Ante la “renuncia” del Viceministro de Trabajo y Seguridad Social

Un alto jerarca de la delegación en Costa Rica de Organización Internacional del Trabajo (OIT), al enterarse de la renuncia del señor Harold Villegas Román como Viceministro de Trabajo y Seguridad Social y de la Economía Social Solidaria, comentó para la ANEP, bajo compromiso ético de nuestra parte de total confidencialidad del nombre de este funcionario internacional lo siguiente: “Harold es el único puente auténtico de relación con sindicatos, y el gobierno dejó que lo volaran”.

Además, dado que la propia OIT fue una de las prestigiosas entidades que organizó en nuestro país el evento con participación de 31 países de la Academia de la Economía Social Solidaria que la citada y creíble fuente anónima plantee lo siguiente es, realmente, impactante: “Porque además es mentira la nota de prensa, y porque una difamación periodística no puede ser la base de un despido político. Eso refleja la gran debilidad del gobierno para enfrentar infundios y jugadas de billar político adversas”.

¡Este es el comentario con perspectiva OIT acerca de la renuncia del ahora exviceministro de Trabajo y sin involucrar para nada, por supuesto, la institucionalidad oficial que la misma representa!

Pocos momentos después de hacerse pública esta renuncia expresamos una crítica al propio señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, lamentando que el mandatario le hiciera una “…concesión al bloque oligárquico-mediático que le adversa desde el primer minuto que llegó a la cabeza del Ejecutivo”.

Agregamos además esto: Un error que se sobredimensiona producto del combate de clase que tal bloque viene promoviendo en el seno de nuestra sociedad en polarización. Don Harold se va pero la circunstancia que lo saca en nada demerita su limpia carrera profesional y la decencia política que siempre le caracterizó en ese puesto. La matriz mediática que le saca es esa que se encuentra cuestionada por sus trifulcas tributarias para no honrar sus responsabilidades en tal sentido; y es la misma que en su seno corporativo-empresarial tiene figurones gerenciales envueltos en papeles panameños. Don Harold se va y con autoridad moral más que suficiente de la que puede mostrar tal matriz mediática”.

Este comentario nuestro fue enviado vía “uasap” (así españolizado por nosotros), a varios señores diputados y a varias señoras diputadas quienes reaccionaron al mensaje de la ANEP con criterios como los siguientes. Citamos algunos de los que recibiéramos en la noche de este martes 29 de noviembre:

“Yo también le envié un mensaje al Señor Presidente en esa línea”.

“La actividad no era una “fiesta” sino la cena de clausura del foro Academia y Economía Social Solidaria. Cierto que hubo música y licor. Pero fue en horas no laborales y sin un centavo aporrado por el Ministerio. Me dice una fuente que fue una celada contra Harold”.

“Una decisión precipitada que no comparto…”

“Yo igual le guardo cariño. Creo se sobredimensionó”.

“Muy bien”

Otros comentarios no diputadiles pero de personas colocadas en importantes puestos nos señalaron, por ejemplo, lo siguiente:

“Sí Albino comparto tus palabras. También lamento esta salida por un pichuleo e infamia. Pero es un compañero recto y pronto se hará justicia”.

“Estamos muchos impactados y cabreados con esta injustísima y traicionera acción”.

“¿Desde cuándo estamos en un país islámico? ¿Desde cuándo no se puede tomar tragos en una institución pública? ¿Es acaso un hecho insólito?”

Se comprenderá por razones obvias que jamás hemos de revelar los nombres de estas personas legisladoras que nos honran con su confianza para este tipo de comunicaciones.

Finalmente, el criterio presidencial de que el ahora respetable y respetado jerarca viceministerial “renunciado” debió atender “obligaciones simbólicas inescapables” nos habla de este tipo de democracias que han llegado o están por llegar a un estatus de “simbólicas” dada la lejanía y la distancia crecientes entre el sistema político que las sustenta y la ciudadanía decepcionada de las respuestas del mismo para sus angustiantes necesidades.

