Puntarenas: Vecinos llaman la atención sobre destrucción de minera

Estimados vecinas y vecinos, les mando estas informaciones que después no digan que no sabían nada.

No voy a recoger firmas, no trataré de formar un grupo de vecinos afectados como se hizo en otras ocasiones: Defensa de la Captación Tajo Alto contra la Mina Bellavista, oposición al proyecto Navarro y a los demas proyectos urbanísticos que se reservan el agua, a los 2 gigantescos depósitos de basura, a las 2 plantas térmicas, potentes productoras de carbono, a las quemas de cañales en El Palmar – proyectos que hacen o harán de este pequeño canton el ambientalmente más maltratado del pais.

Las experiencias en estas luchas eran desilusionantes. La gran mayoría de los habitantes, dedicados a su propia carrera o negocio no eran interesados ni siquiera en conocer los impactos ambientales que al fin afectan a todo el mundo pero tienen su origen en los pecados locales.

Aman la Madre Naturaleza en cuanto puedan disfrutarla o explotarla, pero no la protegen. A otros no les parece “oportuno“ meterse, por miedo de regaños o represalias o porque esperan alguna ventaja: una promesa de trabajo, unas láminas de zinc, un chance de vender tierra, una calle arreglada, una habitación alquilada.

Este oportunismo no solo facilitó la absoluta predominancia de los que hacen y “deshacen“ sino también la obvia infiltración del narcotráfico en este canton, – en los barrios, en el colegio, en la sociedad en general. Los partidos políticos se adaptaron a este clima social y por oportunismo electoral tampoco tocaron temas ambientales.

Bueno, cada uno hace que le parece justo y necesario, cada uno en su estilo y segun sus intereses, sin formar un frente unido. Ojalá los esfuerzos acumulados tengan un efecto.

Si alguien quiere ver los planos o expedientes citados en estas informaciones, con mucho gusto se los facilito.

Actualmente me preocupa un proyecto minero en el valle Zamora situado entre Alto Pavones y Alto Velázquez de Miramar.

La concesión de exploración , área del proyecto (AP), incluye 4 km² entre las coordenadas 233-235 N y 455-457 E en la Hoja de Miramar. Colinda con la concesión Bellavista. Concesionario es la empresa “Exploraciones Mineras Quebrada Nancital SRL“, (céd. jur. 3-102-103361.) Su gerente con facultades de apoderado generalísimo es Jorge Dobles Montealegre, el mismo que era concesionario de la mina Bellavista. Jorge Dobles es familiar del exministro del MINAET Roberto Dobles.

Hay que distinguir entre propiedad y concesión. El Estado se reserva todos los recursos naturales que se encuentren bajo la superficie de las propiedades privadas. El estado puede permitir a empresas la exploración y explotación de estos recursos. Con este permiso adquieren ciertos derechos a “servidumbres mineras“ que pueden afectar los propietarios de las fincas.

Para desarrollar actividades extensivas de minería, normalmente compran una finca dentro de la concesión, pero los caminos mineros, deposito de escombros, la búsqueda de muestras, perforaciones y los túneles pueden ejecutar en cualquier parte de la concesión. Si hay disconformidad vale el codigo de Minería.
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Código de Minería

Artículo 6.- Se declara de utilidad pública toda la actividad minera, tanto en los trabajos de exploración, como en los de explotación. Tendrán el mismo carácter la concentración, beneficio, transformación, transporte de sustancias minerales y los terrenos de propiedad particular o estatal necesarios para estos fines.

Artículo 51. Las servidumbres podrán consistir, entre otras cosas, en la ocupación de terrenos, en la extensión necesaria. Esta ocupación podrá referirse a depósitos de minerales, desmontes, relaves y escorias; a plantas de extracción y de beneficio de minerales; a canales, tanques, cañerías, habitaciones, construcciones y obras complementarias; a caminos, ferrocarriles, planos inclinados, andariveles y a vías que unan la concesión con los caminos públicos,

Artículo 52.– Las servidumbres serán constituidas por la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos, previa indemnización de los daños y perjuicios que se causaren a los dueños de los terrenos, a los concesionarios, o a otras personas; de no haber acuerdo entre los interesados. Además, el concesionario deberá indemnizar al dueño por los daños y perjuicios que le cause con el uso y disfrute de la servidumbre. La resolución final podrá ser apelada ante el tribunal de justicia correspondiente. Sin embargo, los trabajos relacionados con la explotación podrán continuar su proceso, a juicio y riesgo del concesionario, mientras se realiza el trámite judicial. Las servidumbres que se establezcan, conforme con el presente título, deberán inscribirse en los registros de la Dirección, para que formen parte de la concesión o del permiso.

Artículo 53.- Si no se produjera acuerdo entre los interesados, para establecer las servidumbres y para fijar el monto de la indemnización que procediere, el concesionario de explotación podrá acogerse a los preceptos del título anterior, o pedir al Poder Ejecutivo que decrete la expropiación de los terrenos necesarios, la que se realizará de conformidad con la legislación vigente, para lo cual el concesionario deberá cubrir los costos.

Para los efectos de la expropiación se declararán de utilidad pública los correspondientes terrenos.

A toda persona física o jurídica que se viere afectada por el presente artículo, el Estado deberá garantizarle la reubicación en condiciones similares que le permitan asegurar, dignamente, su futuro…

Historia del Proyecto Minero – Concesión de Exploración

En setiembre 1997 la empresa compró la parte baja (21 ha) de la finca de Carlos Gamboa. Hoy el resto es propiedad de David Barboza.

La finca colinda con Calle Pavones (32 metros), Fernand Jubel, Olger Rojas, Quebrada Zamora, Heiko Sassenbach, Dietmar Maier y David Barboza.

Se trata de una concesión de exploración, no de explotación. Las instituciones las tramitan como si fueran proyectos distintos, mientras en realidad son etapas de un solo proyecto. La “ventaja“ es : la exploración, comparadamente, requiere pocas y leves intervenciones al medio ambiente, más que todo si la empresa se declara “casi artesanal“ como en el caso de Zamora.

Entonces es fácil conseguir los permisos de la SETENA y de la Dirección Geología y Minas (DGM). Después de los trámites, estudios geológicos, muestreos y análisis costosos y encontrado el oro, los permisos de explotación siguen casi automáticamente.

Si no – con razón la empresa puede preguntar, porque no dijeron antes, que aquí no se puede abrir una mina. No conozco ningún proyecto al cual el permiso de explotación hubiere sido negado una vez aprobado el permiso de exploración.

Es obvio el efecto tranquilizador de esta distinción.

EL 22 – 8- 2000 la empresa presentó ante SETENA el „Cuestionario“ para conseguir la

Viabilidad Ambiental del proyecto.

El 9-7-2001 SETENA avisa a la empresa que faltan algunos documentos, requisitos para otorgar la Viabilidad Ambiental: „No se adjuntó copia del plano catastrado ni se indica quien es el propietario de los inmuebles donde se desarrollará el proyecto y si se cuenta con la autorización por escrito de los mismos.(Resolución 429-2001, SETENA).

El 29-8-01 el señor Dobles entrega una nota: „Conforme a la Resolución de esta Secretaria 429-2001 aporto la documentación así requirida.“ (folio 38). Observo que la empresa nunca presentó estas autorizaciones.

Más bien la empresa declaró ante la DGM: “La extensión es de 4 km² equivalente a 400 hs de terreno. …..Señalo que el propietarió de la extensión de los terrenos supracitados es la misma sociedad solicitante.“

El ministerio acceptó esta declaración falsa y después apareció igualmente en La Gazeta 256,( 30-12-04, pág. 15) : “Propietarios de los terrenos : el permisionario.“ Igualmente el INTA en su nota al Registro Nacional Minero dice: “El inmueble que no tiene plano catastrado es de 400 hs.“ (Ursula Hockauf ya denunció este error y solicitó su corrección. Véa denuncia 2)

Creo que no hay que preocuparse de ninguna manera que la empresa vaya a adueñarse de nuestras fincas. Lo que critico es que con estas afirmaciones falsas evitaron informar debidamente a los vecinos, así que no teníamos chance de oponernos a las declaraciones que presentaron en el Estudio de Impacto Ambiental.

Mentiras

En el Estudio Impacto Ambiental afirman (igual como después ante Dirección Geología y Minas): “estas labores no requieren de maquinaria pesada ni apertura de caminos o trochas“ (expediente 258-2000 SETENA, folio 13).

