Categoría: Incidencia

El Consejo Universitario,

CONSIDERANDO QUE:

1. En el artículo 3, del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, se establece que: La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo.

2. El futuro de los puertos de Limón, dada la importancia estratégica que tienen estas actividades para JAPDEVA, esta provincia y el país, debe tomar en cuenta no solo criterios de eficiencia y mercado, sino, principalmente, su impacto social, en términos de empleo, calidad de vida e inversión pública; por ello, las decisiones que se adopten deben ser producto de un amplio consenso nacional y no el resultado de la imposición de intereses corporativos.

3. La política de concesión de obra pública en Costa Rica se inició en 1994, mediante la creación de la Ley General de Concesión de Obra Pública, Ley N. ° 7404. En sus 16 años, el impulso de esta política en nuestro país no ha demostrado la eficiencia ni la atracción de inversión extranjera prometida y, en cambio, sí ha tenido efectos negativos en usuarios, trabajadores(as), las comunidades afectadas y el Estado, que terminan en muchos casos costeando la inversión y asumiendo las pérdidas. Algunos ejemplos fallidos son el caso de Marnhos y de Alterra.

4. La libertad sindical está expresamente regulada en el artículo 60 de la Constitución Política, como parte de las Garantías Sociales. La libertad y la autonomía del sector laboral de organizarse, sin intervención del Estado, está tutelada por diversos convenios internacionales
de derechos humanos ratificados por nuestro país, incluyendo los convenios 87 (Libertad sindical y protección del derecho de sindicalización) y 98 (Derecho de Sindicalización y Negociación Colectiva) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados mediante la Ley N.° 2561; el Convenio 11 de la OIT (Derecho de Asociación en la Agricultura), ratificado por Ley N.° 3172, y la Recomendación 143 y el Convenio 135 de la OIT, ratificados por medio de la Ley N.° 5968.

5. La libertad sindical está expresamente recogida en la Declaración Universal de Derechos Humanos; en el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Ley N.° 4229; en el artículo 8 del Protocolo a la Convención Derechos Económicos Sociales (Protocolo de San Salvador), ratificado por Ley N.° 7907, y en el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado por Ley N.° 4534. Asimismo, el Código de Trabajo tutela la libertad sindical en los artículos 332 y siguientes.

6. El Estado costarricense no ha ratificado los Convenios de la OIT números 151 y 154 para la negociación de convenciones colectivas en el sector público.

7. El rechazo del Sindicato de JAPDEVA a la propuesta del Gobierno de entregar en concesión al sector privado transnacional los puertos de Moín y Limón, se fundamenta en las consecuencias lesivas que esta tendría no solo para JAPDEVA, sino, también, para el desarrollo de la provincia de Limón y el desarrollo nacional, debido a que la principal fuente de financiamiento de esta entidad es producto de la administración de un 11% del total de los servicios portuarios.

8. Dentro de las acciones ilegítimas que ha realizado el Gobierno, está la oferta de otorgar una indemnización, adicional a las prestaciones legales, de aproximadamente 80.000 millones de colones (137 millones de dólares), a los trabajadores de JAPDEVA que se desafilien del Sindicato y acepten la concesión de los muelles al sector privado. Además, no hay claridad sobre la forma de financiación de los fondos para costear esta indemnización.

9. Otras acciones del Gobierno y la Presidencia Ejecutiva de JAPDEVA para doblegar la posición del Sindicato, incluyen impedimentos para que pudieran realizar su propia Asamblea y la convocatoria ilegal a un sector de los trabajadores de JAPDEVA, con el propósito de crear una organización sindical paralela que acepte la propuesta del Gobierno.

10. Promover y definir, por parte del Gobierno, agendas de las asambleas del Sindicato, tanto relacionadas con su plan de acción, como sería el rechazo o no de una propuesta gubernamental, como la sustitución a medio período de una junta directiva sindical, válidamente nombrada, constituyen graves violaciones a la libertad sindical, a la legislación nacional y a convenios internacionales que expone al país a una sanción internacional.

11. Es contradictorio que el Gobierno esté dispuesto a pagar a los trabajadores de JAPDEVA el monto antes señalado, mientras que la inversión para la modernización portuaria de Limón tiene un costo de aproximadamente 45.000 millones de colones (80 millones de dólares), un monto significativamente menor a lo ofrecido por parte del Gobierno a los trabajadores.

ACUERDA:

1. Instar al Gobierno a que implemente una política de desarrollo integral y de búsqueda del bien común en Limón y desestime la concesión de los puertos de Moín y Limón, por cuanto tendría un efecto social negativo para miles de trabajadores y trabajadoras limonenses y sus familias.

