Categoría: Incidencia

También, invitó a la ciudadanía a remitir las quejas, observaciones, denuncias o comentarios que pudieran tener sobre los postulantes. Quiero aprovechar este espacio de opinión para denunciar la estratagema que encierra ese anuncio y, en general, el procedimiento abierto para designar al próximo defensor

Me refiero específicamente a que, el Jefe de Fracción del Partido Liberación Nacional anunció, muchos días antes de que se convocara al “concurso público”, que su bancada votaría para elegir como Defensora de los Habitantes a una de sus integrantes, a la diputada Ofelia Taitelbaum. ¡Vaya privilegio! ¡Otro memorándum para amedrentar a cualquiera que se le pudiera ocurrir meterse en el juego! El mensaje a la ciudadanía es claro y tiene visos de advertencia: ¡No participe, va a perder! o ¡No participe, ya tenemos defensora!

Con el apoyo de los diputados del Partido Liberación Nacional, doña Ofelia se aseguró que sería designada, pues para resultar electa solo requeriría la mayoría absoluta de los diputados presentes. Así, la diputada, independientemente de su idoneidad moral y profesional, y antes de someterse al concurrido, riguroso y estricto “concurso público”, se aseguraba ser electa.

Así las cosas, los demás candidatos se encuentran en una situación de absoluta desventaja; es más, sin ninguna posibilidad, pues tienen a toda la fracción liberacionista en contra. ¿Qué pensarán? ¿Se sentirán discriminados o, tal vez, más bien, burlados por el primer poder de la República? ¿Tendrán miedo de que les echen la maquinaria del terror encima? ¿Cómo enfrentar a otra candidata canonizada desde las alturas? Sin darse cuenta, al concursar, ¿acaso no legitiman un proceso viciado? La forma en que la fracción liberacionista ha manejado esta elección, viola los derechos humanos de los otros aspirantes, viola los principios que propician la participación ciudadana y la transparencia en el ejercicio de la función legislativa; pero sobre todo, atenta contra la institucionalidad democrática.

Por otra parte, cualquier diputado que aspira a un cargo público que corresponde designar al Parlamento –magistrados, defensor y contralor—recurre a la consabida retórica de salirse del Plenario Legislativo en el momento de la votación. Con ese gesto, se pretende disimular el privilegio y dar al nombramiento el aura de legitimidad que la democracia demanda. Sin embargo, ausentarse del recinto de votación, no elimina el privilegio y la ventaja que implica para cualquier diputado o diputada aspirar a un cargo que los mismos diputados eligen. El amiguismo, el compañerismo, las lealtades políticas, el pago de compromisos y las negociaciones políticas, ya se habrían consumado mucho antes de la votación. Pretender negar lo anterior saliendo del Plenario durante la designación, es ridículo. Espero que todos los actores de la sociedad civil se manifiesten para, de una vez por todas, eliminar este tipo de prácticas.

La forma en que la fracción liberacionista ha conducido el proceso de nombramiento del defensor, no solo deja un sabor muy amargo en la ciudadanía que confía en la institucionalidad del país, sino que permite distinguir, una vez más, la sombra de un poder superior que oscurece nuestra democracia. ¡Qué lástima! Ese nos es el partido Liberación Nacional de los padres fundadores. En realidad, es otro asalto a la institucionalidad democrática, camuflado de legalidad; un ejemplo más de la tendencia autoritaria en la que están sumiendo a América Latina.

Interpelo públicamente a la candidata presidencial del Partido Liberación Nacional, Laura Chinchilla, quién se ha autoproclamado “firme y honesta”, para que se pronuncie sobre la forma en que el partido pretende designar al defensor o defensora. Doña Laura, su pronunciamiento sobre este tema, es su oportunidad para que los costarricenses conozcamos de qué madera está hecha usted.

* Constitucionalista

MANAGUA, dic (IPS) – La nueva procuraduría comenzó a operar este mes y responde al “derecho universal de reconocer a los ciudadanos y ciudadanas en su condición de personas con diversidad sexual, sus deberes y derechos constitucionales, que deben ser respetados”, dijo a IPS el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Omar Cabezas.

La designada para el nuevo cargo es María Samira Montiel, una joven abogada con una década de activismo en el movimiento lésbico de esta nación centroamericana, que ha alcanzado notoriedad por sus denuncias de abusos y discriminaciones contra el 10 por ciento de la población con identidad sexual diversa.

Nicaragua tiene una población oficial de 5,7 millones, es el segundo país más pobre de América Latina, después de Haití, y posee una cultura social fuertemente influenciada por la Iglesia Católica, pese a que constitucionalmente el país es laico. Hasta 2008, además, la homosexualidad era considerada un delito penado con cárcel.

Montiel dijo a IPS que su agenda como funcionaria pública al servicio de una minoría cultural, va a trascender aspectos como la promoción del matrimonio entre personas del mismo sexo o la adopción de hijos por parejas homosexuales, dos prácticas ilegales en la actualidad.

“Mi agenda va más allá de cosas específicas. Voy a denunciar las prácticas de abusos y las discriminaciones institucionales contra los gay, lesbianas, transexuales, bisexuales y cualquier otra persona que se siente vulnerada en su identidad sexual”, precisó.

La activista señaló que desde el cargo público recién creado impulsará, entre otras cosas, la aprobación de políticas para garantizar el acceso al sistema de salud pública, establecer normas para el respeto a los derechos laborales de la comunidad y el cese de hostilidades desde las distintas tribunas escolares del sistema público.

“Toda la vida hemos vivido en un mundo de desprecio y violencia, ya es hora que se acabe esa discriminación y que la sociedad no solo nos acepte, sino que nos reconozca y respete nuestros pensamientos”, dijo Montiel.

Institucionalmente en el país existen tres grupos lésbicos, cuatro organizaciones de hombres por la diversidad sexual y toda una red de personas identificadas con el movimiento gay y los derechos humanos de esa comunidad.

Ellos están organizados en el Grupo Estratégico por los Derechos de la Diversidad Sexual, que integran el movimiento lésbico Safo, el Instituto para la Defensa de los Derechos Humanos de la Homosexualidad, la Asociación Nicaragüense de los Transexuales y el Centro de Estudios Internacionales.

Las organizaciones homosexuales estiman que 10 por ciento de la población tiene una orientación sexual diversa, con base en estudios poblacionales europeos que han establecido esa norma y lo que en el caso nicaragüense se traduce en al menos medio millón de personas que integran el colectivo.

En la actualidad el colectivo realiza un estudio denominado_ “Una mirada a la diversidad sexual en Nicaragua”_, con el apoyo de la embajada de Noruega. Sus resultados parciales, dados a conocer en Managua, revelan que en el país existe una profunda cultura del rechazo y desprecio a las parejas convivientes del mismo sexo.

El estudio, cuyos resultados completos se publicarán en enero, determinó que la discriminación y la homofobia se practican en las instituciones públicas y privadas, así como en las escuelas y en los núcleos familiares.

La totalidad de personas con opciones sexuales diferentes indicó que sufre discriminación en todos los centros de estudios, desde la primeria a la universidad.

