Categoría: Incidencia

Los dirigentes se reunieron ayer con Álvaro González, ministro de Trabajo, a quien demandan el compromiso firme de rechazar cualquier trámite que busque el reconocimiento de los acuerdos de esa asamblea, a la que catalogan como espuria, y contemplan la destitución de la actual cúpula sindical.

“La respuesta del Ministro no satisface la petición de la autonomía de los sindicatos frente al gobierno y los patronos. Él nos entregó un documento que no deja suficientemente claro que no van a prestarse para recibir documentos de asambleas espurias que lo que buscan es darles un golpe de estado a las direcciones sindicales legítimamente constituidas”, indicó Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

PROTESTA INDEFINIDA

Los sindicalistas acordaron mantener la protesta ante el Ministerio de Trabajo de manera indefinida. “Hay una presencia indefinida de todas las dirigencias sindicales, vamos a amanecer aquí y si quieren sacarnos tendrán que sacarnos con la policía porque voluntariamente no vamos a salir”, advirtió Vargas.

Luis Castillo, secretario de Finanzas del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), enfatizó que están cansados de la actitud del gobierno.

“El gobierno está haciendo actos corruptos, violando la ley, la democracia y la institucionalidad, y está utilizando instrumentos como el Ministerio de Trabajo para encubrir estos actos”, dijo Castillo en tono molesto.

Otro de los gremios que asistieron al Ministerio de Trabajo es el Sindicato de la Educación Costarricense. Su presidente Gilberth Díaz reiteró que no se irán de ahí hasta obtener el compromiso del Ministro de Trabajo.

Fuente: Diario Extra
mespinoza@ diarioextra. com
Foto: Oldemar Siles

{Haití pone a prueba el espíritu de cooperación: #info}
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Lea también: Haití. La UE defiende más coordinación en la ayuda frente a ocupación militar de EEUU
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Llamamos a los pueblos y a los gobiernos a sacudirse con la misma fuerza con que la tierra sacudió hasta los cimientos de la vida de ese digno y valiente pueblo, afectando directamente a una tercera parte de la población – tres millones de personas – y sumando una destrucción de inimaginables proporciones a lo que ya era, para la inmensa mayoría, una situación de tremenda precarización con la violación cotidiana de sus derechos humanos más elementales.

Esta tragedia sobrepasa las fronteras de Haití, siendo responsabilidad de la comunidad internacional dar una respuesta de socorro inmediata a las víctimas y de recursos y políticas a corto y mediano plazo que contribuyan, con todos los medios que la realidad exige, para que el pueblo haitiano pueda reconstruir su propio país y futuro, libre de las dominaciones y dependencias que tanto han marcado su vida. Sin duda tiene la fuerza necesaria, y junto a ello, no podemos permitir que esta tragedia sea aprovechada por quienes siempre han buscado doblegar esa voluntad, para imponer una reconstrucción a modo y semejanza de sus intereses mezquinos.

A lo largo de los últimos años y junto con muchas organizaciones haitianas, hemos denunciado la ocupación militar por parte de las tropas de la ONU y los impactos de la dominación impuesta por medio de la deuda, el libre comercio, el saqueo de su naturaleza y la invasión de intereses transnacionales. La condición de vulnerabilidad del país a las tragedias naturales –provocada en gran medida por la devastación del medio ambiente, por la inexistencia de infraestructura básica, por el debilitamiento de la capacidad de acción del estado- no está desconectada de esas acciones, que atentan históricamente contra la soberanía del pueblo.

Es momento que los gobiernos que forman parte de la MINUSTAH, las Naciones Unidas y especialmente Francia y Estados Unidos, los gobiernos hermanos de América Latina, revean esas políticas a contramano de las necesidades básicas de la población haitiana. Exigimos a esos gobiernos y organizaciones internacionales sustituir la ocupación militar por una verdadera misión de solidaridad, así como la urgente anulación de la ilegítima deuda que hasta el día de hoy se cobra a Haití. Exigimos que los recursos destinados para el auxilio y la reconstrucción no generen nuevo endeudamiento ni que se les impongan condicionalidades o cualquier otra forma de imposición externa que desvirtúen ese objetivo, como es la práctica de las Instituciones Financieras Internacionales como el Banco Mundial, el BID y el FMI, los llamados “países donantes” y las empresas que ellos benefician.

Es hora que la comunidad internacional, y en particular los países e intereses que se han enriquecidos a costa de ello, reconozcan y cumplan con su deber de reparar las deudas históricas, sociales, ecológicas y climáticas que han venido acumulando para con el pueblo haitiano. Es hora de reconocer además, que históricamente son las mujeres quienes no sólo llevan una carga desproporcionada de los costos de una tragedia como ésta, sino que también puedan y deban ser artífices protagónicas del proceso de reconstrucción.