2. Demandar del Gobierno el respeto al principio constitucional de la autonomía sindical y el cese inmediato de las acciones hostiles e ilegales que ha desarrollado contra SINTRAJAP.

3. Censurar el ofrecimiento ilegítimo de pago adicional que ha hecho el Gobierno a los trabajadores de JAPDEVA, condicionado el pago a que se desafilien del Sindicato y acepten la propuesta de concesión de la administración de los puertos al sector privado transnacional.

4. Exhortar al Gobierno a que inicie de inmediato el fortalecimiento y la modernización de los
puertos de Moín y Limón, y no proceder a concesionarlos.

5. Instar a la Presidenta electa, señora Laura Chinchilla, a que no continúe con la política de imposición del actual Gobierno y retome la vía del diálogo para llegar a acuerdos sobre el futuro de los puertos de Limón y sobre la concesión de obra pública. En esa línea, también la instamos a revisar las concesiones que se han otorgado en los últimos años, que no han cumplido los compromisos formales adquiridos, ni han llenado las expectativas generadas.

6. Solicitar a la señora Presidenta electa que en su gobierno cesen los actos de violación a la autonomía sindical, las restricciones al derecho de negociación colectiva y se ratifiquen los Convenios números 151 y 154, para la negociación de convenciones colectivas en el sector
público.

7. Publicar en los diferentes medios de comunicación el presente acuerdo y darle la mayor difusión.

No obstante, hay una dimensión en este proceso de reactivación que preocupa y que es motivo de atención: no se están generando los puestos de trabajo necesarios para recobrar las plazas perdidas durante la crisis y para brindar empleo a los jóvenes que buscan insertarse por primera vez en el mercado laboral.

El presidente Obama en su primer informe del Estado de la Unión hace pocas semanas se refirió a la situación de los millones de desempleados y las dificultades que afrontan, señalando que la generación de empleo será la máxima prioridad de su gobierno. “El empleo debe ser nuestro objetivo número uno en 2010 y por eso pido este año un proyecto de ley para la creación de nuevos trabajos”, dijo Obama al Congreso.

Según el director del Fondo Monetario Internacional, Strauss-Kahn, “la mayor parte de las economías avanzadas y algunas emergentes tienen un alto desempleo, así que es difícil afirmar que la crisis ha terminado cuando el paro no se reduce”. En su criterio la crisis mundial no concluirá mientras el desempleo sea elevado y las políticas públicas deben dirigirse a la creación de trabajo.

En Costa Rica la desocupación de la mano de obra es también un problema que exige respuestas urgentes del gobierno. El aumento de la tasa de desempleo en el último año, al pasar del 4,9% en 2008 al 7,8% el año pasado, constituye una señal de alarma por las implicaciones humanas y sociales que significa y por el desperdicio económico que representa.

Resulta impostergable la formulación de una “política nacional de empleo”, de la que carecemos en el país desde hace muchos años. Así lo expresó la OIT en el estudio elaborado por Eduardo Alonso publicado en marzo de 2004; y lo reiteró recientemente la Contraloría General de la República en relación con el empleo público.

La generación de puestos de trabajo se ha visto en nuestro país como un subproducto del crecimiento de la producción y del aumento de las exportaciones, y no como un elemento esencial de la estrategia de desarrollo nacional. Esa visión la contradice la realidad actual. Las economías se recuperan de la recesión pero no están creando empleos.
Durante la campaña electoral, la candidata Laura Chinchilla, ahora presidenta electa, puso gran énfasis en el “trabajo decente para los adultos”. Creemos que esa debe ser, efectivamente, una prioridad en su administración. Y no debe subordinarla a los criterios extremistas de quienes reverencian la estabilidad macroeconómica como virtud suprema, algo que muchos males le ha ocasionado a Costa Rica al postergar obras esenciales en infraestructura en aras del equilibrio fiscal y al contener la inversión privada con altas tasas de interés.

La formulación de un plan nacional de empleo sustentado en los principios del trabajo decente, concebido como “ocupación productiva justamente remunerada que se ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana” debe ser un imperativo.

Un plan de esa naturaleza debe contemplar tanto el corto como el mediano plazo; elaborarse de manera tripartita entre el gobierno y los gremios laborales y empresariales; integrar políticas públicas y contar con una decidida voluntad política. Ojalá doña Laura ponga todo su empeño en lo prometido.