Al menos 12 por ciento de quienes habían reconocido su identidad sexual, han sido víctimas de violencia física. Otros aseguraron haber abandonado sus centros de estudios por no soportar la discriminación a que fueron sometidos tras asumir su condición como gays, lesbianas o transexuales.

Un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, realizado antes del nombramiento de Montiel, determinó que las instituciones del Estado más denunciadas por maltrato y discriminación contra esos colectivos son la Policía Nacional, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.

En el sector de salud, la discriminación la perpetran médicos generales, especialistas, personal auxiliar y hasta guardas de seguridad, que la mayoría de veces tratan de mala manera a los usuarios identificados plenamente con una opción sexual no tradicional.

Además, se resalta que más de la mitad de quienes asumieron su atracción por personas del mismo sexo, ha debido soportar el rechazo de su propia familia. A muchos, sus propios padres los han echado a la calle y familiares cercanos han ejercido violencia física contra ellos.

Los resultados parciales del informe de los colectivos homosexuales subrayan que el conjunto de iglesias denominadas cristianas tiene un papel protagónico en la discriminación a sus integrantes. Para ellas las relaciones entre personas del mismo sexo son “una aberración” en variados planos.

Ello, pese a que el colectivo de personas con identidad sexual diversa, se caracterizan por sus expresiones y sentimientos arraigados de espiritualidad, detalla el informe. “A pesar del rechazo que hay de parte de las distintas iglesias y religiones, de líderes católicos o evangélicos, la comunidad no ha perdido la fe en Dios”, establece el estudio.

De hecho, los representantes de diferentes confesiones religiosas fueron los primeros en rechazar el nombramiento de una funcionaria especial para defender los derechos de los homosexuales.

El Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua, que aglutinan al segundo grupo religioso más numeroso del país después de la Iglesia Católica, emitió el día 4 una Carta Pastoral donde manifestó su especial_ “preocupación por la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos de la Diversidad Sexual”._

El reverendo Mario Espinoza, líder del Consejo, expresó que “la Iglesia Evangélica no está de acuerdo con la creación de esa Procuraduría, porque dará rienda suelta a lo inmoral. El homosexualismo o lesbianismo está condenado por la Biblia, es un pecado grave ante los ojos de Dios”.

La Iglesia Católica utilizó la celebración de las misas dominicales en sus templos, para llamar a las familias nicaragüenses a rechazar “las prácticas sodomitas” y respetar el “mandato divino del matrimonio entre hombre y mujer”.

Pero no todo han sido críticas por la decisión, al contrario. Activistas de derechos humanos, organizaciones feministas, promotores de la campaña contra el VIH-sida y otras organizaciones sociales aplaudieron el nombramiento de Montiel y lo calificaron como un paso hacia el respeto a los derechos humanos y a la tolerancia social.

Bayardo Izabá, del Centro Nicaragüense para la Defensa de los Derechos Humanos, calificó de_ “enorme avance”_ la creación de un despecho especial para atender los derechos de una minoría social.

“La orientación sexual debe entenderse como una condición que ha de estar protegida contra la discriminación. Los Estados no pueden limitar la protección de los derechos humanos en función de la orientación sexual de las personas y eso es el valor de este nombramiento”, dijo Izabá a IPS.

Hasta 2008, Nicaragua era uno de los países de América Latina que mantenía la homosexualidad como delito bajo el concepto de “sodomía”, con penas de uno a tres años de cárcel.

El Código Penal extendía el delito para quienes promovieran, realizaran o toleraran el concubinato entre personas del mismo sexo.

Centenares de personas en el día de la Lucha contra la Homofobia en países latinoamericanos como Argentina, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Estados Unidos y varias ciudades de Europa, realizaban protestas frente a las embajadas y consulados de Nicaragua para expresar su rechazo al país por penar la homosexualidad.

El nuevo Código Penal nicaragüense, vigente desde el año pasado, establece penas de prisión de seis meses a un año o multas económicas a quienes cometan el delito de discriminación.

Se entiende que es un delito que personas o instituciones impidan o dificulten a otros, el ejercicio de un derecho o una facultad prevista en la Constitución nacional, las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales, por cualquier motivo o condición económica, social, religiosa, política, personal, sexual u otra.

Guatemala, 4 de Diciembre del 2009

Debemos dejar de ver al Estado como botín de unos pocos y ubicarlo en su correcta función de servidor para el bienestar de la nación y de su población antes que de las empresas, las fincas y las transnacionales

Al Congreso de la República no le dio la gana aprobar el presupuesto para el año 2010, razón por la cual el Gobierno tendrá que trabajar con el mismo con el que operó durante el 2009. Ese es, al final, el resultado de una larga serie de truculentas maniobras politiqueras, en las cuales lo que menos tuvieron en cuenta todos los partidos políticos de derecha fueron los intereses del pueblo.

Interpelaciones eternas e insustanciales, demoras de todo tipo, reiteradas faltas de quórum, incluso la aplicación de órdenes de captura emplearon las bancadas como recursos para atrasar el proceso de debate. Al final, la UNE, el Patriota, Líder, la GANA, el FRG, en fin, todas las derechas lograron salirse con la suya y mandaron al cesto de la basura la propuesta presupuestaria que había sido presentada para el año 2010.

Bien sabido es que este año que está por concluir, el 2009, para sufragar sus obligaciones hasta Diciembre, el Estado se vio forzado a emitir una considerable suma en bonos del tesoro y a endeudarse con un fuerte crédito destinado a funcionamiento, hecho que era inédito en la vida nacional. Es decir, que no le alcanzó el dinero contemplado en el presupuesto y tuvo que ver qué hacía. Es fácilmente deducible, por lo tanto, que menos aún le alcanzará para cubrir sus gastos en el año próximo, debido al inevitable crecimiento de la demanda y al previsible incremento en los costos.

Este inevitable desfinanciamiento del Estado, del cual pueden generarse severos problemas para la población, no puede mirarse como asunto de poca importancia. Como ocurre en la vida de miles de familias, cuando se gasta más de lo que se recibe, la crisis se agudiza y los efectos de la misma sin duda alguna pesarán, con especial énfasis, sobre los hombros de los más vulnerables, que en este caso son los sectores populares.

Al igual que ocurre en la vida familiar, ese problema sólo encuentra solución cuando se mejoran los ingresos, cuando se reducen los gastos o una combinación de ambas políticas.

En términos del Estado, entonces, el desfinanciamiento sólo se solucionará a través de dos vías complementarias:

(i) mejorándose la recaudación, o sea, incrementándose los montos que el Estado percibe y,

(ii) reduciéndose el gasto público en todos los campos que no afecten la prestación de servicios públicos indispensables, lo cual es obligación indelegable e irrenunciable del Estado mismo.

Para la primera alternativa, es decir, para mejorar la recaudación, a su vez hay distintos caminos por los que puede optarse: (i) Uno es la reforma fiscal, o sea, redefinir los impuestos. (ii) Otro es el de desprivatizar o nacionalizar actividades generadoras de ingresos que fueron entregadas a manos de la codicia de empresas nacionales y extranjeras. (iii) Además, debe considerarse como una urgencia nacional el combate a la evasión, al contrabando y a la corrupción, males generalizados en los cuales diversos sectores privados, incluso del crimen organizado, juegan un rol protagónico. La corrupción no es patrimonio exclusivo del sector público. No olvidemos que tan corrupto es el que corrompe como el que se deja corromper.

