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Proyecto de Ley dejaría a los policías con salario mensual aproximado de ¢350.000

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Sindicatos de los cuerpos policiales del país anunciaron este martes en conferencia de prensa la rotunda oposición a los proyectos de ley que atentan contra el empleo público y que se encuentran en la Asamblea Legislativa, especialmente el proyecto de Ley N° 19.923 “Racionalizar el Gasto Público”.

Para los trabajadores de los cuerpos policiales, el proyecto contempla dos artículos (12 y 14) que vendrían a precarizar aún más el salario que reciben. Además, a esto se unen los recortes presupuestarios que perjudican la seguridad ciudadana en todos los ámbitos.

Por ejemplo, el artículo 12 del régimen de disponibilidad estipula que: “el porcentaje de personal de la institución sujeto al régimen de disponibilidad no podrá ser superior al 20% del total de funcionarios de la institución”.

Mientras que el artículo 14 establece que: “El incentivo por excelencia en el desempeño se reconocerá a aquellos servidores que hayan recibido la máxima calificación, como resultado de la evaluación del desempeño según la escala definida, en los niveles de evaluación (…)”.

El presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, Mainor Anchía explicó que, aunque la intención de los legisladores es aplicarlo solo a trabajadores de nuevo ingreso, esto provocaría desigualdad entre trabajadores con las mismas funciones, por lo que es inviable en un país de derecho.

“En el caso de un oficial de la Fuerza Pública con escala básica (agente1) este proyecto afectaría el salario mensual. Por ejemplo, dejaría de percibir ¢75.000 mensuales de disponibilidad y ¢6.500 en anualidades aproximadamente. Para nadie es un secreto que los cuerpos policiales son los más mal pagamos del Poder Ejecutivo y nadie ha hecho nada por eso. El salario promedio de un policía con los pluses incluyendo la disponibilidad ronda los ¢500.000 mensuales”, dijo Anchía.

Los cuerpos policiales sindicalizados, entre ellos la Policía Municipal de San José, Guardaparques, Policía Profesional de Migración, Policía Aeroportuaria, Vigilancia Aérea, Policía de Tránsito, Policía Penitenciaria y Fuerza Pública crearon una alianza para que los proyectos que atentan contra en empleo público no sean aprobados.

Ricardo Carpio, representante de la Seccional ANEP-Policía Municipal de San José indicó que una de las observaciones es que con la propuesta pretenden violentar la autonomía de las municipalidades.

“Quieren involucrarse y hacer que las municipalidades pierdan autonomía no solo administrativa sino también financiera, ya que nos afectaría en términos de disponibilidad, dedicación exclusiva, entre otros rubros”, agregó Carpio.

Roberto Molina, del sindicato de Guardaparques detalló que desde la creación de la Ley de los Parques Nacionales en la década de 1970 han trabajado sin que se les reconozca la disponibilidad, el riesgo policial, ni las horas extras.

“Un guardaparques trabaja jornadas hasta de 18 horas diarias, no nos reconocen ni horas extra y ya no aguantamos. Los más de 300 guardaparques ya tomamos una decisión y si tenemos que cerrar los parques nacionales lo vamos hacer”, recalcó.

Los funcionarios de los cuerpos policiales resaltaron que han pasado de reunión tras reunión con las distintas autoridades para que se dignifique el trabajo policial, sin embargo, a la fecha siguen sin recibir una respuesta.

ANEP emite sus impresiones sobre a la propuesta del texto sustitutivo del Proyecto de Ley N° 19.506

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Acerca de la “nueva” versión del proyecto contra el Empleo Público, expediente legislativo No. 19.506.
Primeras impresiones de la ANEP

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) pone a disposición de las honorables personas integrantes de las juntas directivas de las seccionales de la ANEP en el sector Público, de los delegados y de las delegadas sindicales de la organización, de quienes nos honran con su membrecía a la ANEP en el Estado costarricense, del personal del sector Público, en general; la más reciente versión del principal proyecto en contra del Empleo Público, el que ataca los pluses salariales y las cesantías superiores a 8 años; lucha fuerte que hemos estado dando durante ya más de dos años, como consta ampliamente y por las más diversas formas y medios.

