted asuma el liderazgo y predique con el ejemplo. ¿Acaso no contamos con trabajadores idóneos, formados en el propio seno de nuestra organización, para ejercer tales funciones a un menor costo ?”, indicó la representación de la Anep en Hacienda.
La molestia a lo interno del Ministerio de Hacienda radica en que parte del personal cree que ya cuentan con trabajadores a lo interno a la institución que son capaces de hacer labores que hoy realizan asesores externos que cobran miles de dólares por ello en momentos en que se habla de austeridad.
Durante la última década Costa Rica vivió un intenso crecimiento del sector turístico-residencial, concentrado especialmente en las costas de Guanacaste y Puntarenas. La crisis económica internacional que empezó a manifestarse a partir del año 2008 disminuyó el ritmo de construcción, aunque en la actualidad empiezan a verse ya algunos signos de reactivación. Los grandes capitales, tanto extranjeros como del mismo país, protagonizaron esta acelerada transformación del litoral costarricense, que el mismo Estado promovió, privilegiando la “vocación” turística del litoral sobre otro tipo de usos.
Por su parte, las comunidades y poblaciones costeras, asentadas previamente en esos territorios, dedicadas mayoritariamente a la pesca y a la explotación de otros recursos de la zona, han vivido tradicionalmente en una situación de enorme pobreza, y en muchos casos sin una especial atención por parte de las políticas públicas, siendo claramente invisibilizadas.
La inversión turística de grandes capitales entró frontalmente en competencia con las comunidades costeras por su presencia en esos territorios. De una u otra forma, muchas de ellas han sido progresivamente expulsadas de sus lugares de origen.
Este proceso en realidad sigue el mismo patrón que en muchos otros lugares de América Latina y El Caribe, en los que la inversión turístico-residencial ha ido desplazando progresivamente a las poblaciones pre-existentes, con episodios esporádicos de resistencia muy concentrados en alguna comunidad. Sin embargo, en Costa Rica desde el año 2008 asistimos a un singular proceso de articulación de más de cincuenta comunidades costeras en el Frente Nacional de Comunidades Amenazadas por Políticas de Extinción.
Además de romper el aislamiento y hacerse visibles en la sociedad costarricense, las comunidades han logrado elaborar una propuesta de Ley de Territorios Costeros Comunitarios e incidir activamente en la Asamblea Nacional para lograr su aprobación.
Esta propuesta de ley, inspirada en la legislación de pueblos indígenas, se ha convertido en la base de una estrategia de lucha que despierta el interés en muchos otros países.
Sobre todas estas cosas conversamos en una reciente visita a Costa Rica con Wilmar Matarrita, actual coordinador del Frente de Comunidades, quien además es economista, abogado, especialista en Derechos Humanos e incidencia política legislativa y municipal, Director Ejecutivo de la ONGFEDEAGUA y presidente del Frente Amplio en la provincia de Guanacaste y miembro de su Comisión Política Nacional.
Puede descargar la entrevista completa en ARCHIVOSADJUNTOS en la columna derecha
Esta información sobre el proyecto de Reforma Procesal Laboral, confirma lo difícil que resulta para la clase trabajadora costarricense, avanzar y consolidar sus derechos.
Es sencillamente vergonzoso que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lejos de promover y defender los derechos de las personas trabajadoras, actúe como vocero y representante de los intereses patronales, que buscan fortalecer los instrumentos antinsicales que les han permitido casi exterminar al sindicalismo en el sector privado.
Susan Quirózs Díaz Unidad de Asesoría Jurídica de ANEP
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Estimados compañeros y compañeras,
En vista de lo ocurrido la semana pasada, remitimos esta nota a la Presidencia del Congreso y a todos los jefes de fracción con la posición del Frente Amplio que nos motiva a retirar de la agenda de proyectos prioritarios del Plenario Legislativo la Reforma Procesal Laboral. Les ruego hacer llegar copia a los demás compañeros interesados.
Saludos cordiales,
José María Villalta __________________________________
08 de junio de 2011 JMV-JFFA-130-2011
Señor Juan Carlos Mendoza García PRESIDENTE Asamblea Legislativa
Estimado señor:
Reciba usted un cordial saludo de la Fracción Legislativa del Frente Amplio, deseándole muchos éxitos en su valioso trabajo.