El Gobierno ya planteó una propuesta respecto a la reforma tributaria, pero no ha dicho ni media palabra sobre las otras opciones.

A.- La reforma fiscal:

La actual propuesta del Gobierno contempla nuevos impuestos que, por efecto de cascada, terminan por afectar los bolsillos de los sectores populares. Por ejemplo, los 15 centavos al minuto en la telefonía celular, cifra que las empresas privadas simplemente trasladarán a sus costos de operación y, con ello, a la tarifa que paga mes a mes cada usuario.

Desde el Frente Nacional de Lucha proponemos la urgente necesidad de que, en la reforma fiscal, se contemplen campos como los siguientes:

1.- Gravar con nuevos impuestos las exportaciones de las empresas mineras y petroleras que ya operan. Es sabido que las empresas que extraen recursos desde las entrañas de la Madre Tierra pagan un mínimo ridículo de impuestos, con lo que sólo destruyen el medio ambiente, sin aportar nada al desarrollo del país. El oro, la plata, el níquel, el uranio, el petróleo, entre otros minerales afines, el país simplemente los regala a estas poderosas empresas, cuya avaricia no tiene límite. La Montana, por ejemplo, deja un 1% de su ganancia en el país y se lleva tranquilamente el 99%.

Cierto es que la lucha que ha venido dando el pueblo para que estas empresas depredadoras se vayan del país debe continuar. Pero, mientras estén aquí instaladas, que por lo menos paguen impuestos que compensen el daño que hacen al robarse nuestros recursos sin dejarle al país ni siquiera las migajas. Ya tenemos al ladrón metido dentro de la casa. Habrá, pues, que sacarlo. Pero, mientras tanto, no dejemos que nos siga robando lo que le de la regalada gana.

Nada justifica que la CGN, la Montana, la Basic Resources, entre otras transnacionales afines, se llenen las manos y bolsillos con nuestros recursos naturales, con nuestro sudor e incluso con nuestra sangre. Deben ser expulsadas del país, pero, mientras estén aquí instaladas, que paguen lo que deben pagar. Al Estado le corresponde cobrarles lo que deben, en lugar de ampararlas bajo un manto de impunidad fiscal y penal.

2.- Fijar nuevos impuestos a la exportación de agro-combustibles. Guatemala ya se convirtió en país exportador de agro-combustibles hacia mercados estadounidenses. El Ingenio Palo Gordo, por ejemplo, exporta ya 120 mil litros diarios de etanol a mercados estadounidenses. Este negocio sólo beneficia a los empresarios que producen y exportan estos productos, y no genera nada en absoluto para el desarrollo del país. Por el contrario, conduce a que la tierra se emplee para producir combustibles que llenen tanques de vehículos en otros países, en lugar de producir el alimento que se necesita para llenar estómagos de niños desnutridos en nuestro propio país. Es una actividad generadora de hambre y pobreza, cuya plus-ganancia nace desde los salarios miserables que pagan durante la zafra. A esa ganancia, construida con el sudor del pueblo, debe cargársele una tasa impositiva que haga justicia.

3.- Cargar con nuevos impuestos a licores y a cigarrillos. Bien sabido es que los licores, (hijos también de la caña de azúcar), así como los cigarrillos, son productos dañinos para la salud. El abuso del licor ha causado enorme daño a la vida de millares de familias. Se trata de artículos sobre los que deben pesar más impuestos.

4.- Aumentarle los impuestos a la publicidad. La publicidad comercial (y dentro de ella debe incluirse a la publicidad para la política, porque los candidatos se venden igual que un desodorante o una gaseosa), en todas sus múltiples manifestaciones, no le deja absolutamente nada a la sociedad. Las vallas publicitarias, los anuncios en la prensa escrita, los spots televisivos, las campañas radiofónicas, todo ello, no genera nada que redunde en beneficio de la sociedad ni, mucho menos, de los sectores populares. Lo que si generan es contaminación visual, auditiva y consumen grandes cantidades de energía eléctrica.

Son meros mecanismos de inducción hacia consumos en muchos casos innecesarios. Son artimañas que se emplean, también en muchos casos, para promover un estilo de vida más que un producto. Y ello con el agravante de que, al final, es cada ciudadano quien sufraga cada centavo de inversión en esas campañas, porque sus costos simple y sencillamente se trasladan al precio de los productos. Es preciso, por ende, ponerle nuevos impuestos a la publicidad para, con ellos, financiar la prestación de servicios públicos esenciales.

5.- Gravar con nuevos impuestos las ganancias de los bancos. El sistema financiero, en su conjunto, no solamente se ha convertido en una trampa para los usuarios del mismo, (los casos de BanCafé, del Banco de Comercio, de los Bancos Gemelos, del IPM, etc., lo demuestran), sino que se ha convertido en una forma de usura legal que genera inmensas ganancias. Estas ganancias deben pagar más impuestos destinables al beneficio del pueblo, aunque, claro, ello no les guste a los dueños de los bancos ni al CACIF.

De hecho, tenemos la certeza de que el CACIF pondrá el grito al cielo y se opondrá con toda su energía a cualquier propuesta de reforma tributaria. Para ellos, “impuestos” es sinónimo de mala palabra. La lucha para que se aplique una reforma que no lesione los derechos de los sectores populares, por lo tanto, no se dará sólo ante el Estado sino, además, ante esa minoría poderosa que se representa en las cámaras empresariales.

6.- Fijar nuevos impuestos a la exportación de alimentos de los grandes exportadores no así a los pequeños y medianos productores. Los alimentos que se producen en suelo nacional deben destinarse, sobre todo, para satisfacer las necesidades de nuestro propio pueblo. Toda la exportación de alimentos, sobre todo en el caso del azúcar, significa que menos tierra se dedica a la producción de los alimentos que necesita, con urgencia, nuestro pueblo. En consecuencia, deben fijársele nuevos impuestos a estas exportaciones, por cuanto contribuyen a la multiplicación del hambre y de la desnutrición crónica a lo largo y ancho del país.

7.- Cargarle fuertes impuestos a la comercialización, tenencia y portación de armas y municiones. Es obvio que la creciente violencia se estimula a partir de un fácil acceso a armas y a municiones. Ambos rubros deben gravarse con nuevas cargas impositivas que limiten su trasiego, su tenencia y su portación.

8.- Gravar con nuevos impuestos las ganancias de las empresas de televisión monopólicas. En Guatemala, un solo dueño controla todas las frecuencias de televisión nacional. Y se trata de un empresario mexicano. Las jugosas ganancias que extrae del país este señor deben ser sujetas a mayores cargas tributarias, aparte de que se debe legislar para romper con ese monopolio.

Pero, además de los nuevos impuestos a los que se ha hecho mención, es necesario garantizar que el Estado destine los recursos que obtenga por esa vía, de manera exclusiva, para cubrir los costos derivados de la prestación de servicios públicos básicos, como salud, educación, seguridad alimentaria, trabajo, vivienda, caminos y otros afines. Son abundantes los ejemplos de mal uso o destino de los recursos del Estado. Deben, por ende, fijarse candados legales que impidan que los recursos captados se desvíen hacia otros fines. Deben, necesariamente, destinarse hacia el fortalecimiento de las capacidades estatales para la prestación de servicios púbicos de calidad, accesibles y suficientes, para lo cual es preciso que se inviertan en ellos mejores presupuestos.