Esta “nueva” versión fue divulgada hasta el día de ayer, jueves 29 de setiembre y, por tanto, necesita de un análisis con rigor de parte de la ANEP. No obstante, les compartimos las siguientes impresiones sumamente generales obligados por la gravedad de las circunstancias.

PRIMERO: EL déficit fiscal no es culpa de los salarios públicos. Mucho menos de los salarios públicos financiados con el mal llamado presupuesto general de la República. ANEP lo ha demostrado hasta la saciedad y nadie ha descalificado los argumentos de la ANEP al respecto. Prestigiosas personalidades de gran solidez académica, ética e intelectual así nos lo han reconocido en privado. Esta tesis de la ANEP ha sido adoptada por todas las corrientes sindicales nacionales, incluso las que nos adversan.

SEGUNDO: Esta “nueva” versión lleva, todavía, el número de expediente legislativo 19.506. Sin embargo están considerando cambiarle el número, pues al igual que el expediente legislativo No. 19.923 (el del primero de mayo pasado cuando la “alianza” opositora se tomó el control del directorio legislativo), ese número 19.506 ya se considera satanizado, también. Creemos que en próximas horas le cambiarán el número para intentar despistarnos.

TERCERO: Notemos que el título de esta “nueva” versión del expediente legislativo 19.506: LEY PARA REGULAR LAS REMUNERACIONES ADICIONALES AL SALARIO BASE Y EL AUXILIO DE CESANTÍA EN EL SECTOR PÚBLICO” deja claro las intenciones del proyecto: ataque a los pluses salariales y ataque a cesantías mayores a los 8 años actualmente existentes.

CUARTO: Con un vistazo general a este “nuevo” texto notamos que el proyecto no se estaría metiendo con los pluses salariales del gremio médico cubierto por la Ley No. 6836, puesto que la ley salarial médica solamente podría modificarse mediante un proyecto de ley específico para variarla. Nos alegramos de que el pueblo trabajador médico y las otras profesiones incluidas en tal ley, ya no estarían corriendo riesgo con sus salarios. Sin embargo, muy bien apunta el refrán popular del “alegrón de burro”, el cual aplicamos a esta circunstancia. Esta “nueva” versión del proyecto en contra del Empleo Público, No. 19.506 representa un agrietamiento inicial en materia de los derechos laborales consolidados en el sector Público, pues abre la puerta para ataques futuros al Empleo Público. Bastaría que a este proyecto, si llega a ser ley, en futuras legislaturas se le introduzca un artículo para atacar otros derechos sociales y salariales consolidados que ahora no estarían siendo tocados, en cualquier sector. Para el caso específico del resto del personal de la CCSS, el que no cubre la indicada legislación médica, la amenaza sigue con la misma gravedad inicial en este “nuevo” proyecto 19.506. Seguimos convencidos de que la mejor defensa obrera en toda esta situación es la estrategia de la unidad sindical en la acción.

QUINTO: Por otra parte, el honorable cuerpo de servidores públicos del Magisterio Nacional si bien quedaría comprendido en el “nuevo” texto, una primera revisión nos indica que no estarían metidos en las dimensiones en que se esperaba. En todo caso, son las autoridades sindicales del Magisterio Nacional, las únicas vocerías legítimas en tal sentido. Lo del “alegrón de burro” indicado en el párrafo anterior, también cabe para el caso de este punto quinto. Y también en este caso, seguimos convencidos de que la mejor ofensa obrera en toda esta situación es la estrategia de la unidad sindical en la acción.

SEXTO: Si estuviésemos en lo correcto, en términos generales de lo que apuntamos en los puntos cuarto y quinto, el “nuevo” texto ataca, esencialmente, los salarios del sector profesional del Gobierno Central, entes adscritos al mismo y los otros poderes del Estado; también, todo el sistema salarial de los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo y lo que se refiere al personal no profesional de este poder. También ataca, esencialmente, todo el sistema salarial de las municipalidades del país; y, podría generar repercusiones muy negativas en las universidades públicas del Estado.