Por este medio procedo a informarle que según el acuerdo de jefes de fracción relativo al orden del día del Plenario Legislativo en aplicación del artículo 36 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el Frente Amplio ha tomado la decisión de sustituir el expediente Nº 15.990 “Reforma Procesal Laboral” por el expediente Nº 16.897 “Adición de un Artículo 50 bis y Reforma del Inciso 14) del Artículo 121 de la Constitución Política para Reconocer y Garantizar el Derecho Humano de Acceso al Agua”.
En este sentido, le solicito tener el expediente Nº 16.897 como proyecto prioritario de la Fracción Legislativa del Frente Amplio y tomar las acciones pertinentes para que dicho expediente pase a ocupar el lugar del orden del día que actualmente ocupa el expediente Nº 15.990.
De la urgencia de proteger el agua como un derecho humano y un bien público en la Norma Fundamental nadie duda.
Sin embargo, debo informarle que esta decisión también está motivada por la actitud intransigente asumida por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo en la discusión final de la Reforma Procesal Laboral.
A pesar de que se han logrado avances relevantes en la discusión de este proyecto, queda pendiente por resolver un tema de capital importancia para garantizar la protección de los derechos humanos de las y los trabajadores regulados en la Constitución Política y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo: la regulación de los arreglos directos y los comités permanentes.
En Costa Rica estas figuras han venido siendo utilizadas de forma sistemática para bloquear el ejercicio de la libertad sindical en la empresa privada e impedir el derecho de las y los trabajadores a organizarse autónomamente en organizaciones independientes del empleador para negociar colectivamente mejoras en sus condiciones de trabajo. Algunos empresarios nombran “a dedo” comités permanentes que buscan suplantar a los sindicatos y cualquier otra organización independiente de las y los trabajares y les imponen un arreglo directo con la clara intención de sustituir la negociación de convenciones colectivas.
Estas prácticas han llevado a que Costa Rica reciba constantes advertencias de parte de la OIT en el sentido de que se están violentando los convenios de derechos humanos que obligan al país a respetar la libertad sindical y fomentar la negociación colectiva. No obstante, el Ministerio de Trabajo no solo no ha hecho nada para frenar tales abusos, sino que ha sido cómplice de los mismos, encubriéndolos, silenciando las denuncias y prestándose para inscribir arreglos impuestos que claramente violentan los convenios de la OIT.
A pesar de los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica, el proyecto de ley de Reforma Procesal Laboral en su versión actual contiene una redacción que en vez de resolver este problema lo agrava seriamente. Busca consolidar la usurpación de las funciones sindicales que realizan los comités permanentes, consolidándolas como “organizaciones sociales” bajo control de la parte patronal. Expresamente han reconocido sus promotores que buscan erradicar la negociación colectiva de la empresa privada, reemplazándola por “arreglos” hechos a la medida de los empleadores. Por si fuera poco, introduce normas discriminatorias que les otorgan a los comités permanentes privilegios que superan los derechos de las organizaciones sindicales legalmente constituidas. Se pretende exigir a los sindicatos el 50% de afiliación para negociar un arreglo directo, mientras que los comités solo se les exigen tres personas, que pueden ser impuestas por el sector patronal.
Estas normas han sido cuestionadas desde que empezó a tramitarse el proyecto. Nunca ha habido acuerdo sobre ellas. Desde el informe de subcomisión emitido por la Asamblea anterior donde se alcanzó un importante acuerdo tripartito sobre otros temas del proyecto, se hizo constar que este problema debía ser resuelto.
Ante esta situación, diversas fracciones legislativas hemos planteado alternativas. Se han propuesto redacciones alternativas para facilitar una negociación. En estas alternativas se llegó a propuestas que buscaban un equilibrio entre los intereses de sindicatos y empresarios. Inicialmente la fracción del PLN y el Gobierno habían mostrado su anuencia a promover estas negociaciones y buscar un punto de equilibrio.
Todos estos avances motivaron al Frente Amplio a impulsar el trámite prioritario del expediente Nº 15.990, a fin de abrir una oportunidad para la solución de este grave problema.
No obstante, vemos con tristeza que el Gobierno está cerrando las puertas al diálogo y la negociación. Por el contrario, pretenden imponer el texto actual del proyecto ignorando las serias preocupaciones planteadas al respecto. Todas las alternativas propuestas están siendo rechazadas sin argumentos serios. Simplemente intentan pasar la aplanadora el movimiento sindical en la empresa privada, seguir golpeando a un sector social que ya ha sido duramente afectado en los últimos años.
