En ese territorio, Centroamérica fue y es un cruce de caminos; y Honduras un lugar por el que van y vienen intereses contradictorios. Un tablero en el que se juegan batallas que comprometen a veces dramáticamente la suerte de su pueblo, pero cuyas motivaciones en más de una ocasión han correspondido a intereses de otras naciones o de corporaciones transnacionales.
El reciente encuentro del presidente de Colombia Juan Manuel Santos, del presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías, y del continuador de la política golpista hondureña Porfirio Lobo, ha sido una decisión que todavía trata de ser interpretada en las filas de la Resistencia Hondureña y de los movimientos populares colombianos, pero también por quienes hacemos del latinoamericanismo y del internacionalismo nuestra particular manera de estar en este mundo.
Mientras la información sigue nutriendo distintas especulaciones, y desde los actores del encuentro se sugiere que los gobiernos de Colombia y Venezuela facilitarán un proceso de “diálogo” y “reconciliación” en Honduras para lograr su reconocimiento en el sistema interamericano, nuevos hechos como la extradición a Colombia del periodista Joaquín Pérez Becerra, realizada por el gobierno de Hugo Chávez a pedido de Santos alertan sobre el giro complejo que viene tomando la política exterior del gobierno venezolano, aumentando las preocupaciones sobre el sentido más profundo de estos diálogos.
Un poco de memoria
Después del golpe del 28 de junio de 2009, Honduras fue suspendida de la OEA, y una gran parte de los países de América Latina rompieron relaciones con el régimen golpista.
El 29 de noviembre del mismo año, la dictadura convocó a unas elecciones fraudulentas, en las que resultó electo “presidente” Porfirio Lobo. Rápidamente EE.UU. y Colombia reconocieron al nuevo gobierno, en tanto que la mayoría de los países latinoamericanos lo continuaron desconociendo.
Desde entonces se vino desarrollando un juego de pinzas promovido por los gobiernos de EE.UU. y algunos gobiernos de Europa, tendiente al restablecimiento de Honduras en el sistema de relaciones internacionales. Estas presiones fueron resistidas por los movimientos populares y por algunos gobiernos sudamericanos que hasta el día de hoy no reconocen a ese régimen como legítimo.
En mayo de 2010 el Presidente Hugo Chávez anunció que no asistiría a la Cumbre Iberoamericana en Madrid, si participaba de la misma Porfirio Lobo Sosa. Esta decisión fue tomada junto a otros presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en una reunión cumbre extraordinaria realizada en Buenos Aires.
En diciembre de 2010, cuando se iba a reunir la Cumbre Iberoamericana en Mar del Plata, el presidente de Bolivia Evo Morales anunció que no participaría de la misma si se invitaba a Lobo. Dijo entonces Evo: “Si el tal Lobo, el presidente producto del golpe de estado en Honduras (…) va a la Cumbre Iberoamericana, yo no voy a participar. No voy a ir. ¿Cómo voy a estar con dictadores en esa cumbre?”.
Lobo, de todas maneras, no fue invitado por la presidenta argentina Cristina Kirchner a participar en la Cumbre. Un mes después, el primero de enero del 2011, Porfirio Lobo fue el único mandatario latinoamericano excluido de la lista de invitados a la asunción de la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff. El rechazo se mantenía firme.
Ahora, en abril del 2011, a instancias del presidente colombiano y en territorio de Colombia en Cartagena de Indias, Chávez se reunió con Lobo y expresó: “Con mucho gusto he conocido al presidente Lobo”. Agregó también: “nosotros hemos hecho gestiones para tratar de ayudar a que Honduras se reintegre a todos los organismos internacionales y a los programas de cooperación con nuestros países”.
¿Qué ha cambiado para semejante giro en la política internacional?
Pasaron pocos meses desde aquellas decisiones de no reconocimiento del desgobierno hondureño, expresadas por varios presidentes latinoamericanos, cuando se produce este brusco viraje en la actitud de Hugo Chávez, que cuenta con el aval del coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) Mel Zelaya, y de algunos miembros de la Coordinación Nacional del Frente. Otros y otras integrantes de la misma Coordinación Nacional expresaron su descontento con los mismos, y cuestionaron la metodología inconsulta con la que se realizaron.