SÉTIMO: El mayor golpe salarial de este “nuevo” texto estaría afectando, en esencia, los salarios del Estado central a nivel de Poder Ejecutivo, especialmente aquellas categorías salariales que han estado por muchos años “enganchadas”. Igualmente, estaría afectando a las municipalidades, especialmente en las expectativas de cesantías mayores a 8 años que representa un gran aporte para la edad jubilatoria de personal de campo de salarios bajos, tanto del campo operativo como administrativo. Además, este “nuevo” proyecto acaba con la autonomía de la negociación salarial en la esfera municipal.

OCTAVO: Este “nuevo” texto, en absolutamente nada, ni en la más ínfima de las milésimas, resuelve el grave problema del déficit fiscal. Las reducciones salariales que se darían de aprobarse, solamente generarán daño socioeconómico a las personas trabajadoras asalariadas que golpeará. Jamás de los jamases, el déficit fiscal se puede resolver por la vía del empleo y de los salarios. Ni despidiendo a todos los maestros, ni despidiendo a todos los policías, ni despidiendo a todos los profesionales y no profesionales de los ministerios, el déficit fiscal se resolvería. Y, por supuesto, nada tienen que ver las municipalidades del país con el déficit fiscal, por tanto, este “nuevo” proyecto lo que hará es generar daño en los sectores laborales estatales más humildes, salarialmente hablando.

NOVENO: Este “nuevo” texto, al igual que los anteriores de similar naturaleza, es profundamente ideológico desde la perspectiva del pensamiento neoliberal. Se trata de precarizar el empleo público, se trata de bajar el nivel de los salarios estatales para que se acerquen lo más posible, a los salarios del sector privado; es decir, una homologación salarial hacia abajo. El empobrecimiento salarial permite una mayor acumulación de riqueza de quienes ya, de por sí, la vienen concentrando en los últimos años. Entonces, la verdadera centralidad de esta discusión sobre el empleo público y los pluses es ideológica, no fiscal.

DECIMO: Este “nuevo” texto, este proyecto contra el Empleo Público es una necesidad política del presente Gobierno, desesperado como está por lograr cambios tributarios de fondo. Por ejemplo, el presente Gobierno está cediendo al chantaje político del grupo parlamentario neoliberal de oposición, el cual le pide “la sangre” de los empleados públicos a cambio, por ejemplo, de aprobarle que el impuestos sobre las ventas aumente del 13 al 15 %, denominándose impuesto al valor agregado (IVA). En tal sentido destaca el papel que está ejecutando el Partido Liberación Nacional (PLN), con su actual fracción parlamentaria y en la persona de la honorable legisladora doña Sandra Piszk Feinzilber, promotora ejecutiva de este tipo de proyectos.

ONCEAVO: Tal chantaje político, de materializarse en ley, agravará más la desigualdad imperante en nuestra sociedad. Aumentar tal impuesto del 13 al 15, golpeará a los que menos tienen puesto que éste es el impuesto más injusto de todos dado que no discrimina, al pagarse, en capacidad de ingreso de las personas. Por otro lado, este “nuevo” texto, al golpear a empleados públicos con los salarios más bajos, los empobrecerá doblemente: deberían pagar más por el aumento de ese impuesto pero con menos salario producto de eventuales reducciones del mismo que supone para los trabajadores estatales involucrados en este “nuevo” texto”. Además, subir el indicado impuesto golpeará duramente a la clase trabajadora del sector privado, asalariada o no asalariada. Es férrea la posición política de la ANEP en cuanto a no prestarnos para legitimar, bajo ninguna circunstancia, ni en lo más mínimo, estos procesos neoliberales de precarización del empleo y los salarios y de fortalecer la naturaleza profundamente regresiva del sistema tributario costarricense.

DOCEAVO: Corresponderá a las bases dirigentes de la ANEP en el sector Público, sus juntas directivas seccionales, los delegados y las delegadas sindicales y otras personas trabajadoras con responsabilidades en esta problemática, tomar las decisiones finales de cara a este “nuevo” proyecto en contra del Empleo Público. La ANEP, en tal sentido, tendrá un Consejo Consultivo Nacional, de emergencia, en próximos días; para que éste, junto a la actual Junta Directiva Nacional (JDN) de la agrupación defina lo pertinente.