Llamamos también a los movimientos y organizaciones del mundo entero, a las personas vinculadas sobre todo con la salud y el hábitat popular, la cultura y la comunicación, a movilizarse, creando y sumándose a las campañas de apoyo, organizando comités locales para el envío de recursos y brigadas solidarias en este momento tan difícil. Compartimos con el heroico y resistente pueblo haitiano nuestro luto y solidaridad, con la certeza que el país resurgirá libre y soberano. [Minga Informativa de Movimientos Sociales, publicado en la Revista Caminos: http://www.ecaminos.cu]

Primeras firmas:

Jubileo Sur/ Américas

Jubileo Sur Global

Invitamos a circular este pronunciamiento y sumar adhesiones e información acerca de sus acciones solidarias, comunicando a la dirección haiti@jubileesouth.org o directamente a la secretaría de Jubileo Sur/Américas, jubileosur@wamani.apc.org

Fuente: Minga Informativa

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^{infoHaití pone a prueba el espíritu de cooperación

Las noticias que llegan de Haití configuran el gran caos que era de esperar en la situación excepcional creada por la catástrofe.

Sorpresa, asombro, conmoción en los primeros instantes, deseos de prestar ayuda inmediata en los más apartados rincones de la Tierra. ¿Qué enviar y cómo hacerlo hacia un rincón del Caribe, desde China, India, Vietnam y otros puntos ubicados a decenas de miles de kilómetros? La magnitud del terremoto y la pobreza del país generan en los primeros instantes ideas de necesidades imaginarias, que dan lugar a todo tipo de promesas posibles que después se tratan de hacer llegar por cualquier vía.

Los cubanos comprendimos que lo más importante en ese instante era salvar vidas, para lo cual estábamos entrenados no sólo frente a catástrofes como esa, sino también contra otras catástrofes naturales relacionadas con la salud.

Allí estaban cientos de médicos cubanos y, adicionalmente, un buen número de jóvenes haitianos de humilde origen, convertidos en bien entrenados profesionales de la salud, una tarea en la que hemos cooperado durante muchos años con ese hermano y vecino país. Una parte de nuestros compatriotas estaban de vacaciones y otros de origen haitiano se entrenaban o estudiaban en Cuba.

El terremoto superó cualquier cálculo; las casas humildes de adobe y barro ─de una ciudad con casi dos millones de habitantes─ no podían resistir. Instalaciones gubernamentales sólidas se derrumbaron, manzanas completas de viviendas se desplomaron sobre los moradores, que a esa hora, al iniciarse la noche, estaban en sus hogares y quedaron sepultados bajo las ruinas, vivos o muertos. Las calles repletas de personas heridas clamaban por auxilio. La MINUSTAH, fuerza de Naciones Unidas, el Gobierno y la Policía quedaron sin jefatura ni puesto de mando. En los primeros instantes, la tarea de esas instituciones con miles de personas fue saber quiénes quedaban con vida y dónde.

La decisión inmediata de nuestros abnegados médicos que laboraban en Haití, así como de los jóvenes especialistas de la salud graduados en Cuba, fue comunicarse entre sí, conocer de su suerte y saber con qué se contaba para asistir al pueblo haitiano en aquella tragedia.

Los que estaban de vacaciones en Cuba se dispusieron de inmediato a partir, así como los médicos haitianos que se especializaban en nuestra Patria. Otros expertos cubanos en cirugía que han cumplido difíciles misiones se ofrecieron para partir con ellos. Basta decir que antes de 24 horas ya nuestros médicos habían atendido a cientos de pacientes. Hoy 16 de enero, a sólo tres días y medio de la tragedia, se elevaba a varios miles el número de personas afectadas que habían sido ya asistidas por ellos.

En horas del mediodía de hoy sábado, la jefatura de nuestra brigada informó entre otros datos los siguientes:

“…realmente es encomiable lo que están haciendo los compañeros. Es opinión unánime que Pakistán ha quedado pequeño ―allí hubo otro gran terremoto donde algunos laboraron―; en aquel país muchas veces recibían fracturas incluso mal consolidadas, algunos aplastamientos, pero aquí ha sobrepasado todo lo imaginable: amputaciones abundantes, las operaciones prácticamente hay que hacerlas en público; es la imagen que habían imaginado de una guerra.”

“…el hospital Delmas 33 ya está funcionando; el mismo tiene tres salones quirúrgicos, con plantas eléctricas, áreas de consulta, etcétera, pero está absolutamente repleto.”

“…12 médicos chilenos se han incorporado, uno de ellos anestesiólogo; también ocho médicos venezolanos; nueve monjitas españolas; se espera la incorporación, de un momento a otro, de 18 españoles a los cuales la ONU y Salud Pública haitiana les había entregado el hospital, pero les faltaban recursos de urgencia que no habían podido arribar, por lo que decidieron sumarse a nosotros y comenzar de inmediato a trabajar.”

