Categoría: Incidencia

En anteriores notas nuestras, desde 2008 hemos afirmado que Chile sería una de las economías más afectadas de América Latina, entre otros factores, a los Tratados de Libre Comercio que profundizan la gran apertura de la economía chilena, y con esto, profundizando la especialización de la economía chilena en la exportación de primarios.

Criticando el optimismo del ministro de Hacienda, hemos demostrado que Chile entró en recesión a partir del tercer trimestre de 2008, si la tasa de crecimiento del PIB se mide en relación al trimestre inmediatamente anterior, como se hace en Estados Unidos. Además, hemos señalado que Chile es el primer país de América Latina que entró en recesión. Otros analistas también llegaron a estas conclusiones.

La realidad ha sido tan contundente, que el propio Mercurio, que por un prolongado período de tiempo, también afirmaba la fortaleza de la economía chilena y difundía que Chile sería el país menos afectado de América Latina, reconoció en una reciente Editorial del 8 de agosto, – entre otras cosas- lo siguiente:

“Si el crecimiento se mide como en los países desarrollados es decir, trimestre a trimestre anualizado, y no en 12 meses, entonces el segundo trimestre de este año fue el cuarto consecutivo de contracción en la actividad económica, con una baja de sobre cuatro por ciento acumulada durante este período. Cabe notar que esto es incluso superior a la baja de 3,9 por ciento que durante el mismo lapso ha tenido Estados Unidos, epicentro de esta crisis”.

Más adelante la citada Editorial agrega:

“Y es preocupante que Chile, que fue el primer país de Latinoamérica en entrar en recesión, aún no muestre señales claras de reactivación”.

El Mercurio, aunque en forma tardía, confirma los estudios críticos anteriores. Sin embargo, ocultando que los mayores impactos de la crisis en Chile se deben las características estructurales de la economía chilena, fundamentada teóricamente en el neoliberalismo.

En otro párrafo, reconocen el papel fundamental del cobre, que ha evitado que la crisis en Chile sea más profunda de lo profunda que ya es. La mencionada Editorial del Mercurio señala:

“Por otra parte, a pesar de que el precio del cobre cayó desde sus máximos, se ha mantenido en niveles elevados, por lo que, a diferencia de crisis pasadas, en las que los términos de intercambio se desplomaban, en esta oportunidad no ha sido ésa una de las causas relevantes de la recesión interna. A esto se agrega que los recursos acumulados en los años previos han despejado la posibilidad de cualquier problema de escasez de financiamiento externo -también un mal endémico en crisis pasadas”.

Sin embargo, no señalan que Chile fundamentalmente cuenta con los recursos del cobre de las empresas nacionalizadas por Salvador Allende. Las grandes mineras mundiales en Chile controlan más del 70% de la producción de cobre chileno y sus aportes al Estado chileno son mínimos en relación a los aportes de Codelco, y más aún, en relación a las cuantiosas ganancias que envían a sus matrices en países desarrollados.

A continuación, reproducimos nuestros comentarios a la Editorial de El Mercurio del 8 de agosto de 2009, en que cada comentario está limitado a un máximo de 350 palabras:

Primer comentario de Orlando Caputo Leiva:

“En Chile los fuertes impactos de la crisis hasta ahora, y las grandes pérdidas están afectando seriamente el consumo, la inversión y la producción nacional.

La producción nacional, adicionalmente enfrenta una fuerte competencia internacional facilitada por los TLC’s, agravando la recesión económica en Chile, que como lo hemos señalado, se inició a partir del tercer trimestre de 2008.

Chile lleva 36 años de experiencia neoliberal, con una gran apertura unilateral a la circulación de mercancías y de capital, que se ha profundizado por los múltiples TLC’s. En particular los TLC’s Chile-EE UU, Chile-Canadá, Chile-Unión Europea y Chile-China. Lo anterior, lleva a que la transmisión de la crisis mundial se exprese rápida y profundamente en la economía chilena.

Estas apreciaciones cuya evidencia se manifiesta más claramente en una concepción que considere la existencia de la economía mundial, no están presentes en las interpretaciones de los economistas neoliberales del gobierno y del Banco Central. Ellos tienen al igual que el neoliberalismo, como escenario teórico y metodológico de sus reflexiones, la economía nacional y sus relaciones con otros países. Sobre la base de esta concepción nacional, han señalado: primero, que Chile con una buena política económica puede evitar que la crisis se manifieste. Posteriormente, han afirmado que los impactos serán menores que en otros países.

La economía mundial tiene una existencia objetiva que se observa en la creación y recreación de una estructura productiva y de circulación mundial de las mercancías por sobre los países. El neoliberalismo en tanto, y en general las principales escuelas de la ciencia económica, analizan el comercio inter-nacional: finanzas inter -nacionales, destacando la base nacional de las relaciones económicas inter-nacionales. No sólo niegan la dependencia, sino que afirman la independencia de las economías nacionales.

En esta reflexión, afirman adicionalmente, que los shocks externos pueden enfrentarse con políticas económicas. Por esto, el ministro Velasco y el Banco Central, primero señalaron que Chile no entraría en crisis y posteriormente han continuado con optimismo, cuando la crisis ha seguido profundizándose”.

