Categoría: Incidencia

Coincido plenamente con el pronóstico del Presidente. Yo lo había comentado hace algunos meses cuando hablé de las “pintas económicas” que marcaban el panorama de 2008. Claroscuros con nubarrones.

Pero el Presidente trata de achacar la desmejora de la economía costarricense únicamente a factores externos, y lo atribuye a lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en los mercados internacionales. Y en eso no tiene razón. Igual que no la tenía cuando la economía marchaba a “todo trapo” y le adjudicaba el mérito a su gestión de gobierno.

Es evidente que los aumentos en el precio del petróleo y la crisis inmobiliaria norteamericana tienen consecuencias para nuestro país, pero mucho mayor impacto que esos acontecimientos son los que producen las medidas que han tomado, o dejado de tomar, las autoridades gubernamentales.

Desde el Banco Central eliminaron las minidevaluaciones con el fin de reducir la inflación y establecieron bandas para cotizar el dólar; pero la inflación no ha disminuido y el dólar se devaluó, afectando a los exportadores, sobre todo a los nacionales, que ahora reciben menos colones por cada dólar exportado.

La administración Arias creó el Ministerio de la Producción para apoyar a los productores, pero el Ministro desertó para dirigir la campaña del “sí” en el referéndum y después el Presidente cerró la institución porque no estaba haciendo nada importante.

El gobierno puso un gran énfasis en el aumento de la competitividad y designó a un alto jerarca para lograr una meta exportadora que los propios exportadores reconocen que no se podrá alcanzar.

En el Ministerio de Trabajo se habla desde hace meses de la formulación de una política de empleo, pero ya estamos a mitad del periodo presidencial y todavía no hemos visto un planteamiento coherente, estructurado y consensuado que atienda la segmentación del mercado laboral, aumente la productividad y oriente la formación de los recursos humanos.

La política impulsada por las autoridades monetarias ha reducido las tasas de interés y está perjudicando a los ahorrantes, que reciben por su dinero réditos inferiores a los aumentos en los precios, lo cual disminuye su capital financiero real.

A diferencia de las vacas gordas de la avenida central (CowParade), que están aquí desde hace varias semanas, las vacas flacas vienen de camino y nos van a afectar; pero no pretenda el presidente Arias curarse en salud haciéndonos creer que esas vacas están enclenques únicamente por causas externas y que su delgadez nada tiene que ver con su gestión y la de sus colaboradores.

Hemos visto desaciertos e intentos fallidos y no se vale ahora que le echen toda la culpa a lo que viene de afuera. El gobierno debe reconocer su impericia o su descuido para llevar adelante acciones concretas y para prevenir adecuadamente las inestabilidades de los mercados internacionales.

Además, no es suficiente con decir que vienen tiempos de vacas flacas, el Presidente debe indicarnos cómo piensa enfrentar la situación y cómo va a resguardar a la población más pobre y vulnerable.

22/04/2008

Esta frase, que puede parecer un poco confusa, se explica fácilmente si hacemos un ejercicio rápido con algunos números.

Si usted tiene ¢100 mil y los coloca en una cuenta de ahorro o en un certificado de depósito a plazo que le paga una tasa de interés anual del 4%, al cabo de 12 meses tendrá ¢104 mil. Pero si durante ese año los precios aumentaron en un 11%, usted necesitará ¢111 mil para comprar lo mismo que compraba el año anterior.

Estas cifras, tomadas de la realidad costarricense, indican claramente que el dinero que usted colocó en el banco, más los intereses que le pagaron, no le alcanzará para comprar lo que mismo que antes. Usted perdió poder adquisitivo. Su dinero se redujo en valor real.

Eso es lo que está pasando en Costa Rica. Desde mediados de 2005 los intereses pagados a los ahorrantes han venido reduciéndose. En junio de ese año la tasa de interés pasiva neta promedio del sistema financiero para depósitos en moneda nacional alcanzó su valor máximo (12,51%). En la actualidad, de acuerdo con los datos del Banco Central, se ubica en el nivel más bajo (3,97%).