B.- Reducción del gasto público:

Para financiar las obligaciones sustantivas del Estado, el gasto público puede reducirse, sin afectar los derechos irrenunciables del pueblo, a través de varias vías:

1.- Reducción de salarios de funcionarios de alto nivel en todo el aparato estatal (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral), quienes, a pesar de ser este un país no desarrollado, ganan salarios principescos en todas las instituciones públicas.

2.- Reducción de gastos de representación y gastos confidenciales en todo el Estado. Estas partidas presupuestarias, que abundan, deben desaparecer por cuanto se prestan a todo tipo de corruptelas.

3.- Reducción de gastos en publicidad en todo el Estado. De esta manera, además, se elimina, por lo menos en alguna medida, la posibilidad de que, desde el día mismo en que se sientan en las sillas en las que el voto popular los ubica, los políticos de derecha empleen los recursos del Estado para hacerse propaganda.

4.- Reducción de gastos en eventos públicos desde el Estado.

5.- Reducción del gasto en un ejército que no presta ningún servicio al desarrollo del país y que, más bien, se ha convertido en una carga pesada e inútil al presupuesto. Se necesita invertir en medicinas, no en municiones. Es preciso poner más camas en los hospitales y no en los cuarteles. Se debe invertir en ambulancias y no en vehículos militares. Debe pagarse personal entrenado para dar vida y no para matar.

C.- Nuevas fuentes de ingresos:

Para mejorar la recaudación a favor del Estado y que se cuente con recursos financieros suficientes para garantizar la prestación de servicios públicos adecuados, accesibles y de calidad, debe plantearse la nacionalización de áreas estratégicas que han sido entregadas a manos de empresas privadas, de consorcios, que se llevan del país jugosas ganancias, con las cuales se podrían pagar todos los gastos necesarios en salud, educación, vivienda, etc.

1.- Nacionalización de la telefonía. Más que un impuesto a la telefonía celular, debe procederse a la nacionalización de esta actividad económica. Telefónica, Claro, Tigo, etc., no le han dejado al país nada bueno. Solamente han servido para encarecer los costos y llevarse cuantiosas ganancias. A cambio, incluso, de un pésimo servicio de telefonía, que emplea todo tipo de maniobras y artimañas sin control para estafar al usuario.

2.- Nacionalización de la energía. Unión Fenosa e Iberdrola han saqueado al país. Solamente por concepto de VAD, se llevan anualmente más de 400 millones de dólares, (3.200 millones quetzales), cantidad suficiente para abastecer debidamente a toda la red hospitalaria del país. Y eso es sólo por el VAD. La ganancia que al final se llevan puede llegar al doble de eso. Esos recursos deberían ser administrados por el Estado, y eso es lo que piden las comunidades en todo el territorio nacional.

Desde el Frente Nacional de Lucha expresamos nuestro firme apoyo a una propuesta de reforma tributaria que contemple los conceptos arriba descritos. Con idéntica firmeza rechazamos cualquier impuesto que termine por salir desde los bolsillos del pueblo.

Instamos al Gobierno de la República a promover una reforma como la descrita y a no permitir que el CACIF se siga saliendo siempre con la suya.

¡LA LUCHA SIGUE!
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Organizaciones españolas exigen a gobierno de Zapatero y a Unión Fenosa responder por muerte de trabajador en Guatemala.

Por ello, José Soto, periodista de Industrias Infinito, publicó una respuesta donde se deshace en comentarios negativos hacia mí, desviando la atención sobre el tema concreto.

No pienso caer en el sucio juego del oro sucio. Un artículo tan mal fundamentado y redactado se combate con datos veraces y no con asustadizos cuestionamientos personales.

Dice el refrán que “por la plata baila el mono” (o por el oro). Y para Crucitas hay $800 millones de “razones” para danzar y despotricar en contra de las certeras informaciones que publiqué. Es muy fácil hablar beldades y callar verdades.

Yo, por mi parte, hablo desde la gratuidad de una conciencia limpia. Me debo sólo al pensamiento de lo que creo justo y a mis lectores. Por ello seguiré informando sobre los nocivos efectos de la minería del oro, y esta vez, aterrizándolos en Crucitas.

Sólo un punto le acepto a José: No conozco su mina. Por ello, públicamente le pido que me invite a ella. Le pido que me deje entrar con cámara fotográfica, de video y grabadora, para realizar entrevistas directas a los dueños y a todos los trabajadores. Sin restricciones.

Y ahora lo reto yo: invite también a investigadores, a los pobladores de Crucitas, a la Iglesia y a los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos. Ábranos las puertas de par en par y muéstrenos si la mina no ha seguido construyendo, si no han seguido arrasando el bosque. Infórmenos in situ, paso por paso, cómo van a dinamitar los cerros y adonde tirarán los desechos. Quiero grabar cada gesto suyo mientras jura ante los niños de Crucitas que sus padres no se intoxicarán con cianuro, ni sufrirán accidentes con explosivos, ni sucumbirán ante derrumbes de tierra. Es su oportunidad (de oro) para defender el “interés nacional” del proyecto minero.

Pero no me remita a su página web. Esa la crearon ustedes, en ella solo hablan bondades y ocultan los peligros reales de la mina.
Mientras se decide a aceptar mi propuesta, por favor explique lo que ocultan:

Números rojos. Desde el punto de vista económico, Crucitas requiere un capital inicial de $66 millones, financiado por acaudalados accionistas. Sin embargo, la agencia Canada Newswire publica que: “Los inversores desisten de comprar bonos ante la tardanza de la Sala IV de Costa Rica por aprobar el proyecto”. Ello conlleva a que Infinito Gold (cuya subsidiaria en Costa Rica es Industrias Infinito) “no tiene fondos para pagar intereses”, según la misma fuente.

Asimismo, Businessweek, que analiza los mercados financieros globales, deja entrever el verdadero escenario de la compañía: “Infinito Gold puede tener mucho más riesgo que cualquier otra empresa en la industria metalera y minera”. (…) “Adicionalmente, el análisis de sus activos y pasivos señala que no tiene suficiente liquidez para hacer frente a sus obligaciones actuales”. Su única salvación es que se apruebe el proyecto lo antes posible. Pero, la salvación de unos es la condena de otros.
Limosna social. Quienes apoyan Crucitas lo consideran de “interés nacional”, pero no explican por qué. Solo 300 personas trabajarán en Crucitas, es decir, ni siquiera el 0,006% de los costarricenses se beneficiarán con ella. ¿Empleos indirectos? Sí, unos cuantos.

Al contrario, será afectado el patrimonio natural de 4,5 millones de personas. Si sumamos a Nicaragua, hablamos de cerca de 10 millones de seres humanos perjudicados por los derrames tóxicos en el Río San Juan, debido a las ambiciones de unos cuatro ricachones. ¿A cuál balanza se refería Soto? Las mentiras aquilatadas no pesan nunca tanto como la verdad pura.

