Albino Vargas Barrantes. Secretario General de la ANEP “LA DEUDA PÚBLICA, LA REGLA FISCAL Y EL FMI»
Categoría: Incidencia
Oficiales de seguridad privada piden a empresa G4S generar condiciones laborales decentes
Pese a intención de eliminar el salario escolar, éste se mantendría en Ley de Empleo Público
Sindicatos y administración aprueban reajuste salarial de 4 % en la Municipalidad de San José
Con paro de labores y conciliación trabajadores lograron ajuste salarial en la Municipalidad Flores
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO) de la ANEP se fortalece para la defensa laboral
Trabajadores del Hospital México reciben charla sobre acciones internacionales de la ANEP para casos de interinazgos prolongados
Diversos trabajadores del Hospital México, recibieron la charla explicativa de las acciones legales internacionales que interpondrá la ANEP, con la asesoría del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), ante los interinazgos prolongados en la Caja y otras instituciones públicas.
ANEP condena, fuertemente, perverso papel del FMI el cual está carente de autoridad moral
–La regla fiscal vulnera la estabilidad democrática y agrava la exclusión social.
–Gobierno debe seguir con sus planes de flexibilizar la regla fiscal.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estima que resulta urgente para la preservación de la misma estabilidad democrática del país, una fuerte flexibilización del perverso mecanismo neoliberal, de corte extremista, conocido como la regla fiscal; gran necesidad nacional habida cuenta de la grave y ya constatada desigualdad en que se encuentra la sociedad costarricense de la actualidad.
ANEP deja en evidencia que la tesis del actual Gobierno de la República al respecto, en cuanto a que la regla fiscal neoliberal hay que flexibilizarla, es totalmente correcta; y, por tanto, expresamos una enérgica condena al Fondo Monetario Internacional (FMI), que está amenazando al país si lo hace.
El FMI es una entidad financiera global caracterizada por su ausencia total de escrúpulos a la hora de someter a países y a gobiernos a sus dictados; todos los cuales y en todos los puntos del orbe no han generado más que miseria, dolor y sufrimiento a los pueblos que son sometidos a esos dictados.
En el caso costarricense, la flexibilización de la regla fiscal es vital, por ejemplo, para la reactivación económica en materia de construcción y manteniendo de infraestructura vial que, como es de incontrastable evidencia pública, se encuentra en estado calamitoso.
Entidades públicas como la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), así como la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), están urgidas de “oxígeno fiscal” para evitar caer en total colapso de tal suerte que, cada una en su ámbito, tengan suficiente espacio para el impulso y el desarrollo de iniciativas de política pública que, de un modo u otro, aportan para atajar el despeñadero que representa caer en una sociedad desigualdad por completo.
Algo que no puede esperar es el grave problema nacional de gran impacto en nuestra sociedad en estos momentos, que es el de la violencia criminal y delincuencial y la del crimen organizado especialmente. La regla fiscal impide que haya más recursos disponibles para el fortalecimiento integral de todos los cuerpos policiales del país, en especial, la Fuerza Pública.
La cara visible del tenebroso FMI para el caso de Costa Rica, la señora Marcela Goretti, debería ser llevada a visitar los barrios de las zonas costeras del país, cargados de miseria, de exclusión y de violencia, para que ella constatara la gravedad y la maldad de los informes que ella emite contra nuestro país.
Más grave resulta todavía y aquí hacemos más fuerte nuestra condena al FMI, que nos están anunciando que tanto la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como los gobiernos locales-municipalidades, deben también ser sometidos a la dictadura neoliberal de la regla fiscal.
Ni en el caso actual de las entidades ya sometidas a la regla fiscal, ni en este, cuenta el FMI con autoridad moral alguna como para venirnos a decir a los y a las costarricenses cómo debemos re-ordenarnos para evitar que el crecimiento de la desigualdad ponga en peligro la misma estabilidad democrática del país.
Creemos, adicionalmente, que en la actual Asamblea Legislativa hay conciencias diputadiles decentes como para comprender que la flexibilización de la regla fiscal es un asunto de corte patriótico-social, más allá de las controversias entre Gobierno y oposición que hemos visto en estos días.
Haciendo los retoques correspondientes, esperamos que la flexibilización de la regla fiscal sirva para fortalecer la estabilidad democrática de Costa Rica y para aportar en cerrarle el paso al avance de la desigualdad social y de la exclusión económica.
ANEP acudirá a Sala IV con Acción de Inconstitucionalidad para frenar Ley Marco de Empleo Público
En días próximos, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) acudirá a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, interponiendo una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159, misma que deberá entrar en vigencia el próximo 10 de marzo, supuestamente.