Observo un backhoe abriendo excavaciones y trochas en el área del proyecto

(Véa denuncia 1)

Afirman que „Dentro del AP no se encuentran cuerpos de aguas superficiales (quebrada, río ,manantial) que pueden ser potencialmente afectados por el proyecto.“

Observo que realmente en el Río Zamora, dentro del AP, se hizo un hueco de 6×6 metros y de 3 m de profundidad con equipo pesado. Se depositó el material en el centro del río.

(Denuncié este hecho ante DGM y SETENA. (véa denuncia 1) Afirman que “la actividad no se encuentra cerca de un lugar de atracción turística“ (exped. 7723,fol. 23) Observo que en el área del proyecto se encuentra el “Hotel Vista Golfo“ y las cabinas “El Mirador“. El río Zamora con sus bellísimas cataratas y pozas siempre ha sido un lugar de atracción turística. (véa denuncia 5)

Afirman que „ no soplan fuertes vientos, más de 30 km/ h.“ Observo que el area del proyecto es una de la zonas más ventosas del pais. Yá se volaron muchos techos.

Suspensiones repetidas

La concesión de exploración comenzó en enero 2005. La empresa debía presentar dos Informes semestrales sobre sus trabajos. Estos no se encuentran en el expediente DGM 7723 . Solo aparecen 2 Memorandos de la funcionaria Sirzabel Ruiz. Los informes de la empresa se declaró “confidenciales“.

Para 2006 la empresa solicitó Suspensión de las obras, „ debido a la difícil situación económica de la empresa.“ (folio 108). Pretenden resolver esta situación buscando inversionistas en Canadá y Estados Unidos para financiar los costos de la exploración ($300 000). Llama la atención que, para conseguir el permiso de exploración, habían presentado una certificación en la cual el contador público Orlando Jiménez Porras „da fe de la solvencia financiera de la empresa para realizar el proyecto de prospección minera planteada.“ No obstante la suspensión fue otorgada.

En los 4 años 2006 a 2009 no se realizó ningún tipo de labores de exploración, pero por medio de prórrogas se logró mantener vigente la concesión.

El 17-9-06 la empresa solicitó „formal prórroga del plazo de este permiso de exploración por un período igual . (2 años a partir del 17-1-06).

Llama la atención que unos meses antes la empresa ya había declarado ante SETENA “que el proyecto ha finalizado.“ (Resolución 2394 – 06 SETENA). Con esta justificación falsa pidieron la devolución de $ 10.000 de Garantía Ambiental y los recibieron. Ni obstante hasta hoy en día mantienen la concesión de exploración vigente, mientras un requisito de ésta, un Plan de Gestión Ambiental y la Garantria Ambiental, ya no existe.

Tampoco pagaron los canones correspondientes, que el Estado cobra a un interesado por mantener una concesión, es decir que ninguna tercera parte puede intervenir en la misma concesión. Los canones y multas hasta 2009 se sumaron a 8.271.861,37 Colones. Por medio de la Resolución 906 (4-10-07) la DGM había obligado a la empresa pagar los canones, pero hasta el momento (febrero 2010) no se ha cancelado. Sorprende que DGM no tomó medidas sancionatorias – como la anulación de la concesión. Para el año 2010 si pagaron el canon. La DGM recibió 3.237.600 Colones, sin exigir el pago la deuda anterior.

Más Mentiras

El 20 de enero 2004 la DGM exigió al INTA (Ministerio de Agricultura) un estudio detallado de la aptitud agrícola de los suelos en los terrenos de la concesión. La empresa presentó un Recurso de Revocatoria contra esta decisión, aduciendo “dada la malísima calidad de suelos que ahí existe y que fué producida por la deforestación tal bárbara que se dió en los años 60s, 70s y mediados de los 80 por el mismísimo sector ganadero de Costa Rica ahora se pretende considerar estos terrenos como de aptitud agrícola, lo cual es totalmente erróneo y sín fundamentación técnica.“ (expediente 7723, folio 33) El ministro (Carlos Manuel Rodríguez) acogió el Recurso y el estudio de los suelos nunca se hizo.

Los que vivimos ahí sabemos que en el terreno de la concesión si hay suelos muy buenos.

En su Memorando referente al reporte semestral de la empresa, la funcionaria Sirzabel Ruiz dice: “La zona ya está impactada por las actividades ganadera, agrícola y maderables, por lo que es notable la ausencia de flora, fauna natural o primaria.“ (expediente 7723, folio 82).

Aparentemente la DGM repite declaraciones falsas de la empresa sín echar una sola mirada a la realidad en el campo. En el expediente no se encuentra ningún reporte de un funcionario que hubiere visitado el proyecto, a pesar de que en el permiso de exploración dice : “Geólogos de DGM visitarán la obra al menos una vez al mes.“ (folio 61)

Observo que en la zona hay varias reservas privadas (p.e. en fincas de la familia Cortés y de la familia Rojas).

Hay grandes zonas boscosas en los litorales del río Zamora y de 5 quebradas más . En el terreno de la concesión he observado osos hormigueros, pizotes, perezozas, coyotes, venados, armadillos, monos congo, monos cariblanco y una gran variedad de aves ( Toledo, Gallina del monte, Pavas, Tucanes, Oropendulas, Gavilanes, Halcones, Garzas, Lechuzas, entre muchos otros.)

Obviamente estas declaraciones: que no hay flora ni fauna, que no hay turismo, que no hay viento, que la tierra es mala – no tienen relevancia para la exploración (recogida de muestras, perforaciones, análisis geológica). Pero más tarde en la etapa de explotación cuando se hayan talado árboles, cuando se hayan ido los animales, cuando el viento llegue cargado de polvo y el suelo esté deteriorado, es excelente tener estas
“observaciones“ ya acceptadas y confirmadas por las autoridades. Ellos trabajan en vista al futuro…y nosotros?

Ya trabajan

Desde diciembre 2009 he observado los siguientes trabajos en la concesión: tractoreado de los caminos públicos desde Tajo Alto y desde Miramar a la antigua mina Zamora, tractoreado de 3 caminos mineros entrando al cauce del río Zamora, excavación con equipo pesado en el cauce de la Zamora,

En diciembre 2009: recolección de material en al menos 100 sacos para ser transportado a una rastra (molino) en otro lado. Ahora tienen rastra en la concesión.
Inicio de una construcción al lado de la Quebrada Zamora en Zona de Protección.

Me pregunto, que papel juega el Sr. Franz Ulloa Chaverri en este proyecto. El guarda de la casa al lado de una rastra, Liche Miranda, me dijo que Don Franz era su patron y dueño de esta finca. Además se encontraron en el sitio 4 empleados más.

El Sr.Luis Corella dijo a unas vecinas que él era socio del Sr. Ulloa y que él supervisaba el tractoreado de los caminos públicos que llevan a la antigua Mina Zamora.

Minas subterráneas (en túneles)

Hasta el momento no se han indicado el tipo de mina que pretenden hacer. Solo se oye rumores que será una mina en túneles.

Desde hace tiempo muchos se han opuesto a las minas a cielo abierto, particularmente a la de Crucitas.

Los ecologistas nos oponemos a todas las minas de oro.

La minería en túneles, igual que la a cielo abierto, deja grandes cantidades de escombros con metales pesados, que después, bajo la lluvia, producen los drenajes ácidos que contaminan ríos y aguas subterráneas.

Muchos túneles penetran acuíferos subterráneos, hacen que nacientes se secan.

Las aguas que salen de los túneles muchas veces ya están contaminadas.

Para separar el oro del material molido se usan cianuro o mercurio, sustancias altamente tóxicas. En el proceso no se recupera todo el mercurio. Gran parte se evapora a la atmósfera. De allí llega a la cadena alimenticia, causando graves daños al sistema nervioso de humanos y animales. Un tercio de este veneno que circula en el mundo proviene de minas “artesanales“, que trabajan sin un mínimo de control y regulación estatal. En Abangares varias quebradas están severamente contaminadas, gran parte de la población ha acumulado mercurio en sus cuerpos y sufre de las dolencias que esto conlleva, hasta malformaciones de fetos.

Las “lamas“, lodos de material molido con restos de mercurio que no se evaporaron, quedan a la intemperie y se filtran al ambiente. Igual que las de a cielo abierto, las minas en túneles necesitan campo para sus escombreras, pilas de lixiviación (si trabajan con cianuro), para lagunas de cola, caminos mineros, molinos y otras instalaciones. Asi, igualmente contribuyen a la deforestación.