“…fueron enviados 32 médicos residentes haitianos, seis de ellos iban a ir directo a Carrefour, un sitio totalmente devastado. También viajaron los tres equipos quirúrgicos cubanos que llegaron ayer.”

“…estamos operando las siguientes instalaciones médicas en Puerto Príncipe:

Hospital La Renaissance.

Hospital del Seguro Social.

Hospital de la Paz.”

“…funcionan ya cuatro CDI (Centros de Diagnóstico Integral).”

En esta información se transmite sólo una idea de lo que están haciendo en Haití el personal médico cubano y de otros países que laboran con ellos, entre los primeros que llegaron a esa nación. Nuestro personal está en disposición de cooperar y unir sus fuerzas con todos los especialistas de la salud que han sido enviados para salvar vidas en ese pueblo hermano. Haití podría convertirse en un ejemplo de lo que la humanidad puede hacer por sí misma. La posibilidad y los medios existen, pero la voluntad falta.

Cuanto más tiempo se dilate el entierro o la incineración de los fallecidos, la distribución de alimentos y otros productos vitales, los riesgos de epidemias y violencias sociales se elevan.

En Haití se pondrá a prueba cuánto puede durar el espíritu de cooperación, antes de que el egoísmo, el chovinismo, los intereses mezquinos y el desprecio por otras naciones prevalezcan.

Un cambio climático amenaza a toda la humanidad. El terremoto de Puerto Príncipe, apenas tres semanas después, nos está recordando a todos cuán egoístas y autosuficientes nos comportamos en Copenhague.

Los países observan de cerca todo lo que ocurre en Haití. La opinión mundial y los pueblos serán cada vez más severos e implacables en sus críticas.

Fidel Castro Ruz
Expresidente de Cuba
Enero 16 de 2010

18-01-10

{English version: #info}
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Según informa este periódico, la cantidad de personas en paro y que no reciben ingresos económicos (ni prestaciones sociales, ni seguro de paro, pensiones, ayuda por hijos o paga por enfermedad) se ha disparado un 50% en los dos últimos años a medida que la recesión aumentaba.

Según este artículo del 3 de enero, en los dos últimos años el número de persona sin ingresos se ha triplicado en Nevada, duplicado en Florida y Nueva York, y aumentado casi un 90% en Minnesota y Utah. En el condado de Wayne, Michigan (que incluye Detroit, donde la mitad de la población está en paro o subempleada) uno de cada 25 residentes afirma tener ingresos sólo en bonos de comida. En Yakima County, Washington, la cifra es uno de cada 17 residentes.

Estas cifras revelan la vasta escala del sufrimiento humano en Estados Unidos mientras empieza la nueva década y señalan la falacia de hablar de “recuperación” económica. Los seis millones de personas en hogares que carecen de ingresos (que incluyen a 1.2 millones de niños) equivalen a toda la población de Indiana o Massachusetts, o a la suma de las poblaciones de Los Angeles, Filadelfia y Boston.

Esta catástrofe social pone de relieve la indiferencia de la administración Obama, que no ha hecho prácticamente nada para proporcionar ayuda a aquellas personas que han perdido sus empleos, hogares y medios de vida, a pesar de que no escatima gastos para apuntalar a la elite financiera y financiar sus actuales guerras.

La cantidad de personas que carecen de ingresos ha estado ascendiendo desde 1996, cuando el presidente demócrata Bill Clinton y el Congreso republicano pusieron fin a la asistencia social como un derecho universal, un estatuto del que el programa de ayuda federal había disfrutado desde su inicio en la década de 1930. Prometiendo el “final del ciclo de dependencia”, demócratas y republicanos impusieron los limites de la duración de una vida a los beneficios, redujeron drásticamente la cuantía de las ayudas e impusieron restrictivas “condiciones laborales” y otros requisitos para conceder más ayudas.

A pesar de la creciente necesidad de ayuda Obama se ha opuesto a toda financiación adicional para lo que queda del programa de asistencia social, llamado Ayuda Temporal para Familias Necesitadas. El Times informó que desde su momento de auge, las personas inscritas en la asistencia social han descendido casi un 75%.

“Muchas de las personas que en las pasadas recesiones recibieron ayuda en efectivo ahora no la reciben”, informó a World Socialist Web Site Judy Putnam, portavoz de la Liga de Michigan para los Servicios Humanos. “Sólo un tercio de los niños del Estado que viven en la pobreza reciben ayuda en efectivo en comparación con los dos tercios de antes de la ‘reforma de la asistencia social’ en 1996. Los habitantes de Michigan son muy dependientes de los bonos de comida”.

