Categoría: Incidencia

AyA registra pérdidas por ¢29.400 millones

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Entre 2018 y 2019, denuncia sindicato tras auditoría

NOTA: Diario Extra

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) registró pérdidas por ¢29.423.413.055 durante 2018 y 2019, según consta en un informe de Estado de Resultados, elaborado por la Dirección Financiera.

La seccional ANEP-AyA denuncia que este hecho se suma a la baja ejecución presupuestaria que se presenta este año, ya que hasta el mes de mayo habría alcanzado un 32%.

“De un total de 96 metas trazadas durante el año 2019, solo se cumplieron 23, y de ¢298.795 millones presupuestados, solo se gastaron ¢142.565 millones”, indicó Edwin Marín, de ANEP-AyA.

Si se compara la ejecución presupuestaria del plan de inversiones entre los fondos específicos y fondos corrientes de la institución hasta mayo de 2018, 2019 y 2020, esta no alcanza ni el 50% de su inversión a mayo, según el Resumen Ejecutivo de Caja de la Dirección Financiera de AyA, del que DIARIO EXTRA tiene copia.

2018 CRíTICO

Estadísticas del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República (CGR) revelan que para hace dos años la administración de AyA estableció un presupuesto de ¢99.218 millones en inversiones, sin embargo, solo se ejecutaron ¢58.190 millones, lo que representa un 58%.

Es decir, de mayo a diciembre de ese año solo se avanzó un 27% del plan de inversión, un progreso relativamente bajo.

Un punto a destacar es que la ejecución del presupuesto de inversión entre enero y mayo de los últimos años no registró un nivel superior al 50% (ver recuadro).

DIFERENCIA

Según el Informe de Ejecución Plan de Inversiones por Fuente de Financiamiento, al 31 de octubre de 2019, el Instituto invirtió un 50% del presupuesto general, siendo el rubro de menor avance el programa Reducción de Agua No Contabilizada (RANC) con un 48%; es decir, ¢977,68 millones.

“Sigue teniendo un rezago significativo y lo que nos preocupa es que hay inversiones muy estratégicas, con proyectos como Agua No Contabilizada, Plan de Contingencia y Orosi II, que son básicas para prevenir los racionamientos. Si no se mejora el nivel de inversión son problemas que no se van a superar”, explicó Álvaro Barrantes, intendente de Aguas.

SINDICATO ALEGA

Ewin Marín, líder de ANEP-AyA, asegura que concuerda con lo expuesto por la Intendencia de Aguas, pues consideran que la baja ejecución presupuestaria es una gran limitante en el progreso de proyectos de alta necesidad en la ciudadanía costarricense.

“Con esta administración no se ejecuta ni el 32%. No creo que ejecuten más presupuesto y nótese que la administración de Yamileth Astorga tiene dos periodos. Sentimos que el AyA sigue de cabeza si se mantienen los mismos”, denunció.

Para los representantes de los trabajadores la preocupación en el manejo presupuestario se centra en la necesidad de ejecutar proyectos claves para evitar racionamientos y mejorar la calidad del agua.

PLANES PRIORITARIOS

La Intendencia de Aguas rescata que los principales proyectos que presentan rezagos son el Proyecto Orosi II, el cual consiste en llevar abastecimiento del líquido potable al área metropolitana desde esa zona. Según datos del AyA, la obra tiene un avance del 58%.

“Este proyecto supliría 2,5 metros por segundo de agua, es la solución para los racionamientos. Se viene planeando desde hace 10 años y a hoy lo que nos dice AyA es que estará listo en 2025 y cuesta entre $400 millones y $500 millones. Tiene atrasos porque tuvo que estar listo desde hace casi tres años para que hoy no haya racionamientos”, explicó Barrantes.

Respecto de este proyecto el sindicato indica que se encuentra estancado y es la principal razón por la que siguen los racionamientos, medida que afectó a 350.250 habitantes del área metropolitana.

PÉRDIDAS

Parte del agua que se obtiene de las nacientes no llega hasta los usuarios, lo que provoca una pérdida importante del líquido vital. En años anteriores se habló de un proyecto para contrarrestar esa pérdida, pero se ejecutó hace poco.

“Más de la mitad del agua que capta se pierde en la red y no se contabiliza ni le llega al usuario. El proyecto (RANC) busca reducir esa pérdida a cerca de un 30% a un 35%.