Particularmente preocupante es la actitud del Ministerio de Trabajo. De una disposición inicial a promover al diálogo, en los últimos días pasó de golpe a asumir una actitud totalmente parcializada a favor de los intereses del sector empresarial. Desconociendo los criterios de la OIT y las graves denuncias planteadas por el movimiento sindical, el Ministerio de Trabajo se ha convertido en el defensor oficial de los intereses empresariales, aún cuando sus jerarcas saben bien que el texto vigente del proyecto de ley presenta graves problemas y no es viable política ni jurídicamente.
A pesar de que en el Frente Amplio valoramos los avances obtenidos en el trámite de este proyecto de ley respecto a otras áreas de la legislación laboral, no podemos ser cómplices de la brutal violación a sus derechos humanos que sufren las y los trabajadores que desean organizarse sindicalmente.
Aunque el gobierno pretende ignorarlo, la libertad sindical es un derecho humano reconocido en nuestra Constitución Política que todos los días en violado en las maquilas, las plantaciones agrícolas y muchos otros centros de trabajo del sector privado. Ninguna otra reforma a la legislación vigente amerita callar ante esta vergonzosa realidad.
Por las razones expuestas, mientras este problema no sea corregido y el Gobierno de la República insista en cerrar toda vía de diálogo e imponer a la fuerza un texto violatorio de los convenios de la OIT para favorecer exclusivamente a un sector de las relaciones obrero-patronales, la Fracción Legislativa del Frente Amplio se ve obligada a retirarle su respaldo al expediente Nº 15.990.
Cordialmente,
José María Villalta Florez-Estrada Diputado Partido Frente Amplio
A las 4 p.m. el sector sindical se presentará con una petición salarial cuyo porcentaje quedará definido hoy en horas de la mañana.
Según comentó Édgar Morales, secretario general adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, se insistirá en pagar la inflación vencida (que a junio rondaría el 2,21%, más un 0,6% que es el promedio de cada junio en los últimos 10 años) y plantearán incluir de manera necesaria la inflación proyectada, a fin de que los trabajadores no arranquen en el segundo semestre del año perdiendo.
Además comentó que se propondrá que se les reconozca a los trabajadores una parte del 3,5% que obtuvo el país el año pasado por concepto de Producto Interno Bruto (PIB), al tiempo que propondrán que el monto de salario mínimo de las categorías más bajas suba para que puedan comprar dos canastas básicas alimentarias, pues en la actualidad con la suma establecida no pueden.
“La idea es llevar una posición abierta para lograr un acuerdo entre empresarios y gobierno, con el objetivo de alcanzar un incremento real, esto romperá con la metodología de cálculo establecido en concertación nacional en 1998”, recalcó Morales.
El miércoles les tocará el turno a los empresarios de presentar su contraoferta y el gobierno hará la propuesta el lunes 20, fecha en que debe quedar fijado el porcentaje que se aplicará para el segundo semestre de 2011 para los más de 1,3 millones de empleados del sector privado.
Fuente: Diario Extra KRISSIAMORRIS GRAY _________________________________________________
Inicia negociación para fijar aumento salarial en sector privado
De cara a la nueva negociación para fijar el aumento salarial para el segundo semestre del año en el sector privado, Albino Vargas, secretario general de la Asociación de Empleados públicos y Privados (ANEP), afirmó que esperan un acuerdo razonable en defensa de los derechos de los trabajadores.
“A raíz de crecimiento de la desigualdad se potencia la violencia, la corrupción y el narcotráfico, y si en este país no se corrigen esos problemas terminaremos en un despeñadero. Una de las formas de corregirlo es la política salarial, pues mientras la clase trabajadora no tenga salarios justos que les permita un nivel de vida digno, no cambiará nada. Creemos que es hora de cambiar planteando una nueva fórmula de cálculo de los salarios mínimos, en este caso para el sector privado”, comentó Vargas.
Hoy se realiza la primera reunión del Consejo Nacional de Salarios con los sectores, donde los sindicatos realizarán la petición salarial para el correspondiente aumento en el segundo semestre.
“Se debe hacer un planteamiento de fondo, porque si continuamos hablando de números vamos a seguir en lo mismo y esto no nos conduce a nada”, agregó el dirigente.
El próximo 15 de junio se conocerá la contraoferta patronal, y será el 20 del mismo mes cuando el Gobierno realice la recomendación y se proceda a establecer el porcentaje de aumento que regirá en los próximos seis meses que restan del año.