Hay que estabilizar los tuneles con marcos de madera de primera calidad, Guachipilín, Cenízaro y otras especies duraderas. Para un marco se necesita 6 metros de pieza, 20×20 cm. Según la formación geológica se pone los marcos entre 1 metro y 1.50 m de distancia. En Abangares igual que en Montes de Oro se puede observar la deforestación que resulta de esta práctica.

El mismo trabajo en los túneles es muy peligroso, es trabajo con perforadoras, compresores y dinamita en un atmósfera de polvo y gran calor y amenazado por inundaciones y derrumbes.

Terremoto en Chile: ¿Por qué de las consecuencias?

Chile: Grietas de un terremoto

Álvaro Cuadra

ALAI AMLATINA, 04/03/2010.- Nuestro país ha sufrido un terremoto de magnitud mundial. Todos sabemos que no es el primero y que no será el último. Este tipo de catástrofes que nos sacuden cada tanto desnudan todas aquellas carencias que se han acumulado a lo largo de los años. Como suele ocurrir en estos casos, en un país desigual, las víctimas son los más débiles, los más pobres. Es cierto, las catástrofes no se pueden predecir con exactitud y son eventos fuera del control humano. No obstante, para cualquier gobierno en nuestro país, este tipo de cataclismo es absolutamente previsible y está dentro del horizonte de probabilidades. Por ello, resulta más que inquietante la ausencia de una política seria a este respecto. Este papel le corresponde al Estado, aunque les moleste a los fanáticos del neoliberalismo.

Ante la tragedia que hoy enfrentamos todos los chilenos, es imprescindible esclarecer algunas cuestiones de fondo. Desde un primer momento se ha advertido una grave falta de coordinación entre las diferentes instituciones que suponemos debieran actuar en circunstancias extremas. Digámoslo con todas sus letras, los funcionarios civiles o uniformados no han estado a la altura. El terremoto ha mostrado las grietas no sólo de los edificios, carreteras y puentes sino que ha mostrado las graves fisuras institucionales y sociales que aquejan al país. Los síntomas son claros, abandono de amplios sectores populares, negligencia de funcionarios y, consecuentemente, vandalismo desatado. Si bien la respuesta inmediata ha sido la militarización de la zona que promete ampliarse es claro que tal medida no soluciona ninguno de los problemas de fondo.

En estos momentos de tristeza y aflicción para todos quienes compartimos una historia y una geografía, la única conducta responsable es la más amplia solidaridad hacia los que están sufriendo no sólo el luto sino el desamparo. Pero al mismo tiempo, reclamar políticas concretas tendentes a mejorar las condiciones de vida de los sectores más marginados del país. La situación actual ha agravado la falta de caminos, hospitales y escuelas en varias regiones, es hora de que el Estado recupere la iniciativa ante tales demandas. La caridad no debe confundirse con justicia social.

El desastre ha puesto de manifiesto todas las falencias del “modelo chileno”, desde el debilitamiento del Estado para actuar a este tipo de situaciones hasta la ausencia de una cultura cívica y solidaria responsable. La televisión exhibe hasta la saciedad las consecuencias físicas del cataclismo, sin embargo, pocos advierten las fisuras sociales que han quedado de manifiesto ante el grave sismo. Los sueños de llevar a nuestro país a los umbrales del mundo desarrollado, se desdibujan ante la mísera realidad social, que vive una gran mayoría de los chilenos. Contra el individualismo, el éxito y la competitividad proclamados por los idólatras del mercado, los grandes desastres naturales nos confrontan con un imperativo ético y político que apunta al “gobierno común”. Las tragedias no pueden privatizarse.

* Álvaro Cuadra es Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados, ELAP, Universidad ARCIS.

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El precio de la arrogancia

Tatiana Lobo

Toda la costa del Pacífico entró en alerta por el riesgo de un tsunami causado por el terremoto en Chile. Pero la Armada chilena, la aristocrática marina, dijo: “no, no va a haber tsunami”. Muchos países ofrecieron al momento ayuda, pero la presidenta Bachelet dijo: “no, gracias, podemos solos” Y hubo tsunami y no pudieron solos y murieron más de los que debían morir, y dos millones de personas carecen a estas horas de lo elemental para la vida, comida y agua. Y como quieren vivir, pues roban, y como roban les han echado encima, para que no asalten los supermercados, a los militares. Toque de queda, ya están los soldados listos para disparar a quien esté en la calle después de las 8 de la noche, con el muy noble fin de proteger la santa propiedad privada. La medida parece inteligente si no fuera por un pequeñísimo detalle: en estas noches, las y los chilenos están en la calle porque no pueden estar dentro de los edificios agrietados.

¿Los van a matar por dormir en las aceras?

Esta terrible catástrofe, cuya imprevisión y negligencia aumentó en varios puntos los 8.8, tiene algo que parece broma: tanto puente, tanto paso a nivel, tanto túnel, tanta autopista, tanta torre, tantos rascacielos, !tanta ostentación de riqueza mal habida! Sí, mal habida porque todo eso se hizo con dinero escamoteado a los contribuyentes. Y el hormigón, tan altanero el hormigón, se quebró como si fuera yeso, o naipes de cartón lanzados al vacío. ¿Quién querrá vivir después en un lugar donde las más orgullosas inversiones acaban, sin seguro, revolcadas por el suelo?

Debería pensarlo, Laura Chinchilla. No sea que en este país de tembladeras, por pretender progresos mal habidos en concesiones de muelles y peajes, le vaya a suceder lo mismo.

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¿Chile el futuro próximo de Costa Rica?

Alfrede Montenegro, desde Santiago de Chile

Acaba de terminar un discurso, en cadena nacional en Chile, la presidenta Michelle Bachelett y ella pide, solicita, suplica a las empresas privadas la máxima colaboración. No duda de la buena voluntad de los empresarios, no duda de que juntos con ellos saldremos de esta tremenda crisis.

Nosotros LOS CLIENTES que dejamos de ser vecinos, pobladores, habitantes, ciudadanos, seres humanos, sabremos entender y aceptar la buena voluntad de las empresas. Y como no, si la solución en Chile hoy pasa en 99% por las empresas privadas. La electricidad, el agua potable, el gas, las carreteras, las telecomunicaciones, las medicinas, los medios de comunicación, la distribución y venta de los alimentos…etc., etc. están en manos privadas. La presidenta tiene razón en pedirles a ellos su buena voluntad.

Pero yo pregunto: para que en todos pueblos totalmente desbastados las empresas antes mencionadas repongan los servicios a SUS CLIENTES requieren que les paguen el recibo (la factura). ¿Y quien puede pagar el recibo de la luz, por ejemplo, si tiene su casa en el suelo con algunos muertos a “su haber”? ¿Existe alguna empresa privada que actué por buena voluntad en el mercado?

Todo lo contrario, por ejemplo en Chile las empresas constructoras, tiene licencia para “macabramente estafar” (por no decir matar). Costa Rica cada día sigue el camino de Chile privatizando todo (incluso ahora quieren hacerlo con puertos). Pero yo veo que muchos jóvenes en Costa Rica guardan el conveniente silencio que les hace cómplice de un futuro que ya ha comenzado a poco probable la vida a sus propios descendientes.

Muchos jóvenes, como en Chile, están más preocupados de su persona que del planeta que esta siendo destruido por la ambición de un sistema que avanza con la lujuria embriagadora del consumo.

Chile puede ser el futuro de Costa Rica y puede que algún día sus hijos les pregunten ¿qué hicieron ustedes al respecto?

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La naturaleza recuerda que Chile continúa siendo un país empobrecido

Andrés Figueroa Cornejo *

Mientras se escriben estas palabras, en Concepción cientos de personas afectadas brutalmente por el terremoto que remeció a Chile desde la Quinta hasta la Novena Región –incluyendo la Región Metropolitana- abren las bodegas del supermercado Líder (Wal Mart en Chile) para llevarse mercancías de primera necesidad, cajas de leche, sacos de azúcar, pañales, arroz y alimentos en general. Según algunos medios informativos, lo mismo ocurre en la ciudad de Talcahuano.

En Concepción, la muerte y la destrucción de viviendas e infraestructura en los sectores más pobres de la ciudad y sus alrededores han sido la norma dramática. No hay agua, no hay electricidad, no hay combustible, no hay gas y el gobierno central y local han sido incapaces de resolver adecuadamente la distribución de comida y artículos de primera necesidad. Ya llegan las fuerzas policiales. Sin embargo, la gente continúa retirando artículos y alimentos urgentes, toda vez que desde la madrugada del 27 de febrero (0:3:34 h) el caos en uno de los países más sísmicos del planeta ha ocasionado la destrucción de rutas, puentes, estructuras históricas, edificios habitacionales nuevos y antiguos, desabastecimiento, cierre de comercio y cientos de muertos.

