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La gente está enojada. Hay indignación general. Deben admitirlo. Escogieron el peor momento para anunciar el aumento de un uno por ciento (1 %) en el monto de la cotización obrera para el régimen de pensiones más importante del país, el de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (IVM-CCSS).

Pero, además, lo hicieron cuando ellos mismos habían vendido la idea de un “diálogo” social entre los principales actores involucrados en el tema: patronos, trabajadores y Estado; “diálogo” social para, supuestamente, construir un mágico consenso sobre el futuro mediato, inmediato y de largo plazo de IVM-CCSS.

Y la pifia, el error político, es triple: la cuota patronal no se tocó. ¿Y cuál fue el papel del representante sindical en el seno de la Junta Directiva de la CCSS? Vaya usted a saber…

Y como si todo esto no fuera suficiente, quedó en evidencia que entre la Presidencia Ejecutiva de la CCSS y el Presidente de la República (el Gobierno), no hubo comunicación alguna al respecto pues el mandatario le pidió a la Caja reconsiderar su decisión.

Desde una perspectiva obrero-asalariada en realidad, la desafortunada decisión de la Caja es abiertamente una rebaja en el salario, es una reducción de un 1 % en el mismo, lo que representa un mayor impacto en épocas de congelamiento salarial prácticamente real como las que ya estamos sufriendo.

Como el trabajador no come macroeconomía, el bienestar de la misma no le llega a él puesto que, por ejemplo, el salario mínimo no sufre expansión alguna, no incrementa su poder de compra, no amplía su potencial adquisitivo.

Y en un país de tan alta carestía de vida, que le quiten un 1 % al salario no es más que una medida a favor del proceso concentrador de riqueza que vivimos que equivale a más aumento en la desigualdad.

Pero, además, la sumatoria general que dará el 1 % de cada trabajador, tanto público como privado, generará una masa de dinero gigantesca de prácticamente un tercio de punto porcentual de Producto Interno Bruto (PIB) al año. Según los entendidos, cerca o poco más de 100 mil millones de colones. A lo mejor esta cifra podría ser mayor.

El prestigioso economista y académico don Luis Paulino Vargas Solís nos llama la atención con relación al impacto que tendrá ese punto PIB que le sacarán al bolsillo de la clase trabajadora para trasladarlo al mercado financiero de las inversiones objeto de llegada de estos nuevos recursos; un impacto que será negativo para el consumo, para la producción nacional y para las importaciones que complementan el consumo interno: menos ventas y más reducción del comercio y, por ende, menor crecimiento de la economía para este 2017. Estamos seguros que el propio Banco Central de Costa Rica (BCCR) tendrá que hacer alguna revisión de su programa macroeconómico para este año.

Esta es una perspectiva del problema que muestra una consecuencia digamos que en su superficie. Pero nos preguntamos, ¿acaso hay un “mar de fondo” en todo esto?

Si en verdad el IVM-CCSS está mal y el estudio que le hizo la Universidad de Costa Rica (UCR) es “inmaculado”, es decir, no hay interés doble o por escrutar al respecto más allá de lo que parece ser sus contundentes conclusiones; para nadie es un secreto que hay poderosos intereses financiero-bancarios que no solamente están al asecho de este bacanal fresco de recursos para incrementar su poderío lucrativo y especulativo al respecto; sino que ansían que el esquema solidario del IVM desaparezca de una vez por todas para que el famoso esquema de cotización individual se imponga y que cada quien, al final de su vida laboral, reciba la pensión en proporción a lo que aportó para la misma.

La crisis financiera del IVM es un problema político. Y pese al enojo generalizado que tenemos por la rebaja salarial en perspectiva de ese 1 %, se impone un enfoque sindical unitario que combine la movilización organizada, la demanda de rendición de cuentas con relación a decisiones que nos hicieron llegar a esa crisis, los aspectos objetivos técnico-demográficos, así como la construcción del necesario blindaje para cerrarle el paso a los promotores de la privatización y del individualismo para su sostenibilidad futura.

Para el capital la salida es simple: esa, de la cotización individual derogando el esquema solidario del IVM-CCSS. Para la tecnocracia político-gerencial intocable de la CCSS responsable de su crisis, la salida es simple: rebajemos el salario en un 1 % y esa reducción se pasa a las finanzas de este régimen pensional.

