Categoría: Incidencia

ANEP apoya proyecto de ley N20.861 contra intereses de usura

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La Asociación Nacional de Empledos Públicos y Privados (ANEP) se reunió con el diputado David Hubert Gourzong Cerdas para mostrar el respaldo al proyecto de ley contra los intereses de usura.

No más intereses de usura, 6.57 puntos del PIB se le saca al año a la gente

–Esto representa 2 billones 300 mil millones de colones

Los intereses de usura que se cobran en tarjetas de crédito, en la compra de electrodomésticos, en intereses de préstamos bancarios, créditos personales, casas de empeño y similares, representan uno de los más fuertes desencadenantes del proceso de desigualdad que sufre la sociedad costarricense.

Intereses de usura
TiempoMonto
Por minuto4 millones 436 mil colones
Por hora266 millones 203 mil colones
Por día6 mil 389 millones de colones
Cada mes191 mil 667 millones de colones
Por año2 billones 300 mil millones de colones

El insistente reclamo obrero por una fuerte regulación en tal sentido, es una consigna sindical muy vehemente levantada hace bastante tiempo; al punto de que fue un emplazamiento directo de nuestra parte, con ocasión de la pasada campaña electoral presidencial, a los dos candidatos presidenciales (Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado), quienes afirmaron, en ese entonces, estar de acuerdo en proceder al respecto.

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como en el seno del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA vemos con buenos ojos que se esté anunciando la tramitación parlamentaria del expediente legislativo No. 20.561.

Según datos en manos de los diputados promotores de esta iniciativa, el interés promedio en los almacenes que venden a crédito electrodomésticos, es del 60 % y este tipo de consorcios megaempresariales, altamente concentrados en cuanto a su propiedad, se estarían ganando unos 883 mil millones de colones anuales en este tipo de intereses de usura; es decir, 2.52 puntos PIB. ¡Ganancias extraordinariamente abusivas! Nos preguntamos: ¿y cómo han sido sus declaraciones de impuestos?

La corriente sindical que representamos someterá a un exhaustivo análisis esta relevante iniciativa, de forma tal que la misma no represente “un alegrón de burro”, pues como dice el sabio refrán popular, “el diablo está en los detalles”.

Es más que evidente la naturaleza del poderío económico de estas entidades acreedoras bancarias y de los grandes consorcios empresariales detrás del negocio de los créditos a la gente.

Por tanto, se hace más que necesario que las entidades sindicales y civiles, le sigan la pista a la tramitación de esta iniciativa de ley, prácticamente, a diario, sin dejar de pronunciarse apoyando que este proyecto sea ley lo más rápidamente posible.

Tribunal Contencioso declara inadmisible denuncia contra Guardaparques por decomiso de madera ilegal

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-Unidad Asesoría Jurídica de la ANEP asumió la defensa de los Guardaparques

El Tribunal Contencioso Administrativo dejó sin lugar la denuncia que se interpuso contra cuatro Guardaparques y el Estado, la cual buscaba pedido de daños y perjuicios consistentes en suma de dinero por el decomiso de madera, que en apariencia habría sido talada de forma ilegal en las inmediaciones del Área de Conservación Tempisque.

Los hechos se remontan al año 2007, cuando los guarda parques realizaron una inspección de rutina en la finca de un sujeto de apellidos Zúñiga Morales, quien habría solicitado el permiso para la tala de algunos árboles. Al realizar la inspección los guarda parques se percataron de que se había cortado un árbol de más a lo permitido por el Área de Conservación Tempisque, por lo que dispusieron realizar el decomiso de toda la madera.

Según indica el expediente N13-007631-1027-CA , Posterior al decomiso los guarda parques, siguiendo el procedimiento y lo estipulado por la ley interpusieron la denuncia ante la fiscalía de Nicoya, dejando a la orden de esta la madera decomisada. Ésta última nunca fue puesta en custodia ni trasladada por la Fiscalía, permaneciendo en el Área de Conservación Tempisque.

Posteriormente el caso contra Zúñiga Morales prescribió en junio del 2012, por lo que no se pudo comprobar la culpabilidad del denunciado, quien por consiguiente demando a los Guardaparques aduciendo “que le causaron daños y perjuicios con su actuación administrativa ilegal y negligente al decomisarle la madera arbitrariamente y haberla mantenido bajo su custodia en total estado de abandono por espacio de cuatro años, lo que ocasionó que la misma se destruyera en su totalidad”.     

