Diputado Merino propone fortalecer legislación contra discriminación en las relaciones laborales

Proyecto de Ley en ARCHIVOS ADJUNTOS

El Diputado José Merino del Río presentó un proyecto de reformas al Código de Trabajo, con el fin de extender la prohibición expresa de discriminación en las relaciones laborales por motivos como la orientación sexual, la opinión política o el origen social, que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 16.988.

“Actualmente el Código de Trabajo prohíbe la aplicación en las relaciones laborales de cualquier práctica discriminatoria perjudicial fundada en razones de edad, etnia, género o religión, sin embargo, las normas en cuestión omitieron otras formas que se dan cotidianamente en las relaciones laborales y frente a las cuales las personas afectadas son particularmente vulnerables, tal el caso de la discriminación por motivos como la orientación sexual, la opinión política o el origen social”, explicó el Diputado Merino.

“Lamentablemente en nuestro país es muy común que trabajadores y trabajadoras sufran efectos perjudiciales en su puesto de trabajo e, incluso la pérdida del mismo, por sostener una opinión política distinta a la de su patrono” agregó el parlamentario.

“Desde hace muchos años, estas prácticas discriminatorias se han aplicado en las elecciones nacionales, pero en el referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, realizado el 7 de octubre de 2007, alcanzaron su máxima expresión. Pues son innumerables las denuncias existentes por presiones, amenazas y condicionamientos de la estabilidad laboral sufridos por muchas personas trabajadoras para que adoptaran o modificaran su posición política, a fin de identificarla con la posición del sector patronal”
dice la exposición de motivos del proyecto de ley.

Ante la gravedad y reiteración de tales situaciones, se propone establecer expresamente que son medidas discriminatorias prohibidas con base en este título: el condicionamiento de beneficios laborales, la coacción, la presión, la intimidación o la manipulación a los trabajadores para que ejerzan su voto en determinado sentido o se abstengan de votar en elecciones populares o consultas populares bajo la modalidad de referéndum.

También se establece en los demás artículos modificados que las conductas prohibidas en el título undécimo del Código de Trabajo incluyen prácticas discriminatorias basadas en “cualquier otra consideración contraria a la dignidad humana”. Esto último, en razón de que la ley vigente utiliza una redacción que parece establecer una lista taxativa o cerrada de motivos en los que puede basarse el acto discriminatorio, a pesar de que las formas que puede adoptar la discriminación son diversas y cambiantes.

El artículo 623 vigente del Código de Trabajo dispone que las medidas discriminatorias podrán ser denunciadas ante los tribunales de trabajo. Sin embargo, no existe razón alguna para limitar a la vía judicial las acciones de tutela a favor de las personas afectadas por tales medidas. De manera que se establece que también podrán solicitar la protección de sus derechos en sede administrativa, por ejemplo, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Muchas personas trabajadoras no denuncian actos de discriminación que sufren en el empleo por el temor –plenamente justificado, por lo demás- a sufrir represalias. Así que resulta indispensable ampliar las facultades de las autoridades administrativas y judiciales, a fin de que estas puedan intervenir aplicando medidas cautelares dirigidas a proteger a las personas denunciantes y evitar perjuicios mayores de difícil reparación.

Como es lógico, dentro de las medidas propuestas se encuentra la suspensión inmediata de los actos discriminatorios contrarios a la dignidad humana.

El artículo 620 del Código de Trabajo prohíbe el despido discriminatorio de personas trabajadoras e impone al patrono responsable la obligación de reinstalación de quienes resulten afectados por tal medida. No obstante, la legislación no establece procedimientos y garantías adecuadas para hacer efectivo este derecho. Por eso se propone establecer que quienes denuncien actos de discriminación en el trabajo o participen como testigos en los procesos donde estos actos se discutan, únicamente podrán ser despedidos por la comisión de faltas graves a los deberos derivados del contrato de trabajo y previa aplicación del debido proceso. Se trata de garantías mínimas, dirigidas a evitar que el despido arbitrario sea utilizado como un instrumento para silenciar denuncias por actos discriminatorios.

Otra deficiencia grave que presenta la normativa vigente es la ausencia de un procedimiento expedito para resolver los reclamos de reinstalación que interponen personas trabajadoras afectadas por despidos discriminatorios. Esta omisión en la práctica equivale a tornar nugatoria la prohibición de despido establecida en el artículo 620 del Código de Trabajo.

Hoy en día, si una persona trabajadora es despedida por discriminación debe acudir a la vía ordinaria laboral para solicitar la protección de sus derechos. Es decir, debe someterse a un proceso que difícilmente durará menos de dos años para hacer efectiva la garantía de reinstalación. Durante ese periodo, que podría alargarse mucho más, sufrirá los efectos del despido, aunque este haya sido manifiestamente arbitrario, no recibirá su salario, ni cotizará para la seguridad social.

