Categoría: Incidencia

Estimado señor Contralor:

Reciba un respetuoso saludo de parte de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

La razón de la presente es la de solicitarle interponga sus buenos oficios con el fin de que se esclarezcan situaciones que a nuestro entender son anómalas en la institución denominada Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), que a continuación pasamos a detallarle, referida a las pretensiones para la privatización del servicio de Seguridad y Vigilancia:

Desde el año pasado, el ICODER ha venido insistiendo en la necesidad de la contratación privada de seguridad para el edificio central y otras instalaciones; fundamentando sus criterios en observaciones y criterios subjetivos, según lo que hemos analizado hasta el momento. Hasta la fecha no han demostrado razones técnicas sólidas y, por el contrario, nos preocupa sobremanera el alto costo que esta privatización tendría sobre el presupuesto de la institución. Para demostrar lo que decimos, le adjuntamos documentos oficiales en donde queda claro que esta contratación tiene un costo de más de 60 millones de colones anuales por 18 funcionarios privados y en la actualidad la institución gasta en 28 plazas 67 millones de colones. Evidentemente los costos de una contratación de este tipo es sumamente alta por lo que nos preocupa que fondos públicos sean utilizados de esta manera.

Adicionalmente, nos parece necesario que la Contraloría General de la República investigue sobre la existencia de un posible presupuesto paralelo, toda vez que aparte de los 67 millones que actualmente utiliza ICODER para el pago de la planilla de los agentes de seguridad que son sus empleados, esta institución está solicitando 61 millones más para hacer frente a esta privatización.

Es sumamente lamentable que, en momentos en que el Gobierno de la República dice no contar con recursos económicos suficientes y que debe racionalizarse el gasto, se someta a esta institución pública a un gasto adicional no imprescindible, que obedece a decisiones sumamente subjetivas.

Además deseamos se investiguen situaciones que se han dado con algunas plazas, las cuales eran del Departamento de Seguridad y Vigilancia y que en la actualidad han sido cedidas a otros departamentos, debilitando tal servicio y sin querer ser mal pensados, podríamos pensar que esto es parte de una estrategia para justificar dicha privatización. Las plazas son las siguientes:

Una en Mantenimiento, otra como Coordinador de Transportes, otra en el Departamento de Proveeduría y otra como chofer.

Además le solicitamos a la Contraloría General investigar las plazas números: 400782, la 400739, que pertenecían al Área de Recreación, reasignadas como plazas profesionales, aun cuando los funcionarios que ocuparon esas plazas estaban en forma interina y eran de recién ingreso al 15 de octubre del 2003, las que meses después pasan a propiedad.

En este momento, ICODER se encuentra realizando los esfuerzos por desarrollar un proceso de reestructuración para el cual se iría a pagar 7.000.000.00 millones de colones a la empresa FUSCIDERHE para que esta realice el estudio sobre la estructura que necesita el instituto. Entonces cabe la pregunta ¿porque privatizar algo?, si ni siquiera se tiene claro cuál va a ser la estructura deseada de acuerdo a este estudio. Pareciera que lo que esta imperando simplemente es el deseo de privatizar por privatizar. Hasta donde conocemos, tampoco ha sido autorizada por MIDEPLAN la nueva estructura institucional que quiere establecer.

Sin más que agradecer su valiosa intervención, se suscriben muy respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Javier Valerín Villegas
Responsable ANEP-ICODER

—
c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Licda. Lineth Saborío Chaverri, Primera Vicepresidenta de la República y Ministra de la Presidencia.
c.:Lic. Jorge Polinaris Vargas, Ministro de Planificación Nacional y Política Económica.
c.:Lic. Federico Carrillo Zurcher, Ministro de Hacienda.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Junta Directiva Seccional ANEP-ICODER.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Trabajadores y Trabajadoras.
c.:Archivo.

Doctor Alberto Sáenz Pacheco
Presidente Ejecutivo

Lic. Renato Alvarado Rivera,
Vicepresidente

Honorable Junta Directiva
Dra. Emilia María León Vargas, Directora
Pbro. Claudio María Solano Cerdas, Director
Ing. Rodolfo Borbón Sartoresi, Director
Sr. José Angel Obando Sequeira, Director
Mae. José Manuel Arias Porras, Director
Sr.Jorge Chaves Muños, Director
Mba. Mauricio Esna Arce, Director

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
Presente

Asunto: Reformas al régimen I.V.M.

Estimados señores y estimadas señoras:

En primer término, reciban sus autoridades el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja constancia por este medio del más absoluto respaldo de parte nuestra, a las acciones de la máxima cúpula política de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tendientes a erradicar, absolutamente, todos aquellos focos de corrupción, algunos de enorme impacto público como ya es notorio en el caso del seguro de salud, que afectan la calidad de su estratégica tarea en la gestión pública.

Paralelamente, creemos que ha llegado la hora de auscultar y terminar la nefasta política de contratación de privada de servicios que la misma Caja está en condiciones profesionales, técnicas y financieras de proveer. Como ha quedado claro, esta política facilita negocios privados malavenidos, desperdicia los recursos públicos, y deslegitima a la institución ante los ojos de la ciudadanía.