Con unas ayudas a los parados que sólo abarcan a la mitad de las personas en paro, los bonos de comida (que proporcionan una media de 1 dólar por comida por persona o unos 100 dólares por persona al mes para individuos o familias que ganan hasta el 130% del umbral oficial de pobreza) se han convertido en una red de salvación de último recurso. Una cifra récord de 36 millones de personas (una de cada ocho adultos y uno de cada cuatro niños) depende ahora del programa de bonos de comida. El Programa conjunto federal-estatal de Asistencia a la Nutrición Suplementaria (SNAP, en sus siglas en inglés) se está ampliando actualmente a 20.000 personas al día, pero se calcula que todavía abarca solamente a dos tercios de las personas que deberían recibirlo.

Un estudio anterior del Times mostraba que había más de 200 condados estadounidenses en los que el uso de bonos de comida se disparó en al menos dos terceras partes, incluyendo en el Condado de Riverside, California, la mayor parte del gran Phoenix y Las Vegas, un anillo de los barrios de las afueras de Atlanta y un tramo de 150 millas al sudoeste de Florida desde Bradenton hasta los Everglades. El estudio descubrió que hay más de 800 condados en los que los bonos de comida alimentan a una tercera parte del total de los niños.

A finales del año pasado varios investigadores de la Universidad Washington de St. Louis publicaron un estudio en el que demostraban que el 50% de todos los niños y el 90% de los niños afroamericanos recibirán bonos de comida en algún momento de su vida antes de cumplir 20 años. “Para muchos niños estadounidenses los años de infancia en vez de ser una época de seguridad son una época de confusión económica, de riesgos y de momentos difíciles”, afirmó Mark Rank, médico y uno de los autores del informe.

El informe del Times del 3 de enero se centraba en Florida, donde el número de personas que no tienen más ingresos que los bonos de comida se ha duplicado en dos años y más que triplicado a lo largo de la costa sudeste, donde el boom inmobiliario se convirtió en un desbarajuste de casas embargadas y abandonadas. Según datos estatales, las personas sin ingresos fueron divididas entre familias con niños e individuos. Entre los afectados también había mezcla racial (aproximadamente un 42% blancos, 32% negros y 22% latinos), en la que los blancos eran el segmento que crecía más rápidamente durante la recesión.

Esta caída en la indigencia ha afectado a amplias capas de la población. El artículo del Times cita a una madre de mediana edad de dos niños, Isabel Bermudez, que se trasladó desde un proyecto de viviendas en Bronx a vender casas en Florida. Llegó a tener unos ingresos con seis cifras, una casa con piscina e inversiones; perdió su empleo, su casa y se quedó sin subsidio de paro. Los únicos ingresos de Isabel Bermudez ahora son 320 dólares al mes en bonos de comida. “Pasé de ganar 180.000 dólares a depender de los bonos de comida”, declaró al periódico y añadió que sin ese programa no podría alimentar a sus hijos.

El aumento de la dependencia de exiguas prestaciones de bonos de comida expone la ausencia de algo que se pueda llamar con propiedad una red de seguridad social en Estados Unidos. La situación no hará sino empeorar ya que tanto demócratas como republicanos se preparan para rebajar drásticamente lo que queda de programas financiados con dinero público para pagar el multitrillonario rescate de Wall Street y la expansión de las acciones militares estadounidenses por todo el mundo.

El tema del Discurso sobre el Estado de la Unión de Obama (que se espera para principios del mes próximo) será la reducción del déficit a largo plazo y una mayor demanda al pueblo estadounidense de que reduzca su consumo. La Casa Blanca está respaldando una comisión bipartita para recomendar recortes fundamentales de los programas sociales básicos junto con tasas regresivas al consumo, y el director de presupuesto de Obama, Peter Orszag, ha afirmado que la administración tomará medidas para reducir el déficit en su próximo presupuesto que se presentará en febrero. Estas acciones arrojaran a la pobreza a millones de personas más.

La crisis social a la que se enfrenta la clase trabajadora (graves niveles de paro, desahucios, aumento del hambre, de la pobreza y de las personas sin hogar) es la expresión más gráfica del fracaso del capitalismo, un sistema económico que beneficia a unos pocos ricos a expensas de la vasta mayoría de la población.

En medio de este empeoramiento de la situación para la clase trabajadora se ha informado la semana pasada de que los tres bancos principales (Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley) recibirán decenas de miles de millones de dinero público con el Programa de Ayuda a Activos con Problemas, que entregará 49.500 millones de dólares en bonos de dinero y asignaciones de bonos. En total se calcula que los bancos estadounidenses contarán con 200.000 millones en compensaciones totales.

La administración Obama continúa y está acelerando la transferencia de riqueza desde la clase trabajadora a aquellas personas responsables de haber precipitado el peor colapso económico desde la Gran Depresión.

