Categoría: Gobierno Central

Preocupación e incertidumbre en el Movimiento Sector Cultura por posible recorte de ₡855 millones

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Desde las organizaciones que integran el Movimiento Sector Cultura queremos expresar nuestra profunda preocupación por la forma en que se ha venido gestionando el diseño del proyecto de presupuesto para el año 2024, mismo que será presentado y defendido por la jerarca del Ministerio de Cultura y Juventud ante la Asamblea Legislativa, el próximo 3 de octubre.

Luego de que se anunciara a través de distintos medios de comunicación, un posible recorte de ochocientos cincuenta y cinco millones de colones (₡ 855.000.000), ha habido muy poca información y no se han generado espacios de diálogo entre el MCJ y el sector, lo que crea un ambiente de incertidumbre.

Específicamente, nos preocupa que la propuesta presupuestaria 2024 del MCJ incluya estos recortes; pero, también nos genera inquietud tener conocimiento de las serias deficiencias en la ejecución de los fondos públicos asignados al ministerio en el año 2023, aspecto medular para la evaluación y aprobación del presupuesto por parte de las señoras diputadas y señores diputados de la República.

La dificultad para dar sostenibilidad a procesos de comunicación con el sector, cierto desgaste político de las autoridades de la institución, la subejecución de presupuestos asignados a remuneraciones en el 2023, el no nombramiento de personas en cargos de dirección de algunas adscritas del ministerio, el despido de personas funcionarias que ocupaban puestos de confianza en momentos claves durante el año 2023, así como la ausencia en la solución de problemáticas como los convenios de coproducción, son aspectos que dificultan la adecuada defensa y asignación de fondos públicos.

De ahí que hacemos un llamado a las autoridades del Gobierno Central y de la Asamblea Legislativa, para que se valore lo expuesto y que no se castigue el presupuesto del 2024 para el sector cultura, por la ausencia de liderazgo y de capacidad de gestión política y administrativa en el Ministerio de Cultura y Juventud.

Asimismo, informamos que estaremos proponiendo a las señoras diputadas y a los señores diputados, mociones que permitan aprobar un presupuesto sin los recortes planteados en el proyecto que presentará la Sra. Ministra, pues con esos recursos se podrían financiar programas que vendrían a abonar en la lucha contra todas las formas de violencia que se están manifestando en estos momentos en la sociedad costarricense, para lo cual el arte y la cultura son herramientas imprescindibles.

Posición Oficial de ANEP acerca del artículo del periódico El Universal, de México, sobre supuestas negociaciones entre el gobierno de Chaves y el narcotráfico

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Con enorme preocupación, aunque carentes de sorpresa, hemos leído el artículo publicado en el diario mejicano El Universal, redactado por el periodista José Meléndez, que refiere a una supuesta negociación entre el gobierno de turno y estructuras narcotraficantes de corte internacional.

Desde ANEP, gracias a la honrosa representación que ostentamos del gremio policial, desde distintas instituciones, aunado a la preparación académica y experiencia en el campo de quienes conforman nuestro equipo de trabajo; y nuestras bases, tenemos la oportunidad de identificar y asociar circunstancias que, para gran parte de la ciudadanía, pasan desapercibidas, y que, al juntarlas nos llenan de sospechas.

En los últimos años se han presentado las siguientes situaciones:

1) Resistencia a dotar de recurso y plazas a la Policía Profesional de Migración, lo que, en medio de crisis migratoria, les imposibilita realizar patrullajes en fronteras, inspecciones en hoteles y plantas productoras y/o empacadoras de productos de exportación, donde se contrata personal indocumentado. En muchas ocasiones estas personas, que luego son despedidas sin derechos, por su estado de vulnerabilidad son captadas por bandas dedicadas al narcotráfico.

2) Una pésima distribución de recurso de la Policía Aeroportuaria que disminuye la atención de los actos de interferencia ilícita en los aeropuertos; situación que ha servido como excusa para ejercer presión, e intentar sacar al cuerpo policial con potestad de imperio de nuestra frontera más grande, para colocar seguridad privada.

3) La nula cantidad de oro decomisado en Crucitas, y más recientemente la decisión de Seguridad Pública de retirar a la Fuerza Pública del lugar (posteriormente, y tras cuestionamientos en medios de comunicación, la policía fue enviada de nuevo al sitio).