Con relación al objetivo central de la presente, la ANEP ha considerado necesario, a esta altura del proceso, dejar sentadas sus consideraciones sobre la tarea que se ha venido desarrollando para reformar el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en el seno de la comisión creada al efecto para abordar los problemas de su sostenibilidad financiera; y de la cual hemos estado formando parte en las personas del compañero Giovanny Ramírez Guerrero, Directivo Nacional de la ANEP y trabajador de la CCSS; así como en la persona de la Dra. Juliana Martínez Franzoni, como asesora técnica de la ANEP.

Queremos que sus dignas autoridades consideren lo siguiente:

En el marco de dicha comisión, la ANEP ha venido realizando propuestas para promover una reforma integral que, por un lado, asegure la sostenibilidad financiera de IVM; y, por otro lado, asegure su sostenibilidad social, incorporando las casi 700,000 personas que en la actualidad deberían estar dentro del régimen pero no lo están.

A lo largo de este proceso, hemos hecho un llamado a la Gerencia de Pensiones para cumplir con las medidas de fortalecimiento de IVM contenidas en la Ley de Protección al Trabajador; pero, paralelamente, hemos entendido que es necesario llevar a cabo otras transformaciones que aseguren la salud financiera del régimen, siempre de manera integral y fortaleciendo el acceso de las personas a más y mejores pensiones.

Desde la Gerencia de Pensiones se ha insistido en que el camino para la reforma, es que las personas paguen más y las pensiones sean menores. Nos llama laa atención que la misma gerencia que ahora está acusada de traficar con pensiones a personas que no reúnen con los requisitos para obtenerlas, al mismo tiempo plantee que la única manera de resolver el desequilibrio financiero de la CCSS es “ajustando” las fajas de las personas que menos tienen. Hay que tener en cuenta que el 60% de las personas aseguradas tienen ingresos por debajo de los dos salarios mínimos, es decir, menos de 210 mil colones al mes. Y es con estas personas que la Gerencia de Pensiones ha propuesto hacer el ajuste.

En este marco nos enteramos que el hoy suspendido Gerente de Pensiones, don Juan Luis Delgado, es separado de su cargo mientras se lo investiga por posibles vinculaciones con el caso Fischel. Al mismo tiempo, el pasado viernes 1 de octubre, el Informe de Notables identifica a la Gerencia de Pensiones como la que presenta mayores niveles de corrupción, expresados en el tráfico de influencias y venta de las pensiones de invalidez, vejez y muerte

El alto número de pensiones por invalidez es uno de los principales elementos de diagnóstico presentados por la Gerencia como causantes del desequilibrio de IVM.

Por tanto, es criterio de la ANEP que ante estas condiciones es urgente suspender todo el proceso de discusión sobre tal reforma, hasta tanto se tenga la certeza de que se han eliminados las fuentes de corrupción identificadas en la Gerencia de Pensiones, de manera de poder diseñar propuestas en un escenario de absoluta transparencia y confianza en las cifras financieras que se nos presentan.

Para ello consideramos que es urgente que la Caja intervenga la Gerencia de Pensiones, con la participación personas externas a la institución, de reconocido compromiso con la Seguridad Social y con manejo administrativo y financiero del funcionamiento de Sector Público.

Mientras tanto, insistimos, no deben llevarse a cabo reformas que pueden “embarrialar” aún más la cancha, por basarse en una conducción gerencial cuestionada y por tanto en un diagnóstico de la situación financiera que genera dudas sobre sus causas. ¿Cómo pedirle a la ciudadanía que cotice más, sabiendo que de acuerdo a la Comisión de Notables, hay un “tubo abierto” de desperdicio de recursos causado por el mal manejo y la corrupción?

En este escenario, aún la mejor propuesta que salga de la comisión tiene todas las de perder frente a una ciudadanía que demanda ir hasta el fondo de las situaciones de corrupción, permitiendo a la vez proteger el honor de las miles de personas honestas que trabajan para la institución.

En tal sentido, finalmente, debemos comunicarles, siempre en un plano de respeto, que vistas así las cosas, la ANEP no puede continuar participando, por el momento, de dicha comisión, por cuanto no nos sentimos con la certeza absoluta de estar en un escenario de confianza para continuar el proceso en forma transparente y realmente efectiva.

Esta primera decisión será sometida, próximamente y con la urgencia necesaria, a la ratificación política de nuestro máximo organismo de dirección, la Junta Directiva Nacional, la cual en definitiva resolverá sobre nuestra ausencia definitiva del citado proceso

Con la mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional

—-
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Dra. Juliana Martínez Franzoni, Asesora Técnica de la ANEP-Pensiones.
c.:Organizaciones sociales integrantes Comisión de Reforma de Pensiones I.V.M.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Archivo.

Estimados señores:

Reciban ustedes el más respetuoso y atento saludo de nuestra parte.

Al llegar Diario Extra a los veinticinco años de fundación, sentimos una inmensa alegría por cuanto la institucionalidad que ha alcanzado y su enorme y ascendente atención en el seno del pueblo costarricense, le han convertido en uno de los soportes de la estabilidad democrática de nuestro país en el campo de la información y el campo del ejercicio de una libertad de expresión plenamente congruente con su significado de Derecho Humano fundamental.