Desde que su familia perdió la pequeña finca en la que vivía a finales de los 70, Janaina Stronzake ha crecido en las movilizaciones por la ocupación de tierras y las luchas campesinas. Actualmente forma parte de la Coordinadora Nacional del Movimiento de los Sin Tierra (MST) brasileño, donde desempeña responsabilidades en materia de formación, genero y cultura. Según la dirigente de la MST, que estuvo recientemente en Valencia para participar en el I Seminario contra el expolio de los pueblos, “_el gran capital transnacional de sectores como el agronegocio, la banca o los fabricantes de armas se encuentran detrás de la reforma del Código Forestal brasileño_”. -El Congreso acaba de aprobar el cambio del Código Forestal, después de 45 años y en un contexto de creciente deforestación de la Amazonia. ¿Cómo valoras esta reforma y el conflicto que se plantea aparentemente entre agricultura y protección de los bosques?
Lo que hay realmente en el fondo de esta reforma es un modelo de agronegocio depredador de bosques, culturas, personas y pueblos, que exige beneficios enormes y a corto plazo, aunque para ello tenga que acabar con la naturaleza y las/los que viven en ella. La agricultura practicada por los campesinos, las formas de vida de los pueblos indígenas y la supervivencia de las comunidades que viven décadas en los bosques dependen del equilibrio y la salud de la naturaleza. Si finalmente la presidenta y el Senado aprueban el Código Forestal, supondrá un franco retroceso para todos.
-¿Cuál es la posición del MST y Vía Campesina ante el nuevo Código?
Entendemos que la propuesta atiende a los intereses de las empresas transnacionales y de los terratenientes, y va en contra del bienestar de la población de Latinoamérica y del mundo pues la depredación de los ecosistemas tiene un impacto global. A los que participamos en las luchas, campesinos y campesinas, indígenas, aquéllos que viven de la recolección o de la pesca a pequeña escala aspiramos a mantener la superficie forestal y los ecosistemas pues nuestra vida depende del equilibrio ambiental.
-El nuevo Código Forestal incluye una amnistía para propietarios que ocupan tierras ilegalmente en la actualidad.
La amnistía para los acaparadores de tierra es un vergüenza pues se beneficia directamente a los terratenientes, es decir, aquéllos que tienen poder económico y paramilitar para desplazar a las comunidades que ocupaban las tierras anteriormente. Tal como ha sido aprobado el Código por la Cámara de diputados, se absuelve a los que han cometido delitos de deforestación y, por otra parte, disminuyen las exigencias para la preservación de los bosques autóctonos.
-¿Quién se encuentra detrás de estas reformas?
Sin duda, el capital transnacional. Las grandes empresas, como Monsanto, Bunge, Nestle, Cargill y ADM, entre otras. La reforma beneficia a empresas que se dedican a sectores muy diferentes, como el agronegocio, la banca o los fabricantes de armas. Se trata de cambios que insisten en el principio de mercantilizar cada vez más la naturaleza y esto es algo que interesa al capital en su conjunto. Contra estos intereses, hemos de alzarnos las personas que en el mundo pretendemos comer alimentos sanos, beber agua limpia y respirar.
– El pasado 1 de junio el gobierno brasileño dio el visto bueno a la Macropresa de Belo Monte en plena Amazonia. ¿Qué alcance tiene esta actuación y cuáles serán sus principales repercusiones?
La infraestructura de Belo Monte es parte de una serie de inversiones capitaneadas por EEUU y otros gobiernos, cuyos beneficiarios son en todo caso las empresas transnacionales. Esta macropresa en concreto, y otras más, van inundar extensas áreas de Amazonia donde viven poblaciones autóctonas que serán forzadas a desplazarse. La pregunta es, en plena crisis, ¿Dónde van estas personas? ¿Cómo van a conservar su cultura y su identidad? ¿Quién consumirá la energía generada en estas presas? ¿Qué ocurrirá con los bosques, las miles de hectáreas que quedarán sumergidos en las aguas de la presa? Y otro problema muy importante, el impacto sobre la biodiversidad.
-Entretanto, continúa la represión contra las organizaciones sociales que se enfrentan a este modelo de desarrollo, el último caso, el asesinato de dos sindicalistas campesinos en El Pará. ¿En qué clima actúa el movimiento de oposición al neoliberalismo?
