Buscamos con ello el reconocimiento de la pluralidad y la diversidad presentes en la sociedad costarricense y enfatizamos que estas son características que se han venido profundizando en los últimos tiempos.
En Costa Rica vivimos momentos históricos en relación al posicionamiento de los derechos humanos por orientación sexual, problemática que recientemente hemos planteado con amplitud ante la sociedad costarricense. Como Movimiento Diversidad hemos procurado reforzar nuestros planteamientos con base en propuestas para una ciudadanía inclusiva. Buscamos con ello el reconocimiento de la pluralidad y la diversidad presentes en la sociedad costarricense y enfatizamos que estas son características que se han venido profundizando en los últimos tiempos.
A lo anterior debemos aunar el contexto actual costarricense, en el que se ha perdido progresivamente la confianza en los políticos, lo cual es
resultado de los reiterados casos de corrupción en los que altos dirigentes se han visto envueltos y la frustración sistemática de las expectativas que la ciudadanía ha puesto en los gobernantes. Esta situación se ve reflejada en los altos índices de abstencionismo en los procesos electorales. Paralelamente se ha experimentado una agudización en los problemas de desigualdad y un empobrecimiento generalizado de la población. Todo ello es producto del avance de políticas de globalización neoliberal. De aquí resultan retos de fundamental importancia. La sociedad costarricense urge de propuestas que hagan del nuestro, un país donde se respete la igualdad, la no discriminación y la vigencia de los derechos humanos. Al fin y al cabo, estos son principios rectores recogidos en la Constitución de la República.
La “Campaña Ciudadanía GLBT: Un Voto por la Igualdad”, iniciativa del Movimiento Diversidad, que emplazó a los políticos en las pasadas elecciones presidenciales para que se pronunciarán sobre los temas de derechos por orientación sexual, logró que éstos se pronunciaran por el reconocimiento y el compromiso para erradicar la discriminación. Fue una campaña desarrollada de forma pública y abierta, con la intención de validar ante la ciudadanía los compromisos de política asumidos por los candidatos, y con vistas a la construcción de una sociedad inclusiva, respetuosa, participativa y democrática. Esta campaña logró que el actual mandatario se pronunciara contra la discriminación por orientación sexual. Es importante indicar que además incluyó en su discurso de investidura presidencial y en su plan de gobierno, el compromiso con la no discriminación y la vigencia de los derechos humanos.
Por lo tanto creemos contundentemente que este es un buen momento para que estos compromisos se cristalicen en acciones concretas en pos de la igualdad. Por ello formulamos un llamado al Poder Ejecutivo para que hago efectivos sus planteamientos de respeto por los derechos humanos, y su plena e integral vigencia a favor de todos los y las costarricenses.
En contradicción con el panorama antes descrito, la homilía pronunciada por la jerarquía católica el pasado 2 de agosto, constituye un verdadero exabrupto en contra de la efectiva aplicación de los derechos humanos en Costa Rica. La Iglesia se arroga la potestad de dar línea al legislador, y al hacerlo impone los dogmas de su fe a personas que no necesariamente los comparten, y cuyas decisiones ante la vida responden a otros criterios éticos y otros valores, distintos, quizá, pero igualmente merecedores de respeto y aprecio, que los que propone la religión católica.
De igual manera ha quedado demostrado que en países occidentales, con sistemas democráticos avanzados y sociedades respetuosos de los derechos humanos, los avances logrados en esta materia, lejos de provocar caos y descomposición, han contribuido a consolidar formas de convivencia más armoniosas y civilizadas, con menores índices de violencia y criminalidad y formas de vida más felices y libres.
No podemos aprobar de manera alguna las palabras de odio promulgadas esta semana desde el pulpito. Es triste recordar que en el pasado, desde esos mismos pulpitos, se congraciaron con dictaduras genocidas como las de Pinochet y Franco. También se justificó la masacre de los pueblos indígenas de América, y se persiguió desde el brazo secular representado por el santo oficio y la inquisición, a miles de personas inocentes que fueron torturadas y asesinadas por sus ideas y formas de vida.
No podemos evitar el pensar que esta homilía del odio y la discriminación, tan solo constituye una forma de evadir y encubrir los problemas más acuciantes que angustian a la sociedad costarricense. Nos causa grandísimo desconcierto escuchar discursos clericales que se manifiestan preocupados por la pobreza, pero son omisos a la hora de pronunciarse sobre las implicaciones que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) tendrá para la justicia social, la soberanía nacional y el medio ambiente.
¿Acaso el tema fundamental del TLC fue en este caso omitido a propósito a fin de congraciarse con los sectores más poderosos y privilegiados y en su lugar se optó por el ataque contra un grupo minoritario que no por serlo, deja de estar constituido por personas que merecen respeto; ciudadanos y ciudadanas que también deberían contar con el pleno reconocimiento de sus derechos civiles?
En el fallo emitido por la Sala Constitucional ante la acción de inconstitucionalidad planteada contra el Inciso 6 del Artículo 14 del Código de Familia, y no obstante la argumentación de base que se formula –la cual parte de premisas discriminatorias contra las parejas del mismo sexo- sin embargo se reconoce la necesidad y legitimidad de una regulación normativa que tutele las relaciones entre este tipo de parejas. Esto ya establece un sano contraste con respecto a la posición intransigente de la jerarquía católica. Así se desprende de los términos concretos del pronunciamiento de la Sala Constitucional, que a continuación transcribimos:
“…la mayoría de la Sala consideró que en realidad existe ausencia de una regulación normativa apropiada, que regule ese tipo de uniones, sobre todo si reúnen condiciones de estabilidad y singularidad, por que un imperativo de seguridad jurídica, si no de justicia, lo hace necesario y que es el legislados derivado el que debe platearse la necesidad de regular, de la manera que estime conveniente, los vínculos o derechos que deriven de este tipo de uniones.”
Desde esta óptica, impedir que se legisle contra una figura legal de unión
civil, colocaría las palabras de monseñor José Rafael Barquero, obispo de
Alajuela, en el orden del irrespeto a los principios constitucionales. Tan solo le hacemos ver al señor obispo que los gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros somos parte de la familia, y decimos sí al reconocimiento de la diversidad de las familias.
Por último y luego del fallo de la Sala Cuarta, queremos enfatizar que el
concepto de matrimonio se presta a confusiones por completo innecesarias. Lo cierto es que la figura del matrimonio ha dado muestras de no ser funcional, ni siquiera para las parejas heterosexuales, según se pone de manifiesto en el hecho de que hay mayor cantidad de divorcios que de matrimonios, por el simple hecho de que el mismo reconoce relaciones de poder, patriarcales y machistas.
Demandamos el reconocimiento de la figura de unión civil, lo que tan solo
significa proveer la protección legal y el reconocimiento de derechos a
favor de formas de relación de pareja y modalidades de familia que ya
existen en la realidad, pero las cuales carecen de una tutela mínima por
parte del Estado, según tendrían derecho por tratarse de ciudadanos y
ciudadanas costarricenses, cuya única diferencia respecto de cualquier otro ciudadana o ciudadano es su particular orientación sexual.
Confiamos en la madurez democrática del pueblo costarricense y, desde luego, somos respetuosos de la fe religiosa que cada quien profese. A ese pueblo nos dirigimos con respeto, en la convicción de que la razón y la justicia están de nuestro lado. Por ello apelamos a la educación y el diálogo como vehículos para superar prejuicios y oscurantismos y como poderosas palancas para la construcción de una sociedad verdaderamente democrática e inclusiva.
San José, 4 de Agosto de 2006