Casi un año después de su toma de posesión el presidente Obama ha demostrado que no es más que una herramienta de la oligarquía financiera. El propio futuro de la clase trabajadora depende del desarrollo de un movimiento socialista de masas contra esta administración, los dos partidos de los grandes negocios y el sistema del beneficio que defienden.

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Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
* World Socialist Web Site
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^{infoEnglish

Some six million Americans—one in 50 people in the US—are living on no income other than $100 or $200 a month in food stamps, according to an analysis of state data by the New York Times. The number of people who reported that they are unemployed and receive no cash aid—neither welfare, nor unemployment insurance, pension benefits, child support or disability pay—the newspaper reported, has jumped by 50 percent over the last two years, as the recession has taken hold.

According to the January 3 article, the number of people reporting no income tripled in Nevada over the past two years, doubled in Florida and New York, and increased nearly 90 percent in Minnesota and Utah. In Wayne County, Michigan—which includes Detroit, where half the population is unemployed or underemployed—one out of every 25 residents reports an income of only food stamps. In Yakima County, Washington, the figure is one out of every 17.

The figures reveal the vast scale of human suffering in the US as the new decade begins and puts the lie to talk of an economic “recovery.” The 6 million people in households reporting no income—which includes 1.2 million children—is equivalent to the entire population of Indiana or Massachusetts, or the combined populations of Los Angeles, Philadelphia and Boston.

Such a social catastrophe underscores the indifference of the Obama administration, which has done virtually nothing to provide relief to those who have lost their jobs, homes and livelihoods—even as it spares no expense to shore up the fortunes of the financial elite and fund its ongoing wars.

The number of people without an income has been on the rise since 1996, when Democratic President Bill Clinton and the Republican Congress ended welfare as a universal entitlement, a status the federal relief program had enjoyed since its inception in the 1930s. Pledging to “end the cycle of dependency,” the Democrats and Republicans imposed lifetime limits on benefits, drastically reduced the level of cash assistance, and imposed restrictive “workfare” and other requirements on further aid.

Despite the increased need for relief, Obama has opposed any additional funding for what remains of the welfare program, called Temporary Assistance for Needy Families. Since their peak in the 1990s, welfare rolls are down nearly 75 percent, the Times reported.

“Many of those who would have received cash assistance in past recessions are not getting it now,” Judy Putnam, a spokesperson for the Michigan League for Human Services, told the World Socialist Web Site. “Only a third of the state’s children living in poverty are getting cash assistance compared with two-thirds before ‘welfare reform’ in 1996. People in Michigan are heavily dependent on food stamps.”

With jobless benefits covering only half of the unemployed, food stamps—which provide an average of $1 per meal per person, or around $100 per person each month for individuals or families earning up to 130 percent of the official poverty level—have become the safety net of last resort. A record 36 million people—one in eight people and one in four children—now rely on the food stamp program. The joint federal-state Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) is expanding by 20,000 people per day, but is still estimated to serve only two-thirds of those who qualify.

An earlier Times study showed there are more than 200 US counties where food stamp usage shot up by at least two-thirds, including Riverside County, California, most of greater Phoenix and Las Vegas, a ring of Atlanta suburbs, and a 150-mile stretch of southwest Florida from Bradenton to the Everglades. The study found there are over 800 counties where food stamps feed one third of all children.

Late last year, researchers at Washington University in St. Louis released a study showing that 50 percent of all children and 90 percent of African American children will receive food stamps at some point before their 20th birthday. “Rather than being a time of security and safety,” said Mark Rank, Ph.D., one of the authors of the report, “the childhood years for many American children are a time of economic turmoil, risk, and hardship.”

The January 3 Times report focused on Florida, where the number of people with no income beyond food stamps has doubled in two years and more than tripled along the southwest coast, where a housing boom turned into a bust of foreclosed and abandoned homes. According to state data, those without income were split evenly between families with children and individuals. Those affected were also racially mixed—about 42 percent white, 32 percent black, and 22 percent Latino—with whites making up the fastest growing segment during the recession.

This plunge into destitution has affected wide layers of the population. The Times article cites a middle-aged mother of two, Isabel Bermudez, who moved from a Bronx housing project to sell real estate in Florida. Once enjoying a six-figure income, a house with a pool and investment property, she lost her job and home and ran out of unemployment benefits. Ms. Bermudez’s sole income is now $320 a month in food stamps. “I went from making $180,000 to relying on food stamps,” she told the newspaper, adding that without the program she wouldn’t be able to feed her children.

The increasing reliance on meager food stamp allowances exposes the absence of anything that can properly be called a social safety net in the US. The situation will only get worse, as both the Democrats and Republicans prepare to slash what remains of publicly funded programs in order to pay for the multitrillion-dollar Wall Street bailout and expansion of US military action around the world.