Sin embargo, para el Tribunal Contencioso Administrativo los guarda parques actuaron “conforme lo indica el artículo 54 de la Ley Forestal, los funcionarios denunciantes y aquí demandados, cumpliendo su deber legal, procediendo a emitir el “informe de policial” correspondiente, sea la denuncia y en ésta dejaron a la orden de la Fiscalía de Nicoya la madera decomisada, por lo que, a criterio de este Tribunal, una vez trasladado el asunto a la jurisdicción penal, en este caso a la Fiscalía de Nicoya, los bienes decomisados, quedaron precisamente a la orden de aquella autoridad, quien debía, como corresponde, a partir de ese momento tomar las disposiciones que fueran pertinentes respecto de los bienes decomisados”.   

Ante este escenario, el Tribunal Contencioso Administrativo acogió la Falta de Legitimación Pasiva, declarando inadmisible la demanda de Zúñiga Morales contra las Guardaparques.

El caso fue llevado por la abogada Rosa Rivera Bejarano, integrante de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP.             

UCCAEP atiza la hoguera de la polarización

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–Culpar a las huelgas del desastre económico en desarrollo es presión indebida e insana contra la sala Constitucional.

–UCCAEP está co-gobernando y es co-partícipe del deterioro del clima de negocios y de que no haya reactivación económica

De manera enfática, con total vehemencia, rechazamos por falaz, por manipuladora y por infame la perversa afirmación formulada por el más connotado sindicato patronal del país, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), en cuanto a que las huelgas sean las culpables de una presunta pérdida de confianza del clima de negocios en país y de que habría, por tanto, “cierre” de empresas.

Tal afirmación no se sostiene pues la UCCAEP es co-partícipe de la gestión política fundamental que ejerce el gobierno de Carlos Alvarado Quesada; y, además, como nunca antes había sucedido en los últimos tiempos, tiene una amplia mayoría parlamentaria que atiende, con prontitud, sus directrices.

La carencia de una fuerte, consistente, integral e integradora política de reactivación económica pasa, directamente, por la voluntad de la UCCAEP; en cuyas filas milita mucho del alto corporativismo            empresarial beneficiado con jugosas amnistías tributarias, precisamente otorgadas en favor de sus socios, dada su alta incidencia en la política pública del actual momento histórico del país.

UCCAEP es uno de los principales impulsores políticos de la ya fracasada legislación del combo fiscal, Ley 9635, mal llamada de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual ha dejado cientos y cientos de micro-pequeños y medianos empresarios en la ruina y ha generado, según decir de ellos mismos, unos 30 mil empleos perdidos en el comercio. Sería sano para el país y para la Democracia, una autocrítica de UCCAEP al respecto.

UCCAEP está atizando la hoguera de la confrontación, lo cual incrementa la ya alta polarización en desarrollo, de la cual no puede eludir su responsabilidad directa.

UCCAEP ha estado cohonestando, apoyando explícitamente, la perversa campaña mediática del periodismo de odio desplegada en los últimos tiempos contra miles de familias trabajadoras asalariadas del sector Público; sumándose a la más grande operación de guerra psicológica y de terrorismo ideológico jamás desplegada contra el mundo obrero costarricense.

UCCAEP, con ese insano criterio, además, está ejerciendo presiones indebidas contra la alta magistratura constitucional del país, la cual tiene en estudio si será constitucional o no, la legislación aprobada en primer debate (Expediente Legislativo No. 21.049, popularmente conocida como “ley mordaza”), que eliminaría el Derecho Constitucional de Huelga en Costa Rica, produciéndole un daño serio a la imagen internacional del país en materia de Derechos Humanos, amén de generar una involución- retroceso de 70 años en el desarrollo del derecho laboral costarricense.

Es el Diálogo Social realmente transparente, sustanciosamente efectivo y políticamente integral lo que el país necesita en estos momentos para que tengamos paz; paz que no merece seguirse alterando con pronunciamientos de odio y con gestiones de exterminio contra el que piensa diferente.

