Representantes de los
distintos sindicatos que luchan por la defensa de los derechos humanos y
laborales de las personas que prestan su labor en los distintos Cuerpos
Policiales del país; hoy más que nunca, unidos como un solo bloque, ante el
análisis de las circunstancias en que se anunció, por parte del Poder Ejecutivo,
el operativo de seguridad ciudadana para diciembre; informamos:
Que estamos de acuerdo en que
se fortalezcan los lazos de la cooperación interinstitucional y se optimicen
los réditos que estas acciones pueden producir en favor de la población
costarricense. No obstante, este tipo de alianzas entre Cuerpos Policiales
alcanzará importantes resultados, solo bajo el entendido del respeto a la
especialización, metodología y funcionamiento con que opera cada una de las
instituciones participantes, así como la garantía de la no violación de los
derechos laborales de los servidores policiales.
Aunado a lo anterior, preocupa
a nuestras organizaciones sindicales, el hecho de que se busque dar una
cobertura extraordinaria a un dispositivo de seguridad ciudadana, partiendo con
la premisa de utilizar recurso humano destacado en otras zonas geográficas, y
dejando de lado la especialidad de cada órgano de seguridad. Esta ejecución
significa el debilitamiento de la seguridad ciudadana, en materias
especializadas, como el contrabando, la prevención de actos de interferencia ilícita
en terminales aeroportuarias, el control migratorio en zonas específicas…entre
otras de importancia, dada la escasez de personal en prácticamente todas las
policías del país. Todo lo anterior, en medio de un contexto, de una época del
año en la que se incrementa la demanda de funcionarios ejecutando con eficacia
y transparencia las labores propias de cada área.
Desea nuestro bloque hacer un
llamado vehemente a los jerarcas de los distintos Cuerpos Policiales, ya que,
nuestra experiencia propia en el campo, nos recuerda que en la concreción de
operativos como el que nos ocupa se presentan dificultades logísticas, de
transporte, alimentación, e imprevistos operativos que causan serias
violaciones a las jornadas laborales que, por sí mismas, ya cargan a los
funcionarios con extensas y agotadoras jornadas ordinarias de 12 horas. Sin
dejar de mencionar la reincidente negativa de la Administración para reconocer
el pago de tiempo extraordinario.
Recapitulando:
1) Hacemos un llamado para que
se excluya la politiquería y el populismo de las decisiones que se deben tomar
en materia de seguridad ciudadana.
2) Solicitamos se fortalezcan
la cantidad de recurso humano de los cuerpos policiales, para no perjudicar a
la población ante dispositivos o eventos especiales que demandan más personal
policial en una zona específica.
3) Se tomen las previsiones
necesarias para que servidores que vienen experimentando desintegración
familiar, exposición continua al peligro, sobrecargas de trabajo, condiciones
laborales contrarias a la salud y desmejora en su remuneración salarial, no se
vean aún más afectados, por la violación de derechos laborales, en un operativo
desesperado, que intenta maquillar la preocupante realidad que vive Costa Rica
en materia de seguridad.
¡Porque la gente que nos cuida
lo mínimo que pide es se le trate con respeto y dignidad!
Bloque
Sindical de Cuerpos Policiales de Costa Rica
Integrado
por las seccionales de ANEP en MINAET, Fuerza
Pública, PCD,SVA, Policía Penitenciaria, PPME. Además de los sindicatos SOPOCOFI
y UNATEPROT
La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), también se suma al apoyo que han brindado diversas organizaciones internacionales y nacionales a la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), luego de los ataques antisindicales que ha surfrido nuestra organización y el Secretario General.
Desde diversas partes del mundo llegan las muestras de apoyo con la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), luego de diversos ataques antisindicales que ha sufrido nuestra organización. En esta oportunidad la EUROBAN (European Banana and Agro Industrial Product Action Network) muestra su solidaridad con el Sindicalismo Costarricense.
Así lo dio a conocer la Euroban por medio de un comunicado
de prensa, que ya circula entre los movimientos sociales y sindicales de la
Unión Europea (UE) y Costa Rica, donde destaca el ataque sindical de diversos
sectores, entre estos la UCCAEP, hacia el sindicalismo costarricense.
“El sindicalismo en Costa Rica está sufriendo una gran
arremetida antisindical dirigida por el Gobierno, el sector empresarial,
aglutinado en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la empresa
privada (UCCAEP), la prensa ligada a estos intereses, el congreso nacional por
medio de la tramitación de nuevas leyes en la Asamblea Legislativa, mismas que
van directamente a liquidar-eliminar el sistema jurídico-legal que da sustento
al sindicalismo, criminalizar la acción sindical, la protesta social, impedir
la acción de la sociedad civil y agrupaciones patrióticas, acabar con la
reforma procesal laboral, violando los tratados internacionales en materia de
Derechos Humanos”, indica el documento.
La EUROBAN, que es una coalición de organizaciones de la
sociedad civil europea que vela por el comercio justo y por la producción limpia,
social y ambiental en países productores de banano y de piña como Costa Rica,
también cuestiona el ataque que recibe el Secretario General de la ANEP, Albino
Vargas Barrantes.
“Vemos con preocupación que los ataques en contra de líderes
sindicales buscan impedir sus actividades de defensa de los derechos humanos,
en particular en contextos de desarrollo sindical Recordamos el deber del
Estado costarricense de proteger a las personas defensoras de derechos humanos,
como firmante de tratados y convenios internacionales”, manifiesta la Euroban.
Ante
este escenario, la Euroban exhorta al Estado de Costa Rica a adoptar medidas
inmediatas y urgentes para prevenir todo acto de violencia contra el Secretario
General de la ANEP, ya que no hace más que cumplir con su deber de defender los
derechos humanos y sindicales de los trabajadores y trabajadoras.
La Internacional de Servicios Públicos (ISP) defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones.
Las organizaciones laborales que suscribimos el presente documento
aclaratorio, queremos compartir con la sociedad costarricense las siguientes
consideraciones:
1) Celebramos y recibimos
con amplia satisfacción la carta OL CRI 5/2019 suscrita por los Relatores
Especiales sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión
y Expresión, sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de
Asociación, y sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, en el
sentido de advertir al Estado costarricense que el proyecto de Ley para Brindar
Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, en caso de culminar el
proceso de formación de ley, incumpliría obligaciones en materia de derechos
humanos que han sido asumidos soberana y libremente en los tratados ratificados
por Costa Rica.
