Categoría: Incidencia

Doctor
Abel Pacheco de la Espriella
Presidente de la República
Casa Presidencial
Su Despacho

Estimado señor Presidente:

01. Con gran respeto nos dirigimos a la digna autoridad presidencial que su persona representa, para manifestarle que el MOVIMIENTO CIVICO NACIONAL, muy a nuestro pesar, se verá en la imperiosa necesidad de convocar a sus distintas organizaciones, a manifestarse a lo largo y a lo ancho de nuestro país, a partir del lunes 11 de octubre; considerando lo siguiente:

02. No encontramos la voluntad política requerida para un cabal cumplimiento del acuerdo adoptado en la madrugada del martes 31 de agosto, con relación al monopolio de la revisión técnica vehicular; por cuanto en las reuniones sostenidas hasta ahora, las argumentaciones que hemos presentado han estado recibiendo un trato displicente; pues ya sería hora de que se estuviese disponiendo no solamente la apertura de ese monopolio privado, a partir del dictamen emitido por la Contraloría General de la República; sino que, incluso, se hubiese empezado con el proceso que concluya en la resolución o anulabilidad del contrato con la firma RITEVE.

03. Las autoridades del Consejo de Transporte Público (CPT), cuentan ya con nuestros elementos en tal sentido y además, como si esto no fuese suficiente, con los criterios del Organo Fiscalizador de RITEVE, que ha determinado por sí mismo una serie de incumplimientos contractuales para abrir ese proceso de resolución del citado contrato.

04. Como usted bien sabe, Sr. Presidente, el pueblo costarricense ha manifestado un abrumador respaldo a la eliminación del monopolio privado de la revisión técnica e incluso hasta la salida del país de la firma RITEVE; por lo cual este MOVIMIENTO CÍVICO NACIONAL no puede decepcionar ni defraudar la confianza que la ciudadanía le expresó en sus acciones pasadas que tuvieron un amplio impacto nacional.

05. No puede este MOVIMIENTO CIVICO NACIONAL aceptar la tesis de que por la circunstancia de que dos de los ministros firmantes del acuerdo del 31 de agosto ya no estén en el Gobierno, el Poder Ejecutivo pueda desentenderse de la enorme responsabilidad política y cívica que implica honrar lo firmado.

06. Pero además, señor Presidente, debe entender que este MOVIMIENTO CIVICO NACIONAL está con la más profunda convicción que en el proceso de RITEVE la anormalidad y la irregularidad fue la regla en todo el proceso que se dio hasta la concreción de la concesión que hoy la mayoría del pueblo repudia. Cada vez nos convencemos más que el proceso de esta concesión debe concebirse como una situación de corrupción, de escandaloso tráfico de influencias, de compadrazgos perniciosos en contra del interés público y del bien común.

07. Por otra parte, a más de un mes de la firma de tales acuerdos, el que se refiere al tema del Costo de Vida ni siquiera ha podido empezar a operar, por cuanto la comisión establecida en ese acuerdo no ha sido instalada. Como usted bien sabe, el pueblo costarricense, no solamente el que conforma la clase trabajadora, sino también importantes entidades de la micro, pequeña y mediana empresa nacional, sufren intensamente por la carestía en el costo de la vida que determina un deterioro en la calidad de vida realmente preocupante.

08. Con todo respeto, el MOVIMIENTO CIVICO NACIONAL apreciaría que el Sr. Presidente de la República, le reciba, con la urgencia que este caso amerita, en las próximas horas, a fin de exponerle de viva voz los fundamentos que tenemos para salir a las calles, nuevamente, a partir de este lunes 11 de octubre.

09. Queremos indicarle, adicionalmente, que este MOVIMIENTO CIVICO NACIONAL repudia, con la más absoluta vehemencia, los actos de corrupción pública que ya son de amplio conocimiento ciudadano por estas fechas; y que la acción de calle que estamos promoviendo para este lunes 11 de octubre, tiene también como propósito, exigir la más dura acción judicial contra toda impunidad y nuestra fuerte demanda de cárcel para todos los corruptos, sin discriminación alguna; razón por la cual dejamos contundente constancia de que apoyamos las acciones valientes y ejemplarizantes de la Fiscalía General de la República en los casos CAJA-FISCHEL e ICE-ALCATEL; pero que hay otros casos que deben investigarse profundamente, como la cárcel de Pococí, la concesión del Puerto de Caldera, el Aeropuerto Juan Santamaría-ALTERRA.