Segundo comentario de Orlando Caputo Leiva

Continuación:

“Esta concepción teórica de manuales de economía, que se sintetiza en Economía Nacional y Resto del Mundo, a pesar de ser economías muy pequeñas, explica las reiteradas afirmaciones del Banco Central y del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, quienes señalaron durante todo 2008 y hasta el primer trimestre de 2009, que Chile sería afectado, pero que seguiría creciendo gracias a la política económica aplicada.

En enero de 2009, el Banco Central afirmó que la economía chilena tendría un crecimiento en este año, de entre 2% y 3%.

Andrés Velasco afirmó hasta hace muy poco, que a pesar de la crisis internacional, la economía chilena seguiría creciendo, destacando la importancia de ese crecimiento en el contexto internacional y latinoamericano La recesión fue permanentemente negada y criticaban a los economistas que demostraban que la recesión en Chile estaba presente a partir del segundo semestre de 2008.

También en forma reiterada, la cadena CNN informaba que América Latina sería impactada por la crisis, pero que sin embargo, estaba mejor preparada para enfrentar la crisis que en otros periodos. Entrevistaron a varios expertos de agencias financieras, de países y de gobiernos, quienes en relación a lo anterior, señalaban que había distintos grupos de países según el impacto para enfrentar la crisis. Afirmaban que había un grupo de países, aquellos en que las transformaciones neoliberales habían sido más profundas que serían los menos afectados. Este grupo de países estaría liderado por Chile, que sería el país menos afectado de América Latina

Nouriel Roubini, es uno de los economistas que predijo la crisis mundial, ha señalado en un reciente estudio que 14 países a nivel mundial han enfrentado mejor la crisis. NO menciona a Chile. Menciona China e India y en América Latina menciona a Brasil y Perú.

Según el académico de la Universidad de Nueva York Brasil y Perú se han beneficiado por ser economías relativamente cerradas. Brasil con un sector exportador más diversificado.

Este análisis confirma los comentarios anteriores. Chile es una economía muy abierta y exportadora de primarios. Por eso es muy afectada por la crisis”.

Primer comentario de Graciela Galarce Villavicencio

“Obama, su ministro de Hacienda y el Presidente del Banco Central de Estados Unidos han sido muy objetivos y transparentes. Reconocieron que la crisis en EEUU empezó en diciembre de 2007. Que la crisis mundial ha sido muy profunda. Recientemente han afirmado que se han alejado del abismo. Ayer frente a la disminución de su tasa de desempleo de 9,5% a 9,4% cuando todos esperaban un aumento, Obama ha llamado a la cautela y ha declarado que en los próximos meses el desempleo puede llegar al 10% y más. Obama es un economista con una visión económica e histórica mucho más amplia. Ha señalado que el neoliberalismo extremo debe ser superado.

En Chile, Andrés Velasco siempre comenta las cifras en función de lo que le conviene. En conferencias descalificó a quienes usaban la metodología de Estados Unidos, que mide el crecimiento de la producción en relación al trimestre anterior, demostrando que Chile estaba en crisis desde el tercer trimestre de 2008. Velasco afirmaba que no debía cambiarse el instrumento de medición comparando el trimestre con el trimestre del año anterior, Chile seguía creciendo y creando empleo.

Ahora, con gran soltura afirma frente a la sorpresiva caída de la producción en junio en 4%, que sin embargo, medida en relación al mes anterior, la producción crece un poco y lo mismo replica Michelle Bachelet.

Se pasaron!!! Qué diferencias con la transparencia de Obama”

Segundo comentario de Graciela Galarce Villavicencio

“Las autoridades económicas chilenas desconocen o no recuerdan la historia económica nacional.

Chile, según estudios de la CEPAL, fue el país de América Latina más afectado en la crisis de inicios de los años 80’. El PIB cayó en 14%, la producción industrial en 23% y la desocupación, según CIEPLAN, alcanzó el 30%. Esta crisis ha sido caracterizada como ‘el colapso económico y financiero de 1982 y 1983’ por académicos chilenos.

Recordamos que Chile fue también el país más afectado a nivel mundial en la Depresión de los años 30. Aníbal Pinto, en su libro señala:

“Como se sabe, la “Gran Depresión” golpeó a la economía chilena con violencia excepcional, tanto que un famoso y citado informe de la Liga de las Naciones señaló a nuestro país como el más afectado entre todos. Sus exportaciones se redujeron a la mitad de su volumen y a la cuarta parte de su valor; las importaciones disminuyeron un 80 por ciento entre los años culminantes antes y después del colapso”.

Chile fue el país más afectado en las dos crisis señaladas, porque como ahora, era una de las economías más abiertas al comercio exterior y al capital extranjero, que profundiza el carácter primario exportador.

La crisis económica en Chile iba ser tan profunda, que el gobierno ha incremento en forma extraordinaria el gasto estatal en 11 mil millones de dólares, provenientes de los excedentes de los últimos años del cobre nacionalizado por Salvador Allende en 1971. Estos gastos extraordinarios son equivalentes al 8% del PIB chileno.

Dado que este gasto es uno de los componentes del PIB, sin él el PIB de 2009 hubiese caído en 10% o más, incluyendo la caída proyectada y este 8% de incremento del gasto”

Fuente: ARGENPRESS.info

“Que descanse en paz la Defensoría de los Habitantes”, dijo a Informa-tico.com el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, cuando se le preguntó su opinión sobre el eventual nombramiento de Taitelbaum como sucesora de la médica Lisbeth Quesada.