2) Ante cuestionamientos de sectores que se sienten incómodos y que han tratado de desvirtuar el mandato de esos Relatores de Naciones Unidas, en lugar de rebatir con argumentos de fondo, ACLARAMOS: Los Relatores Especiales son expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos, a quienes, por virtud de su trayectoria y experiencia sobre temas específicos, se les confía el monitoreo global sobre la situación de los derechos humanos de su ámbito de competencia. Con miras a preservar su independencia técnica, no son empleados o funcionarios de la Organización de Naciones Unidas. La función de los Relatores Especiales se enmarca dentro de los denominados Procedimientos Especiales, que son mecanismos cuya fuerza jurídica descansa en la obligación de los Estados miembros de Naciones Unidas de respetar y garantizar los derechos humanos.
Relatores Especiales de las Naciones Unidas que emiten pronunciamiento
3) Cuando presentamos la
solicitud respectiva a los Relatores Especiales, el primer debate no había
sucedido aún; nuestra gestión tenía una finalidad preventiva. Esto queda
demostrado con la expresión contenida en el tercer párrafo de la
correspondencia OL CRI 5/2019 cuando expone: “El ‘Proyecto de Ley para Brindar
Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos’ (en adelante el
proyecto de ley) fue presentado inicialmente el 25 de octubre de 2018 y el
texto fue actualizado el 30 de agosto de 2019.” Como se sabe, el día 4 de
septiembre quedó fijo el texto resultante del primer debate legislativo.
4) Lo anterior explica
por qué en la correspondencia OL CRI 5/2019 se hace referencia a situaciones
cuya formulación textual pudo haber tenido cambios entre el 30 de agosto y el 4
de septiembre. De ninguna manera esto desacredita o desvirtúa el contenido del
pronunciamiento de los Relatores Especiales.
5) Es importante que se
conozca que la correspondencia OL CRI 5/2019 no finaliza la supervisión
internacional; en lugar de ello, puede afirmarse que este mecanismo
internacional surge, emerge inicialmente. Esto se desprende de la parte final
de la correspondencia OL CRI 5/2019 en la que los Relatores Especiales
solicitan al Estado costarricense que se sirva “proporcionar cualquier
información o comentario adicional en relación con las alegaciones mencionadas
arriba”. En tal sentido, si hay recomendaciones emitidas por los Relatores
Especiales que carezcan de pertinencia por ocasión de la modificación del texto
resultante del primer debate legislativo, entonces Costa Rica tendrá la
oportunidad de actualizar a dichos Relatores Especiales sobre esas variaciones.
Asimismo, como organizaciones laborales, estamos igualmente dispuestos e
interesados en mantener actualizados a dicho Relatores. El valor esencial de
este documento descansa en la capacidad preventiva de violaciones a los
derechos humanos; pues si Costa Rica insiste en avanzar dicho Proyecto de Ley
en contravía de los estándares internacionales, se expone a ser denunciada
internacionalmente por la expedición de leyes contrarias a los tratados de
derechos humanos de los que es Estado parte.
6) Lo importante, que es
donde deberían focalizarse las energías institucionales y sociales de Costa
Rica, es que el Proyecto de Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga
y sus Procedimientos conlleva violaciones potenciales a tratados de derechos
humanos, y que la Sala Constitucional, en el marco de la consulta de
constitucionalidad que pende aún en el expediente legislativo Nº 21.049, es la
oportunidad institucional para corregir las discrepancias entre dicho proyecto
y el derecho de la Constitución, en el que se integran los tratados de derechos
humanos ratificados por Costa Rica.
7) Finalmente, algunas
preguntas han surgido sobre el posicionamiento de los Relatores Especiales, en
el sentido que el umbral del 50% de los trabajadores para proceder a la huelga,
es un estándar aceptado por la Organización Internacional del Trabajo. Al
respecto nos vemos en la necesidad de aclarar que el Comité de Libertad
Sindical —que es el órgano de supervisión internacional sobre el Convenio 86,
relativo a la libertad sindical— ha establecido que la exigencia de una mayoría
absoluta puede implicar una limitación importante del derecho de huelga,
habiendo solicitado la revisión de este umbral (Comité de Libertad Sindical,
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y otros Vs.
Perú, Caso 1081, para. 266; adicionalmente: Organización Internacional del
Trabajo, Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
Sindical del Consejo de Administración de la OIT, 5ª edición revisada, 2006,
paras. 562, 556-558).
San José, jueves 10 de octubre de 2019.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS)
Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y
la Energía (ASDEICE)
Sindicato de Ingenieros Profesionales del Instituto Costarricense de
Electricidad (SIICE)
Durante el primer semestre de este año, desde ASDEICE alertamos que se
estaba perfilando una nueva ofensiva contra el Instituto Costarricense de
Electricidad. El día de hoy martes 13 de noviembre de 2019, queremos dejar
constancia ante la ciudadanía que habita nuestro país, que se tramita en la
Asamblea Legislativa, una serie de proyectos de ley, que lejos de ser aislados,
forman parte de una estrategia articulada, pensada para desmantelar el ICE y
sus subsidiarias.
Estos proyectos, forman parte de una agenda neoliberal, a través de la cual, intereses que siempre han promovido la contra reforma social, intentan terminar de aplicar en nuestro país, la última etapa del modelo neoliberal que solo estragos y desigualdad social ha causado en el continente.
Vienen por el ICE: A través de la instrumentalización de una
mayoría mecánica legislativa, buscan acelerar la aprobación de una serie de
iniciativas de ley, que lejos de ser proyectos aislados, son un conjunto de
iniciativas de ley que afectarán de forma dramática al Grupo ICE y su
importante labor en la sociedad costarricense.