Nos preocupa porque arrancó recientemente y debió implementarse hace mucho tiempo. Se espera que esté en aproximadamente tres años”, expresó el representante de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

FACTURACIÓN

El reciente caso de los errores en facturación y la odisea que enfrentan aún muchos usuarios, quienes reclaman sobrecobros, debido a las tarifas estimadas, también es parte de los cuestionamientos de la Intendencia de Aguas.

“En el caso del AyA el sistema de facturación está muy viejo y da problemas, inclusive probablemente los sistemas de facturación pudieron generarse en parte por el sistema obsoleto. Es un proyecto que debió arrancar hace mucho tiempo y según la institución va a estar hasta el 2026”, afirma el intendente.

SOLUCIÓN

La Intendencia de Aguas manifiesta que para hacer frente a las necesidades empresariales AyA requiere duplicar la cantidad de inversión tarifaria, la cual actualmente ronda los ¢60.000 millones.

AYA RESPONDE

El Diario del Pueblo consultó a la institución con respecto a la ejecución presupuestaria de 2019 y la siguiente fue la respuesta.

“La revisión reciente de la Ejecución del Plan Estratégico y sus metas indica que se ha cumplido sobre la base de 46 objetivos, un 83%, por encima del 70% (de los cuales un 66% corresponde con más del 85%). Se cuenta con un plan de acción para abordar las desviaciones y se han establecidos controles específicos para el área de proyectos”.

Respecto a la ejecución presupuestaria de proyectos durante el año anterior AyA informa: “Según el Resumen Institucional que se encuentra en el SIIP de la CGR, el presupuesto al 31 de diciembre 2019 del AyA fue de ¢251.561.480.73 miles y su ejecución fue de ¢187.189.162.07 miles, que corresponde a un 74,41% de ejecución”.

“Importante señalar que para una institución que desarrolla obra el avance de esta debe valorarse sobre una base plurianual (varios años) y no anual, esto en razón del ciclo de los proyectos que comprende estudios básicos, diseños, contratación y construcción; en general, las obras toman en promedio tres años y se ven afectadas por diversas causas externas, tal como cambios en las obras, fenómenos climáticos, apelaciones durante los procesos licitatorios, entre otros”, agrega.

Al consultar sobre la responsabilidad de la ejecución presupuestaria, además de por qué el porcentaje de este rubro no es más elevado, indicaron: “La responsabilidad de la ejecución del presupuesto descansa directamente en las jefaturas y direcciones, gerentes de unidades ejecutoras, que solicitan los presupuestos, con planes aprobados y gestionan sus centros de costos y gastos. Como se indicó supra hay diversas razones que impiden que la ejecución presupuestaria sea la deseada”.

Edwin Marín

Seccional ANEP

“Con esta administración no se ejecuta ni el 32%. No creo que ejecuten más presupuesto y nótese que la administración de Yamileth Astorga tiene dos periodos. Sentimos que el AyA sigue de cabeza si se mantienen los mismos. Hacemos un llamado fuerte al presidente porque el AyA lo que necesita es un cambio en las jefaturas”.

Álvaro Barrantes

Intendente de Aguas

“Sigue teniendo un rezago significativo y lo que nos preocupa es que hay inversiones muy estratégicas, con proyectos como Agua No Contabilizada, Plan de Contingencia y Orosi II, que son básicas para prevenir los racionamientos. Si no se mejora el nivel de inversión son problemas que no se van a superar”.

Dineros del IVM se usaron en construcción de Parque Viva

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CCSS compró ¢4.706 millones en títulos de La Nación

Nota: Diario Extra

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) destinó ¢4.706 millones a la compra de títulos de La Nación y sus subsidiarias, cuyo dinero se captó en parte para la construcción de Parque Viva.

Así se desprende de los Estados Financieros del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de los cuales este medio tiene copia, y de hechos relevantes dirigidos al Mercado de Valores. 

Hubo dos emisiones, la A14, realizada del 21 de marzo por un monto de ¢10 mil millones con un vencimiento al 2024. Se habría hecho a través de Aldesa. 

La segunda es la B14 por ¢11 mil millones con vencimiento a 2025 y cuya emisión se realizó el 4 de abril de 2014. En ambas participó la Caja como comprador de los títulos con fondos de IVM. 

Del hecho relevante FC-29-2014 se extrae que el objetivo de la captación de recursos es la inversión en activos productivos de largo plazo como la remodelación del Autódromo La Guácima (Parque Viva), anfiteatro, un centro de exhibiciones y plazas al aire libre, áreas de acceso y recreación.