“Lo poco que quedaba de independencia política e institucional desaparece con la designación de doña Ofelia. Los restantes candidatos a ese cargo, por decoro, deberían retirar sus nombres de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, porque van a hacer el ridículo”, agregó Vargas.

Pertenece a la “Ariastocracia”

El observador de la Arquidiócesis de San José ante los movimientos sociales, el sacerdote Miguel Picado, dijo que “me parece que un Defensor tiene que defendernos en muchas cosas, entre ellas del gobierno, y entonces alguien tan ligado a la presidencia ya no puede defendernos, solo por esa razón ella no puede ser la Defensora”.

“Debería desistir. No la conozco, no se si es buena o mala diputada, pero pertenece a los círculos políticos, a la “Ariastocracia”, por eso debería hacerse a un dado, ella no puede ser Defensora. Que no sea terca, que no se meta”, agregó Picado.

Por su parte, la subsecretaria de la Unión Nacional de Empleados de la Caja del Seguro Social (UNDECA), Marta Rodríguez, dijo que “esperabamos que la designación fuera de una persona de lucha al lado de los más necesitados, y no un nombramiento puramente político”.

Pastoral: se convertiría en otro TSE

El miembro de la Pastoral Social de Guanacaste, Juan Felix Castro, declaró que Taitelbaum “responde a la línea de gobierno que se orienta hacia la toma de las instituciones, y eso es muy peligroso”.

“Esta persona, si es nombrada, no se diferenciaría de la política gubernamental, y eso hace que la Defensoría pase a jugar papel pasivo y que sea una institución más en la lista de instituciones que el gobierno tiene copadas, como es el caso del Tribunal Supremo de Elecciones”, señaló Castro.

“Colocada a dedo”

Por su parte, el presidente del Movimiento Diversidad, Abelardo Araya, manifestó que “creo que si es así, será colocada a dedo. Ella no es una persona que se haya distinguido en el tema del trabajo por los derechos humanos, por los derechos de las minorías,, pese a ser parte de una minoría, por ciento muy poderosa”.

“La Defensoría ya se volvió parte del botín político, se nombran personas a dedo que no ofrecen ni siquiera el mínimo para trabajar en el puesto”, apuntó Araya.

Finalmente, el dirigente de la Unión Agrícola Nacional, Guido Vargas, declaró que “ella está muy ligada a todo el ambiente político. Debería nombrarse a alguien que estuviera un poco más lejos de eso. Costa Rica tiene toda una cantera de gente preparada”.

“Sería más conveniente alguien más neutral. Me parece a mi que teniendo el país, muchas personas preparadas e independientes, se les debería dar oportunidad”, puntualizó Vargas.

Fuente: http://informa-tico.com

La apertura de las Telecomunicaciones en Costa Rica es una privatización real de la actividad, si se le mira por sus futuras consecuencias, y destruyó vía Asamblea Legislativa, el concepto de Monopolio Natural, y las sabias prácticas empresariales del servicio al costo y la reinversión de las ganancias, las cuales lograron en esos 59 años, tener en Costa Rica las más bajas tarifas en los servicio de telefonía y comunicaciones en toda AMERICA LATINA, incluyendo las nueva tecnologías, y haber cubierto paralelamente un 98% de las necesidades nacionales de energía eléctrica, también con precios en descenso. Esto está probado por diferentes fuentes técnicas, nacionales e internacionales. En otras palabras, el ICE ha sido una Institución Pública de muy alto rendimiento, colaborando en la concreción de una sana convivencia.

Desgraciadamente, en el proceso de apertura-privatización que señalo, faltó totalmente el examen financiero y de costos e ingresos marginales, con crecientes economías de escala, tal y como lo demostré a la Sala Constitucional, la Defensoría de los Habitantes, y Ministerio Público. Remito a los interesados a una revisión profesional del Acta de la Sesión de la Junta Directiva del ICE 5758, en todo su contexto para materializar esa conclusión.

Viendo las futuras consecuencias de la privatización de referencia, al pueblo costarricense no se le dio el beneficio del mandato de la norma No. 50 de la Constitución Política, el cual impone a los Poderes Públicos procurar alcanzar los mayores niveles de bienestar de los habitantes, en el tanto la facturación de la telefonía aumentará por la agregación de rubros nuevos e innecesarios, por parte de los operadores privados, que en esos 59 años el ICE no aplicó por disposición legal, por ejemplo: a) Cobertura del costo de oportunidad del dinero; b) Los altos costos de operación de la SUTEL; c) El pago de la interconexión de redes; d) El crecimiento desmesurado de los gastos de publicidad en régimen de competencia; e) Los pagos por el uso del espectro electromagnético; f) Transferencias derivadas del Impuesto sobre la Renta; g) Otros.

Dada esta realidad, y conociendo objetivamente que el negocio de las Telecomunicaciones se ubica en el Valle Central, el ICE por estimaciones efectuados a lo interno, proyecta una disminución de sus ingresos en un 66%, operando dentro de una competencia imperfecta, en el mediano plazo, sugiriendo una quiebra técnica, de acuerdo a estándares internacionales.