Para un sindicalismo que pretenda ser responsable el asunto debe ir más allá de la consigna legítima que se impone en cuanto a reclamar que es siempre la clase trabajadora la que paga los platos rotos.

Se debe ir más allá y tiene razón el citado economista Vargas Solís cuando nos dice lo siguiente: “Costa Rica necesita un relanzamiento de la productividad de su economía, lo cual es base necesaria para hacer sostenible en forma perdurable la seguridad social en el contexto de cambio demográfico que vivimos. Esto sólo es posible mediante una profunda reorientación del ‘modelo` económico”. La necesidad de la movilización es incuestionablemente contundente, en tal sentido.

La seccional presentó una agenda de trabajo que incluyó la definición de las funciones del Oficial de Migración 1, mantenimiento de vehículos regionales, licencia de estudios, incapacidades, entre otros aspectos.

Además entregaron la propuesta del reglamento para la autorización y el reconocimiento del tiempo extraordinario a los servidores policiales.

Para el caso costarricense, la dramática realidad del desempleo tiene en el sector de la juventud una expresión sumamente dolorosa. Nos lo ha restregado en la cara un poderoso documento que recientemente se ha publicado y que es imposible desconocer por parte de toda la sociedad: el Quinto Informe del Estado de la Región.

El Informe del Estado de la Región, extraordinario diagnóstico de las sociedades centroamericanas de hoy, es un producto costarricense del Consejo Nacional de Recortes (Conare, las universidades públicas del país), y de la Defensoría de los Habitantes de la República, mereciéndose una efusiva felicitación generalizada.

Este documento nos muestra, entre otros ámbitos, la dura realidad que Costa Rica enfrenta con su juventud. El tema de juventud y, específicamente, la preocupante y acongojante situación del desempleo juvenil, debe ser un punto de prioridad en la agenda del país; y, en lo específico, por ejemplo, en la gubernamental, en la de los partidos políticos serios, en la de los sectores populares, sindicales y empresariales y hasta en los de orden financiero-bancario.

En tal sentido y en este último ámbito queremos resaltar la sensibilidad que ha venido mostrando el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) y su Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras (ATTBPDC), al valorar y concretar apoyo y patrocinio, por segundo año consecutivo, para un evento de reflexión juvenil como el que recientemente acaba de terminar promovido en el seno de la corriente sindical en la cual militamos, mediando la organización ANEP-JOVEN. Esta actividad tiene lugar en el marco de la importante fecha de relevancia mundial conocida como el Día Internacional de las Juventudes, que se celebra el 12 de agosto.

El Día Internacional de las Juventudes fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 1999, a través de su resolución No. 54/1201, orientando a los países miembros para que durante ese día organizaran actividades de información pública para incentivar la participación ciudadana de jóvenes.

La ONU decidió que para este año 2016, la celebración del Día Mundial de las Juventudes tuviera este lema: “ El camino hacia 2030: erradicar la pobreza y lograr el consumo y la producción sostenibles ”. El secretario general de la ONU, el señor Ban Ki-Moon, le dio este mensaje a la juventud del planeta: “ En este 2016, el primero de los 15 años que abarca ese plan para lograr un futuro más saludable, seguro y justo, confiamos en contar con el compromiso activo de los jóvenes del mundo para transformar los procesos de producción y consumo de bienes y servicios a fin de que se ajusten a las necesidades básicas y las aspiraciones de las personas más pobres del mundo, sin sobrecargar los ya de por sí debilitados ecosistemas ”.

La sensibilidad del Banco Popular y de su ATTBPDC para comprender que el tema de juventud y que la problemática del desempleo juvenil debe concernirle a toda la sociedad, debe ser imitada por las más disímiles instituciones, públicas y privadas. Fueron contundentes las palabras del señor don Marvin Rodríguez Cordero, actual presidente de la ATTBPDC, cuando afirmó en el indicado evento de ANEP-JOVEN lo siguiente:

“ Para la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular más que creer es una obligación, una responsabilidad implícita apoyar este tipo de actividades puesto que el Banco Popular es el banco de las y los trabajadores y no tengo ninguna duda en afirmar que muchos de estos muchachos que están acá ya son co-dueños del banco pero, además de eso, son hijos e hijas de personas trabajadoras de este país y, por ende, dueños del Banco Popular. Así que es una responsabilidad atender este tipo de actividades y no sólo atenderlas por una simple obligación; ¡no!, es un deber, para mejorar cualquier actividad que requiera el apoyo de la Asamblea y, por tanto, nosotros vamos a estar totalmente dispuestos con la entera disposición de ayudar en este tipo de actividades ”.

