Gracias a la disposición y apertura entre ambas partes, se logró firmar un acuerdo en el Ministerio de Trabajo que permite dar inicio al trabajo sindical dentro del municipio.
Categoría: Incidencia
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Propuesta sobre IVM de ANEP y FECTSALUD no afecta a patronos ni trabajadores
Este miércoles fue entregada la propuesta a la junta directiva, presidencia y dirección ejecutiva de la CCSS sobre el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, la cual evidencia que hay alternativas reales que permiten que no se aumente la edad de retiro, entre otras opciones que actualmente valora el Seguro Social.
Sala Constitucional condena a la SUGEF y a Roció Aguilar por entregar información falsa
– ANEP hace un llamado a los trabajadores y a las trabajadoras para que se acerquen a las cooperativas respectivas y realicen el reclamo de sus excedentes
La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en contra de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), luego de que esta última planteara una respuesta completamente diferente en el recurso en cuestión a la respuesta brindada al sindicato, ante una consulta por el no pago de excedentes a afiliados de algunas cooperativas.
Los hechos en cuestión se remontan al 11 de mayo de 2021, cuando la ANEP solicitó a la SUGEF una copia de la directriz emitida por esta superintendencia donde supuestamente se le habría recomendado u ordenado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito de no hacer entrega de excedentes a sus afiliados, hasta que no se resuelva una acción de inconstitucionalidad presentada por nuestra organización en contra de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, por atentar contra el salario mínimo de los trabajadores, según denunciaron los propios afectados.
No obstante, el 19 de mayo de 2021, la SUGEF negó la entrega de lo solicitado, con el argumento de que se trata de información confidencial.
Ante este escenario, la ANEP acude a la Sala Constitucional en busca de que ésta respalde el pedido de nuestra organización, al plantear que lo solicitado es de interés público porque miles de trabajadores y trabajadoras han sido afectados por la retención aludida, sin brindarles la posibilidad de impugnar una directriz que desconocen y que está afectando sus intereses económicos y sociales.
Sin embargo, la respuesta de la SUGEF y su Superintendente, Rocío Aguilar Montoya ante la Sala Constitucional, fue completamente diferente en su descargo, al indicar que dicha directriz nunca existió, engañando a los afiliados del cooperativismo y la opinión pública al ocultar dicha información.
Por lo que la Sala Constitucional, en su por tanto, indica que se “declara con lugar el recurso. Se ordena a Rocío Aguilar Montoya, en su condición de Superintendente General de Entidades Financieras, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia. se emita una nueva respuesta a la solicitud de información de 11 de mayo de 2021, tal y como se indicó en esta resolución. Se condena a la Superintendencia General de Entidades Financieras al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”.
Rafael Mora Solano, Asesor Político de la ANEP, manifestó que es lamentable la posición de la SUGEF y su máxima representante al suministrar información incorrecta o falsa para no entregar la documentación solicitada.
“Le indican a la Sala (Constitucional) que nunca existió una directriz a las cooperativas, por qué no le respondieron eso desde el principio a la ANEP, argumentaron que no daban la información por ser confidencial. Esto es de suma gravedad, porque se trata de un ente público que maneja y gestiona recursos públicos en las diferentes entidades financieras del país, en nuestro criterio mintió y posibilito que las cooperativas generaran un discurso culpando a la ANEP sobre la retención de los dividendos de las cooperativas, cosa que resultó falsa”, finalizó Mora.
La ANEP hace un llamado a los trabajadores y a las trabajadoras para que se acerquen a las cooperativas respectivas y realicen el reclamo de sus excedentes.
Resolución de la Sala Constitucional
Roció Aguilar usted mintió. by EugenioGuerrero on Scribd
ANEP y Fectsalud presentan propuestas para fortalecer el régimen IVM
– ¡CCSS miente! Dinero es insuficiente, se tendría que tomar dinero de la reserva a partir de este año y no en el 2033 como indicaron las autoridades
– Desvío de fondos y otros hechos que afectaron al IVM se cuantifican en 49 billones de colones por una inadecuada gestión de las autoridades de la CCSS
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (Fectsalud) se oponen a la serie de acciones, entre las que se encuentra, elevar la edad mínima de retiro por vejez a los 65 años, para las pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) anunciadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en su lugar tienen varias propuestas para fortalecer el régimen.