San José, jueves 19 de setiembre de 2019.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Juicio contra Autopistas del Sol y el Estado para anular concesión de Ruta 27 inicia este 23 de enero

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-Demanda fue interpuesta en el 2012 por vecinos y dos asociaciones

Luego de ocho largos años de espera, el próximo 23 de enero a las 9:00 a.m. vecinos de Ciudad Colón y Santa Ana, junto a la Asociación Rescate de Valores Patrióticos y la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas), iniciarán el juicio contra el Estado y la empresa Autopistas del Sol, en busca de anular la concesión de la Ruta 27 (San José – Caldera).

La denuncia interpuesta desde el 26 de junio del 2012, se tramita en el Tribunal Contencioso Administrativo bajo el expediente 12-003415-1027-CA, y figuran como demandados el Estado, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), la Contraloría General de la República (CGR), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), así como la concesionaria Autopistas del Sol.

Roxiris Vargas, vecina de Santa Ana e integrante de la Asociación Rescate de Valores Patrióticos, se mostró muy esperanzada de que este proceso por fin llegue a su etapa final. 

“Al fin después de ocho años podremos conocer el desenlace de esta lucha, y de una concesión que fue concebida desde un principio con una serie de irregularidades.   El Estado ha fallado con la fiscalización de esta obra y ha sido muy complaciente con la concesionaria, afectando al pueblo costarricense”, manifestó Vargas. 

Cuestionamientos y fallas

Dentro de los principales cuestionamientos que realizan los demandantes se encuentran la inseguridad que representa para los usuarios la ruta en general, el cobro de tarifas onerosas a base de convenios y adendas, lo que ha provocado, según estos el aumento de los costos que se le debe de reconocer a la concesionaria.

“Desde su génesis nunca se debió otorgar esta concesión, ya que el concesionario inicial Cartellone-Acosol no cumplía los requisitos, nunca debió traspasarse la concesión a Autopistas del Sol sin haber iniciado las obras. A esto se une que las tasas de descuento se incrementaron beneficiando a la concesionaria. De seguir con esta metodología el país terminará pagando más de 1.500 millones de dólares”, indicó Bernal Gamboa Mora, representante legal de los demandantes.

En el tema tarifario, critican que la Aresep no ha realizado una valoración adecuada para que la tarifa sea al costo, si no que la incrementaron un 30% “para que fuera atractiva a los inversionistas y esto creemos que también es ilegal”.

Con respecto a las obras desarrolladas en lo largo de la Ruta 27, aseguran que la carretera no cumple con el parámetro en la calidad del asfalto, ya que inicialmente el segmento Ciudad Colón-Orotina se construiría con concreto hidráulico, pero se colocó concreto asfáltico. Situaciones similares se presentan con otras obras, como con los taludes que van desde el kilómetro 30 al 46, que no se construyeron en terrazas como estaba contemplado en el inicio de la obra.

Declaraciones de Bernal Gamboa

“Existen obras como el paso peatonal de Fórum que se eliminó del primer balance económico y se incorporó en el segundo balance, pero al doble de precio. Además, obras pendientes como los sistemas de pesaje automático, las áreas especiales de servicio, faltante de aceras, intercambios sin las especificaciones adecuadas, así como la reducción en los diámetros de las alcantarillas; provocando que la carretera se inunde en algunos tramos”, detalló Gamboa.

Para el representante legal y los demandantes es completamente “contradictorio o complicidad” de que, con estas fallas e incumplimientos por parte de la concesionaria, el Estado no accionará los mecanismos de sanción correspondientes, por lo que aportarán testigos expertos en temas de infraestructura vial para demostrar todas las falencias detectadas.

“Este juicio será bastante técnico por lo que aportaremos un ingeniero civil belga, dos funcionarios del Lanamme, así como al economista y quien fue el Gerente de Proyecto de la concesión, Stephan Brunner, este último para comprobar los fallos en el cálculo de tarifas”, manifestó Gamboa.

Petición de los demandantes

Ante esta serie de irregularidades solicitan al Tribunal Contencioso Administrativo, la imposición de las multas por los incumplimientos del concesionario en la construcción de las obras y mantenimiento.

