Acuerdo de la audiencia en el MTSS tomado por las partes.
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Programa de formación Sobre TISA Costa Rica 2016 by EugenioGuerrero on Scribd
Ante la salida por renuncia del Ing. Guillermo Santana al cargo de Presidente Ejecutivo del INCOFER, en la Seccional ANEP- INCOFER, consideramos procedente fijar nuestra posición ante la opinión pública sobre el particular, dado que los costarricenses deben estar enterados de lo que ocurre y ha ocurrido durante la gestión del Ing. Santana.
En primer instancia debemos externar que la renuncia de Santana es lo mejor que puede haberle pasado a nuestra Institución, afirmación que procedemos a fundamentar:
1- Desde su llegada Santana provocó una disociación entre su despacho y los trabajadores más experimentados que cargaban con la operación de la institución. Esto puso en serio riesgo la continuidad del servicio que INCOFER presta a nivel nacional.
2- El Ing. Santana engaña a los costarricenses percibiendo un doble salario por tiempo completo en la Universidad de Costa Rica y en el INCOFER. Situación violenta la Ley de Enriquecimiento Ilícito, dejando su imagen sumamente deteriorada.
3- El nombramiento “a dedo” de un consultor de alto nivel, al extremo de alegar Inopia en el país y en la región en el tema ferroviario. Determinándose incluso, en la comparecencia que se realizó ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, que Santana faltó a la verdad, siendo tan convincente que hasta la Contraloría General de la República dio su aval, dado que se demostró que en el país existe el recurso humano debidamente capacitado a nivel profesional para realizar la consultoría que le fue contratada a un extranjero. Se privó la posibilidad a los profesionales nacionales de esta fuente de trabajo. En este aspecto existe desde hace tiempo denuncia ante el mismo ente contralor, de la cual, dicho sea de paso, no se tiene información del avance de esta denuncia.
4- Consideramos que la mala gestión de Santana, reflejada en su falta de interés, decidía y su poca identificación con la causa ferroviaria, mostrada a lo interno de nuestra institución, presagiaba un nuevo cierre técnico. Como consecuencia de esta percepción más de la mitad de los trabajadores del instituto decidimos conformar la Seccional ANEP – INCOFER, donde uno de nuestros objetivos es el de denunciar el inminente riesgo de un cierre técnico por la mala gestión de la Presidencia Ejecutiva y equilibrar fuerzas en pos de defender los derechos de los trabajadores, siendo uno de ellos el trabajo digno para todos.
5- El Ing. Santana promovió e impulsó la aprobación de una Ley de Fortalecimiento Institucional sin tomar en cuenta en ningún momento, salvo para asistir a las Barras de la Asamblea en señal de apoyo, el criterio de los trabajadores para ello. Siendo éste de gran importancia, dada la experiencia de los trabajadores de los diferentes niveles de la organización, con lo cual su gestión hubiese sido más expedita y clara. Cabe indicar que la ley aprobada cuenta con una serie de debilidades que esta seccional señaló en su oportunidad y que no fueron tomadas en cuenta.
6- En el contexto descrito, se instauró a lo interno de la institución un mal ambiente laboral reflejado en una falta de motivación, desconfianza e incertidumbre en la gran mayoría de los trabajadores. Aunado al hecho de que en un lapso de menos de dos años hubo cuatro Gerentes Administrativos, muestra clara de su pésima gestión y de las graves consecuencias que ello trajo para el INCOFER. Esta situación se repite en este momento con la Gerencia de Operaciones. Reiteramos que esto no permite una gestión continua para la buena marcha de la institución, ya que impacta negativamente sobre el cumplimiento de los objetivos institucionales.
7- El Presidente Ejecutivo se dedicó a perseguir a los trabajadores. A cuartar la libertad de expresión de los mismos, incluso de esta organización laboral, donde se denunciaba la mala gestión de Santana en todos los ámbitos institucionales, al extremo de abrir un Órgano Director a nuestro Presidente de la Seccional por denunciar públicamente ante los medios de comunicación una serie de carencias y malos manejos de los recursos institucionales, incluyendo su personal.
Como conclusión de lo expuesto tenemos:
1- Esta decisión nos llena de esperanza, y compromete sin duda a la Presidencia de la República a considerar a un Jerarca de mayor consenso, con mayor visión y dispuesto a conversar con los trabajadores de la Institución sobre la responsabilidad por el servicio que se debe prestar a los usuarios que confían en el ferrocarril como un medio de transporte limpio, efectivo y eficiente.