Berta Cáceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras manifestaba al respecto:
“Hay una situación de impunidad y indefensión absoluta en este país, combinado con un proyecto de muerte neoliberal, que implica profundizar el proceso de privatización, no sólo de los bienes naturales como el río, el agua, el bosque. También la privatización de la salud, de la educación, de cosas elementales que son derechos humanos para el pueblo hondureño. No han cambiado en nada las estructuras golpistas. El sistema judicial y el Congreso Nacional, en gran parte son los mismos que dieron el golpe de estado. En el ministerio público, que está al servicio de los poderosos de este país, en esencia nada ha cambiado, ni se ha revertido el proyecto de dominación. (…) La represión es más abierta todavía que en los primeros meses después del golpe. Yo creo que estos elementos hacen muy peligrosa esta mediación. Una de las cosas más peligrosas es no someter las decisiones de manera informada y transparente a la Asamblea del Frente Nacional de Resistencia Popular, porque cualquier decisión, acertada o no, tiene que ser producto de la asamblea, de debates, sobre un análisis objetivo, sabiendo con quiénes nos estamos enfrentando y conociendo las estrategias del imperialismo, si es así, podría ser fruto de una discusión. Yo creo que aun así sería inaceptable la participación de Santos, nosotros lo condenamos totalmente, y también que se tenga a Pepe Lobo como un personaje que impulsa una reconciliación, sabiendo que es un tipo hipócrita, igual que el régimen que representa. Respecto de la OEA, nosotros hemos dicho que ningún gobierno democrático puede reconocer a un régimen que se funda en las armas, en la violencia, en la impunidad de quienes han cometido este crimen en contra del pueblo hondureño con el golpe de estado, quienes asesinan y quienes se están enriqueciendo y se están beneficiando con enormes ganancias multimillonarias con el golpe de estado. Creo que los gobiernos no deben reconocer a este régimen y que la OEA no debe incorporar a este régimen mientras no se convoque realmente a una Constituyente hecha por el pueblo, donde por primera vez el pueblo participe de manera democrática, incluyente, y donde se traten de resolver los problemas estructurales de este país, se castigue a los responsable de estos crímenes, que se termine con la impunidad –aunque sabemos que éste es un proceso largo-. Hacemos el llamado a los pueblos del mundo a solidarizarse y a que exijan a sus gobiernos que no acepten ni reconozcan a este régimen represivo” .
En la misma dirección se pronunció el dirigente de la resistencia Carlos H. Reyes : “Nosotros seguimos llamando a la comunidad internacional y a los países que aún no han reconocido a este gobierno, a que sigan en esa misma posición, porque es lo único que puede obligar a que esta gente cambie sus actitudes y podamos tener, internacionalmente, una coyuntura favorable, que sumada a la interna nos pueda dar una mejor perspectiva. Nosotros siempre hemos sostenido que Porfirio Lobo no es gobierno, es la continuación del golpe de estado. Estamos en una institucionalidad rota, y para nosotros mientras no se vuelva al orden constitucional en el país, no debe volverse a la OEA, mientras no se respeten los derechos humanos, no debe volverse a la OEA, mientras continúe una conducción golpista en la institucionalidad, no debe volverse a la OEA”.
Lo cierto es que si algo cambió –que ayude a explicar dichos acuerdos-, no fue en el sentido del respeto a los derechos humanos. Muy por el contrario.
El 15 de abril, unos días después de las reuniones Santos-Chávez-Lobo, y Chávez-Zelaya-Barahona, fue publicado el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos en el continente. En relación a Honduras denuncia la CIDH que las violaciones a los derechos fundamentales “se han incrementado a partir del golpe de estado de 2009”, y subraya “la participación de escuadrones de la muerte en los ataques contra la resistencia, y a defensores y defensoras de derechos humanos”.
El Informe de la CIDH incluye datos sobre asesinatos, hostigamientos y amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, magistrados. Entre muchos casos se mencionan los de Julio Fúnez Benítez, asesinado el 15 de febrero de 2010, militante sindical; Claudia Brizuela, asesinada en su domicilio el 24 de febrero de 2010; Francisco Castillo, miembro activo de la resistencia asesinado el 17 de marzo del 2010; el del líder magisterial Juan Manuel Flores Arguijo asesinado en el Instituto San José del Pedregal frente a alumnos y profesores el 23 de marzo de 2010; Adalberto Figueroa, del movimiento ambientalista de Olancho, asesinado el 8 de mayo; Gilberto Alexander Nuñez Ochoa, del comité de seguridad del FNRP, asesinado el 13 de mayo de 2010 de 17 balazos; Pedro Antonio Durón Gómez y Oscar Tulio Martínez, miembros del FNRP asesinados de varios disparos el 26 de mayo. El informe reporta el asesinato de 10 periodistas durante el año 2010, y amenazas hacia integrantes de las radios comunitarias La Voz de Zacate Grande, y la radio garífuna Faluma Bimetu-Coco Dulce. (Sabemos que otras radios también fueron amenazadas, e incluso que se entraron a sus instalaciones, como es el caso de las radios del COPINH -Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).