Sin exageraciones ni falsos elogios, es indudable que la historia del periodismo nacional tiene en el surgimiento de Diario Extra, el comienzo de una etapa histórica distinta; en la cual el derecho de información de la ciudadanía y el acceso de ésta con amplitud y consideración para sus distintas posiciones, han recibido el pleno respeto del carácter del ejercicio periodístico que Diario Extra ha venido practicando.

Es evidente que el desarrollo de la democracia, necesaria e imprescindiblemente, pasa por las posibilidades reales de que haya un pleno respeto a la libertad de expresión por parte de los diferentes medios de comunicación colectiva.

No obstante, es real que en muchas ocasiones las distintas expresiones de los movimientos sociales costarricenses, en materia de prensa escrita, han enfrentado severas limitaciones, accesos restringidos o prejuicios de línea editorial que distorsionan el sentido del mensaje social que se ha querido transmitir.

Diario Extra ha cambiado, radicalmente, tal percepción y hoy la sociedad civil organizada de los sectores populares (incluidos los sindicales), siente mayores posibilidades de expresión y acceso democrático al derecho de libertad de información, como nunca antes se había tenido, al menos en materia de prensa escrita diaria. En la misma dirección se han venido comportando, para fortuna de nuestra querida Costa Rica, las otras empresas periodísticas del Grupo Extra, como La Prensa Libre, Radio América y Extra TV 42.

Ya es inconcebible que, si queremos seguir viviendo en democracia y profundizando su carácter para beneficio de la colectividad, el tipo de profesionalismo periodístico del Grupo Extra y, particularmente Diario Extra, deben seguir existiendo; y continuar brindando una ventana de enorme oportunidad democrática para expresar los sentimientos de las organizaciones sociales y populares costarricenses.

Estamos convencidos que Diario Extra ha llegado a ser consustancial con nuestra forma democrática de vida, pese a todos los problemas que enfrentamos como sociedad; y que el gran cariño, el respeto, el aprecio y la confianza que le guarda la clase trabajadora costarricense y otros importantes segmentos de la ciudadanía más allá del sector laboral, es porque Diario Extra ha sabido interpretar nuestra idiosincrasia como pueblo: queremos seguir viviendo en democracia, sin extremismos ideológicos, sin líneas editoriales que se creen dueñas de la verdad absoluta y que satanizan desde las mismas a quienes osan pensar distinto.

El éxito de Diario Extra es, precisamente, su respeto a la diversidad, su gran capacidad de tolerancia para con las distintas opiniones, su amplitud para permitir la difusión de las más disímiles opiniones. En fin, un periódico que incluye gente; no que la relega por pensar distinto.

¡Felicitaciones, Diario Extra, por sus 25 años!. Que sean más los éxitos que logren para beneficio de la democracia costarricense.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

——
c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Archivo.

Doctor
Abel Pacheco de la Espriella
Presidente de la República
Casa Presidencial
Su Despacho

Estimado señor Presidente:

01. Con gran respeto nos dirigimos a la digna autoridad presidencial que su persona representa, para manifestarle que el MOVIMIENTO CIVICO NACIONAL, muy a nuestro pesar, se verá en la imperiosa necesidad de convocar a sus distintas organizaciones, a manifestarse a lo largo y a lo ancho de nuestro país, a partir del lunes 11 de octubre; considerando lo siguiente:

02. No encontramos la voluntad política requerida para un cabal cumplimiento del acuerdo adoptado en la madrugada del martes 31 de agosto, con relación al monopolio de la revisión técnica vehicular; por cuanto en las reuniones sostenidas hasta ahora, las argumentaciones que hemos presentado han estado recibiendo un trato displicente; pues ya sería hora de que se estuviese disponiendo no solamente la apertura de ese monopolio privado, a partir del dictamen emitido por la Contraloría General de la República; sino que, incluso, se hubiese empezado con el proceso que concluya en la resolución o anulabilidad del contrato con la firma RITEVE.

03. Las autoridades del Consejo de Transporte Público (CPT), cuentan ya con nuestros elementos en tal sentido y además, como si esto no fuese suficiente, con los criterios del Organo Fiscalizador de RITEVE, que ha determinado por sí mismo una serie de incumplimientos contractuales para abrir ese proceso de resolución del citado contrato.

04. Como usted bien sabe, Sr. Presidente, el pueblo costarricense ha manifestado un abrumador respaldo a la eliminación del monopolio privado de la revisión técnica e incluso hasta la salida del país de la firma RITEVE; por lo cual este MOVIMIENTO CÍVICO NACIONAL no puede decepcionar ni defraudar la confianza que la ciudadanía le expresó en sus acciones pasadas que tuvieron un amplio impacto nacional.

05. No puede este MOVIMIENTO CIVICO NACIONAL aceptar la tesis de que por la circunstancia de que dos de los ministros firmantes del acuerdo del 31 de agosto ya no estén en el Gobierno, el Poder Ejecutivo pueda desentenderse de la enorme responsabilidad política y cívica que implica honrar lo firmado.