Desde ASDEICE denunciamos ante el país, la existencia y puesta en marcha
de una agenda legislativa para debilitar al Grupo ICE, conformada por una serie
de proyectos de ley que escudados en nombres que agradan al oído con ciertas
palabras clave, encubren iniciativas que causarán graves afectaciones al giro
de actividades del ICE, impactando negativamente la calidad de vida de las y
los costarricenses. Estos proyectos de ley, son lo que el lenguaje popular
llama “lobos con piel de oveja”, ya que sus contenidos, tratan de presentar
como criterios técnicos, planteamientos que en realidad parten de un marcado corte
ideológico neoliberal, orientado a la reducción del Estado y a la
mercantilización y el lucro privado de servicios públicos, como el Modelo
Eléctrico de Empresa Estatal verticalmente integrado, que tantos beneficios trae
a la sociedad costarricense.
Estos proyectos de ley, son promovidos por diputaciones del bipartidismo
clásico (PUSC, PLN), con apoyos en partidos emergentes (PAC, RN, NR) y algunos
diputados independientes; quienes si bien se presentan ante la ciudadanía con
distintas banderas partidarias, comparten como denominador común el dogma
neoliberal que impulsa sus políticas públicas (económico-fiscales), sin
advertir que su apuesta por “todo mercado-nada Estado” ha fracasado.
Quienes insisten en apostar a una mayoría mecánica legislativa; olvidan
la creciente distancia entre gobernantes y gobernados, el creciente malestar
social acumulado que sus políticas neoliberales ha concitado, y el abrumador
repudio ciudadano ante la imposición de lo que cada vez más compatriotas
califican como “un rumbo equivocado”.
Desenmascarando la base de la
estrategia desestabilizadora:
Se motiva en intereses económicos sectoriales, que desde hace tiempo están
a la espera del momento oportuno para intentar cambios sustanciales en el
modelo histórico del ICE (pretendidos desde el año 2000), para el beneficio de
pequeños grupos de poder que desde lugares menos visibles, inciden en el rumbo
de la economía y la política del país. Es parte de la versión país anhelada por
grupos de presión que desde hace años atrás, promueven intereses económicos
contrarios al ICE y al modelo eléctrico nacional.
Esta nueva ofensiva inició su ejecución pública, en diciembre del año
anterior, mediante una campaña sostenida de declaraciones que pretende hacer
creer a la ciudadanía, que el modelo del ICE está acabado, idea que de
posicionarse, facilitaría la ruta de cambiar el modelo y papel histórico que ha
desempeñado el ICE en nuestra sociedad.
Desde la Alta Administración de la Institución, se desplegó a través de
múltiples declaraciones, un discurso mediático que dibujando el supuesto estado
crítico del ICE y sus empresas, creó el clima
perfecto para que los competidores y opositores del ICE, avancen en su ofensiva contra el Instituto y el Modelo
Eléctrico Nacional.
El discurso sobre la supuesta gravedad financiera del ICE puesto a andar
desde diciembre de 2018, tuvo varias imprecisiones. Primero omitió que el
estado de resultados, lo forzaron negativo, producto de pasar en libros, la inversión
realizada del PH Diquís a pérdidas contables. Segundo no explicó que el estado
de resultados no representa la verdadera situación de los negocios de una
empresa, sino un reflejo de factores internos y externos que enfrenta. Y
tercero evitó analizar tal estado de resultados, en un contexto más amplio,
junto a los demás estados financieros de la Institución (como flujos de
efectivo proyectados). Es decir, la información presentada, reiterada y
amplificada; ha sido incompleta y carente de una lectura integral.
Pese a lo anterior, dicho discurso de la situación financiera del ICE,
ha tenido un sostenido eco legislativo, que ahora se expresa en proyectos de
ley que se presentan como aislados, pero que en su conjunto buscan desmantelar
el ICE, a través de venta de activos,
apertura de mercado eléctrico, e imposición de amarras administrativas que
limiten la competitividad del Instituto.
A la luz de lo
anterior y ante tal campaña de desprestigio del ICE y sus subsidiarias, que con
frecuencia atenta contra la imagen de activos intangibles de la corporación,
desde ASDEICE consideramos oportuno, recordar a la sociedad costarricense:
¿Cuántas veces escuchamos en los últimos tiempos declaraciones sobre la
supuesta falta de competitividad de JAPDEVA? Se repitió tanto que compatriotas
sin adecuado conocimiento técnico del funcionamiento operativo de una entidad
portuaria, lo asumieron como verdad.
Los mismos intereses que hoy atacan al
ICE, lo hicieron contra JAPDEVA, ofreciendo como solución la panacea neoliberal,
de la terminal portuaria privada que ahora es una realidad. Hoy no solo se ven
las consecuencias sociales en la problemática de empleo de Limón, sino que
además diversas cámaras empresariales plantean que las tarifas de APM Terminals
son hasta un 300% mayores, afectando la rentabilidad de los negocios de quienes
se dedican a exportar e importar; poniendo en riesgo la actividad comercial que
se realiza en dichos muelles. Incluso empresarios bananeros de conocida
trayectoria política han reconocido públicamente que extrañan labor de la
portuaria estatal JAPDEVA.
Todo lo anterior, fue advertido
sistemática y responsablemente por el sindicato SINTRAJAP (quienes a la fecha
impulsan varias acciones legales sobre el tema), sin embargo como sociedad no
se les prestó la atención debida y se prefirió creer el discurso del
desprestigio de lo estatal y la panacea neoliberal.
¡Que no pase lo mismo con el ICE! Hoy desde ASDEICE nuevamente advertimos a la
ciudadanía…
Principales proyectos de ley
de la agenda legislativa para desmantelar el ICE:
No
Expediente
Nombre
Proponente
Efectos
No 21604
Ley del
Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) para generar prosperidad y una
mejora en la competitividad del país.
Pedro Muñoz
Fonseca (PUSC)
María Inés Solís Quirós (PUSC)
Extrae el CENCE del ICE, a pesar de la inversión millonaria realizada
en infraestructura, más allá de lo establecido en ley constitutiva del ICE.
Modifica el modelo de comprador único garante del acceso de electricidad de
toda la población.
No 21605
Ley que abarata el
costo y desconcentra la generación eléctrica
Pedro Muñoz Fonseca, María Inés (PUSC)
Cambia marco
regulatorio modificando los esquemas de distribución, en busca de mayores
niveles de apertura del Modelo Eléctrico.