Según el sitio web oficial de Crucitas, la mina invertiría $700.000 por cada año que explote los recursos nacionales. Construirá escuelas, centros de salud, caminos y, obviamente, pintará la gradería sol del estadio Carlos Ugalde.

A primera vista, dicha inversión suena como un enorme capital. Pero, comparado con los $800 millones que se llevará, es una mera limosna. La eternamente sabia regla de tres indica que en Costa Rica solo invertirá el 1.25% de sus ganancias. ¿A alguien se le antoja atolillo con el dedo?

Aparte de ello, de aprobarse, la mina solo duraría diez años. Es decir, para cuando los hijos de los vecinos de Crucitas salgan del colegio se encontrarán con uno o dos malls levantados “en nombre del progreso”, pero muy posiblemente sin agua potable; con los bosques que conocieron, exterminados; con flora y fauna extintas; con la mayoría de afluentes contaminados por los próximos siglos; y sin la posibilidad de cultivar el terreno, ni aprovechar la eterna gallina nacional de los huevos de oro (el turismo), pues habría sido degollada por la visión cortoplacista de los gobernantes actuales.

¿Impactos a la salud? La Organización Panamericana de la Salud enumera: La absorción de tóxicos por las vías respiratorias; reacciones alérgicas y brotes en la piel; a nivel neurológico, estrés y nerviosismo. Y no se descarta la posible filtración de lixiviados en aguas de consumo y/o riego. Crucitas es un puente de altísimo riesgo. ¿Quién se atreve a cruzarlo?, ¿quién respondería legalmente ante su desplome? Para algunos, las palabras “se lo advertimos”, deben sonar como una explosión.

Por cierto: ¿cuánto le pagarán a los pobres mineros?, ¿valdrá la pena ese salario? Los pulmones deteriorados de cientos de trabajadores latinoamericanos y las míseras indemnizaciones pagadas nos dicen que no.

Bofetada ambiental y legal. La Constitución Política, la legislación ambiental y los Estudios de Impacto parecen ser simples servilletas para quienes salivan las mieles millonarias de Crucitas.

Aún sin aprobarse el proyecto, la factura ambiental ya es elevada: el hábitat de la zona está en alerta roja, el almendro amarillo agoniza y la lapa verde extingue sus últimos vuelos. Pero ni los colores de ese macabro semáforo frenan el ímpetu metalero.

Hay 63 especies de mamíferos, 172 de aves, 33 de reptiles, 29 de peces, 31 de anfibios, innumerables de insectos y más de 280 plantas amenazadas, por efecto directo de la mina. Es decir, peligra el 70% de la biodiversidad de la zona norte, según: llamadourgentepormipais.blogspot.com.

Por otra parte, el hecho de que “reforesten” no borrará el daño ya hecho. Las lapas verdes no esperarán 50 años hasta que crezcan los almendros amarillos que ya talaron. No insulten nuestra inteligencia.

En la mina ¡cada hora se usarán 250.000 litros de agua! Esto equivale a lo que consume una familia promedio en ¡veinte años!, como detalla el documental Consecuencias de la Minería de Oro a Cielo Abierto. Son millones de vasos de agua negados para apaciguar la sed humana en los años más enconados de calentamiento global, que se avecinan. En los próximos años precisamente el agua será nuestro verdadero oro, José. Y le aseguro, ningún inodoro desaguará con oro. Piense a largo plazo y disfrute de un buen vaso (de agua).

Las proyecciones geológicas contemplan elevadísimos riesgos de que el Río San Juan se contamine por los ríos de cianuro que derramará la mina. Es una zona sísmica. El Proyecto se ubica a solo 3 kilómetros del río, y según el croquis de la mina, lo bordearía a lo largo de 12 kilómetros. Cuando floten en sus aguas millones de especies muertas por el veneno, recordemos a quienes defendieron la mina. Hay tóxicos tan letales como la codicia humana.

Nicolás Boeglin, experto en Derecho Internacional, expone que, con la contaminación (muy probable), Nicaragua puede entablar demandas que conllevarían elevadísimas repercusiones para Costa Rica y su imagen internacional. Una vez más, habría acérrimas disputas entre países hermanos, incentivadas por el ardiente deseo de riquezas de los mineros.

Los cientos de kilogramos de dinamita, los de cianuro, las toneladas de tierra, rocas y árboles removidos y depositados en ríos, aplastan las irrisorias apologías mineras. Simplemente los números de la mina no calzan, José. ¿Ya sacó calculadora?, ¿ya analizó mi propuesta? El primer paso para el desarrollo es no caer en el subdesarrollo (ni mental, ni del metal).

*Periodista

Fuente: Página Abierta, Diario Extra
Martes 08 de Diciembre de 2009

El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado comunica:

1. Mantenemos nuestra posición de desconocimiento total del régimen que se instalará el 27 de enero, y que será la continuación de la dictadura que la oligarquía impuso con el golpe de estado del 28 de Junio.

2. Rechazamos la campaña mediática en la que se habla de un “gobierno de unidad” que integrarían sectores cómplices del rompimiento del orden constitucional y que serviría para traspasar el poder del dictador Micheletti al dictador Lobo.

3. Denunciamos los planes de la oligarquía de trasladar los costos del golpe de estado al pueblo pobre, a través de un paquete de medidas económicas que incluyen el aumento del impuesto sobre venta, la devaluación del lempira, el aumento a las tarifas de la energía eléctrica, entre otras. Tal paquete pretende aplicarse antes de la toma de posesión del nuevo dictador para desvincularlo de del agravamiento de la crisis económica y social, de la que él, su partido y su clase son partícipes.

4. Reiteramos que el pueblo hondureño no se hará responsable de los endeudamientos asumidos por las autoridades de facto, ya sea con la banca nacional o internacional.

5. Llamamos a los pueblos del mundo a que mantengan la solidaridad con la lucha que sostiene la Resistencia hondureña. Les pedimos que reciban con actos de repudio a los representantes de la dictadura que están intentando ganar respaldo internacional.

6. Celebramos y agradecemos la decisión de los gobiernos que integran el MERCOSUR de desconocer las elecciones y el régimen que se instale el 27 de enero. Llamamos a todos los gobiernos del mundo a seguir ese ejemplo.

7. El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado está en pie de lucha y cuenta con el respaldo mayoritario del pueblo hondureño. Actualmente estamos aumentando los esfuerzos organizativos para derrotar la oligarquía e instalar la Asamblea Nacional Constituyente incluyente y popular.

¡Resistimos y Venceremos!

Tegucigalpa, M.D.C. 9 de diciembre de 2009
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Honduras: Elección validada por represíon y sangre(EN ESPAÑOL)

Honduras: Elección validada por represíon y sangre(EN INGLES)

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Pero sí lo son las hipótesis de conflicto con posibilidades reales de consumación que empiezan a desarrollarse entre algunas naciones. Lo patético es que, en este segundo punto, ningún latinoamericano podría decir por qué sucede. Más aún: América Latina es, desde las guerras independentistas de principios del siglo XIX, una región relativamente libre de conflictos armados, por lo que una guerra en estos territorios no obedece, al menos en principio, a ninguna lógica histórica. Lo cual debería llevar a preguntar por las causas de una eventual conflagración. No hay dudas, entonces, que allí se juega alguna agenda oculta. Y más aún: una agenda que no se corresponde para nada con los intereses reales de las sociedades del área. Como dijo alguna vez el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel: “salvo Estados Unidos, ningún país tiene un proyecto consistente para la región. Aunque, claro está, ese proyecto no es precisamente el que necesitamos los latinoamericanos”. Se aplica cabalmente aquí aquello de “nuestra ignorancia fue planificada por una gran sabiduría”.