Obviamente, Costa Rica tendrá que conformarse con eliminar la práctica financiera de que TODAS las ganancias económicas del Sector o Mercado global de Telecomunicaciones, se apliquen totalmente en la ampliación de los Sistemas y Redes (no habrá honestamente posibilidades para continuar con el principio de universalidad, y servicio al costo, y por ende de la solidaridad). Estos emolumentos, se exportarán en dividendos a socios del exterior, y éstos inversionistas globalizantes, continuarán exigiendo la explotación transfronteriza de las comunicaciones y la energía eléctrica, monopólicamente, así como la expansión de esos servicios desde la República de México hasta la República de Colombia, incluyendo líneas de fibra óptica que pertenecerán a uno o dos dueños. El costarricense que desee ampliar en estos temas, puede preguntar a las organizaciones denominadas SIEPAC y COMTELCA, en donde hay algunos ex funcionarios importantes del ICE laborando en Ingenieria y Abogacía, o bien referirse al Director Gerente del Banco Interamericano de Desarrollo, señor Moreno, para obtener sus intenciones de privatizar el servicio público de buen rendimiento económico, en América Latina, usando el patrimonio de ese Banco de Desarrollo, más los capitales privados que ya operan en todo el continente.

Finalmente, todos los extremos dichos, debieron haber sido pesados, valorados y proyectados en su momento por el Tribunal Constitucional y el Gobierno Central, con la colaboración de los Medios, a la hora de hacer justicia con las necesidades materiales de la población, y dada esa ausencia de actitud institucional, lo expuesto por el señor Magistrado Jinesta no es de recibo, bajo ninguna circunstancia. No fue la Constitución Política la que nos arrastró a la referida privatización, fueron las proyecciones económicas de los paises y empresas hegemónicas las que nos obligaron a tal situación, y máxime si uno intercala confusiones en la administración de la JUSTICIA COSTARRICENSE, como es el punto que se refiere a la prohibición Constitucional que existía desde la Administración Trejos Fernández, para la reelección en la Presidencia de la República, de los señores ex­–Presidentes, asunto de todos conocido.

Lic. Elías José Lizano Jarquín
Cédula 1-284-824
Licdo en Ciencias Económicas y Sociales UCR
Post grado Administración Proyectos FGV-Brasil
Ex-miembro Junta Directiva del ICE.

El Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (*SINTRAJAP*) denunció una intromisión abierta del Gobierno en la agrupación, y lo acusó de ejercer un “_terrorismo laboral y psicológico_” contra los trabajadores, a fin de que acepten la concesión de los puertos de Limón.

La intervención del Gobierno se ha estado dando por diversos mecanismos, en clara violación a los acuerdos internacionales de libertad y autonomía sindical que el país está obligado a respetar. La intromisión se está dando con declaraciones de ministros contra el sindicato en una forma nunca antes vista, y hasta del mismo presidente Oscar Arias ha salido personalmente a atacar el sindicato, lo que se debe denunciar. También la están haciendo mediante rumores boca a boca y correos internos en la red de JAPDEVA (Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica).

Lo último es que le están diciendo a la gente es que si no aceptan la concesión entonces los van a botar a través de una reestructuración, afirmaron Liroy Pérez, secretario de prensa, y José Luis Castillo, secretario de finanzas de SINTRAJAP.

“_Tenemos tres años y medio de tener un ataque psicológico burdo contra los trabajadores, eso está afectando a más de uno, y hay gente con problemas de nervios por la zozobra de que se va a quedar sin trabajo, aunque esto es mentira, porque no hay ninguna posibilidad de que JAPDEVA despida a nadie por reestructuración, y más bien hace falta gente en la parte operativa_”, dijo Pérez.

Similares denuncias en solidaridad con SINTRAJAP hicieron la Central General de Trabajadores, el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (*ANEP*), entre otros. Albino Vargas, secretario general de la ANEP, tachó de chantaje vulgar el ofrecimiento de $137 millones (que el Gobierno está haciendo a los trabajadores para que acepten la concesión de los muelles de JAPDEVA.

El presidente ejecutivo de JAPDEVA, Francisco Jiménez, negó la acusación del sindicato de que desde su despacho se estaría generando una guerra sucia con mensajes anónimos contra los dirigentes sindicales. Sin embargo, reconoció que se está haciendo un uso “_totalmente inconveniente_” de la red interna de la institución para mandar mensajes insultantes de un lado a otro, cosa que él rechaza.

El sindicalista Castillo dijo que “l_a gente está cansada de ver todos los días correos electrónicos con insultos, algunos firmados y otros anónimos, que se envían desde direcciones inventadas a la red interna de JAPDEVA, diciendo mentiras sobre los dirigentes del sindicato_.”

La crispación entre la agrupación gremial y la administración aumentó luego que la directiva de SINTRAJAP rechazó un pedido de un grupo de trabajadores apoyado por la administración para convocar a una asamblea general y someter a votación si quieren negociar con el Gobierno. La solicitud no cumplía los requisitos básicos establecidos y contenía una serie de irregularidades que hacían imposible aceptarla, argumentó el sindicato en un documento donde enumera las irregularidades. Por ejemplo, a los pliegos con firmas en papel de oficio les pegaron dos hojas con la petición donde no hay ni una sola firma, dijeron Castillo y Pérez, que mostraron el documento original para demostrar las irregularidades.

Según los sindicalistas, el llamado “_grupo mediador_”, que recogió las firmas, está encabezado por “_testaferros_” de la Presidencia Ejecutiva para boicotear el sindicato. Mencionaron a personas que dicen haber sido engañadas, pues les pidieron la firma para una cosa y luego apareció en el pliego que era para otra, por lo que ahora piden retirar sus nombres.