Se subrayan en el Informe agresiones y persecuciones a defensoras y defensores de derechos humanos, quienes confirman que “la situación en Honduras ha empeorado, porque los escuadrones de la muerte están volviendo a operar con un objetivo de persecución de carácter político”. Se denuncian “actos de hostigamiento contra maestras y maestros que se manifestaron contra el golpe de Estado (…) y que estarían siendo adoptadas represalias de naturaleza económica”. Se alerta que decenas de educadores de la resistencia “se encontrarían sujetos a medidas previstas en la legislación interna, para asegurar la eficacia del procedimiento”. Se iniciaron además “procesos de investigación contra instituciones educativas en las cuales sus maestros hubieren participado en acciones de protesta”. Existe “un uso abusivo del aparato de justicia de los tipos penales de asociación ilícita, terrorismo, rebelión, sedición, y manifestación ilícita, con el objeto de obstaculizar las labores desempeñadas por miembros de organizaciones civiles”. “La CIDH ha recibido información del uso de fuerza desproporcionada de la policía, en contra de una manifestación realizada el 20 de agosto, por maestras y maestros, en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán”. En el informe de la CIDH se subraya que las violaciones a los derechos humanos afectan de forma especial a aquellos sectores de la población históricamente marginados, discriminados, y de mayor vulnerabilidad, como la comunidad LGTB, las niñas y los niños, las mujeres, y los pueblos indígenas y garífuna.
El 18 de marzo del 2011, en una movilización del magisterio, fue asesinada Ilse Ivana Velásquez Rodríguez, de 59 años, Subdirectora de la Escuela República de Argentina de Tegucigalpa. Unos días después de la presentación del informe, que da cuenta de manera incompleta de los crímenes ya que muchos de ellos no fueron denunciados, el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) informó el asesinato de sus compañeros Tarin Daniel García Enamorado, de 26 años, tres hijos, encontrado sin cabeza, y de su suegro, Carlos Alberto Acosta Canales, cinco hijos.
En estos días, dos integrantes de la Comisión de Verdad, Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), y Adolfo Pérez Esquivel (Servicio Paz y Justicia), manifestaron al diario argentino Página 12 : “La represión al pueblo hondureño sigue, porque el gobierno de Lobo está reprimiendo a los maestros, a los sindicatos fuertes y a los periodistas” (Nora Cortiñas). “El derrocamiento de Mel Zelaya en Honduras es un test para toda la región. Se instalan gobiernos con cierto tinte constitucional, que son apoyados por sectores civiles, y la Corte Suprema, en un marco de pseudo legalidad. Pero es un golpe de Estado (…)” (Adolfo Pérez Esquivel). Luego de explicar que se trata de crímenes de lesa humanidad, y que se van a presentar los casos en la Corte Penal Internacional, subrayaba el Premio Nobel de la Paz: “Si la OEA acepta a Honduras, es una amenaza para todo el continente”.
La estrategia norteamericana para América Central
¿Cuáles son las fichas que se están jugando en el tablero hondureño? ¿Qué lugar tienen estos acuerdos en la geopolítica norteamericana?
Hasta donde se conoce, los acuerdos propuestos contienen cuatro puntos:
- • El retorno seguro de las y los exiliados, incluyendo al Coordinador General de la Resistencia, José Manuel Zelaya Rosales.
- • Que se detengan las políticas represivas y se castigue a los responsables de violaciones a los derechos humanos, lo que implica el desmontaje de las estructuras golpistas.
- • Que se inicie un proceso para la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente originaria, participativa, incluyente y democrática.
- • Que se reconozca al FNRP como una organización política y social beligerante en Honduras.
Es sabido que uno de los objetivos centrales de estos acuerdos es el ingreso de Honduras a la OEA en la próxima reunión de la 41° Asamblea General convocada para el 5 de junio en San Salvador. El gobierno norteamericano ha venido presionando en esta dirección a los distintos gobiernos, porque necesita cerrar sus acuerdos “de seguridad” y de “libre comercio”, con una Centroamérica unificada.
La reunión de la OEA tendrá como tema central, precisamente, la “Seguridad de la Ciudadanía en el Continente Americano”. (Es sabido que cuando en la OEA se habla de “seguridad” se refieren a la seguridad norteamericana).
La próxima Asamblea General se realizará dos meses después de concluida la gira del presidente de EE.UU. Barack Obama por Chile, Brasil y El Salvador. En este último país, Obama se comprometió a entregar 200 millones de dólares en ayuda para “pelear contra el tráfico de drogas y la violencia de las pandillas”. Ese dinero se destinará a fortalecer la “Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica” (CARSI por su sigla en inglés), una extensión de la Iniciativa Mérida. Es un “programa de seguridad” que dice estar dirigido a “combatir la presencia de organizaciones criminales y el narcotráfico en la región”, temas principales en la política norteamericana para Centroamérica, al igual que el tema de las migraciones, que se vuelve cada vez más un conflicto al interior de los propios EE.UU. (Unos 2,8 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos y envían remesas a su país de 3500 millones de dólares al año).