Carta entregada el 1 de febrero a la Defensora de los Habitantes

San José, 20 de enero, 2010

Señora Ofelia Taitelbaum Joselevich
Defensora de los Habitantes
Defensoría de los Habitantes
San José

Estimada Sra. Defensora:

Por medio de la presente, solicitamos a la Defensoría de los Habitantes realizar, con carácter de urgencia, una investigación en relación con la decisión tomada por las autoridades sanitarias de Costa Rica de efectuar una vacunación obligatoria masiva contra el virus de la Influenza AH1N12009, en nuestro país. La palabra masiva deriva de las dosis de vacuna que han sido solicitadas por nuestras autoridades (1.800.000 dosis), y de la afirmación de que se podría obligar por decreto, a las personas a vacunarse, particularmente a mujeres embarazadas, al personal de salud, de la Fuerza Pública, de los Bomberos, y a los pacientes con determinadas patologías (La Nación, 15 de enero 2010, página 8A, y La Extra, 15 de Enero de 2010, página 18), a diferencia de la escogencia voluntaria de vacunarse o no, ofrecida, a los ciudadanos, por los gobiernos de México, España, los Estados Unidos, Italia, Francia y otros países.

Algunos de los solicitantes de esta investigación habíamos dirigido, el 21 de octubre de 2009, una excitativa al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, con copia a esta Defensoría, para que se pronunciara sobre este asunto, e idealmente para que organizara un debate sobre el tema. Desafortunadamente, la Junta Directiva del Colegio de Médicos, puso oídos sordos a estas gestiones y no dio razón de su posición al respecto. La Defensoría tiene copia de la carta mencionada, pero la adjuntamos nuevamente.

La OMS eliminó de la definición tradicional de pandemia el criterio de severidad y de esa forma pudo declarar como “pandemia” a la gripe AH1N1 2009 (Doshi P. ‘ How should we plan for Pandemics, BMJ 2009, vol. 339:603-605). Algunas publicaciones internacionales, han sugerido que este cambio se hizo por presión de las compañías farmacéuticas. Estas sospechas, junto con el descubrimiento de profundos conflictos de interés entre las farmacéuticas y las autoridades mundiales de salud, llevaron al Comité de Salud del Consejo Europeo, presidido por el Dr. Wolfgang Wodard, a solicitar, en forma unánime, una investigación sobre el tema a su Asamblea Parlamentaria, iniciativa que será conocida entre el 25 y el 28 de enero en Estrasburgo. El Dr. Wodarg se refirió a esta pandemia como “…uno de los mayores escándalos médicos del siglo.” En su criterio, “…millones de personas saludables están siendo expuestas innecesariamente a los riesgos de una vacuna insuficientemente probada” ( L´ Humanité 7 de enero de 2010; Le Monde. FR. Avec AFP, 7 de enero 2010; L´ Humanité 19 de enero de 2010; Le Temps 19 de enero 2010).

Ha quedado demostrado que el virus de Influenza AH1N12009 es más benigno que el de la gripe estacional. Esto deja sin sustento el Decreto de Emergencia N° 35217-MP-S, del Ministerio de Salud costarricense, que se basó en premisas que pudieron haber sido ciertas, pero no lo fueron. El decreto cimentado en esas presunciones ha ocasionado gastos extraordinarios en la implementación de una campaña de vacunación masiva, que en este momento no se justifica. Más importante aún, las vacunas que se utilizarán se produjeron en muy corto tiempo, y carecen de estudios que demuestren la seguridad y eficacia de las mismas, como se exige a cualquier medicamento en condiciones normales (PANENZA, reporte de evaluación público FR/H/447/01-02/DC de la afssaps de Francia; Timerosal in vaccines http://www.fda.gov/BiologicBloodVaccines/Safety Availability /).

La vacuna PANENZA que se usará en Costa Rica, contiene Timerosal, en una dosis de 45 mcg/0.5cc, producto de muy dudosa seguridad, particularmente cuando se usa en niños menores de 6 años y en mujeres embarazadas. El Ministerio de Salud de Costa Rica informó que a los niños con edades entre 6 meses y 8 años se les vacunará con dos dosis de esta vacuna (La Nación, 20 de Enero 2010, página 15A). Dosis consideradas inaceptables por su alto contenido de mercurio. En los Estados Unidos no se recomiendan las vacunas que contienen Timerosal para niños ni mujeres embarazadas. En Estados Unidos, las vacunas con Timerosal no serán utilizadas en esas poblaciones. Ya hay acciones legales, incluyendo una sentencia, asociando el autismo con vacunas del Timerosal.

Se desconoce quién asumirá las responsabilidades, en Costa Rica, si se dan efectos secundarios, en los vacunados, con PANENZA. Según expresó la Sra. Ministra de Salud, hay un contrato entre la OMS-OPS y los productores de vacunas, cuyo texto se desconoce, donde constarían las responsabilidades de los firmantes. De modo que para la protección de los ciudadanos costarricenses, es obligatorio conocer cómo se gestionó, desde su raíz, esta compra de vacunas, y a qué se comprometió cada actor (OMS-OPS- Farmacéuticas y el Gobierno costarricense).