La realidad descrita lleva al Diputado Merino a proponer la adición de un nuevo artículo 624 bis al Código de Trabajo, a fin de crear un procedimiento especial sumarísimo para que los juzgados de trabajo conozcan y se pronuncien en un plazo reducido sobre las peticiones de reinstalación frente a despidos discriminatorios. Por esta vía se pretende que al menos en casos graves, de violación al debido proceso o donde se hace evidente la existencia de una actuación arbitraria de parte del sector patronal, se pueda ordenar de forma inmediata la reinstalación de la persona afectada.

Es importante destacar que este proceso sumarísimo solo produciría cosa juzgada formal, de manera que lo que allí se resuelva no impediría que cualquiera de las partes acuda a la vía ordinaria.

Por último, se pretende modificar el numeral 624 del Código de Trabajo. Esta norma establece la obligación de los patronos, a quienes se les compruebe la aplicación de despidos discriminatorios, de pagar a las personas afectadas una indemnización equivalente al importe de doce veces el salario mínimo legal correspondiente al puesto que ocupaban esas personas, además de la obligación de reinstalación. Se trata de una indemnización fija, que no necesariamente guarda relación con la magnitud del daño causado.

Puede ocurrir que el importe de esta indemnización sea menor al monto de los daños y perjuicios sufridos por la persona trabajadora; por ejemplo, si, como es altamente probable, la duración del despido discriminatorio fue mayor a doce meses o si la persona afectada ganaba una salario superior al salario mínimo establecido para su puesto.

En concordancia con el principio de reparación integral del daño causado (artículo 41 de la Constitución Política) y con el objetivo de superar las deficiencias apuntadas se establece que, en casos de despidos discriminatorios, el monto de la indemnización a pagar no podrá ser menor al importe de los salarios caídos y demás prestaciones laborales (aguinaldo, vacaciones, etc.) dejadas de percibir por las personas afectadas durante el periodo que duró el despido discriminatorio y hasta la fecha en que se haga efectiva la reinstalación, más los intereses de ley.

Esta indemnización deberá reconocer el pago por parte del patrono a la Caja Costarricense del Seguro Social de las cuotas obrero patronales no canceladas durante ese mismo periodo. Además, dicha indemnización podrá incluir las reparaciones procedentes por el daño moral ocasionado que, en casos de discriminación, puede ser muy significativo.

Cambio Climático puede tener efecto negativo sobre la salud pública

Adital– Hoy (07), en el Día Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) llama la atención sobre los efectos que los cambios climáticos pueden tener sobre la salud pública. El temor de la organización es que enfermedades típicamente tropicales, como la malaria y el dengue, lleguen a los países del Norte, que la sequía cause desnutrición, y también que la polución del aire aumente el número de personas con problemas respiratorios.

“El cambio climático está afectando ya la salud de las personas en países alrededor del mundo, y el consenso es que esos efectos sólo tienden a intensificarse”, dijo la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Dra. Mirta Roses Periago.

Con el tema de campaña este año “Protegiendo la salud frente a los cambios climáticos”, la OMS alerta que si los cambios climáticos no son combatidos, el abastecimiento de comida y agua en todo el mundo estará en riesgo. En un comunicado de prensa, la OPS dijo que lo más probable es que los mayores afectados sean las poblaciones más pobres.

Los ancianos, los recién nacidos, las personas que necesitan cuidados médicos y las poblaciones de comunidades aisladas y sin recursos integran la lista de los más vulnerables frente a los cambios climáticos. Habitantes de pequeñas islas naciones, de las regiones costeras son más susceptibles a los efectos del clima, así como los países donde las enfermedades sensibles al clima ya son endémicas.

La OMS entiende el cambio climático como una amenaza creciente para la salud, por eso es necesario aumentar la atención y realizar acciones de protección de la salud a través de medidas de prevención a nivel global, regional y local.

“Ya no podemos esperar para actuar, el cambio climático amenaza la salud humana en formas diversas y extensas”
, dijo la Dra. Roses. Además de aumentar el riesgo de escasez de agua y alimentos, el cambio climático eleva los riesgos de su contaminación. “Desde una perspectiva más general, el cambio climático puede alterar los ecosistemas de tal forma que puede impactar fuertemente el bienestar humano e, inclusive, la supervivencia“, dijo la OPS en el comunicado.

La OMS elaboró como propuesta una lista de medidas simples, que si son implementadas por todos, disminuirá la emisión de gas carbónico al medio ambiente, tales como: utilice adecuadamente el agua de uso doméstico, camine, use bicicleta, transporte colectivo y público, evite viajes cortos con automóviles, baje la calefacción, reduzca el aire acondicionado, apague las luces cuando no las necesite, entre otras.

Además de estas medidas, para la OMS es importante la colaboración de los sectores de la salud con otros sectores para asegurar que la solidez de las políticas sobre cambio climático y bienestar humano esté basada en la evidencia.

