La palabra fraudulento es un adjetivo que la Real Academia Española de la Lengua define como algo engañoso, que contiene fraude; algo falaz, es decir, algo mentiroso, que halaga y atrae con falsas apariencias.
Así va a quedar, finalmente, el fundamental e imprescindible proyecto de ley que se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa contra el fraude fiscal, contra el robo de impuestos; robo que como lo hemos venido planteando, de manera insistente y hace ya bastante tiempo, es un verdadero crimen contra toda la sociedad.
¿Por qué afirmamos lo anterior? El corazón, la esencia, la naturaleza fundamental y estratégica de ese proyecto contra el fraude fiscal es el registro de accionistas que le puede permitir a la sociedad, vía su sistema tributario, saber quiénes son los beneficiarios finales de las sociedades anónimas, saber cuáles son esas personas de carne y hueso que escondiéndose precisamente bajo esa figura jurídica del anonimato en negocios, roban, escamotean y esconden la verdadera realidad de las rentas que están recibiendo, de las ganancias que obtienen y que acumulan; e incluso, que sacan del país, descaradamente, con sofisticadas triquiñuelas y artificios jurídicos contando con la asesoría de expertos tributarios a favor del capital evasor, tal y como lo demostró el escándalo de “Los papeles de Panamá” que para el caso costarricense fue flor de un día.
El próximo 28 de agosto el proyecto contra el fraude fiscal debe salir de la Comisión de Asuntos Hacendarios con su respectivo dictamen a fin de que pase al plenario legislativo y se vote con celeridad dado que se acordó aplicarle la vía rápida.
Pero, ¿qué se aprobará?, ¿qué se votará? Esencialmente nada que afecte los poderosísimos intereses financiero-corporativos y empresariales de gran calado que fueron al seno de esa comisión a matar la esencia del proyecto contra el fraude fiscal que, reiteramos, tiene como fundamental objetivo darle más armas a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, para combatir fuertemente a los defraudadores del fisco y con el registro de accionistas que se tenía previsto crear con esa ley, las autoridades tributarias tendrían mayor y real acceso a los datos de las personas físicas y jurídicas que están detrás de las empresas.
Esta posibilidad será fraudulenta pues en la indicada comisión parlamentaria le están dando viabilidad a unas 25 observaciones, convertidas en 18 mociones, que plantearon sectores sumamente adinerados y sus agentes diputadiles, como la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep); entidades todas enemigas acérrimas del establecimiento del registro de accionistas como debe quedar en función de la necesidad de que el país, la sociedad, recupere algo de los 8.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) que todos los años se le roba al pueblo gracias a factores como la ausencia de un verdadero registro de accionistas de los beneficiarios finales, personas físicas, de las sociedades anónimas.
La gran atención que le han dado en el seno de la Comisión de Hacendarios a los francotiradores corporativos del registro de accionistas, es de tal magnitud que no les importa arriesgar el prestigio del país y colocarle en gran vulnerabilidad, con relación a los cambios de legislación que ocupamos para demostrarle a la comunidad internacional que Costa Rica sí está dispuesta a cooperar para controlar, con eficacia y eficiencia y con transparencia, el flujo gigantesco de dineros narco-sucios que circulan por el sistema financiero-bancario nacional y de dineros que potencialmente podrían financiar operaciones del terrorismo internacional.
Tales francotiradores corporativos y sus agentes diputadiles en esa comisión legislativa no quieren que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), pueda tener acceso a ese registro de accionistas ante indicios claros de que habría dinero sucio del narcotráfico en esas sociedades anónimas y lavado producto de la delincuencia organizada nacional y trasnacional. Ahora se están inventando riesgos de “inconstitucionalidad” al respecto.
Tales francotiradores corporativos y sus agentes diputadiles no tienen la menor intención de que Costa Rica se lave la cara ante la comunidad internacional por ser el país donde más se lava dinero a nivel latinoamericano. Primero la plata, después el país…si acaso. Las advertencias para que dejemos de ser la lavadora más grande de esta región, vienen de entidades de enorme especialización y poder internacional en la materia, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con su expresión continental, el GAFILAT (latinoamericano); ambos ejecutores directos de las políticas y directrices del bloque económico más poderoso del planeta, el G-20.
Es realmente necesario que las diputaciones honestas del actual parlamento legislativo, las que verdaderamente están preocupadas por el bien común, las que con sinceridad están conmovidas por el crecimiento de la desigualdad en nuestra patria, denuncien con contundencia lo que está pasando en estos momentos en el seno de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, a propósito del trámite del proyecto contra el fraude fiscal y, especialmente, del establecimiento del registro de accionistas.
Estas diputaciones honestas deben convocar, con urgencia, a la diversidad de sectores sociales organizados del campo popular, especialmente a los sindicatos, y denunciar, con firme honorabilidad, cómo esos poderosos sectores del gran capital nacional han variado, radicalmente en su favor, los contenidos esenciales del proyecto contra el fraude fiscal de modo tal que el mismo será fraudulento.
Doloroso es reconocer que los sectores sociales del campo popular (incluidos los sindicatos), los cívico-patrióticos y político-progresistas, hemos carecido de una estrategia de articulación unificada en este asunto tan grave del robo de impuestos y de los cambios legales urgentes que necesita el sistema tributario nacional. Aquí hay algo de mayor profundidad en juego que lo del empleo público pero en el plano sindical no lo hemos comprendido en su real magnitud.
Nos hemos quedado cortos para responder a la poderosa influencia de esos sectores del alto corporativismo del capital que ya han logrado que la futura ley del fraude fiscal sea esencialmente fraudulenta, de “mentirillas”, engañosa, truculenta; y que no representará nada sustancioso para empezar a recuperar para la sociedad algo de esos 8.5% puntos de PIB que, al año, se roban en impuestos vía, precisamente, esas figuras jurídicas de las sociedades anónimas que pretendía controlar el registro de accionistas.
Doloroso también resulta el escaso, por no decir nulo, papel de las universidades públicas estatales, cuya autoridad y legitimidad cívicas podrían haber servido para crear un espacio de convergencia de los sectores sociales del campo popular (incluidos los sindicatos), los cívico-patrióticos y político-progresistas, a fin de haber articulado un frente de lucha a favor de las reales transformaciones tributarias que ocupa el país.
Los cinco centros de educación superior pública de nuestro país son sumamente eficientes defendiendo sus propios presupuestos, enfrentando los recortes que se les ha pretendido imponer, movilizándose en todas sus formas para que en el parlamento no les quiten un centavo. Luchas más que justas que siempre hemos apoyado y apoyaremos.
Ahora que está a punto de consumarse la victoria del capital en el seno de la comisión parlamentaria de Asuntos Hacendarios, ese mismo capital que quiere reducirles al máximo sus presupuestos universitarios, nuestras “U” públicas, calladitas se quedaron. Y si acaso alguna de ellas, o todas juntas, se habría pronunciado al respecto, habría pasado sin pena ni gloria, pues en esta lucha feroz la movilización popular resultaba ser imprescindible. ¡Qué tristeza!: la ley de fraude fiscal será fraudulenta.