San José, viernes 30 de setiembre de 2016.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Seccional ANEP-SINART gana reconocimiento de la cesantía

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En la administración pasada, un ex ministro de trabajo rechazó el artículo 20 de la Convención Colectiva de Trabajo para los empleados del Sinart.

Dicho artículo establecía que la cesantía debía de reconocerse por un máximo de 12 años.
Ante esto la ANEP y su seccional en el Sinart lucharon para que se respetara la Convención, dando frutos recientemente con la resolución del Ministerio de Trabajo que revoca la medida de la pasada administración.

Escuche las declaraciones de Fernando Vargas, presidente de la Seccional ANEP-Sinart.

Resolución del MTSS sobre la cesantía en SINART

Parlamento: estupidez política, «embarcada» y fiscalidad

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Todo está indicando que la alianza de los partidos Liberación, Unidad, Libertario y los cristiano-evangélicos, que “asaltaron” el Directorio legislativo para el período constitucional 2016-2017, “huele a lirio”.

Parece que estaría resquebrajándose y no podía ser de otra forma dada la estupidez política que representó que se unieran con base en esa especie de ornitorrinco jurídico que es el expediente legislativo No. 19.923, mal llamado “Ley para racionalizar el gasto público”, pero que, realmente, es una iniciativa para aniquilar el sector público (tipo shock a lo Grecia).
Nada más contundente que lo que afirma la distinguida señora diputada, jefa de la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN), pues según consigna un periódico nacional, en su edición de este domingo 22 de mayo, se lee lo siguiente:

“La jefa verdiblanca dijo que se llevó una sorpresa cuando, ya firmado el acuerdo opositor, leyó los proyectos y se encontró con que eran un rejuntado de iniciativas que, en algunos casos, habían sido presentadas por el PLN y ya se habían avanzado mucho”.

Aparte de preguntarnos cuáles son esas esas “iniciativas que, en algunos casos, habían sido presentadas por el PLN y ya se habían avanzado mucho”, y que nosotros no conocemos; la indicada diputada está admitiendo la gran estupidez política que cometieron ese 1 de mayo fracciones parlamentarias como la que ella está jefeando; pues no se puede creer en que la misma haya sido “embarcada”, al firmar algo que, como ella lo cataloga, es un “rejuntado” (ornitorrinco jurídico), sino que representó un disparador de la agitación social del sindicalismo al punto de que, en sus diversas corrientes y fracciones, la tesis de Huelga General indefinida es consenso obrero.

Bien hace el también liberacionista diputado Ronny Monge Fallas, que en la misma nota de prensa que hemos citado aquí se deja decir lo siguiente: “No es que los empleados públicos sean los responsables del déficit fiscal. Mucho más tienen que ver los evasores, los elusores y la clase política en cómo ha gastado el dinero”.

Es más, si el mencionado periódico, fiel padrino ideológico de ese ornitorrinco jurídico que es el expediente legislativo No. 19.943, tituló este domingo anterior que “Grietas en el PLN y el PUSC amenazan unión de opositores”, la estupidez política en que incurrieron tales partidos con su “asalto” al directorio legislativo el pasado 1 de mayo, está más que confirmada y sentenciada a descarrillarse.

¡Pero!, lo que pasa es que en la Asamblea Legislativa cualquier cosa puede suceder, en el momento menos esperado, producto de las alianzas más insospechadas y de esos pactos cotidianos, en lo pequeño y en lo grande, que se suelen dar en los pasillos parlamentarios.

Así que esa estupidez política que no fue “embarcada”, merece ser derrotada de manera contundente vía la mayor movilización laboral posible y, ojalá, lo más unitariamente factible; pero, a la vez, con una sólida argumentación desde el lado laboral, pues hay muchísimos elementos e información al respecto, de forma tal que se pueda lograr la mayor comprensión ciudadana posible, la cual no es posible obtener vía la consigna hueca, el panfletarismo y la defensa de un gremialismo corporativista que podría ser hasta suicida para terceros directamente involucrados, aludidos y potencialmente afectados, aunque víctimas de manipulaciones perversas.

