

Representantes de Alunasa dejaron plantados a trabajadores de la empresa afiliados a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en la audiencia conciliatoria que se desarrollaría este 30 de noviembre en la sede central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
El objetivo de la audiencia, que contaría con la presencia del Viceministro del Área Laboral del MTSS, Ricardo Marín Azofeifa, y la Directora de Asuntos Laborales del MTSS, Adriana Quesada Hernández, era establecer una agenda de trabajo para establecer las fechas en que la empresa venezolana realizaría los pagos de ley establecidos y adeudados a los trabajadores, luego de que esta última anunciara, el 16 de noviembre del 2021, el cierre de operaciones en Costa Rica y el despido masivo de 176 trabajadores.
Esta es la tecera vez que los representantes de la empresa venezolana deja plantada a la seccional ANEP-Alunasa en audiencia en el MTSS, en el marco de lo que debería ser las negociaciones ante la situación que viven los trabajadores.
Dentro de la justificación enviada por la empresa para no asistir a la audiencia, en esta tercera ocasión, es que «aún están realizando los cálculos respectivos por concepto de liquidación y otros aspectos. Además, de que están a la espera de decisiones desde Venezuela.
Sin embargo, para la ANEP esta es otra maniobra de la empresa para eludir sus responsabilidades obreras. Además, ponen en duda el cierre de Alunasa, pues los actuales ejecutivos de esta firma vienen emitiendo señales contradictorias.
Ante esta situación la seccional ANEP-Alunasa solicita una intervención diplomática de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, para generar certeza del vínculo jurídico en la toma de decisiones de los representantes de la empresa en el país con el gobierno de Venezuela.
Para la representación del Ministerio de Trabajo es lamentable la situación, ya que tienen toda la disposición y voluntad de fungir como ente mediador y defensor de los derechos laborales de las personas afectadas.
La ANEP mantendrá todo su apoyo y acompañamiento a los trabajadores de la empresa Alunasa y llegará hasta las últimas instancias para hacer cumplir las responsabilidades de ley.
La ANEP agradece todo el acompañamiento y gestión que ha brindado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social durante todo el proceso.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó, el día de hoy, ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Primer Circuito Judicial de San José, una coadyuvancia (Exp. 21-000285-1218-PE) de denuncia penal y solicitud de medidas cautelares contra autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Consejo Superior de Educación por violación a la Ley de Protección de Datos y Otros.
La acción presentada por la ANEP se da ante los hechos registrados a partir del día 9 de noviembre y hasta el recién pasado viernes 12 de noviembre del 2021, fechas en las que se procedió a aplicar por parte del MEP, en los centros educativos de todo el país, las pruebas FARO, así como el denominado “Cuestionario de factores asociados”, con el cual se procedió a la recolección ilegítima de datos personales de personas menores de edad y sus familias, datos que entran en la categoría de datos sensibles.
En esta se solicita:
1-Allanamiento y decomiso de las pruebas faro practicadas a los menores de edad a lo largo y ancho del país ahora en Poder del Tribunal Contencioso administrativo .
2.- Se solicita como medida cautelar además que se suspendan las pruebas faro basadas en la estructura de documentos que son cuestionados en esta demanda por ser una lesión moral, psicológica y hacia la salud de los menores de edad de quinto año de primaria, con fundamento en el Interés superior del niño y la niña
3.- El domingo 14 de noviembre en horas de la noche trascendió la noticia de que las Señoras Ministra de educación Sra. Guiselle Maduro y la viceministra Melania Brenes Monge habían renunciado a sus puestos, y que el Señor Pablo José Mena Castillo Viceministro de planificación institucional y coordinación regional del MEP renuncio el sábado 13 de noviembre de los corrientes, por lo que solicitamos que por la gravedad de los hechos acusados se les prohíba mientras se mantenga en trámite esta denuncia y hasta que termine con un juicio se les gire la prohibición de ocupar cargos públicos: Asimismo la medida también sea extendida a todos los miembros del Consejo Superior de Educación.