Las propuestas elaboradas por el experto en matemática actuarial, Rodrigo Arias López junto con las organizaciones sindicales consisten en ajustar las cuotas requeridas y permitir a los hombres retirarse a partir de los 60 años de edad y con 480 cuotas mensuales. En el caso de las mujeres pasaría de 450 a 462 cuotas, es decir, aportaría 12 cuotas más.
Otra de las alternativas, es que se utilicen los últimos 300 salarios cotizados, actualizados con un índice construido a partir del 50% de la tasa de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el 50% de la tasa de variación del salario promedio cotizado a IVM. Actualmente, se utilizan los últimos 240 salarios indexados con el IPC para calcular el salario base de referencia.
Es importante resaltar que también existe oposición a los cambios que propone la Caja para calcular el monto de la pensión, en su lugar se presenta la opción de que el beneficio básico de pensión sea único e igual a un 50% del Salario Promedio de Referencia (SPR) por los primeros 25 años cotizados y el beneficio adicional de pensión por cada cuota mensual cotizada en exceso de 300 sea de un 0.0833% del SPR, tal y como está vigente.
Además, se plantea que el monto de la pensión mínima sea igual a 3.5 veces el monto de la Canasta Básica Alimentaria Total que calcula el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
También se propone la garantía de que después de aplicar el tope máximo de pensión, ninguna pensión será menor al 45% del SPR; conforme a lo establecido en el Convenio 128 de la Organización Internacional del Trabajo y para quienes se retiren a los 65 años o más edad con menos de 25 años cotizados, pero más de 15; la proporción de pensión será la misma que hoy está vigente, con garantía del monto de pensión mínima.
En el análisis exhaustivo de los datos y la situación de IVM, Rodrigo Arias López, licenciado y Master en Matemática Actuarial, exprofesor de la UCR y exjefe del Departamento Actuarial de la CCSS, llegó a la conclusión de que por muchos años se ha irrespetado lo que ordena el artículo 73 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley Constitutiva de la Caja, en los cuales se estipula la forma en que deben gestionarse y distribuirse los aportes del seguro social. Dado el caso, convirtieron al IVM en un régimen para beneficios y gastos de reparto y no en un régimen de capitalización como legalmente está ordenado.
Más propuestas
Otras propuestas para salvar las pensiones del IVM son universalizar el Régimen No Contributivo de Pensiones; mejorando el monto de pensión que ofrece actualmente; crear un único régimen contributivo de pensiones; y que el Estado aumente el financiamiento no contributivo en el seguro de salud conforme lo establecen las leyes 5349, 5905, 7374, 7983, entre otras.
Es necesario también que se redireccionen hacia la CCSS los recursos que, en el futuro el Estado deje de aportar a los regímenes de pensiones que actualmente están con cargo al presupuesto nacional, los cuales se extinguirán gradualmente. Igualmente, se requiere mejor control de la evasión y la morosidad.
Para darle sostenibilidad durante por lo menos 25 años más a IVM se plantea que se le asigne gradualmente a este fondo, un 7,5% sobre los salarios, tal y como lo ordena el artículo 32 de la Ley Constitutiva de la CCSS y el 73 constitucional.
Situación financiera y actuarial de IVM
Los escenarios que analizan las autoridades de la Caja para IVM son insuficientes e independientemente, de cual decisión se tome, se tendría que tomar dinero este año de la reserva para pagar las pensiones y no hasta 2033 como lo indicaron anteriormente.
De acuerdo con el matemático, el Covid-19 vino a agravar aún más la situación. La reserva actual es de ₡2,3 billones, sin embargo, se necesita una reserva de ₡54 billones para honrar las pensiones futuras al 100%.
Para contextualizar la crisis financiera del IVM es importante mencionar que la reserva y el plan actual de cotización alcanzarían para pagar menos del 45% de los beneficios futuros.
En los últimos años los gastos crecieron más que los salarios y las cuotas no alcanzaron, por lo que, agravado por la pandemia, se tendrían que tomar recursos de la reserva este mismo año. Y en el año 2026, la reserva podría quedar sin recursos, si no se aplican las medidas correspondientes.