4) No crecimiento de recurso policial en la zona sur del país, por donde ingresa la droga que viene del cono sur del continente.

5) Excluir a Costa Rica del programa de revisión de contenedores de Naciones Unidas.

6) Resistencia por llenar plazas vacantes en Policía de Control de Drogas.

7) Asignación de horarios en muelles y fronteras que dejaban estos puntos sin agentes antidrogas luego de las 19 horas y hasta el día siguiente (situación subsanada luego tras hacer la denuncia pública).

8) “Cambio de estrategia” de Seguridad Pública, que implica retirar a la Policía de Control de Drogas de sus labores de inteligencia e investigación en los muelles, fronteras y aeropuertos (aplicación actual).

9) Solicitud a la Policía de Control de Drogas de entregar los usuarios, claves y contraseñas (incluye información sensible) de los sistemas informáticos. (Que nunca habían sido vulnerados pese a los hackeos que ha sufrido el país). (Situación actual.

10) Ministerio de Hacienda no transfiere la totalidad de los montos que la ley destina a cuerpo policiales por impuestos como el de sociedades anónimas, del banano y casinos.

11) Encarcelamiento de exdirector de Fuerza Pública, por nexos con el narcotráfico.

12) Aprobación de leyes como la 9635, que encapsuló al Ministerio de Seguridad Pública en una imposibilidad de crecimiento presupuestario por la “regla fiscal” y disminuyó el poder adquisitivo de las y los servidores policiales

13) La Ley Marco de Empleo Público que congela indefinidamente los salarios de las y los policías, generando un factor de riesgo para la corrupción y captación del reclutamiento de estructuras del crimen organizado.

14) Resoluciones judiciales cuestionadas, que no interponen medidas cautelares a personas presuntamente vinculadas a actividades de crimen organizado.

15) Desde el ámbito legislativo: no aprobación de leyes como la de extinción de dominio, grabar capitales golondrinas, para conocer beneficiarios finales de las personas jurídicas…

16) Visita de personas aparentemente ligadas al narcotráfico a la Asamblea Legislativa.
Entre otras…

Es decir, desde hace años en nuestro país se vienen presentando situaciones sospechosas, cuestionables y otras que, directamente, van debilitando el aparato estatal y empoderan a las mafias narcotraficantes. No es posible aseverar si la supuesta negociación entre el Estado y el narco, en el gobierno de turno sea cierta. Sin embargo, ante todos los antecedentes existentes, y las decisiones recientes del Poder Ejecutivo, tampoco podemos descartarla.

Desde ANEP esperamos que el Ministerio Publico entable las investigaciones pertinentes.

Debemos reiterar nuestra tesis: Una de dos; o el gobierno de Chaves está pésimamente mal asesorado en temas de seguridad;
o están defendiendo los intereses del narcotráfico.

San José, miércoles 27 de septiembre de 2023

Jonathan Flores Mata, Directivo Nacional de la ANEP.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.

¡Cuerpos policiales excluidos de la regla fiscal!: Triunfa tesis de ANEP

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Desde la aprobación de la Ley 9635 nuestra organización fue claro en que los cuerpos policiales no debían quedar amarrados presupuestariamente hablando y con el tiempo y la lucha dada por ANEP nuestra tesis queda comprobada.

ANEP mantendrá demanda legal contra el Estado por deuda de reajuste salarial con el sector público

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Pese a que se diera a conocer que el Gobierno de la República pagará de forma retroactiva a los empleados públicos la deuda por reajuste salarial de 7.500 colones a la base por costo de vida, acumulada desde enero de 2020 a diciembre de 2023, la ANEP no desistirá del proceso legal entablado contra el Estado, por dicha deuda.

Se acerca juicio laboral para que paguen el reajuste por costo de vida adeudado desde el 2020

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ANEP presentó una demanda contra el Estado por no realizar el pago por reajueste salarial por costo de vida de 7.500 colones a la base, decretado a finales de 2019. En la demanda se contemplas las deudas de los años 2020,2021,2022 y lo que va del 2023.

