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• Entre finales de 2014 y finales de 2015, según lo muestran los datos del INEC, el empleo en el sector público se redujo en 14.032 personas, equivalente a una reducción del -5%.

• Entre inicios de 2012 –a mediados del gobierno de Chinchilla– y finales de 2015, la reducción es de 59.468 puestos de trabajo menos en el sector público: una reducción del -18,2%

• Entre inicios de 2014 y fines de 2015 el empleo público se redujo en 54.461 puestos de trabajo, o sea, un -17% menos. Sin duda, toda o la casi totalidad de esta reducción ha sido ejecutada por la administración Solís Rivera.

• Entre marzo 2015 y marzo 2016, el gasto total del Gobierno Central creció 1,5%, incluyendo un aumento de 3,4% en la parte de remuneraciones y un recorte de -28,5% en la compra de bienes y servicios. El gasto corriente aumenta un 4,3% pero ese incremento se explica casi totalmente (un 80%) por el aumento en los pagos de intereses.

• Para ese mismo período se registra una reducción de -17% en la inversión pública (-26,4% si comparamos con marzo 2014).

• Si se excluye el pago de intereses, el gasto se reduce en -1,9%.

• Valga enfatizar: los intereses son, con mucho, el rubro que más crece y cada vez a mayor velocidad. En el año comprendido entre marzo 2015 y marzo 2016 crecieron casi 24%, mucho, pero muchísimo más que ningún otro rubro. Como proporción del gasto total los intereses pasaron de representar un 13,3% en marzo de 2015 a representar un 16,2% en marzo de 2016. O sea, 2,9 puntos porcentuales en tan solo un año. Respecto de marzo 2014 (dos años atrás) el aumento es de casi 4 puntos porcentuales.

• Al proyectar al año 2016 los datos correspondientes al primer trimestre, nos encontramos con un déficit del Gobierno Central que potencialmente sería del -5,2% del PIB. Sin incluir intereses de la deuda, el déficit sería de tan solo -2,0%. Esos intereses por sí solos provocan un déficit del orden del -3,2%.

• La reducción en el empleo público, en la compra de bienes y servicios y en la inversión pública a que el gobierno ha recurrido para atenuar el déficit tiene graves consecuencias sobre la economía; contribuye a ralentizarla justo cuando más necesitada está de recibir un estímulo positivo originado en el sector público. Ello además agrava los de por sí agudos problemas del empleo en un doble movimiento: directamente al reducirse el número de servidores públicos e indirectamente al recortarse la demanda de bienes y servicios y la inversión por parte del Estado.

• En la medida en que el déficit se origina hoy en el pago de intereses, con ello asimismo se pierde el efecto estimulante que ese déficit debería tener sobre la economía. Una parte de esos pagos (aproximadamente el 16%) va a la propia institucionalidad pública, lo que equivale, sin más, a sacar dinero de un bolsillo para pasarlo a otro. Pero, sobre todo, el pago de intereses redistribuye ingresos a favor de sectores rentistas muy poderosos y privilegiados: el propio sistema financiero en primer lugar (alrededor del 21%) y el sector privado en general (32,4%), lo cual corresponde, sobre todo, a gente de muy altos ingresos. Poco o nada de eso revertirá en demanda de nuevos bienes y servicios, por lo que el efecto positivo sobre la economía se diluye hasta prácticamente desaparecer.

• En resumen: el gasto total del gobierno, excluidos los intereses, está decreciendo. El total de gasto corriente, así como las remuneraciones, crecen levemente, mientras las compras de bienes y servicios y la inversión pública se reducen drásticamente. El total del empleo público viene también reduciéndose en forma muy sostenida y significativa. O sea, y en resumen: estamos viviendo un proceso de desmantelamiento e inutilización de la institucionalidad pública, con consecuencias dañinas a corto plazo para la economía y el empleo, y con perniciosos efectos de largo plazo para el buen desarrollo de nuestra sociedad.