06. Pero además, señor Presidente, debe entender que este MOVIMIENTO CIVICO NACIONAL está con la más profunda convicción que en el proceso de RITEVE la anormalidad y la irregularidad fue la regla en todo el proceso que se dio hasta la concreción de la concesión que hoy la mayoría del pueblo repudia. Cada vez nos convencemos más que el proceso de esta concesión debe concebirse como una situación de corrupción, de escandaloso tráfico de influencias, de compadrazgos perniciosos en contra del interés público y del bien común.

07. Por otra parte, a más de un mes de la firma de tales acuerdos, el que se refiere al tema del Costo de Vida ni siquiera ha podido empezar a operar, por cuanto la comisión establecida en ese acuerdo no ha sido instalada. Como usted bien sabe, el pueblo costarricense, no solamente el que conforma la clase trabajadora, sino también importantes entidades de la micro, pequeña y mediana empresa nacional, sufren intensamente por la carestía en el costo de la vida que determina un deterioro en la calidad de vida realmente preocupante.

08. Con todo respeto, el MOVIMIENTO CIVICO NACIONAL apreciaría que el Sr. Presidente de la República, le reciba, con la urgencia que este caso amerita, en las próximas horas, a fin de exponerle de viva voz los fundamentos que tenemos para salir a las calles, nuevamente, a partir de este lunes 11 de octubre.

09. Queremos indicarle, adicionalmente, que este MOVIMIENTO CIVICO NACIONAL repudia, con la más absoluta vehemencia, los actos de corrupción pública que ya son de amplio conocimiento ciudadano por estas fechas; y que la acción de calle que estamos promoviendo para este lunes 11 de octubre, tiene también como propósito, exigir la más dura acción judicial contra toda impunidad y nuestra fuerte demanda de cárcel para todos los corruptos, sin discriminación alguna; razón por la cual dejamos contundente constancia de que apoyamos las acciones valientes y ejemplarizantes de la Fiscalía General de la República en los casos CAJA-FISCHEL e ICE-ALCATEL; pero que hay otros casos que deben investigarse profundamente, como la cárcel de Pococí, la concesión del Puerto de Caldera, el Aeropuerto Juan Santamaría-ALTERRA.

10. Sin duda alguna, Sr. Presidente, que todas estas situaciones profundizan la desconfianza del pueblo costarricense en su clase dirigente y que en temas como el TLC, esa desconfianza se ha agigantado dada la envergadura de los compromisos patrimoniales nacionales involucrados en esa nefasta negociación contraria al interés nacional.

11. Vistas así las cosas, Sr. Presidente, aparte de reiterarle nuestro mayor respeto y consideración, le insistimos en la necesidad de que nos reciba en audiencia con la urgencia debida y quizás, a lo mejor, hallamos una solución política consistente, realmente efectiva y definitiva en este caso conflictivo del monopolio de la revisión técnica vehicular.

En espera de su respuesta, nos suscribimos, con la mayor consideración,

MOVIMIENTO CIVICO NACIONAL

(firmas en hoja adjunta)

Doctor
Abel Pacheco de la Espriella
Presidente de la República
Casa Presidencial
Su Despacho

Estimado señor Presidente:

En primer término, reciba nuestro más atento y respetuoso saludo.

Aunque sabemos que sus delicadas tareas en este momento le obligan a concentrarse en asuntos de enorme trascendencia nacional por las circunstancias que estamos viviendo; nos parece sumamente necesario que usted emita una directriz que le permita saber con certeza lo siguiente:

Tenemos informes de que el actual Ministro de Obras Públicas y Transportes, Lic. Javier Chaves Bolaños, estaría por estrenar un vehículo oficial con un costo cercano a los 37 mil dólares, adquirido con fondos del CONAVI. Si esto fuese cierto, no le parece una barbaridad en tiempos de “crisis fiscal”. Ese carro nuevo estaría guardado en las oficinas del CONAVI, en Zapote (antiguo CONICYT).

Tenemos informes de que en el MOPT se ha estado pagando dineros por alquiler de vehículos, en una cantidad que ya ronda los 20 millones de colones; esto a lo mejor no fuese relevante sino por la circunstancia de que ese ministerio tiene sus propios vehículos guardados en el parque del MOPT en Plaza González Víquez.

Sería bueno averiguar si ya se ordenó la construcción de un bulevar en el costado oeste de las oficinas centrales del MOPT, entre éstas y el taller central. Esta construcción podría costar unos 40 millones de colones en momentos de “crisis” fiscal. ¿Qué empresas lo realizarían?.

Sería bueno establecer si el Sr. Ministro Chaves Bolaños estaría contratando a una persona para su despacho, presuntamente de apellido Maroto, por un salario cercano o superior al millón de colones; persona que, presuntamente, no tendría los requisitos lo cual estaría ofendiendo la dignidad de los profesionales de carrera del ministerio.

Creemos que usted, Sr. Presidente, a lo mejor no está enterado de estas situaciones que de ser ciertas, lo ponen a usted en entredicho ante la ciudadanía, cuando se trata del tema del gasto público. Ojalá que cuanto antes pueda usted disponer de la información pertinente.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

——
c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Archivo.