“Después será difícil revertir los impactos sobre la salud del cambio climático”, dijo la Dra. Roses. “Lo que hacemos ahora ayudará mucho más, y ciertamente, determinará en buena medida la salud de las generaciones futuras”.

Traducción: Daniel Barrantes

¿Qué pasa con la inflación?

Varias medidas concretas se tomaron en los últimos meses: se modificó el régimen cambiario para eliminar las minidevaluaciones, que generaban inflación inercial, se decidió capitalizar al Banco Central con el fin de borrar las pérdidas acumuladas, se lanzó una campaña para recolonizar la masa monetaria y el Ministerio de Hacienda hizo su tarea y mejoró la recaudación tributaria, reduciendo así el déficit fiscal.

Todas estas acciones estaban orientadas a que el índice de precios al consumidor se redujera y que el nivel inflacionarios se acercaran al de los Estados Unidos, que en el 2007 fue de aproximadamente un 4 porciento. Sin embargo, la evolución observada muestra que esto no se ha logrado en Costa Rica. Los datos mas recientes indican que:

  • La tasa de inflación interanual a marzo del 2008 llegó al 11,04%, es decir, se ha acelerado en los últimos meses.
  • El costo de los alimentos subió un 22,7% en el último año. De igual manera las “comidas y bebidas fuera del hogar” tuvieron un alza significativa.
  • Los aumentos solicitados en las tarifas eléctricas podría ser de hasta un 65% para ciertos sectores de la población.
  • El precio internacional del petróleo continúa elevándose y se refleja en los varios ajustes que se siguen haciendo en la gasolina y e l diesel.
  • La meta de inflación prevista por el Banco Central para este año, que era de un 8%, ya ha sido abandonada y se estima que una vez mas alcanzará los dos dígitos.

No cabe duda de que a pesar de la intención de las autoridades monetarias de combatir la inflación, a u n a costa del sacrificio que eso significa en cuanto a otras variables macroeconómicas, los resultados no son halagüeños.

Es posible que los factores a los que se le atribuía mayor responsabilidad en “atizar la hoguera” de los precios no fueran tan importantes como se creía, o que las medidas concretas que se adoptaron no resultaron ser las mas adecuadas para contrarrestarlos.

Desde luego, hay que tener presente que han surgido otros elementos, tanto en el contexto nacional como en el internacional, que seguramente están incidiendo en el comportamiento de los precios. Es importante conocer el peso específico que estas nuevas variables están teniendo a fin de determinar la manera mas conveniente de enfrentarlas.

En este sentido, es necesario profundizar en el análisis y en el estudio cuantitativo de la inflación costarricense. Si el Banco Central ha realizado investigaciones en este campo debe darlas a conocer (no encontramos en las páginas digitales del Banco trabajos recientes en este campo), y si no las ha hecho, urge que las haga a la mayor brevedad.

Si el déficit fiscal, las minidevaluaciones y las pérdidas del ente emisor ya no ejercen presión sobre los precios, entonces ¿cuáles son los nuevos ingredientes y cuanto aporta cada uno de ellos? ¿que papel juega la expansión del crédito y la liquidez?, ¿que repercusión tiene el aumento del petróleo?, ¿existe especulación que afecta el índice de precios minoristas?. ¿hay burbujas en algunos mercados?. Es necesario conocer mas sobre estos aspectos y estimular el debate riguroso y sustentado.

04/04/2008

No se puede tapar este sol podrido con un dedo podrido

El cuento es así: una computadora a prueba de bombas que dice, a cuentagotas, lo que el Gobierno colombianova queriendo ; un informe que señala peligros tan serios que, si no se hace algo, “Dios nos coja confesados”; una *Asamble*a a la que el Ministro no puede informarle porque entonces varios diputados no votarían las leyes del TLC; un ministro de la Presidencia que desmiente a su excolega y a lo rubricado por el Presidente al despedir al funcionario; y una doble designación en el cargo, que culmina con una académica inexperta en seguridad en el Ministerio.

Ahora se es narcopolítico si desde Bogotá nos dicen que se está enlistado en la inagotable computadora. Lo cual es lógico, porque aquí ningún político recibiría dinero sucio: que lo digan Caro Quintero y sus congéneres, ya que lo de Allen y el otro que casi llega a presidente de la Asamblea, son excepción.

También lo fue el dinero de Noriega, el del panameño dueño de tiendas libres, el de Hank González y los muy variados de Taiwán; jamás hubo contacto entre ticos y la mafia china (que cobra deudas con secuestros y palizas), el cartel de Sinaloa, o los narcos guatemaltecos. Todos vienen solos, y solos se van. Nunca se perdieron miles de pasaportes en Migración, ni se otorgaron miles de visas, residencias y pasaportes a inmigrantes chinos, colombianos, etc., a cinco mil dólares por cabeza. Y es casualidad que, hace apenas un mes, se capturaran dos millones de dólares enviados de Guatemala al dry cleaning tico y, anteayer, trescientos kilos de coca mexicana. Como nada de eso está en la computadora, no existe.