El terremoto, que tuvo su epicentro en el centro sur de Chile –el país austral donde Los Andes se hunden en el mar- fue calificado como el sexto más feroz del mundo desde que los movimientos telúricos son medidos científicamente, y alcanzó un promedio de 8,3 º en la escala de Richter . El desastre no tiene precedentes desde la catástrofe de Valdivia, hace 50 años, que combinó un terremoto con un maremoto que hizo desaparecer literalmente a esa ciudad, la cual debió ser reconstruida en un sitio distinto y más distante del mar.

Ahora, al menos la isla Juan Fernández, padeció un tsunami y otras zonas costeras recibieron el castigo del mar que se adentró cientos de metros en territorio urbano. Increíblemente en la plaza de armas de Talcahuano se estacionó una embarcación costera.

Entrevistada la gente en Concepción mientras colectivamente distribuía la mercadería agolpada en las bodegas del principal supermercado de la región, señaló que no tuvieron alternativa ante “la falta de comida, agua, leche para los niños y la subida sinvergüenza de los precios en los pocos comercios abiertos”.

“Piñera se la pasa dando vueltas en helicóptero y no hace ninguna ‘huevada’. Está puro dando jugo”, señaló una madre mientras trasladaba bolsas de leche.

El gobierno central ha sido incapaz, hasta el momento, de solucionar adecuadamente el suministro de alimentos, energía y cobijo. De hecho, la población más afectada, incluso en Santiago, ha optado por dormir en carpas en las plazas públicas y las calles, o simplemente a la intemperie. Los hospitales públicos, que ya estaban colapsados antes del terremoto, fueron superados con creces y algunos, como el de la ciudad de Talca, simplemente se cerraron debido a los daños. El aeropuerto de Santiago, por su parte, protagonizó episodios dantescos, aplastamiento de personas, explosiones de pantallas informativas y huidas desordenadas de los pasajeros que llegaban y de los que esperaban su vuelo. Ahora está clausurado temporalmente.

El territorio chileno, desde Valparaíso hasta Chiloé, desde el terremoto, ha sufrido al menos 90 réplicas (movimientos telúricos de menor intensidad); hay cientos de desaparecidos, gente bajo los escombros, y el número de fallecidos aumenta oficialmente en tanto pasan las horas.

Quien escribe esta nota urgente tuvo la oportunidad de observar el cielo enrarecido de Santiago durante los tres largos minutos que duró el terremoto en la capital del país (en Concepción se prolongó por 27 minutos). La atmósfera de colores asombrosos auguraban inmediatamente una tragedia de proporciones todavía incuantificables. Lo cierto es que, como es habitualmente ocurrente en Chile, el pueblo trabajador y los pobres son la víctimas principales de la devastación. De golpe y con violencia indescriptible, la naturaleza –contra toda propaganda- recuerda que Chile continúa siendo un país profundamente empobrecido, tercermundista, y muy lejos del desarrollo cacareado interesadamente por los pocos dueños de todo.

* Rebelión

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Chile: Nuestros bárbaros

José Luis Ugarte*

El terremoto quién lo iba a decir ha desnudado al capitalismo chileno mostrando vergonzosamente sus pies de barro. Ni nuestra mejor propaganda ni la de los organismos financieros puede esconder que a la hora de repartir entre todos nuestros beneficios, nos parecemos más a los países africanos que a los del primer mundo con los que nos gustaría compararnos.

Vergüenza me imagino debieron sentir tanto funcionario, ministro de Hacienda, empresario y en fin, tanto hechizado con el modelo económico chileno cuando el terremoto dejaba a la vista sus pies de barro: saqueos por doquier, violencia desatada y sujetos ayer considerados respetables consumidores en cuotas, que se convertían en cuestión de horas en bárbaros que no respetaban nada.

Qué habrán dicho de nosotros hasta el viernes en la madrugada el país ejemplar del capitalismo latinoamericano tanto hechizado con nuestra propaganda y la de los organismos internacionales FMI, OCDE, etc. cuando constaban la cruel realidad: chilenos que parecían sacados más bien de un país africano que de un país que se suponía estaba en el umbral del desarrollo.
El discurso ramplón se encenderá en el lugar común: se trata de delincuentes y pillines que se aprovecharon de la ocasión.

Pero ya no estamos para tamaña simplicidad.

Qué duda cabe, se trata de delitos. Pero eso es tan obvio. No explica por qué nuestros pobres se transformaron tan rápido en nuestros bárbaros.
La pregunta que deberíamos hacernos no es la evidente, de si son legalmente reprobables estos actos que lo son sino una mucho más difícil: ¿por qué en Chile apenas el orden se retira cuando el brazo armado de la ley deja de atemorizar los sectores más pobres se sienten con el legitimo derecho de saquear y tomar aquello que de otro modo los legales no alcanzan?

¿Por qué tan poca lealtad con la sociedad?
¿Alguien se imagina pillaje y caos social en países como Suecia o Alemania después de un terremoto como el que vivimos? ¿Ciudadanos convertidos en saqueadores llenos de rencor, rabia y violencia?

Es difícil imaginarlo, para ser honestos. En sociedades tan integradas como esas, que han hecho su mejor esfuerzo por incluir y distribuir hacia todos, existen altos grados de lealtad hacia el resto. En sociedades altamente desiguales, en cambio, la cohesión y la lealtad social escasean y son sustituidas por la fuerza y el miedo la mano dura como gusta decir a tanto chileno.

La sensación de injusticia y de exclusión altamente extendida entre los pobres que tantas veces se ha diagnosticado como “escandalosa desigualdad” hace que nuestra sociedad esté pegada con el mismo pegamento que esos edificios nuevos que hoy se derrumban.

Es que pedir a tanto chileno que recibe el sueldo mínimo, que no tiene mayores derechos laborales ni quienes lo representen en Chile los sindicatos no existen; que no tienen ni salud ni educación pública de calidad, que de súbito muestre lealtad y compromiso y no sólo miedo a la cárcel con un modelo que los excluye respetando el sagrado derecho de propiedad es simplemente una ingenuidad que el terremoto ha hecho caer como la cúpula de la Divina Providencia.

En ese sentido, no es difícil entender por qué los ganadores en nuestro modelo unos pocos exhiben y exigen alta lealtad a las reglas -incluidas las que protegen de mejor manera sus triunfos, como es la propiedad. Lo difícil es pretender que los perdedores de siempre nuestros eternos pobres tengan lealtad hacia reglas que no sólo no han diseñado sino que mirada nuestra historia, han estado marcadas desde siempre a favor de los mismos.

El terremoto quién lo iba a decir ha desnudado al capitalismo chileno mostrando vergonzosamente sus pies de barro. Ni nuestra mejor propaganda ni la de los organismos financieros puede esconder que a la hora de repartir entre todos nuestros beneficios, nos parecemos más a los países africanos que a los del primer mundo con los que nos gustaría compararnos.

Podemos como lo hemos hecho por 200 años cerrar los ojos y rasgar vestiduras diciendo que lo que falta es virtud y que la solución es la clásica mano dura.
Pero nadie podrá esconder la nueva víctima desnuda: el modelo chileno ese que hace inflar el pecho de orgullo a nuestra pequeña elite empresarial y política está pegado con barro. Sólo el garrote lo mantiene en buena parte de nuestra sociedad.

Y nuestros bárbaros seguirán ahí esperando otra ocasión para que la ley se retire y ellos vuelvan a hacer justicia por propia mano – con rabia y rencor- para con un sistema al que poco le han importado durante mucho tiempo.

Demasiado quizás.

*Profesor de Derecho Laboral Universidad Diego Portales

En la conmemoración del Día Internacional y Nacional de las Mujeres

Este día recordamos el trágico 8 de marzo de 1857, en el que las obreras textiles de Nueva York salieron a las calles para protestar contra las pésimas condiciones de trabajo y los salarios miserables. Al volver, reunidas en el interior de la fábrica, fueron sorprendidas por un acto criminal de los patrones, que dieron la orden de incendiar el local. El resultado fue la muerte de 129 trabajadoras, cuyos cuerpos quedaron carbonizados. Han pasado más de 150 años desde ese terrible crimen, y hoy en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras es necesario preguntarnos ¿cuánto han cambiado las condiciones para nosotras?