La ANEP, que férreamente desarrolló una rotunda oposición a su aprobación en los momentos álgidos de su tramitación parlamentaria, está convencida de que la misma no solamente contiene roces severos con los postulados de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949; sino que, más grave aún, se violentan estipulaciones jurídicas en Derechos Humanos que el país se ha comprometido a observar según varios tratados que en la materia Costa Rica ha firmado y aprobado, incorporándolos al cuerpo de leyes que rigen la vida republicana de nuestro país.
Adicionalmente, la ANEP ha tomado nota de que estamos de cara a una gravísima circunstancia política en el seno del Poder Ejecutivo por cuanto, a pocos días de la entrada en vigencia de tal legislación, no solamente se desconoce los alcances de su reglamentación; sino que, más grave todavía, hay inseguridad tecnológica de que las plataformas de pago de salarios, dentro del Gobierno Central y fuera del mismo, respondan a los abruptos cambios que esa ley impone.
Se impone una prudencia en tal sentido; es decir, que la Acción de Inconstitucionalidad de la ANEP (u otras que se presentarán según tenemos entendido), suspenda la entrada en vigencia de la ley ante lo que calificamos como un verdadero caos en desarrollo su proceso de implementación.
ANEP realizará un acto público con ocasión de la presentación de la mencionada Acción de Inconstitucionalidad, informándose la fecha exacta con antelación.
San José, lunes 23 de enero de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Estaciones de manipulación y descarga de armas de fuego ponen en riesgo a los usuarios de la Sala Constitucional y otras sedes judiciales
Con enorme asombro, se han recibido las fotografías (adjuntas), sobre la ubicación de las estaciones de manipulación y descarga de armas de fuego en la sede de Sala Constitucional. En primer lugar, cuestionamos la idoneidad de la estructura destinada a la contención de un posible disparo accidental, la ubicación las dimensiones y los materiales de confección son algunas de las razones por las que se considera que la misma podría no cumplir con los requisitos mínimos de seguridad.
Ahora bien, dentro de este mismo tema, pero aún más preocupante, es lo concerniente a la ubicación de estas estaciones de manipulación y descarga de armas de fuego; puesto que, como se ve en las fotografías, estas se ubican peligrosamente tanto de personas trabajadoras del Poder Judicial, como de personas usuarias de los servicios que brinda esta institución. Nótese en la imagen que una niña se encontraba en un área en la que, si alguien comete un yerro al manipular el arma y la acciona, el proyectil podría acabar con la vida de esta menor, o la de cualquier otra persona.
La desagradable sorpresa se incrementa, al enterarnos que la riesgosa e irresponsable posición de esta estación de manipulación, descarga y guardado de armas de fuego, no es exclusiva de la sede de Sala Constitucional. Sino que, a lo largo y ancho del país, existen varias estaciones de este tipo ubicadas cerca de sectores donde hay tránsito de personas, cubículos de personal trabajador del Poder Judicial, o donde se congregan personas para hacer filas de ingreso a las oficinas judiciales. El ejemplo más simbólico, es el edificio principal de la Corte Suprema de Justicia, en el primer Circuito Judicial de San José.
Se considera importantísimo recordar el triste antecedente ocurrido en octubre del año 2019, en el sector de Upala, donde por accidente un oficial de seguridad accionó el arma y ocasionó la muerte de una inocente usuaria, madre de familia. Evidentemente, nadie desea que un episodio como ese se repita en nuestro país, y mucho menos en una institución con la visión de administrar justicia.
Se han recibido informes sobre anteriores advertencias de esta situación, realizadas ante el Consejo Superior del Poder Judicial. No obstante, según la versión de uno de nuestros afiliados, el Consejo Superior, ignoró dichas recomendaciones. Esperamos que esta denuncia no corra con la misma suerte. Sobra señalar que, ante una eventual desgracia (esperemos jamás suceda) existen responsabilidades civiles y hasta penales, que recaen sobre las personas con el deber institucional de actuar para prevenir, en este caso las y los integrantes del Consejo Superior, ostentan ese nivel de responsabilidad.
Dicho todo lo anterior, con el mayor de los respetos, y en pro del bien común, se solicita al Consejo Superior: estudiar las condiciones de seguridad, en general, que brinda el Poder Judicial, al momento de que los oficiales de seguridad, tanto institucionales como de seguridad privada, y el público en general, manipulan, entregan, guardan y/o retiran un arma de fuego. Con el objetivo de que se erradiquen los inminentes peligros que se presentan en la actualidad.