Causas de la crisis
De acuerdo con el actuario son muchas las razones por las que el régimen de pensión de IVM está en una situación precaria, entre las principales está el manejo inadecuado del seguro durante muchos años.
Apunta que se han desviado 7,5% sobre los salarios de cuotas del Seguro Social en una cuantía de ₡34 billones al 2020, que hubo omisión de cobro de casi ₡8 billones al Estado conforme al Artículo 9 de la Ley 7374. Además, hubo incumplimiento y reducción de la base mínima contributiva del 2006 al 2020, lo que representó un monto de ₡3,5 billones, a esto se suma la deuda del Estado a la CCSS ₡2,2 billones, sin incluir los ₡8 billones no cobrados. Además, dejaron la cuota de IVM fija en 7,5% durante 63 años.
En resumen, el régimen de Invalidez Vejez y Muerte fue inducido a la precaria situación actual, esas y otras decisiones representan en pérdidas para el IVM de ₡49 billones.
Las autoridades de la Caja convirtieron a IVM en un régimen de reparto contrario a lo ordenado por Ley N°17, existe ausencia de autonomía en la Junta Directiva de la CCSS, no ha existido transparencia ni rendición de cuentas, y se crearon regímenes de pensiones insostenibles, además de que hubo una disminución de las tasas de natalidad y fecundidad, aumentó la esperanza de vida en todas las edades, así como la informalidad en el empleo.
Ante este escenario, exigimos la instalación de una mesa de diálogo y negociación por parte de las autoridades de la Caja Costarricense del seguro Social con las distintas representaciones que han formulado propuestas, tal y como lo hacemos en este caso. Desconfiamos del manejo tecnocrático institucional de un asunto tan delicado como el que nos ocupa; rechazando el autoritarismo y las exclusiones de propuestas que difieran de análisis preestablecidos por la CCSS.
Conferencia de prensa
El “consejo cívico contra la corrupción”
Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
El señor diputado don Mario Redondo Poveda ha venido planteando que la corrupción en nuestro país, estaría representando un 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), basándose en datos que está proporcionando el gobierno de los Estados Unidos, en su International Narcotics Control Strategy Report (Volumen I: Drug and Chemical Control), emitido con fecha marzo de 2018, por el Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, del United States Department of State (página 141 para el caso de Costa Rica).
La probabilidad de que este dato sea completamente real es altísima. Si cada punto PIB está representando en estos momentos unos 350 mil millones de colones (350.000.000.000), entonces la sociedad, por culpa de su estamento corrupto, estaría dejando de percibir unos 2 billones 450 mil millones de colones, ¡al año! (2.450.000.000.000).
Lo que actualmente sabemos de casos de corrupción, entonces, es una pequeñísima parte. Para que haya corrupción, al menos dos deben ponerse de acuerdo. Y, por lo general, uno está en la esfera pública y otro en la privada. Indudablemente, el fenómeno de la corrupción está muy estudiado y los expertos tienen definidos varios conceptos y diversas categorizaciones, clasificaciones, tipificaciones; así como parámetros para medir su impacto en contra del bien común, de la integridad y de la inclusión sociales.
La corrupción, con ropaje legal o sin él, en el seno de la institucionalidad pública costarricense ha estado impactando al pueblo costarricense de manera muy dramática en los últimos gobiernos, incluido el que está por terminar. Es de enorme notoriedad la constatación pública de que, pese a la honestidad abrumadora con la cual se ejecuta la actividad empresarial privada, los más impactantes casos de corrupción tiene en el primer nivel a hombres de negocios de, hasta un determinado momento, “intachable prestigioso, como los ya célebres casos del cemento y del plástico”.
Por otra parte, de la misma manera en que la abrumadora mayoría de la actividad empresarial privada se ejecuta con honestidad; de esa misma manera la contundente mayoría del conglomerado laboral asalariado del sector público, ejecuta su quehacer cotidiano para la sociedad, con la misma honestidad.
Sin embargo, los corruptos de uno y de otro sector se las agencian para implementar la más variada articulación de artimañas y de estratagemas; y, en esas oficinas y ámbitos públicos donde se tejen esas maniobras para estafar a la sociedad con negocios turbios y con entrega de sobornos y coimas, el personal honesto que las detecta cae presa del miedo ante la posibilidad de que esa corruptela, bien apadrinada, amenace su propia estabilidad laboral, su propia integridad personal y familiar; facilitándose así que se establezca un entorno amenazante que instaura el silencio, generándose una complicidad tácita alimentada por el paralizante terror de ser víctima de diversas formas de acoso: laboral, psicológico, político, emocional, físico, económico.