Nosotros pensamos que esta sensible e importante actitud del Banco Popular y de su Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras debe ser aprovechada por otras corrientes sindicales; por los movimientos solidarista, cooperativista, comunalista, insertos también en la ATTBPDC, a fin de que sus respectivas juventudes y en el marco de sus propias filosofías y orden legal, se unan de ahora en adelante al Día Mundial de las Juventudes y desarrollen experiencias de organización, de reflexión, de propuesta y de acción como la que representa ANEP-JOVEN. No dudamos de que tal entidad bancaria y su órgano asambleario brindará idéntico y similar respaldo.

Seguidamente, les compartimos la DECLARATORIA DEL II ENCUENTRO NACIONAL DE JUVENTUDES ANEPISTAS:

Conscientes de la situación crítica que atraviesa el país en materia de empleo y trabajo decente y la responsabilidad que tenemos todas las personas de procurar el bien común.

Considerando que el Quinto Informe Estado de la Región indica que las brechas laborales afectan más a las mujeres y a las personas jóvenes; que las oportunidades de trabajo no se distribuyen equitativamente; y que son, precisamente, las personas jóvenes las que enfrentan mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral. Reafirmando nuestro compromiso con la sociedad costarricense y, principalmente, en materia de Justicia Social, Trabajo y Paz.

Tomando en consideración que las personas jóvenes son de las más desprotegidas en materia de empleo y trabajo decente…

El encuentro de juventudes anepistas y organizaciones fraternas cuyo objetivo fue analizar las políticas de empleo y trabajo decente, la Ley de la Persona Joven, el impacto del Tratado de Privatización de los Servicios Públicos (TISA) y la necesidad de consolidar en la población joven un liderazgo progresista, inclusivo y con participación real; suscribe la siguiente declaración que resalta:
El respeto, aplicación y promoción del Programa de Trabajo Decente de la OIT basado en la creación de empleo, los derechos en el trabajo, la protección social y el diálogo social.

El respeto, promoción y aplicación de los derechos humanos en fiel atención al Derecho Internacional, las costumbres y buenas prácticas de los pueblos.

El fortalecimiento de políticas y prácticas integracionistas que valoren el respeto a la dignidad de las personas, la diversidad y la equidad de género.

La búsqueda, en conjunto, de soluciones a los problemas de empleo, oportunidades y distribución equitativa del trabajo, en el marco de un funcionamiento articulado de los diferentes actores de la sociedad.

Promover la participación real de las diversas juventudes del país sin exclusión intersectorial o discriminación alguna.

La oposición a cualquier tipo de proyecto, decreto, ley o tratado nacional o internacional, que atente contra nuestra institucionalidad, que sea excluyente de las personas jóvenes, que tienda a debilitar los programas sociales o que violente nuestra idiosincrasia.

La oposición al Tratado de Privatización de los Servicios Públicos (TISA), por constituir amenazas contra nuestra institucionalidad, marcar las brechas de desigualdad, atentar contra las fuentes de trabajo digno y dejarnos en un estado de indefensión jurídica.

Sinceramente agradecemos el valioso patrocinio del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, así como el recibido por parte de su Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras (ATTBPDC), para que ANEP-JOVEN pudiera juntarse y reflexionar sobre este delicado asunto de Juventud y Desempleo Juvenil.

Asimismo, la organización sindical acudirá a otras instancias judiciales para solicitar la reinstalación de los tres trabajadores en sus puestos, quienes fueron cesados de sus funciones el 28 de diciembre del año anterior; sin que existiera alguna causa o proceso disciplinario.

Rafael Ángel Rivas Rivera, trabajó por ocho años para la alcaldía como peón de sanidad, Milton Alvarado fue por 9 años chofer y Laureano Valdivia trabajó 22 años para el municipio; explican el acoso laboral que enfrentaron por parte de las jefaturas por estar afiliados al sindicato y ser testigos en una denuncia penal.

El actuar de la municipalidad ha generado reacciones en regidores del Frente Amplio y la comunidad.