Otra parte indicó La Nación se dirigiría a la cancelación de pasivos de entidades públicas y privadas, considerados estratégicamente convenientes, así como para financiar requerimientos de capital para inversiones futuras. 

A la fecha, la CCSS habla de la tenencia de ¢2.950 millones en títulos de La Nación y sus subsidiarias, debido a que la otra parte del dinero invertido habría venido retornando a la institución a través de los vencimientos. 

Sería esta la única empresa no financiera en la que el IVM decidió invertir para ese periodo (2014), según los estados financieros. El resto de las inversiones en el sector privado las constituyeron en bancos y mutuales. 

DIARIO EXTRA dio a conocer que la Junta Directiva de la Caja pidió explicaciones recientemente a la Gerencia de Pensiones sobre la conveniencia de mantener dichas inversiones. 

Lo anterior obedece a que, según la CCSS, se ha dado una disminución de la calificación de riesgo de las mismas, pasando de “AAA” en el momento que se realizó por primera vez la oferta de mercado a “A” al día de hoy.

Indican que la Junta Directiva en el artículo 9º de la sesión No.8818, celebrada el 17 de diciembre de 2015, acordó la venta de los títulos valores de La Nación y subsidiarias, sin embargo por las condiciones de los precios de mercado y la poca demanda de estos ha sido imposible hacer efectivas dichas ventas.

CCSS: “TENÍA UNA CALIFICACIÓN AAA”

La Gerencia de Pensiones señaló a El Periódico del Pueblo que toda inversión que realiza el Fondo del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte se hace de conformidad con la normativa. Explicaron que las inversiones son avaladas y aprobadas por los comités y con el apoyo de los análisis y acuerdos de la junta de Riesgos. 

En este caso, aseguran se realizó un análisis financiero y un criterio de riesgo.

Sobre por qué invertir en La Nación, comentaron que el Mercado de Valores Costarricense es muy incipiente y poco desarrollado en la oferta privada de títulos valores, lo cual ha sido característico aún más en los últimos años.

“De la poca oferta pública siempre se han realizado los estudios respectivos para determinar la viabilidad técnica y legal de invertir o no, donde en su mayoría no cumple ni financiera ni legal”, recalcaron. 

Aducen que el IVM ha contado en su momento con inversiones en títulos valores de empresas como Atlas y Durmán Esquivel, además de las ya mencionadas de bancos privados. 

No obstante, acotan que la oferta de empresas privadas no financieras de calificación AAA, desde el 2015, es prácticamente nula y no se han realizado inversiones nuevas. 

DIPUTADO CUESTIONA 

El diputado Dragos Dolanescu manifestó a El Periódico de Más Venta en Costa Rica que pediría explicaciones a la CCSS sobre la inversión en títulos de La Nación y sus subsidiarias.

“Coincide sospechosamente que tanto la inversión por parte del Grupo Nación en el Parque Viva como el arreglo de pago para evitar ir a juicio por la evasión con las rotativas se dan poco después de que la Caja Costarricense de Seguro Social utilizara dinero de los fondos de pensiones para comprar bonos de La Nación”, expresó el legislador. 

Las declaraciones del parlamentario hacen referencia a que para el momento de la emisión del 4 de abril de 2014, trascendía en la prensa, que el Juzgado Penal del II Circuito Judicial había fijado fecha para la audiencia preliminar en el caso de La Nación por presunta defraudación fiscal en la venta de dos rotativas. 

Finalmente, la empresa llegaría a una conciliación con el Estado por ¢2.277 millones en noviembre de ese año. 

Dolanescu agregó que “se ve muy feo cómo una empresa se capitaliza con el dinero de las pensiones de todos los costarricenses y de inmediato paga deudas con Hacienda, suena como raro eso de pedir plata prestada al Estado para pagar deudas que se tiene también con el Estado, así es muy fácil para algunos hacerse millonarios a costilla del pueblo costarricense y aprovecharse de sus influencias para no afectar sus finanzas personales”.

VALORAN LLEVAR CASO AL MINISTERIO PÚBLICO

El secretario general de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, dijo que están pensando llevar el caso incluso hasta el Ministerio Público. 

“Desde el punto de vista que los dineros de los trabajadores que tanto sacrificio les cuesta ganarlo y que vayan a apuntalar a negocios abiertamente lucrativos para reducidos grupos económicos que ya acumulan demasiado dinero es un acto censurable”, comentó. 