Con la carta del presidente Uribe basta y sobra. No hay que examinar, ni pensar, con nuestra propia cabeza, porque allá sí que no ha habido políticos, algún presidente, varios ministros –incluido uno de Defensa–, directores de la Policía, etc., vínculados con el narco o con las Autodefensas Armadas de Colombia.

Lo que extraña es el criterio del presidente Arias de que, si Berrocal como ministro asumía ante el Plenario la responsabilidad de su informe, esa transparencia ocasionaría que algunos diputados (¿cuáles, de qué partido?), en vez de rebatirlo, votarían contra les leyes del TLC. Si tal extorsión es cierta, es un horror; y, si no lo es, un insulto. Un poco de dignidad legislativa bastaría para exigirle explicaciones o una retractación. Como vimos con Alcatel, Finlandia, IDA e INS, nuestros políticos son a prueba de avaricia y corrupción.

Somos una nación de inocencias. Aunque algunos malpensados crean que aquí, según parece, lo único sucio que se trafica, contrabandea y lava, es la poca vergüenza que les queda a algunos.

  • Politólogo

Fuente: LN S.A.

La estrategia del Memorando

El objetivo propuesto era lograr el gane del sí en el referéndum, a través de una larga cadena de amenazas, miedos, mentiras y calumnias. Una de las páginas memorables, hablaba de “estimular el miedo”, clasificándolo en cuatro tipos: miedo a la pérdida de empleo, miedo al ataque a las instituciones democráticas, miedo a la injerencia extranjera, miedo al efecto de un triunfo del NO sobre el Gobierno.

La actitud gubernamental, alimentada por grandes medios de comunicación fue relativizar la importancia del documento, manteniéndose en su curul al diputado ( primo del Presidente ). Aún más, el Gobierno decidió aplicar de manera solapada cada uno de los puntos del memorando primero para lograr la aprobación forzada del T.L.C, y luego las leyes de implementación en la Asamblea Legislativa.

La estrategia del miedo, tal cual es expuesta en el documento, continúa siendo la apuesta de este Gobierno para sacar adelante su agenda política. Si en setiembre del 2007 El Semanario Universidad recibió presiones para no publicar declaraciones sobre la carta del miedo, actualmente el OIJ sigue buscando a quién dejó la copia del memorando en su sala de redacción.

Los miedos han encontrado otros cauces , fuentes de nuevas amenazas, esta vez por intermedio del Ministro de Seguridad y con auspicio de los consabidos medios de comunicación. La carta ahora vigente es la del tercer tipo: miedo a la injerencia extranjera, en donde los nombres de Castro y Ortega son simplemente sustituidos por la guerrilla colombiana. Se ha puesto en la picota a dos reconocidos académicos universitarios por supuesto vínculo con las FARC, y con la tenencia en una caja fuerte de una cantidad de dólares roídos por el tiempo y la humedad. Una computadora se convierte ahora en el pretexto para ir deslizando peligros siniestros, mientras el mensaje que nos deja una vez más el Gobierno, es la constante de “vivir con miedo”, un miedo estructural que pone en peligro como lo decía el memorando, la llamada “institucionalidad democrática”.

No importa la confusión de los hechos, la falta de claridad en los argumentos del Ministro de marras y la debilidad de los argumentos amarillistas de los medios, lo importante es sembrar el pánico y silenciar aquellas voces que pueden disentir de las políticas gubernamentales, las cuales ? como se evidenció durante el referéndum- han pasado a formar parte de las directrices impuestas por el Departamento de Estado Norteamericano. Todos (as) los que fueron huéspedes alguna vez de la pareja de universitarios en Santa Bárbara, pasan a ser sospechosos , hasta Leonardo Boff, agasajado en esta casa en días pasados, dejó de ser libre de toda sospecha , a pesar de su reconocido mensaje de amor y esperanza hacia la humanidad. Tal como lo anunciaba el Ministro, hay una larga lista de personas dudosas cuyos curriculum son peligrosos: sindicalistas, profesores y estudiantes universitarios, periodistas independientes, teólogos de la liberación, sacerdotes solidarios con la búsqueda de justicia social? es decir, aquellos (as) que se han atrevido a ser autónomos en sus ideas y compromiso social atreviéndose a desafiar los dictados del “establishment”.

Esta peligrosa apuesta del Gobierno apoyado por “la autoridad” de los medios de prensa, tiene sin embargo, su talón de Aquiles. El memorando del miedo corre en la oscuridad de manera servil y cobarde, esta es su mayor vulnerabilidad. La única alternativa para combatirlo es a la luz del día, de frente y con valentía. Esta fue la respuesta de los académicos quienes estando fuera del país, regresaron para enfrentar las declaraciones de la prensa y de los representantes gubernamentales. Esta fue la actitud de los distinguidos(as) profesionales que acudieron sin reparo a recibirlos al aeropuerto. Esta ha sido la posición del Semanario Universidad cada vez que ha recibido amenazas para que silencie sus denuncias.