Estimado don Ignacio:
Estimada doña Pilar:

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estima necesario y justo felicitar a Telenoticias de Canal 7, por la extraordinaria contribución al saneamiento de la democracia costarricense, que ya ha empezado a significar las denuncias realizadas en las últimas horas por su importante medio de comunicación colectiva; acerca de la ilegal e inmoral práctica de repartición de dineros que por concepto de “comisiones” se han distribuido entre costarricenses con gran poder, del ámbito público y privado, a raíz del crédito filandés, destinado a la compra de equipo médico para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Si en otros momentos, por circunstancias de tensión social, con razón o sin ella, Telenoticias de Canal 7 ha recibido duras críticas por su enfoque periodístico de determinados procesos sociales; hoy no se puede andar con ninguna mezquindad y es más que justo felicitarles por tan valiente y patriótico acto de periodismo profesional para bien de nuestra querida Costa Rica.

Ojalá que ustedes puedan profundizar en el tema, de forma tal que los y las costarricenses podamos saber a cuáles manos fue a parar cada uno de los centavos de esa vulgar comisión de 8 millones de dólares; pues es obvio que con lo que ya se denunció para por averiguar el destino de casi 7 y medio millones de dólares.

Nuevamente les expresamos nuestra más sincera felicitación, así como un mensaje de aliento para que sigan adelante en la dirección que ya iniciaron en el caso que nos ocupa. Muchos temas están pendientes de una auscultación periodística semejante; como por ejemplo, la concesión de INCOP, la concesión de 600 mil líneas celulares, la eventual concesión de un ferrocarril, entre otras.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

——
c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Archivo.

¿Por qué se fueron del Gobierno, Alberto Dent y Ronulfo Jiménez?

Primeramente, agrademos a “El Independiente” la posibilidad que nos brinda, desde su primera edición, para publicar nuestros comentarios sobre diversos tópicos de la realidad nacional, desde una perspectiva laboral, como es lógico suponer. Le auguramos a “El Independiente” muchos éxitos en este inmenso reto de brindar a la población guanacaste, una alternativa de información y de análisis de calidad, con veracidad y objetividad. ¡Nuestras felicitaciones por este importante esfuerzo!

Ya es de amplio conocimiento público los acontecimientos sociales que se dieron en el país, desde el lunes 23 hasta el martes 31 de agosto, con ocasión de las acciones promovidas por el Movimiento Cívico Nacional. El Movimiento Cívico Nacional es una coalición de sectores laborales de empleados públicos, de transportistas, de taxistas, de empresarios de talleres mecánicos, de agricultores; todos los cuales, con apoyo de educadores, de estudiantes, de amas de casa y de ciudadanos y ciudadanas en general, planteamos al país una agenda de cuatro reivindicaciones, bastante reclamadas por importantes segmentos de la población costarricense.

En primer lugar, la necesidad de que el servicio de revisión técnica vehicular salga del monopolio privado en que está; en segundo lugar, subir un poquito más el aumento salarial del Sector Público valedero para el segundo semestre del presente año 2004; un tercer punto es sobre el tema del alto costo de la vida; y, finalmente, el asunto del denominado tratado de “libre” comercio (TLC), que nos quieren imponer con los Estados Unidos de América.

Luego de nueve días de lucha callejera, el Movimiento Cívico Nacional firmó con el Gobierno de la República, acuerdos que, al menos transitoriamente, devolvieron la paz social a Costa Rica. Esos acuerdos no fueron compartidos por dos de las figuras gubernamentales más poderosas hasta ese momento: el Sr. Alberto Dent Zeledón, Ministro de Hacienda; y el señor Ronulfo Jiménez Morales, Coordinador del Consejo Económico del Gobierno de la República.

Ambos dijeron no compartir el acuerdo firmado, especialmente en lo que atañe a aumentarle a los empleados públicos un 0.5 % adicional, a lo que ya había establecido inicialmente el Gobierno, sea, un 4.5 %. Para estos dos señores, de filosofía neoliberal, ese “aumento” rompía sus propias metas de política fiscal, lo cual les resultó inaceptable y por eso decidieron renunciar.

Sin embargo, nosotros creemos que las verdaderas razones por las cuales se retiraron del Gobierno esos señores, tienen que ver con el tema de Costa de Vida que establece el acuerdo mencionado. En este tema, el Movimiento Cívico Nacional logró dejar planteadas varias propuestas para discutirlas en fecha próxima con el Poder Ejecutivo. A nuestro juicio, tales propuestas desafían el carácter neoliberal de la política económica hasta ahora dominante, tanto en este Gobierno como en los anteriores.

Para los señores neoliberales Dent y Jiménez, es intolerable tan siquiera pensar en la posibilidad de que deban discutir con los sectores sociales, las bases de su propia visión económica del desarrollo de la sociedad. Como fundamentalistas neoliberales que son, ven al mercado como el mecanismo único y sagrado que ha de regular la convivencia en sociedad, de tal suerte que cualquier costa que se aleje de tal postulado, es una herejía. En consecuencia, no podían aceptar que las propuestas que en el tema del costo de vida, dejó en mesa el Movimiento Cívico Nacional, fueron objeto de análisis y de eventual negociación.