Además, ante los graves incumplimientos, piden que los jueces valoren si amerita resolver (eliminar) la concesión. Adicionalmente si no se puede resolver la concesión, que se valore la nulidad de: los balances económicos (actualmente tres), adendas del contrato (actualmente cuatro) y el cartel de licitación.

Nuevo Ministro de Hacienda: continuará la vieja política fiscal que nos lleva al despeñadero

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La coalición político-ideológica y económico-mediática que gobierna, celebra. Los mercados están “tranquilos” pero el pueblo trabajador, ¡No!

El “manejo macroeconómico responsable” es el del estallido social chileno

Al ciudadano costarricense, “banco-mundializado”, Rodrigo Chaves Robles, le han encomendado hacerse cargo de la cartera de Hacienda, el ministerio de mayor relevancia en tiempos del ajuste estructural neoliberal.

 Se destaca que ha estado laborando para el Banco Mundial durante los últimos 27 años, resaltándose su papel en Indonesia, un país de casi 270 millones de habitantes, el 52 % de los cuales tiene que vivir con menos de 2 dólares diarios.

Su antecesora en el cargo, Rocío Aguilar Montoya, desde la perspectiva de los sectores populares, sociales y cívicos, salió por la puerta de atrás: varias veces violó la Constitución Política, quedando impune por ello. Algo de extrema gravedad, pero no para los mercados.

 Además, su ideológica macro-fiscalidad (con el aval de Carlos Alvarado Quesada), es la responsable de que miles de compatriotas se hayan empobrecido desde la entrada en vigencia del combo fiscal, impulsando el tránsito por la vía dolorosa de la confrontación social abierta al que parecen querer llevar al pueblo costarricense, insistiendo en políticas económicas fracasadas inspiradas en el neoliberalismo. Aunque ya tienen miedo y por eso buscan imponer la “ley mordaza”.

La coalición político-ideológica y económica-mediática que nos gobierna, celebra la designación de Rodrigo Chaves. Poco les duró el “llanto” por la salida abrupta de Rocío Aguilar. ¡Muerto el rey (o la reina), viva el rey! “Todo sigue en su lugar” (así decían en Chile, hasta hace poco).

Entendemos que Rocío Aguilar y Rodrigo Chaves son personas asociadas a la Academia de Centroamérica. De “casualidad”, el Presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero Brealey, ¡también lo es! ¡Todo queda entre familia! La familia ideológica del neoliberalismo cubiertas por ese techo académico. ¡El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nos tutelan directamente!

Chaves, según le “pidió” Carlos Alvarado Quesada, vendrá para mantener, como su tarea principal, la estabilidad de las finanzas públicas de Costa Rica (muy alicaídas, por cierto, pues su antecesora nos dejó con más deuda, con más pago de intereses y con más déficit).

Se pretende, según él, “mejorar la eficiencia y calidad del gasto”, para que haya una “prosperidad” en beneficio de toda la población. Eso sí, “con un manejo macroeconómico responsable”.

Cuál “manejo macroeconómico responsable”, con una evasión tributaria y elusión fiscal entre los 6 y los 8.5 puntos PIB

Cuál “manejo macroeconómico responsable”, con el perverso sistema de exenciones-exoneraciones de 6 puntos PIB

Cuál “manejo macroeconómico responsable”, con un cobro de intereses de la deuda pública rondando los 4 puntos PIB

Cuál “manejo macroeconómico responsable”, si ya no se tienen, al menos, 2.5 puntos PIB dejados de percibir en aduanas por esos TLC del falso libre comercio

Cuál “manejo macroeconómico responsable”, si las grandes corrupciones, con ropaje legal o sin él, representan hasta un 7 % PIB, según el International Control Strategy Report (Volume I: Drug and Chemical Control), emitido por el Bureau For International Narcotics And Law Eforcement Affairs, del Unidad States Departament Of State (marzo 2018).

 Cuál “manejo macroeconómico responsable”, si los dineros sucios del crimen organizado y del narcotráfico, circulando en nuestro país, podrían estar por encima de los 6 puntos PIB, según Central America Data/Global Financial Integrity, para 2014.