The theme of Obama’s State of the Union address—expected early next month—will be long-term deficit reduction and a further demand that the American people reduce their consumption. The White House is backing a bipartisan commission to recommend major cuts in basic social programs along with regressive taxes on consumption, and Obama’s budget director, Peter Orszag, has said the administration will take measures to reduce the deficit in its next budget due out in February. Such actions will throw millions more into poverty.

The social crisis facing working people—depression levels of unemployment, home foreclosures, the growth of hunger, poverty and homelessness—is the most graphic expression of the failure of capitalism, an economic system that benefits the wealthy few at the expense of the vast majority.

In the midst of this worsening situation for the working population, it was reported last week that the top three banks—Goldman Sachs, JPMorgan Chase and Morgan Stanley—which received tens of billions in public funds under the Troubled Asset Relief Program—will hand out $49.5 billion in end-of-year cash bonuses and stock awards. All told, US banks will dispense an estimated $200 billion in total compensation.

The Obama administration is continuing and accelerating the transfer of wealth from working people to those who are responsible for precipitating the worst economic breakdown since the Great Depression.

Nearly a year after his inauguration, President Obama has demonstrated he is nothing but a tool of the financial oligarchy. The very future of the working class depends on the development of a mass socialist movement against this administration, both big business parties, and the profit system which they defend.

Jerry White

En el hotel Clarión, en el Barrio Amón, se informó a la ciudadanía sobre esta alianza de la cual el Partido Frente Amplio no quiso formar parte debido a lo cercano del proceso electoral y que se ha venido impulsando desde hace una semana.

“Todo ha vino caminando bien. Hubieron algunos escollos, como es lógico, pero logramos concretar la alianza para enfrentar a la derecha que representan Liberación Nacional y el Movimiento Libertario”, manifestó Melvin Jiménez, Obispo de la Iglesia Luterana, y uno de los convocantes por parte de la ciudadanía.

Alianza es por la Patria

Para los máximos líderes y candidatos presidenciales del PAC, Ottón Solís; del PIN, Walter Muñoz, y de AP, Rolando Araya, esta alianza impulsa “no a un partido, impulsa una alianza nacional para enfrentar a la corrupción, a la demagogia, a la mentira, a los grupos financieros que se han tomado la institucionalidad y lo mejor de nuestra Patria”, dijo Rolando Araya en su discurso.

Araya, Solís y Muñoz, iniciaron contactos a partir del pasado domingo, luego que un grupo de dirigentes de la sociedad civil les instaran a acercar posiciones, a partir de 10 puntos en común, para evitar cuatro año más de neoliberalismo.

Con esta alianza, tanto dirigentes de la sociedad civil como de los partidos involucrados, esperan que “muchas organizaciones civiles, igual que ocurrió en la lucha contra el TLC, se activaren de inmediato. Este crecerá y en cuestión de días podría cambiar el rumbo actual del proceso de la elección, y acabar con las encuestas de los grandes medios de comunicación que tienen intereses muy claros con esos dos partidos.”

Demostración de unidad y fuerza

Tanto ciudadanos como dirigentes de los partidos involucrados en esta alianza se preparan ahora para realizar una gran demostración de fuerza. “Vamos convocar a una movilización ciudadana sin precedentes en una campaña electoral, vamos a darle vuelta a la tortilla, vamos a demostrarle a los neoliberales, que se frotan las manos con un supuesto triunfo, que este pueblo ya no aguanta tanta corrupción y tanto atropello.”

10 puntos forjaron la alianza

San José, 8 de enero del 2010

Señores Candidatos a la Presidencia de la República:
Rolando Araya Monge
Walter Muñoz Céspedes
Ottón Solís Fallas
Eugenio Trejos Benavides

Estimados señores:

Los abajo firmantes, provenientes de diversas organizaciones sociales y políticas, y sobre todo en nuestra calidad de ciudadanas y ciudadanos costarricenses, nos dirigimos a ustedes de manera respetuosa para que consideren el siguiente planteamiento.

Costa Rica se encuentra inmersa en una situación grave y compleja. La extraordinaria acumulación de riqueza, propiciada por las políticas económicas neoliberales ha conducido también a una peligrosa acumulación de poder político que, prácticamente, ha secuestrado nuestra democracia.

Ese poder político está siendo utilizado para destruir de manera sistemática las reformas sociales y económicas de 1943 y 1948, mediante las cuales se conformó un modelo de desarrollo para Costa Rica, que ha permitido hacer frente a las graves crisis internacionales sin perder el rumbo de la equidad y de la solidaridad social que nos enorgullecía y que le había merecido a nuestro país el reconocimiento mundial.