El criterio presidencial que respetamos pero que no compartimos de que don Harold Villegas Román tenía “obligaciones simbólicas inescapables” calza, perfectamente, cuando ya estamos viviendo en democracias atrapadas en simbolismos perfectamente funcionales al status quo. Efectivamente, esa idea-propuesta de Economía Social Solidaria es subversiva para el status quo mediático-oligárquico que sacó al indicado ciudadano del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

San José, miércoles 30 de noviembre de 2016.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

La Iniciativa Global sobre empleo decente para los jóvenes

En medio de la crisis mundial del empleo juvenil – caracterizada por niveles de desempleo sin precedentes, empleos de baja calidad y mal remunerados – el sistema de las Naciones Unidas lanza una ambiciosa iniciativa dirigida a crear empleos decentes para los jóvenes y apoyarlos en su transición de los estudios al trabajo.

La Iniciativa mundial sobre sobre trabajo decente para los jóvenes fue presentada hoy en la sede de la ONU por Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante la apertura de Foro de la Juventud de la ONU que se celebra todos los años.

Al describir la iniciativa, Guy Ryder señaló que es una alianza única entre gobiernos, el sistema de la ONU, empresas, instituciones académicas, organizaciones juveniles y otros grupos a fin de intensificar la acción para crear nuevas oportunidades y posibilidades de empleo de calidad en la economía mundial y “apoyar a los jóvenes a desarrollar las competencias que necesitan para competir en el mercado laboral de hoy día”.

Con la participación de más de veinte ministros de la Juventud y la asistencia de más de 500 delegados jóvenes, Guy Ryder invitó a los jóvenes a “participar plenamente” y ser agentes activos del cambio. “Sus voces reflejan las aspiraciones de los jóvenes de todo el mundo. Sus voces deben ser escuchadas y debemos obrar en consecuencia si queremos construir sociedades inclusivas y sostenibles, impugnar las injusticias y las desigualdades y abrir caminos hacia la paz, el progreso y la prosperidad para todos”.

Mas no podemos ignorar la difícil realidad. “En la actualidad, dos de cada cinco jóvenes en edad de trabajar o están desempleados o tienen empleo pero no ganan lo suficiente para escapar de la pobreza. La trampa de la pobreza de los trabajadores afecta a tantos como 169 millones de jóvenes. En los países de bajos ingresos, la situación es aún peor, nueve de cada diez jóvenes siguen ocupando un empleo informal, que es esporádico, mal remunerado y no está protegido por la ley”, agregó Ryder.

La Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación (JJE) , constituida por los 29 Directores de todas las organizaciones de la ONU, ratificó esta iniciativa como una prioridad vital. Además, el desafío del empleo juvenil fue incluido como un objetivo central de la nueva y ambiciosa visión de desarrollo de la ONU como se refleja en la recién adoptada Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible .

En consulta con los gobiernos, la iniciativa coordinará las políticas económicas y laborales a favor del crecimiento del empleo, la inclusión social y la protección de los derechos de los trabajadores a fin de garantizar que los jóvenes reciban un trato equitativo. La iniciativa aprovechará al máximo la competencia técnica de las organizaciones de la ONU que en ella participan y de otros socios al concentrarse en los “empleos verdes” para los jóvenes, las pasantías de calidad, los conocimientos informáticos y la creación de centros de innovación tecnológica, el apoyo a los jóvenes en la economía rural, la promoción de la transición de la economía informal a la formal y de la iniciativa empresarial de los jóvenes.

Durante el Foro de la Juventud, el Enviado del Secretario General para la Juventud, Ahmad Alhendawi, declaró: “El lanzamiento de esta iniciativa oportuna refleja el compromiso de la ONU en la lucha contra en desempleo juvenil y la promoción de empleo decente para los jóvenes. Refleja además que el empleo juvenil debería ser una prioridad en todos los niveles para liberar el potencial de los 1.800 millones de jóvenes, una receta que es imperativa para el desarrollo, así como para la paz y la seguridad”.

