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Compartimos con las personas lectoras de esta columna semanal para La Prensa Libre, el Decano de la Prensa Nacional costarricense, el siguiente documento, “Declaración de San José de Costa Rica”, el cual expresa el compromiso civil de un importante conjunto de organizaciones sindicales y sociales de la América Latina para la defensa del acceso al agua potable como derecho humano fundamental; y también para enfrentar las ofensivas corporativo-empresariales que pretenden privatizar su prestación generando lucro mercantil de apropiación privada.

En la Ciudad de San José de Costa Rica, a los tres días del mes de noviembre de 2016, las organizaciones integrantes de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Agua, Saneamiento y Ambiente de las Américas (CONTAGUAS); conformada por trabajadores y trabajadoras de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay; declaran que:

Instamos a los países a que por medio de los mecanismos constitucionales y/o legales correspondientes, declaren el acceso al agua y al saneamiento como elementos esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Rechazamos bajo cualquier modalidad toda forma de privatización del agua y del saneamiento, luchando para que este tipo de servicio público siempre esté bajo la égida el Estado y sus organizaciones públicas y comunitarias.

Somos conscientes del constante acoso y persecución que sufren las trabajadoras y los trabajadores del agua y saneamiento que defienden sus derechos laborales y sindicales. Asimismo, demandamos a nuestros gobiernos garantizar la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva de las y los trabajadores públicos, en cumplimiento de los convenios 87, 98, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Repudiamos los crecientes actos de violencia sindical y de impunidad de líderes y lideresas sindicales en Guatemala y en Colombia, los cuales en los últimos años han sido registrados por las propias autoridades judiciales, arbitrariedades denunciadas por la Internacional de los Servicios Públicos (ISP), por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y por la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA).

Sostenemos que los acuerdos de comercio de servicios públicos como el TISA y el TPP, que pretenden mercantilizar el agua y el saneamiento, generan una mayor pobreza en nuestros pueblos y vulneran nuestras democracias.

En este sentido, manifestamos nuestro rechazo a este tipo de acuerdos que se desarrollan bajo un absoluto secretismo, poniendo en riesgo el manejo público del agua y el saneamiento, así como también la educación, la salud, la energía y la seguridad social entre otros servicios públicos estratégicos. Habida cuenta, reivindicamos el rol que tiene el Estado como promotor principal de las políticas públicas sustentables de acceso a estos servicios y que deben trascender a los gobiernos a fin de garantizar su adecuado financiamiento.

Celebramos con entusiasmo la reciente celebración del 4 de noviembre de la Jornada Mundial por la Democracia y contra el Neoliberalismo, en conmemoración de un año más de la derrota del “Área de Libre Comercio de las Américas”, ALCA.

Creemos imprescindible que el capital privado, así como sus inversiones, deben estar subordinadas bajo el control del Estado, cuya función primordial es garantizar una buena gestión y la operación de éstos servicios públicos esenciales.

Condenamos la corrupción estructural y la falta de mecanismos eficaces que eviten una sistemática elusión fiscal que carcome y somete a los pueblos a pagar con más impuestos las faltas de los grandes evasores, perjudicando en forma directa la escasa economía de los trabajadores y las trabajadoras y sus respectivas familias.

Hacemos extensiva nuestra oposición a cualquier forma de trabajo infantil que afecte la integridad psicosocial de los menores. Por tanto, exhortamos a los gobiernos, asumir la aplicación del Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil e implementar políticas que aborden este problema social.

En este marco, promovemos un Estado en pro de la justicia social, que garantice la protección eficiente y eficaz en la construcción e implementación de propuestas de carácter sociopolítico que facilite y construya una mesa del diálogo social y promueva la cultura del trabajo decente y empleo pleno.

Creemos que sólo en el marco del diálogo social es posible configurar un sistema de justicia social, con la capacidad de garantizar un crecimiento sustentable para los trabajadores y trabajadoras, siempre pensados desde una perspectiva organizacional, accedan a derechos y prestaciones que en parte canalicen las aristas más dramáticas de las contradicciones del capitalismo global.

Impulsamos un sindicalismo de anticipación, moderno y propositivo que logra constituirse a través del diálogo social y en torno a la mesa de negociaciones, como el más eficaz.

Siendo una de sus principales condiciones, una participación ordenada y democrática de sus miembros en todas sus acciones, en equidad e igualdad de oportunidades, para incidir en la definición y construcción de un modelo de Estado, capaz de desarrollar políticas justas y equilibradas de protección de empleo pleno y trabajo decente, promoviendo un marco normativo protector alejado de una visión mercantilista y tercerizada del trabajo.

Para ello, es imprescindible la participación de los jóvenes y las mujeres trabajadoras en la construcción de estos procesos, por lo que el factor de proporcionalidad es un aspecto trascendental en la búsqueda del equilibrio entre hombres y mujeres.

Insistimos que en este proceso actual de constante reemplazo de trabajadores y trabajadoras por la adopción de nuevas tecnologías que deshumanizan y pulverizan los puestos de trabajo, se despoja al ser humano de su verdadero sentido de vida productiva, aislándolo al mismo tiempo de su entorno social.

Es por eso que el sindicalismo actual tiene que ser aquel que esté en condiciones de construir los grandes consensos nacionales, regionales y globales, donde la participación de las personas en los procesos de toma de decisiones, sea el motor de las grandes conquistas sociales.

Finalmente, somos conscientes de los efectos que consigo genera el cambio climático, producto del uso irracional de nuestros recursos naturales y el aumento desmedido de las emisiones de dióxido de carbono; es por ello que hacemos un llamado a las autoridades políticas de nuestras naciones y a la ciudadanía en general a generar y construir conciencia en la búsqueda de revertir de manera integral estos efectos.

En consecuencia, apoyamos desde nuestras organizaciones todas aquellas iniciativas encaminadas a combatir los efectos del calentamiento global y todo lo que ocasiona el aumento de los niveles de gases de efecto invernadero.