Esta debe ser finalmente, la actitud de los comités patrióticos y de todos aquellos movimientos populares que luchan por la dignidad de este país, conscientes de que el miedo, la sospecha y la inseguridad han sido el pan cotidiano de las dictaduras y de los regímenes fascistas.

* Profesora

La bioseguridad según Monsanto

No es novedad que la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados se redactó a favor de las empresas trasnacionales de los transgénicos. Por eso se le conoce como Ley Monsanto. El 24 de marzo entró en vigor el reglamento de dicha ley, elaborado a puertas cerradas, que retoma y empeora todos los aspectos negativos de la ley, para facilitarle a las trasnacionales los trámites para vender sus semillas transgénicas en el país, legalizando así la contaminación.

Como señaló Alejandro Nadal, si un agricultor sufre daños por contaminación, no tendrá ninguna defensa para exigir reparación por daños (La Jornada, 26/10/2008). Aún peor: las víctimas de la contaminación podrían ser demandadas por las empresas por “uso indebido” de sus genes patentados, tal como ya ha ocurrido en cientos de casos en Estados Unidos.

El reglamento establece también que las decisiones podrán ser apeladas por las empresas, pero nunca por la gente común, por ejemplo, los campesinos e indígenas que verán su maíz milenario contaminado. Es curioso, por decirlo de alguna manera, que el único párrafo que nombra los posibles impactos socioeconómicos (artículo 16.5.d), está referido a que las empresas pueden presentar información adicional que será tenida en cuenta por las secretarías.

Monsanto, Syngenta o DuPont pueden alegar lo positivos que serán los cultivos frankenstein, según su propia y particular interpretación, pero los 100 millones de habitantes de México que podrían mostrar que los transgénicos enajenan la soberanía alimentaria, empeoran sus condiciones de vida y contaminan sus cultivos y alimentos no tienen derecho a apelación.

El aspecto central –y el más peligroso– del reglamento es que se deja en manos de las propias empresas solicitantes presentar, documentar y analizar los riesgos, impactos ambientales, a la salud, a la diversidad biológica, e incluso la evaluación, monitoreo y control de los riesgos que conllevarán sus cultivos transgénicos. O sea, es la parte interesada que dirá si las semillas que nos quieren vender tendrán algún problema.

Teóricamente, esto será revisado por una comisión de expertos, pero las empresas ni siquiera tienen que presentar la documentación de sus fuentes, solamente indicarlas. A ello se suma que las empresas definirán qué partes de la solicitud son consideradas “confidenciales”. Esto quiere decir que ellas definen qué puede ver el público, pero también, que lo marcado como confidencial ni siquiera se distribuirá entre los miembros del comité evaluador, solamente lo verá una sola persona, que será quien coordina este comité.

Es posible entonces que una sola persona, basada en las informaciones de la parte interesada por razones de lucro, sea quien decida sobre la experimentación con maíz transgénico en México, el centro de origen del cultivo, producto del trabajo, sabiduría y conocimiento de millones de personas durante más de diez mil años.

Huelga decir que los argumentos de las partes interesadas siempre serán parciales en su propio beneficio. Por ejemplo, Monsanto, para lograr la aprobación de la hormona transgénica rBGH que se inyecta a las vacas para producir más leche, reportó en la solicitud a las autoridades regulatorias de Estados Unidos, que las vacas sufrían más enfermedades y que tenían un aumento significativo de otra hormona, la IGF-1. Pero sus conclusiones afirmaban que eso no tendría ningún impacto sobre la salud humana.

Informes científicos independientes posteriores mostraron lo contrario, que el consumo de esa leche lleva a aumentos de la hormona IGF-1 en humanos, lo que está asociado a cáncer de seno, próstata y colon. El mismo proceder tuvo Monsanto con experimentos con ratas de laboratorio que indicaron graves anomalías en los órganos internos y sangre, al ser alimentadas con un tipo de maíz transgénico. En las conclusiones presentandas a las autoridades dice que son datos irrelevantes y que son_ “variaciones normales entre ratas”_.

Estos son apenas algunos de los casos que salieron a la luz. La verdad es que los comités de expertos deberían pasar la vida estudiando y poder realizar estudios independientes, para poder realmente fiscalizar los datos de las propias empresas, cosa que obviamente no sucederá. No existen ni los recursos ni la voluntad política para que esto ocurra.

En su lugar, lo que hay es una vergonzosa farsa leguleya para disimular que se entrega sin condiciones la soberanía alimentaria y el patrimonio genético más importante de México –el maíz– para que las transnacionales de las semillas puedan aumentar sus ganancias. De ninguna manera es el último capítulo. Con o sin reglamento, la resistencia social contra los transgénicos continuará.