Si hay guerra, o sería una guerra popular de defensa de intereses nacionales contra una invasión de una potencia extra-regional (una invasión estadounidense) o, eventualmente, una guerra entre países vecinos, que no sería en modo alguno una guerra de los latinoamericanos. Sería, en todo caso, un enfrentamiento donde las poblaciones y sus dirigencias actuarían como piezas de un rompecabezas armado desde fuera. Y quien las movería no sería otra que la clase dirigente de la gran potencia del Norte –por supuesto, a través de la administración gubernamental de turno–, dueña y señora de lo que considera su patio trasero: los países al sur del Río Bravo.

Felizmente para los latinoamericanos, durante los alrededor de dos siglos de vida independiente terminada la colonia lusitano-española, fuera de la fratricida guerra del Paraguay que dejó sumido a este país en una miseria de la que no se pudo recuperar hasta el día de hoy, en términos generales no ha sido una constante la guerra entre Estados. Y los conflictos armados que se han dado –que, por supuesto, los hubo, como la guerra del Pacífico (entre Chile y Bolivia) o la guerra del Chaco (entre Bolivia y Paraguay)– no marcan a fuego la historia de la región como sí sucede, por ejemplo, en el continente africano, o en el Medio Oriente, regiones abatidas por las guerras interestatales que responden a las lógicas de dominación de potencias extra-regionales y donde las poblaciones locales sólo ponen muertos sobre muertos.

¿Se encamina Latinoamérica a alguno de estos escenarios de guerra interestatal? No está descartado.

Desde la puesta en práctica de la Doctrina Monroe –“América para los americanos”– todo el subcontinente latinoamericano fue el reservorio de materia prima y mano de obra barata para la expansión económica de Washington, así como un mercado cautivo para sus productos industriales. Eso no ha cambiado al día de hoy sino que, por el contrario, se va intensificando. Ante el no muy lejano agotamiento de las reservas petrolíferas propias y de otros puntos del planeta, contando además con que su modelo de producción y consumo se centra en forma escandalosa en el despilfarro de oro negro, a lo que se suma el también próximo agotamiento de las fuentes de agua dulce, y ante la imperiosa necesidad de materias primas tomadas de la biodiversidad de las selvas tropicales que alimentan las industrias farmacéuticas y de la ingeniería genética y otros minerales cada vez más imprescindibles para las nuevas tecnologías que el imperio desarrolla, Latinoamérica aparece como el proveedor natural de todo esto en la lógica de dominación de la Casa Blanca. Petróleo, agua dulce y biodiversidad son los elementos que mueven la voracidad de la política exterior de Estados Unidos.

Lamentablemente para los latinoamericanos, esta zona es pródiga en todo ello. Por eso es que asistimos a una presencia militar estadounidense como nunca antes. Este nuevo reposicionamiento estratégico de bases militares estadounidenses por toda la región latinoamericana como no había pasado en el transcurso del siglo XX otorga a la potencia dominante una capacidad de acción casi absoluta. A partir de este rediseño, toda la zona al sur de su frontera es un virtual teatro de operaciones, y los diversos planes en juego –Puebla-Panamá y Mérida (para México y Centroamérica), Patriota (antes llamado Colombia, el principal punto de referencia en el subcontinente), Dignidad (para atender toda la región amazónica), la renacida IV Flota custodiando las aguas oceánicas– más la cohorte de instalaciones militares fijas que ha desplegado por la región, evidencian que Washington toma muy en serio a su patio trasero. Lo “toma en serio”, claro está, desde el punto de vista de su estrategia de control; es decir: se hace evidente que no está dispuesto a perderlo ni a tolerar molestos movimientos contestatarios que cuestionen su hegemonía.

Es claro, también, que todos estos dispositivos militares no son sólo parte de un mecanismo de control y espionaje: son operativos y están listos para actuar si las circunstancias lo requieren. Para eso necesita ir adentrándose más y más en territorios latinoamericanos, haciendo “natural” su presencia. Y es lo que justifica la otra faceta de la militarización: un ariete local que le permita sentirse dueño de la región. En esa lógica, ahí está Colombia, el nuevo matón del barrio, jugando el mismo papel que juega el Estado de Israel en el Medio Oriente. De la mano con ello van las hipótesis de guerras locales; de ahí que no es la primera vez que ya se dice que “comienzan a escucharse tambores de guerra”. Todo indicaría que algo se está preparando. Pero, como dijo el citado Premio Nobel, “no es precisamente lo que necesitamos los latinoamericanos”.

Podría decirse que el final del siglo XX y los inicios del XXI encuentran a las clases dirigentes latinoamericanas más unidas que en otros épocas. El proyecto del MERCOSUR aparece como la iniciativa integracionista más seria hasta el momento –más aún que el ALBA, lamentablemente– tras todos los años de desunión y desencuentros que signaron la historia regional. Con el liderazgo económico y político de Brasil ya afianzado en la zona, nada indicaría guerra en el horizonte. ¿Por qué, entonces, tantos aprestos bélicos? ¿Por qué esta militarización inusitada para el área, además de las bases estadounidenses propiamente dichas? ¿Por qué esta compra acelerada de armamentos de alta tecnología que se está dando?

Hay que ver bien lo que ello significa: hoy día ningún país de Latinoamérica deja de tener gobiernos “democráticos”, al menos para los moldes de la ideología dominante, que entiende “democracia” como un ejercicio puramente formal, basado casi con exclusividad en el voto cada cierto período de tiempo. Desde esos criterios –y salvo Cuba, según los mismos esquemas– toda el área goza de “democracias” políticas, habiéndose dejado en el pasado las dictaduras militares. Formalmente es así, pero el balance de poderes para el campo popular no ha variado un ápice. Sin gobiernos militares, las condiciones de vida de las grandes mayorías están peor que algunos años atrás. Hoy por hoy no se viven climas militares en el ámbito político; terminaron las guerras sucias contra los grupos insurgentes y las respectivas fuerzas armadas volvieron a sus cuarteles. La militarización, en todo caso, no viene desde dentro, con Doctrinas de Seguridad Nacional e hipótesis de enemigo interno, como en el acmé de la Guerra Fría. Ahora la militarización la impone el imperio en su nuevo diseño de geoestrategia hemisférica. Si suenan tambores de guerra, son los de Washington y sus tropas.