El Plan Mérida, presentado en sus orígenes como una iniciativa de combate al narcotráfico (en el estilo y concepción del Plan Colombia), fue ampliado en sus alcances por los Estados Unidos como “acuerdo antiterrorista”, según informa Blanche Petrich : “Estados Unidos vio en abril de 2008 la oportunidad de introducir en el contexto de la Iniciativa Mérida un acuerdo contraterrorista, alegando la posibilidad de que grupos del crimen organizado que ya utilizaban tácticas terroristas pudieran ser instrumentalizados por las organizaciones terroristas globales. El tema fue incluido como punto de agenda para una visita oficial del secretario de Defensa Robert Gates, el 29 y 30 de abril de ese año, en una carpeta informativa que le preparó el embajador Antonio Garza, tal como figura en uno de los cables filtrados por Wikileaks, cifrado como confidencial”.
Entre otros aspectos la Iniciativa Mérida comprende el reforzamiento del área de seguridad fronteriza “para la detección de extranjeros de atención especial” (special interest aliens, SIAS), en el contexto de la Alianza para la Seguridad y el Progreso de América del Norte (ASPAN), vigente desde marzo de 2005, la participación de oficiales norteamericanos en instalaciones militares mexicanas, y la colaboración entre éstas y el Comando Norte.
(Entre paréntesis)
(Seguramente la reciente detención en Caracas del periodista colombiano Joaquín Pérez Becerra, y su rápida extradición a Colombia , puede inscribirse en la política de “detección de extranjeros de atención especial”, que lamentablemente se expresa también como parte de la política bolivariana, y de sus nuevos compromisos internacionales de “lucha contra el terrorismo”.
La detención y extradición de Becerra adquieren ribetes muy preocupantes, tales como las declaraciones de Santos en las que afirma que llamó telefónicamente a Chávez para pedirle su captura, o la decisión rápida de Chávez de proceder a la misma, sabiéndose que las cárceles de Colombia son una gran tumba para los más de 7500 presos políticos que ahí viven y mueren. Sabiéndose también que en los últimos 20 años fueron asesinados en Colombia 150 periodistas).
La “seguridad ciudadana”
El 6 de abril del 2011 el Secretario Adjunto del Departamento de Asuntos Antinarcóticos de EE.UU., William Brownfield, recomendó a Centroamérica trabajar en conjunto con México y Colombia para frenar las amenazas del narcotráfico, y sobre todo “aprovechar la experiencia de Colombia” en estos temas. “No se puede contemplar (entre los países centroamericanos) una solución a estas amenazas (del narcotráfico) sin incorporar a México y Colombia, un país que ha hecho progresos enormes en los últimos diez años” en su combate al tráfico de drogas, afirmó Brownfield durante la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE) realizada en Panamá con el lema: “Seguridad ciudadana: paz para el desarrollo”. Brownfield destacó el “desafío” que asume Estados Unidos como socio de la región en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, a través de la nueva iniciativa de seguridad anunciada por el presidente Barack Obama, durante su reciente visita a El Salvador. Insistió en que los siete países de América Central no pueden enfrentar aislados el flagelo del narcotráfico, que se ha globalizado y se ha convertido en una amenaza contra la “seguridad ciudadana”. Agregó que su país seguirá vinculado a las estrategias centroamericanas contra las actividades delictivas que trae consigo el tráfico ilícito de drogas, como las pandillas o maras, y citó al respecto la nueva “Alianza para la Seguridad Ciudadana en América Central” lanzada por Obama en El Salvador.
Por su parte, en la entrevista de Mauricio Funes con Obama, el presidente de El Salvador ha expresado al respecto: “El tema de seguridad, ha sido un punto clave en la reunión que hemos sostenido. Estoy muy agradecido con la decisión, ya que el crimen organizado, la inseguridad ciudadana y el narcotráfico (…) [son temas] que nos ocupan como región” .
Sorprendentemente (si es que vale seguir sorprendiéndose a esta altura), el mandatario llegado a la presidencia de El Salvador con el apoyo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, intercedió ante Obama para que se acelere la firma del Tratado de Libre Comercio de EE.UU. con Colombia. “No encuentro razón sensata para que Colombia no tenga un TLC con los Estados Unidos, como sí lo tenemos nosotros, o Panamá, o República Dominicana”, aseguró Funes. Agregó que los Tratados de Libre Comercio son favorables a los países latinoamericanos, en tanto sus Gobiernos desarrollen políticas para que “el pez grande no se coma al pez chico”, en la implantación de este tipo de acuerdos .