Existen normativas en los Estados Unidos, y en Europa, que eliminan las responsabilidades de las compañías farmacéuticas sobre los efectos secundarios producidos por las vacunas. Este requisito lo exigieron esas compañías a los gobiernos, para acelerar la producción. Debido al rechazo de la mayoría de la población a vacunarse, varios países, entre ellos Francia, Alemania, España, Reino Unido, Italia etc. están tratando de devolver millones de dosis de vacunas, por lo que hay ahora en el mercado una sobreoferta.

No ha existido, hasta el momento, una campaña de información integral y actualizada a los ciudadanos, de parte del Ministerio de Salud y de la CCSS, sobre esta “pandemia”, y el posible riesgo-beneficio de la vacuna. No sería aceptable que se le obligue a cada ciudadano a levantarse la manga y se le ponga la vacuna, sin que éste conozca suficientemente de qué se trata. Aunque la ley permite en determinadas circunstancias una vacunación obligatoria, ésta medida debe tener, si éste fuera el caso, un debido proceso, ineludible e inobjetable que incluye el criterio de proporcionalidad y una motivación incuestionable. Es importante recordar que no se han hecho estudios que demuestren la efectividad de esta vacuna para prevenir la gripe H1N1, o sea no sabemos si sirve.

El gobierno francés exige al comercializador de la vacuna un seguimiento de cada vacunado y cada lote de vacuna, e informes periódicos y estudios post-mercadeo para asegurarse particularmente de que no hay efectos secundarios. En Costa Rica se desconoce cómo va a ser el proceso, y pareciera que la responsabilidad queda toda restringida a las autoridades de salud. Dado que hasta el 16 de diciembre supo nuestro país, según la Sra. Ministra de Salud, cuál vacuna nos había asignado la OPS, es de esperar que se requiere tiempo y organización para que cada candidato a la vacuna, conozca las características específicas de la vacuna PANENZA. Es de elemental prudencia y derecho de los ciudadanos, antes de ser vacunados, que se les suministren los instructivos que la Sanofi-Pasteur elaboró, con la composición, características y riesgos del producto que se pretende utilizar en Costa Rica.

Solicitamos que la Defensoría actúe en defensa de la salud de la población especialmente de embarazadas y niños, teniendo en cuenta que estamos frente a una campaña de vacunación masiva obligatoria, desconociendo la eficacia y seguridad de la vacuna, de cara a una gripe mas benigna que la gripe de todos los años.

También solicitamos a la Defensoría nuestra participación en los procesos que se deriven de esta investigación, para tener oportunidad de ampliar la documentación sobre lo aquí señalado, y que por razones de espacio, debimos dejar en el tintero.

Atentamente,

Firmas de decenas de personas en el original

Notificaciones al FAX 22631025

CC.
Dra. María Luisa Ávila. Ministra de Salud
Ing. Eduardo Dorian Garrón. Presidente Ejecutivo CCSS.
Directiva CCSS
Contraloría General de la República
Colegio de Médicos y Cirujanos
Colegios Profesionales
Asamblea Legislativa
Defensoría del Niño
Instituto Nacional de la Mujer (INAMU)
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Universidades Públicas
Iglesias: Católica, Evangélica, Episcopal, Luterana etc.
Sindicatos
Medios de comunicación

Existe una clara política antisindical y de despido de los trabajadores o trabajadoras que tienen intensiones de unirse a un sindicato o de formar uno. Muchas personas consideran que las condiciones de trabajo en las zonas francas de exportación pueden asimilarse al trabajo forzoso.

El 15 de enero de 2010, Victoriano Abel Vega, Secretario General de SITRAMSA (Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales de la Alcaldía de Santa Ana), fue asesinado cuando se dirigía a San Salvador, donde debía asistir a una reunión con otros sindicalistas para preparar un procedimiento de queja en relación con el despido injustificado de varios empleados del municipio de Santa Ana, en violación de los Convenios 87 y 98 de la OIT. Había recibido amenazas de muerte en conexión con su papel como dirigente sindical y por haber manifestado su condena de los despidos. En una carta dirigida a las autoridades salvadoreñas, la CSI insta al Presidente Mauricio Funes a emprender inmediatamente una investigación para identificar y castigar con todo el rigor de la ley a todos los responsables de este brutal crimen.