• La histeria austeritaria –recorte y mutilación del sector público– que la tal “alianza opositora” quiere imponer desde la Asamblea Legislativa, es, en rigor, una pelea contra fantasmas, pero de ninguna manera una pelea inocente. No hay tales excesos de gasto, excepto en el rubro de intereses. Los fantasmas simplemente son una justificación para encubrir sus afanes ideológicos contra la institucionalidad pública, contra el Estado costarricense e, incluso, contra algunos fundamentales derechos laborales.

• Nada de lo anterior niega que no sea necesario hacer un máximo esfuerzo para mejorar la calidad de los servicios públicos y para corregir y sanear vicios y excesos que efectivamente existen. Pero el proceso de mutilación del que la institucionalidad pública está siendo víctima –y que la alianza opositora quiere profundizar– imposibilita radicalmente introducir las mejoras y correcciones a que aspiramos. Una institucionalidad pública mutilada es una institucionalidad pública inutilizada, así de simple y doloroso.

• Si el problema principal es, con mucho, el pago de los intereses, sobre esto debe necesariamente actuarse. Y esencialmente son tres las vías para hacerlo: a) hacer que bajen las tasas de interés en el mercado interno, lo cual pasa por exigir más eficiencia y menos rentismo por parte de la banca; b) reactivar la economía, incluyendo en esto una vigorosa reanimación de la inversión pública, y una amplia gama de otras medidas muy necesarias (incluyendo tipo de cambio); c) una reforma tributaria justa y equitativa y el combate tenaz al fraude fiscal que provea nuevos ingresos y contribuya, primero, a recuperar esa institucionalidad pública en proceso de derretimiento y, segundo, a frenar el crecimiento de la deuda pública.

La diputada socialcristiana Rosibel Ramos Madrigal, presidenta de la comisión parlamentaria de Asuntos Hacendarios, destaca (junto a su colega legislativo de similar ideología, Otto Guevara Guth), como parte del conjunto de las figuras políticas de mayor “virulencia” que se han venido manifestando en la actual Asamblea Legislativa, en contra del Empleo Público y en contra de la clase trabajadora asalariada del Estado.

En una pose de matonismo político, muy característica del pensamiento neoliberal, la indicada legisladora la arremetió contra aquellos colegas suyos en el seno del bloque opositor al Gobierno, que pudieran pensar diferente a ella en el debate parlamentario sobre el empleo público que ya empezó.

Los términos por ella empleados, “canillera” y “pendejada”, para catalogar eventuales posiciones distintas a la suya en materia de empleo público en el seno del grupo parlamentario de la oposición, expresan conceptos intimidatorios que se utilizan cuando no se tienen los argumentos suficientes para sostener una determinada tesis.

En tal sentido, la legisladora Ramos Madrigal no se diferencia mucho de quienes emplearon términos de agresión verbal inaceptables que se pronunciaron días atrás en las barras legislativas contra congresistas de signo neoliberal como lo es ella.

Así que la ANEP, de manera pública y respetuosa, reta a la diputada Rosibel Ramos Madrigal para que saque un poquito de tiempo de su apretada agenda (eso sí, tramitando el debido permiso) y realice, aunque sea por algunos instantes, las siguientes tareas de servicio público ejecutadas por empleados públicos cargados de “privilegios” por los pluses salariales que reciben.

En caso cada caso, le recomendamos preguntar por el salario total (base más pluses) que devengan esas personas empleadas públicas y cuántos años de servicio acumulan para haber llegado a tener tal nivel salarial.

Para la ANEP será un gran honor acompañarle a cada visita, con nuestros personeros y dirigentes respectivos, a fin de facilitar su importante presencia. Eso sí, si ella lo tiene a bien.

De seguido le presentamos doce sugerencias para que conozca, más integralmente, el fondo del problema del empleo público. Hay muchas más situaciones como las que se ejemplifican a continuación. Si aparte de las citadas, puede haber otras de su interés, háganoslo saber. ¡Aquí van las primeras!:

PRIMERO: Móntese en una radiopatrulla de la Fuerza Pública y acompañe a los policías en un recorrido por un barrio marginal capitalino cargado de pobreza, droga, crimen organizado, niñez en riesgo, gente desempleada y viviendas destartaladas. Luego del recorrido, ellos le compartirán un poquito de la alimentación que reciben en la delegación policial de pertenencia.