El Ministro de Defensa de El Salvador David Munguía Payés, declaró que Honduras “se ha vuelto la ruta principal del tráfico de drogas”, debido a que la crisis política de ese país ha hecho “que el gobierno hondureño se enfoque más en los asuntos políticos, que en los tópicos de seguridad” . Así se va “hilando” la intervención extranjera en Honduras. Estas declaraciones de los dirigentes salvadoreños, así como la iniciativa de “normalización” hondureña encaminada por Chávez-Santos, responden plenamente a los intereses estratégicos norteamericanos.
Algunos datos más. El Jefe del Comando Sur General Douglas Fraser, informó a periodistas que la zona de Guatemala, Honduras y el Salvador “se ha convertido probablemente en la zona más mortal del mundo fuera de las zonas activas de guerra como Irak y Afganistán” . Según Fraser, durante 2010 en Irak se registró un promedio de 14 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, mientras que en Honduras fue de 77 por cada 100.000 habitantes, en El Salvador 71 por cada 100.000 y en Guatemala 48 por cada 100.000. Fraser afirmó que el Comando Sur sigue colaborando en “mejorar la capacidad” de las fuerzas armadas en aquellos países que usan a los militares en la guerra contra el crimen organizado y, en los que no los usan, brindan soporte tecnológico contra las organizaciones criminales transnacionales.
Ya dejando clara la decisión intervencionista, lo “novedoso” de la política norteamericana y de sus homólogos colombianos es que tratan de disfrazar la política agresiva militarista con una máscara de defensa de los derechos humanos. (Aunque ya en su momento el “demócrata” Carter recurrió a este tipo de “sombrero”. Es así como en su visita a El Salvador, Obama y Funes fueron juntos a rendir homenaje al Obispo Arnulfo Romero. Como si nada hubiera tenido que ver la administración norteamericana con los crímenes cometidos por la dictadura salvadoreña, los dos mandatarios encendieron una vela al lado del sepulcro de Romero. En esa lógica, bien puede presentarse a Santos como un garante de la democracia hondureña, y a Lobo prendiendo una vela por los “caídos en la Resistencia hondureña al golpe de estado”.
Por aquí empiezan a asomar algunas pistas que explican el protagonismo que tiene el actual presidente colombiano Juan Manuel Santos, delfín de los EE.UU. en el escenario latinoamericano dibujado para representar la obra de la seguridad ciudadana.
Al parecer, la administración norteamericana empieza a cobrar intereses de sus inversiones en el Plan Colombia, impulsando a este país y a sus dirigentes, a ocupar un papel similar al de Israel en Medio Oriente.
La política de EE.UU. busca unificar Centroamérica tras la Iniciativa CARSI hecha en nombre de la seguridad, para precisamente “asegurarse” los negocios del libre comercio (la administración norteamericana y la colombiana esperan que sea aprobado el TLC EE.UU.-Colombia en julio de este año, en contra de la voluntad de más de un millón de colombianos y colombianas que el 7 de abril marcharon por todo el país en rechazo a ese acuerdo).
De esta manera el “mejor alumno” pasa a ser mágicamente el “garante” de un proceso de “democratización” de Honduras, convirtiendo a la Resistencia Hondureña en un “falso positivo”.
Falsos positivos
El gobierno de Santos, para poder avanzar en este rol, pretende “limpiar” o “barnizar” la imagen de un gobierno colombiano que bajo el mando del uribismo mostró no sólo su política represiva y genocida, sino también altos niveles de corrupción. Sin embargo, no es sencillo llevar adelante la “operación despegue”.