Con base en esa información se puede estimar que fue aproximadamente en noviembre de 2006 cuando la tasa de interés se hizo negativa (menor que la inflación) y los ahorrantes comenzaron a perder valor adquisitivo. En consecuencia, ya son 18 los meses de constante erosión del capital de los ahorrantes; y todo hace prever que continuará en el futuro.

Este fenómeno de las tasas de interés negativas se padeció en el país durante la crisis de los primeros años de los 80, pero no se había vuelto a presentar con la intensidad que se vive hoy día. Obedece tanto al contexto internacional como a las políticas que impulsan las autoridades económicas nacionales.

Las consecuencias son graves para todas aquellas personas que han colocado su capital en el sistema financiero, en especial para los pequeños ahorrantes y los pensionados, que complementan sus ingresos con las remuneraciones devengadas. Con tasas de interés negativas hay una merma en el patrimonio y los rendimientos reales desaparecen.

Pero también para los fondos de pensiones la situación es preocupante. En 2007 se produjo una baja generalizada en la rentabilidad de todos los fondos y las condiciones de los mercados externos no son favorables, por lo que sus inversiones en el extranjero se han contraído del 12% al 10%, refugiándose ahora en títulos en colones.

En el corto plazo la baja en los intereses podría no reflejarse en el nivel de ahorro total, ya que no hay muchas opciones diversificadas de colocación y numerosas personas padecen lo que los economistas denominan “ilusión monetaria”, es decir, responden a las variables nominales y no a las reales.

No obstante, la situación no parece ser sostenible por mucho tiempo, no solo por sus efectos distributivos negativos y los perjuicios que causa a miles de costarricenses que tienen cuentas de ahorro y certificados a plazo, sino porque pone en riesgo la captación de recursos para financiar las inversiones futuras y porque el aumento del consumo inducido incrementa las presiones inflacionarias.

El Banco Central debería prestar mayor atención a este fenómeno de las tasas de interés negativas y proponer medidas concretas para enfrentarlo.
Sus implicaciones macroeconómicas y éticas lo ameritan.

15/04/2008

Todos los principales axiomas del pensamiento económico y social del neoliberalismo se han visto revolcados, desgarrados, arrastrados y puestos boca abajo por los acontecimientos en los mercados financieros. Una situación seguramente sin precedentes cuando, en un tiempo tan corto, como son un par de décadas, y en un plazo tan concentrado, como es el primer trimestre del año, la situación económica hiciera perceptible contradicciones entre lo predicado y lo actuado que, de no haber sido así, habrían pasado inadvertidas.

Las fuerzas del mercado, la mano invisible, el libre comercio, la excelencia de la empresa privada, el respeto a la soberanía del consumidor, el salario como precio justo, para citar algunos de ellos, son contradichos por los resultados concretos más ruidosos en cada noticia que recibimos de la economía global.

A mí me gustaría saber si alguno de los economistas, técnicos en comercio exterior, analistas sociales y políticos que proclamaban el nuevo evangelio del neoliberalismo en Costa Rica, se atreve a vocear hoy la responsabilidad por encima del interés de la ganancia, de la empresa privada con sus empleados, después de unas quiebras escandalosas a principios de la década, como las de los gigantes en telecomunicaciones WorldCom y en energía Enron, en las que estos quedaron sin posibilidad de rescatar los ahorros para su pensión, que habían sido invertidos por los directivos en acciones de las mismas empresas.

Quién de ellos es capaz de salir en público hoy a sostener las bondades de la privatización bancaria, después de la nacionalización, el 30 de julio del año pasado, del banco germano IKB por la heterogénea coalición que gobierna Alemania, y la nacionalización el 18 de setiembre del ese mismo año, del Northern Rock Bank, el quinto banco hipotecario de Inglaterra, por el desfachatado gobierno laborista británico, para evitar una crisis bancaria de grandes proporciones en ambos países.