La ANEP está pidiendo a la CCSS que separe al Comité de Inversiones y dé una explicación sobre la compra de dichos títulos. “Parecen ser más de ¢4 mil millones, no descartamos enviarlo al Ministerio Publico porque no es la primera vez que se presentan cosas como esta en la inversión de fondos del IVM”, finalizó.

• Dragos Dolanescu

Diputado

“Coincide sospechosamente que tanto la inversión por parte del Grupo Nación en el Parque Viva como el arreglo de pago para evitar ir a juicio por la evasión con las rotativas se dan poco después de que la Caja Costarricense de Seguro Social utilizara dinero de los fondos de pensiones para comprar bonos de La Nación”.

• Albino Vargas

Secretario ANEP

“La ANEP está pidiendo a la CCSS que separe al Comité de Inversiones y dé una explicación sobre la compra de dichos títulos. Parecen ser más de ¢4 mil millones”.

Sindicato denuncia tráfico de influencias en AyA

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NOTA: Diario Extra

Un nombramiento hecho en 13 días a una funcionaria que no contaba con los requisitos del puesto es la nueva polémica que involucra al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Según el sindicato ANEP-AyA, ocurrió un posible tráfico de influencias con la designación de Kattia Sánchez Sánchez, quien habría laborado para el ahora gerente institucional, Manuel Salas Pereira, en la empresa INNO Inmobiliaria.

“Los errores se están cometiendo en la Gerencia General y aquí lo que vemos es un posible tráfico de influencia, no es común que a una persona se le nombre en 13 días e inclusive se sigue presentando la alteración de requisitos”, menciona Edwin Marín, de la seccional ANEP-AyA.

Sánchez habría presentado su oferta de servicios el 22 de mayo de 2019 ante el Instituto, luego el 5 de junio de ese mismo año el gerente general solicitó a la directora de Capital Humano, Yolanda Salas, que se nombrara a la funcionaria de manera interina en un puesto de ejecutivo especialista.

“Se habla de temas de interés institucional y no se justifica cuál es ese interés, y esto se suma a los procesos de contratación irregulares que se reportaron por la auditoria”, dijo Marín.

La solicitud de la designación interna queda en evidencia en el memorando GG-2019-01709 del 5 de junio de 2019, 13 días después de que Sánchez presentara la oferta de servicios.

FUNCIONES

Las funciones que le fueron asignadas a Sánchez en el puesto están relacionadas a la gestión de proyectos, supervisión de cumplimiento de requisitos, brindar capacitaciones y ser coordinadora de la comunicación entre líderes.

También se le designó proponer cambios en políticas y reglamentos internos para mayor efectividad de la organización funcional y hacer informes para entidades externos, con respecto a la ejecución de presupuestos.

Siete días después, el 12 de junio y mediante el oficio GG-2019-01786, el subgerente general del AyA, Annette Henchoz, le comunicó a la directora de Capital Humano, Yolanda Salas, que se aprobaba el nombramiento interino, haciendo una excepción a la regla.

“En adición al memorando GG-2019-0179, en concordancia con la justificación aportada para el nombramiento interino de la Ing. Kattia Sánchez Sánchez, se autoriza a realizar dicho nombramiento, haciendo una excepción de lo establecido en la Directriz No. GG-2017-02945 en cuanto al tema de subutilización del puesto”, menciona el escrito dirigido por Henchoz.

Ante esto, el sindicato considera que la forma de actuar de la Gerencia es criticable.

“¿A quién se le da una plaza subutilizada, por qué hacer una excepción a una directriz? Se pierde la confianza en la Gerencia General y la junta directiva no está haciendo nada. Inclusive a la fecha no sabemos si se tomaron medidas con respecto a los auditorajes con los procesos poco transparentes”, menciona Marín.

MEJORA DE PUESTO

Tan solo tres meses después de que fuese nombrada en el puesto, el propio gerente general le solicita a la Dirección de Capital Humano que se traslade a Kattia Sánchez a otro puesto “con cargo de ejecutivo experto a partir del 01 de octubre del 2019, hasta el 31 de diciembre de 2019”, se lee en el documento.

El sindicato critica que se haya hecho una excepción a la directriz que limita subutilizar plazas y además aduce que se siente desconfianza con respecto a las decisiones que emiten quienes dirigen la entidad.

DIRECTRIZ

Precisamente, el 12 de diciembre de 2017 el gerente Manuel Salas emitió la directriz GG-2019-00285, titulada “Nombramientos y Movimientos de Personal”, documento dirigido a las jefaturas.