*Investigadora del Grupo ETC, para La Jornada, México

Las instituciones públicas y los ciudadanos

1 Abril 2008

Para que una sociedad pueda progresar tanto en los aspectos económicos y sociales como en los políticos, ambientales y culturales es necesario que las entidades estatales cumplan de manera adecuada las responsabilidades que le han sido encomendadas. Cuando se presentan deficiencias en el desempeño de esas obligaciones se retrasa el desarrollo de los países.

En el caso de las instituciones públicas costarricense sus deficiencias pueden resumirse en cuatro categorías. Primero, la ineficacia en el logro de objetivos generales y específicos, segundo, la baja productividad de los recursos, tercero, la ineficiencia en la asignación de los factores de producción, consecuencia del predominio de intereses privados, y cuarto, la reducida participación ciudadana en los procesos de toma de decisión.

La solución de estos problemas demanda cambios para que el aparato estatal sea mas eficaz, eficiente y productivo. Esos cambios se han denominado reforma del Estado, y de ellos se habla en Costa Rica desde hace mas de veinte años sin que hasta el momento se vean resultados concretos que beneficien a los ciudadanos.

El objetivo de la reforma debe ser construir un Estado democrático y una administración solidaria, profesional, eficiente, transparente y de calidad.

De acuerdo con Humberto Ruocco, especialista en estos temas, todas las políticas de reforma institucional plantean desafíos cuya respuesta requiere cambios en los sistemas de gestión. Los diez principios a tener en cuenta al realizar las transformaciones son los siguientes:

– Los cambios en las instituciones oficiales deben guardar una relación positiva y armónica con los intereses de las personas.

– La gestión institucional debe apoyarse en un enfoque moderno del derecho, que preserve la tradición democrática y adopte mecanismos para perfeccionarla.

– La administración pública debe conducirse por medio de políticas activas que permitan el cumplimiento pleno de sus cometidos con eficacia, eficiencia y calidad.

– La elaboración de las decisiones estatales debe garantizar la participación de los diferentes agentes económicos y actores sociales.

– La gestión de los entes del Estado debe asegurar la dignificación del funcionario y combatir la ineficiencia, el burocratismo, la falta de ética y la corrupción.

– El manejo de la información por parte de las instituciones debe hacerse resguardando los valores esenciales de personas y derechos humanos.

– Se debe eliminar el informalismo y la inequidad en la administración pública, con arreglo a la transparencia y vigencia de las normas de derecho.

– Se debe impulsar una política de descentralización que se combine con la desconcentración y una mayor gestión local.

– Los recursos del Estado deben administrarse según criterios rigurosos de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos de solidaridad social y crecimiento económico.

– Las instituciones públicas deben preocuparse por la sostenibilidad social y ambiental y por el avance científico y tecnológico.

Estos principios se sustentan en la concepción de que las instituciones públicas no puede considerar a las personas como simples destinatarios de sus normas y de sus órdenes, por el contrario, deben ser el instrumento encargado de la satisfacción de los derechos y necesidades de los ciudadanos.

Argentina: No confundir campesinos con terratenientes

Alai-amlatina

Las retenciones que el gobierno impone a las exportaciones tienen diversas lecturas y contradicciones que han confundido, y generado que los sectores del campo coincidan en la protesta. Es necesario diferenciar si están juntos y revueltos para desestabilizar al gobierno, o tienen la suficiente claridad para diferenciarse en la lucha y reclamos. Hay que diferenciar y saber si están juntos, pero no revueltos y hasta dónde llega estar juntos sin quemarse.

Recuerdo esa pequeña historia que dice: “El ladrón corre hacia el Este y el policía corre hacia el Este. Los dos corren hacia el Este pero con intenciones diferentes”.

Los productores agropecuarios nunca tuvieron tantas ganancias como en los últimos años, beneficiándose por la política de cambio y las exportaciones de soja y girasol. Los indicadores son elocuentes y concretos. Sin embargo es necesario hacer un análisis de los costos que esa actividad tiene para el país, su rentabilidad y concentración de la riqueza en pocas manos. Las grandes corporaciones agropecuarias, las transnacionales han destruido, y quemado miles de hectáreas de bosques, apropiándose de grandes extensiones de tierra para plantar soja transgénica. Utilizan agroquímicos altamente contaminantes sin importarles las consecuencias para el medio ambiente y vida de los pobladores.

Por otra parte, las contradicciones del gobierno no son pocas, pero hay que reconocer que ha dado algunos pasos importantes hacia la recuperación económica y eso es positivo. El saqueo a que fue sometido el país durante la crisis de 2001 fue un golpe de Estado económico, sacando al exterior los capitales y llevando al cierre de fábricas, desabastecimiento, aumento del desempleo y pobreza, provocado por capitales financieros y el sistema bancario, que buscaron el vaciamiento del país sin importarles las consecuencias sociales.

Sectores de la llamada_ “clase media, acomodada”_ salieron estos días en “apoyo al campo” con la cacerola de acero inoxidable y cucharita de plata a apoyar el paro agrario.