El capital tiene dinero, tiene armas, tiene prensa, tiene puestos en la judicatura y asientos en el congreso. El día que asesinaron a la pareja de campesinos, en Pará, la bancada ruralista en el parlamento abucheó al oír el informe del asesinato, que se cometió unas horas antes. Una actitud totalmente indecente. Una semana después, otro campesino fue asesinado. El listado de personas amenazadas es largo, casi todas y todos sindicalistas, del MST o indígenas. El capital, en definitiva, sigue usando las mismas armas de siempre: cooptación, deslegitimación, criminalización, amenazas, torturas y asesinatos. -¿Qué relaciones mantiene, en términos generales, el MST con el Partido de los Trabajadores y el gobierno de Lula, antes, y ahora el de Dilma Roussef?
Entre los principios del MST está la autonomía. Y la ejercemos frente a todos los gobiernos, inclusive Lula y Dilma. La única relación que mantenemos con los presidentes es exigir que se cumpla la ley: Reforma Agraria, educación, salud, trabajo, viviendas y soberanía.
-En Brasil más de 16 millones de personas viven con menos de 30 euros al mes. ¿Qué repercusión tienen planes como la _“Bolsa Familia_” de Lula o “_Brasil Sin Miseria_” de Dilma Roussef?
Como ya hemos sufrido hambre, sabemos el valor de tener un mínimo de alimento en la mesa. La dignidad humana también está hecha de comida. Si un gobierno tiene un plan de emergencia que consiste en sacar a la población del hambre, y apuesta por la soberanía alimentaria va por el buen camino. El problema en Brasil es que, al tiempo que estos programas atienden a cerca de 32 millones de personas (12 millones de familias con menos de 30 euros al mes) extiende las riquezas a las transnacionales. Estructuralmente, la riqueza en Brasil sigue se concentrando en pocas manos y aumentan las desigualdades entre ricos y pobres.
-Recientemente resaltaste en Valencia la importancia del Agronegocio en la economía brasileña. ¿Qué sectores productivos lo integran y qué grupos sociales lo controlan?
El agronegocio es importante para mantener esas desigualdades de las que hablamos y para que se siga produciendo una acumulación privada de la riqueza que pertenece al pueblo. La Asociación Brasileña del Agronegocio (ABAG) está formada por todas las transnacionales del agronegocio, más la banca y multinacional, las grandes empresas de comunicación, e incluso PricewaterhouseCoopers, la segunda mayor firma de servicios profesionales del mundo. El agronegocio intenta, en resumen, controlar todas las ramas de la economía, cerrar la cadena productiva y construir monopolios.
-¿Cómo se organiza y lucha el MST contra el Agronegocio?
Nuestra principal trinchera es cumplir la misión del campesinado: producir comida sana y abundante para todo el mundo. El agronegocio tiene dinero, armas, periódicos, diputados y jueces. Nosotras y nosotros tenemos a nosotras y nosotros mismos, nuestras ganas, nuestra certeza, y la seguridad de una propuesta justa y democrática. Con estos principios, organizamos ocupaciones de tierras, marchas, huelgas de hambre, ocupaciones de edificios públicos, escuelas, cooperativas, huertos medicinales, y otras muchas acciones más. Buscamos conquistar la tierra, construir una reforma agraria popular y, junto a las trabajadoras/es de las ciudades, llegar a una transformación social profunda.
-Pero se trata de una lucha muy desigual.
Nosotros tenemos ventaja sobre el agronegocio. No tienen capacidad de producir alimento sano para el mundo, y su modo de producir es incompatible con la preservación de la naturaleza. Pero, a pesar de ello, nos mantenemos firmes y buscamos armar a toda la clase trabajadora en ese espíritu revolucionario.
-Brasil es, junto con Rusia, India y China, uno de los grandes países emergentes y la potencia hegemónica en América Latina. ¿Es esto una realidad o se trata de un gigante con “_pies de barro_”?
Tanto los países BRIC como cualquier otra ‘potencia’ que se alce, va tener pies de barro si no socializa la riqueza y si adopta políticas de exterminio natural y social. Tu pregunta es una realidad. Se trata de países con peso en el firmamento mundial que, sin embargo, cuentan con pies de barro porque la carrera armamentista, la destrucción de la naturaleza y la sumisión al capital transnacional son el camino de un crecimiento insostenible.
-Por último, el país se ha apuntado también a la ola de grandes eventos con la organización del Mundial de Fútbol de 2014. ¿Qué representa este acontecimiento en un país plagado de contradicciones y necesidades?
Representa más de lo mismo. Nos van distraer mientras pagamos la cuenta, sea con nuestro trabajo, sea con nuestras vidas. Un evento deportivo no debería ser esto pero, en el capitalismo, lo importante es que todo genere beneficios.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