Ahora, la inequidad se ha apoderado de la sociedad costarricense y junto a ella, se desarrollan de manera explosiva, la violencia social y la corrupción galopante en las esferas del poder. Vivimos una “dictadura en democracia” que ha deteriorado la soberanía y entregado el país a las transnacionales. Por lo anterior, la sociedad costarricense acumula graves tensiones, cuya solución es imperativa para permitir que el país resuelva sus problemas por la vía democrática.

Tal y como se proyecta, el actual proceso electoral solo contribuirá a incrementar esas tensiones. Los sectores más conservadores se han apoderado del Partido Liberación Nacional y han convertido al Movimiento Libertario, un partido que ha estado aliado de manera permanente con los hermanos Arias, en el falso adversario del Gobierno para engañar al electorado ansioso de un verdadero cambio. Si la tendencia no se revierte, ellos ganarán la Presidencia de la República, la mayoría parlamentaria y las municipalidades.

Lamentablemente, por diversas razones y con diferentes argumentos, quienes deberían estar unidos están separados; en consecuencia un amplio sector de la población está desconcertado.

Las organizaciones populares en sus diferentes expresiones y los empresarios realmente comprometidos con el futuro del país no pueden mantenerse como simples observadores de lo que está sucediendo; se hace necesario tomar la iniciativa para incidir de manera directa en el proceso electoral y propiciar en este, un viraje fundamental.
Un pueblo tan inteligente y tan noble como el nuestro, que a través de toda su historia ha dado luchas extraordinarias en defensa de sus derechos fundamentales, no puede mantenerse impasible mientras sus enemigos se unen y continúan dispuestos a pisotear la democracia.

Consideramos que ha llegado el momento de exigir a los líderes de AP, FA, PAC y PIN, llegar a un acuerdo político para apoyar un candidato presidencial único, sobre la base de principios claros, transparentes, leales y honestos, garantizando la consulta y participación de las fuerzas sociales que ayudaren a alcanzar un eventual gobierno de unidad nacional.

El candidato escogido DEBE COMPROMETERSE DE MANERA PÚBLICA CON EL siguiente PROGRAMA DE 10 PUNTOS:

1. Renegociar el TLC y revisar sus Leyes de Implementación para rescatar el Estado Social de Derecho, la soberanía política, territorial y alimentaria, y así refundar la nueva República democrática, inclusiva y solidaria, con justa distribución de la riqueza, fortalecimiento integral del régimen municipal y mejores organismos de control político.

2. Fortalecer las garantías sociales, las instituciones y las empresas públicas.

3. Impulsar y apoyar nuevas formas de organización y de participación ciudadana y a las organizaciones populares existentes.

4. Defender de manera auténtica el medio ambiente, en particular el agua.

5. Apoyar de manera auténtica la educación pública y la investigación científica y tecnológica estatales.

6. Rescatar y fortalecer la inversión pública y el mercado interno, incentivando la producción de las empresas nacionales, en especial de las de economía social y de las pequeñas y medianas empresas industriales, agropecuarias y campesinas (que fomenten la seguridad alimentaria).

7. Rescatar la democracia costarricense a través de un nuevo código electoral, del desarrollo de los organismos de control político, de la libertad de organización, de la autonomía política y administrativa de las empresas públicas y del desarrollo de empresas comunitarias.

8. Impulsar el desarrollo democrático de las comunicaciones: procurando un acceso equitativo de los grupos sociales y partidos políticos a los medios de comunicación existentes, fortaleciendo los medios de comunicación estatales, promoviendo el surgimiento de nuevos medios de carácter comunitario y garantizando la autonomía nacional en cuanto al control de las radiofrecuencias.

9. Modernizar y ordenar el transporte público en todas sus modalidades, sin recurrir a concesiones abusivas en la infraestructura del transporte y enfatizando el uso de energías alternativas.

10. Reformar las leyes tributarias a favor de la clase media y baja.

Lo anterior deberá complementarse con políticas de lucha más activa por la paz mundial, por la desnuclearización y el desarme general; la solución pacífica de conflictos regionales y el incremento de lazos amistad, solidaridad y complementariedad con todos los pueblos del mundo por medio del comercio justo y convenios de ayuda recíproca.

De llegarse al acuerdo aquí solicitado nos comprometemos a apoyar al candidato que resulte escogido, en el entendido de que cada partido seguirá apoyando sus candidaturas a las diputaciones y a las municipalidades.

Si se da la unidad estamos seguros que ganaremos las elecciones, y el nuevo Presidente contará con nuestro apoyo para lograr la gobernabilidad y el desarrollo de un programa que le permita una mejor distribución del poder y hacer frente a una institucionalidad maleada y debilitada.