Para los jóvenes, la búsqueda de un buen empleo ha demostrado ser muy difícil, con frecuencia, muchos de los empleos disponibles no satisfacen sus expectativas. Si bien la situación del desempleo juvenil ha comenzado a mejorar un poco en las economías avanzadas, la tendencia creciente de trabajo temporal entre los jóvenes es una señal preocupante de se avecinan nuevos problemas.

La investigación ha demostrado que la falta de buenos empleos hace que las personas se dirijan a la economía informal o acepten un empleo donde no ponen en práctica sus competencias de más alto nivel, lo cual puede ocasionar bajos niveles de productividad y desactualización de las cualificaciones, produciendo una pérdida de competitividad e incrementando el riesgo de que los jóvenes abandonen del todo la fuerza de trabajo.

El Foro de la Juventud de la ONU, convocado por el Consejo Económico y Social, es un evento de dos días de duración que reúne a líderes juveniles provenientes de todas las regiones del mundo y proporciona una plataforma para que los jóvenes establezcan un diálogo con los gobiernos y contribuyan así a la formulación de políticas sobre cuestiones económicas, sociales y medioambientales a nivel global.

Para concluir, Guy Ryder dijo que todos los socios que participan en esta iniciativa deben además “mantenerse actualizados con los rápidos cambios tecnológicos que tienen un impacto sobre los mercados laborales y las competencias de muchas maneras diferentes. Nuestro desafío es el de encontrar continuamente soluciones nuevas e innovadoras cuando reflexionamos sobre el futuro del trabajo. El desafío es claro y nuestra respuesta debería ser igualmente clara y decidida”.

Caracterización de condiciones de trabajo del personal de Centros Penitenciarios en Costa Rica

Así se titula un extraordinario trabajo de investigación elaborado por, nada más y nada menos que el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), prestigiosa universidad pública de nuestro país. ¿Conoce usted este documento? Fue preparado entre enero 2013 y diciembre 2014 por la Ing. Tannia Araya Solano (máster en Salud Ocupacional), la MQI. Lourdes Medina Escobar (máster en Química Industrial), la Ing. Gabriela Hernández Gómez (máster en Administración de Proyectos) y el PhD. Marco Vargas Vargas (doctor en Enseñanza, psicólogo). Estos profesionales universitarios de gran solidez académica elaboraron el Informe Técnico “Caracterización de Condiciones de Trabajo del Personal de Centros Penitenciarios en Costa Rica”. Se trata de un documento de 139 páginas, más una presentación con ilustraciones de 75 páginas.

En ANEP pensamos que se trata de un riguroso y profundo diagnóstico (el más serio que conocemos), duro y cruel, de cómo la sociedad, la política pública, el Gobierno y el propio Estado, nos tienen como nos tienen, en tanto clase trabajadora asalariada del Sistema Penitenciario Nacional. Este documento nos da insumos para pegar el grito al cielo como nunca antes lo habíamos hecho, reclamando el fortalecimiento integral del Sistema Penitenciario Nacional, dado que lo que se venir en el horizontes (presupuesto 2017), nos preocupa muchísimo pues los partidarios fundamentalistas del neoliberalismo recortista y del “austericidio”, nos pondrán en máximos aprietos, con más peligrosidad y con más deterioro psicoemocional. Queremos sacarle mucho provecho a este estudio, pues está más que invisibilizado (por no decir, “escondido”), y no conocemos de esfuerzos al más alto nivel jerárquico-político-institucional que nos indiquen qué están haciendo al respecto. Si estamos equivocados en esta apreciación que nos lo digan. Parece que se ha olvidado, y nosotros mismos como personal penitenciario del país parece que también lo hemos olvidado, que SOMOS SERES HUMANOS.