10. Sin duda alguna, Sr. Presidente, que todas estas situaciones profundizan la desconfianza del pueblo costarricense en su clase dirigente y que en temas como el TLC, esa desconfianza se ha agigantado dada la envergadura de los compromisos patrimoniales nacionales involucrados en esa nefasta negociación contraria al interés nacional.

11. Vistas así las cosas, Sr. Presidente, aparte de reiterarle nuestro mayor respeto y consideración, le insistimos en la necesidad de que nos reciba en audiencia con la urgencia debida y quizás, a lo mejor, hallamos una solución política consistente, realmente efectiva y definitiva en este caso conflictivo del monopolio de la revisión técnica vehicular.

En espera de su respuesta, nos suscribimos, con la mayor consideración,

MOVIMIENTO CIVICO NACIONAL

(firmas en hoja adjunta)

Doctor
Abel Pacheco de la Espriella
Presidente de la República
Casa Presidencial
Su Despacho

Estimado señor Presidente:

En primer término, reciba nuestro más atento y respetuoso saludo.

Aunque sabemos que sus delicadas tareas en este momento le obligan a concentrarse en asuntos de enorme trascendencia nacional por las circunstancias que estamos viviendo; nos parece sumamente necesario que usted emita una directriz que le permita saber con certeza lo siguiente:

Tenemos informes de que el actual Ministro de Obras Públicas y Transportes, Lic. Javier Chaves Bolaños, estaría por estrenar un vehículo oficial con un costo cercano a los 37 mil dólares, adquirido con fondos del CONAVI. Si esto fuese cierto, no le parece una barbaridad en tiempos de “crisis fiscal”. Ese carro nuevo estaría guardado en las oficinas del CONAVI, en Zapote (antiguo CONICYT).

Tenemos informes de que en el MOPT se ha estado pagando dineros por alquiler de vehículos, en una cantidad que ya ronda los 20 millones de colones; esto a lo mejor no fuese relevante sino por la circunstancia de que ese ministerio tiene sus propios vehículos guardados en el parque del MOPT en Plaza González Víquez.

Sería bueno averiguar si ya se ordenó la construcción de un bulevar en el costado oeste de las oficinas centrales del MOPT, entre éstas y el taller central. Esta construcción podría costar unos 40 millones de colones en momentos de “crisis” fiscal. ¿Qué empresas lo realizarían?.

Sería bueno establecer si el Sr. Ministro Chaves Bolaños estaría contratando a una persona para su despacho, presuntamente de apellido Maroto, por un salario cercano o superior al millón de colones; persona que, presuntamente, no tendría los requisitos lo cual estaría ofendiendo la dignidad de los profesionales de carrera del ministerio.

Creemos que usted, Sr. Presidente, a lo mejor no está enterado de estas situaciones que de ser ciertas, lo ponen a usted en entredicho ante la ciudadanía, cuando se trata del tema del gasto público. Ojalá que cuanto antes pueda usted disponer de la información pertinente.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

——
c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Archivo.

Estimado don Ignacio:
Estimada doña Pilar:

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estima necesario y justo felicitar a Telenoticias de Canal 7, por la extraordinaria contribución al saneamiento de la democracia costarricense, que ya ha empezado a significar las denuncias realizadas en las últimas horas por su importante medio de comunicación colectiva; acerca de la ilegal e inmoral práctica de repartición de dineros que por concepto de “comisiones” se han distribuido entre costarricenses con gran poder, del ámbito público y privado, a raíz del crédito filandés, destinado a la compra de equipo médico para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Si en otros momentos, por circunstancias de tensión social, con razón o sin ella, Telenoticias de Canal 7 ha recibido duras críticas por su enfoque periodístico de determinados procesos sociales; hoy no se puede andar con ninguna mezquindad y es más que justo felicitarles por tan valiente y patriótico acto de periodismo profesional para bien de nuestra querida Costa Rica.