Es por eso que a este plano, el de la argumentación, le hemos dado gran importancia para el desarrollo y para el accionar de la corriente sindical que ocupa todo nuestro diario quehacer, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), inserta en el Colectivo Sindical Patria Justa; y ahora en sociedad, para la presente coyuntura, como Convergencia Sindical, con el Sindicato de Trabajadores y de Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC), junto con los agrupamientos obrero-sociales, Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) y Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).

Aclaramos que la mención a estos grupos sindicales en este artículo es, exclusivamente, con fines de información para quienes nos dan el grandísimo honor de leerlos, nada más. Los contenidos del artículo son de exclusiva responsabilidad de este servidor firmante del mismo.

Pues bien, en esto del campo de la argumentación, más allá del panfleto, acaba de ser lanzada una investigación de gran rigurosidad científico-social y alto profesionalismo, que debemos leer todos cuantos estamos de este lado de la acera.

Es más, deben leerla, respetuosamente lo planteamos (o por lo menos, que pongan a sus personas asesoras a hacerlo), los diputados y las diputadas que escenificaron la estupidez político-parlamentaria del 1 de mayo, especialmente los que ahora argumentan, falazmente, eso de la “embarcada”, como la distinguida legisladora Clarke Clarke.

Estamos hablando del libro “Política fiscal: expresión del poder de las élites centroamericanas”, publicado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi); investigación que nos cae como anillo al dedo para la actual coyuntura sociopolítica que en nuestro país está en desarrollo y al rojo vivo.

Si del lado del capital más hegemónico se admite que la tal alianza parlamentaria de oposición se agrieta; si ya desde su propio seno se está aceptando la estupidez política (no “embarcada”) del 1 de mayo en ese “engendro del mal”, ornitorrinco jurídico, que es el expediente legislativo 19.923; si la tesis de huelga general (indefinida), dado el ataque artero al empleo público es compartida por todas las corrientes sindicales; si ya se sigue abriendo paso la conclusión de que el déficit fiscal no se debe a los salarios de quienes laboran para el Estado (planteamiento original nuestro hoy “universalmente” aceptado en el sindicalismo criollo, y más allá de él); entonces lo que corresponde es enfrentar conclusiones como estas a partir del importante estudio del Icefi.

Leamos:

“La consecuencia de no resolver de manera adecuada y permanente los desequilibrios fiscales de las últimas décadas ha sido la acumulación de deuda pública interna y el crecimiento de la partida de gasto por intereses.

Esto debe sumarse a los beneficios fiscales que existen para las rentas financieras. De esa cuenta, la política fiscal se ha convertido más bien en un mecanismo de redistribución inversa de la riqueza, trasladando recursos del agregado de la sociedad al grupo de tenedores de la deuda, contribuyendo además con la pérdida de equidad horizontal y vertical del sistema tributario.

El pago de intereses de la deuda, que sobrepasó en su momento el 4 % del PIB y fue una cuarta parte de los gastos públicos, se convirtió en una limitación para el crecimiento del gasto social y la inversión pública”. Nuestra convicción de que el déficit fiscal no es por responsabilidad de los salarios públicos se baña de hormigón con esta investigación del Icefi. Es que la procesión va por otro lado.

Copla: himno de otros países en escuelas

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El gobierno recibió críticas
Por la directriz,
Que pretendía que se cantará
El himno de otro país.

Pero en Costa Rica
País de doble moral,
Nadie se preocupa
Por la producción nacional.

Muchos de esos ticos
Que reclaman airados,
Le dan todo el apoyo
A música de otros lados.

En esos hay mucha gente
Que son de doble moral,
Que ni siquiera se saben
El Himno Nacional.

Menos la patriótica
O el Punto guanacasteco,
Pero endiosan a Shakira
A Juanes y a Gieco.

Pagan grandes sumas
Por ver a un extranjero,
Pero por el Himno de Nicaragua
Hacen un plumero.

Hay grandes transnacionales
Que se apropian de Costa Rica,
Y esa triste realidad
Casi nadie la crítica.

Más bien hay nacionales
Que como modernos filibusteros,
Le entregan el país
A empresarios extranjeros.

Recuerdo años atrás
Que como parte de la educación,
Nos teníamos que aprender
Los himnos de la región.

Les voy a dar un consejo
Aunque en eso no soy diestro,
Si queremos ser consecuentes
Cuidemos todo lo nuestro.