Pero los tiempos cambian, y luego del trauma de Vietnam el imperio ya no quiere desembarcar sus propios soldados. Si lo hace, es bajo otras circunstancias como en Irak y Afganistán, donde se libran otro tipo de guerra, basadas fundamentalmente en la capacidad técnica de control (que, dicho sea de paso, no asegura el triunfo final, tal como estamos viendo esta derrota en cámara lenta que va sufriendo Estados Unidos). De ahí la nueva parafernalia tecnológica en juego: guerras inteligentes, guerras electrónicas, mecanismos de espionaje hiper sofisticados. En todo caso en Latinoamérica se podría repetir el modelo del Medio Oriente: una potencia regional armada hasta los dientes (allá Israel, aquí Colombia), que juega el papel de gendarme de los intereses del país del Norte, evitando la masiva presencia directa de tropas estadounidenses en el terreno. Los muertos, de más está decirlo, los ponen las sociedades locales. Además, la antigua fórmula maquiavélica de “divide y reinarás” sigue absolutamente vigente y operativa. Las guerras –verdad vieja como el mundo– desunen, y alguien saca provecho de eso. Para el caso, no es otro que el proyecto de dominación imperialista el beneficiado, quizá con alguna oligarquía local que logre acomodarse al esquema.

Ahora bien, la militarización a que asistimos tiene características especiales, inéditas incluso: estamos ante un crecimiento de bases estadounidenses con tecnologías de punta como nunca, que sirven en principio para el control y el espionaje, y si fuera necesario, para el despliegue de fuerzas de intervención directa. Pero se ello se complementa con las nuevas hipótesis de conflicto que barren el área: hay un nuevo polo militar que crea desbalance regional, y se llama Colombia.

La verdadera amenaza a la paz en Latinoamérica no proviene del “militarista” y “castro-comunista” Hugo Chávez, como las usinas mediáticas de la derecha internacional quieren fijar en tanto matriz global de opinión. “Chávez llama a las armas”, “Tambores de guerra desde Venezuela” y artilugios por el estilo no son sino distractores que desenfocan el verdadero problema en ciernes. “Colombia debe tomar con toda seriedad la que constituye la más grave amenaza a su seguridad en más de siete décadas pues esta proviene de un Presidente que, además, es de formación militar. La razón es que cada vez son mayores las posibilidades de una provocación que puede ir desde un incidente fronterizo hasta un ataque contra instalaciones civiles o militares en Colombia”, pudo leerse en el editorial del periódico “El Tiempo”, de Bogotá, el pasado 15 de noviembre. Suena tan descabellado como la comunicación del otrora presidente estadounidense Ronald Reagan cuando aseguró que los sandinistas estaban listos para atacar Texas. ¿Qué hay detrás de todo este clima pre- bélico? –y sabemos que las guerras empiezan, ante todo, por la desinformación. Su primera víctima siempre es la verdad–. La posibilidad real y concreta de desatar guerras en la región está presente; guerras que sólo traerán más desgracias a los latinoamericanos que pondrán el cuerpo (los pobres, naturalmente, la población civil de a pie), guerras que hacen parte de la estrategia de control hemisférico de Washington, el verdadero beneficiado con estos eventuales conflictos. Guerras que, como comienzan a delinear las usinas mediáticas formadoras de la opinión pública, ya aparecen como hipótesis. ¿Marchamos inexorablemente hacia ellas?

En este nuevo rompecabezas regional, Colombia juega un papel clave. De ahí la necesidad para los poderes dominantes que Álvaro Uribe siga siendo su presidente. Quizá con un nuevo mandatario en las próximas elecciones el plan maestro no se alteraría, pero sí implicaría nuevas recomposiciones, por lo que para la lógica del imperio está bien un tercer período presidencial del actual jefe de Estado, con lo que se reafirma la hipocresía en juego, porque cuando de la reelección de Hugo Chávez se trata, la “prensa libre” del mundo pone el grito en el cielo, pero con el actual mandatario neogranadino, no.

Colombia es vital en este nuevo esquema militar de Washington por cuanto pasa a ser la principal avanzada de Estados Unidos en territorio latinoamericano, vital para controlar sus intereses. Sin dudas la oligarquía colombiana también se beneficia de esto, si no, no podría ceder su territorio de la manera casi indigna que lo hace (no hay que olvidar sus aspiraciones de siempre a controlar las reservas de hidrocarburos del lago de Maracaibo y las manipuladas pretensiones independentistas del estado Zulia, en Venezuela, en concordancia con esos intereses). ¿Qué puede esperarse de esta remilitarización que sufre el país sudamericano? Cualquier cosa. Por supuesto, lo que menos puede esperarse es un real combate a la producción de estupefacientes y a su tráfico; esa es una de las patas en que se asienta todo el complejo mecanismo del capitalismo mafioso que domina la escena a nivel mundial, con paraísos fiscales intocables y capital financiero transnacional marcando el ritmo. Pero en todo caso, amparándose en un discurso que pretendidamente combate al narcotráfico, la militarización en marcha puede disparar nuevas guerras locales, favorables en definitiva a la estrategia global de Washington y a sus aliados locales. Lo que el citado editorial dice puede ser un probable escenario en el mediano plazo.

Por lo pronto, y para hacer evidente lo antipopular y peligroso de la nueva situación que se va configurando en el continente, debe destacarse que el reciente acuerdo militar entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia –denominado en forma pomposa como “Acuerdo para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad”, pero que en realidad no es sino una base de operaciones estadounidense con absoluta impunidad y fuera de todo control colombiano– se suscribió en un marco de gran secretividad, a espaldas de toda formalidad democrática. De hecho, se firmó en un acto a puerta cerrada en la sede de la cancillería en Bogotá a las 7 de la mañana. Si se prefirió eso y no la masividad de un acto público con amplia presencia de la prensa, ello ya indica una actitud: se cede alegremente la soberanía nacional para una fuerza extranjera, pero se hace a escondidas.

Como dijera el ex canciller argentino Guido Di Tella: “relaciones carnales” con el big brother (eufemismo por decir en buen criollo: “bajada de pantalones”, con todo lo que conlleva la sexista metáfora en juego). Para muestra, véanse cualquiera de los artículos del acuerdo, por ejemplo, el número IV: “Acceso, uso y propiedad de las instalaciones y ubicaciones convenidas”: “Las autoridades de Colombia, sin cobro de alquiler ni costos parecidos, permitirán a Estados Unidos el acceso y uso de las instalaciones y ubicaciones convenidas y a las servidumbres y derechos de paso sobre bienes de propiedad de Colombia que sean necesarios para llevar a cabo las actividades dentro del marco del presente Acuerdo, incluida la construcción convenida”. O el número VI: “Pago de tarifas y otros cargos”: “Las aeronaves de Estado de Estados Unidos, cuando se encuentren en el territorio de Colombia, no estarán sujetas al pago de derechos, incluidos los de navegación aérea, sobrevuelo, aterrizaje y parqueo en rampa. Los buques de

Estado de Estados Unidos recibirán el mismo tratamiento y privilegios que los buques de guerra, y en consecuencia no estarán sujetos al pago de tasas de señalización marítima y fondeo. Estados Unidos pagará las tarifas establecidas en los puertos concesionados por los servicios solicitados y recibidos de las empresas comerciales. […]… de conformidad con el derecho consuetudinario internacional y la práctica, las aeronaves y buques de Estado de Estados Unidos no se someterán a abordaje e inspección”.