No 21606
Ley para una
efectiva integración de Costa Rica al Mercado Eléctrico Nacional
Pedro Muñoz
Fonseca (PUSC)
María Inés Solís Quirós (PUSC)
Modifica el artículo 3 de la Ley No 9004 para que el ICE y
sus empresas no sean los únicos agentes del MER por
CR (Ley 8660) y esto se amplíe a todas las empresas generadoras,
distribuidoras y comercializadoras de energía (públicas, privadas o mixtas),
así como a grandes consumidores.
No 21662
Reforma de la ley de
la autoridad reguladora de los servicios públicos n.º 7593, y sus reformas,
para
racionalizar el
precio de la energía eléctrica.
Pablo Heriberto
Abarca Mora (PUSC)
Reforma al
artículo 31 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
(ARESEP), para que las empresas públicas que ofrecen el servicio de
electricidad no puedan incluir dentro del cálculo de la tarifa los costos de
inversiones y los esquemas de financiamiento que utilizan.
No 20794
Ley de
Fortalecimiento de la CNFL – Sociedad Anónima
Franklin
Corella Vargas (PAC), Michael Jake arce Sancho (PLN)
Gonzalo Ramírez Zamora (PRC)
Genera un proceso de transformación profundo en la CNFL. Traslada su
capital social a propiedad de las municipalidades ubicadas en territorio de
áreas de distribución y comercialización de CNFL. Cede al ICE unidades
organizativas, plazas de personal, activos físicos, infraestructura de
generación de energía, contratos y empréstitos de generación con entidades
financieras, etc.
No 21670
Ley para el Rescate
de las Finanzas del ICE y sus Empresas
Silvia
Hernández Sánchez (PLN)
Otorga al
Consejo Directivo del ICE la facultad de decidir la venta de activos
institucionales (entre otros aspectos).
No20909
Ley de
reforma al artículo 35 de la Ley No 8660 (…).
Ana Delgado
Orozco (PLN)
Pretende hacer públicos estados financieros. Deja al ICE en una condición
de vulnerabilidad frente a sus competidores, debilitando la capacidad
comercial, estratégica y competitiva de la Institución.
No21180
Ley de
creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital
Wagner
Jiménez Zúñiga (PLN)
Creación de
una agencia nacional digital, paralela a Radiográfica Costarricense, para
desarrollar, ejecutar e implementar la estrategia nacional del Gobierno
Digital. Mina actividad de RACSA.
No 21014
Ley de lucha contra el uso abusivo de la contratación
administrativa entre entes de derecho público
Pablo
Heriberto Abarca Mora (PUSC)
Modifica la Ley N.° 7494 (Ley de Contratación Administrativa)
letargando agilidad estatal para desarrollo expedito de proyectos a través de
contratación entre entes de derecho público. Impacta competitividad de
Radiográfica costarricense (RACSA
No 21546
Ley General
de Administración Pública
Varios/as Dip.
(Hacienda-CGR)
Reforma
integral al marco legal de contratación administrativa, eliminando el régimen especial de contratación
del ICE por operar en competencia.
Desmontando el discurso tras los proyectos que impactan el
Sector Electricidad del Grupo ICE:
Cinco de estos proyectos de ley (expedientes No 21604, 21605, 21606,
21662, 20794) implican una transformación profunda del Sistema Eléctrico
Nacional y el Modelo de empresa pública verticalmente integrada, de comprador
único que tanto beneficio ha traído al país.
Los intereses que impulsan el desmantelamiento de ICE – Electricidad, promueven
una campaña de desprestigio institucional ante la opinión pública. Esto lo hacen a través de afirmaciones que han
sido técnicamente descalificadas. Pese a ello insisten en repetir que los
proyectos son muy caros, que la electricidad privada es más barata, que el
modelo eléctrico es obsoleto y que el ICE está quebrado. Lo anterior en busca
de convertir la energía eléctrica en una mercancía lucrativa para negocios
privados.
Tarifas Eléctricas ICE son
competitivas en la región: No
llevan razón quienes dicen que en materia de tarifas eléctricas el ICE no es
competitivo. En Centroamérica las
tarifas ICE son más baratas que el promedio, tanto en el sector residencial,
como en el comercial y el industrial. Esto según datos de la CEPAL a diciembre
de 2018 (ver anexo 1). Otro aspecto que no suele mencionarse es que los
usuarios residenciales destinan menor parte del salario al pago de
electricidad, debido a que pese al estancamiento, los salarios en nuestro país
son mayores a los de los países centroamericanos.
En cuanto al precio de electricidad de distribuidoras eléctricas
latinoamericanas, las tarifas ICE se mantienen cercanas al promedio en el
sector residencial, comercial e industrial. Esto según datos de la Comisión de
Integración Energética Regional CIER para 2018. Se debe tener en algunos de
estos países, las empresas distribuidoras no tienen participación total en el
territorio, y en otros casos, cuentan con un subsidio del (ver anexo 2).
Matríz eléctrica renovable: Para el año 2017 el Modelo Eléctrico Nacional
rompió el record de generación eléctrica renovable, al sumar 300 días
ininterrumpidos, produciendo el 99.6% de su energía con fuentes renovables
(agua, geotermia, viento, biomasa y sol).
En un reciente informe, el Banco Mundial (Doing Business 2020) colocó a
Costa Rica en el puesto 25 del mundo en cuanto a calidad y acceso a la
electricidad. Entre las economías analizadas obtuvimos en esa materia una
posición superior a la de países como Chile o Colombia. Procedimientos, tiempo
y costos para conectarse a la red eléctrica, confiabilidad del suministro de
electricidad y transparencia de tarifas son atributos que destacaron en el
estudio (ver anexo 3).
Contrario a lo que dicen adversarios del modelo costarricense; el
ICE-Electricidad tiene tarifas competitivas con un producto de alta calidad que
en materia de matríz eléctrica nacional es ejemplo mundial.
El Centro Nacional de Control de Energía (CENCE): El CENCE es el corazón del modelo eléctrico
del ICE. Dirige y administra la operación del Sistema Eléctrico Nacional, para
satisfacer la demanda eléctrica del país, y hacer efectivos los intercambios de
energía –importación e importación- con el Mercado Eléctrico Regional (MER). Es
decir, se encarga de planificar la transmisión y distribución a nivel nacional
e internacional, a la vez que orquesta la producción y distribución de energía
eléctrica diaria en todo el país, y coordina las compras y ventas que se
realizan a nivel nacional e internacional en el marco del modelo de empresa
pública verticalmente integrada, de comprador único que tiene Costa Rica.