Hoy, seguimos siendo miles las mujeres que en nuestro país somos víctimas de la violencia, no solo en nuestros hogares sino también en nuestros trabajos, que somos perseguidas por nuestra participación política, que sufrimos de discriminación salarial o de acoso sexual. Junto a esto, son más de 80.000 mujeres las que no logran acceder al mercado laboral debido a responsabilidades con el cuido de sus hijos, hijas, personas con discapacidad y adultas mayores.

Ante esta situación, el nuevo gobierno nos promete el incremento de un 25% en la cobertura de los CEN-CINAI, sin embargo es este el mismo partido que según el Estado de la Nación, en la actual administración Arias incrementó el servicio para apenas 80 niños y niñas más, a pesar de haber prometido una ampliación para 5.000 niños (citado en La Nación, 2010 ). Es este el partido que ha defendido un modelo de sociedad que atenta contra los sectores más empobrecidos y contra la clase trabajadora en concreto, y que durante varios años su principal proyecto fue la aprobación del Tratado de Libre Comercio que tanta pobreza genera a nuestro país y que nos afecta especialmente a las mujeres.

Sin embargo, ante los ataques y la ofensiva de un sistema cada vez más injusto, las mujeres seguimos resistiendo. Hemos sido miles en la defensa de las convenciones colectivas, en la defensa de nuestros empleos y nuestros salarios que se han visto tan vilmente amenazados bajo el pretexto de la crisis.

Por eso, este 8 de marzo, nuestra lucha continúa. Es el momento para seguir luchando, para organizarnos desde nuestros sindicatos y nuestras seccionales, para que desde estos espacios se asuma de lleno la defensa de los derechos de nosotras, las mujeres de la clase trabajadora, en contra de la violencia y el acoso sexual hacia nosotras, por la exigencia de centros de cuido en los sitios de trabajo y por la igualdad salarial, porque la defensa de nuestros derechos como mujeres trabajadoras es la lucha de la clase trabajadora en su conjunto.

1- Mata, A. (2010). Un tercio de los niños del país viven en condición de pobreza. La Nación 24 de enero de 2010, p. 6A.

En defensa de la libertad sindical

-La Confederación Centroamericana de Trabajadores (CCT) dijo en un comunicado que “rechaza la política de intromisión y violación a la autonomía y libertad sindical” del Gobierno costarricense en el caso de SINTRAJAP. El Gobierno ha decidido privatizar los puertos de Limón, y para hacer valer tal política, no le ha importando violar los derechos humanos, laborales y sindicales del SINTRAJAP, y con ello, los convenios 98 y 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acusó la organización.

-El Centro de Solidaridad Internacional de la central sindical estadounidense AFL-CIO, en una carta al presidente de la República y al ministro de Trabajo pidió “suspender todas las actividades y los intentos de reemplazar la junta directiva de SINTRAJAP que es democráticamente elegida.”

-La Confederación Sindical Internacional, con 168 millones de afiliados, dijo que se suma a su Organización Regional para las Américas (CSA) en su apoyo a sus afiliadas costarricenses y demás sindicatos que se han unido a la lucha de SINTRAJAP. En una carta remitida al Presidente Óscar Arias “le ruega que haga lo necesario a los efectos de terminar con esta situación de flagrante violación de los Convenios fundamentales de la OIT ratificados por Costa Rica…”

UNI Global Union, central que aglutina a 1.000 organizaciones sindicales en 150 países, expresó que “nos sumamos a las voces para condenar la acciones injerencistas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en un asunto sindical.”

-En Costa Rica, la CGT dijo que “avergüenza” la actitud del Ministerio de Trabajo y sus cómplices en este caso. “La intervención descarada de una organización sindical para destruir a una junta directiva que se oponía a los planes del Gobierno, fue el costoso precio que decidió pagar el Ministro de Trabajo para congraciarse con sus jefes. Por eso exigimos su renuncia”, manifestó la central.

-El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) señaló que los muelles son estratégicos y vitales para salvaguardar la soberanía nacional y no deben ser un botín para el saqueo de las transnacionales

Es muy grave el uso de un descarado soborno del Gobierno mediante una oferta millonaria e ilegal de una supuesta indemnización a quienes actualmente trabajan en JAPDEVA, como pago por aceptar que se realice la concesión a la empresa privada, de parte de aquellos que son simplemente guardianes de un bien que es de todos los y las costarricenses, apuntó la organización.

-El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) le pidió al Gobierno que respete el principio constitucional de la autonomía sindical y cese las acciones hostiles e ilegales contra el SINTRAJAP. En un pronunciamiento señaló como contradictorio que el Gobierno esté dispuesto a pagar a los trabajadores de JAPDEVA ¢80.000 millones, mientras que la inversión para la modernización portuaria de Limón tiene un costo de aproximadamente ¢45.000 millones.

Temen que indemnización sea inconstitucional

En esa ocasión el tribunal constitucional avaló una modificación de la convención colectiva de trabajo para pagar una indemnización de más de $50 millones a los trabajadores del INCOP, a cambio de aceptar la privatización, apartándose del criterio que la Sala había mantenido hasta entonces contrario a los beneficios considerados abusivos en las convenciones colectivas.

Otro estudio titulado “Entorno (sic) al tema de la denuncia por prácticas laborales desleales (persecución sindical), describe en qué consiste el procedimiento que puede realizar la Inspección de Trabajo del MTSS ante una denuncia de este tipo, su duración, las posibilidades de resolución por parte de la Inspección, así como la legislación internacional ratificada por Costa Rica, que podría dar lugar a una eventual demanda internacional por injerencia del Gobierno o alguna de sus dependencias en las organizaciones de trabajadores y de empleadores.

Sobre el procedimiento administrativo laboral que corresponde realizar a la Inspección de Trabajo advierte, que aunque en teoría” éste dura unos dos meses, “en la práctica podría conllevar un año o más dependiendo del comportamiento de las partes.”

Luego de enumerar las posibles variables que podría tomar el curso de la investigación, indica que en caso de que se considere que probablemente hay prácticas laborales desleales, se procede a presentar acusación judicial, y generalmente se dura más de un año para que se dicte sentencia.

Destaca: “Es necesario tomar en cuenta que la inspección podría declarar sin lugar una eventual denuncia, cuando más bien sea el sindicato el que demuestre que la patronal está incurriendo en los siguientes actos, lo cual se encuentra regulado por el Convenio Internacional N.87 de la OIT y el Manual de Procedimientos citado (se refiere al Manual de Procedimientos de la Inspección de Trabajo).

Entre los mencionados actos cita:

-Intervenir en la vida de los sindicatos o promocionarlos directa o indirectamente por medio de coacción, dádivas o promesas a los trabajadores, para que asuman una conducta determinada respecto de su organización gremial. Igualmente en lo que se refiere a representantes de los trabajadores.

-Adoptar represalias contra los trabajadores, en razón de sus actividades sindicales o de haber acusado, testimoniado o intervenido en los procedimientos vinculados al juzgamiento de las prácticas laborales desleales.

-Subvencionar en forma directa o indirecta a una asociación gremial, con el propósito de influir en la toma de decisiones.

Concluye advirtiendo que “en Costa Rica solo los tribunales son los competentes para interferir en la constitución y extinción de un sindicato.”
Otro es un informe del jefe del Departamento Legal de JAPDEVA, Allan Hidalgo, dirigido al ministro, el cual transcribe pronunciamientos de la Procuraduría General de la República
“acerca de la cesación de los efectos de la convención colectiva cuando hay denuncia de plazo.”
Entre los documentos hay un recuadro con citas de artículos de leyes y reglamentos con un encabezado que dice: “Esta es la situación de derecho que tenemos en JAPDEVA. El asunto es buscar una solución legal que permita a la inspección de trabajo obligar a la junta directiva del sindicato a convocar una asamblea extraordinaria ante solicitud del 25% de los afiliados.”

Uno de los informes dice que de no darse la aprobación de la oferta del Gobierno “por los medios tradicionales (mediante consenso de la asamblea general de trabajadores), se deben buscar nuevas alternativas, más engorrosas y menos célebres”.

Entre las posibles alternativas sugiere la denuncia de la convención colectiva, la reestructuración de la institución con el objeto de reducir gastos de planilla, el análisis del costo-beneficio que significa mantener una institución ineficiente (se refiere a JAPDEVA), en lo cual “no es inoportuno mencionar la posibilidad de alegar responsabilidad de los trabajadores en los daños y perjuicios ocasionados a la institución y que impiden la consecución de sus objetivos esenciales.”

Reconoce que “es evidente que en la actual coyuntura que atraviesa el puerto del Atlántico ofrecer una posibilidad a la concesión del puerto solo si se obtiene un apoyo masivo de los sindicalistas de SINTRAJAP mediante asamblea general, pues el artículo 129 de la convención colectiva de esa organización impide la concesión de los puertos sin la aprobación del sindicato.”