En tiempo atrás, un estudio específico (no integral como el del ITCR) pero altamente profesional, financiado y contratado por la propia ANEP, señaló los principales hallazgos acerca de las condiciones socioambientales y psicoemocionales en que debe desarrollarse la estratégica actividad de servicio público como lo es la seguridad carcelaria del país a cargo del honorable personal de la Policía Penitenciaria. Tal estudio se denominó Condiciones de trabajo del personal de la Policía Penitenciaria de Costa Rica”, contándose con documentación anexa al mismo: a) Avance de sistematización de información, por centros de trabajo, sobre la “Investigación de las condiciones laborales de la Policía Penitenciaria; b) Avance de sistematización de información, Resumen General de los centros de atención institucional Reforma, San Sebastián, Buen Pastor, Pérez Zeledón y Limón, de la “Investigación sobre las condiciones laborales de la Policía Penitenciaria”. Recientemente, esta documentación fue entrega a la Dirección de la Policía Penitenciaria, en la persona de su distinguida subdirectora, la señora comandante Licda. Daysi Matamoros Zúñiga, quien la tiene en estudio y nos ha indicado que la considera valiosa.

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Agua: Desafío de lucha popular para que la humanidad se preserve

Compartimos con las personas lectoras de esta columna semanal para La Prensa Libre, el Decano de la Prensa Nacional costarricense, el siguiente documento, “Declaración de San José de Costa Rica”, el cual expresa el compromiso civil de un importante conjunto de organizaciones sindicales y sociales de la América Latina para la defensa del acceso al agua potable como derecho humano fundamental; y también para enfrentar las ofensivas corporativo-empresariales que pretenden privatizar su prestación generando lucro mercantil de apropiación privada.

En la Ciudad de San José de Costa Rica, a los tres días del mes de noviembre de 2016, las organizaciones integrantes de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Agua, Saneamiento y Ambiente de las Américas (CONTAGUAS); conformada por trabajadores y trabajadoras de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay; declaran que:

Instamos a los países a que por medio de los mecanismos constitucionales y/o legales correspondientes, declaren el acceso al agua y al saneamiento como elementos esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Rechazamos bajo cualquier modalidad toda forma de privatización del agua y del saneamiento, luchando para que este tipo de servicio público siempre esté bajo la égida el Estado y sus organizaciones públicas y comunitarias.

Somos conscientes del constante acoso y persecución que sufren las trabajadoras y los trabajadores del agua y saneamiento que defienden sus derechos laborales y sindicales. Asimismo, demandamos a nuestros gobiernos garantizar la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva de las y los trabajadores públicos, en cumplimiento de los convenios 87, 98, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Repudiamos los crecientes actos de violencia sindical y de impunidad de líderes y lideresas sindicales en Guatemala y en Colombia, los cuales en los últimos años han sido registrados por las propias autoridades judiciales, arbitrariedades denunciadas por la Internacional de los Servicios Públicos (ISP), por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y por la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA).

Sostenemos que los acuerdos de comercio de servicios públicos como el TISA y el TPP, que pretenden mercantilizar el agua y el saneamiento, generan una mayor pobreza en nuestros pueblos y vulneran nuestras democracias.

En este sentido, manifestamos nuestro rechazo a este tipo de acuerdos que se desarrollan bajo un absoluto secretismo, poniendo en riesgo el manejo público del agua y el saneamiento, así como también la educación, la salud, la energía y la seguridad social entre otros servicios públicos estratégicos. Habida cuenta, reivindicamos el rol que tiene el Estado como promotor principal de las políticas públicas sustentables de acceso a estos servicios y que deben trascender a los gobiernos a fin de garantizar su adecuado financiamiento.

Celebramos con entusiasmo la reciente celebración del 4 de noviembre de la Jornada Mundial por la Democracia y contra el Neoliberalismo, en conmemoración de un año más de la derrota del “Área de Libre Comercio de las Américas”, ALCA.

Creemos imprescindible que el capital privado, así como sus inversiones, deben estar subordinadas bajo el control del Estado, cuya función primordial es garantizar una buena gestión y la operación de éstos servicios públicos esenciales.