“Es preciso aclarar sobre el tema de subutilización de plazas que para las nuevas contrataciones en puestos catalogadas de servicios especiales y de cargos fijos, no se permitirá contratar nuevo personal subutilizando las plazas”, expresa la orden.

Y agrega que “los postulantes deberán cumplir al 100% los requisitos exigidos en los manuales institucionales para ocupar las plazas disponibles vacantes, lo anterior con el fin de dar el mejor aprovechamiento y con ello la mejor ejecución presupuestaria”.

El texto también menciona que solo podrá haber una subutilización de una plaza cuando haya escasez de personal y debe estar debidamente justificada.

“Eso se está manejando dentro de la misma red de cuido de la junta directiva, Annette Henchoz fue nombrada por este gobierno y se apresta para hacer excepciones, entonces para qué se emiten directrices si no se van a cumplir”, comentó Marín.

Inclusive, el gerente rectifica lo mencionado por la directriz el 5 de febrero de 2019 con la resolución GG-2019-00285.

“Se mantienen las disposiciones emitidas en la directriz No. GG-2017-02945, de fecha 12/12/17, relativas al tema de la subutilización de plazas para las nuevas contrataciones en puestos catalogados de servicios especiales y de cargos fijos”, dice el documento.

GERENTE 

El gerente Manuel Salas critica las denuncias que últimamente han circulado en diversos medios de comunicación en una carta que dirigió a los funcionarios de la entidad el pasado 19 de agosto.

“Grupos privados y políticos, perfectamente coordinados en el mensaje, repiten y se apoyan mutuamente con pretendidas denuncias, exageraciones, distorsiones, verdades a medias y llanas mentiras”, reza el escrito.

“Su táctica consiste seleccionar aquellos temas que son más fácilmente susceptibles de enfocar negativamente en la opinión pública y darles una connotación de corrupción e incompetencia”, añade la carta.

También, Salas se refiere a las opiniones que tienen diversos sectores cuando se denuncian actos de corrupción y salen a la luz pública.

“No son más que opiniones fundamentadas en titulares, notas livianas de prensa, filtraciones incompletas de información interna y febriles teorías de conspiración, que nunca le dan el espacio debido a las muchísimas explicaciones serias que ha dado la institución. Luego, por supuesto sirven para un refrito, cuando carecen de material nuevo. Nada de esto es casualidad”, agrega.

Al respecto, la seccional ANEP considera sentir preocupación, ya que si se debilita demasiado la entidad podría haber un riesgo o intención de querer privatizarla.

“Hay una pérdida de confianza y sentimos que no hay transparencia, nosotros estamos informando y diciendo a la población lo que sucede a lo interno y encontrarle la solución al problema”, expresó el presidente del sindicato.

Salas también justifica la inversión de $45 millones en la modernización de la plataforma tecnológica de la institución que forma parte de los temas por los cuales deberán comparecer los miembros de la junta directiva ante los diputados.

“Sin duda es uno de los ataques más infundados, acríticos e incoherentes que potencialmente podrían dañar de forma grave al AyA, si lograran su objetivo. Algunos lo han llevado a la prensa, que se caracteriza por su sensacionalismo”, relata la carta.

El comunicado dirigido a los trabajadores menciona que de manera paulatina irán explicando los temas por los cuales se cuestiona a la administración de Acueductos y Alcantarillados.

Edwin Marín

Seccional ANEP-AYA

“La situación en AyA es algo crítico, aquí se ha generado un fenómeno sociopolítico como nunca antes desde su creación se ha visto, es preocupante cómo hay tanto despilfarro, discriminación, falta de transparencia. Parece que quieren debilitar la institución para someterla a una posible privatización, esto va a terminar en una intervención administrativa del AyA, y estos hechos hacen que se ponga en juego la estabilidad del personal”.

MSP debe pagar diferencia salarial a policía

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Sin acudir a la vía judicial se logró que el Ministerio de Seguridad Pública ordenara pagar las diferencias salariales a un policía que cubrió por aproximadamente un año un rango más alto al del sueldo que recibía.

Este policía quien prefirió el anonimato, comentó que fue inició funciones como agente 1 en el 2011 y sus labores se desarrollaban en la parte preventiva. Para el 2016 fue nombrado como Agente 2, pero seguía recibiendo el salario del antiguo cargo.

Ante la duda que le embargaba decidió buscar la asesoría del departamento jurídico de la ANEP, donde su caso fue tomado por parte de David Estrada, quien inició con todo el proceso

El defensor indicó que la prioridad era que el uniformado pudiera recibir bien su salario y que todo se diera conforme a ley.