Pero veamos a que le tuvieron miedo los señores que se fueron del Gobierno. Qué es lo que planteó el Movimiento Cívico Nacional, en el tema de costo de vida, que tanto les asustó y les molestó al punto de irse del Gobierno. Citaremos tan sólo cuatro de nuestras propuestas:

Debe establecerse un mecanismo de control de precios en mercados oligopólicos y monopólicos privados, incluyendo los monopolios de importación.

Modificación de la “canasta básica” incorporando una mayor cantidad de bienes importantes para la protección del nivel de vida de la gente. Esta modificación deberá hacerse en el mes de diciembre del 2004 una vez que se tengan los resultados del primer semestre de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEC.

Modificación definitiva de la canasta básica, una vez que haya finalizado la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEC, en el mes de marzo del 2005, así como el establecimiento de una “canasta básica salarial” que facilite la fijación salarial en atención a los bienes y servicios fundamentales para tal efecto.

Debe revisarse los criterios de fijación de precios de la ARESEP incorporando criterios de impacto social para los estratos inferiores de consumo (en electricidad, agua, etc.). De esta forma debe establecerse un margen razonable para el establecimiento de nuevos subsidios cruzados y la consolidación de los ya existentes, como forma de proteger a los sectores de menores ingresos.

Estas cuatro propuestas y otras más que quedaron en el pliego central de los acuerdos del Movimiento Cívico Nacional con el Gobierno de la República, están inspiradas en principios humanistas, profundamente solidarios, con las personas que menos tienen. Eso fue lo que molestó a los señores Alberto Dent y Ronulfo Jiménez (así como a otros que quedaron dentro del Gobierno del Presidente Pacheco y que deberían irse del mismo cuanto antes).

Ojalá que cuando estas propuestas entren a la negociación directa con el Gobierno, usted nos brinde su apoyo. Por primera vez, en muchos años, los sectores sociales y populares, gracias a la lucha del Movimiento Cívico Nacional y al amplio apoyo ciudadano que la misma recibió, podemos iniciar un cambio de políticas económicas para la recuperación de la Costa Rica solidaria que una vez tuvimos. Sin duda alguna, estamos a tiempo de recuperarla. Súmese a esta noble causa de paz y de democracia.

El Movimiento Cívico Nacional no ha depuesto la lucha que dio origen a los acuerdos suscritos con el Gobierno de la República, en la madrugada del pasado martes 31 de agosto; acuerdos que, desde nuestra perspectiva, abrieron paso a una especie de tregua en la tensa confrontación social generada durante diez días y que mantuvieron en vilo al país.

El Movimiento Cívico Nacional mantiene su fe y renueva su convicción en el funcionamiento de la institucionalidad republicana que nos rige como nación; de la misma manera en que creemos que el Estado de Derecho puede dar respuestas adecuadas al clamor ciudadano en esta situación y en otras análogas.

Por eso fue que aceptamos que en el grave conflicto social de los últimos días, se diera oportunidad para escuchar el criterio del Lic. Alex Solís Fallas, Contralor General de la República. Tan es así que entendiendo la relevancia del mismo, eso se consignó como el punto primero del acuerdo que restauró la paz social en el país (al menos, transitoriamente, para el Movimiento Cívico Nacional).

Este primer acuerdo reza así: “Instar formalmente a la Contraloría General de la República para que en el menor plazo posible se pronuncie sobre las consultas formuladas en relación con la apertura y nulidad de la revisión técnica”.

Ahora bien, sentimos que el Sr. Ministro de Obras Públicas y Transportes, Lic. Javier Chaves Bolaños, intenta realizar una manipulación de la opinión pública con el asunto de la “flexibilización” de los controles de la revisión técnica vehicular; que, si bien representan una conquista de la movilización ciudadana ya conocida al respecto; no resuelve el problema de fondo de toda esta cuestión, cual es, la necesidad de que se permita el establecimiento otras opciones prestatarias del servicio de la revisión técnica vehicular, al tenor de los artículos 19 y 20 de la Ley de Tránsito y en correspondencia directa con el Artículo 46 Constitucional

Por otra parte, las revelaciones del escandaloso tráfico de influencias y pago de comisiones en dólares con el crédito finlandés, para compra de equipo para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); revelaciones que han implicado al Expresidente de la República, Lic. Rafael Ángel Calderón Fournier; auguran tiempos sumamente tormentosos para Costa Rica, pues apenas estamos en presencia de los primero indicios de una cadena de revelaciones de más receptores de los dineros de esas comisiones.

Por tanto, es importante lograr el mayor grado de tranquilidad nacional para que el país, en calma, enfrente los difíciles momentos que se avecinan. Es en función de ello que el Movimiento Cívico Nacional considera que el tema de RITEVE tiene que tener la solución definitiva que hemos perseguido desde un inicio: la posibilidad de que otras entidades presten el servicio de la revisión técnica vehicular.

En tal sentido, es criterio del Movimiento Cívico Nacional que una vez dada la apertura en dicho servicio, quien se dedique al mismo deberá hacerlo únicamente en tal ámbito; pues no es válido dedicarse, al mismo tiempo, a la reparación de vehículos o a la realización de otros negocios conexos que podrían contradecir el espíritu de la revisión técnica vehicular, cual es, la seguridad de las personas y del medio ambiente.