Al contrario, el presidente ejecutivo de JAPDEVA dijo que las del grupo mediador son personas que se han tenido la valentía de manifestarse pública y abiertamente en contra la posición de la dirigencia sindical, por lo que merecen respeto.

El Gobierno y el presidente Oscar Arias incluso –que ocupó una cadena de televisión- acusan al sindicato de antidemocrático por no atender la petición de convocar a asamblea general. Afirmó que fueron 709 trabajadores los que firmaron la solicitud, más del 52% de los miembros del sindicato, siendo que basta con un 25% según los propios estatutos del sindicato.

Según Castillo, no había ese número de firmas, por las razones mencionadas, pero considerando que habría una expresión de voluntad de trabajadores interesados en que se convoque la reunión, la directiva decidió convocar para el 9 de octubre. Sería la quinta cita de trabajadores en que se debate el tema, ya que en cuatro realizadas anteriormente la concesión fue rechazada, señaló.

El Gobierno pretende entregar la operación de los puertos de JAPDEVA a una trasnacional, a lo que se opone el sindicato, que pide una inversión de $80 millones para elevar la eficiencia de los puertos de JAPDEVA, y que las entradas sigan siendo utilizadas para obras de desarrollo en la provincia, en vez de que se vayan a empresas privadas. El Gobierno también pretende dar en concesión las llamadas fases 2 y 3, que consisten en la construcción de un nuevo muelle de 1.500 metros en Moín, con una inversión superior a los $800 millones.

El sindicato y el Partido Acción Ciudadana (PAC) han planteado una fórmula mixta, que consiste en dejar los actuales muelles en manos de JAPDEVA, modernizándolos con una inversión de $80 millones, para entrar a competir con los consorcios privados a los que se adjudicarían las fases 2 y 3. Esa fórmula, sin embargo, no ha sido aceptada por la administración.

SINTRAJAP rechazó el ofrecimiento del Gobierno de pagarles a los trabajadores $80 millones en indemnizaciones (¢46.640 millones) oferta que fue elevada a $137 millones (¢79.871 millones) en mayo pasado. Según Castillo, el Gobierno está desesperado y ha aumentado la presión sobre los trabajadores porque se le acaba el tiempo, ya que necesita dejar amarrada la concesión antes de que termine su período el próximo mes de abril, pero para ello necesita la firma del sindicato. Por eso desde el 21 de mayo ofrece “_un chantaje mayor y sube a $137 millones la oferta, y mantiene todo el plan fantasioso que venía ofreciendo, de pensión a los 50 años, un 100% de recontratación a toda la gente. Eso es una charlatanería que no tiene fundamento legal, económico ni operativo_”, aseguró.

El sindicato está dispuesto a dialogar, pero no sobre fantasías. El Gobierno debe explicar en qué presupuesto están los $137 millones o cual empresa va a ponerlos. Debe decir donde está la ley de pensión a los 50 años, aprobada por los diputados y publicada en La Gaceta, y cuántas plazas están ya abiertas, ya que dice que va a trasladar a todo el mundo a otros puestos horizontales, señaló Castillo.

Agregó que una de las razones del apuro del Gobierno por lograr un acuerdo con el sindicato es que después del 8 de octubre, cuando empiece la campaña electoral, no podrá seguir pagando con fondos públicos la propaganda sobre el proyecto “_Limón ciudad puerto_”, que es un maquillaje para pasar la concesión, afirman los sindicalistas.

Por otro lado, la licitación del muelle nuevo está parada, porque la Contraloría General mandó hacerle 52 correcciones al cartel, y mientras no las hagan y las publiquen no podrán recibir ofertas, además de que no hay empresas interesadas en invertir, porque lo que les interesa en realidad son los actuales muelles de JAPDEVA.

INTERESES

De acuerdo con el sacerdote Gerardo Vargas, quien ha estado involucrado en las luchas sociales en la provincia limonense, el Gobierno y la administración de JAPDEVA están utilizando a un grupo de trabajadores para defender los intereses del Poder Ejecutivo y de la Presidencia Ejecutiva de la entidad, “_pero aquí todo el mundo sabe quiénes son los que están detrás son ellos_.”

“_Están invirtiendo plata, tiempo y trabajo con el objetivo de descabezar a la junta directiva de SINTRAJAP. Ellos saben que eliminando a la directiva pueden lograr lo ellos quieren que es adueñarse de JAPDEVA. Es importante que la gente de Limón y de toda Costa Rica sepa que aquí lo que está de por medio son los intereses del Poder Ejecutivo de pasar los muelles de Limón a un grupo de empresarios, a los que les van a generar mucha ganancia, y Limón se va a quedar con la miseria como ha pasado todo el tiempo_”, aseguró Vargas.

Tras la intervención del presidente Arias por televisión fustigando a SINTRAJAP, el Sindicato de Trabajadores Marítimos, Ferroviarios y de Muelles, que negoció la concesión de Puerto Caldera hace tres años, envió una carta pública al mandatario diciéndole que “_tienen razón los compañeros de Limón de no aceptar lo que ustedes les están ofreciendo, que en su momento se lo ofrecieron a Puntarenas y no lo han cumplido_”.