¡Y no nos engañemos! Hay muchas esferas del servicio público contaminadas con el germen de la corrupción, pese a que, repetimos, la honestidad es el valor imperante en la abrumadora mayoría del personal público que presta dichos servicios y de los agentes empresariales privados que interactúa con éste en la concreción de la diversidad de gestiones inherentes al funcionamiento del aparato estatal.
Nadie, quien hace las cosas honestamente, debe sentirse ni molesto ni aludido por cuanto indiquemos que esta sintomatología corrupta y su patología social está en el sistema aduanero, está en de la salud y la seguridad social, en el sistema de gestión de infraestructura vial, en el seno de la diversidad de la prestación de servicios de seguridad ciudadana, en el ámbito municipal, en el ámbito penitenciario, en el bancario, en el turístico, etc.
Particularmente, que en el tributario la cuantificación oficial de todas las formas de evasión y de robo impuestos, supera los 8 puntos PIB (unos 2 billones 800 mil millones de colones), supone que el entramado corrupto para que esta monstruosidad de crimen social esté vigente, es bastante arraigado y complejo.
¿Por qué no pensamos en algún sistema de protección para toda aquella persona ligada salarialmente al empleo público, e incluso, a toda aquella persona del sector privado, que entra en conocimiento de prácticas corruptas (ya sea en gestación, en desarrollo y/o consumadas); que está dispuesta a denunciar pero que el miedo paralizante a sufrir algún tipo de daño, le impide hablar? Y mientras llega una sólida intervención policial-judicial, ¿por qué no pensar en el establecimiento de algún tipo de instancia, no necesariamente jurídico-institucional en cuanto tal, pero sí que genere nivel de confianza y de credibilidad en quien desee denunciar presunta corrupción, pero que se le garantice diverso tipo de apoyo protector en su propia unidad o esfera de trabajo, para evitar que el presunto corrupto o corruptor no se le venga encima con diversas modalidades de acoso, o incluso, valiéndose para ello de sus propias e insanas conexiones políticas?
Esta idea a la cual, preliminarmente la hemos bautizado con el hombre de “Consejo Cívico Contra la Corrupción”, la estamos planteando por esta vía pública a los dos señores Alvarado y, tanto el que gane el domingo como el que pierda, pueda valorar un impulso gestor para conformar tal consejo, con personas y organizaciones civiles de distinta procedencia y con trayectoria de honestidad y de posición fuerte contra la corrupción. Sobran costarricenses que podrían darle contenido a esta idea en cuanto a su eventual concepción, composición, procedimientos y otros. Honorables señores Alvarado, tienen ustedes la palabra.
Publicado en diario Extra, miércoles 28 de marzo de 2018.
Manifestantes piden a dos magistrados que se inhiban de conocer consulta por Proyecto de Empleo Público
Frente a la Sala Constitucional, un grupo de manifestantes piden a los magistrados que se respete la Constitución Política y que se desliguen de conocer la consulta constitucional por el Proyecto de Empleo Público a los magistrados Nancy Hernández López y a Fernando Castillo Víquez.
“(…) hacemos un vehemente llamado al magistrado Fernando Castillo Víquez y a la magistrada Nancy Hernández López, ambos de la Sala Constitucional, a efecto de que se inhiban de conocer la consulta de constitucionalidad interpuesta por 15 diputados y diputadas de la asamblea legislativa en contra del proyecto de Ley Marco de Empleo Público”, indica el documento.
La petición surge debido a que se ve comprometida la objetividad de los magistrados para resolver la consulta por los lazos que los unen con el presidente de la República, Carlos Alvarado, quien es el principal interesado en la aprobación de esta ley para conseguir el préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1.750 millones.
En el caso del magistrado Fernando Castillo Víquez, se solicita la inhibición ya que su hija, trabaja en el Departamento Legal de Casa Presidencial, decir que es una persona cercana Presidente de la República y eso debería ser motivo suficiente.