“Ya el MTSS ha reaccionado de la única forma permitida legalmente en este caso, cual es la de la prevención al cumplimiento de las demandas del 25% de los trabajadores para conocer las propuestas del Gobierno en Asamblea General, conforme a los estatutos del sindicato”, señala más adelante.

Concluye que “la concesión de los puertos parece ser la mejor opción, aunque en este punto, si bien la indemnización a los trabajadores surge como un gancho atractivo para los trabajadores, es también una medida que puede ser atacada de inconstitucionalidad, debido a los fallos de la Sala Constitucional respecto de los privilegios de las convenciones colectivas del país y que señalan los beneficios de esos instrumentos como abusivos y desproporcionados.”

(…) _ “Así las cosas, una indemnización debería darse de manera rápida antes que la Sala Constitucional revierta el fallo, dados los alcances de las acciones de constitucionalidad citadas”._

“Todo lo anterior nos lleva siempre a futuras consideraciones y deliberaciones para optar por la concesión (aún sin indemnizaciones de por medio), pues si no hay acuerdo con el sindicato, la indemnización perdería su objetivo conforme a los números de la institución, que nos hacen concluir siempre en la inviabilidad de su sostenimiento a corto y mediano plazo”, considera entre otros puntos el informe.

Fuente: Semanario Universidad
Jorge Luis Araya
jorge.araya@semanario.ucr.ac.cr

Revelan papeles del ministro: Trabajo urdió intervención en sindicato de JAPDEVA

Lea también:Temen que indemnización sea inconstitucionalEn defensa de la libertad sindical
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Hacia la Gran Asamblea de SINTRAJAP. 1ra Convocatoria 26-02-10


Video de ANEPtv

Documentos del ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Álvaro González, enviados en un anónimo a UNIVERSIDAD evidencian que el despacho analizó paso a paso las distintas posibilidades de intervención del MTSS en SINTRAJAP, el sindicato de JAPDEVA, que se ha atravesado en los planes del Gobierno de dar en concesión los muelles de la entidad estatal a una empresa privada (ver recuadro “Temen que indemnización sea inconstitucional”).

Sindicatos nacionales e internacionales y otras organizaciones condenaron lo que catalogan como una grosera injerencia del Gobierno en el sindicato de trabajadores de los muelles de Limón. Algunos exigieron incluso la renuncia del ministro y la de Francisco Jiménez, presidente ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), a los que acusan de prestarse a maniobras para destruir el sindicato (ver recuadro_ “En defensa de la libertad sindical”_).

Virgilio Levaggi, director regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana, se comprometió a enviar a la sede central en Ginebra una denuncia que el pasado lunes le presentó el movimiento sindical contra el Estado de Costa Rica por violación de la libertad sindical y convenios internacionales en el caso de SINTRAJAP.

La queja fue presentada por la Confederación Costarricense de Trabajadores Democrática, Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, Central Social Juanito Mora Porras y Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses contra CMTC, dirigida contra el presidente Óscar Arias, los ministros de Trabajo, la Presidencia (Rodrigo Arias), y del presidente Ejecutivo de JAPDEVA.

“Vamos a actuar con transparencia, sin favoritismos y la queja será enviada mañana de forma expedita a Cleopatra Doumbia-Henry, Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, en Ginebra”, dijo Levaggi al tiempo que manifestó confianza en que prime el derecho.
El Gobierno, a través de la administración de JAPDEVA facilitó un polémico nombramiento de una nueva directiva sindical afín a los planes oficiales de privatizar los dos puertos de Limón en el Caribe.

Tras una resolución del MTSS que avaló hace dos semanas el nombramiento de una nueva directiva sindical, se desarrolla una guerra de recursos legales y administrativos con los antiguos directivos en la disputa por la representación del sindicato.

Los mencionados documentos del ministro de Trabajo incluyen informes, recomendaciones y copias de reglamentos, con subrayados y anotaciones escritas a mano, incluso del propio ministro, sobre las medidas y procedimientos que el MTSS podría o no emprender en el caso de JAPDEVA.

Al mostrárselos el pasado martes 23, el ministro González reconoció los documentos como suyos, y preguntó cómo habían aparecido en manos del periodista.

Negó, sin embargo, que su despacho esté involucrado en una estrategia del Gobierno para descabezar el sindicato y allanar así el camino a la concesión de los muelles, pues lo que hace es aplicar lo establecido por la ley y los reglamentos.

El Gobierno ofrece a los trabajadores JAPDEVA una indemnización de $137 millones (¢80 mil millones), jubilación anticipada y planes de reinserción laboral y desarrollo de pequeña empresa, a cambio de que aprueben una modificación a la convención colectiva, que prohíbe la concesión de los muelles.

El pasado 19 de febrero, el Departamento de Organizaciones Sociales del MTSS inscribió una nueva junta nombrada el 15 de enero último en una asamblea de trabajadores que aceptaron la oferta oficial. La entidad consideró que la asamblea contó que la asistencia mínima requerida, el 25% de los afiliados de SINTRAJAP, por lo que la declaró válida.
Por el contrario, los antiguos directivos, que ya tenían convocada una asamblea para el pasado 26 de febrero, calificaron de espuria la otra convocatoria del llamado “grupo mediador”, a los que califican de “testaferros” al servicio de la administración, y afirman que solo asistieron poco más de 300 de los 1.500 afiliados, por lo que no podía haber quórum.

Por otro lado, en un proceso paralelo, la Inspección General de Trabajo del MTSS investigó en tiempo récord de un mes y acusó judicialmente a los antiguos directivos de SINTRAJAP (ver la edición de UNIVERSIDAD de la semana pasada). Sin embargo, el proceso terminó con una conciliación entre las partes en el juzgado de menor cuantía de Limón el pasado 19 de febrero, el mismo día en que el MTSS legalizó el nombramiento de la nueva directiva.

El pasado viernes, la antigua directiva realizó la asamblea general de medio período que tenía convocada y, según José Luis Castillo, secretario de Finanzas, la asistencia fue “doblemente exitosa”, si se toma en cuenta que era la primera convocatoria, usualmente una formalidad para fijar segunda convocatoria, y que los trabajadores no obtuvieron permiso y recibieron amenazas directas e indirectas de parte de la administración. Para asistir lo que hicieron fue utilizar su hora de almuerzo. Llegaron 382, aunque solo pudieron firmar 300 debido a que la lista se cerró a la 1 p.m por formalidades legales.

La administración de JAPDEVA trató de impedir el uso del Gimnasio Eddy Bermúdez de Limón, el cual, sin embargo, se mantuvo abierto para la reunión, luego de que cuatro sindicalistas se encadenaran la tarde anterior a los portones para evitar que JAPDEVA cerrara las instalaciones.
La segunda convocatoria se fijó para el jueves 4 de marzo en salón Black Star Line, ante la imposibilidad de utilizar las instituciones del Estado, dijo Liroy Pérez, secretario de prensa de SINTRAJAP.

“La reunión se convocó para las cuatro de la tarde, cuando sale la gente del trabajo administrativo y parte del trabajo operativo, aunque siempre habrá un grupo trabajando y tenemos que ver cómo hacemos para que puedan participar”, dijo Pérez.

El vocero contrastó la actitud del Gobierno que el 15 de enero facilitó una bodega a los 300 trabajadores que acordaron destituir a la directiva sindical, y aprobaron la oferta de indemnización para privatizar los puertos.
“Sabemos que es difícil reunir a los 1.100 trabajadores que se requieren para hacer quórum (las dos terceras partes de los 1.519 afiliados de SINTRAJAP), debido a las amenazas y represalias de parte de la administración de JAPDEVA. Sin embargo, esta primera convocatoria era importante en razón de ir sentando lo que siempre hemos dicho, que los trabajadores nos están apoyando, que no están de acuerdo con lo que pasó en esa bodega el 15 de enero”, dijo Pérez, según el cual, Francisco Jiménez, presidente ejecutivo de JAPDEVA, “tiene que irse”.

Mientras tanto, el sindicato presentó el pasado fin de semana ante el MTSS un recurso de revocatoria y apelación de la decisión de inscribir la nueva directiva. También presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, un contencioso administrativo contra la Procuraduría General de la República, como representante del Estado, el cual fue aceptado, y se presentaría igualmente un proceso ordinario con demandas civiles y penales, explicó Pérez.