2- A lo largo de su permanencia en la Institución la tónica de su gestión ha sido la impericia para conducir procesos que son vitales para el replanteamiento del transporte público a nivel sectorial, generando enormes diferencias a nivel sectorial y un alejamiento claro de muchos sectores políticos y técnicos para apoyar al ferrocarril y su resurgimiento.
3- La Ley de Fortalecimiento impulsada por Santana, en la realidad práctica no permite a la Institución un verdadero financiamiento de las necesidades que el ferrocarril requiere para su mejoramiento inmediato y su relanzamiento en el mediano plazo, por lo que debemos hacer un llamado de atención para que las nuevas autoridades analicen con mucha responsabilidad y generando los consensos necesarios, aquellas decisiones que al tenor de dicha ley se tomen, a fin de no comprometer el patrimonio de los costarricenses y el trabajo de los funcionarios de INCOFER.
4- Hacemos un compromiso con los usuarios de los servicios ferroviarios de mantenernos en constante vigilancia para que su seguridad siga siendo la prioridad institucional y que la prestación de los servicios no se interrumpa.
Durante la actividad denominada “Encuentro Exploratorio de Unidad en Acción”, las diversas corrientes sindicales concordaron que la coyuntura político-social que atraviesa el país es el escenario idóneo para una histórica unión, con tres objetivos claros: la defensa del empleo público, una justicia tributaria y la defensa de derechos laborales.
En razón de la situación que vive nuestro país (no solamente un sector), se hizo evidente, que tenemos posibilidades de recuperar nuestra naturaleza, la esencia del ser costarricense. Esa que siempre nos enseñó de la solidaridad, la tolerancia y el respeto, a pesar de luchas de posiciones y de pensamientos ideológicos, entre distintos actores políticos y sociales.
Tal como dijimos en un artículo anterior, posiblemente se cometieron errores en la atención de la tormenta Otto, misma que luego paso a ser huracán. Posiblemente uno de los yerros principales fue el no tomar en serio la amenaza que se nos anunciaba. Así mismo, se dejó en evidencia que cuando se anteponen posiciones personales e ideológicas, por sobre el bienestar común, perdemos todos.
En mi apreciación personal, lamentablemente eso sucedió en Upala, en donde un funcionario con la responsabilidad inmediata de su cantón, con las potestades que le confiere la constitución política, motivado posiblemente por intereses políticos, realizó una serie de manifestaciones, que únicamente dejaron ver que no se estaba preparando para la atención de la emergencia, la cual luego lastimosamente le paso factura a su pueblo.
Ahora, este mismo funcionario y un diputado de su mismo partido, salen a “politiquear” en medio del dolor de un pueblo, eso sí que debe ser erradicado de nuestra patria. No es aceptable desde ningún punto de vista, que se pretenda hacer campaña política valiéndose el dolor de la gente.
Todo tiene un tiempo, tal como hemos citado, posiblemente existieron errores que deberán ser identificados, y posiblemente sancionados, pero para eso habrá un momento. También lo habrá para seguir defendiendo las causas del sector policial, al cual me digno en representar, en procura de mejorar sus condiciones socio-laborales.
En este momento, cientos de compañeros están en la atención de la emergencia, se procura que cuenten con lo básico, suficiente avituallamiento, una buena alimentación y un lugar para estar durante este proceso. Otros cientos están aún en concentración, sin poder ver a sus familias. Eso se entiende por cuanto es la vocación y el deber de ser un policía. Diferente sucede cuando la situación es de “rutina”, y se pretende abusar y/o vulnerar los derechos de nuestros compañeros y compañeras.
En consecuencia, acorde con nuestro pensamiento, luego habrá tiempo para hacer los procesos correspondientes, a efectos de que les sean canceladas, con total justicia, las horas extra laboradas en la atención de la situación.
En lo que la operación se refiere, de igual forma, posiblemente habrá cosas que corregir, esa es una constante en la vida. No obstante, consideramos que el Ministerio de Seguridad, en especial el Sr Ministro, ha manejado bastante bien la situación, atendiendo desde la parte humanitaria, pero también desde la parte de autoridad, en los casos en que las circunstancias lo ameritan.
Eso no quiere decir, que olvidemos los temas que desde hace varios años venimos denunciando, no hemos olvidado que una delegación (Cartago) con una inversión de casi mil millones sigue sin poder ser utilizada, tampoco hemos olvidado los desórdenes en torno al manual de clases policiales, ni la lucha por roles de trabajo equitativos y acordes a la salud. Empero, este no es el momento, luego vendrá el tiempo para proseguir en procura del bien común y la justicia.