Añade que tras la concesión del puerto unos pocos se están haciendo millonarios mientras los trabajadores están sufriendo los miserables salarios que les pagan; “_esto no fue lo que nuestro sindicato quería para los trabajadores sino más beneficio para la comunidad puntarenense_.” Tras la concesión del puerto ha aumentado el desempleo, la pobreza y la drogadicción en Puntarenas, afirma.

El secretario general, Gregorio Bolaños, uno de los dirigentes que negoció con el Gobierno la concesión de Caldera, aseguró que “_el Gobierno tiene una política de comprar a los trabajadores, para quebrar a los sindicatos, y lo que están viviendo los compañeros en Limón lo vivimos nosotros en Puntarenas_.”

Acusó al Gobierno de Arias no haber cumplido la “_carta de intenciones_” firmada con los sindicatos. Los extrabajadores del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) recibieron la plata de la indemnización, la gastaron, se quedaron sin trabajo, pues solo poco más de medio centenar fueron recontratados y al debilitarse el sindicato ahora no puede exigirse el cumplimiento de lo que se prometió, lamentó Bolaños.

Una de las cosas que no se cumplió fue la aprobación del estatuto portuario, donde se garantizaba una estabilidad económica al trabajador, indistintamente de con quién fuera a trabajar. “_Nosotros necesitamos abrir un estado de conciencia de la situación que vive Puntarenas. Desde que se dio la concesión hace tres años no ha habido un cinco de aumento a los trabajadores, ningún patrón puede aumentar los salarios porque no les han aumentado el ingreso, y Dios guarde pongan la queja porque los colombianos (concesionarios del puerto) no les dan trabajo, y por eso ninguna empresa puede alzar la voz_”, aseguró Bolaños.

“Gran mordida”

De inmoral y vulgar calificó Albino Vargas, secretario general de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (*ANEP*), el ofrecimiento de $137 millones que el Gobierno está haciendo a los trabajadores para que acepten dar en concesión a la empresa privada los muelles de Limón y Moín.

“_Es la mordida más grande de la historia nacional. Ofrecerle a un grupo de 1.300 personas $137 millones – estamos hablando de prácticamente ¢80.000 millones- para que acepten entregar los muelles de Limón a intereses privados, para mí es una mordida. Eso es inmoral, antiético, vulgar es la palabra que yo le pondría a eso_”, dijo Vargas.

La pregunta que la gente tiene que hacerse –añadió- es cuál es el tamaño del negocio de que estamos hablando como para ofrecer una mordida de $137 millones, cuánta es la proyección de los ingresos como para ofrecer tal cantidad de dinero a tan pocas personas. Y es que efectivamente los muelles de Limón son un negocio de un calibre tal, que no ha sido explotado hasta ahora por el país.

Según el dirigente, SINTRAJAP está haciendo “_una lucha heroica, digna de admiración de nuestra parte_.” Acusó al gobierno de Oscar Arias de estar violentando todos los principios de libertad y autonomía sindical consagrados en los tratados internacionales que Costa Rica está obligado a respetar, sobre todo aquellos relacionados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Tanto que esta situación habría que denunciarla ante las instancias internacionales.

“_Hay una intromisión tan burda en los asuntos internos de un sindicato como pocas veces se ha visto en la historia nacional. Creo que solo tiene parangón el caso de la ANEP en el año 84, cuando fue intervenida por el gobierno de Luis Alberto Monge, pero después de allí no conozco un episodio donde un gobierno se entrometa, acose, chatajee e intimide a una dirigencia sindical, simplemente porque no se le arrodilla._”

“_Además, me parece que SINTRAJAP es víctima de una conjura para anularlo, que cuenta con el apoyo del Grupo Nación, en alianza con los sectores más neoliberales de la actual administración. Para este grupo de poder económico, que tiene las riendas de poder real en Costa Rica, lo de JAPDEVA es inaceptable, y ellos lo ven como un objetivo estratégico de su posicionamiento por copar las partes más rentables de la institucionalidad pública y convertirla en asuntos de negocios y lucro privado_.”

Para el dirigente sindical, la respuesta a la ofensiva del Gobierno para privatizar los muelles tiene que “_ser desde abajo, desde la comunidad limonense. Tendría que haber algún tipo de movilización social para detener esa ofensiva, y me parece que el escenario internacional también hay que aprovecharlo_.”

En su opinión, SINTRAJAP tiene de sobra para presentar una denuncia ante la OIT y otras instancias, como el Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea, que establece el respeto a la autonomía sindical.

En cuanto a las indemnizaciones que el Gobierno ofrece a los trabajadores de JAPDEVA, señaló que quedan dos grandes interrogantes. Una es quién pone los $137 millones, si serán los contribuyentes costarricenses los que quedarán endeudados. Y otra es cuál es el marco jurídico para pagar esa plata, porque dar prestaciones más allá del Código de Trabajo es ilegal. “_Ofrecer indemnización a cambio del empleo es una aberración jurídica. Pagar más allá de los ocho años que dice el Código de Trabajo tampoco suena racional. Entonces creemos que ocupan doblegar a la dirigencia de SINTRAJAP para que el sindicato les firme una cláusula convencional que legalice la mordida_.”

“En el INCOP hicieron lo mismo, compraron a los dirigentes sindicales que eran los titulares de la convención colectiva, y con la complicidad del Ministerio de Trabajo hicieron un adéndum a la convención colectiva para darle legalidad a la indemnización. Si ellos no logran controlar a SINTRAJAP no tienen quien les firme la modificación para legalizar la mordida.