SITUACION DIFÍCIL

Según el ministro de Trabajo, lo de JAPDEVA es una de las situaciones “más difíciles” que le ha tocado enfrentar en su cargo. “Nosotros siempre hemos estado a la par de los sindicatos, dispuestos a ayudarles en todos los temas, y ahora, este tema me enganchó a mí; así que yo que era amigo, voy a terminar siendo enemigo” (de los sindicalitas), comentó.
González sugirió que los directivos de SINTRAJAP hubieran evitado el conflicto si hubieran puesto a votación de los trabajadores la propuesta del Gobierno.

¿Y el Gobierno no está metido en un plan como dicen los sindicalistas ofreciéndoles ventajas al llamado grupo mediador de trabajadores para que descabecen el sindicato y allanen el camino a la concesión?
“No, no. Yo estuve en una reunión en Casa Presidencial, donde estaba Eugenio Solano (Viceministro de Trabajo), Marco Vargas (Ministro de Coordinación Institucional), estaba el sindicato y muchos otros, y don Rodrigo Arias (Ministro de la Presidencia) les dijo: convoquen a una asamblea, dennos la oportunidad de ir a explicar el proyecto y ustedes deciden, si les conviene bien, y si deciden que no, archivamos el asunto”, explicó González.

Justificó la actuación de las autoridades diciendo que se trata de “instalaciones del Estado que nos han puesto a administrar, y si no podemos administrar, entonces mejor nos vamos para la casa.”
Por su parte, preguntado Francisco Jiménez, presidente ejecutivo de JAPDEVA, si con el nombramiento de la nueva directiva en el sindicato se quitan la piedra del zapato para aprobar la concesión, respondió: Yo diría que más que quitarnos la piedra del zapato, lo que ha sucedido es que las cosas se están poniendo en la verdadera dimensión en que corresponde. La democracia y el respeto a la legalidad se han venido imponiendo. La verdad es que hay criterios encontrados pero se ha venido siguiendo un proceso.”

¿Qué sigue de ahora en adelante? “Yo esperaría que el grupo que en este momento ostenta la representación sindical y el grupo que ya no está puedan llegar a establecer un acuerdo.” Hay un asunto que más que ideológico tiene que ver con la decisión país, y aquí hay que entender claramente que si se ha recurrido a pedirles a los trabajadores su criterio y someter a votación si hay cambio de modelo de gestión de los puertos, obedece a una particular decisión del Poder Ejecutivo de consultar a los trabajadores” (las declaraciones completas se publicarán en la edición de la próxima semana).

Fuente: Semanario Universidad
Escrito por Jorge Luis Araya (jorge.araya@semanario.ucr.ac.cr)

Ingredientes de una política de empleo

En lo conceptual, un plan nacional de empleo debe reafirmar al menos tres criterios: primero, que el trabajo, en todas sus expresiones, no es solo un factor de producción sino el medio que permite sustentar una vida digna; segundo, que el mercado laboral es el ámbito en el que se realiza la distribución primaria del ingreso y donde se integra lo económico y lo social; y tercero, que el empleo no puede ser un subproducto derivado de otras políticas públicas, sino parte esencial de una visión integral de desarrollo.

En lo institucional, cualquier iniciativa que pretenda crear nuevos
puestos de trabajo justamente remunerados y que se ejerzan en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana, como señala la OIT, debe ser el resultado de un proceso de concertación tripartita, en el cual las organizaciones laborales y
empresariales, junto con el gobierno, negocien acuerdos generales y sectoriales que tomen en cuenta tanto los intereses particulares como los nacionales.

Estos acuerdos deben lograrse dentro de un marco normativo que garantice su cumplimiento y que permita no solo el monitoreo y evaluación de los resultados, sino también la revisión y ajuste de lo convenido conforme se modifica el contexto macroeconómico.

El Consejo Superior de Trabajo, que existe como órgano consultivo del Ministerio de Trabajo, podría ser el mecanismo institucional en el cual se dialogue y se concreten acuerdos de carácter vinculante. Se requeriría, sin embargo, que el Consejo evolucionara de órgano
deliberativo a decisorio, y que se incorporaran otros actores de la esfera oficial y del sector productivo.

En lo sustantivo, una política de empleo debe tomar en cuenta tanto la demanda como la oferta de trabajo, así como las condiciones en que el trabajo se realiza.

Desde la perspectiva de la demanda, hay una diversidad de temas a considerar, incluyendo los más globales que tienen que ver con los cambios en la estructura productiva, donde la innovación tecnológica impone nuevas modalidades de empleo y la inserción internacional exige respuestas diferenciadas del capital y de la mano de obra, realidades a tomar en cuenta sin vulnerar garantías y derechos esenciales.

Otros aspectos tales como estímulos a la inversión, incentivos para zonas marginales, desarrollo de micro y pequeñas empresas, apoyo al sector de economía social y fomento productivo en general, deben ser incluidos también en el análisis de la demanda de trabajo y en los compromisos tripartitos.

Por el lvado de la oferta de mano de obra, un objetivo básico refiere a mejorar las capacidades de las personas para su inserción en el mercadode trabajo, por lo que la formación ocupacional debe ser prioritaria. De igual manera se requiere crear condiciones adecuadas para que las personas puedan superar barreras de entrada. La conformación de una “red de cuido” sería un paso importante en esa dirección.

Finalmente, en lo que corresponde a la calidad del empleo y el entorno en que este se materializa, debe asegurarse el respeto a las normas laborales, ambientales y sociales; aplicarse una política salarial que tome en cuenta las variaciones en la productividad; y las garantías laborales reconocerse como inversión social y no como gasto que amenaza la competitividad.

La señora Presidenta Electa y su propuesta de diálogo

En función de ello, dos de las primeras medidas más necesarias que debería tomar el nuevo Gobierno para atacar, de raíz, semejante flagelo en contra de la integración social y, por ende, en contra de la democracia misma; tienen que ver, por un lado, con el diseño y la implementación de una Política Nacional de Empleo. Por otro, una Política Salarial Digna basada en los conceptos de Trabajo Decente que pregona la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el primer caso, el diseño e implementación de una Política Nacional de Empleo, pasa por la generación de condiciones para el relanzamiento de la política pública dirigida con vigor hacia el estímulo de las micro, de las pequeñas y de las medianas empresas.

Se buscaría así que los emprendimientos productivos de tales dimensiones que hoy existen y los que lleguen a crearse, tengan un ambiente de alta confianza y de certeza de soporte estatal, aprovechando infraestructuras financieras de gran calibre, como el Banco Popular, al que sería necesario aplicarle una regulación financiera diferenciada.

Esto podría llevarnos hacia el fomento a gran escala de la Economía Social para que, por ejemplo, los movimientos cooperativo, solidarista y sindicalista (los grandes aglutinadores organizativos de la clase trabajadora), jueguen roles determinantes en esa estrategia de integración; misma que, a no dudarlo, tendría en las potencialidades del mercado interno un motor productivo todavía insuficientemente explotado.

En el plano del diseño de una Política Salarial Digna, aparte de emigrar de su sesgo restrictivo en vigencia, hacia uno de carácter expansivo para servir de sostén al renacimiento productivo del mercado interno; debería comprender la concepción de que los salarios son un mecanismo de redistribución de riqueza y de paz social de altísimo valor político.

Habría que atacar, para empezar, la grave circunstancia que presenta la realidad actual de los Salarios Mínimos, no solamente para revisar su fórmula de cálculo en función de un concepto redistribuidor de riqueza; sino que sería imprescindible hacer una relanzamiento estratégico de la inspectoría de Trabajo para combatir la pésima actitud de no pocos patronos de violentar tal derecho constitucional al salario mínimo, lo cual hoy está golpeando la estabilidad económica familiar de una de cada tres personas asalariadas con empleo formal y, en esencia, todas laborando para el sector Privado de la economía.

Por otro lado, las enormes desigualdades salariales en el propio sector Público obligan al desarrollo de una estrategia de negociación con los gremios laborales representativos para dar los primeros pasos sólidos a fin de corregir tan graves injusticias. El más reciente informe contralor al respecto es una riquísima base de partida. Se trata de una temática salarial que, necesariamente, habrá que vincularla con la iniciativa de Mideplan sobre un proyecto de “ley de empleo público”.

En todo caso, hay un planteamiento integral, de carácter multisectorial, que ya conoce la señora Presidenta Electa. Se trata del proceso social “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”. Para nosotros es un asunto completamente relevante y de alto contenido estratégico, si se ha de desarrollar un Diálogo Social de nuevo tipo.