De acuerdo a ese convenio, la ahora nada soberana República de Colombia cede a las fuerzas estadounidenses el uso de siete puntos estratégicos de operaciones dentro de su territorio: Malambo, sede del Comando Aéreo N° 3, Cartagena, con su base naval, Tolemaida, del ejército, Bahía Málaga, base naval en el Pacífico, Larandia, también perteneciente al ejército, Palanquero, del Comando Aéreo N°1 y Apiay, sede del Comando Aéreo N° 2. El equipo extranjero será altamente sofisticado: aviones C-17 y Orión C-3, especiales para el espionaje electrónico y considerados poco funcionales para combatir a la guerrilla o al narcotráfico, ideales, en todo caso, para operaciones quirúrgicas como la desarrollada en enero del 2008 contra el segundo comandante de las FARC colombianas, que fuera detectado y bombardeado en territorio ecuatoriano, en plena selva.

De acuerdo a un documento del Departamento de la Fuerza Aérea del Departamento de Defensa de Estados Unidos, “la intención es utilizar la infraestructura existente […] mejorar la capacidad de Estados Unidos para responder rápidamente a una crisis y asegurar el acceso regional y la presencia estadounidense [con lo que se] garantiza el acceso a todo el continente de Suramérica con la excepción de Cabo de Hornos. [Esto] nos da una oportunidad única para las operaciones de espectro completo en una sub-región crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo amenaza constante de las insurgencias terroristas financiadas por el narcotráfico, los gobiernos anti-estadounidenses, la pobreza endémica y los frecuentes desastres naturales”.

Si bien es cierto que Estados Unidos no es ya la super potencia hegemónica con supremacía global como lo fue apenas terminada la Segunda Guerra Mundial pues su situación económica comienza a resquebrajarse, muy lejos está aún de perder su lugar y desbarrancarse como imperio. En todo caso, esta militarización que ahora impone en Latinoamérica puede ser señal de una debilidad a largo plazo, porque trata de demarcar su territorio “natural” (eso son los países al sur de su frontera) para mantenerlo a toda costa como reserva estratégica. Ahora bien: si históricamente eso es una señal de debilidad para el mediano plazo, en el momento actual lo único que trae a la región son más problemas y sufrimientos a las poblaciones. ¿Más guerras? Sí, pareciera que de eso se trata. El recurso a la guerra es siempre un buen expediente para los poderes dominantes, porque sirve para dar salida a las crisis.

En términos estratégicos, Washington comienza a tener ante sí un escenario que le cuestiona su absoluta hegemonía de décadas atrás. En lo económico, siendo aún la primer potencia, hace tiempo que viene perdiendo dinamismo, y nuevos actores internacionales van camino a cuestionarlo. El dólar está dejando de ser la moneda universal intocable. En la región sudamericana, dentro de esa lógica de pérdida de presencia, Brasil es una nueva fuerza económica que puede quitarle protagonismo. Y de hecho la mayor parte de la Amazonia –vital para la estrategia de la Casa Blanca– se encuentra en su territorio. Por tanto, como apuesta por el mantenimiento de esa supremacía en el mediano plazo, la estrategia imperial apunta a contener a Brasil. Pero este país, décima economía mundial, con una oligarquía nacional que ya se comienza a sentir envalentonada y reclama una silla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lidera un bloque como el MERCOSUR que, indefectiblemente, pasa a ser también un grupo de incidencia política. Lo cual se complementa, también, con pretensiones de hegemonía militar. La carrera armamentista en que ha entrado el país carioca con la modernización de sus arsenales compite con la delegación estadounidense en la zona: Colombia. Las fuerzas armadas que crecen y las armas que se acumulan en los arsenales –esto es una “ley” largamente demostrada en la historia– tarde o temprano entran en acción. La única guerra en que no se dispararon tiros directamente los contendientes fue la Guerra Fría; pero ahí, los misiles que no se lanzaban las potencias tenían como correlato las guerras locales que desangraron el mundo luego de terminada la Segunda Guerra Mundial en representación de los respectivos bloques de poder. Hoy no hay Guerra Fría, y el petróleo y el agua dulce se agotan (dicho sea de paso, un ciudadano estadounidense medio consume 100 litros diarios de agua, contra 30 de un europeo y 1 de un africano). Las pretensiones hegemónicas de Brasil encuentran su correlato en una Colombia hiper armada (en proporción a su población, las fuerzas militares más grandes de Latinoamérica, y en términos absolutos, similares a las de Brasil). Ya está claro su papel obstructor y disgregador, tal como puede apreciarse en UNSAUR y en el Consejo de Defensa Suramericano. ¿Para qué necesita Colombia los gastos militares, en proporción, más altos del mundo, más que los del propio Estados Unidos? Para combatir al narcotráfico, evidentemente no, porque la producción de hoja de coca y su transformación en cocaína, luego de casi 10 años de plan Colombia (y luego Patriota) no desaparecieron. Todo apunta más a que su papel tiene que ver con un Israel en los desiertos del Medio Oriente; allá hay hidrocarburos. Aquí no sólo eso: también recursos hídricos y biodiversidad. Además de gobiernos díscolos, como el de Hugo Chávez, o el de Evo Morales. Y grupos sociales que siguen reivindicando cambios (los movimientos indígenas latinoamericanos son una de las principales hipótesis de conflicto del Pentágono para las primeras décadas del siglo XXI).

El curiosamente Premio Nobel de la Paz (¿serán esquizofrénicos los que otorgan estos galardones?) Barak Obama ha continuado sin modificaciones la política militarista de su antecesor, el presidente George Bush; incluso mantuvo en el cargo al mismo secretario de Defensa, Robert Gates, un connotado halcón. Está claro el mensaje en juego: más allá de declamaciones, ninguna base militar estadounidense en el área latinoamericana han sido cerrada. Por el contrario, se expanden. Y el contrato de “cooperación” militar con Colombia da la pauta: el “arco de inestabilidad global”, como denominó el Pentágono a la zona de América Latina que contiene reservas petrolíferas, acuíferas y de biodiversidad, sigue siendo su preciado botín. Eso lo considera de su propiedad, y si alguien osara ponerlo en duda, ahí está la parafernalia militarista para recordarlo, en la que Colombia juega un papel clave. Si existe alguna amenaza de tambores de guerra en la región, no es la compra de armamentos por parte del gobierno venezolano.

Fuente: Argenpress-Agencia informativa

Los representantes de Gobierno de los países que integran el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) firmaron un comunicado este martes en el que desconocen los resultados de las elecciones de Honduras.

Consideran que el proceso electoral fue ilegítimo al darse en el marco de un golpe de Estado y con el presidente constitucional desplazado de su cargo por la fuerza.

En el comunicado, las Naciones del MERCOSUR_ “reiteran su mas enérgica condena y consideran inaceptables las violación de DD.HH. y libertades del pueblo ante la no restitución de Manuel Zelaya en el cargo que fue democráticamente electo”._

El texto expresa el desconocimiento de Porfirio Lobo como nuevo presidente electo de Honduras en el marco de un proceso que se realizó con un histórico nivel de abstención por parte de la ciudadanía.

En la Cumbre de presidentes del MERCOSUR , la Jefa de Estado argentina, Cristina Fernández, mencionó que cualquier tipo de ruptura del orden constitucional en Latinoamérica y el mundo, es inaceptable.

Fuente: PÚLSAR-Agencia Informativa