Durante este viernes la ANEP, en voz del Secretario General, Albino Vargas manifestó la posición ante la entidad internacional de forma virtual. A continuación la intervención.
Categoría: Incidencia
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Albino Vargas Barrantes: «Acuerdo con el FMI, estafa y embuste de Carlos Alvarado»
ANEP se reunió con el diputado Dragos Donalescu
La ANEP se reunió con el diputado independiente Dragos Dolanescu Valenciano y su equipo de trabajo para analizar el escenario político-social del país de cara a las negociaciones del Gobierno con el FMI, así como el estado del proyecto de Empleo Público que se discute en la corriente legislativa.
Ambas partes concordaron en que el escenario social es una bomba de tiempo, debido a las decisiones que se han tomado desde el Poder Ejecutivo en detrimento de la clase trabajadora del país.
Otro de los puntos en los que la ANEP y el legislador concuerdan, es que el país no requiere de un convenio con el Fondo Monetario Internacional, y que las soluciones están en las propias arcas del Estado.
Para el diputado independiente, existen figuras a lo interno del Gobierno que, están del lado del FMI y no quieren entender que la solución a la crisis fiscal está en casa.
En próximas horas, la ANEP sostendrá más reuniones similares con diputados y diputadas de otras bancadas legislativas con el objetivo de palpar el escenario político social de los próximos días y las posibles acciones.
Condenamos la nueva intentona desesperada, ilegal e inconstitucional del Gobierno Alvarado Quesada que pretende gravar con impuestos el FCL y el ROP
Ante la arremetida inmisericorde de características meramente ideológicas por parte del Gobierno PAC del Presidente Carlos Alvarado contra la clase trabajadora costarricense y sus derechos laborales, no queda más que condenar la nueva ¨genialidad¨ en contra de derechos y regímenes laborales protegidos por la Constitución Política y por las leyes laborales; nos referimos al régimen obligatorio de pensiones (ROP) y al Fondo de Capitalización Laboral (FCL), regímenes además establecidos en la Ley de Protección al Trabajador.
Primero hay que decir, que los recursos de los trabajadores que devienen de la Ley de Protección al Trabajador, son aportes patronales que tienen su origen en las prestaciones laborales de los trabajadores tanto del sector privado como del sector público; estas prestaciones laborales, más comúnmente conocidas como cesantía laboral, son una indemnización por años laborados, y como tal estos fondos no tienen carácter salarial y por lo tanto no deberían ser gravados con ningún tipo de impuesto.
Pero, además no le ha bastado a este gobierno y a sus acólitos en la Asamblea Legislativa (PLN-PUSC-PAC-RESTAURACION NACIONAL y similares), con afectar a la toda la población costarricense con la serie de impuestos directos e indirectos que un día sí y otro también nos recetan, y ni que decir del nefasto impacto que vino a generar en las economías de los trabajadores la creación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Por lo anterior reiteramos nuestro rechazo y condena a esta voracidad del Gobierno, en su intento de gravar con más impuestos, los fondos de pensiones complementarias y el FCL, situación que además afectaría sin lugar a dudas las pensiones que otorga la Caja del Seguro Social, pues estas también podrían quedar sujetas a pagar renta. Todo bajo el prurito de su nefasta e inmoral negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
ANEP considera inoportunas e innecesarias “negociaciones” con el FMI
-No obstante, insta a delegación fondomonetarista para que contacte a sectores populares opuestos en cuanto a que Costa Rica no ocupa de “convenio” alguno con FMI
Costa Rica no ocupa de “convenio” alguno con el FMI. Rechazamos, de manera tajante, que el país se vea inmerso en una nueva confrontación social, misma que podría sobrevenir en fechas próximas.