La falta de memoria, a muchos les ha jugado una mala pasada. Se olvidaron que la clase media acomodada siempre creyó estar a salvo de la debacle del país. La realidad les demostró que el capital financiero no tiene amigos, tiene intereses y que también fueron víctimas del vaciamiento económico y muchos perdieron sus recursos y ahorros depositados en los bancos. Es necesario hacer memoria y saber porqué hoy nadie se hace responsable de esa situación y lamentablemente la impunidad continúa.

El gobierno tiene que asumir que se equivocó al poner las retenciones por igual y no diferenciar a los pequeños y medianos productores rurales, que son la mayoría, y muchos con serias dificultades en su producción y con sus campos hipotecados; se equivocó al juzgarlos con la misma vara con que mide a las grandes corporaciones y terratenientes que tienen ganancias exorbitantes que sacan del país y que no están dispuesto a la re-distribución de la riqueza.

Reitero, estamos frente al cuento del ladrón y el policía, en que los dos corren hacia el Este pero con intenciones diferentes.

La presidenta Cristina Fernández Kirchner pidió que levanten el paro para dialogar y encontrar una salida al conflicto. Es una medida prudente que los productores rurales no pueden dejar pasar. El diálogo es el camino para encontrar soluciones.

El gobierno no puede volver a equivocarse y tiene que diferenciar al campesino de los terratenientes. No hay que permitir ni dejarse arrastrar por los golpistas para que se enfrenten trabajadores contra trabajadores

Hay veces en la vida que la enseñanza es dura, pero se aprende. Los campesinos luchan por sus derechos y resisten en la esperanza para alcanzar a vivir con dignidad y recuperar la soberanía nacional, hoy amenazada por los grandes intereses económicos que se niegan a re-distribuir la riqueza.

El gobierno debe tener políticas claras y coherentes entre el decir y el hacer. Hoy están vendiendo el territorio nacional, devastando sus riquezas y empobreciendo al pueblo. Las retenciones son necesarias, no sólo al agro, a las empresas mineras, a las petroleras, para ello es necesario políticas públicas para evitar la explotación irracional y recuperar la soberanía perdida. Las retenciones deben dirigirse correctamente para construir el país que queremos.

Queda un largo camino a recorrer que es necesario asumir entre todos y todas.

– Adolfo Pérez Esquivel SI es Premio Nobel de la Paz

Mentiras

Eduardo Galeano

Una mentira

El Banco Mundial ha dado a conocer la actualización de su International Comparison Program. En el trabajo participaron, junto al Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y otras instituciones filantrópicas.

Ahí los expertos corrigen algunos errorcitos de los informes anteriores.

Entre otras cosas, nos enteramos ahora de que los pobres más pobres del mundo, los llamados “indigentes”, suman quinientos millones más que los que aparecían en las estadísticas.

Además, nos desayunamos de que los países pobres son bastante más pobres de lo que los numeritos decían, y que su desgracia ha empeorado mientras el Banco Mundial les vendía la píldora de la felicidad del mercado libre.

Y por si todo eso fuera poco, resulta que la desigualdad universal entre pobres y ricos había sido mal medida, y en escala planetaria el abismo es todavía más hondo que el de Brasil, país injusto si los hay.

Otra mentira

Al mismo tiempo, un ex vicepresidente del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, en un trabajo conjunto con Linda Bilmes, investigó los costos de la guerra de Irak.

El presidente George W. Bush había anunciado que la guerra podría costar, como mucho, 50 mil millones de dólares, lo que a primera vista no parecía demasiado caro tratándose de la conquista de un país tan rico en petróleo. Eran números redondos, o más bien cuadrados. La carnicería de Irak lleva más de cinco años, y en este período los Estados Unidos han gastado un millón de millones de dólares matando civiles inocentes. Desde las nubes, las bombas matan sin saber a quién. Bajo la mortaja de humo, los muertos mueren sin saber por qué. Aquella cifra de Bush alcanza para financiar apenas un trimestre de crímenes y discursos. La cifra mentía, al servicio de esta guerra, nacida de una mentira, que mintiendo sigue.

Y otra mentira más

Cuando ya todo el mundo sabía que en Irak no había más armas de destrucción masiva que las que usaban sus invasores, la guerra continuó, aunque había olvidado sus pretextos.

Entonces, el 14 de diciembre del año 2005, los periodistas preguntaron cuántos iraquíes habían muerto en los dos primeros años de guerra.

Y el presidente Bush habló del tema por primera vez. Contestó:

–Unos treinta mil, más o menos.

Y a continuación hizo un chiste, confirmando su siempre oportuno sentido del humor, y los periodistas se rieron.

Al año siguiente, reiteró la cifra.

No aclaró que los treinta mil se referían a los civiles iraquíes cuya muerte había aparecido en los diarios. La cifra real era mucho mayor, como él bien sabía, porque la mayoría de las muertes no se publica, y bien sabía también que entre las víctimas había muchos viejos y niños.