Si no, tienen que ir a la Asamblea Legislativa a buscar una modificación legal, y eso es complicado, tienen que saltarse la ley y quedar en abierta violación a la legalidad vigente en esa materia, y por eso ocupan a SINTRAJAP.”, comentó Vargas.

“Totalmente respetuosos”

Francisco Jiménez, presidente Ejecutivo de JAPDEVA, negó que haya intromisión de la administración en el sindicato, y a la vez tachó de demagogia los argumentos dados por los directivos de SINTRAJAP, para rechazar las firmas de trabajadores que pidieron la realización de una asamblea general para negociar con el gobierno.

“Nosotros hemos sido totalmente respetuosos del proceso sindical, tanto es así que siempre hemos utilizado el canal de comunicación con SINTRAJAP. Lamentablemente la posición de SINTRAJAP es totalmente intransigente porque lo que hemos planteado es que sobre la base de una votación, los trabajadores tomen la decisión sobre el modelo de gestión de los puertos.

Es una muestra clara que estamos dispuestos a aceptar la voluntad de los propios trabajadores, porque tenemos la convicción de que existe a lo interno de los trabajadores una total conciencia de que el deterioro institucional que hay necesita un cambio. Por eso más de 700 trabajadores firmaron y es totalmente claro cuáles son las solicitudes que hacen la mayoría de los trabajadores, que ante el Ministerio de Trabajo son 1.267 los inscritos, eso quiere decir que son más del 50% los que firmaron.”

“_Usted ve que la petición fue muy clara: sométase a votación la propuesta que hizo el Gobierno el 20 de mayo. Si esa propuesta es aprobada, hágase una propuesta de mejora o negociación y constitúyase una comisión negociadora. Me parece que es totalmente claro como para que el sindicato invoque que no hay claridad en la petitoria, eso se llama demagogia, eso se llama no atender cosas que los trabajadores quieren_.”

“El código laboral y los tribunales son muy claros en cuanto a que el formalismo de las petitorias laborales es muy básico. Las convocatorias de cualquier sindicato anteriormente han sido posibles sin utilizar siquiera papel membretado, sino que se presentan de la manera más sencilla. Si lo que pretende el sindicato es que sea una tesis doctoral la petitoria, entonces que sea el sindicato de los doctores en derecho, no el sindicato de los trabajadores portuarios. Me parece que eso es buscarle pelos a la sopa. Eso es no reconocer que hay un porcentaje importante de trabajadores, más allá del 25% que ellos mismos establecieron, que están solicitando que se convoque.”

“Queda absolutamente claro cual es el interés de los trabajadores. Ahora, como a nosotros nos fue rechazada la oferta, pues que los trabajadores agarren la bandera. A mí me parece muy democrático.”

El presidente de JAPDEVA negó asimismo que la campaña de anónimos para desprestigiar a los dirigentes de SINTRAJAP esté saliendo de la presidencia ejecutiva, como dice el sindicato. Al contrario, atribuyó a los del sindicato el envío de anónimos con ataques personales.

Reconoció que lamentablemente hay una campaña de anónimos “_absolutamente inconveniente_” que está circulando en la red de JAPDEVA. Dijo que personalmente hace dos meses le sugirió a Ronaldo Blear, secretario general de SINTRAJAP, que tomaran en conjunto medidas para que la red no fuera usada en cosas que no fueran un sano debate. “_Ahora resulta que en la red circulan anónimos para arriba y para abajo atacando a los miembros del comité negociador, sacándoles qué deben y qué no deben. Es un ataque personal, vulgar, bajo, eso no es de la presidencia, definitivamente, y también están atacando a los mismos miembros del sindicato con aspectos de corrupción y asuntos personales_.”

“_Lamentablemente se está usando el correo para que manden cosas que no deben ser, no comparto ni aplaudo y mucho menos acepto que se diga que es de la presidencia que está usando recursos públicos, incluso usaron una copia de una denuncia de acoso sexual contra un miembro del sindicato, diciendo que fue de mi lado (que se filtró al correo)_”, aseguró Jiménez.

Fuente: * http://www.semanario.ucr.ac.cr

Lisbeth Quesada Tristán

Ex Defensora de los Habitantes de la República

Esta semana en el noticiero de Canal 42 se informó que, a ocho días del cierre de la inscripción para que las y los habitantes ofrezcan sus nombres para el cargo de Defensor o Defensora de los Habitantes, la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa no ha recibido aspirantes a este importante cargo.

Será que, una vez más, los y las habitantes están seguros que no vale la pena ofrecer sus nombres porque este proceso de elección ya está contaminado, hartamente manoseado, decidido de antemano e irrespetando la institucionalidad y la transparencia que debería tener esta elección.

Con qué ganas van los habitantes a ofrecer sus nombres, cuando diputada Ofelia Taitelbaum, desde hace varios días viene anunciando claro y fuerte, con bombos y platillos, que tiene los votos del Partido Liberación Nacional (PLN) para ocupar el puesto. El mensaje que usted, señora diputada, está enviando al país con sus declaraciones triunfalistas, es que este proceso ya tiene nombre y apellido; está comprometido, amañado, repartido como si la institucionalidad forma parte del botín político y de paso se burla de quienes desean presentar su nombre para “_concursar_” por el puesto de Defensor o Defensora de los Habitantes, le roba seriedad a su labor parlamentaria y finalmente como si no fuera suficiente, al decir cómo desarrollará su trabajo en la Defensoría, le “_para el pelo_” a todas y todos los habitantes que sí saben qué hace la Defensoría.