Vistas así las cosas, el Movimiento Cívico Nacional emplaza, respetuosamente y de manera pública, al Lic. Alex Solìs Fallas, Contralor General de la República para que se pronuncie lo más pronto posible, con relación al espíritu del citado acuerdo; esperanzados como estamos de que en el caso de la revisión técnica vehicular se dé un retorno de la confianza en nuestro Estado de Derecho para beneficio de la ansiada paz social que tanto amamos los y las costarricenses.

Es criterio del Movimiento Cívico Nacional que el Lic. Alex Solìs Fallas, en el honroso cargo de Contralor General de la República, ha de jugar un estratégico papel en este punto conflictivo; pues sin importar en qué dirección ha de venir el pronunciamiento que dé en este delicado asunto, es real que la incertidumbre en nada contribuye a la estabilidad institucional de Costa Rica.

En el Movimiento Cívico Nacional esperamos lo que el Lic. Alex Solís Fallas, como Contralor General de la República, ha de decir al respecto y por eso le instamos a que lo haga lo más pronto posible. Que Dios, Nuestro Señor, le ilumine dado que su pronunciamiento será vital para definir el futuro de nuestro camino, como movimiento social, en este y en otros delicados puntos que tanta atención generan en la ciudadanía.

Nosotros quedamos esperanzados en que, tal y como lo hemos dicho de manera reiterada, en el caso de la revisión técnica vehicular, ha de imponerse la institucionalidad y el Estado de Derecho. Tiene la palabra el Lic. Alex Solís Fallas, Contralor General de la República.

San José, 6 de setiembre de 2004.

Gracias a los miles de costarricenses que con hidalguía y responsabilidad se sumaron al llamado del Movimiento Cívico Nacional. Con ustedes en las calles se recupera la dignidad del pueblo.

Las acciones del pueblo costarricense desarrolladas en las últimas semanas, nos abren el camino para frenar 20 años de atropello y sometimiento al modelo neoliberal; modelo que ha sufrido un duro golpe con el triunfo del Movimiento Cívico Nacional.

El documento firmado en la madrugada del 31 de agosto, entre el Gobierno de la República y los representantes del Movimiento Cívico Nacional, compromete al equipo económico del primero a realizar algunas variantes en su política económica, de empobrecimiento al pueblo costarricense. Ahora nos toca vigilar para que lo firmado se cumpla.

Para los empleados públicos se logró un aumento salarial superior al que impuso el ahora Exministro de Hacienda. Hemos subido en estas jornadas de lucha de un 3,5% al 5%. La última subida, de 0,5%, fue gracias a los traileros, a los agricultores, a los taxistas, a los estudiantes y al pueblo en general. Por supuesto, tambien se lo debemos a valientes empleados públicos de hospitales, CEN CINAI, Municipalidad de San José, licencias del MOPT, AyA, así como otros ministerios; donde siempre los mismos trabajadores y trabajadoras ponen la cara por una mayoría que no ha entendido, que para lograr aumentos salariales justos hay que unirse y tirarnos a la calle. Si usted luchó hasta el final, sienta hoy todo el orgullo del mundo.

Esperamos que la lección nos ayude a ser solidarios y a no esperar a que, por ejemplo, sean nuestros hijos, desde los colegios, quienes den la cara por nosotros.

La renuncia del Ministro Dent es también un triunfo contundente de esta lucha. Otros neoliberales dentro del Gobierno también deben sustituirse, por personas con sensibilidad social; de lo contrario, las luchas callejeras tendrán que continuar.

El problema RITEVE compete a todos los costarricenses. La permanencia de la transnacional que monopoliza la revisión técnica vehicular, ha generado consecuencias que están a la vista: la ruina de artesanos y pequeños productores (sastres, zapateros, panaderos, maiceros, frijoleros, arroceros); además de pequeños empresarios vinculados al transporte y los vehículos. Ni que decir de los que en el sector público tenemos una “cacharpita”, pues las exigencias de RITEVE nos obliga a sacar plata de donde no tenemos, dado los bajos salarios que recibimos.

En cuanto al costo de vida, dejamos en la mesa para una negociación posterior, una serie de propuestas a discutir con el Gobierno, para aminorar, de alguna manera, tanta alza y lograr respirar un poquito mejor en materia económica.

Ante los acontecimientos, ANEP insiste en llamar a los empleados públicos, para que permanezcamos alerta, y para que nos comprometamos en las futuras luchas. La más importante que se aproxima es la del TLC, y ya se vio el enorme potencial de un pueblo organizado. Reivindiquemos nuestro honor, tengamos orgullo, unámonos y salgamos a la calle cuando llegue el llamado. Sigamos practicando el referéndum de la calle.

¡Unidos somos más fuertes!

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP
Integrante del Movimiento Cívico Nacional

RESUMEN: El Ministro de Comercio Exterior, suscribió dentro del Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, una resolución de ese órgano que basó su fundamento jurídico en dos artículos del CAUCA II que fueron declarados inconstitucionales por la Sala Constitucional, mediante voto Nº 6624-94, de las nueve horas del once de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, comprometiendo de esa manera al país a nivel internacional, irrespetando el principio de legalidad y las responsabilidades constitucionales de quien ejerce el Poder Ejecutivo.