Desde una perspectiva sindical, como firmes creyentes en el diálogo y con pruebas irrefutables de nuestra vocación para ello, estamos listos para entrar en un proceso así, algo sumamente necesario para los tiempos actuales.

Las dificultades que presenta la integración social y los diversos y calificados indicadores objetivos del crecimiento de la desigualdad, del crecimiento concentrado de la riqueza y del deterioro de la promoción del bien común como eje central de toda política pública; implican un abandono radical de las posiciones autoritarias, del personalismo verticalista subjetivo y de la instauración del tráfico de influencias para apuntalar negocios privados de dudosa reputación con la cosa pública. Así han sido los cuatro años de administración de los hermanos Arias Sánchez.

La señora Predidenta electa, doña Laura Chinchilla Miranda, ha estado enviando señales importantes de que la acción gubernativa podría ser distinta de todo ello a partir del próximo 8 de mayo.

Como firmes convencidos de que el diálogo social con negociación efectiva es el mejor instrumento para el desarrollo de la democracia, le hemos tomado la palabra y le presentaremos un planteamiento integral al respecto cuando ella nos haga el honor de hacerse presente en la sesión del Consejo Consultivo Nacional de la ANEP, prevista para este viernes 5 de marzo.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Presidente
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)


Fuente: “Página Abierta” de Diario Extra
Publicado este martes 2 de marzo de 2010

Mujica, ahora empieza el presente




Reporte de Juan Kirchner desde Uruguay 1 (Pulsar-Agencia Informativa)




Reporte de Juan Kirchner desde Uruguay 2 (Pulsar-Agencia Informativa)

Recibió seis balazos en enfrentamientos armados en los duros setenta. Pasó quince años en la cárcel. Protagonizó dos fugas antes de ser amnistiado con el retorno a la democracia. Fue rehén de la dictadura cuando los militares amenazaban con ejecutarlo si los Tupamaros retomaban las acciones violentas. Fue diputado, ministro y senador. Este lunes asume la presidencia del Uruguay.

Después de los barbudos cubanos, el médico chileno y los muchachos nicaragüenses, parecía que este continente había agotado su capacidad de sorprender.

En los noventa flotó a la deriva de los mitos neoliberales y con el nuevo milenio patea el tablero mundial. Después de un militar venezolano y un obrero brasileño, un indio boliviano, un economista ecuatoriano y un cura paraguayo, llega este campesino que fue guerrillero. Cuando en Chile asume el multimillonario de derecha, la izquierda se anota un porotazo al poner al Uruguay nuevamente en manos del Frente Amplio. Se anota, además, un tremendo triunfo al haber optado Tabaré Vázquez y Lula por la alternancia. (Deberíamos ir buscando una Dilma Rousseff o un Pepe Mujica en estas tierras, sería el mejor regalo que le podríamos hacer a la revolución ciudadana).

Mujica es un hombre rústico que ha sorprendido a más de uno a diestra y siniestra. Extraña que un tipo con ese currículum y ese perfil atípico seduzca a trabajadores y a inversionistas, a los postmodernos y los nostálgicos.

Miles de uruguayos le fueron a esperar en la cárcel, cuando salió: “Fue un abrazo fraternal interminable con todos. Aunque no puedo dejar de señalar que nunca dejé de ser libre. Puede sentirse como una monstruosidad, aparente, lo que voy a decir: le doy gracias a la vida por lo que he vivido. Si no hubiera pasado esos años de aprender el oficio de galopar para adentro, para no volverme loco de pensar, me hubiera perdido lo mejor de mí mismo. Me obligaron a remover mi suelo y por eso me hice mucho más socialista que antes”.

Impresiona su conciencia de necesidades esenciales como la crítica y el inconformismo para construir un cambio: “Queridos compañeros, critiquen, critiquen todo lo que quieran, pero no se sienten a criticar; vayan criticando en la medida que hacen, el que no hace no tiene derecho a criticar. Bienvenida la crítica de los que se comprometen, bienvenida la crítica de los que luchan. Malvenida la crítica de los cómodos, de los escépticos, de los que creen que no se puede cambiar nada. Estamos en una sociedad donde todos tendemos a ser un pequeño burgués, donde todos llevamos un consumista potencial adentro, no seamos tan jueces ni inflexibles con nuestros compatriotas y tengamos el coraje de ver nuestras propias debilidades. Si esta izquierda fracasa no viene una izquierda mejor, viene un derechazo que te hace retroceder décadas. Esta izquierda tiene sus defectos y sus carencias, pero esta izquierda es tu capital y es lo que pudimos conformar como sociedad y como pueblo a lo largo de muchas décadas”.

Lucidez. Audacia. Sencillez. Realismo. Tantas lecciones de ese Uruguay que produjo a Mujica. La izquierda no es ni la utopía por venir ni el pasado guerrillero: es el presente contradictorio y complejo, eso que empieza este lunes en el Uruguay.

* El Telégrafo (Ecuador)

Fuente: eltelegrafo.com

Altas multas de tránsito: ¿Cómo harán «los de abajo»?…

Por estacionarse en raya amarilla ¢180,OOO por amor a dios, sabe quien paga los impuestos para la reconstrucción de las carreteras y el mantenimiento de ellas nosotros el pueblo y hoy no tenemos derechos ni de circular ni de estacionar para hacer diligencias,aclaro la calle no es un parqueo,en eso estamos claro y entiendo que en el puro centro de la capital no se puede transitar,pero usted viene a guadalupe, santo domingo, sabana sur y norte, don bosco, y el resto del país que no son el centro de la capital,si no que siguen siendo zonas no tan transitables,pero el gobierno y las municipalidades se dieron cuenta que, con los partes es una estrategia supuestamente legal para robarle el dinero al pueblo,le explico como le roban el dinero al pueblo:

1) IMPUESTOS EN EL TRAMITE DE DOCUMENTOS PARA INSCRIBIR UN AUTO.
2) IMPUESTOS POR EL DESALMASENAJE DEL AUTO.
3) IMPUESTOS A RITEVE.
4) IMPUESTOS AL SEGURO.
5) IMPUESTOS POR LAS PLACAS.
6) IMPUESTOS POR EL MARCHAMO
7) IMPUESTOS POR LOS SERVICIOS DEL ABOGADO
8) RESTRICCIÓN VEHICULAR
9) IMPUESTOS A LA GASOLINA .

Estos nueve puntos son una parte de la cadena de lo que le cuesta a una persona en impuestos tener carro,mas el acoso de la dirección de transito en las carreteras a los conductores,a esto sumele los partes diarios que van con impuestos.

En una ocasión tube una discusión con un oficial de transito, sabe lo que me dijo,a nosotros nos reunen y nos dan tantos factureros y nos dicen eso tienen que quedar llenos hoy y me dijo yo solo cumplo ordenes.

Aquí los repuestos son bien caros,las llantas,el aceite,los frenos,porque el gobierno no quita los impuestos, a los repuestos de los vehículos para que la gente pueda tener la oportunidad de reparar su carro y tenerlos en buenas condiciones como lo pide el gobierno, díganme si tengo razón o no porque el INS se dio cuenta de lo caro de los repuestos y hoy le dan a los que tienen seguro dos opciones repuestos originales o genéricos, necesito explicarlo mejor o así esta bien explicado, porque si los del INS se dieron cuento, y que son de los mismos del gobierno que, aquí en costa rica los repuestos son muy caros, como pretenden exigir a los costarrisences que cumplan con la ley.

Pregunto porque al diputado que mato a un muchacho la vez pasado no lo condenaron a cárcel,pero a un pobre diablo,una persona sencilla si comete una infracción de transito, no solo le cuesta una gran multa, sino también le dan cárcel.Yo le digo al pueblo todo lo que el gobierno hace es solo para oprimir al pobre,para sacarle el dinero a como de lugar, saben ¿porque? porque aquí existen puestos políticos que hay que darles trabajo y la plata no alcanza,entonces hagamos multas mas caras.

Señores de costa rica las multas no están, alcanze del bolsillo de los pobres que se ganan el pan de cada día en carro,lo mas serio es que muchos van a perder sus carros y su motos, un solo parte solo por bajarse de su carro y dejar un sobre o dejar a su hijo en la escuela, le costara ¢ 180,000 y usted o su esposo tiene que pagar el salario del mes para el pago de ese parte,ustedes lo sabes muy bien el único servicio que realizan los tráficos es el de, hacer partes,si nos acosan y se esconden para hacer partes con las multas de hoy en dia,con estas nuevas multas estos señores hiran a muerte contra la ciudadania.muchos van a perder sus trabajos.”