Para el 2016 y por noveno año consecutivo, la empresa uruguaya LSQA
certificó en calidad el CENCE del ICE, atestado que lo convierte en el único en
su tipo con tal distinción en Centroamérica y el Caribe (ISO 9001:2008 que
comprende una serie de normativas de gestión y pautas de actuación).
Sacar el CENCE del ICE implica crear una instancia auto administrada,
que definirá quién produce y a quién se le compra la electricidad en Costa
Rica, o en el extranjero, negociando los precios de compra y con ello
convirtiendo la electricidad en una simple mercancía.
Desde un nuevo CENCE fuera del ICE, los generadores
privados tendrán injerencia sobre el sistema eléctrico nacional (cuánta energía
se debe producir, a quien se le debe comprar o vender y a qué precios).
Necesario es tener presente que el CENCE del ICE,
recientemente, construyó sus instalaciones en Heredia, además de dos
edificaciones más ubicadas en Cañas Guanacaste y en Moravia (de las más
modernas de latinoamérica), mismas que se financiaron por medio de préstamos
con el BID. Las inversiones recientes en construcción de edificios y
equipamiento del CENCE rondan los $31.455.437,00 (31 millones de dólares), es
decir, los ₡7.049.323.952,00 (7 mil millones de colones) –ver anexo 4- La
inversión ha sido millonaria. ¿Por qué quitar al ICE sus capacidades que tantos
años le conllevó desarrollar?
Cogeneradores privados han
hecho clavos de oro:En marzo del presente año, se hicieron públicas denuncias relacionadas
con que para el año 2017 la obligación de comprar energía eléctrica a los
cogeneradores privados (pese a tener la capacidad para producirla a un menor
precio), le costó al ICE un aumento en sus gastos de ₡25 mil millones, ya que
los costos de la generación privada para 2017 significó un sobreprecio cercano
a los ₡20 por kilovatio hora para el Instituto.
Más recientemente hemos sido testigos de noticias relacionadas con el
informe FOE-AE-IF-00009-2019, a través del cual la Contraloría General de la
República (CGR) detectó sobreestimación de precio, originada en varios errores
de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) que hicieron que el ICE
pagara casi $24 millones de más por la energía eléctrica que compró a
generadores privados entre 2017 y 2019.
Según un estudio realizado por ASDEICE en días recientes, entre los años
2008 y 2019 las compras de energía que el ICE se vio obligado a realizar a
cogeneradores privados, rondaron la cifra de los $1.989.000.000 (mil
novecientos ochenta y nueve millones de dólares) –ver anexos 5 y 6 – Estos
resultados, pueden ser confrontados con información ICE.
Separar la CNFL del ICE: Establecería mayor competencia al ICE, al convertir
la CNFL en una empresa tipo ESPH, con potestad de brindar todos los servicios
de distribución, nuevos servicios de electricidad y telecomunicaciones,
inclusive de servicios de ciudad inteligente y otros (dejándose clienes). Además
de lo anterior, le sustraen a la CNFL la generación y se la trasladan al ICE,
pero asumiendo toda deuda de la subsidiaria, restando competitividad al
Instituto.
En síntesis:Si se quiere legislar para hacer más
competitivas las tarifas eléctricas, no se requiere sacar el CENCE del ICE,
buscar mayores niveles de apertura, abrir a grandes consumidores nacionales el
MER, impedir al Instituto incluir dentro del cálculo tarifario los costos de
inversión o pasar el capital social de la CNFL a las municipalidades: Basta con
quitar amarras del ICE y dotar la metodología tarifaria, de herramientas que
permitan una más justa negociación con respecto al precio de la cogeneración
privada.
Desmontando el discurso tras los proyectos que impactan las
finanzas institucionales:
Dos son los proyectos que en materia financiera, hemos identificado como
enormes riesgos (expedientes No 21670 y No 20909).
Información incompleta y
carencia de lectura integral: Como se dijo anteriormente, el discurso sobre la supuesta gravedad financiera del ICE puesto a andar
desde diciembre de 2018, tuvo varias imprecisiones que provocaron que la
información presentada, reiterada y amplificada; fuera incompleta y carente de
una lectura integral.
Desde el ingreso de la actual jerarca del ICE se tomaron varias medidas
de índole contable financiera, la mayoría fueron ajustes de índole
extraordinario (eliminación del proyecto Diquís, devaluación monetaria, miles
de millones NO reconocidos por ajustes tarifarios -entre otros) de casi 400 mil
de millones de colones que fueron cargadas a GASTOS DE OPERACIÓN , resultando
de ellas cuantiosos pérdidas contables , que fueron menores a la cuantiosa
cifra antes citada. Esto ha sido utilizado para dar a entender equivocadamente,
o desarrollar una negativa y continuada campaña, afirmando que el ICE esta
«quebrado».
Pese a lo anterior, es de elemental conocimiento contable y financiero
que la definición de quiebra de una empresa o institución, es cuando sus
PASIVOS SON MAS GRANDES QUE SUS ACTIVOS Y POR LO TANTO SU PATRIMONIO ES
NEGATIVO. Esto por supuesto NO es el caso del ICE, como fácilmente se puede
comprobar leyendo y analizando sus estados contables y financieros, en vez de
insistir en destacar sólo las deudas –pasivos – y cargas financieras. Para tales efectos se adjunta (ver anexo 7)
información recopilada por el Sr Leonel Fonseca Cubillo, ex regulador general.
Abrir la
posibilidad de venta de activos: En las circunstancias antes descritas, abrir la posible venta de activos
implica una serie de interrogantes que debe hacerse la ciudanía: a) ¿Quiénes
legislan en esa dirección, lo hacen conociendo si ha gestionado la Administración Superior del ICE una adecuada
identificación de activos, que contemple entre otros aspectos una necesaria
previsión de cuáles podrían requerirse a futuro y que de venderse en la
actividad tendría un alto costo adquirir después?, b) ¿establecen los
legisladores límites a la cantidad o magnitud de activos susceptibles de ser
vendidos?, c) ¿en una situación económica como la actual un buen momento para
que el ICE precie activos a fin de colocarlos en el mercado?, d) ¿colocar
activos en mercado en la actual situación económica es una oportunidad para el
ICE o para los interesados en adquirirlos a un menor precio?, e) ¿es la venta
de activos en las condiciones actuales una decisión estratégica que fortalece o
debilita el ICE? ¿Hay alternativas?