RELACIÓN DE HECHOS:

PRIMERO: El gobierno de Costa Rica suscribió el siete de enero de mil novecientos noventa y tres el I Protocolo de Modificación al Convenio Aduanero Uniforme Centroamericano, conocido como CAUCA II, ley de la República Nº 7485.

SEGUNDO: Dentro del Código adoptado en esa oportunidad, se aprobó el numeral 103 que reza: “Para los efectos de mantener la unidad y la constante y permanente compatibilidad del régimen, se faculta al Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano para que en base a las atribuciones que le confieren los artículos 6 y 7 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, pueda aprobar y poner en vigencia las modificaciones que requiera el presente Código”. En el mismo sentido, el artículo 3 del Protocolo en cuestión dice: ““Para los efectos de mantener la unidad y la constante y permanente compatibilidad del Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano se faculta al Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano para que, en base a las facultades que le confieren los artículos 6 y 7, y 24 del Convenio sobre el referido Régimen, pueda aprobar y poner en vigencia las modificaciones que requiera el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y la Legislación Centroamericana sobre el Valor Aduanero de las Mercancías”.

TERCERO: La Sala Constitucional, en ejercicio de las facultades del artículo 96, inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, realizó una consulta preceptiva de constitucionalidad de este Protocolo y falló en lo que interesa que:

“ IX. La Sala considera importante manifestarse sobre el contenido de los artículos 103 del Convenio y 3 de las disposiciones transitorias, los cuales se refieren a transferencia de competencias, que en el caso que nos ocupa se le confieren al Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, para aprobar y poner en vigencia las modificaciones que requiera el presente Convenio (…) En consecuencia la Sala considera que son inconstitucionales los artículos 103 del Convenio y 3 de sus disposiciones generales, por el hecho de transferir al órgano comunitario, Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, competencias que por su naturaleza son propias del régimen constitucional interno de Costa Rica…” (El resaltado no es del original).

CUARTO: Pese a esta disposición expresa de la Sala Constitucional, el Ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos, irrespetando los alcances de esta sentencia, suscribió, en calidad de miembro de ese mismo Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, la Resolución Nº 85-2002, de diecinueve de junio de ese año, cuyo fundamento jurídico y presupuesto para su existencia y aplicación, son los artículos inconstitucionales 103 del Código y 3 del Protocolo del CAUCA II.

Dice el último considerando de esta Resolución: “Que de conformidad con los artículos 103 del CAUCA y 3 del Protocolo de Modificación suscrito el 7 de enero de 1993, el Consejo está facultado para aprobar y poner en vigencia las modificaciones que requiera el indicado Código, por lo que se hace necesario dictar la decisión del Consejo mediante la cual se aprueben las modificaciones al CAUCA contenidas en el Protocolo de 27 de abril de 2000 y se propicie su más pronta vigencia”.

Además, señala el resultando primero de esa resolución 85-2002: “Que para efectos del artículo 103 del CAUCA aprobado por el Protocolo del 7 de enero de 1993, el texto incluido en el Segundo Protocolo al Código Aduanero Uniforme Centroamericano de 27 de abril de 2000, constituye la modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano…”.

QUINTO: Que el Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, tenía la obligación de reservar la aplicación de esa Resolución en Costa Rica, dado que su naturaleza jurídica descansa en artículos que son inconstitucionales y por tanto INAPLICABLES DENTRO DEL RÉGIMEN JURÍDICO COSTARRICENSE.

Además, el artículo 140, inciso 10 de nuestra Constitución, establece claramente, que la adopción y puesta en vigencia de los tratados internacionales corresponde al Poder Ejecutivo en forma exclusiva.

Así las cosas, el Ministro de Comercio Exterior, no podía adoptar dicha resolución y con ello ha quebrantado nuestro ordenamiento, ya que no se funda en un acto administrativo eficaz, por cuya aplicación se está amenazando la seguridad jurídica de los administrados y viola en forma abierta y flagrante un fallo de la Sala Constitucional.

OFRECIMIENTO DE PRUEBA: Se aporta al presente recurso de amparo, el voto 6624-94 de la Sala Constitucional, la Resolución 85-2002 del Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano y los artículos 103 del Código y 3 del Protocolo del CAUCA II.

FUNDAMENTO JURÍDICO: Se presenta este recurso de amparo de acuerdo a los artículo 11, 140, 10 y 149,6 de la Constitución Política; la Ley Nº 7485, Protocolo de Modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano; artículos 11, 111.1, y concordantes de la Ley General de Administración Pública.

PETITORIA: Siendo que la actuación del Ministro de Comercio Exterior es contraria a derecho, se solicita que así se declare y en consecuencia se establezca la ineficacia de dicho acuerdo para el caso de Costa Rica, por lo que el mismo no puede surtir efectos jurídicos en el país.

NOTIFICACIONES: Oiremos notificaciones en la sede central de la ANEP, sita en Calle 20, 300 metros al Norte del Hospital Nacional de Niños, frente a Cooperservidores, R. L.