Básicamente, la preocupación de Rodrigo Chaves (como la fue la de Rocío Aguilar), es el “manejo macroeconómico responsable” que le interesa al sector bancario-financiero del país; ese mismo que tenía atesorado, a setiembre del 2018, casi 33 mil millones de dólares, según datos del propio BCCR.

Ese “manejo macroeconómico responsable” tiene a 1 de cada 4 costarricenses, en la pobreza; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene a un millón de personas en la informalidad; ese “manejo macroeconómico responsable”, tiene precarizados los salarios, reducido en su poder adquisitivo y con alto endeudamiento personal; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene en la quiebra a cientos y cientos de micro-pequeñas y medianas empresas; ese “manejo macroeconómico responsable”, tiene a casi toda la población agricultora del país en desesperante quiebra económica; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene un desempleo abierto de casi el 12 %, aunque ya supera el 20 % si le agregamos el desempleo encubierto.

Ese “manejo macroeconómico responsable” es el que generó el estallido social en Chile. Ese “manejo económico responsable” es que hace el neoliberalismo. La gente no come macroeconomía. ! ¡La plata no alcanza! ¡Nos conducen por ese tormentoso camino!

San José, jueves 31 de octubre de 2019.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

ANEP celebra y aplaude la rebeldía de Corte Plena que confronta a la Contraloría

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  • Combo fiscal-ley 9635 generó bruscas violaciones constitucionales
  • Presenciamos un conflicto de poderes de impredecibles consecuencias.
  • Municipalistas, en rebeldía también, saldrán a las calles próximamente

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebra y aplaude la decisión de Corte Plena del Poder Judicial de rebelarse contra la imperial orden de la Contraloría General de la República (CGR), de imponerle a este poder soberano y constitucional de la República, un mandato administrativo, extralimitándose groseramente en sus atribuciones, con relación a modificaciones salariales estructural del funcionariado judicial del país que ya estaba laborando antes de la entrada en vigencia de la ley 9635-combo fiscal, de tanto rechazo popular y ciudadano.

La CGR, cual gendarme-policía de la hegemonía ideológica-económica dominante, pone en peligro la estabilidad de la República y lanza una provocación de contenido inflamable de impredecibles consecuencias.

La indicada legislación, impuesta con triquiñuelas jurídicas y torciendo el procedimiento reglamentario del parlamento, hizo una derogatoria de facto de disposiciones medulares de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, saltándose las vías que la misma estableció para reformas constitucionales. Estamos encarando ya las graves consecuencias de ello.

La rebeldía de Corte Plena se suma a otras rebeldías institucionales ya en curso, como las de las universidades públicas y la de las municipalidades; agobiadas ya éstas por la presión fiscalista del Ministerio de Hacienda que atrofia el desarrollo de las comunidades del país al imponer de topes de crecimiento a sus presupuestos, irracionales y abusivos.

Precisamente, en el caso de las municipalidades, la rebeldía institucional se materializará en las calles en fecha próxima, según lo tiene previsto la ANEP.

Irresponsables e ideologizados legisladores como Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Pedro Muñoz Fonseca, Víctor Morales Mora y Yorleny León Marchena, al servicio del ya más que evidente fracasado modelo neoliberal, deben ser señalados con el dedo acusador ciudadano por impulsar una legislación altamente confrontativa en varios planos, como el de la calle (que no está ni agotado ni acabado), y como el institucional, tal y como lo estamos presenciando.

La Constitución Política fue quebrantada por la misma Asamblea Legislativa  y su mayoría mecánica de signo neoliberal que opera bajo el dictado del gran “empresauriado” del país, tal y como lo denunció (valientemente, hay que reconocerlo), una señora diputada de la bancada del propio oficialismo.

 Tenemos un altísimo grado de optimismo en cuanto a que el retorno del equilibrio en la sociedad costarricense, tendrá un fuerte contenido de reacción social y popular de enorme expresión cívico-callejera.

Seccional ANEP-PPME compareció ante Comisión de Seguridad y Narcotráfico

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La seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), compareció ante la Comisión Permanente  de  Seguridad  y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de que se apruebe y se envié al plenario legislativo el expediente Nº20.323, el cual busca dotar de un 5% de recursos provenientes del impuesto a personas jurídicas a la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

La comparecencia de la Seccional estuvo liderada por su presidente Gerardo Mora Ordóñez, en compañía de la directiva Johana Fernández Sequeira  y el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes quienes brindaron sus argumentos que justifican la solicitud de inyectarle recursos económicos a la PPME, y que estos  sean utilizados en la contratación de nuevo personal policial.