Quién es capaz de defender los procesos de privatización de los seguros después de la vergonzante intervención del gobierno federal de Estados Unidos demandando a las aseguradoras privadas el pago de los daños, escamoteado con amañados procedimientos legales, a los afectados por el huracán Katrina; o los más recientes malabares del Tesoro de ese país para apuntalar a las grandes aseguradoras de bonos y evitar la pérdida de confianza en los títulos municipales, por las consecuencias imponderables que esto significaría (Barr, Alistair, Market-Watch, Feb. 13, 2008, 6:36 p.m. EST).

Las fuerzas del mercado, la responsabilidad empresarial, la libertad de comercio fueron inca-paces de resolver estos problemas de manera de evitar los grandes costos sociales que los errores de la administración de las empresas involucradas ocasionaban, viéndose obligado el “público” a intervenir para reducir, cuando menos, sus efectos.

Pero si desde principios de esta década se comenzaron a palpar los efectos reales del liberalismo (que suplantó a la regulación del paradigma económico del “fordismo” responsable de los 40 años de equilibrio social hasta los años 80 del siglo pasado), es en estos días de crisis financiera que se ha hecho diáfana como en los años de la Gran Depresión la necesidad de la intervención estatal en el ordenamiento del sistema económico regido por el capital.

Los insolentes rescates a entidades financieras privadas y los obscuros negociados por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, del Banco de Inglaterra y del Banco de Francia para protegerles de sus inminentes descalabros, nos hace preguntarnos hoy por los bochincheros neoliberales como lo hacía Jorge Manrique hace casi seiscientos años por los vocingleros cortesanos:

“¿Qué se fizo el rey don Joan?
Los infantes d’Aragón
¿qué se ficieron?
¿qué fue de tanto galán,
qué fue de tanta invención
como trujeron?…”

___________________________________
* Catedrático Escuela de Sociología UCR

Proyecto de Ley en ARCHIVOS ADJUNTOS

El Diputado José Merino del Río presentó un proyecto de reformas al Código de Trabajo, con el fin de extender la prohibición expresa de discriminación en las relaciones laborales por motivos como la orientación sexual, la opinión política o el origen social, que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 16.988.

“Actualmente el Código de Trabajo prohíbe la aplicación en las relaciones laborales de cualquier práctica discriminatoria perjudicial fundada en razones de edad, etnia, género o religión, sin embargo, las normas en cuestión omitieron otras formas que se dan cotidianamente en las relaciones laborales y frente a las cuales las personas afectadas son particularmente vulnerables, tal el caso de la discriminación por motivos como la orientación sexual, la opinión política o el origen social”, explicó el Diputado Merino.

“Lamentablemente en nuestro país es muy común que trabajadores y trabajadoras sufran efectos perjudiciales en su puesto de trabajo e, incluso la pérdida del mismo, por sostener una opinión política distinta a la de su patrono” agregó el parlamentario.

“Desde hace muchos años, estas prácticas discriminatorias se han aplicado en las elecciones nacionales, pero en el referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, realizado el 7 de octubre de 2007, alcanzaron su máxima expresión. Pues son innumerables las denuncias existentes por presiones, amenazas y condicionamientos de la estabilidad laboral sufridos por muchas personas trabajadoras para que adoptaran o modificaran su posición política, a fin de identificarla con la posición del sector patronal” dice la exposición de motivos del proyecto de ley.

Ante la gravedad y reiteración de tales situaciones, se propone establecer expresamente que son medidas discriminatorias prohibidas con base en este título: el condicionamiento de beneficios laborales, la coacción, la presión, la intimidación o la manipulación a los trabajadores para que ejerzan su voto en determinado sentido o se abstengan de votar en elecciones populares o consultas populares bajo la modalidad de referéndum.

También se establece en los demás artículos modificados que las conductas prohibidas en el título undécimo del Código de Trabajo incluyen prácticas discriminatorias basadas en “cualquier otra consideración contraria a la dignidad humana”. Esto último, en razón de que la ley vigente utiliza una redacción que parece establecer una lista taxativa o cerrada de motivos en los que puede basarse el acto discriminatorio, a pesar de que las formas que puede adoptar la discriminación son diversas y cambiantes.