4. Que se informó que quien fue nombrado como Ministro de Educación AI fue el acusado Steven Gonzales Cortes, quien ejercía el cargo de viceministro administrativo , aquí acusado por lo que solicitamos de igual manera se le dicte orden de prohibición de ejercer cargos públicos mientras esta causa se investiga toda vez que al haber tenido participación en los hechos podría interferir con la investigación a realizarse y podría causar perjuicio con la prueba tanto documental como testimonial de docentes que puedan ser llamados como testigos en esta causa .
Calificación Legal
El artículo 196 bis de la Ley de protección de datos tipifica el delito de violación a esta ley.
Así mismo los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de incumplimiento de deberes, tipificado en el código penal articulo 330 y de abuso de autoridad tipificado en el artículo 329 del Código Penal pues las conductas de los aquí acusados encuadran totalmente en dichos delitos.
La Procuraduría General de la República (PGR), ha enviado una contundente opinión acerca de los problemas que tiene la actual versión del Expediente Legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, en su comunicación PGR-OJ-180-2021, fechada 19 de noviembre de 2021, que ha dirigido a la Asamblea Legislativa; específicamente, a la consulta que le formuló la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad del parlamento.
La conclusión fundamental del ente procurador es, a nuestro juicio, contundente: tal proyecto sigue presentando “inconvenientes a nivel jurídico”; por una parte, por otra, contiene “eventuales roces de constitucionalidad”, así copiado literalmente del texto de tal pronunciamiento.
Aunque la PGR afirme que este proyecto, en cuanto a su aprobación o no, es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República; el tema del empleo público jamás podrá abordarse sin considerar las opiniones obrero-organizaciones más responsables que han sido emitidas con la tutela de los más prestigiosos profesionales en diversas ramas, por una parte; y, por otra, contiene “eventuales roces de constitucionalidad”, así copiado literalmente del texto de tal pronunciamiento.
Aunque la PGR afirme que este proyecto, en cuanto a su aprobación o no, es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República; el tema del empleo público jamás podrá abordarse sin considerar las opiniones obrero-organizaciones más responsables que han sido emitidas con la tutela de los más prestigiosos profesionales en diversas ramas, por una parte; y, por otra, mediando un inédito proceso de búsqueda de acuerdos en el marco de una concepción activa de Democracia Participativa. Ni lo uno ni lo otro se ha dado en el presente período gubernativo de Alvarado y sus soportes político-legislativos y mediáticos, caracterizado por un autoritarismo inédito.
Por otra parte, y para la ANEP, al conjuntar el significado político del criterio de la PGR, con el emitido por la Corte Plena del Poder Judicial en cuanto a que dicho proyecto ocupa de 38 votos, podemos afirmar que el mismo ya está “herido de muerte”.
Bien harían las actuales autoridades ejecutivas y legislativas que insisten en impulsarlo, contra viento y marea y contra toda racionalidad jurídico-legal, dejar de insistir en su aprobación; y, por el contrario, dejar que el asunto quede para el nuevo período constitucional a partir de los resultados de las elecciones presidenciales y diputadiles del 6 de febrero de 2022. Es prácticamente circunstancia irrefutable que ya no hay espacio político para tal iniciativa. Un mínimo sentido de sensatez política así lo aconseja.
La opinión de la PGR hace un análisis serio del “nuevo” texto (cuarta o quinta versión) del proyecto de empleo público; análisis en el que, aunque por el fondo mantiene su tradicional posición dogmática, conservadora y autoritaria, ha advertido acertadamente que el proyecto tiene vicios de procedimiento, que podrían implicar roces de constitucionalidad.
Al respecto gravísimo es, a juicio del experto en Derecho Constitucional, don Manuel Hernández, el hecho de que la comisión parlamentaria asuntos de constitucionalidad, se haya extralimitado, pues modificó a su arbitrio varios artículos del proyecto que no fueron objeto de pronunciamiento por la Sala Constitucional.