Declaraciones Gerardo Mora Ordóñez, Seccional ANEP-PPME

Actualmente la Policía Profesional de Migración y Extranjería cuenta con 510 funcionarios quienes deben de atender el incremento en la visitación turística en aeropuertos y puertos, problemas con el fenómeno de inmigrantes, narcotráfico con la presencia de extranjeros involucrados, la trata ilegal y el tráfico de personas, así como; falsificación de documentos, fraude, falsedad ideológica y corrupción con participación de extranjeros que llegan al país a realizar este tipo de prácticas. A esto se suma la falta de infraestructura, el conflicto Crucitas y la crisis en Nicaragua que está provocando el incremento de solicitudes de refugio.

Declaraciones Johana Fernández, Seccional ANEP-PPME

Por estas y otras razones la Seccional ANEP-PPME ha venido solicitando en la anterior y actual Asamblea Legislativa reformar el artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, con el objetivo de dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, y estos sean destinados en fortalecer la Policía Profesional de Migración.

Lo anterior se debe a que en el Artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas se dispuso que el 90% de los recursos recaudados se destinen al Ministerio de Seguridad Pública, el 5% al Ministerio de Justicia y Paz y el restante 5% al Organismo de Investigación Judicial, dejando por fuera a la Policía Profesional de Migración.

Durante la comparecencia de esta mañana, se barajó por parte de algunos legisladores la posibilidad de utilizar fideicomisos para dotar de nuevos recursos a la PPME, posibilidad que no es muy bien vista por la Seccional, debido a que se debe iniciar un nuevo proceso legislativo, dejando de lado el avance que se ha logrado con el expediente legislativo Nº20.323

Declaraciones Gerardo Mora Ordóñez, Seccional ANEP-PPME

Es importante resaltar que la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), es una dependencia jurídica y presupuestaria del Ministerio de Gobernación y Policía y no del Ministerio de Seguridad Pública

Combo fiscal-ley 9635: miles a la expectativa sobre cruciales fallos constitucionales

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–Poder Judicial, universidades públicas y municipalidades confrontadas con el “gendarme financiero”: la contraloría

Hace ya 9 meses de que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó en Sala IV una Acción de Inconstitucionalidad contra los contenidos más estratégico-esenciales de la denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, popularmente conocida como combo fiscal.

Concretamente, se presentó el pasado 22 de marzo y se centró en dos ámbitos: el cuestionamiento profundo de que dicha legislación violentó las autonomías institucionales de rango constitucional establecidas en la Carta Magna del 7 de noviembre de 1949; por parte de las diputaciones actuales de signo ideológico-neoliberal (que son mayoría cuantitativa en la actual Asamblea Legislativa), ocurriendo así una derogatoria de facto de las estipulaciones en la materia de la actual Constitución Política, en primer lugar.

Aquí resaltamos los sensibles casos de las autonomías constitucionales violentadas del Poder Judicial, de las cinco universidades públicas, del régimen municipal, de la Caja, del ICE, del INS (entre otras).

En segundo lugar, una violentación abusiva y una no menos derogatoria constitucional de facto con relación a situaciones jurídicas consolidadas, afectando derechos sociolaborales y económico-reivindicativos de todas aquellas personas trabajadoras asalariadas de todo el sector Público costarricense, con fecha de ingreso a labores anteriores al 4 de diciembre de 2018.

Es criterio de los especialistas de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP, a cargo de la elaboración y presentación de la mencionada acción de inconstitucionalidad, que ninguna de estas personas asalariadas estatales debió recibir ni un centavo de rebaja en su remuneración, ni tampoco variación alguna en el método de cálculo-composición de las mismas.

A poco más de un año de la aprobación-imposición de, podríamos afirmar, la más detestada legislación aprobada desde la fundación de la Segunda República, en 1949, ni el Poder Judicial ni las universidades públicas están aplicando los contenidos abusivos de la ley 9635; y, por tanto, están en espera de que desde la misma Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia surja la reparación del más grave daño sufrido por la carta magna desde dicho año, 1949.

