Este miércoles 3 de setiembre, el periódico Semanario Universidad presenta una investigación a fondo sobre cómo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), accedió a transformar en ASADA al acueducto privado propiedad de la empresa C-Veintiuno Altos de Pinilla Sociedad Anónima, acueducto ubicado en Cebadilla de Santa Cruz, Guanacaste.
Desde ANEP vemos con muchísima preocupación esta información por la multiplicidad de problemáticas que representa.
1- Se está normalizando la privatización del agua: Está sucediendo en todo el país. Grandes inversiones inmobiliarias están construyendo condominios, hoteles, proyectos habitacionales y turísticos de gran envergadura, sin contar con estudios hidrológicos para saber si el A y A, o los acueductos comunales, tienen la capacidad de brindar el servicio de agua potable para los mismos. Esto provoca que estos desarrollos construyan sus propios acueductos de manera ilegal. La solución jamás será convertir lo ilegal en legal, como acaba de hacer A y A con el acueducto de Altos de Pinilla.
2- Restricción del acceso al agua a las comunidades: el caso de estudio es paradigmático. El inversionista privado compró toda la montaña en Caña Fístula en Santa Cruz, montaña que tiene la naciente de agua que abastece a toda la región, incluida la comunidad de Cebadilla. Ahí existen 2 ASADAS: la que antes era acueducto privado y la ASADA de Cebadilla que sí es comunal. Ambas comparten el mismo manto acuífero pero, por el principio geológico de gravedad, la ASADA “privada”, que está arriba en la montaña, consume primero el agua y lo que sobra llega a la ASADA de la comunidad, que está abajo de la montaña. Esto provoca que sí haya agua para llenar las piscinas de los hoteles, pero que no llegue agua a las casas de la comunidad.
3- Cobros diferenciados: Aunque A y A le haya dado el rango de ASADA al acueducto privado de Altos de Pinilla, éste
sigue cobrando un precio diferente al estipulado por la ARESEP para las ASADAS. La tarifa básica sí es la misma, pero cobran una “tarifa solidaria” que siempre es mayor a la tarifa por consumo. La ASADA privada le ofrece el servicio a los vecinos de la zona, pero el mismo es impagable para esta población de escasos recursos. Esto lo sabemos por conversaciones privadas con vecinos de la zona.
4- A y A demuestra que no tiene posibilidades de control: Las declaraciones emitidas por doña Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva de A y A, y por el señor Rolando Marín, representante de los acueductos comunales en la Junta Directiva de A y A, para el Semanario Universidad, dejan claro que la Institución no es capaz de controlar la explosión de acueductos privados e ilegales que está viviendo el país, que se agrava en la provincia de Guanacaste.
5- El agua como derecho humano: Esta problemática pone en peligro el acceso universal al agua. La ANEP defiende que es el Estado quien debe garantizar el acceso efectivo al agua mediante servicios de agua potable en manos públicas y comunitarias, tal y como está escrito en la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA), documento creado por la Confederación Sindical de las Américas (CSA), de cuya redacción ANEP formó parte. No podemos tolerar que existan ni que se normalice la creación de acueductos privados.
6- En ANEP creemos que el plan de acción de Acueductos y Alcantarillados no puede ser el demostrado en este caso: Debe haber una dirección fuerte de parte de la Junta Directiva para analizar los casos nuevos de petición de creación de ASADAS, sobretodo en la provincia de Guanacaste; para que no se repita lo sucedido con el acueducto privado de Altos de Pinilla. No podemos aceptar que acueductos ilegales se vistan de ropaje legal bajo excusas de pobres controles administrativos. Debe A y A promover una política todavía más fuerte de fortalecimiento de las ASADAS realmente gestionadas por las comunidades. Acceso a mejores tecnologías, promoción de créditos para crecimiento en infraestructura y capacitación y acompañamiento de técnicos e ingenieros, es fundamental para el mejoramiento de los acueductos comunales.
Por último, se debe respaldar el mejoramiento en lo pertinente, del proyecto de ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa y al cual la Sala IV le hizo observaciones muy importantes que deben ser subsanadas. Una nueva legislación sobre el agua es trascendental para que podamos cuidar mejor un recurso fundamental para la vida. Esta ley brinda herramientas para evitar en todos sus extremos la privatización del agua y que, además, concibe el consumo humano como prioritario, sobre cualquier otra actividad.
Finalmente, estima la ANEP que es preciso un papel activo de la población trabajadora de A y A en la defensa del agua y de la institucionalidad representada en A y A para defenderla, para lo cual la movilización social y laboral en este sentido, será fundamental. En ANEP nos preparamos para ello.