Muchas cosas se deben mejorar, sobre todo desde la perspectiva de la prevención, la vida me ha enseñado, que de todo se debe sacar una enseñanza, en este momento, en medio del dolor y el luto que nos embarga, debemos aprender que, en la vida, todo tiene un momento.
También se abordaron temas referentes al TISA, desigualdad y la necesidad de conformar un frente continental para bloquear esta arremetida neoliberal.
Durante la reunión también se abordó la inclusión de la Centra Social Juanito Mora Porras a la CSA lo que vendría a representar un acercamiento, acompañamiento e incidencia de la mayor corriente sindical del continente americano.
La resolución D.JUR-108-06-2016-MRV del Departamento Jurídico de la Dirección General de Migración y Extranjería indica que “Se deberá reconocer el derecho de las personas servidoras de devengar el pago de la jornada extraordinaria, cuando viajen en giras o fuera del país fuera de su jornada laboral ordinaria, tomando en cuenta el tiempo utilizado para el traslado (tanto de ida como de regreso). Sobre este particular, deberá la jefatura correspondiente, poner especial atención en la autorización del pago de jornada extraordinaria. Únicamente la jefatura podrá dar su aval para ese pago, cuando quede totalmente demostrado que el traslado obedeció a una situación especial que obliga a la persona servidora a trasladarse fuera de su jornada ordinaria, no así cuando por comodidad u otras razones se realiza intencionalmente una gira o viaje en jornada extraordinaria, para generar el pago correspondiente.
Además el por tanto ordena al Departamento de Recursos Humanos realizar una nueva circular donde se indique que se mantendrá el pago de la jornada ordinaria.
Conversamos con Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP- Policía Profesional de Migración sobre el reclamo y la resolución.
Resolución de Reclamo Administrativo de Horas Extra en La Polic by EugenioGuerrero on Scribd
Lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa este domingo 27 de noviembre, con ocasión de la aprobación abrupta en primer debate del mal llamado presupuesto de la República para el año 2017, merece la más enérgica condena por parte de las organizaciones sindicales, civiles y sociales que venimos denunciando el crecimiento de la desigualdad, el deterioro de los servicios públicos de carácter social y el grave declive de la política pública en materia de seguridad ciudadana.
Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) la política de los recortes presupuestarios irracionales, irreflexivos e irresponsables “es suicida”, socialmente hablando. Y más grave todavía es poner a pelear a la policía precarizada y debilitada con la niñez y la adolescencia en estado de abandono y/o en riesgo social, cuando se trata de financiamiento para los delicados programas de política pública que se necesitan en ambos casos.
La desigualdad demanda que tanto los diferentes cuerpos de policía a cargo de la seguridad ciudadana tengan todos los recursos financieros-presupuestarios necesarios para enfrentar el crecimiento delincuencial y el aumento del poder corrupto del crimen organizado y del narcotráfico.
Por otra parte, la desigualdad exige un fortalecimiento estratégico del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), pues la precariedad salarial, el desempleo, el narcomenudeo y los antivalores producto de la promoción del consumismo extremista, están golpeando los hogares de la pobreza extrema, de la pobreza y hasta de sectores medios; crisis de la convivencia sociofamiliar que tienen a una gran cantidad de niños, de niñas y de adolescentes en riesgo social.
Aunque resulte sumamente doloroso mencionarlo es contraproducente esta política de recorte presupuestario, si consideramos la gravedad de la situación presente y futura que se deriva del paso del huracán Otto por nuestro país.
“ANEP hace un vehemente llamado a cada una de las organizaciones sociolaborales, sindicales y profesionales que funcionan al interior del PANI para que se apresten a una urgente acción colectiva de protesta y de repudio por estos recortes que golpearán, duramente, la operatividad de la institución y la ampliación de la cobertura de sus servicios según el escenario que acabamos de describir”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
Asimismo, la ANEP hace un llamado a los otros sectores institucionales afectados por la irracional, irreflexiva e irresponsable política de los recortes presupuestarios para que se dispongan a luchar en defensa de los servicios públicos que tienen a cargo.
“Dice el refrán popular que “no hay mal que por bien no venga” y dado que se utilizó la herramienta política del rompimiento del quórum legislativo a fin de imponer esos recortes irracionales; hay que “celebrar” de que tal herramienta en el ámbito del debate parlamentario ha quedado más que legitimada, lista para emplearse en situaciones por venir contra proyectos contrarios al bien común, a los derechos laborales y a la integración social”, agregó Vargas.
ANEP insta a los diputados y las diputadas que están a favor del recorte presupuestario de algunas instituciones públicas para que rectifiquen su errática conducta política en esta delicada situación; rectificación que políticamente es procedente antes de que sea demasiado tarde y peligrosamente irreversible.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.