Ojalá que ustedes puedan profundizar en el tema, de forma tal que los y las costarricenses podamos saber a cuáles manos fue a parar cada uno de los centavos de esa vulgar comisión de 8 millones de dólares; pues es obvio que con lo que ya se denunció para por averiguar el destino de casi 7 y medio millones de dólares.

Nuevamente les expresamos nuestra más sincera felicitación, así como un mensaje de aliento para que sigan adelante en la dirección que ya iniciaron en el caso que nos ocupa. Muchos temas están pendientes de una auscultación periodística semejante; como por ejemplo, la concesión de INCOP, la concesión de 600 mil líneas celulares, la eventual concesión de un ferrocarril, entre otras.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

——
c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Archivo.

¿Por qué se fueron del Gobierno, Alberto Dent y Ronulfo Jiménez?

Primeramente, agrademos a “El Independiente” la posibilidad que nos brinda, desde su primera edición, para publicar nuestros comentarios sobre diversos tópicos de la realidad nacional, desde una perspectiva laboral, como es lógico suponer. Le auguramos a “El Independiente” muchos éxitos en este inmenso reto de brindar a la población guanacaste, una alternativa de información y de análisis de calidad, con veracidad y objetividad. ¡Nuestras felicitaciones por este importante esfuerzo!

Ya es de amplio conocimiento público los acontecimientos sociales que se dieron en el país, desde el lunes 23 hasta el martes 31 de agosto, con ocasión de las acciones promovidas por el Movimiento Cívico Nacional. El Movimiento Cívico Nacional es una coalición de sectores laborales de empleados públicos, de transportistas, de taxistas, de empresarios de talleres mecánicos, de agricultores; todos los cuales, con apoyo de educadores, de estudiantes, de amas de casa y de ciudadanos y ciudadanas en general, planteamos al país una agenda de cuatro reivindicaciones, bastante reclamadas por importantes segmentos de la población costarricense.

En primer lugar, la necesidad de que el servicio de revisión técnica vehicular salga del monopolio privado en que está; en segundo lugar, subir un poquito más el aumento salarial del Sector Público valedero para el segundo semestre del presente año 2004; un tercer punto es sobre el tema del alto costo de la vida; y, finalmente, el asunto del denominado tratado de “libre” comercio (TLC), que nos quieren imponer con los Estados Unidos de América.

Luego de nueve días de lucha callejera, el Movimiento Cívico Nacional firmó con el Gobierno de la República, acuerdos que, al menos transitoriamente, devolvieron la paz social a Costa Rica. Esos acuerdos no fueron compartidos por dos de las figuras gubernamentales más poderosas hasta ese momento: el Sr. Alberto Dent Zeledón, Ministro de Hacienda; y el señor Ronulfo Jiménez Morales, Coordinador del Consejo Económico del Gobierno de la República.

Ambos dijeron no compartir el acuerdo firmado, especialmente en lo que atañe a aumentarle a los empleados públicos un 0.5 % adicional, a lo que ya había establecido inicialmente el Gobierno, sea, un 4.5 %. Para estos dos señores, de filosofía neoliberal, ese “aumento” rompía sus propias metas de política fiscal, lo cual les resultó inaceptable y por eso decidieron renunciar.

Sin embargo, nosotros creemos que las verdaderas razones por las cuales se retiraron del Gobierno esos señores, tienen que ver con el tema de Costa de Vida que establece el acuerdo mencionado. En este tema, el Movimiento Cívico Nacional logró dejar planteadas varias propuestas para discutirlas en fecha próxima con el Poder Ejecutivo. A nuestro juicio, tales propuestas desafían el carácter neoliberal de la política económica hasta ahora dominante, tanto en este Gobierno como en los anteriores.

Para los señores neoliberales Dent y Jiménez, es intolerable tan siquiera pensar en la posibilidad de que deban discutir con los sectores sociales, las bases de su propia visión económica del desarrollo de la sociedad. Como fundamentalistas neoliberales que son, ven al mercado como el mecanismo único y sagrado que ha de regular la convivencia en sociedad, de tal suerte que cualquier costa que se aleje de tal postulado, es una herejía. En consecuencia, no podían aceptar que las propuestas que en el tema del costo de vida, dejó en mesa el Movimiento Cívico Nacional, fueron objeto de análisis y de eventual negociación.

Pero veamos a que le tuvieron miedo los señores que se fueron del Gobierno. Qué es lo que planteó el Movimiento Cívico Nacional, en el tema de costo de vida, que tanto les asustó y les molestó al punto de irse del Gobierno. Citaremos tan sólo cuatro de nuestras propuestas:

Debe establecerse un mecanismo de control de precios en mercados oligopólicos y monopólicos privados, incluyendo los monopolios de importación.

Modificación de la “canasta básica” incorporando una mayor cantidad de bienes importantes para la protección del nivel de vida de la gente. Esta modificación deberá hacerse en el mes de diciembre del 2004 una vez que se tengan los resultados del primer semestre de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEC.

Modificación definitiva de la canasta básica, una vez que haya finalizado la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEC, en el mes de marzo del 2005, así como el establecimiento de una “canasta básica salarial” que facilite la fijación salarial en atención a los bienes y servicios fundamentales para tal efecto.

Debe revisarse los criterios de fijación de precios de la ARESEP incorporando criterios de impacto social para los estratos inferiores de consumo (en electricidad, agua, etc.). De esta forma debe establecerse un margen razonable para el establecimiento de nuevos subsidios cruzados y la consolidación de los ya existentes, como forma de proteger a los sectores de menores ingresos.

Estas cuatro propuestas y otras más que quedaron en el pliego central de los acuerdos del Movimiento Cívico Nacional con el Gobierno de la República, están inspiradas en principios humanistas, profundamente solidarios, con las personas que menos tienen. Eso fue lo que molestó a los señores Alberto Dent y Ronulfo Jiménez (así como a otros que quedaron dentro del Gobierno del Presidente Pacheco y que deberían irse del mismo cuanto antes).

Ojalá que cuando estas propuestas entren a la negociación directa con el Gobierno, usted nos brinde su apoyo. Por primera vez, en muchos años, los sectores sociales y populares, gracias a la lucha del Movimiento Cívico Nacional y al amplio apoyo ciudadano que la misma recibió, podemos iniciar un cambio de políticas económicas para la recuperación de la Costa Rica solidaria que una vez tuvimos. Sin duda alguna, estamos a tiempo de recuperarla. Súmese a esta noble causa de paz y de democracia.

El Movimiento Cívico Nacional no ha depuesto la lucha que dio origen a los acuerdos suscritos con el Gobierno de la República, en la madrugada del pasado martes 31 de agosto; acuerdos que, desde nuestra perspectiva, abrieron paso a una especie de tregua en la tensa confrontación social generada durante diez días y que mantuvieron en vilo al país.

El Movimiento Cívico Nacional mantiene su fe y renueva su convicción en el funcionamiento de la institucionalidad republicana que nos rige como nación; de la misma manera en que creemos que el Estado de Derecho puede dar respuestas adecuadas al clamor ciudadano en esta situación y en otras análogas.

Por eso fue que aceptamos que en el grave conflicto social de los últimos días, se diera oportunidad para escuchar el criterio del Lic. Alex Solís Fallas, Contralor General de la República. Tan es así que entendiendo la relevancia del mismo, eso se consignó como el punto primero del acuerdo que restauró la paz social en el país (al menos, transitoriamente, para el Movimiento Cívico Nacional).

Este primer acuerdo reza así: “Instar formalmente a la Contraloría General de la República para que en el menor plazo posible se pronuncie sobre las consultas formuladas en relación con la apertura y nulidad de la revisión técnica”.

Ahora bien, sentimos que el Sr. Ministro de Obras Públicas y Transportes, Lic. Javier Chaves Bolaños, intenta realizar una manipulación de la opinión pública con el asunto de la “flexibilización” de los controles de la revisión técnica vehicular; que, si bien representan una conquista de la movilización ciudadana ya conocida al respecto; no resuelve el problema de fondo de toda esta cuestión, cual es, la necesidad de que se permita el establecimiento otras opciones prestatarias del servicio de la revisión técnica vehicular, al tenor de los artículos 19 y 20 de la Ley de Tránsito y en correspondencia directa con el Artículo 46 Constitucional

Por otra parte, las revelaciones del escandaloso tráfico de influencias y pago de comisiones en dólares con el crédito finlandés, para compra de equipo para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); revelaciones que han implicado al Expresidente de la República, Lic. Rafael Ángel Calderón Fournier; auguran tiempos sumamente tormentosos para Costa Rica, pues apenas estamos en presencia de los primero indicios de una cadena de revelaciones de más receptores de los dineros de esas comisiones.

Por tanto, es importante lograr el mayor grado de tranquilidad nacional para que el país, en calma, enfrente los difíciles momentos que se avecinan. Es en función de ello que el Movimiento Cívico Nacional considera que el tema de RITEVE tiene que tener la solución definitiva que hemos perseguido desde un inicio: la posibilidad de que otras entidades presten el servicio de la revisión técnica vehicular.

En tal sentido, es criterio del Movimiento Cívico Nacional que una vez dada la apertura en dicho servicio, quien se dedique al mismo deberá hacerlo únicamente en tal ámbito; pues no es válido dedicarse, al mismo tiempo, a la reparación de vehículos o a la realización de otros negocios conexos que podrían contradecir el espíritu de la revisión técnica vehicular, cual es, la seguridad de las personas y del medio ambiente.

Vistas así las cosas, el Movimiento Cívico Nacional emplaza, respetuosamente y de manera pública, al Lic. Alex Solìs Fallas, Contralor General de la República para que se pronuncie lo más pronto posible, con relación al espíritu del citado acuerdo; esperanzados como estamos de que en el caso de la revisión técnica vehicular se dé un retorno de la confianza en nuestro Estado de Derecho para beneficio de la ansiada paz social que tanto amamos los y las costarricenses.

Es criterio del Movimiento Cívico Nacional que el Lic. Alex Solìs Fallas, en el honroso cargo de Contralor General de la República, ha de jugar un estratégico papel en este punto conflictivo; pues sin importar en qué dirección ha de venir el pronunciamiento que dé en este delicado asunto, es real que la incertidumbre en nada contribuye a la estabilidad institucional de Costa Rica.

En el Movimiento Cívico Nacional esperamos lo que el Lic. Alex Solís Fallas, como Contralor General de la República, ha de decir al respecto y por eso le instamos a que lo haga lo más pronto posible. Que Dios, Nuestro Señor, le ilumine dado que su pronunciamiento será vital para definir el futuro de nuestro camino, como movimiento social, en este y en otros delicados puntos que tanta atención generan en la ciudadanía.

Nosotros quedamos esperanzados en que, tal y como lo hemos dicho de manera reiterada, en el caso de la revisión técnica vehicular, ha de imponerse la institucionalidad y el Estado de Derecho. Tiene la palabra el Lic. Alex Solís Fallas, Contralor General de la República.

San José, 6 de setiembre de 2004.

Gracias a los miles de costarricenses que con hidalguía y responsabilidad se sumaron al llamado del Movimiento Cívico Nacional. Con ustedes en las calles se recupera la dignidad del pueblo.

Las acciones del pueblo costarricense desarrolladas en las últimas semanas, nos abren el camino para frenar 20 años de atropello y sometimiento al modelo neoliberal; modelo que ha sufrido un duro golpe con el triunfo del Movimiento Cívico Nacional.

El documento firmado en la madrugada del 31 de agosto, entre el Gobierno de la República y los representantes del Movimiento Cívico Nacional, compromete al equipo económico del primero a realizar algunas variantes en su política económica, de empobrecimiento al pueblo costarricense. Ahora nos toca vigilar para que lo firmado se cumpla.

Para los empleados públicos se logró un aumento salarial superior al que impuso el ahora Exministro de Hacienda. Hemos subido en estas jornadas de lucha de un 3,5% al 5%. La última subida, de 0,5%, fue gracias a los traileros, a los agricultores, a los taxistas, a los estudiantes y al pueblo en general. Por supuesto, tambien se lo debemos a valientes empleados públicos de hospitales, CEN CINAI, Municipalidad de San José, licencias del MOPT, AyA, así como otros ministerios; donde siempre los mismos trabajadores y trabajadoras ponen la cara por una mayoría que no ha entendido, que para lograr aumentos salariales justos hay que unirse y tirarnos a la calle. Si usted luchó hasta el final, sienta hoy todo el orgullo del mundo.

Esperamos que la lección nos ayude a ser solidarios y a no esperar a que, por ejemplo, sean nuestros hijos, desde los colegios, quienes den la cara por nosotros.

La renuncia del Ministro Dent es también un triunfo contundente de esta lucha. Otros neoliberales dentro del Gobierno también deben sustituirse, por personas con sensibilidad social; de lo contrario, las luchas callejeras tendrán que continuar.

El problema RITEVE compete a todos los costarricenses. La permanencia de la transnacional que monopoliza la revisión técnica vehicular, ha generado consecuencias que están a la vista: la ruina de artesanos y pequeños productores (sastres, zapateros, panaderos, maiceros, frijoleros, arroceros); además de pequeños empresarios vinculados al transporte y los vehículos. Ni que decir de los que en el sector público tenemos una “cacharpita”, pues las exigencias de RITEVE nos obliga a sacar plata de donde no tenemos, dado los bajos salarios que recibimos.

En cuanto al costo de vida, dejamos en la mesa para una negociación posterior, una serie de propuestas a discutir con el Gobierno, para aminorar, de alguna manera, tanta alza y lograr respirar un poquito mejor en materia económica.

Ante los acontecimientos, ANEP insiste en llamar a los empleados públicos, para que permanezcamos alerta, y para que nos comprometamos en las futuras luchas. La más importante que se aproxima es la del TLC, y ya se vio el enorme potencial de un pueblo organizado. Reivindiquemos nuestro honor, tengamos orgullo, unámonos y salgamos a la calle cuando llegue el llamado. Sigamos practicando el referéndum de la calle.

¡Unidos somos más fuertes!

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP
Integrante del Movimiento Cívico Nacional

RESUMEN: El Ministro de Comercio Exterior, suscribió dentro del Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, una resolución de ese órgano que basó su fundamento jurídico en dos artículos del CAUCA II que fueron declarados inconstitucionales por la Sala Constitucional, mediante voto Nº 6624-94, de las nueve horas del once de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, comprometiendo de esa manera al país a nivel internacional, irrespetando el principio de legalidad y las responsabilidades constitucionales de quien ejerce el Poder Ejecutivo.

RELACIÓN DE HECHOS:

PRIMERO: El gobierno de Costa Rica suscribió el siete de enero de mil novecientos noventa y tres el I Protocolo de Modificación al Convenio Aduanero Uniforme Centroamericano, conocido como CAUCA II, ley de la República Nº 7485.

SEGUNDO: Dentro del Código adoptado en esa oportunidad, se aprobó el numeral 103 que reza: “Para los efectos de mantener la unidad y la constante y permanente compatibilidad del régimen, se faculta al Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano para que en base a las atribuciones que le confieren los artículos 6 y 7 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, pueda aprobar y poner en vigencia las modificaciones que requiera el presente Código”. En el mismo sentido, el artículo 3 del Protocolo en cuestión dice: ““Para los efectos de mantener la unidad y la constante y permanente compatibilidad del Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano se faculta al Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano para que, en base a las facultades que le confieren los artículos 6 y 7, y 24 del Convenio sobre el referido Régimen, pueda aprobar y poner en vigencia las modificaciones que requiera el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y la Legislación Centroamericana sobre el Valor Aduanero de las Mercancías”.

TERCERO: La Sala Constitucional, en ejercicio de las facultades del artículo 96, inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, realizó una consulta preceptiva de constitucionalidad de este Protocolo y falló en lo que interesa que:

“ IX. La Sala considera importante manifestarse sobre el contenido de los artículos 103 del Convenio y 3 de las disposiciones transitorias, los cuales se refieren a transferencia de competencias, que en el caso que nos ocupa se le confieren al Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, para aprobar y poner en vigencia las modificaciones que requiera el presente Convenio (…) En consecuencia la Sala considera que son inconstitucionales los artículos 103 del Convenio y 3 de sus disposiciones generales, por el hecho de transferir al órgano comunitario, Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, competencias que por su naturaleza son propias del régimen constitucional interno de Costa Rica…” (El resaltado no es del original).

CUARTO: Pese a esta disposición expresa de la Sala Constitucional, el Ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos, irrespetando los alcances de esta sentencia, suscribió, en calidad de miembro de ese mismo Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, la Resolución Nº 85-2002, de diecinueve de junio de ese año, cuyo fundamento jurídico y presupuesto para su existencia y aplicación, son los artículos inconstitucionales 103 del Código y 3 del Protocolo del CAUCA II.

Dice el último considerando de esta Resolución: “Que de conformidad con los artículos 103 del CAUCA y 3 del Protocolo de Modificación suscrito el 7 de enero de 1993, el Consejo está facultado para aprobar y poner en vigencia las modificaciones que requiera el indicado Código, por lo que se hace necesario dictar la decisión del Consejo mediante la cual se aprueben las modificaciones al CAUCA contenidas en el Protocolo de 27 de abril de 2000 y se propicie su más pronta vigencia”.

Además, señala el resultando primero de esa resolución 85-2002: “Que para efectos del artículo 103 del CAUCA aprobado por el Protocolo del 7 de enero de 1993, el texto incluido en el Segundo Protocolo al Código Aduanero Uniforme Centroamericano de 27 de abril de 2000, constituye la modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano…”.

QUINTO: Que el Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, tenía la obligación de reservar la aplicación de esa Resolución en Costa Rica, dado que su naturaleza jurídica descansa en artículos que son inconstitucionales y por tanto INAPLICABLES DENTRO DEL RÉGIMEN JURÍDICO COSTARRICENSE.

Además, el artículo 140, inciso 10 de nuestra Constitución, establece claramente, que la adopción y puesta en vigencia de los tratados internacionales corresponde al Poder Ejecutivo en forma exclusiva.

Así las cosas, el Ministro de Comercio Exterior, no podía adoptar dicha resolución y con ello ha quebrantado nuestro ordenamiento, ya que no se funda en un acto administrativo eficaz, por cuya aplicación se está amenazando la seguridad jurídica de los administrados y viola en forma abierta y flagrante un fallo de la Sala Constitucional.

OFRECIMIENTO DE PRUEBA: Se aporta al presente recurso de amparo, el voto 6624-94 de la Sala Constitucional, la Resolución 85-2002 del Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano y los artículos 103 del Código y 3 del Protocolo del CAUCA II.

FUNDAMENTO JURÍDICO: Se presenta este recurso de amparo de acuerdo a los artículo 11, 140, 10 y 149,6 de la Constitución Política; la Ley Nº 7485, Protocolo de Modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano; artículos 11, 111.1, y concordantes de la Ley General de Administración Pública.

PETITORIA: Siendo que la actuación del Ministro de Comercio Exterior es contraria a derecho, se solicita que así se declare y en consecuencia se establezca la ineficacia de dicho acuerdo para el caso de Costa Rica, por lo que el mismo no puede surtir efectos jurídicos en el país.

NOTIFICACIONES: Oiremos notificaciones en la sede central de la ANEP, sita en Calle 20, 300 metros al Norte del Hospital Nacional de Niños, frente a Cooperservidores, R. L.

Estimado señor:

En primer término, expresamos a su digna autoridad el más atento y respetuoso de nuestros saludos.

De conformidad con el Articulo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, requerimos que su despacho nos brinde información acerca de un presunto incidente irregular protagonizado por funcionarios de esa honorable municipalidad; el cual se habría presentado en la madrugada del día 2 de agosto, en el conocido Bar Royal o “Tencha”, cuando oficiales de seguridad de la misma se habrían visto envueltos en un lío a golpes, intermediando ingesta de licor en plena función laboral y portando armas; mismos que habrían utilizado hasta la unidad móvil 01, cuando se supone que a esas horas deberían estar cubriendo otras zonas de vigilancia.

Le agradeceríamos indicarnos si usted ya fue informado por parte del Sr. Franklin Guillén Hernández, Jefe de Seguridad de ese municipio al respecto.

Es bueno recordarle que para Costa Rica y, particularmente para la Provincia y para la Ciudad de Cartago, es de enorme importancia este tipo de fecha, 2 de agosto, celebración religiosa nacional de profundo contenido psicosocial que genera un flujo de visitantes extraordinario, como no sucede en ningún otro lugar del país. Por tanto si lo aquí planteado es cierto, no debe pasar desapercibido, correspondiendo abrir los expedientes del caso para la eventual indicación de responsabilidades; lo cual deja en evidencia la necesidad de no reconocer pagos por horas extras a los potenciales involucrados, hasta tanto no quede bien claro qué fue lo que sucedió.

Es de pleno conocimiento de la ANEP sus esfuerzos para levantar la imagen de la Ciudad de Cartago y acontecimientos como el que acabamos de denunciar, de haberse producido, demerita sus esfuerzos en tal dirección; máxime si se trata de personas subalternas suyas en esa municipalidad; tomando en cuenta que tales personas ya tendrían antecedentes por situaciones semejantes.

Nuestra inquietud la basamos con base en la indicación que nos transmitió al efecto el Sr. Julio Orozco Rosés, Delegado Oficial de la ANEP en la Municipalidad de Cartago.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

——
c.: Sres. y sras. Honorable Concejo Municipal de Cartago.
c.: Sr. Franklin Guillén Hernández, Jefe del Departamento de Seguridad, Municipalidad de Cartago.
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Sr. Julio Orozco Rosés, Delegado Sindical ANEP-Municipalidad de Cartago.
c.: Archivo.

Licenciado
Javier Chaves Bolaños
Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
Su Despacho

Ingeniero
Enrique Montealegre Martín
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)
Su Despacho

Estimados señores:

A todos, un respetuoso y atento saludo de nuestra parte.

De manera insistente, nuestra organización sindical ha denunciado ante sus autoridades, ante los señores diputados y las señoras diputadas, ante la Contraloría General de la República y ante la Defensoría de los Habitantes de la República; las irregularidades que, a nuestro criterio, contiene el mal llamado proceso de modernización del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).

En una serie de documentos, hemos puntualizado el porqué estos contratos resultan leoninos al interés nacional; a la vez que hemos planteado se proceda a intervenir esta institución pública.

Hoy, cuando el país está siendo agitado por los escándalos provocados por la adjudicación de concesiones como RITEVE y ALTERRA (sólo para mencionar algunos), que nos están saliendo bastante caros, onerosos y contrarios al interés público; hemos escuchado rumores de que ya han sido firmados los contratos de las concesiones de Puerto Caldera, con todo y las ilegalidades que a nuestro criterio estos contienen.

Por este medio y con fundamento en el artículo 27 de la Constitución Política, exigimos, respetuosa pero vehementemente, que en el término de ley se nos informe si efectivamente dichos contratas han sido firmados, y se nos facilite una copia de los mismos, puesto que según la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, estos son de acceso público.

Sin más y agradeciendo su atención, nos suscribimos cordialmente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

——
c.: Señoras Diputadas y señores Diputados, Asamblea Legislativa.
c.: Lic. Alex Solís Fallas, Contralor General, Contraloría General de la República.
c.: Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes, Defensoría de los Habitantes.
c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Medios de comunicación colectiva.
c.: Archivo.

Estimado señor:

En primer término, reciba usted el más atento y respetuoso de nuestros saludos.

Por encargo del Movimiento Social “Heredia por Media Calle”, una coalición cívica de agrupaciones sociales y ciudadanía herediana, de la cual la ANEP forma parte, solicitamos que su digna autoridad nos entregue las certificaciones que correspondan con respecto a las actividades planteadas en el cronograma propuesto por la CCSS, con relación a la construcción del nuevo Hospital de Heredia.

Como usted entenderá, tal información resulta esencial para los objetivos que se persiguen con tal propósito.

Esta solicitud de información la formulamos al amparo del Artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Ligia Solís Solís
Directiva Nacional
Representante de ANEP en el
Movimiento Social “Heredia por Media Calle”

——
c.: Movimiento Social “Heredia por Media Calle”.
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Archivo.