Si ustedes no logran la unidad propuesta serán responsables de que crezcan la confusión y el desánimo entre importantes sectores de la población y que muchos costarricenses, de acuerdo con su libertad de conciencia, se nieguen a participar en un proceso electoral que de por sí deja ya muchas dudas en cuanto a su transparencia. Las consecuencias de tal situación constituirán una gigantesca responsabilidad histórica para cada uno de ustedes

Hemos decidido convocarlos a un acto público el próximo sábado 16 de enero a las 10 de la mañana. En ese acto esperamos que ustedes firmen los acuerdos que conducirán a nuestro pueblo a un gran triunfo político.

Quienes suscribimos este documento asumimos el compromiso de continuar fortaleciendo la organización para luchar por LOS 10 PUNTOS PARA LA VICTORIA POPULAR presentados en este documento.

Con fecha 15 de enero del 2010 el señor Presidente don Oscar Arias en un articulo titulado_ “Costa Rica será verde o no será” dice textualmente:” Primero, quiero aclarar que la concesión minera en el proyecto Crucitas no fue otorgado por este Gobierno, ni por mi persona. Se trata de un derecho adquirido por una empresa internacional desde hace ya muchos años, que nosotros heredamos al asumir el poder”_. Como Ex ministro de Ambiente y Energía del anterior gobierno y habiendo sido aludido por este comentario de don Oscar Arias quiero hacer conocimiento de la opinión pública que el señor Presidente falta a la verdad al negar que su gobierno no dio la concesión minera a Crucitas.

Fue don Oscar, durante esta administración, el que firmo tres decretos ejecutivos, todas graves decisiones políticas que comprometieron el interés de la nación, que le “sirvieron la mesa “ a esta empresa minera. El Presidente firmo los decretos que derogaron la moratoria minera que Don Abel y el suscrito firmamos el 5 de junio del 2002 para no dar ninguna concesión minera metálica a cielo abierto, firmo la concesión minera a Crucitas otorgándole autorización para la explotación del oro y finalizo con otro decreto decretándola de interés público para poder autorizar la destrucción de los bosques en el sitio de la mina. Por lo tanto es totalmente falso lo afirmado en este artículo por el señor Presidente.

Durante la anterior administración yo en mi calidad de Ministro del Minae me reuní trece veces con los representantes nacionales y canadiense de esta minera en donde en todas las reuniones solicitaron la concesión para la explotación y en las treces veces que nos reunimos les reitere el estricto apego a la moratoria minera metálica

Esta moratoria estaba sustentada en tres elementos: 1- que el canon por el pago del derecho a la explotación es de menos del 3% del valor del recurso a explotar, lo que va en detrimento del interés económico de la Nación y que debe darse el cambio legal correspondiente, 2- que la Dirección de Geología y Minas no tiene la capacidad técnica y financiera para hacer un monitoreo, supervisión y seguimiento de actividades como estas, y 3- que estas empresas mineras no tiene la experiencia requerida para actividades de tan alto impacto ambiental en ecosistemas tropicales tan frágiles y valiosos como los nuestros. A las pruebas me refiero y vean lo que ha sucedido en las minas de Macacona, Rincon de Osa, Beta Vargas y Miramar.

Entonces si aparentemente don Oscar no se acuerda de los decretos ejecutivos que el firma, porque no se tomo la molestia de consultar con Leyes y Decretos de su propia Casa Presidencial para corroborar que lo que dice es cierto?? Pues porque muy seguramente el señor Presidente una vez más suscribe un articulo redactado por sus allegados sin prestarle el estudio y verificación de hechos necesaria. Una vez mas ha sido “embarcado” por sus asesores en este tema al igual que lo fue cuando dio otra famosa concesión minera en Miramar a sus parientes y del Ex Ministro Dobles, quien por cierto perdió su puesto por esta acción, en directa violación a la Ley de Enriquecimiento Ilícito y el Codigo Minero.

Lo que si nos acordaremos los costarricenses es que este gobierno ha sido el más deficiente en temas ambientales y por mucho. En cuarenta años de agenda política ambiental nunca tuvimos un gobierno que a contrapelo de la gestión de todos los anteriores gobiernos sin distingos de partido político cambie políticas de Estado en lo ambiental. Fue el primer gobierno que no creo un solo parque nacional durante su periodo, por el contrario, intento cambiar y derogar linderos de cuatro aéreas silvestres apoyando la posición de desarrolladores inmobiliarios y turísticos, siendo la del Parque Marino las Baulas el más controversial.

Un gobierno que se comprometió con el interés del poder económico en detrimento de la sustentabilidad y la responsabilidad para con las generaciones futuras. Esto refleja una vez más el cinismo con el señor Presidente maneja este tema que lo ha caracterizado por tener un una gran distancia entre lo que dice y predica y lo que verdaderamente hace.

* Ex Ministro de Ambiente y Energía