A nivel de la propia institucionalidad republicana afectada por la arbitraria legislación, se han presentado diversas acciones de inconstitucionalidad contra la misma, resaltando los casos de las universidades públicas y de diversas alcaldías municipales, encabezadas éstas por la de Alajuela, que fue la primera en salir a defender la autonomía constitucional del régimen municipal.

En el caso del Poder Judicial, los propios magistrados definieron, desde marzo anterior, que las nuevas regulaciones en materia de salarios para su propio personal definidas en la indicada y cuestionada ley, solamente aplicarían para el personal de ingreso con posterioridad al 4 de diciembre de 2018; precisamente la tesis de ANEP en la acción de inconstitucionalidad que están tramitándose en la Sala IV.

Ahora resulta que para el año 2020, la Contraloría General de la República (CGR), cual “gendarme financiero” del bloque neoliberal en el poder, decide pasarle por encima a la propia institucionalidad republicana que, aunque maltrecha, todavía está vigente, al ordenarle al Poder Judicial imponerle a su personal con fecha de ingreso anterior al 4 de diciembre de 2918, regulaciones salariales que, precisamente, están cuestionadas en sede constitucional (como lo plantea la acción de la ANEP), por una parte.


Por otra, rechaza a las universidades públicas el presupuesto por éstas presentado para el 2020, debido, precisamente, a las acciones inconstitucionalidades pendientes de resolución definitiva sobre su naturaleza independiente a partir del rango autonómico constitucional que tienen.

Algo gravísimo puede estar pasando que no podemos dejar de mencionar. Una de dos. O la Contraloría General de la República (CGR), sabe ya, anticipadamente, cómo será la resolución final de lo que tiene en sus manos la Sala Cuarta en los dos ámbitos de escrutinio constitucional en desarrollo, lo cual la ha envalentonado como para rechazar las aprobaciones presupuestarias del Poder Judicial y de las universidades públicas para el 2020, ejerciendo ese repudiable rol de “gendarme financiero”.

O, más grave aún, el ente contralor asume el rol de tribunal constitucional de facto, presionándole indebidamente, acrecentando así la sensación de miles de personas de que la democracia autoritaria actualmente instaurándose en el país, solamente nos augura tiempos tormentosos de imprevisibles tempestades sociales.

Finalmente, nos preguntamos: ¿Se cree la Contraloría un tribunal constitucional paralelo?; ¿ó, tendrá una coordinación política con éste en la sombra?…

San José, 22 de diciembre de 2019.

Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

ISP califica de afrenta a la democracia solicitud de disolución de la ANEP

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La Internacional de Servicios Públicos (ISP) y sus más de 700 organizaciones afiliadas alrededor del mundo; que aglutinan a 20 millones de trabajadores públicos, enviaron un voto de apoyo y respaldo a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), calificando los ataques antisindicales por parte del alto corporativismo empresarial  como una afrenta a la institucionalidad democrática costarricense.

Así lo hace constar la ISP en una carta dirigida a la ANEP y a su Secretario General, Albino Vargas Barrantes, donde indican que tal solicitud riñe con el principio de libertad sindical en el marco del convenio 87 de la OIT

“A todas luces y bajo la normativa laboral reconocida internacionalmente, esta imprudente solicitud de ser acogida por el Estado costarricense, riñe con el principio de libertad sindical en el marco del convenio 87 de la OIT, así como también se contrapone a la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, de la cual Costa Rica se precia de ser muy respetuosa”, indica el documento enviado por la ISP.

Ante este escenario la Internacional de Servicios Públicos indica que se mantendrá atenta a lo que pudiera acontecer ante un eventual desenlace al respecto y exhorta al Gobierno costarricense a no acoger tal solicitud por ser una “afrenta a la institucionalidad democrática costarricense”.

«Tenga la ANEP plena y absoluta certeza, que la ISP y sus más de 700 organizaciones afiliadas, constituyen una fuerza vital en respaldo y solidaridad hacia su afiliada la ANEP», finaliza el documento.

Carta de apoyo enviada por la ISP

Carta de apoyo de la ISP a la ANEP by EugenioGuerrero on Scribd