Esa fue la única información proporcionada por el gobierno de los Estados Unidos sobre la práctica del tiro al blanco contra los civiles iraquíes. El país invasor sólo lleva la cuenta, detallada, de sus soldados caídos. Los demás son enemigos, o daños colaterales, que no merecen ser contados. Y, en todo caso, contarlos resultaría peligroso: esa montaña de cadáveres podría causar mala impresión.

Y una verdad

Bush vivía sus primeros tiempos en la presidencia cuando el 27 de julio del año 2001 preguntó a sus compatriotas:

–¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable. Y por eso, cuando hablamos de la agricultura americana, en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional.

Esa vez, el presidente no mintió. El estaba defendiendo los fabulosos subsidios que protegen el campo de su país. “Agricultura americana” significaba, y significa nada más que “Agricultura de los Estados Unidos”.

Sin embargo, es México, otro país americano, el que mejor ilustra sus acertados conceptos. Desde que firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos, México no cultiva alimentos suficientes para las necesidades de su población, es una nación expuesta a presiones internacionales y es una nación vulnerable, cuya seguridad nacional corre grave peligro:

– actualmente, México compra a los Estados Unidos 10 mil millones de dólares de alimentos que podría producir;

– los subsidios proteccionistas hacen imposible la competencia;

– al paso que vamos, de aquí a poco las tortillas mexicanas seguirán siguen siendo mexicanas por las bocas que las comen, pero no por el maíz que las hace, importado, subsidiado y transgénico;

– el tratado había prometido prosperidad comercial, pero la carne humana, campesinos arruinados que emigran, es el principal producto mexicano de exportación.

Hay países que saben defenderse. Son pocos. Por eso son ricos. Hay otros países entrenados para trabajar por su propia perdición. Son casi todos los demás.

Cinco años de guerra

La decisión del presidente de Estados Unidos George W. Bush de atacar Irak, sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se sustentó en dos argumentos que resultaron desmentidos: la presencia de armas de destrucción masiva y la asociación de Hussein con Osama bin Laden.

La ocupación del territorio iraquí durante estos años no ha traído ni paz ni estabilidad. La guerra continúa. Todos los días hay violencia en Bagdad, Basora, Kerbala, Mosul y muchas otras ciudades. El país está sumido en un caos que nadie sabe cuándo terminará.

No hay estadísticas precisas de los civiles muertos en Irak desde la invasión, pero las estimaciones de la Brookings Institution (The Iraq Index) sitúan el número en cerca de 150 mil personas. Otros estudios muestran datos tres o cuatro veces superiores.

De acuerdo con la BBC, un total de 2 millones de iraquíes han abandonado el país y 1,7 millones han sido desplazados internamente a causa de la violencia. Según el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) este éxodo es el mayor movimiento de personas en la región desde la movilización de palestinos en 1948.

La situación económica y social es lastimosa. El 43% de los iraquíes vive en extrema pobreza; más del 50% de la población activa no tiene trabajo, 6 millones de personas precisan ayuda humanitaria y la inflación llega al 40%.

La red de hospitales y centros de salud iraquíes, otrora admirada, ha sido severamente dañada por la guerra. De un total de 34 mil médicos antes de la invasión, la mitad ha emigrado. El brote del cólera del año 2007, el más grave en el país, puso de relieve el deplorable estado del sistema sanitario. Solo el 40% de la población tiene acceso al agua potable.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha señalado que “la situación de la niñez iraquí es más precaria que nunca”. Decenas de miles de niños han perdido a sus padres; se calcula que al menos 2 millones tienen problemas de malnutrición, y más de 800 mil escolares han dejado de asistir a la primaria.

Pero la destrucción va mas allá de lo humano y lo material. La catástrofe cultural en Irak ha conmovido al mundo. Primero fue el saqueo del Museo Nacional, que contenía uno de los acervos históricos más importantes de la humanidad, con reliquias de las culturas babilónica, sumeria y asiria. Después, la expoliación e incendio de la Biblioteca Nacional, que perdió más de 1 millón de libros, mapas y archivos. Esta devastación es un crimen contra la humanidad y constituye una pérdida irreparable para nuestra civilización.

Las encuestas más recientes señalan que el 78% de la población iraquí califica la situación actual como mala o muy mala, solo el 23% tiene la esperanza de que mejore, el 80% se opone a la presencia de las fuerzas de ocupación, y el 46% ha presenciado el asesinato o el secuestro de algún familiar o amigo.

Resulta incomprensible que tanto dolor y sufrimiento se haya gestado para satisfacer los intereses económicos de unos pocos, para mantener un balance geopolítico cuestionable, o para derrocar a un dictador. Es hora de poner punto final a esta ordalía y acabar con una guerra que no debió ocurrir. Ojalá el próximo ocupante de la Casa Blanca así lo entienda.

03/08/2008