Sobre la renegociación de la
deuda: Este tema también
merece que la ciudadanía se haga una serie de interrogantes: a) ¿Es prudente
revalorizar activos para dar mayor apalancamiento financiero, antes de
renegociar una deuda empresarial?, ¿está ejecutando la Administración del ICE
ese mecanismo?, b) ¿Está realizando la Administración del ICE una gestión de
activos intangibles de gran calado, como parte de un proceso de revalorización
y apalancamiento financiero previo a la renegociación de deuda?, c) ¿cuáles
serán los mecanismos de renegociación de la deuda?, ¿habrá servicios de
intermediación que comisionarán de la renegociación?, ¿será abierta?, etc.
En síntesis: Desde nuestra perspectiva hablar de
renegociación de la deuda, venta de activos, o rescate financiero del ICE,
implica despejar, entre otras, las anteriores interrogantes. No es un tema para
tomar con ligereza ya que puede tener implicaciones bastante contra
producentes. Se debe estar pendiente que tales propuestas, de ser necesarias,
no partan de un enfoque bancario incapaz de poner el énfasis en las mejores
decisiones para el Grupo ICE como bien estratégico del Estado. Lo anterior
aunado a la vulnerabilidad que implica frente a
los competidores el hacer públicos los estados financieros; son
elementos que sin duda conllevan grandes riesgos de debilitamiento para la capacidad
comercial, estratégica y competitiva de la Institución.
Desmontando el discurso tras los
proyectos que impactan la competitividad del ICE y RACSA
Tres son los proyectos que impactan la competitividad administrativa del
ICE y RACSA (Expedientes No21180, No 21014 y No 21546).
Contrataciones excepcionadas: Esto proyectos de ley afectan por una parte
las contrataciones excepcionadas orientadas al desarrollo expedito de proyectos
entre entes de derecho público, cuando una de estas entidades considera que el
oferente se ajusta a los requerimientos establecidos.
Lo anterior crea una barrera indirecta para actuar con la competitividad
de tiempos de reacción que el entorno actual
demanda.
Eliminación del régimen especial de contratación
otorgado al ICE por operar en competencia: La ley 8660 dio al ICE un régimen especial de contratación para operar
en mercados en competencia. Lo anterior como parte de la Agenda de
Implementación, que era condicionamiento para la suscripción del TLC-CR-USA. La
eliminación de este régimen de contratación no solo va contra las normas
relacionadas con este convenio internacional, sino que también resta al ICE y
sus empresas de competitividad en materia de contratación administrativa.
Los deja en
igualdad de condiciones ante quienes no son iguales por tener otras dinámicas y
características, que los eximen de complejas instancias de aprobación en
materia de contratación: el capital privado. Por ello dicho proyecto de ley en
materia del ICE y sus empresas, lejos de mejoras, aumentan los plazos de la contratación.
Ante estos
proyectos los intereses que suelen desplegar el discurso de falta de eficiencia
del Estado, mediante estos proyectos establecen amarras que impiden dicha
eficiencia y competitividad a instituciones como el ICE y sus empresas.
Sobre la necesidad
de un solo régimen de contratación, se debe tener presente que la OCDE ha
permitido que PEMEX de Méjico mantenga su propio régimen especial de
competitividad, igualmente que las Mineras en Chile y Empresa Pública de
Medellín en Colombia.
Al Pueblo de Costa Rica: Desde nuestra perspectiva, estos proyectos de ley generan todo lo
contrario que lo que plantean en sus nombres, por ello sus contenidos son
engañosos para el pueblo de Costa Rica y negativos para nuestro Estado Social.
Recordamos a
la sociedad que con estos mismos argumentos de desprestigio destruyeron el
ferrocarril, el Banco Anglo, el MOPT, entregaron la Revisión Técnica Vehicular,
y más recientemente la Terminal Portuaria de Limón, cuando con el tema de la
modernización nos vendieron la idea de que la privatización de los puertos
traería beneficio para toda la zona de limonense, el país y, en especial para
los exportadores. En vez de ellos, los resultados fueron crecieron de tarifas
portuarias hasta en un 300%, disminución de la eficiencia de la operación
portuaria. El oasis prometido se esfumó y el desempleo y pobreza aumentaron en
Limón. Que no se repita la historia. Defendamos el ICE de la Agenda Neoliberal
que pretende desmantelarlo.
Acciones y medidas que ASDEICE
llevará a cabo …
Solicitamos
audiencia con Diputadas y Diputados de diferentes fracciones legislativas. Hay
quienes ocupan una curul, y su formación es en otras áreas por lo que no
cuentan con toda la información. Hemos iniciado un plan de visitas legislativas
para exponerles nuestros datos y posiciones y que se formen un criterio más
amplio que el imperante en la Asamblea Legislativa.
Solicitamos
audiencias con los diputados que impulsan estos proyectos. Queremos
intercambiar con ellos posiciones de forma respetuosa. Tenemos argumentos para
contrastar. Queremos hacerles saber de primera mano por qué consideramos que
muchos de sus planteamientos son improcedentes, imprecisos o erróneos.
Iniciaremos
conversaciones con liderazgos políticos y de opinión de todo signo. Hay que
hacer un llamado a la responsabilidad social. No estaría bien que por las
ansias de pocos, terminen de empujar este país al abismo chileno neoliberal.
Buscaremos
intercambio de criterios y planteamientos con ARESEP.
Implementaremos
foros informativos con la ciudadanía patriótica de toso el país. El primero de
ellos se llevará a cabo el próximo martes 19 de noviembre en el auditorio del
piso 11 del edificio central del INS.
Realizaremos
de la mano de Organizaciones hermanas integrantes del FIT-ICE visitas a los
centros de trabajo del Grupo ICE para informar a la Familia Iceísta.