El informe de la CSI, publicado para coincidir con la revisión de las políticas comerciales de El Salvador por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), concluye que numerosos empleados públicos tienen prohibido ejercer su derecho a organizarse y que el derecho de huelga es tan restringido, que resulta prácticamente imposible hacer huelga. Pese a que El Salvador ratificó recientemente los Convenios fundamentales de la OIT sobre los derechos sindicales a fin de poder beneficiarse del acceso al régimen de ventajas comerciales SGP de la Unión Europea, éstos aún no se aplican en la práctica. Los trabajadores y trabajadoras del sector privado se enfrentan a un gran número de restricciones, tales como el exceso de formalidades y requisitos antes de poder constituir o afiliarse a un sindicato. Las prácticas antisindicales están muy extendidas, y las autoridades públicas no intervienen para ponerles alto. Además, la ley no prevé la reincorporación de los trabajadores ilegalmente despedidos debido a su afiliación o sus actividades sindicales.

En El Salvador, las mujeres ganan el 88% del salario medio de los hombres y están insuficientemente representadas en los empleos altamente cualificados y con altos salarios. El informe revela que hasta la fecha, el gobierno no ha adoptado ninguna política en materia de igualdad de oportunidades y que su respuesta a la discriminación tanto en el empleo como en la remuneración ha sido sumamente insuficiente. La legislación nacional aún no menciona el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor, de conformidad con lo estipulado en los Convenios de la OIT.

El trabajo infantil sigue siendo un problema generalizado, que el gobierno no ha abordado adecuadamente. Es particularmente preocupante la persistencia de las peores formas de trabajo infantil, tales como la fabricación de fuegos artificiales, el trabajo en los vertederos de basura y la prostitución. Según los datos oficiales, más del 67% de los niños y niñas trabajan en alguna forma. En las zonas rurales, las niñas y niños trabajan en la agricultura y el comercio, mientras que en las zonas urbanas, se emplean más frecuentemente en la venta ambulante y la manufacturación.

Otra de las conclusiones del informe es que el trabajo forzoso, si bien está fuera de la ley, se produce a través de la trata de seres humanos, especialmente mujeres y niñas con fines de explotación sexual comercial. El trabajo forzoso también existe en las cárceles, donde los presos condenados están obligados a trabajar.

Fuente: rebanadasderealidad.com.ar
Bruselas, 10 de febrero de 2010

Hoy no es un día feliz para la Operación Milagro. Este 2 de febrero el Centro Oftalmológico Omar Torrijos Herrera, ubicado en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en la central provincia panameña de Veraguas, amaneció cerrado. La noticia ha generado gran repercusión mediática y angustia popular. No podía ser de otra manera, sobre todo porque les habían devuelto la visión ?que es la vida misma? a 49 715 seres humanos, la mayoría pacientes pobres, en especial campesinos e indígenas.

Tampoco es un día feliz para los médicos y personal de la salud cubanos que allí laboraban. Saben que les quedaba mucho por hacer en ese hermano país, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha contabilizado a “69 521 personas que sufren de ceguera, de las cuales 32 056 están relacionadas con los diferentes tipos de catarata, y de estas 15 351 han perdido completamente la visión de ambos ojos”… ¿Por qué poner fin entonces a la mundialmente reconocida Operación Milagro?

Decisión unilateral

En el día de ayer, 1ro. de febrero del 2010, la Embajada de la República de Cuba en Panamá emitió una nota de prensa que despeja todas las incógnitas tras esta noticia: la decisión de concluir la Operación Milagro ha sido tomada de forma estrictamente unilateral por el gobierno panameño.

La nota oficial de la Embajada de Cuba explica que “el pasado 5 de enero, el gobierno cubano conoció a través de la prensa panameña, una intervención pública del Ministro de Salud, en la presentación del llamado Programa ?Visión 20-20?, la decisión del gobierno de Panamá de dar por terminada la cooperación médica cubana en ese país.

“Durante los 26 días transcurridos, la Embajada de Cuba se ha cerciorado, en diversos encuentros con altas autoridades panameñas, que no existe confusión ni malentendido alguno y que es firme esta decisión unilateral (…) Por tanto, el gobierno de Cuba ha decidido proceder a la retirada inmediata de su personal y del equipamiento médico. Lo hace con la satisfacción de haber contribuido a la elevación de los niveles de salud y de la calidad de vida del noble y fraterno pueblo panameño, en especial de sus sectores más vulnerables y de menos ingresos.

“El pueblo cubano, el gobierno y especialmente los 50 médicos y paramédicos que han trabajado en este centro por tres años, con elevado humanismo y rigor científico, plena consagración a su labor, estricta y únicamente médica, y que permanecieron separados de sus familias por muchos meses; agradecen al pueblo panameño toda su confianza y las extraordinarias y permanentes muestras de gratitud y cariño expresadas a nuestro personal”.