Las “negociaciones” con el FMI se darán en un momento totalmente inoportuno, de considerable potencial provocador a un desasosiego social más intenso y extendido que el que ya vivimos; estando el país al mando de un grupo ideológico macro-fiscal muy fanático; y, para peores, de contradicciones entre sí, pues un día sí y otro también, han venido mostrando carencias fuertes de coordinación efectiva sobre las cifras que le presentarán al FMI para que éste les dé su “bendición”.
El gobierno que encabeza Alvarado, por el descrédito profundo en que su imagen ha caído y la prácticamente nula de confianza en su gestión, la cual es repudiada ampliamente por la abrumadora mayoría del pueblo costarricense; ha perdido toda legitimidad política y tampoco tiene la menor pizca de autoridad moral, como para hipotecar el futuro del país con las regulaciones crediticias del FMI.
Por otra parte, no hay necesidad alguna de que nos sometan al estrés social de un “convenio” con el FMI. Resulta impresionantemente perverso que se nos obligue a ello, contándose en arcas públicas con una cantidad de dólares 4 veces superior a la que pretenden con las “negociaciones” con el Fondo Monetario Internacional.
Quieren que esta entidad le preste al país 1.450 millones de dólares, teniendo el sector descentralizado del Estado, un superávit de 7.000 mil millones de dólares; suma tan grande que equivale a 12,4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
¡7 mil millones de dólares de superávits, compuesto en dos grandes grupos. El superávit libre: 46.2 %, equivalentes a unos 3.246 millones de dólares, por una parte. Por la otra, el superávit específico: 53.8 %, equivalentes a 3.782 millones de dólares.
Bastaría, únicamente, utilizar esos 3.782 millones de dólares del superávit libre que atesora el sector público descentralizado, para no caer en las garras del FMI. Nótese que esta cantidad es pocos más de 2 veces lo que Alvarado y su camarilla ideológica-financiera pretende con el indicado “convenio”.
Tales datos son de la propia Contraloría General de la República (CGR), por demás, fiel aliada político-ideológica de la camarilla gubernativa que está controlando los poderes Ejecutivo y Legislativo. Los números indicados son tomados del documento Ejecución de los ingresos y gastos del sector descentralizado al mes de octubre de 2020, emitido por la CGR.
Adicionalmente, se debe considerar que ya no se está hablando de tomar dineros de las reservas monetarias internacional en custodia del Banco Central de Costa Rica (BCCR); entidad ésta que tiene esa plata como de “su propiedad particular”, no del país.
Denunciamos que serán las personas trabajadoras asalariadas estatales las verdaderas víctimas socio-financieras de la patraña que se esconde con relación a este “convenio” con el FMI. El proyecto-Expediente Legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, no representa esfuerzo fiscal alguno serio, sino que es una iniciativa de corte ideológico-totalitario, con peligrosas derogaciones de facto de preceptos constitucionales. ANEP lo rechaza totalmente y ni siquiera puede ser objeto de la más mínima negociación bajo su enfermizo contenido ideológico sesgado anti-obrero.
El “convenio” con el FMI solamente le sirve a los cada vez más reducidísimos grupos financiero-económicos que están en el control absoluto de la Casa Presidencial y de la Asamblea Legislativa. En ésta última, a no pocas personas diputadas, esos grupos les “tuercen los brazos”, así reconocido por un parlamentario gobiernista.
El gran problema es que están manejando la política fiscal del país de manera perversamente dogmática y con grave contenido ideológico, que no es el de la búsqueda y la promoción del bien común; ni mucho menos, las legítimas aspiraciones en cuanto a reducir la exclusión económica y la desigualdad social.
La soberbia ideológica y la prepotencia peligrosa de esta camarilla ideológica en el poder, de la cual Alvarado es ya su más desprestigiado “gerente político”, les ha llevado a despreciar las más respetadas voces de procedencias diversas que han venido planteando alternativas al manejo del déficit fiscal con perspectiva nacional; pasando por la más que necesaria renegociación de la deuda pública y de su escandaloso y obsceno pago de intereses.