Llamamos a
las y los trabajadores a informarse, organizarse y estar preparados para
enfrentar este nuevo combo. No descartamos otro tipo de medidas como la
movilización a manifestaciones, las cuales, de así requerirse las estaremos
anunciando en el justo momento.
El Relator Especial sobre la Promoción
y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye; el
Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de
Asociación, Clement Nyaletsossi Voule; y el Relator Especial sobre la Situación
de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, hicieron pública este día
la carta (OL CRI 5/2019) que de manera conjunta remitieron el pasado 7 de los
corrientes a diferentes autoridades costarricenses, en la que expresan su
preocupación por la aprobación legislativa —en primer debate— del proyecto de
Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, por
ocasión de las potenciales violaciones a los derechos humanos en las que
incurriría, si dicho proyecto culminara con los contenidos actuales, los
trámites legislativos.
“…quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que hemos recibido en relación con la próxima discusión del ‘Proyecto de Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos’ que fue debatido en la Asamblea Legislativa de Costa Rica el 8 de septiembre de 2018 y reenviado a consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; y que de ser aprobado podría ser incompatible con las obligaciones derivadas de las normas y estándares internacionales de derechos humanos contraídas por Costa Rica”, reza la carta, identificada con el número OL CRI 5/2019.
Los Relatores de Naciones Unidas
focalizan su preocupación por que en el proyecto de ley se establecen medidas
de limitación al derecho de huelga que van más allá de lo que se puede
considerar aceptable en una sociedad democrática. Desde el inicio de esta
discusión, los sindicatos firmantes sentamos una posición en el sentido que
esta medida prohijada por el proyecto de ley sólo pretendía neutralizar al
movimiento sindical, al mismo tiempo que se impulsan medidas de política
económica y social que perjudican las condiciones laborales, principalmente en
el sector público.
En las palabras de los Relatores
Especiales, “El proyecto de ley establece un cúmulo de restricciones directas e
indirectas a los derechos de los sindicatos y de sus sindicados, a ejercer su
derecho a la asociación, a la libertad de reunión pacífica y de expresión a
través del ejercicio de sus libertades sindicales, particularmente del
ejercicio del derecho a la huelga. Además, consideramos que varias de las
medidas incluidas en el proyecto de ley, no solamente representarían
restricciones desproporcionadas a los derechos mencionados, sino que también
podrían afectar el derecho de los defensores de derechos humanos a preservar
las libertades sindicales.”
Dentro de algunas de las objeciones que
causan preocupación a los Relatores Especiales se encuentran:
a) La posibilidad de disolución de un sindicato siempre que se pruebe en juicio que “organizan o incitan a sus afiliados a impedir la libertad de tránsito de los ciudadanos”;
b) El establecimiento del requisito según el cual para que una huelga se considere legal debe estar ejecutada por un mínimo de tres personas trabajadoras que representen más de la mitad de los votos emitidos para acordar la huelga;
c) La prohibición de “huelgas políticas”, sin especificar su definición;
d) La prohibición de celebrar huelgas por motivos por los cuales ya se celebró una en el pasado;
e) Limitaciones temporales al ejercicio de la huelga, incluso en casos de servicios no esenciales, por razones de “graves daños de difícil o imposible reparación a la ciudadanía;” conceptos jurídicos indeterminados;
f) La reducción retroactiva de salarios como sanción en casos de que se determine que la huelga fue ilegal;
g) La ampliación de la lista de “servicios públicos esenciales” y otros servicios públicos “protegidos” de la huelga.
Esta gestión sin precedentes que hacen
los Relatores Especiales es sumamente oportuna en un doble sentido; por una
parte porque reconoce que la huelga es un mecanismo del sector laboral para
hacer valer sus derechos, razón por la cual su restricción debe ser
especialmente justificada tanto en su idoneidad, necesidad como en la
proporcionalidad de la medida de restricción; por otra parte porque le da a
Costa Rica una oportunidad para corregir y evitar una situación en la que pueda
comprometer su responsabilidad internacionales por violación a los derechos
humanos.
Los sindicatos firmantes consideramos que “Costa Rica tiene un proyecto constitucional que descansa en el respeto de los derechos humanos y la justicia social, así lo trazaron los Padres Fundadores de la Segunda República, y así lo hemos mantenido durante casi 70 años; no existe un motivo por el cual desviar ese gran pacto que nos da identidad nacional y singularidad en el mundo”.
Walter Quesada ante pronunciamiento de Relatores Especiales de la ONU
Los Relatores Kaye, Voule y Forst hacen
una conclusión muy puntual: “Consideramos que el proyecto de ley impone
prohibiciones absolutas al ejercicio de la huelga para prácticamente todos los
servicios públicos o por ciertos motivos, sin que se pueda mediar consideración
sobre la razonabilidad o proporcionalidad de la huelga en un determinado caso.”
Al respecto, los sindicatos firmantes consideramos que, “en momentos donde se
tienen que tomar medidas complicadas, la solución no es neutralizar a la voz
que se considera opositora; lo que hace un sistema democrático es abrir canales
de diálogo social, donde sea posible encontrar soluciones creativas a los
problemas sin afectar los derechos humanos, sin desfigurar nuestro gran
proyecto constitucional. Por esto consideramos que esta comunicación de los
Relatores Especiales debe ser emocional e inteligentemente aprovechada. Hacemos
al respecto un llamado a la Sala Constitucional, para que tenga presente estas
consideraciones al resolver la consulta de constitucionalidad, que trace las
‘líneas rojas’, los límites que en una sociedad democrática no se deben
traspasar, y que, con dichos límites muy claros, la Asamblea Legislativa sirva
de escenario para el diálogo social que nunca debió de descontinuarse.”
En el documento que remitieron los Relatores se pusieron a disposición de Costa Rica en sus esfuerzos para fortalecer el marco legislativo e institucional del país, y así garantizar la realización de los derechos humanos para todas las personas, y solicitaron que se les mantenga informados sobre los progresos que se desarrollen en esta materia.