Fuerza Pública sin patrullas, 594 se mantienen fuera de servicio

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En la Seccional ANEP Fuerza Pública, vemos con suma preocupación el anunció hecho por el Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, en torno de que decenas de vehículos no podrán ser reparados, debido al recorte presupuestario de 350 millones de colones. Esto, luego de que hace poco se dijera que se contaba con un presupuesto extraordinario para la compra de nuevas patrullas.

En datos brindados por el Ministerio de Seguridad Pública, luego de una consulta de la seccional ANEP-Fuerza Pública, se indicó que, a la fecha, hay 594 patrullas y 358 motocicletas fuera de servicio. Entre las principales causas se encuentran fallas mecánicas, falta de repuestos y accidentes de tránsito.  

Tal como hemos denunciado otras veces, en los últimos años se ha presentado escases de botas tácticas, botas para operación en montaña, uniformes, jackets, capas impermeables, focos, fundas para la portación del arma de reglamento, chalecos antibalas, se ha reducido la dieta alimenticia, en fin, se ha dejado de invertir en seguridad ciudadana, medida que afecta la operación de los cuerpos policiales y, por ende, se podría agudizar la situación de inseguridad que afronta nuestro país.

En la Seccional ANEP Fuerza Pública, de manera responsable habíamos señalado el riesgo para el país en materia de seguridad pública, si se incluía al Ministerio de Seguridad Pública en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, “Regla Fiscal”, que, efectivamente vino a repercutir negativamente en la gestión de seguridad ciudadana. Ahora, anuncia el ministro como medida paliativa que las comunidades “adopten” una patrulla, o sea, que se encarguen de su reparación, lo cual, deja ver que los cuerpos policiales nunca debieron entrar el la Ley 9635 y de manera urgente deben ser excluidos de la aplicación de la misma.

Nuestra patria vive una crisis en materia de inseguridad ciudadana, como si tratara de todo un plan maquiavélico, nuestros cuerpos policiales están atados, literalmente reducidos a la impotencia por la falta de recursos. Además de estar en primera línea, enfrentando el crecimiento delincuencial, ¿será que también deban los cuerpos policiales salir en defesa de recursos?

Seccional ANEP-Fuerza Pública.

Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración constata faltante de personal y oficinas ante la llegada del primer Ferry proveniente de El Salvador

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En visita de la Seccional ANEP- Policía Profesional de Migración (PPM), a Puerto Caldera, en el arribo del primer Ferry desde El Salvador, se pudo constatar que no existe espacio físico para que los oficiales de la Policía Profesional de Migración puedan trabajar y realizar los respectivos controles.

Los oficiales realizan el Control Migratorio, primeramente en las oficinas de Puntarenas, donde tienen los sistemas tecnológicos 24 horas antes del pre chequeo y luego en el Puerto donde realizan la inspección física de acuerdo con el manifiesto de salida de la embarcación..

Esta informacion fue confirma por Viviana Moscoso, funcionaria del INCOP, quien manifestó que la Policía de Migración no cuenta con un espacio físico en estas instalaciones, situación también confirmada por el Servicio Nacional de Guardacostas.

Desde la Seccional ANEP-PPM denunciamos que para atender la llegada del Ferry no se dio capacitación al personal, ya que fue suspendida, esta se daría en principio el 9 y 10 de agosto.

Otro de las situaciones detectadas es el faltante de personal, que sigue siendo abrumador, hoy se encontraba en la Oficina Polícial Regional de Puntarenas solamente la coordinadora, quien indicó que “al menos se necesitan 10 plazas nuevas para cubrir todas las funciones de toda esta Regional”

Hacemos un llamado a todas las autoridades de Puerto Caldera para que se le dé una oficina a la Policía Profesional de Migración, así como el equipo necesario para atender esta nueva ruta de Ferry entre Costa Rica y El Salvador.

La Seccional, también hace un llamado al Gobierno de la República, para que se saque de la Regla Fiscal a los Cuerpos Policiales, entre estos a la Policía Profesional de Migración y se le den los recursos que realmente se necesita para atender y resguardar de la mejor manera los puntos y controles migratorios de país.