El periodista colombiano Hernando Calvo Ospina informa en un artículo publicado en Le Monde Diplomatique el 14 de marzo del 2011 sobre la política de Santos como Ministro de Defensa de Álvaro Uribe: “En noviembre de 2005 el Ministerio de Defensa aprobó una directiva secreta que ponía precio a la cabeza de los guerrilleros. Los militares se dedicaron a asesinar civiles, haciéndolos pasar por “rebeldes caídos en combate” que llamaron “falsos positivos”. La Fiscalía General investiga unos tres mil casos, entre los que se encuentran adolescentes, retrasados mentales, indigentes, drogradictos… Cuando Santos llegó al ministerio, en julio del 2006, se registraron 274 casos de “falsos positivos”. Al año siguiente, se subió al tope: 505 asesinados…”. Denuncia también Ospina que: “Los paramilitares han sido los encargados de la estrategia de “tierra arrasada” que busca vaciar el campo de población no proclive al gobierno. Existen más de 4 millones de campesinos desplazados, o sea más del 10% de la población. Unos 10 millones de hectáreas de alto interés económico han sido así robadas a las víctimas, y ofertadas a multinacionales, nuevos gamonales paramilitares, caciques políticos y mandos militares. Ahora, el presidente Juan Manuel Santos ha presentado una “Ley de Tierras” como la panacea, con la cual se pretende devolver los campos a los desplazados. Al cumplir cien días de mandato expresó: “´’Nos propusimos un plan de choque para titular, hasta abril de 2011, 378.000 hectáreas, y ya hemos cumplido tres cuartas partes de la meta.’ Pero son 10 millones de hectáreas (…).” Señala Ospina: “Se estima que 250.000 personas han sido “desaparecidas” por las fuerzas de seguridad y sus paramilitares. Tan sólo en los últimos cuatro años lo fueron casi 40.000 personas. Algunas de ellas fueron enterradas en la mayor fosa común de Latinoamérica, hallada detrás de un cuartel del Ejército a 200 kilómetros al sur de Bogotá: más de 2.000 cadáveres…
“Hay que subrayar también la estrecha relación de Santos con las autoridades de Israel y sus servicios de seguridad. El ex general Israel Ziv fue llevado a Colombia por Santos –que viajó en repetidas ocasiones a ese país de Oriente Próximo– por la suma de diez millones de dólares para asesorar a los servicios de inteligencia. “Israel Ziv, ex comandante del regimiento de Gaza, es el de más alto rango entre los oficiales israelíes que ocupan tareas relacionadas con el entrenamiento de personal en el gobierno colombiano. Los nexos militares entre Israel y Colombia datan del primer lustro de 1980, cuando un contingente de soldados del Batallón Colombia ‘… uno de los peores violadores de los derechos humanos en el hemisferio occidental, recibieron entrenamiento en el desierto del Sinaí por algunos de los peores violadores de los derechos humanos en Medio Oriente’, según el investigador estadounidense Jeremy Bigwood” .
Santos fue a su vez responsable de la incursión militar contra Ecuador en 2008, razón por la cual un juez ecuatoriano dictó una orden de captura internacional demandando su extradición. La ruptura de relaciones con Ecuador y Venezuela significó entonces para Colombia, según el venezolano Sergio Rodríguez, “la pérdida de 7 mil millones de dólares en 2009”. Ya como presidente, según informe del Programa No Gubernamental de protección a defensores de derechos humanos de Colombia “Somos defensores”, entre enero y marzo de 2011 96 defensores y defensoras fueron agredidos. 9 fueron asesinados, 68 recibieron amenazas, y 4 fueron desaparecidos. 64 organizaciones sociales y de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión. Bueno, este santo señor es el garante de la política de los derechos humanos en Honduras (…) con el acuerdo del presidente Chávez, y de una parte de la dirigencia del FNRP.
Intentando explicarnos lo que resulta absurdo en primera instancia, podemos analizar algunos datos más… El actual nivel de “colaboración” entre Venezuela y Colombia, inaugurado inmediatamente después de que Santos asumiera la presidencia de Colombia, tiene una cara en las políticas de seguridad continental promovidas por los EE.UU., y otra cara en las necesidades económicas de estos países.
Además de reparar algo de lo perdido en el enfriamiento de relaciones, está también en juego, como lo vienen diciendo los sectores empresarios de Honduras, la posibilidad de que ahora se restituyan en parte los costos que la política golpista implica a su oligarquía y a los EE.UU. que cargaron con la financiación del régimen en el momento de su mayor aislamiento. Así Lobo se acerca a Petrocaribe, abriendo las puertas para futuros negocios (energéticos y de alimentos) con Venezuela y otros países del continente. En la misma reunión de Cartagena de Indias, Hugo Chávez y Juan Manuel Santos firmaron un total de 16 convenios de cooperación bilateral, en materia de energía, ciencia, tecnología, infraestructura, turismo, salud y “lucha contra el narcotráfico”, según informó la Agencia Venezolana de Noticias.
Entre los acuerdos firmados hay un instrumento para restablecer los esquemas de combustible en la frontera, estimado en 37,1 millones de litros de gasolina mensuales, una alianza para la evaluación técnica relacionada con trabajos de exploración y producción de petróleo entre las estatales ECOPETROL y PDVSA; así como acuerdos para nuevos oleoductos.
