Diversos gremios sindicales del Poder Judicial enviaron una nota a la Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, solicitando la renuncia a su cargo. Compartimos la solicitud enviada.
Sindicatos del Poder Judicial solicitan renuncia de la Fiscala General by EugenioGuerrero on Scribd
Creemos firmemente que Costa Rica tuvo un pasado y liderazgo honroso en materia de defensa y garantía de los Derechos Humanos.
Contaba con instituciones sólidas, con una democracia envidiable y unos programas sociales que se exhibían en el concierto de las naciones como ejemplo de progreso, de seguridad y de bienestar.
Más allá de las diferencias políticas e ideológicas, todos luchábamos por acercarnos al concepto, a veces claro y en otras abstracto, de bien común. La dignidad humana era el tema central de la mayoría de las políticas públicas; y, siguiendo esta lógica, fue que se logró firmar y ratificar casi todos los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.
La inmensa mayoría de las personas costarricenses aún conservamos esa tradición de paz, de libertad y de fraternidad. Sin embargo, en este momento, el país atraviesa un trance de inseguridad jurídica, de reformas regresivas y de irrespeto a los Derechos Humanos, propiciada por la clase política tradicional y sus principales partidos: Liberación, Unidad y Acción Ciudadana.
En este contexto, preocupa que a pesar del fallido intento pasado por lograr un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, alarma también que el gobierno actual haya propuesto la candidatura de la Magistrada Nancy Hernández López como jueza para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por experiencias recientes sabemos que el gobierno de Costa Rica no está eligiendo a las personas idóneas, es decir, no selecciona a aquellas que tienen el perfil de garantismo que este tipo de cargos requieren. Por el contrario, favorece el nombramiento de quienes exaltan su gestión de gobierno, de quienes exponen una realidad distinta a la que objetivamente atraviesa el país. ANEP considera que este tipo de personas no merecen asumir puestos de representación y, mucho menos, en temas transversales, como son los Derechos Humanos.
Una muestra de ese doble estándar, es que el Estado costarricense no ha contestado, y menos cumplido con varias recomendaciones emitidas por “Procedimientos Especiales” de Naciones Unidas que han emitido dictámenes de Relatores Especiales en materia de violaciones al derecho a la huelga, así como a violaciones a la independencia judicial. ¿Con cuánta vergüenza tenemos que soportar que la Corte Plena se negara a recibir a un relator de las Naciones Unidas, quien –posiblemente-, se iba a referir a las debilidades del proceso de elección de magistrados en el país y el impacto negativo que el actual procedimiento implica para la división de poderes?
Siguiendo este orden, el gobierno del Estado de Costa Rica, en este momento, desconoce las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en cuanto a “promover un entorno seguro y propicio para que los individuos y los grupos puedan ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación, velando además porque sus leyes y procedimientos nacionales relacionados con estos derechos se ajusten a sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluyan de forma clara y explícita un supuesto favorable al ejercicio de estos derechos, y se apliquen de forma efectiva.”
Por el contrario, el Estado de Costa Rica, su gobierno y la Asamblea Legislativa, en aras de beneficiar a pequeños grupos de poder, han propiciado una reforma fiscal que afecta negativamente a quienes menos tienen. Se les ha concedido amnistía tributaria a grandes empresarios en plena crisis económica y se han gravado varios productos de la canasta básica, con efectos adversos, para quienes menos tienen. La absurda justificación gira en torno a la crisis fiscal, pero se ignora las recomendaciones de organismos internacionales en cuanto a proteger a las personas trabajadoras y a las poblaciones que presentan mayor condición de vulnerabilidad.
Recientemente, se aprobó una ley en contra de la protesta pacífica, desconociendo el principio de progresividad y no regresividad de los Derechos Humanos, especialmente de aquellos que les asisten a las personas trabajadoras y a sus organizaciones.
ANEP considera que el Estado de Costa Rica, con esta acción, toma distancia de las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), respecto de los estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal.