ANEP acude a Derechos Humanos-Naciones Unidas con relación a pensiones IVM-CCSS

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•ANEP presenta acción urgente a favor de personas trabajadoras que estaban listas a pensionarse

•Caja les varió las condiciones a pesar de que ya estaban en etapa final de tener todos los requisitos

ANEP acaba de acudir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, recurriendo a sus Procedimientos Especiales, solicitando, con urgencia, intervención protectora relativa al derecho a la seguridad social de las personas de edad en Costa Rica. En su lenguaje diplomático-técnico y especializado al efecto, se conoce como petición para la emisión de una Other Letter.

El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo.

El 14 de diciembre de 2021, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó la reforma de los artículos 5, 23 y 24, y la derogación de las disposiciones transitorias finales XII, XIII, XIV y XV del Reglamento de Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte; cambios que frustran seriamente las expectativas de pensionarse de un gran número de personas trabajadoras, de los sectores público y privado, mismas que estaban ya cerca de lograr la totalidad de los requisitos antes de la entrada en vigencia de esos cambios, el 12 de enero de 2024.

Las personas trabajadoras afectadas cotizantes al régimen de IVM-CCSS, pese a que obligatoriamente han venido cumpliendo los compromisos que el mismo les ha demandado, abruptamente, se les extiende la edad laboral activa y se les impone menos porcentaje de recuperación jubilatoria), lo cual deja planteada una seria regresividad en materia de Derechos Humanos que van mucho más allá de los límites de la razonabilidad y proporcionalidad.

Luego de la amplia y especializada argumentación jurídico-legal, centrada en la doctrina y en los tratados internacionales de Derechos Humanos (DD.HH.) que Costa Rica está obligada a respetar y a adoptar, sometiéndose a los dictados específicos y correspondientes según cada caso; el conjunto de petitorias de la ANEP a las personas expertas del Procedimiento Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas indica, por ejemplo, ésta:

“Se declare que la vigencia y aplicación del acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS del 14 de diciembre del año 2021, acuerdo primero del artículo 6° de la sesión N° 9229, que reforma de manera regresiva los artículos 5, 23 y 24 y deroga de los transitorios XII, XIII, XIV y XV del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, atenta contra los derechos de pensión, seguridad social, progresividad y seguridad jurídica, y conllevan a una lesión al derecho a la seguridad social de las personas pertenecientes al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, en su manifestación del derecho a la pensión por vejez, debido a la ilicitud, desproporcionalidad e irrazonabilidad de la medida, así como a la afectación a sus proyectos y planes de vida ya consolidados. Lo anterior, por aplicárseles ese acuerdo con efectos retroactivos en violación de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas”.

La Other Letter pedida por ANEP al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene el carácter de solicitud urgente para la protección y el respeto a los derechos jubilatorios que las personas demandantes tenían cumplidos al 100 % antes del 12 de enero de 2024; y, que, bajo la tutela de ANEP están presentándose, una por una, ante las instancias expertas y relatoras del indicado Consejo ONU-DD.HH.

Se trata de un primer grupo de 614 personas que, en su condición de asociadas a la ANEP, se inscribieron, de manera oportuna en el formulario oficial diseñado para este histórico proceso de tutela obrera promovido en Costa Rica. para el caso del sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Está abierta ya la inscripción para un segundo grupo, siempre y cuando la persona interesada esté ya asociada a la ANEP o se afilie de inmediato.

ANEP está convencida de que, de manera dolorosa, Costa Rica está viviendo un proceso peligroso de reversión de conquistas sociales, de exclusión económica y de sobre-explotación laboral, lo cual nos lleva a apelar a la Doctrina Universal de los Derechos Humanos y, especialmente, a la serie de tratados internacionales que el país a suscrito al respecto, con condiciones obligantes y de vinculatoriedad imposible de obviar, como un mecanismo de carácter estratégico y de defensa obrero-social de altísima legitimidad.

La ANEP ha venido realizando una inversión financiera cuantiosísima para poder brindarle a toda nuestra membresía las opciones jurídico-legales, en el plano nacional e internacional, más especializadas posibles y de altísima calidad para la defensa de las conquistas sociales y obrero-laborales que nos fueron heredadas.

San José, sábado 8 de julio de 2023.

-Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

-Wálter Quesada Fernández, Secretario General Ajunto ANEP