Por lo que se presentó un recurso administrativo donde se evidenciaba la diferencia en sus pagos.

El recurso fue estudiado por parte de Michael Soto, Ministro de Seguridad, quien ordenó que se organizara el tema a nivel interno y que se le cancelara al oficial lo que correspondía.

Lamentablemente de parte de la institución no se ha pagado la totalidad del dinero, puesto que aducen que se cancelará el monto a partir de que el policía presentó y demostró que cumplía con todos los atestados para tomar el cargo.

A pesar de esto por parte de Estrada se alabó la solución rápida que obtuvo el oficial y que se evitó por parte del Ministerio llevar el caso hasta los estrados judiciales.

“Es importante recalcar que en este caso se logra hacer justicia a la persona trabajadora sin necesidad de acudir a un juicio, sino que ha sido mediante el agotamiento de la vìa administrativa que se ha logrado que la persona reciba una remuneración justa por la labor desempeñada. 

También cabe señalar que el Ministerio de Seguridad Pública parece haber acogido una tesis jurisprudencial bastante nueva, como que para conceder el pago de diferencias salariales la persona trabajadora debe acreditar que cumple con los requisitos académicos y profesionales para desempeñarse en el puesto. Una postura que ha sido objeto de crítica últimamente por parte de los sectores pro-trabajador como la ANEP.», señaló.

Por parte de la defensa no se descarta que se interponga otro recurso para que el policía tenga que recibir la totalidad del dinero y no una parte.

Funcionarios municipales de Sarchí reciben reajuste salarial

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  • Salarios se encontraban por debajo de lo indicado por ley
  • Municipalidad actualizó manual de puestos para bases salariales

Luego de luchar por aproximadamente tres años y medio, los funcionarios de la Municipalidad de Sarchí recibirán un reajuste salarial. El acuerdo entre las partes se firmó el viernes 21 de agosto entre la alcaldía y trabajadores.

Precisamente este lunes, 24 de agosto quedó ratificado en el concejo municipal el convenio simple, lo que trae consigo la actualización del manual de puestos para las bases salariales.  ANEP fue uno de los actores principales durante el proceso.

Entre lo acordado por las partes se definió que el reajuste se haga de forma escalonada, debido a las afectaciones económicas que ha generado la emergencia sanitaria.

Albán Loría Presidente de la ANEP – Municipalidad Sarchí manifestó, “Con esta nueva negociación hemos logrado que se llegue al menos a lo que establece la ley, luego de un arduo proceso que contó con la garantía del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.

También, expresó estar muy esperanzado por el acuerdo logrado, ¨este resultado nos permitirá realizar nuestro trabajo de la mejor manera. Además, da orden en la parte legal, presupuestaria y administrativa, trayendo un beneficio para los trabajadores”, indicó.

Por último, hizo el llamado a todos los compañeros de la función pública para que día a día se brinde un mejor servicio y se enriquezca la función de servir con calidad para todos los usuarios.

Albán Loría, Presidente ANEP Municipalidad de Sarchí explica los acuerdos

Denunciar corrupción no traduce hostigamiento laboral

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Luego de un largo proceso que se extendió por más de 5 años, los afiliados de la ANEP, Carlos Moreno y Ronald Fuentes, oficiales de la policía municipal de Escazú quedaron absueltos de una denuncia por hostigamiento laboral.

Los hechos iniciaron cuando ambos dirigentes sindicales recopilaron información y denunciaron una serie de actos irregulares por parte de una funcionaria de la misma institución de apellidos Alfaro Vega.

Alfaro al darse cuenta, tomó represalias en contra de los policías, por lo que acudió a la vía judicial denunciándolos por Hostigamiento laboral.

Luego de que ambas partes presentaran sus argumentos, la Sala Segunda dio la razón a los uniformados Moreno y Fuentes, donde descartaron algún tipo de acoso laboral dirigido a Alfaro Vega.

Dentro de los respondido se indicó por parte de la Sala de que el ejercicio de un derecho, aunque incomode, no constituye acoso laboral.

David Estrada, representante legal de los oficiales, mencionó que este tipo de fallos hace que la democracia gane y que la libertad sindical pueda ser garantizada.

Además, añadió “considero que éste caso explora una línea jurisprudencial beneficiosa para éste sindicato y sus dirigentes, pues se respalda el trabajo que éstos hacen en la investigación y denuncia de irregularidades en la Administración Pública, y que dicha labor no debe considerarse como manifestaciones de hostigamiento laboral, sino por el contrario, como un reflejo del Estado Social de Derecho en que vivimos, donde prevalece la justicia, la transparencia y la democracia”.