Condenamos la corrupción estructural y la falta de mecanismos eficaces que eviten una sistemática elusión fiscal que carcome y somete a los pueblos a pagar con más impuestos las faltas de los grandes evasores, perjudicando en forma directa la escasa economía de los trabajadores y las trabajadoras y sus respectivas familias.

Hacemos extensiva nuestra oposición a cualquier forma de trabajo infantil que afecte la integridad psicosocial de los menores. Por tanto, exhortamos a los gobiernos, asumir la aplicación del Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil e implementar políticas que aborden este problema social.

En este marco, promovemos un Estado en pro de la justicia social, que garantice la protección eficiente y eficaz en la construcción e implementación de propuestas de carácter sociopolítico que facilite y construya una mesa del diálogo social y promueva la cultura del trabajo decente y empleo pleno.

Creemos que sólo en el marco del diálogo social es posible configurar un sistema de justicia social, con la capacidad de garantizar un crecimiento sustentable para los trabajadores y trabajadoras, siempre pensados desde una perspectiva organizacional, accedan a derechos y prestaciones que en parte canalicen las aristas más dramáticas de las contradicciones del capitalismo global.

Impulsamos un sindicalismo de anticipación, moderno y propositivo que logra constituirse a través del diálogo social y en torno a la mesa de negociaciones, como el más eficaz.

Siendo una de sus principales condiciones, una participación ordenada y democrática de sus miembros en todas sus acciones, en equidad e igualdad de oportunidades, para incidir en la definición y construcción de un modelo de Estado, capaz de desarrollar políticas justas y equilibradas de protección de empleo pleno y trabajo decente, promoviendo un marco normativo protector alejado de una visión mercantilista y tercerizada del trabajo.

Para ello, es imprescindible la participación de los jóvenes y las mujeres trabajadoras en la construcción de estos procesos, por lo que el factor de proporcionalidad es un aspecto trascendental en la búsqueda del equilibrio entre hombres y mujeres.

Insistimos que en este proceso actual de constante reemplazo de trabajadores y trabajadoras por la adopción de nuevas tecnologías que deshumanizan y pulverizan los puestos de trabajo, se despoja al ser humano de su verdadero sentido de vida productiva, aislándolo al mismo tiempo de su entorno social.

Es por eso que el sindicalismo actual tiene que ser aquel que esté en condiciones de construir los grandes consensos nacionales, regionales y globales, donde la participación de las personas en los procesos de toma de decisiones, sea el motor de las grandes conquistas sociales.

Finalmente, somos conscientes de los efectos que consigo genera el cambio climático, producto del uso irracional de nuestros recursos naturales y el aumento desmedido de las emisiones de dióxido de carbono; es por ello que hacemos un llamado a las autoridades políticas de nuestras naciones y a la ciudadanía en general a generar y construir conciencia en la búsqueda de revertir de manera integral estos efectos.

En consecuencia, apoyamos desde nuestras organizaciones todas aquellas iniciativas encaminadas a combatir los efectos del calentamiento global y todo lo que ocasiona el aumento de los niveles de gases de efecto invernadero.

Empleados públicos, prácticamente, sin reajuste salarial para el segundo semestre de 2016

A una semana de haberse iniciado el segundo semestre del 2016, quienes trabajan asalariadamente para el sector Público no deben esperar, prácticamente nada, de un reajuste por costo de vida: según las cifras oficiales de inflación, ¡nada subió de precio!, pues el Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de tan sólo un 0.01 % de enero a junio pasado; o sea, “inflación cero”. ¡Cuesta creerlo!, ¿verdad?…

Se confirma así que este país ha estado manteniendo una política salarial (en ambos sectores, público y privado) que no distribuye riqueza, que no reparte más justamente los beneficios del crecimiento económico, que no potencia la reducción de la desigualdad vía otra política salarial.

Porque una cosa es el reajuste por costo de vida y otra, radicalmente distinta, es incrementar el poder de compra del salario expandiéndolo, aumentando su capacidad adquisitiva, por ejemplo, con aumentos considerando la inflación venidera, no solamente la vencida (la anterior a la fijación).