En repetidas ocasiones, el Estado ignora conscientemente que “las protestas han constituido una vía por la cual se logró tanto la elevación del piso de garantía de derechos fundamentales a nivel nacional, como la incorporación de una amplia cantidad de derechos en el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos.”
Es más, la propia “Corte Interamericana ha reconocido que en situaciones de ruptura de orden institucional democrático, la protesta debe ser entendida “no sólo en el marco del ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia”
Como si lo señalado fuera poco, el Estado de Costa Rica, en este momento, gestiona un proyecto de empleo público que desconoce la independencia de poderes y las autonomías constitucionales.
ANEP considera que un gobierno que obliga a sus fuerzas policiales a agredir a los manifestantes (el uso de la fuerza en el contexto de protestas); que está cuestionado por irregularidad en la creación de una unidad de análisis de datos (caso UPAD); que se escuda en la incorrecta interpretación de orden público y paz social para justificar decisiones restrictivas de los derechos a la protesta; y, que, tiene denunciado penalmente a activistas sociales, alegando falsamente instigación pública, no es la mejor opción para disputar una candidatura que busca defender derechos humanos.
Las conductas promovidas por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa de Costa Rica nos lleva a afirmar que en este momento el Estado no es apto para asumir un puesto en la Corte IDH
De manera que nuestra oposición a que Costa Rica presente la candidatura de la magistrada Nancy Hernández López no es producto de la mezquindad. El tema es que el gobierno de Costa Rica, por su gestión, no está legitimado para asumir dicha candidatura. Resulta cínico adjudicarle la defensa de la dignidad de América Latina aun gobierno que desconoce los derechos humanos de su propia gente.
Finalmente, creemos que por decencia el gobierno de Costa Rica debería dar un paso al lado y permitirle a otro país de la región que proponga una candidatura idónea y capaz.
Pronunciamiento oficial de la Junta Directiva Nacional de la
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
San José, viernes 11 de junio de 2021
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[1] Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, 23 de mayo de 2011, A/HRC/17/28, párr. 31.
[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Lone y Otros Vs. Honduras. Sentencia de 5 de octubre de 2015. (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 148 y ss.
Las personas que hemos dedicado gran parte de nuestras vidas a la lucha social, de alguna forma estamos conscientes de que es posible encontrar cualquier tipo de persona en el ejercicio de la política, en nuestro país.
En tal sentido, es bueno hacer notar que una gran cantidad de sectores productivos, en el ejercicio de la política, han venido luchando con ahínco por lograr una conquista a la que han llamado fondo de avales; logro del cual ellos deben estar contentos y expectantes.
Nosotros, en ANEP, que creemos en el apoyo y en el protagonismo de las políticas públicas en favor de los sectores productivos, vemos bien eso de un fondo de avales.
Sin embargo, nos genera una profunda indignación y un enorme enojo, la frivolidad de la clase política que actualmente gestiona la cosa pública del país; pero, particularmente, en este caso, la desvergüenza de esta Asamblea Legislativa.
En términos sencillos, el fondo de avales es un instrumento jurídico y financiero pensado para reforzar, por una parte; y, por otra, y hasta para sustituir las garantías que respaldan las operaciones de crédito productivo; básicamente para aquellos que no pueden hacerle frente a la mismas por diversas razones ajenas a su propia voluntad.
El fondo de avales, presuntamente desde su propia concepción, está pensado para pequeños empresarios, pequeños comerciantes y los pequeños productores agropecuarios; las mujeres emprendedoras (mil veces golpeadas en la historia); los jóvenes emprendedores a quienes se les asesina la esperanza en sus narices; en fin, el fondo de avales es un instrumento pensado para las mayorías desventajadas y rezagadas por la política económica de los últimos años y profundizada por la pandemia.