¿Entonces, en qué quedamos? ¡Dejen de hacer la pantomima de una elección cuando todo parece estar definido hacia usted! Cómo lastiman sus declaraciones a la democracia costarricense, cómo hacen que se pierda la credibilidad en las instituciones, pero sobretodo que se siga perdiendo la fe y la confianza en el primer poder de la República.

Señora diputada, la Defensoría se defiende desde adentro y desde afuera. Usted que quiere ser Defensora ya la está atacando desde el inicio del proceso, al hacerle ver a los y las habitantes que todo esta suerte está echada a su favor. No quisiera pensar que lo hace a propósito para descorazonar a los y las habitantes que, en algún momento, pensaron en ofrecer su nombre. Transparencia señora diputada; nuestro habitantes están hambrientos de rendición de cuentas y de procesos legítimos y transparentes.

De igual manera sus declaraciones solo muestran su total desconocimiento de una institución y de su ley de creación. Léase la ley de la Defensoria, póngale especial atención al artículo 3 de la ley, que dispone que, en los asuntos de su competencia, la Defensoría y sutitular deban actuar con absoluta independencia y no estarán subordinados a órgano o funcionario alguno. Señora Diputada, no se trata de un centro de resolución alternativa de conflictos. No, la Defensoría es otra cosa y así lo dice la ley. Puede conciliar, negociar y mediar cuando existen partes en conflicto, pero fue creada para ejercer el control de legalidad de la administración pública y para la defensa de los derechos humanos, hace fiscalización del estado, y si esto se ignora, estaría violando la ley y dejando de hacer su trabajo.

Me regala usted muchos adjetivos, me acusa de estar siempre parcializada. No logro comprenderla, se lo digo con respeto. ¿Cómo no estar parcializada en la defensa de los derechos humanos? Mi deber fue siempre defender a los habitantes y lo hice con y en conciencia, con todo mi empeño y con toda la transparencia de que soy capaz. Claro que soy irreverente ante los violadores de los derechos de las personas, sí acusadora y demandante, y también negociadora; viera también cómo se logro por esa vía.

Me imagino que nunca se dio cuenta por no ser yo una defensora mediática. Le tomo sus palabras y sin haberlas conocido antes, las hice mías hace cuatro años: “_No quiero que me den recetas, no quiero que me digan que si se hace así o de otra manera. Yo hago lo que me parece más lógico y lo que va a ayudar más a la gente_”. En eso pensamos igual. Eso es tomar decisiones en conciencia y ejercer la magistratura de influencia, en conciencia ¿Entonces?, Acaso no es lógico que los derechos humanos implican tomar partido hacia algún lado? ¿ piensa usted que los derechos humanos son negociables? ¿cómo no ser parcial con una posición así? Señora la imparcialidad no existe. Es imposible, no solo desde el ser humano que asume posiciones siempre, sino desde la ciencia y la física cuántica. Hace rato que se cayó el paradigma de la objetividad científica. El resultado de los experimentos atómicos siempre dependerá de la presunción empírica con que se haga, de lo que se pretenda estudiar y de cómo se estudie. La dualidad del comportamiento de la luz. ¿Es onda o es partícula? Pues, es las dos. Se comporta como onda o como partícula, todo depende del experimento.

Resulta pues inimaginable, y contra la ley, una Defensoría imparcial. Si señora diputada, siempre fui contestataria, piedra de Ujarrás, y en cada zapato, no solo en uno, a mucha honra, contra el principal violador de los derechos de las personas: el estado.

Un defensor o una defensora que salga del puesto con gran cantidad de amigos, sobre todo en el gobierno de turno, es claramente sospechosa(o) de no haber hecho bien su trabajo. Si quiere ser defensora, gáneselo, vaya a una selección y a un proceso transparente, no se aproveche de su condición de diputada y que tiene amigos en la asamblea y confiando en que el Presidente de la República de línea de partido para elegirla a usted en la Defensoría.

Que no se dé la línea de partido, que cada diputado y diputada vote en conciencia, por quien considere el o la mejor. Vamos a ver si es electa. En lo personal siempre la he apreciado, más aún, le profeso un gran cariño, usted sabe además en parte, por quien: nuestro querido Jorge, a quien le debo solo bendiciones, solidaridad y apoyo. De usted y su familia solo he recibido aprecio y calor humano, no importa que, eso lo tengo en el corazón. No confunda lo personal con el tema de la elección del jerarca de la Defensoría, ni con la institución. No esta bien seguir hablando del puesto y al mismo tiempo hacer manifestaciones personales sobre un estilo de gestión. Cuando hablamos mucho nos enredamos, nos exponemos, nos cerramos puertas y hasta puestos y terminamos diciendo aquello que no debíamos, caemos en el exceso innecesario, en lo personal o poco prudente; y luego señora diputada, luego, no hay forma de recoger todas esas palabras ni de caminar sobre ellas.

Sí le pido, como Ex Defensora de los Habitantes, que se abstenga de hacer manifestaciones que comprometan una elección transparente. No es bien visto, que por su cargo de diputada, obtenga ventaja en un proceso que es abierto a todos y todas los habitantes. Le hablo a su conciencia.