Ahora como el costo de la vida “no subió” (inflación de 0.01 %), hemos de notar, más sensiblemente, ese gran divorcio entre la realidad económica del bolsillo de las personas trabajadoras asalariadas vs. lo que dicen las cifras del gubernamental IPC.

Prácticamente, entonces, el congelamiento salarial es una realidad dolorosa que no guarda relación alguna con la velocidad con que en Costa Rica la riqueza se concentra.

“Tras de cuernos, palos”: luego de meses y meses y meses de una inmisericorde campaña de agresión ideológica y de terrorismo ideológico en contra de quienes laboran para el sector Público; ahora, sus grandes segmentos laborales (no los de la pequeña élite súper asalariada), ven aún más reducido el poder de compra de su salario porque éste no se expande en épocas de inflación “cero”.

Y, para peores, pese a que los empleados públicos son puntuales pagadores de impuestos, no se los roban, viene diciéndosele a la ciudadanía, de manera mentirosa y con perversas patrañas de por medio, que sus salarios (ahora congelados, prácticamente), son los culpables del déficit fiscal) y, por tanto, hay que acabar con la dedicación exclusiva, con la disponibilidad, con los riesgos, con las anualidades, con la peligrosidad, con las cesantía superiores a ocho años, etc., etc.

En ANEP y en el Colectivo Sindical Patria Justa anhelamos que más rápido de lo que podamos imaginar, la unidad sindical en la acción permita la expresión de miles y miles de conciencias laborales del sector Público, utilizando el pacifismo de la Democracia de la Calle, para defender el salario, el empleo y la estabilidad de las familias; repudiando a un único coro de miles de gargantas tanta agresión psicológica, tanto escarnio, tanta infamia, tanta calumnia, tanto ataque en contra de quienes, honradamente, laboran para el sector Público.

Sector Agroalimentario pide ser escuchado

El grupo retomó labores de una agenda consensuada desde hace dos años, entre las diferentes agrupaciones del Estado relacionadas con la seguridad agroalimentaria nacional.

Roberto Monestel Flores, Presidente de la Seccional Anep-Pima Cenada y participante del foro explicó que aunque se han establecido esfuerzos ante los problemas comunes entre los sectores no han sido escuchados.

“Estamos diseñando una estrategia enfocada en un solo frente con todos los grupos organizados como las asociaciones de pequeños y medianos productores, sector cooperativo y sindicatos con la finalidad de que en una fecha muy cercana podamos denunciar ante el Ejecutivo todos los aspectos en los que se debe mejorar”, agregó Monestel.

El dirigente sindical manifestó que algunas de las propuestas fueron expuestas al presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Sin embargo, no han obtenido ninguna respuesta del Ejecutivo, ni de los jerarcas institucionales.

“Nosotros hemos considerado que al presidente no le interesa los medianos, ni pequeños productores. Hace año y medio le planteamos una agenda con varios puntos, entre ellos la comercialización de productos perecederos, disminución de la intermediación dentro del CENADA, la incorporación de la agricultura orgánica certificada o en transición y nunca obtuvimos ninguna respuesta”, manifestó Monestel.

Otra de las propuestas fue poner en marcha la elaboración de la “sopa tica” a base de productos que no son comercializados en el mercado y que vendría a alimentar a las poblaciones vulnerables socialmente. Esta iniciativa se implementa en países como Argentina, Chile y Brasil.

Patria Justa presentó formularios para referéndum para aumentar salario mínimo

Cabe destacar que la iniciativa para impulsar la “Ley del Salario Mínimo Vital” forma parte de los acuerdos del proceso “Una agenda patriótica para el bien común” (punto 3.4), suscritos entre el Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa con los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (PFA); acuerdos firmados ante todo el país, de manera transparente, el 26 de junio de 2015 en el Teatro Popular Melico Salazar.