Pero indigna muy poderosamente que, ahora sí, una vez hecho el esfuerzo de lucha por este tipo de fondo de avales para estos sectores, y según los sostenidos esfuerzos de sus representaciones gremiales legítimas; aparezcan los inescrupulosos y los oportunistas de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), junto a los de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) -cuya hegemonía interna es la que imponen los banqueros privados-; para aprovechar la exagerada influencia política que tienen y asegurarse el control del fondo de avales que actualmente tramita la Asamblea Legislativa.
¿Es acaso que la Uccaep y/o la banca privada, expresan y representan a don Cristino en San Vicente de Nicoya; a don Ramón, en Guácimo; a doña Valeria en Bijagua; a la familia Pérez en Santa Cruz, de Guanacaste; a los miles y miles de empobrecidos y olvidados en Limón, en las zonas costeras; a aquellos que abandonaron el sistema educativo, para procurar comida en la casa de sus familias. ¡Por supuesto que no!
Tales entidades expresan y representan a los pocos Gerardo Corrales, a los pocos Enriques Egloff, a quienes las garantías, si es que ocuparan créditos, les incomodan.
Esta Asamblea Legislativa no puede seguir burlándose de los ciudadanos y de las ciudadanas. La paciencia tiene límites, y nuestro pueblo trabajador está acercándose a ellos.
Este es el camino del enriquecimiento grosero y anticristiano de los que ya de por sí son ricos. Esta decisión no va en la lógica de la urgente reactivación económica del país. Así es el fondo de avales que están imponiendo el actual parlamento.
San José, miércoles 9 de junio de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto.
• Policías han perdido a sus familias por extenuantes jornadas
• ANEP se ha acercado al MSP, pero no ha habido interés en solucionar el problema.
Como ha quedado en evidencia tras los diversos operativos, Costa Rica dejó de ser un lugar de bodegaje de droga y pasó a ser un centro logístico muy atractivo para las organizaciones de tráfico internacional.
A pesar de la gran labor que hace el personal operativo, sus esfuerzos son casi en vano, ante el debilitamiento constante de la Policía de Control de Drogas (PCD)
Jonathan Flores Mata, Asesor sindical, manifestó que durante los últimos años le han externado la problemática de la falta de personal a los ministros de seguridad, pero más allá de lamentar la situación, no se han dignado a generar un cambio.
“O hay una falta de liderazgo o tienen más poder dentro de la institucionalidad las propias jefaturas de PCD o están protegiendo los intereses contrarios a los que la ciudadanía quiere. Es difícil no despertar ese morbo, ¿Para quién están trabajando?”, aseveró
Según datos otorgados por el MSP, desde el 2017 al 2020 participaron 2.900 personas por una plaza, pero solo se contrataron a 23.
La poca contratación de oficiales ha llevado a cabo un recargo de funciones importante, lo que le ha generado una afectación considerable a nivel de salud, familiar, entre otros factores para los policías.
“Les tienen roles que son contrarios a la salud. Ellos no tienen derecho prácticamente a una educación superior, no les dan ese permiso desde la Dirección General. Hay compañeros que han perdido a su familia, ya que prácticamente no los ven porque tienen jornadas extenuantes. Asimismo, hay compañeros y compañeras que tienen registro y las bitácoras que comprueban que han tenido jornadas de 32, 36 y hasta de 48 horas consecutivas, lo que es inhumano.”
Por parte de la seccional, se quiera dejar claro que a pesar de los múltiples esfuerzos en los que se ha buscado la solución, no hay mayor interés por parte del MSP. Además, de que la opinión pública pida cuentas del porqué la Administración no subsana este tipo de acciones que debilitan este cuerpo de policía técnico y especializado en combatir este flagelo que cada vez más se acrecienta en el país.
La ANEP, por intermedio de su seccional en la Cruz Roja Costarricense y con el acompañamiento legal de la Unidad de Asesoría Jurídica, presentaron una serie de cuestionamiento por los nuevos contratos laborales ante el departamento de Talento Humano de la Cruz Roja Costarricense, por considerar que contiene vicios de nulidad e irrespeta los derechos de los trabajadores.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