Gestores ambientales del Ministerio de Salud se reúnen con el Oficial Mayor por inquietudes laborales

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La Seccional ANEP-Gestores Ambientales del Ministerio del Salud mantuvieron una reunión con Alexander Cascante, Oficial Mayor y Director Administrativo del ministerio para exponer algunas inquietudes laborales.

La Seccional de Gestores y Gestoras Ambientales conformada en el 2014 detalló ante el funcionario la serie de necesidades dentro del ministerio y el mejoramiento de las condiciones laborales.

Uno de los temas expuestos fue el reconocimiento del rubro de la peligrosidad ya que no están incluidos dentro de las especificaciones del Servicio Civil.

Ante esto, Alexander Cascante, explicó que generar más pluses es una posibilidad cerrada por la política de austeridad. Sin embargo, recalcó que la primera lucha se debe hacer con el Servicio Civil, para luego conseguir el contenido presupuestario.

Otros puntos abarcados fue el procedimiento de inspección y salud ocupacional. Asimismo, solicitaron:

  • Nombrar a un funcionario de recursos humanos del Nivel Central de éste Ministerio para que se revise y se proponga un Manual de Puestos en coordinación con la Seccional de Gestores Ambientales, los cuales pueden colaborar en la orientación con respecto a la competencia y perfil técnico y profesional de las personas destacadas en éstos puestos.
  • Eliminar la práctica inadecuada de delegar funciones de gestión ambiental a personas con carencia de conocimiento en el campo, así como que no se asignen labores ajenas a la competencia técnica y profesional de los gestores y gestoras ambientales, con la finalidad de garantizar un servicio de calidad a los usuarios. (En este sentido, por ejemplo, se solicita la respuesta con respecto a la revisión de planos constructivos, así como consultar el fundamento para obligar a un gestor a realizar funciones de chofer por consulta de un funcionario).
  • Coordinar por parte de las Unidades de Rectoría de la Salud Regionales reuniones mensuales o bimensuales para abordar temas técnicos y legales del trabajo desarrollado por los gestores y gestoras ambientales de manera cotidiana, esto como por ejemplo sucede con la realización de las reuniones de médicos directores. Dichas reuniones solicitamos sean autorizadas mediante directriz Ministerial. Con la finalidad de mejorar las competencias para resolución de casos del Ministerio.
  • Convocar a la Seccional de Gestores y Gestoras Ambientales cuando se trabaje en instrumentos o normativa que va a ser aplicable por parte de dichos funcionarios, con la finalidad que exista una retroalimentación con la experiencia del personal existente.
  • Brindar los insumos necesarios para la realización de las labores cotidianas, teniendo prioridad sobre los aspectos de equipo de protección personal y que esto sea informado a las direcciones tanto regionales como de áreas rectoras de salud, con respecto a la necesidad de dotación de bloqueador solar (salidas a campo, especialmente en zonas costeras), capas (época lluviosa), botas(inspección en zonas boscosas), zapatos de seguridad, casco de seguridad, lentes de seguridad, mascarillas, tapones de seguridad (inspecciones en industrias y construcciones), jackets (supervisión de eventos de pólvora), repelente (atención de denuncias por vectores como mosquitos o visitas a zonas con brotes de dengue o chikungunya), entre otros.
  • Revisión y análisis de las guías existentes de manera conjunta por parte de la Dirección de Protección al Ambiente Humano con la Seccional de Gestores y Gestoras Ambientales, en donde se garantice la participación del personal de campo con el conocimiento suficiente para garantizar un uso efectivo y eficiente de los recursos disponibles (papel, tinta, tiempo, personal, vehículos, entre otros). Y se logre un consenso con respecto a la información pertinente a recabar en las inspecciones.

Trabajadores de la Municipalidad de Garabito tendrán ajuste salarial de ¢10.000

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En términos porcentuales el aumento ronda del 1,2 % (personal administrativo o clase profesional) hasta el 3% (operarios).

Aunque al principio de la negociación del incremento salarial no había facilidad política, al final la medida fue aceptada por la administración.

Dicho incremento deberá aplicarse de forma retroactiva desde el 1 de julio.

Acuerdo sobre aumento salarial en la alcaldía de Garabito