Instamos a la delegación del FMI a tomar contacto con las representaciones legítimas de los sectores populares que, con total transparencia y vehemencia, hemos venido adversando la maniobra de la camarilla gobernante con la propuesta de este “convenio”.
¡No hay alternativa para el pueblo trabajador costarricense que ya no se siente representado por la camarilla política de fanatismo ideológico que está controlando la Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa!: la más amplia organización civil para la más amplia movilización social con el más alto contenido pacifista.
San José, domingo 10 de enero de 2021
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
ANEP participó en el programa raíces costarricenses
Segundo manifiesto en favor de la autonomía municipal y en contra del proyecto de Empleo Público
SEÑORAS DIPUTADAS Y SEÑORES DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2018-2022
“Se debe desligar a las municipalidades-como cuerpos elegidos por el pueblo- de las influencias del Poder Ejecutivo.”
Este contundente criterio y concepto fue pronunciado durante las históricas sesiones parlamentarias que, con ocasión de la Asamblea Constituyente de 1949, dieron origen a la actual Constitución Política de Costa Rica, la del 7 de noviembre de 1949; la cual consagró la Autonomía Municipal como una de las piedras angulares del nuevo proceso republicano que se abrió con la promulgación de esa Carta Magna, misma que, hoy 71 años después, todavía fundamenta nuestra institucionalidad como nación.
Otro diputado constituyente de ese gran acontecimiento histórico, la Asamblea Constituyente de 1949, también fue enfático al indicar lo siguiente: “Si se desea realmente otorgar a las municipalidades plena autonomía, deben desligarse del Poder Ejecutivo.”
Así nos lo ha recordado, de manera muy oportuna, el ciudadano don Manuel Hernández, en su reciente artículo Detractores de la autonomía municipal.
Quienes, dentro y fuera de este parlamento, se han convertido en detractores ideológicos y detractores políticos del régimen municipal costarricense, deben saber que no tienen el más mínimo respaldo en el seno de la comunidad institucional, política, social, laboral y comunal de las municipalidades de Costa Rica. Hablamos con la autorizada voz que nos da ser la expresión contundente de la clase trabajadora municipal organizada en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); a través de los compañeros y de las compañeras dirigentes laborales de base de la ANEP en los gobiernos locales, presentes aquí y con el beneplácito de quienes no pudieron asistir por diversas razones, para indicarles a ustedes, señoras diputadas y señores diputados, lo siguiente:
PRIMERO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público representa, en el caso de los gobiernos locales costarricenses, una involución y un retroceso de siete décadas en el desarrollo de la institucionalidad democrática y republicana de las municipalidades.
SEGUNDO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público somete a las municipalidades a las decisiones circunstanciales de la Casa Presidencial de turno, en materia de gestión estratégica e integral de Recursos Humanos; y, por ende, invade los espacios autónomos de ejecución administrativo-financiera según las necesidades comunales. Se abre, así, un portillo, de consecuencias insospechadas pero temibles.
TERCERO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público, sienta las peligrosas bases para abrirle paso a un modelo de Estado de corte autoritario-totalitario, excesivamente verticalista; modelo de Estado que existía antes de los dolorosos acontecimientos de la Guerra Civil entre costarricenses, ocurrida en marzo-abril de 1948, lo cual contribuyó o fue una de las causas de ese conflicto armado que le quitó la vida a, al menos, 2000 compatriotas de entonces.
CUARTO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público, contiene groseras violaciones a nuestra Carta Magna del 7 de noviembre de 1949. Está plagado de ocurrencias, de inconsistencias, de improvisaciones irresponsables; mostrando su contenido esencial y sus torpes mociones consecutivas, un desprecio profundo de la jurisprudencia constitucional en materia de gestión ejecutiva y de relaciones obrero-patronales a nivel del Estado; un desdén caprichoso y soberbio por los informes previos de gran contenido histórico-jurídico y de solvencia moral internacional, preparados por valiosos especialista,; entre éstos, los de la propia ANEP, los cuales emitieron criterio vulgarmente despreciado por las personas legisladoras que han llevado la conducción ideológica y político-hegemónica del trámite de este nefasto proyecto.