Esteban Calvo ante pronunciamiento de Relatores Especiales de la ONU
Los Relatores Especiales son un
procedimiento especial que depende del Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, a cuya membresía Costa Rica está aspirando, y que nosotros apoyaríamos,
siempre que mantenga un decidido compromiso con los derechos humanos, por
ejemplo, cumpliendo con las recomendaciones de esta OL que es parte de aquel
mandato. No hacerlo, sería un contrasentido. El texto de la OL puede encontrarse
en: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24888
Posición oficial de la Junta Directiva Nacional de la ANEP
01- Históricamente, nuestro país se ha proyectado hacia el
mundo como una nación democrática, amante de la paz, respetuosa de los derechos
humanos de todas las personas; y, con un sólido compromiso en materia
ambiental.
02- En esta misma dirección, ha presentado conductas casi
competitivas, respecto de la inmediatez para firmar y ratificar tratados,
convenios y pactos internacionales que versan en favor de los Derechos Humanos.
03- Costa Rica no escatima en matices de elegancia, en la
retórica internacional, con la que se promociona como un país verde, sin
ejército y con vocación de diálogo, mismo que, incluso ofrece como instrumento
apaciguador para conflictos acaecidos fuera de sus fronteras.
04- Ante tal contexto y antecedentes, prácticamente cualquier
sociedad civilizada, que busque solucionar sus problemas por medio de la
madurez que demanda el entendimiento bilateral a través de mecanismos
pacíficos, podría figurarse que, Costa Rica tiene sobrada autoridad moral para
hacer recomendaciones y observaciones, en materia de Derechos Humanos.
05-Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Empleados
Públicos y Privados (ANEP), dado nuestro orgulloso e incesante papel dentro de
la historia de Costa Rica, referente a la lucha social, sostenemos con
categórica propiedad una perspectiva distinta.
06- La ciudadanía completa ha atestiguado variados
escenarios que, con una mirada vidriosa, nos obligan a comprender que en la
actualidad la fama de nuestra nación constituye un simple espejismo. Índices de
homicidios que alcanzan valores de pandemias, deshonrosas cifras récord en
importaciones de cocaína hacia Europa (¿país de paz?), reincidentes condenas en
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una regresión y desigualdad
que se incrementan día a día (¿Derechos Humanos?); así como grandes áreas del
paisaje natural que se destrozan a vista y paciencia del gobierno de turno
(parques nacionales y áreas protegidas, Crucitas -¿medio ambiente?-); son solo
algunos ejemplos de circunstancias en las que nos basamos para observar con
recelo la proyección discursiva del país.
07- Innecesario es señalar que nuestro criterio no pretende
infundir una rotunda oposición a la pretensión de Costa Rica de ser parte del
Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas. Empero, bajo el contexto
actual que se vive-sufre en el país, adjetivamos esta acción como cargada de un
tinte hipócrita. Cabe destacar, por aquello de las conjeturas ficticias de
mentes morbosas, que imaginan quimeras donde no las hay, que tampoco nuestro
mensaje pretende apoyar a ningún otro competidor, para el cargo en tan
distinguido Consejo.
08- Y es que, sin duda alguna, Costa Rica necesita volver a
legitimar su discurso con acciones, hacia y desde adentro; reconociendo que los
Derechos Humanos deben ser promovidos y garantizados para todas las personas.
No es posible pretenderse abanderados en este estadio, cuando se camina al lado
de un solo grupo exclusivo, mientras se propicia un ataque desmesurado contra
otros sectores, cuyas consignas también tienen sus basamentos en Derechos
Humanos. Se debe ser consecuente con la oratoria que se ofrece al exterior y
aplicarlo internamente.
09- Previo a entablar una sana competencia por un puesto en
el Consejo de Derechos Humanos, debe el país explicarle al mundo, y a su propia
población, las razones que impulsan el comportamiento estructural y organizado,
que provocan escenarios como: una permanente agresión mediática, política y
jurídica, que tiene como víctimas a los seres humanos que componen la clase
trabajadora del sector público; la discriminación, difamación y ataque
constante hacia las organizaciones sindicales y las personas que fungen como
sus representantes.
10- Además, debe referirse, con honestidad, a los proyectos
de ley que se promueven en la Asamblea Legislativa, que constituyen una
regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales vigentes en
nuestra legislación laboral. ¿Olvidan acaso que la libertad de expresión,
trabajo, salario y libertad sindical también son Derechos Humanos?
11- No es posible obviar tampoco, dentro de esa explicación
pendiente, la relevancia del debate nacional que se ha despertado, a partir de
que la clase política del país, promovida por intereses que obedecen a los
grupos neoliberales más radicales, han despotricado e intentado, por todos los
medios, desacreditar las relatorías de especialistas internacionales, que
forman parte del mismo mecanismo mundial pro defensa de los Derechos Humanos.
12- En palabras más simples, Costa Rica entra en negación y
busca la forma de no acatar las recomendaciones en Derechos Humanos, emanadas
por un órgano que pertenece al mismo Consejo al que aspira ser integrante; una
curiosa y paradójica circunstancia cuya explicación es menester escuchar.
13- Finalmente, sobre la línea democrática y de protección a
derechos de los ciudadanos, el pueblo necesita escuchar las razones por las
que, el poder político elige a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, sin
contar con parámetros claros que garanticen la independencia y la objetividad
del Poder Judicial. Lo que, por las heridas de la experiencia, nos aventuramos
a decir que ha dado como resultado la resolución de fallos en los que se
ignoran los derechos fundamentales y se exaltan los criterios (o favores)
políticos.
14- Es en virtud de las razones antes expuestas que, ANEP,
abiertamente comprende la importancia de integrar el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas; sin embargo, este sería un triunfo que
aplaudiremos, hasta el día en que veamos que los preceptos que abundan en las
líneas discursivas que proyectan a nuestro país como una nación democrática,
pacífica, verde y respetuosa de los Derechos Humanos, se apliquen realmente en
la vida interna de Costa Rica.
15- En tal estado de situación, en los tensos momentos
actuales que vive la sociedad costarricense, Costa Rica no merece integrar el
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Acuerdo Unánime y firme de la Junta Directiva Nacional
(JDN), de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP),
adoptado en su Sesión No. 2152, de carácter ordinario, celebrada el día viernes
11 de octubre de 2019.
El Secretario de Juventud de ANEP, Benjamín Sevilla García, explica algunos aspectos en los que este Proyecto de Ley perjudica a las personas trabajadoras.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