Membresía a OCDE costará ¢2.165 millones por año

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  • Gasto presupuestario de Comex crece 43% para el 2021

Nota: Diario Extra

En plena crisis fiscal Costa Rica se dará el lujo de destinar ¢2.165 millones para el pago de la membresía a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Así se desprende del proyecto de presupuesto para este 2021 del Ministerio de Comercio Exterior. Debido a ello, los gastos para esta cartera crecen en un 43,1%.

Sin embargo, el Ministerio de Comercio Exterior aduce que la membresía es de sólo ¢1.400 millones por año. El incremento del monto para 2021 obedece a un gasto extra de ¢749 millones requeridos por ser el primer año de ingreso.

Se habla de que esta es la cuota “post adhesión”. El ministro a.i, Duayner Salas, indicó que para el 2021 el monto es más elevado por gastos extras derivados del proceso de adhesión.  

De la exposición de motivos se desprende que todo gobierno debe estar preparado para asumir las obligaciones de la membresía para adherirse a la convención. Esto forma parte de la declaración general de aceptación. 

Según Comex, resulta fundamental asignar los recursos necesarios para cubrir estos gastos. Ahora, su aprobación queda en manos de los diputados como parte del análisis del presupuesto para el próximo año. 

El Ministerio había explicado que el monto de esta contribución es establecido con base en el PIB (Producto Interno Bruto) de cada nación. La OCDE se financia con las contribuciones de sus miembros. 

El pasado 15 de mayo de 2020, el país recibió la invitación formal del consejo de la organización para convertirse en el miembro número 38 de la organización y suscribir la convención.  

Esto luego de cinco años de iniciado el proceso de adhesión, y de que los 22 comités emitieron su opinión formal. 

Recientemente el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, señaló que el convenio de adhesión a la OCDE sería remitido a la Asamblea Legislativa a más tardar este viernes.

Otro tema pendiente es quién será el representante de Costa Rica ante ese organismo. Según Prieto, esto quedó claro desde que Dyala Jiménez, era ministra de Comercio Exterior. 

Sin embargo, uno de los motivos de la salida de la jerarca fue que al parecer había interés del gobierno de que fuera de Cancillería quien ocupara ese lugar, algo con lo que Jiménez, dijo no estar de acuerdo. Posteriormente, Presidencia diría que eso no era así. 

Una vez que se firme el protocolo de adhesión, el país tendrá que nombrar a un embajador. 

“UN POBRE EN EL
INDOOR CLUB”

La OCDE es una organización internacional, cuya misión es diseñar políticas para una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, es decisión de cada país si implementa sus recomendaciones.

Para Rafael Mora, encargado de Asuntos Políticos de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), resulta una contradicción que se diga que no habrá aumento salarial para los empleados públicos el próximo año y se vayan a pagar millones por estar en este organismo.  

“Es condenable que en plena crisis como está este país estar pagando a organismos internacionales. El pueblo lo siente como una burla, mientras que los trabajadores les congelan el salario o se le reduce la jornada laboral, se ponen a pagar dinero en afiliaciones en organismos internacionales”, comentó. 

Mora dijo que además de la membresía hay que tomar en cuenta que este ingreso se convertirá en viajes aquí y allá y el pago de un jugoso salario para quien sea el embajador.  

“Nos condenan a una situación de congelamiento salarial injusto e inaceptable, pero tienen para andar pagando estas membresías, entonces uno ve que las medidas son contra la clase trabajadora. Es imposible que Costa Rica haya cumplido en transparencia fiscal, aquí lo que hay es una mafia y seguro le hicieron el favor para el ingreso. Esto de la OCDE es como un pobre en el Indoor Club”, añadió. 

Lenin Hernández, secretario del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae), manifestó que esto demuestra que el país se está equivocando nuevamente en la ruta económica. 

“Ahí es donde decimos que se destinan los dineros de forma equivocada con la OCDE, asesorías y gastos superfluos que solo traen más pobreza y desigualdad. Si uno se pone a analizar el contexto mundial ¿Qué se ganan con estar en la OCDE?, yo diría que nada, más bien los países bajo la perspectiva de la autonomía y la pandemia están asumiendo el manejo de su economía. La respuesta la tiene cada país de acuerdo a su desarrollo cultural, cada país es distinto. La solución no está en estos organismos”, recalcó.