El artículo 623 vigente del Código de Trabajo dispone que las medidas discriminatorias podrán ser denunciadas ante los tribunales de trabajo. Sin embargo, no existe razón alguna para limitar a la vía judicial las acciones de tutela a favor de las personas afectadas por tales medidas. De manera que se establece que también podrán solicitar la protección de sus derechos en sede administrativa, por ejemplo, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Muchas personas trabajadoras no denuncian actos de discriminación que sufren en el empleo por el temor –plenamente justificado, por lo demás- a sufrir represalias. Así que resulta indispensable ampliar las facultades de las autoridades administrativas y judiciales, a fin de que estas puedan intervenir aplicando medidas cautelares dirigidas a proteger a las personas denunciantes y evitar perjuicios mayores de difícil reparación.

Como es lógico, dentro de las medidas propuestas se encuentra la suspensión inmediata de los actos discriminatorios contrarios a la dignidad humana.

El artículo 620 del Código de Trabajo prohíbe el despido discriminatorio de personas trabajadoras e impone al patrono responsable la obligación de reinstalación de quienes resulten afectados por tal medida. No obstante, la legislación no establece procedimientos y garantías adecuadas para hacer efectivo este derecho. Por eso se propone establecer que quienes denuncien actos de discriminación en el trabajo o participen como testigos en los procesos donde estos actos se discutan, únicamente podrán ser despedidos por la comisión de faltas graves a los deberos derivados del contrato de trabajo y previa aplicación del debido proceso. Se trata de garantías mínimas, dirigidas a evitar que el despido arbitrario sea utilizado como un instrumento para silenciar denuncias por actos discriminatorios.

Otra deficiencia grave que presenta la normativa vigente es la ausencia de un procedimiento expedito para resolver los reclamos de reinstalación que interponen personas trabajadoras afectadas por despidos discriminatorios. Esta omisión en la práctica equivale a tornar nugatoria la prohibición de despido establecida en el artículo 620 del Código de Trabajo.

Hoy en día, si una persona trabajadora es despedida por discriminación debe acudir a la vía ordinaria laboral para solicitar la protección de sus derechos. Es decir, debe someterse a un proceso que difícilmente durará menos de dos años para hacer efectiva la garantía de reinstalación. Durante ese periodo, que podría alargarse mucho más, sufrirá los efectos del despido, aunque este haya sido manifiestamente arbitrario, no recibirá su salario, ni cotizará para la seguridad social.

La realidad descrita lleva al Diputado Merino a proponer la adición de un nuevo artículo 624 bis al Código de Trabajo, a fin de crear un procedimiento especial sumarísimo para que los juzgados de trabajo conozcan y se pronuncien en un plazo reducido sobre las peticiones de reinstalación frente a despidos discriminatorios. Por esta vía se pretende que al menos en casos graves, de violación al debido proceso o donde se hace evidente la existencia de una actuación arbitraria de parte del sector patronal, se pueda ordenar de forma inmediata la reinstalación de la persona afectada.

Es importante destacar que este proceso sumarísimo solo produciría cosa juzgada formal, de manera que lo que allí se resuelva no impediría que cualquiera de las partes acuda a la vía ordinaria.

Por último, se pretende modificar el numeral 624 del Código de Trabajo. Esta norma establece la obligación de los patronos, a quienes se les compruebe la aplicación de despidos discriminatorios, de pagar a las personas afectadas una indemnización equivalente al importe de doce veces el salario mínimo legal correspondiente al puesto que ocupaban esas personas, además de la obligación de reinstalación. Se trata de una indemnización fija, que no necesariamente guarda relación con la magnitud del daño causado.

Puede ocurrir que el importe de esta indemnización sea menor al monto de los daños y perjuicios sufridos por la persona trabajadora; por ejemplo, si, como es altamente probable, la duración del despido discriminatorio fue mayor a doce meses o si la persona afectada ganaba una salario superior al salario mínimo establecido para su puesto.