SEGUNDO: Visite La Reforma, súbase a un fortín, acompañe al policía penitenciario por un ratito como vigía y ojalá no le den ganas de ir al servicio en ese momento. O bien, pase unas dos horas en un módulo de reclusión de la cárcel de San Sebastián, en total hacinamiento, para ayudar a atender la dinámica de los privados de libertad en una mañana cualquiera.

TERCERO: Acompañe a un policía migratorio en algún puesto fronterizo y ayúdele unos minutos en tareas administrativas porque ahora este oficial debe hacer las dos tareas por un único salario. Usted puede trasladarse en avioneta o helicóptero para que no gaste mucho de su valioso tiempo.

CUARTO: En ese mismo medio de transporte, vaya a un parque nacional o área protegida y colabore con el oficial guardaparque en una persecución, aunque sea cortita, a un cazador furtivo. Mejor no le pedimos que ayude a enfrentar una situación con el narco de las muchas que se dan en el área verde del país.

QUINTO: Acompañe a un oficial de tránsito en una carretera de alto volumen vehicular, ojalá a hora pico y ayúdele, al menos, a llenar la boleta por infracción o una colisión que le toque presenciar. Ya no los mandan en pareja por falta de efectivos.

SEXTO: Coordine para que le participen de un operativo policial de defraudación fiscal y aunque sea por unos instantes, sea testigo de lo que es robo de impuestos en tiempo real, en concreción concreta y cómo hace falta más personal.

SÉTIMO: Podría visitar, por ejemplo, el CEN-CINAI de Los Cuadros de Guadalupe, ayudándole un ratito a la servidora que cuida los chiquitos de las madres solas jefas de hogar que se dejan en ese centro de servicio público. Tal vez en su visita usted podría ayudar a repartir el almuercito de los niños.

OCTAVO: Acompañe a un trabajador de AyA a efectuar una corta de agua, a una familia pobre o que está en problemas para pagar el recibo; ojalá no le toque a ir a una barriada típica del fenómeno de exclusión social. La gente se enoja mucho cuando le cortan el agua y la emprende contra los trabajadores.

NOVENO: Acompañe a un asistente de pacientes en un hospital metropolitano de la Caja, a asear a los enfermos, a darles el baño personal en su propia cama de convalecencia, en la pura mañanita y porque esa persona no puede moverse.

DECIMO: Haga un pequeño recorrido junto a un camión recolector de basura, con los empleados municipales que luego de varios años de exposición a la intemperie, en especial ahora que por el cambio climático la exposición a los rayos solares es más peligrosa, esperan recibir una cesantía compensatoria de una pensión que les quedará bajita.

ONCEAVO: En avioneta puede usted trasladarse a un poblado de la zona atlántica y acompañe al personal de campo del Ministerio de Salud, a un recorrido de combate al dengue, al zika, a la chikungunya.

DOCEAVO: Tal vez le interese estar cerca de un operativo delicado de combate al tráfico de drogas, ahora que el país está inundado por la actividad del narcotráfico. Los oficiales de la Policía de Control de Drogas, con seguridad, le compartirán la naturaleza peligrosa de su tarea.

En esto de los pluses salariales en el empleo público, las generalizaciones son tremendamente injustas. Todos estos meses, desde que ella llegó a la curul parlamentaria, miles y miles de empleados públicos han sido víctimas de una cruel campaña político-mediática de agresión psicológica y de “terrorismo ideológico”, culpabilizándoles del déficit fiscal, lo cual no es cierto. En cada uno de los doce casos mencionados (y los muchos más que no podemos citar ahora), los servidores públicos son pagadores de impuestos rigurosos y responsables, no se los roban. Los pluses salariales que devengan no tienen ninguna característica de privilegio.

Quedamos en espera de la respuesta de la diputada Rosibel Ramos Madrigal.

San José, viernes 16 de setiembre de 2016.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP