-Se paga en la Caja, pero faltan muchos más sectores.
-ANEP decidió impulsar los respectivos procesos de cobro.
El reajuste salarial por costo de vida establecido el 17 de diciembre de 2019, promediando 7 mil 500 colones a la base salarial de cada persona trabajadora asalariada del Gobierno Central, sigue sin ser honrado para los distintos grupos laborales de los diferentes ministerios integrantes del mismo, así como en las diversas entidades adscritas a éstos. De la misma manera, tal deuda salarial sigue existiendo en otras instituciones descentralizadas que todavía tienen pendiente saldarlas.
Ahora que, finalmente, y luego de la intensa presión sindical y obrero-laboral, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tomó el acuerdo final de pagarle a su propio personal ese reajuste y retroactivo al 1 de enero de 2020, es momento de levantar la bandera de la Ley de la Justicia Social para toda persona trabajadora empleada pública con derecho a tal reajuste pero que sigue sin recibirlo.
Efectivamente, cada uno de los argumentos jurídico-legales que fundamentaron el reclamo laboral en la Caja, son exactamente idénticos para que una persona trabajadora integrante de los diferentes cuerpos policiales, por ejemplo, proceda a reclamar lo que ya le pertenece pero que el Estado le sigue adeudando.
También, cada servidor público o servidora pública de los diferentes ministerios (como Educación, Salud, Cultura, MOPT, MINAE, el propio Hacienda y los demás), tiene incuestionable derecho a recibir esos 7 mil 500 colones a sus correspondientes bases, así como las equivalencias en aguinaldo y en salario escolar.
Es una deuda salarial legítima que abarca los años 2020, 2021 y 2022, más los correspondientes porcentajes de aguinaldo y de salario escolar de cada uno de esos tres años.
ANEP prepara el fundamento jurídico-legal para que cada persona afiliada a la organización, proceda con el primer paso: la presentación del correspondiente Reclamo Administrativo, una acción totalmente individual; documento que deberá entregarse, de manera directa (físicamente o de manera digital), al despacho del actual Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén. El correo electrónico oficial de este jerarca es: despachomh@hacienda.go.cr
Dicho documento es de total propiedad intelectual de la ANEP y la agrupación advertirá acerca de su uso ilegal demandando, según corresponda, las responsabilidades penales respectivas.
Aparte de cada persona trabajadora afiliada que lo desee emplear, lo puedan hacer otras personas trabajadoras que decidan asociarse para este fin; y, para otros por venir, como lo es enfrentar la gravedad de la inminente entrada en vigencia de la perversa Ley Marco de Empleo Público.
La asesoría jurídico-legal que brinda la ANEP es totalmente gratuita para su actual y nueva membresía. En el caso específico del proceso para cobro de esta deuda por reajuste de costo de vida decretado el 17 de diciembre de 2019, la ANEP pretende que las personas trabajadoras acreedoras de esa deuda, no caigan en manos de litigantes privados que les cobrarán un monto significativo por llevar el correspondiente proceso.
La legitimidad jurídico-legal de esta deuda es, repetimos, incuestionable. La persona trabajadora asalariada empleada pública acreedora de la misma ya tiene la propiedad patrimonial de la misma.
Aquí conviene hacer énfasis en la situación de los integrantes de los diferentes cuerpos policiales (entre otros sectores estatales con grave deterioro salarial), quienes en la campaña electoral fueron engañados cuando se les prometió hacerles real justicia salarial.
Al menos, debe el gobierno encabezado por el oferente, el actual Presidente de la República, mínimamente debería proceder a girar las instrucciones para que a los y a las policías, y también a los y a las demás, se pague lo adeudado, de sobra jurídicamente fundamentado.
El combate al inmoral e injusto congelamiento salarial que viven las personas que laboran para el sector estatal es una de las más fuertes banderas que está levantando la ANEP en estos duros tiempos anti-obreros; particularmente, ya hemos destrozado la, ahora insostenible, tesis neoliberal de que el déficit fiscal es culpa de los salarios devengados por quienes laboran para el Estado.