Y concluye la nota con un párrafo que ha sido ampliamente reseñado en la prensa panameña: “El tiempo dirá si los interesados en la abrupta conclusión de la cooperación médica oftalmológica cubana en Panamá, con el argumento de que ha dejado de ser necesaria porque será garantizada por los sectores público y privado de la salud en ese país, están o no en lo cierto”.

¿Qué pierdePanamá?

Inicialmente, medios de prensa panameños titularon “Dan ultimátum de salida a la Misión Milagro”. Con respeto a sus decisiones editoriales, les propongo un título más sencillo: “¿Qué pierde Panamá?”. Sí, porque la Operación Milagro se desarrolla actualmente con éxito en 35 países y ha devuelto o mejorado la visión de 1,8 millones de personas. ¿Será de esa oportunidad que se priva a un pueblo? ¿Acaso la decisión de un gobierno afecta la imagen de un proyecto sin precedentes en la historia de la humanidad?

La respuesta también cabe en una frase sencilla, pero triste: Pierde el pueblo. Veamos por qué: desde marzo del 2007 hasta el 30 de diciembre del 2009, en el Centro Omar Torrijos Herrera se operaron 44 486 ciudadanos panameños de diversos tipos de padecimientos de la vista, que son: catarata, pterigium, retinopatía diabética, degeneraciones periféricas de la retina, glaucoma de ángulo estrecho y otras cirugías (quistes hialino, granulomas, chalazion y obstrucción de vías lagrimales).

Como recuerda la nota de prensa de la Embajada de Cuba en Panamá, “antes de la apertura del Centro en Veraguas, se operaron en Cuba otros 5 229 pacientes, lo que eleva la cantidad total de personas beneficiadas con la Operación Milagro en Panamá a 49 715. Fueron evaluados previamente en la pesquisa activa 92 631 pacientes y de ellos, 74 961 en consultas en el Centro Oftalmológico”.

Al conocer estas estadísticas salta una pregunta: ¿Acaso la Operación Milagro no es complementaria de cualquier otro proyecto que surja en esta dirección? La respuesta puede encontrarse en cualquiera de los beneficiados por este proyecto. Existe otro número, que parece simple, pero que habla de la alta preparación de los especialistas cubanos que laboraban en Veraguas: entre los pacientes panameños se presentaron apenas 0.82% de casos de complicaciones posoperatorias, ninguno de gravedad, y los resultados clínicos y quirúrgicos están muy por encima de los estándares internacionales para este tipo de cirugía.

Lo que no olvidará Veraguas

Ubicada al centro de Panamá, la única provincia con acceso al Caribe y al Pacífico, atractiva por sus paisajes, rica por sus plantaciones de cereales, café y caña de azúcar, histórica por haber sido la cuna de ese gran amigo de Cuba que fue el General Omar Torrijos, Veraguas vivía orgullosa de haberse convertido también en el centro de los Milagros. Hasta su ciudad llegaron muchos panameños ya ciegos, que al ser operados por los médicos cubanos, abrieron sus ojos a un paisaje inolvidable.

Hoy, mientras usted lee esta nota, el medio centenar de especialistas cubanos que laboraban en Veraguas están de regreso a la Patria. De vuelta a casa. Llenos de historias, porque tras cada uno de sus pacientes hay una vida que contar. Tal vez muy tristes por la obra inconclusa, pero de seguro felices de sus 49 715 milagros. Saben que ellos hicieron realidad lo que había soñado el Comandante en Jefe Fidel Castro en una conversación en La Habana, durante una visita del entonces presidente Martín Torrijos.

En Panamá se ha puesto fin, unilateralmente, a un Convenio de Cooperación para la ejecución de programas en materia de salud (18 de marzo del 2006) y a un Acuerdo de Cooperación para la creación del Centro Oftalmológico Omar Torrijos Herrera (2 de marzo del 2007). La historia ha de reconocer que Cuba honró su compromiso. En Veraguas, de seguro, se recordará con cariño a esos médicos y por años se hablará de sus “milagros”.

Este 2 de febrero, mientras los médicos cubanos en Panamá regresaban a la Isla, centenares de sus colegas amanecieron en los quirófanos de las clínicas de la Operación Milagro en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Argentina… Y gracias a su labor otros miles de hermanos de América Latina abrieron sus ojos.

Fuente: granma.cu

Martinelli sus relaciones con la Mossad y mercenarios israelíes

El anuncio de la contratación de una empresa israelí para conformar el anillo de seguridad del Presidente Ricardo Martinelli y darle entrenamiento a personal del Servicio de Protección Institucional (SPI), revela el nexo existente entre los personeros del Gobierno con grupos mercenarios asociados al sionismo, organismos tenebrosos como la Mossad y la CIA, y los círculos más recalcitrantes de la derecha norteamericana vinculados a la mafia de Miami y el Gobierno Narcoparamilitar de Alvaro Uribe.