Mientras que la magistrada, Nancy Hernández López, será candidata a jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este hecho fue ratificado por la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y por la página de la Presidencia de la República.
“No cabe la menor duda de que quien propone la candidatura de la magistrada Hernández es el Poder Ejecutivo, específicamente el señor Presidente de la República, lo que hace suponer que la promoción de dicha candidatura requiere una amplia y estrecha comunicación entre la señora magistrada y el señor Presidente de la República”, agrega el documento.
Además, solicitan a los magistrados que se respete la Constitución Política y se declaren todas las inconstitucionalidades que contiene el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público “Nos apersonamos ante esta Sala a Exponer la preocupación que nos embarga con la aprobación en primer debate del nefasto Proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336, hoy día en consulta ante esta Sala Constitucional”, indica.
Con la aprobación de este proyecto se violentaría la independencia y autonomía funcional del Poder Judicial, ya que tiene múltiples normas, donde se le da al Poder Ejecutivo o a órganos del Poder Ejecutivo, la posibilidad de entrometerse en aspectos medulares del funcionamiento del Poder Judicial.
Por otra parte, se violenta la Constitución Política al darse esa misma intromisión en las universidades públicas que gozan, según ésta, de autonomía; así como también se violentan en el indicado proyecto de ley, las autonomías de las municipalidades y de la Caja Costarricense de Seguro Social.
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Demandan a Hacienda y Min. Planificación por suspensión de aumentos por costo de vida
ANEP consulta a bancos estatales y al INS si mantienen líneas de crédito a H Solís y a MECO
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), envió el día miércoles 24 de junio, una carta a los diversos gerentes generales de los bancos estatales del país, así como al Instituto Nacional de Seguros (INS), solicitado información sobre si estas entidades financieras mantienen alguna línea de crédito con las empresas de construcción H Solís y MECO.
La carta dirigida a los Gerentes Generales del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), Banco Nacional (BNCR), Banco de Costa Rica (BCR) y Presidencia Ejecutiva del INS, pretenden indagar sobre cuántos prestamos mantienen con las constructoras investigadas en el caso “Cochinilla”, así como los montos, tipo de divisa, plazos y garantías negociadas.
Lo anterior, según la ANEP, con base en el derecho de información y pronta respuesta tutelado en los Artículos 27 y 30 de Constitución Política de Costa Rica, y con base en lo dispuesto en la Ley No. 9097 sobre la Regulación del Derecho de Petición.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, detalló que las alarmas para realizar la consulta a estas instituciones, se encendieron, considerando lo que ha pasado con otros consorcios empresariales que se han visto en aprietos y también ha estado involucrada o puesta en riesgo plata del sistema bancario público, el caso más reciente el de Juan Carlos Bolaños y el denominado “Cementazo”.
Otra de las situaciones que habría impulsado él envió de la misiva, se debe a que en apariencia MECO, habría tenido problemas con un importante banco privado en Panamá, y este último le habría cancelado una línea de crédito por 20 millones de dólares.
“Dado el volumen de dinero y magnitud económica de estas dos súper empresas constructoras que mantenían un duopolio, queremos saber si los bancos estatales le prestaron plata, queremos que nos den estos datos. Nos preocupa en gran medida, que el Ministro del MOPT anunció que no darán más contratos a estas empresas, lo que podría provocar una quiebra de estas compañías y entonces que pasará con toda la plata que deben a una multiplicidad de acreedores. A lo mejor hay plata que deben a la banca pública o al INS, y si los bancos tienen perdidas por esos créditos, es el pueblo que deberá pagarlos”, manifestó el Secretario General de la ANEP.
En el caso de la carta enviada a la presidencia ejecutiva del INS, en esta también se incluye una solicitud con respecto a los seguros de caución, y si alguna de estas empresas adquirió alguno con la institución y de ser así, conocer cuáles son los montos asegurados y si se le dio un trato especial.
“Es de nuestro conocimiento y ya público, que el actual ministro de hacienda Elián Villegas y ex presidente ejecutivo del INS, tuvo una relación de 14 años con la empresa H Solís, así lo comprueba la documentación en nuestro poder, de ahí nuestros cuestionamientos con respecto a posibles líneas de financiamiento con el INS y los seguros de caución”, enfatizó Vargas.
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