En concordancia con el principio de reparación integral del daño causado (artículo 41 de la Constitución Política) y con el objetivo de superar las deficiencias apuntadas se establece que, en casos de despidos discriminatorios, el monto de la indemnización a pagar no podrá ser menor al importe de los salarios caídos y demás prestaciones laborales (aguinaldo, vacaciones, etc.) dejadas de percibir por las personas afectadas durante el periodo que duró el despido discriminatorio y hasta la fecha en que se haga efectiva la reinstalación, más los intereses de ley.

Esta indemnización deberá reconocer el pago por parte del patrono a la Caja Costarricense del Seguro Social de las cuotas obrero patronales no canceladas durante ese mismo periodo. Además, dicha indemnización podrá incluir las reparaciones procedentes por el daño moral ocasionado que, en casos de discriminación, puede ser muy significativo.

Varias medidas concretas se tomaron en los últimos meses: se modificó el régimen cambiario para eliminar las minidevaluaciones, que generaban inflación inercial, se decidió capitalizar al Banco Central con el fin de borrar las pérdidas acumuladas, se lanzó una campaña para recolonizar la masa monetaria y el Ministerio de Hacienda hizo su tarea y mejoró la recaudación tributaria, reduciendo así el déficit fiscal.

Todas estas acciones estaban orientadas a que el índice de precios al consumidor se redujera y que el nivel inflacionarios se acercaran al de los Estados Unidos, que en el 2007 fue de aproximadamente un 4 porciento. Sin embargo, la evolución observada muestra que esto no se ha logrado en Costa Rica. Los datos mas recientes indican que:

• La tasa de inflación interanual a marzo del 2008 llegó al 11,04%, es decir, se ha acelerado en los últimos meses.

• El costo de los alimentos subió un 22,7% en el último año. De igual manera las “comidas y bebidas fuera del hogar” tuvieron un alza significativa.

• Los aumentos solicitados en las tarifas eléctricas podría ser de hasta un 65% para ciertos sectores de la población.

• El precio internacional del petróleo continúa elevándose y se refleja en los varios ajustes que se siguen haciendo en la gasolina y e l diesel.

• La meta de inflación prevista por el Banco Central para este año, que era de un 8%, ya ha sido abandonada y se estima que una vez mas alcanzará los dos dígitos.

No cabe duda de que a pesar de la intención de las autoridades monetarias de combatir la inflación, a u n a costa del sacrificio que eso significa en cuanto a otras variables macroeconómicas, los resultados no son halagüeños.

Es posible que los factores a los que se le atribuía mayor responsabilidad en “atizar la hoguera” de los precios no fueran tan importantes como se creía, o que las medidas concretas que se adoptaron no resultaron ser las mas adecuadas para contrarrestarlos.

Desde luego, hay que tener presente que han surgido otros elementos, tanto en el contexto nacional como en el internacional, que seguramente están incidiendo en el comportamiento de los precios. Es importante conocer el peso específico que estas nuevas variables están teniendo a fin de determinar la manera mas conveniente de enfrentarlas.

En este sentido, es necesario profundizar en el análisis y en el estudio cuantitativo de la inflación costarricense. Si el Banco Central ha realizado investigaciones en este campo debe darlas a conocer (no encontramos en las páginas digitales del Banco trabajos recientes en este campo), y si no las ha hecho, urge que las haga a la mayor brevedad.

Si el déficit fiscal, las minidevaluaciones y las pérdidas del ente emisor ya no ejercen presión sobre los precios, entonces ¿cuáles son los nuevos ingredientes y cuanto aporta cada uno de ellos? ¿que papel juega la expansión del crédito y la liquidez?, ¿que repercusión tiene el aumento del petróleo?, ¿existe especulación que afecta el índice de precios minoristas?. ¿hay burbujas en algunos mercados?. Es necesario conocer mas sobre estos aspectos y estimular el debate riguroso y sustentado.

04/04/2008