El Sionismo en la región y en Panamá

El sionismo se hace presente en la región a través de empresas mercenarias que trasiegan armas a favor de los grupos paramilitares apoyados por Alvaro Uribe integrados en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). De la misma forma, se han insertado en Venezuela para preparar complots contra el Presidente de ese país, Hugo Chávez; así como también estuvieron detrás del golpe de Estado contra el Presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya.

Los mercenarios contratados por empresas de Israel dan protección también al Presidente espurio de Honduras, Porfirio Lobo, cuyo gobierno ha sido desconocido por la comunidad internacional, salvo en muy pocos casos como los Gobiernos de Martinelli y Uribe.

Ya estos grupos mercenarios fueron acusados en Panamá de estar implicados con empresarios locales y jefes de la Policía Nacional en el trasiego de armas hacia Colombia para apoyar a los paramilitares de aquel país. Por ejemplo, Marcos Shrem M., Marcos Shrem Gateno y Moris Shrem Gateno, del Grupo MSG que desarrolla proyectos de construcción en nuestro país, forman la Junta Directiva de MARKSMAN LATIN AMERICA S.A., empresa vinculada en el 2003 a la venta de armas nicaragüenses a los grupos paramilitares de Colombia. Marcos Shrem M. era socio del ciudadano israelí Shimon Yelinek residente en Panamá, quien compró las armas a través de la empresa Grupo Internacional de Representaciones S.A. (GIRSA). Shrem puso a Yelenek en contacto con Ori Zoller, otro israelí radicado en Guatemala, propietario de GIRSA, una empresa de ventas de armas establecida en Guatemala y representante de la industria militar Israelí. Shrem también colaboró con Yelinek en la compra de armas nicaragüenses a través de Zoller e intentó comprar armas adicionales. Yelinek y Shrem se presentaron como compradores de armas intermediarios de la Policía Nacional de Panamá, que dirigía en aquel entonces Carlos Barés, el mismo que estuvo envuelto en la liberación del terrorista Posada Carriles y sus cómplices. Barés maneja la seguridad del empresario mafioso Mario Guardia, propietario de la empresa Ganadera Bocas, S.A. que pretende desalojar al Pueblo Naso de sus tierras ancestrales.

También se revela el nexo de estos mercenarios con ex militares y ex oficiales del Mossad como el ex teniente coronel Yair Klein, el general B. Ziv, dueño de Global SC; Amar Salmar, el panameño-israelí Shimon Yelinek y el mismo Ori Zoller, quienes han visitado Panamá para preparar operaciones de contrabando de armas.

Amar Salmar, alto ejecutivo (Security Senior Expert) de la SIA, ha realizado reuniones en Miami, cuyo financiamiento ha estado a cargo de unas 300 empresas que hacen sus ganancias en el mercado de “seguridad e inteligencia” que florece bajo el sol de la “guerra internacional contra el terrorismo”, para la cual Washington ha autorizado unos treinta mil millones de dólares desde los sucesos del 11 de septiembre. En esas reuniones se ha promovido la seguridad privada israelí en Centroamérica.

“Cerca de 40 empresas israelíes vinculadas al Mossad operan actualmente en América Latina, principalmente ligadas a la comercialización de armamento sofisticado y a la prestación de servicios en la esfera de la inteligencia y la contrainteligencia, el apoyo a la subversión contra países y fuerzas progresistas, así como a la persecución de personalidades y movimientos solidarios con la causa de los pueblos árabes y palestino.”

_“Los escenarios de la actividad de las principales tapaderas del Mossad se localizan en las llamadas Zonas calientes: Colombia y sus países limítrofes, la llamada Triple frontera formada por Argentina, Brasil y Paraguay, los países centroamericanos, así como las selvas peruanas. Esto ha sido caracterizado por diversos expertos en inteligencia como Robert Munks, editor para las Américas de la revista británica especializada en temas de Defensa Jane’s Intelligence Weekly._”

Martinelli ofrece nuestro territorio como centro de conspiración y agresión

Martinelli está facilitando nuestro territorio como centro de operaciones del sionismo para desestabilizar gobiernos y enfrentar los movimientos sociales en la región a cambio del apoyo del influyente Lobby judío en Estados Unidos para la aprobación del Tratado de Libre Comercio.

En ese sentido, existe igualmente el compromiso de votar con el Gobierno de Israel en los foros internacionales, rompiendo así con la tradicional postura de abstención que mantenían los gobiernos panameños frente al conflicto árabe israelí. Así fue anunciado por Pablo Thalassinos, Embajador de Panamá en la ONU y se ha reflejado ya en tres ocasiones, entre ellas, cuando adversó el informe Goldstone, que acusa a Israel de cometer crímenes de guerra en los combates registrados en Gaza a fines de 2008 y principios de 2009.