RUMBO EQUIVOCADO

•Rafael Mora

ANEP

“Es condenable que en plena crisis como en la que está este país, estar pagando a organismos internacionales. El pueblo lo siente como una burla, mientras que los trabajadores les congelan el salario pagan estas millonadas”.

•Lenin Hernández

Sinae

“Ahí es donde decimos que se destinan los dineros de forma equivocada con la OCDE, asesorías y gastos superfluos que solo traen más pobreza y desigualdad”.

ANEP denuncia despidos arbitrarios en Comité Cantonal de Deportes de San José

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•             Próximos despidos se realizarán en la municipalidad capitalina, se estima que 300 personas serán cesadas de su puesto

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunció la mañana de este lunes 24 de agosto de 2020, el despido de un total de 41 funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José, quienes fueron cesados de su puesto de la noche a la mañana por parte de la municipalidad josefina.

Debido a esta situación, los afectados en compañía de los representantes sindicales se hicieron presentes en la alcaldía municipal este lunes, para manifestarse por la manera arbitraria en la que fueron cesados de sus funciones.

Los trabajadores despedidos se manifestaron afuera de la Municipalidad.

Este es el primer despido masivo que se da en el sector público, por motivo de la afectación económica que ha generado la pandemia del Covid-19, pero llamó atención de los agremiados que ningún cargo administrativo está dentro de las personas cesadas, solamente la parte operativa.

Jonathan Jiménez, quien contaba con 18 años de laborar en el comité manifestó que todo se dio en un abrir y cerrar de ojos, ¨nos pusieron un mensaje que nos pedía apersonarnos a oficinas centrales. Al llegar había policías municipales, fuerza pública y simplemente nos entregaron la carta de despido automático. No nos dejaron sacar nada, ni las pertenencias propias, todo fue muy atropellado¨, recalcó.

En total fueron 41 personas cesadas de su puesto.

En cuanto a la parte legal, se irrespetaron varios puntos, según el análisis de Rafael Mora, encargado de la unidad jurídica de la ANEP. ¨Se violaron aspectos estructurales de leyes y normativas. En cualquier caso, de despidos masivos se debe conversar con los representantes de los trabajadores y en este caso no hubo contacto alguno, solo llegaron y les entregaron las cartas de despido¨, enfatizó.

Se avecinan más despidos

Diversas informaciones que han llegado a la ANEP, por parte de trabajadores del municipio josefino afiliados a nuestra organización, indican que la Municipalidad de San José estaría preparando el despido de al menos 300 trabajadores. Lo que ha generado una incertidumbre laboral interna.

Sentencia acuerpa a dirigentes sindicales que denuncien irregularidades de funcionarios públicos

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Un fallo de los Tribunales de la Sala Segunda, apoya a dos dirigentes sindicales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y funcionarios de la Municipalidad de Escazú quienes denunciaron comportamientos irregulares de otra funcionaria municipal.

La sentencia acuerpa a los dos funcionarios Carlos Moreno y Ronald Fuentes, quienes en su condición de dirigentes sindicales comenzaron a investigar y denunciar el aparente comportamiento irregular de otra funcionaria municipal de apellido Alfaro.

Ante las denuncias, Alfaro por su parte tomó represalias contra los dirigentes sindicales y los demandó en vía judicial por un supuesto hostigamiento laboral en su contra.

La Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, a través del Lic. David Estrada asumió la representación judicial de Moreno y Fuentes en dicha demanda de hostigamiento.

Las sentencias de primera instancia y de la Sala Segunda dieron la razón a los dirigentes sindicales Moreno y Fuentes, de que nunca existió acoso laboral en contra de Alfaro. Por el contrario, acogieron la tesis de que “el ejercicio de un derecho, aunque incomode, no constituye acoso laboral”.

“Considero que este caso explora una línea jurisprudencial beneficiosa para nuestra organización sindical y sus dirigentes, pues se respalda el trabajo que hacen en la investigación y denuncia de irregularidades en la administración pública. La labor no debe considerarse como manifestaciones de hostigamiento laboral, sino por el contrario, como un reflejo del Estado Social de Derecho en que vivimos donde debe prevalecer la justicia, la transparencia y la democracia”, comentó David Estrada, abogado de ANEP.

Para el abogado, la sentencia es un precedente ya que el trabajo de los dirigentes sindicales requiere muchas veces de denuncias sobre irregularidades y corrupción; lo cual lo genera represalias en contra de los trabajadores por lo que es bueno conocer que nuestros dirigentes no podrán ser acusados de hostigadores por las personas denunciada.