Derrotada que ha sido, y de manera contundente, la perversa tesis de que el grave problema del déficit fiscal se debía a los salarios devengados por las personas trabajadoras empleadas públicas (de lo cual ANEP ha sido fundamental abanderada obrera al respecto) ; es indudable que los contenidos totalitario-autoritarios del proyecto Ley Marco de Empleo Público jamás han podido, ni podrán, pasarle por en encima a postulados fundamentales de la constitucionalidad de la Carta Magna, que entró en vigencia el 7 de noviembre de 1949.
San José, sábado 20 de noviembre de 2021.
-Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
-Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
•CUESTIONARIOS DE FACTORES “ASOCIADOS”: INFAME CONTRADICCIÓN PEDAGÓCIA DE LAS ACTUALES AUTORIDADES EDUCATIVAS
I. CONTEXTO:
01- Desde nuestra perspectiva, el actual Gobierno de Alvarado no sólo pasará a la historia por ser la peor Administración de la denominada Segunda República, llegando al poder a través de, quizás, la mayor estafa política de nuestra vida republicana; sino que, además, pasará a la historia por haber desplegado desde las jerarquías políticas del Ministerio de Educación Pública (MEP), la peor gestión educativa de los tiempos contemporáneos. Esto bien lo saben las decenas de miles de personas trabajadoras docentes que ponen alma, vida y corazón en las aulas, a pesar de los desaciertos de las altas cúpulas político-educativas que Alvarado puso a dirigir los destinos del MEP.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP
La reacción del sindicato ANEP-AyA se debe a que han venido denunciado una serie de irregularidades que se presentan a lo interno de la institución desde licitaciones, manejo administrativo, entre otras, en las cuales no se ha aplicado las acciones pertinentes; por lo que la situación presentada el día de hoy no les sorprende e insisten en una intervención urgente en la institución.
ANEP REAFIRMA SU ROTUNDA OPOSICIÓN AL PROYECTO TREN ELÉCTRICO
•CANDIDATO FIGUERES Y FRACCIÓN PARLAMENTARIA LIBERACIONALISTA DEBEN PARAR ESTA CUESTIONADA INICIATIVA DE LEY.
•PUEBLO TRABAJADOR SERÁ CONDENADO A UNA NUEVA Y MILLONARIA DEUDA.
Durante 35 años, el pueblo costarricense seria condenado a pagar unos $150.000.000 anuales, por el denominado proyecto de tren eléctrico “tren rápido de pasajeros”; el cual solo “beneficiaria” a una reducida parte de la población usuaria de este tipo de servicios de transporte público.
En circunstancia como las actuales con una deuda pública que ya está golpeando presupuestos como los de educación, salud y seguridad social, del desarrollo local y municipal (entre otras áreas sensibles de política pública destinada a la gente); más endeudamiento de este tipo es una especial de crimen social.
Crimen social que dramatiza su impacto en la convivencia democrática si vemos que más de un millón de costarricenses tiene que vivir con ¢2000 diarios; que el salario mínimo está con una capacidad adquisitiva mas deteriorada, que el desempleo y la informalidad siguen creciendo; y que, persiste un sistema tributario perversamente corrupto e injustamente desigual.
La ANEP emplaza, con contundencia, a don José María Figueres Olsen, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional; así como a su diputada Paola Valladares y sus legisladores David Gourzong y Luis Fernando Chacón para que, emitan en voto negativo en la comisión parlamentaria de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, este martes próximo.
El PLN, que ha venido funcionando como soporte estratégico de la errática gestión gubernativa de Alvarado, debe de manera ineludible hacerse una especie de “mea culpa”, votando contra el proyecto de tren eléctrico; proyecto que por cierto ha generado numerosas interrogantes no disipadas, en el seno de la ciudadanía costarricense.
San José, domingo 7 de noviembre 2021
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.