La participación de Martinelli en esta conspiración internacional es el resultado de los compromisos con los grupos más agresivos del Partido Republicano, con los cuales trabajó nada menos que la “mano derecha” de Martinelli, Demetrio Papadimitriu, Ministro de la Presidencia y para muchos una especie de “Rasputín” o el poder real tras el trono.

En diciembre pasado una delegación de este sector del Partido Republicano estuvo en Panamá, encabezada por el líder republicano en la Cámara de Representantes, John A. Boehner, y por Ileana Ros-Lehtinen llamada la “Loba Feroz” por su rabiosa posición contra Cuba.

Ello explica la abrupta suspensión de la Operación Milagro y la salida de Panamá de los médicos cubanos que, cumpliendo una labor humanitaria y solidaria con Panamá, gratuitamente atendieron a casi 50 mil humildes panameños, devolviéndoles la vista.

Posterior a ello, se dieron los ataques en la OEA contra Venezuela por parte del Embajador permanente de Panamá ante ese organismo, Guillermo Willie Cochez, abogado del ex Presidente corrupto de Nicaragua, Arnoldo Alemán. Cochez ha sido acusado de ayudar a “lavar dinero” proveniente de los bienes malhabidos de Arnoldo Alemán.

Martinelli insiste en convertir nuestro territorio en centro de conspiración contra los gobiernos progresistas y revolucionarios de la región. En tal sentido se ha denunciado el establecimiento del Centro Internacional de Operaciones, Información e Inteligencia, ubicado en Cerro Azul, cuya misión es coordinar acciones ofensivas contra Venezuela y otras naciones, apoyar los esfuerzos desestabilizadores de Estados Unidos y Colombia en la región, así como monitorear las actividades de las fuerzas progresistas en la región.

Además, en Panamá se vienen instalando bases aeronavales que son puestos de avanzadas del ejército norteamericano vinculadas a las bases militares que ya han establecido en Colombia.

Con la llegada de Martinelli, el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRON) se ha mostrado mucho más activo en los ataques contra fuerzas irregulares de Colombia, coordinando y participando de manera conjunta en acciones con el ejército colombiano y asesores militares norteamericanos. Eso lo demuestra el ataque reciente en Darién, donde murieron tres miembros de las FARC, en un hecho que ha alarmado a la población pues revela con claridad la intensión de Martinelli de arrastrar a Panamá hacia el conflicto bélico de Colombia.

FRENADESO emplaza a Martinelli

Frente a esta conexión de Martinelli con estos mercenarios israelíes, FRENADESO lo emplaza a responder las siguientes interrogantes:

¿Cuál es el nombre de la empresa que ha sido contratada, otra vez, como de costumbre, vía la modalidad de contratación directa; cuál es su origen, quiénes son sus personeros?

¿A cuánto asciende la suma de este contrato, tiempo de duración, el número de efectivos israelíes que participan en estas tareas y otros detalles de los servicios que darán?

¿Si las denuncias del aumento de la inseguridad que se han presentado han sido descalificadas por usted bajo el argumento de que no es cierto el alto índice de crímenes, por qué ha reforzado su seguridad personal y gastado más dinero para estos fines?

¿Si desde el gobierno anterior del PRD, se han venido colocando al frente de la Policía y de los organismos de seguridad a militares, incluidos elementos que sirvieron al G-2 de las Fuerzas de Defensa como ocurre en su Gobierno, por que se recurre a contratar a mercenarios para que brinden este tipo de entrenamiento?

¿Que vínculos existen entre esta relación con grupos mercenarios israelíes, la Mossad y la remilitarización del país que usted impulsa a través de la creación de un Ministerio de Guerra, llamado de Seguridad Pública, que no es otra cosa que la rearticulación de las Fuerzas de Defensa por esta vía?

¿Cuáles son los reales compromisos que ha adquirido su Gobierno por el apoyo israelí y del bando más reaccionario del Partido Republicano en la aprobación del TLC con Estados Unidos?

¿En que se fundamenta su política que conduce a Panamá a involucrarse en el conflicto armado de Colombia y en las acciones de agresión imperialista contra gobiernos y pueblos hermanos?

Tiene usted la palabra, Sr. Presidente, el pueblo se merece que se le hable con la Verdad. Aguardamos su respuesta.

¡Sin Luchas no hay Victorias!
¡La Pelea es Peleando!
¡Los Mártires hablaron Claro: ¡Bases No!

Panamá, 11 de febrero de 2010.