Hay quienes analizan también que la decisión de Hugo Chávez se inspira en la necesidad de bajar los decibeles a la conflictividad en el continente, de manera de desorganizar el discurso norteamericano que pretende extender la guerra hacia esta región. Siendo indiscutible la necesidad de tener una estrategia de paz para América Latina, es imposible pensar que la misma pueda basarse en la subordinación a la política imperialista y a la de sus socios directos, como es el gobierno colombiano.
Volviendo a Honduras
Cuando regresé a Honduras en abril del 2011, pude constatar de qué manera estos juegos de la geopolítica continental abrieron heridas en las fuerzas de la Resistencia.
Lamentablemente, a pesar del enorme protagonismo ejercido por el pueblo de Honduras en movilizaciones cotidianas en las que se conjugaron el heroísmo, la creatividad, la diversidad, una fracción de la dirección del FNRP, se ha considerado con derecho a entrar en la lógica de las negociaciones cupulares, sin la suficiente e imprescindible consulta con quienes están sufriendo las consecuencias del golpe de estado y de la política continuista del gobierno de Lobo, un émulo de Santos.
Como ha sucedido muchas veces en la historia de Honduras, se decide por su pueblo de acuerdo a situaciones e intereses ajenos al mismo.
Después de la reunión Chávez-Santos-Lobo, el secretario general de la OEA José Miguel Insulza anunció: “He sido informado por el presidente Santos acerca de los avances concretos alcanzados en esa reunión, que se esperan anunciar formalmente en los próximos días” . “Espero que se logre un acuerdo que sea satisfactorio para todos, tomando en cuenta los puntos de vista manifestados por los países americanos durante este largo proceso (…) Estoy seguro de que si existe un acuerdo entre los hondureños, todos los miembros de la OEA respetarán esa decisión”, añadió.
¿Qué significa, en el lenguaje diplomático, “un acuerdo entre los hondureños?”.
Seguramente éste es el mensaje que se está “construyendo” en las negociaciones entre el gobierno de Lobo y una parte de la conducción del FNRP. Pero ¿será éste sometido al acuerdo de las bases del Frente?
Creo que lo más grave que pudiera suceder para la resistencia hondureña en este proceso, es la enajenación de las decisiones políticas de todos aquellos y aquellas que pusieron sus vidas en juego para enfrentar al golpismo e inaugurar un nuevo proyecto popular.
Si hubiera dudas sobre las intenciones de las políticas en marcha, es bueno constatar que en la reciente visita a Honduras del “zar antidroga” de EE.UU. William Brownfield, el encargado de la lucha contra el tráfico internacional de drogas en el Departamento de Estado de Estados Unidos, acompañado de la subsecretaria adjunta del Departamento de Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, se reunieron con el presidente Porfirio Lobo Sosa, el ministro de Seguridad, Óscar Álvarez y el embajador estadounidense Hugo Llorens. En esa oportunidad Álvarez señaló que el encuentro permitirá revisar el programa de apoyo en la lucha antidroga, que se realiza de manera conjunta con Estados Unidos. “Queremos solicitarle un plan para Centroamérica parecido al plan Colombia”, expuso. Las cuentas cierran.
En esa oportunidad William Brownfield supervisó un entrenamiento de seguridad en puertos y fronteras impartido por expertos norteamericanos a la Policía Fronteriza hondureña. Visitó la escuela Nido de Aguilar a 25 km. al norte de Tegucigalpa, donde expertos estadounidenses entrenan a 64 policías hondureños en seguridad fronteriza, puertos y aeropuertos.
El modelo colombiano abre las puertas hondureñas a la intervención militar norteamericana directa, algo que precisamente el gobierno de Mel Zelaya intentaba ir reduciendo, y fue una de las motivaciones para el golpe de estado. Un pacto “de seguridad democrática” con quienes alentaron ese, es un “suicidio político” del proyecto popular.
Claro que esta “negociación” en las alturas tiene su lógica interna. Hace ya varios meses que un sector de la dirigencia del FNRP buscaba luz verde para avanzar hacia la transformación de este movimiento en un partido político electoral. En las primeras declaraciones realizadas por Juan Barahona, al concluir las negociaciones entre Chávez y Mel, enfatizaba que uno de los acuerdos políticos propuestos es el reconocimiento del FNRP como una fuerza con capacidad de participar en las próximas elecciones.
En el comunicado posterior del FNRP esto se dice de una manera un tanto diferente: “el reconocimiento del FNRP como una fuerza política beligerante”.
Éste es uno de los debates que hoy atraviesan a esta organización. Un debate de estrategias, en el que las distintas políticas que integran la diversidad de miradas y prácticas históricas parecen ponerse en tensión.
Un sector marcha decididamente hacia una normalización en términos de la política electoral, y otro sector promueve con mayor énfasis la “refundación de Honduras”.
