Es lamentable que vivamos momentos difíciles, en nuestra querida Costa Rica. La criminalidad se disparó, alcanzando, en el año anterior, cifras record en homicidios y otros delitos. Si por la víspera se saca el día, todo apunta a que este año podría ser igual y/o peor que el anterior, debido a que la violencia no parece mermar. Por el contrario, los homicidios no dieron tregua en los primeros días del año, con crímenes cada vez más atroces, al mejor estilo de los carteles de la droga.
Lamentablemente, ese “negocio” ilícito, instalado en nuestro territorio, está socavando nuestras comunidades; en tanto que dejamos de ser un país de paso, para convertirnos en un país de almacenaje y distribución de drogas.
Ciertamente, nuestro país atraviesa uno de sus peores momentos en la historia. Es por ello que, ahora que se avecina un nuevo proceso electoral, debemos reflexionar, y tomar para bien las experiencias recientes.
No podemos elegir a nuestros gobernantes, por un asunto “emocional”; no debemos elegir a quien gobierne los destinos del país, para “castigar” a un partido; tampoco, porque mi abuelito siempre fue de “x” o “y” partido. Tenemos que actuar con responsabilidad; escudriñar entre lo evidente y participar; seguir los diferentes procesos de cerca, para tener la capacidad de identificar características notables en los candidatos, y que ello nos ayude a la hora de elegir por quién votar.
En estos últimos años, periodo temporal con mayor índice de violencia en el país, se ha propiciado una especie de “guerra” ideológica, en contra de los empleados públicos; misma que se promueve por algunos legisladores, e inclusive ex gobernantes que pareciera (en algunos casos), no conocen la realidad de una persona que, con mucho esfuerzo de sus padres y de sus madres, así como del propio, logró alcanzar un nivel académico que le permite un nivel de vida aceptable. Pero mucho menos conocen, la realidad de un trabajador municipal, o la de un funcionario de los cuerpos policiales, y otros sectores laborales, cuyos salarios a lo sumo, permiten un nivel básico de subsistencia.
Esa “guerra” incluye el ataque a las organizaciones sociales de corte sindical, olvidando quienes promueven una especie de odio en la opinión pública, que en una democracia, debe existir el espacio a la discrepancia, los pesos y contrapesos, que forman parte del equilibrio. Las diferencias y discrepancias, no se deben convertir en ataques personales, en posiciones intransigentes, en donde se hace imposible dialogar, y consensuar los ajustes y reformas, que de algunas cosas se requieren para avanzar, y buscar el bien común, y la justicia.
Ciertamente, se viven tiempos difíciles. La corrupción pareciera haberse institucionalizado; la calidad de los servicios, en algunos casos, no son lo mejor; eso debe ser sometido a revisión. No hace falta discutirlo; está claro, pero con objetividad, con asertividad, sin dejar de hacer lo que mejor hemos hecho en el tiempo: Dialogar para resolver y lograr la justicia social, que nos permite vivir en paz.
La toma de decisiones antojadizas y abusivas, como la de incrementar el aporte obrero, por parte de la Junta Directiva, de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), no debe darse de ninguna manera; no ayudan para nada a la paz social.
No se puede negar que en algunos sectores existen abusos; esa es una realidad que tenemos que resolver, pero con responsabilidad. Identificarlos, desglosarlos, y en donde sea procedente, ajustarlos, de tal forma que no se confundan derechos, con privilegios. Por ejemplo, todos, estoy seguro, queremos recibir servicio de calidad, en todas las instituciones públicas; pero ¿será culpa del funcionario (a), o será que el sistema está obsoleto?, será culpa del funcionario (a) o será un problema de gestión que deben resolver quienes dirigen y administran? Se habla de brindar anualidad únicamente a quienes alcancen la nota de excelente; está bien buscar la excelencia, pero ¿tenemos un modelo de evaluación científico que permita que la calificación sea objetiva?
Algunos legisladores hablan de una “brecha”, entre sector público y el privado. Es claro que las responsabilidades de unos y otros resultan muy distintas. ¿Y qué proponen para mejorar las condiciones de los trabajadores del sector privado? Tengo claro que existen situaciones jurídicamente consolidadas, que están dentro del marco de la legalidad, pero que requieren ser revisadas, actualizadas, y modernizadas, debido a la evolución social, cultural, política y económica del país. Representantes sindicales, como el suscrito, lo reconocemos; ANEP lo ha reconocido, pero apostamos por la instauración de un proceso de diálogo constructivo, sensato, y con propuestas equilibradas, que venga a favorecer la justicia social.
Por eso, considero importante que quien busque gobernar, o legislar, sea una persona madura, con experiencia, con capacidad de diálogo; que conozca la realidad social de todo el país; no solamente la de San José; que tenga claridad sobre los grandes desafíos que tenemos por delante. Es inminentemente urgente, que surja un líder capaz de propiciar grandes transformaciones, sin necesidad de una “guerra” ideológica, que nos divide y nos enfrenta cada día más.
Quien aspire a gobernar, debe tener claridad sobre la necesidad de una política de Estado, en materia de seguridad ciudadana, en materia de políticas públicas, que genere oportunidades que nos ayude a mitigar la violencia que hoy sufre nuestro país. Debería quien quiera gobernar establecer una agenda común; definirse las prioridades, que me parece están a la vista, y luego conversar con todos los actores sociales.