QUINTO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público es profundamente ideológico, al responder a los intereses de los sectores de mayor poderío económico, los cuales resienten la tardanza en la apropiación privada de las más relevantes empresas públicas propiedad de todo el pueblo costarricense; concibiendo esta perversa legislación como un paso fundamental en la ruta egoísta que le quiere imponer al país la plutocracia reinante.
SEXTO: Gran parte de las motivaciones fundamentales que impulsa el proyecto Ley Marco de Empleo Público, han sido generadas por la insana práctica de periodismo de odio, mediando matrices mediáticas que han intoxicado a la ciudadanía, con la ejecución de la más perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológica jamás desplegada contra grupo social alguno de personas costarricenses, en lo que va de lo que denominamos Segunda República. Una campaña propagandística que mandó al cajón de la basura las elementales reglas de un periodismo decente y equilibrado.
SÉTIMO: Las municipalidades están destinadas a ampliar su red de servicios públicos, fortaleciendo los que actualmente gestionan y asumiendo otros no menos relevantes; mismos que se brindan desde un Estado central colapsado por el pago exorbitante de los intereses de la deuda pública y de la deuda misma; razón por la cual, como legítimas representaciones obreras del personal municipal costarricense, indicamos que los gobiernos locales deben ser fortalecidos en las más diversas dimensiones para que potencien el desarrollo más integral a nivel de la comunidad; propiciando más empleo, más gestión de micro-pequeños y medianos negocios-empresas y actividades de economía social solidaria. Más programas de prevención social e integración ciudadana; más atención a la juventud; más apoyo a las madres jefas de hogar, más fortalecimiento para el pequeño y mediano productor agropecuario en los cantones donde corresponda; más recreación y cultura, más deporte y sano esparcimiento.
OCTAVO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público castra, de raíz, los indicados y otros aspectos del potenciamiento del desarrollo futuro de los gobiernos locales; con lo cual, se va a acrecentar los peligrosos niveles de exclusión económica y de desigualdad social que sufrimos en nuestros cantones y de los cuales, como personal municipal, hace que afrontemos a diario el dolor, las congojas y el sufrimiento de nuestros vecinos y de nuestras vecinas.
NOVENO: Los gobiernos locales nunca debieron ser considerados para incluírseles en esa nefasta legislación de empleo público; por demás, un proyecto que nunca fue exigencia o requisito para que el Fondo Monetario Internacional (FMI), le dé un préstamo al país por 1.750 millones de dólares que Costa Rica no los necesita, pues las alternativas internas sobran para atender el problema de las finanzas públicas; problema que ninguna persona trabajadora municipal del país, ni nuestras respectivas autoridades en los gobiernos locales jamás generó.
DÉCIMO: Nosotros y nosotras, como personas trabajadoras honestas, asalariadas del sector municipal del país, régimen que es esencia misma de la maltrecha Democracia; nos comprometemos a desplegar todos los esfuerzos necesarios, en los más diversos ámbitos, tanto en lo local como en lo nacional, así como en lo internacional, para salvaguardar una de las herencias más sensibles de nuestra institucionalidad actual: la Constitución Política de 1949 y su constitucional régimen municipal. Recogemos ese legado de los padres y de las madres que fundaron el Estado Social de Derecho, en los procesos de lucha social previos a la Guerra Civil de 1948, así como en los que le siguieron a partir de la Carta Magna de 1949. Y ésta es nuestra consigna fundamental de lucha en estos históricos momentos: “Se debe desligar a las municipalidades-como cuerpos elegidos por el pueblo- de las influencias del Poder Ejecutivo.”
San José, lunes 22 de febrero de 2021.