¡Qué importante hubiera sido que este debate adquiriera profundidad, amplitud, y permitiera aportar al crecimiento político de la militancia organizada de la Resistencia!
Saldarlo “políticamente” con decisiones externas, no ayuda ni a la mentada unidad de los y las que luchan, ni a la construcción de legitimidad de las propuestas que van surgiendo. Más bien estas decisiones han enrarecido el ambiente y han puesto bajo sombras las negociaciones. La coherencia política de la Resistencia, requiere transparencia, consulta, y construcción colectiva de propuestas.
Lo otro huele a prácticas caudillistas, patriarcales, que si bien tienen anclaje en la cultura política de nuestros pueblos, no ayudan a fortalecer la autonomía necesaria para la formación del FNRP como un sujeto político transformador, con capacidad de ejercer poder popular, contrahegemonía, y poner las bases para una nueva Honduras.
Algunos desafíos para la solidaridad internacional
Para quienes hemos venido participando en diferentes iniciativas de solidaridad internacional, cabe el desafío de reformular nuestras maneras de apoyo a la Resistencia hondureña, teniendo en cuenta que la historia no ha llegado a su fin.
Por una parte, el posible reconocimiento del régimen de Lobo en el contexto de la OEA, sería en caso de concretarse un acuerdo de gobiernos pero no de pueblos.
En términos de política internacional, si así sucede, resulta un fuerte golpe para toda América Latina, porque deja sentado el precedente de que es posible dar un golpe de estado contra un gobierno que lesiona los intereses imperialistas y de las transnacionales, y que después este gobierno con un lavado de cara en elecciones amañadas, puede ser reconocido internacionalmente.
Es necesario por ello divulgar y respaldar el reclamo de la Comisión de Verdad, en el sentido de que no se dé el paso del reconocimiento diplomático, mientras no se resuelva realmente el tema del respeto a los derechos humanos. Esto implica esperar el dictamen de esta comisión –que se presentará en octubre-, y que documenta que en Honduras se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Para ello es imprescindible el desmonte de las estructuras jurídicas y políticas del golpismo, que siguen intactas.
No creo realmente que esta decisión esté en el espíritu de las negociaciones en curso. Por lo cual será necesaria toda la presión internacional para que se abra un espacio de lucha real contra la impunidad.
Tampoco está claro que existan garantías para el anunciado retorno de las y los exiliados. Esto exigiría que se depuren los órganos represivos y de justicia. Incluso será necesaria mucha movilización, para asegurar la vida y la posibilidad de participación política de Manuel Zelaya Rosales, y la restitución de su condición como ex presidente, que obliga a juzgar a quienes lo desalojaron violentamente del gobierno.
Sería ingenuo pensar que el avance de la política norteamericana en el asesoramiento de las fuerzas represivas hondureñas, la militarización del país, la criminalización de la protesta, la inserción de Honduras en los sistemas de “seguridad ciudadana”, tiendan al respeto a los derechos humanos.
Lo que sí podemos concluir es –por el contrario- que un reconocimiento al régimen golpista lo envalentonará, y que se profundizará la política represiva contra aquellos sectores que desafían a la oligarquía, a los terratenientes como Facussé, o a los negocios de las transnacionales.
Ls más pobres, las más vulnerables, los sectores que históricamente fueron víctimas del capitalismo, del colonialismo, de la opresión patriarcal, los “condenados de la tierra”, las mujeres cuyos cuerpos y vidas son sobre explotados, serán las víctimas principales de estos acuerdos.
De todas maneras, son precisamente estos sectores quienes han crecido y aprendido nuevas lecciones con la multiplicación de las fuerzas de la rebeldía y de la resistencia. Es desde estos sectores desde donde se han impulsado con mayor energía las políticas de refundación de Honduras. Son quienes están promoviendo la convocatoria desde abajo a una Asamblea Nacional Constituyente, que abra un proceso para que la Honduras históricamente sometida pueda emerger y expresarse en una nueva institucionalidad, en una nueva cultura, donde todas y todos puedan decir su palabra y hacer su ley.
Con ellos y ellas seguiremos caminando, no sólo para resistir la militarización, para luchar contra la impunidad y por cada uno de los derechos del pueblo, sino también para que los sueños de refundar el país desde sus raíces sigan grabando huellas en los caminos de Nuestramérica, sigan dibujando estrellas en nuestro horizonte, y sigan cosechando el amor sembrado en las Honduras del continente, en las tierras del olvido, regado con la sangre de los caídos y caídas, que hoy danzan, marchan, cantan su alegre rebeldía: _“Nos tienen miedo porque no tenemos miedo_”. Es la Resistencia, que una y otra vez sorprenderá a quienes se cansen de luchar.
