La obra de Iván Molina “Anticomunismo reformista” no puede aceptarse como una interpretación válida de la reforma social impulsada por la Iglesia Católica de 1940 a 1943, culminación de un esfuerzo iniciado a finales del siglo XIX. Dado el prestigio de Molina, bien ganado en otros trabajos, este libro merece una crítica serena pero firme, pues desnaturaliza la realidad histórica.
La creación de la CCSS, el Código de Trabajo y las Garantías Sociales conforman un acontecimiento de primera magnitud en la historia patria, solo comparable con la Campaña Nacional contra el filibustero.
“Anticomunismo reformista” afirma como idea central que “la reforma costarricense de la década de 1940 tuvo, en esencia, un origen anticomunista” (p. 200), que el comunismo costarricense produjo un anticomunismo socialmente reformista.
Para llegar a tan arbitraria conclusión, don Iván ha tergiversado el sentido de varios acontecimientos y procesos de nuestra historia y, más grave, no ha visto su concatenación.
El primero, la carta pastoral del obispo Bernardo A. Thiel, “Sobre el justo salario de los jornaleros y artesanos y otros puntos de actualidad que se relacionan con la situación de los destituidos de bienes de fortuna” (1893), adaptación de la encíclica Rerum Novarum de León XIII a la realidad costarricense.
Esta carta se inscribe dentro de las pretensiones electorales del Partido Unión Católica, surgido para defender los derechos de una Iglesia a la que se le había expulsado el obispo, prohibido la vida religiosa masculina y femenina, despojado de bienes materiales, expulsado de la enseñanza oficial y colocado prácticamente en la ilegalidad. Desde luego, no todas las medidas de los liberales eran nocivas.
Me refiero a la legalización del divorcio, el matrimonio civil y la supresión de la cláusula del Concordato – anacrónica e indefendible – que permitía al obispo supervisar la enseñanza, incluida la universitaria. Ahora bien, para modernizar al país no hacía falta arremeter contra la Iglesia copiando los métodos del liberalismo guatemalteco. Bastaba con buscar un nuevo acuerdo con Roma.
El obispo Thiel, quien fallece en 1901, no hizo de la carta “Sobre el justo salario” el eje de su pastoral (lo hubieran expulsado de nuevo). Sin embargo, esta carta y el Partido Unión Católica marcaron nuestra historia, pues en política nada se desvanece en la nada. No podía esfumarse un partido que obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones de primer grado, viéndose los liberales en la necesidad de poner en la cárcel al candidato católico y en la presidencia a Rafael Iglesias.
El segundo acontecimiento, consecuencia del anterior, acaece en 1902 cuando nace el periódico “La Justicia Social”, donde escriben Jorge Volio, Rafael Otón Castro (en 1927 primer arzobispo de San José), Rafael Á. Calderón Muñoz (padre de Calderón Guardia), entre otras personalidades. El periódico conoce 466 ediciones.
El tercer acontecimiento es el Partido Reformista de Jorge Volio. Iván Molina resta toda importancia a que ese partido haya sido fundado en 1923, nueve años antes que el Partido Comunista, con el apoyo de la Confederación General de Trabajadores. Molina parece ignorar que del reformismo salieron importantes dirigentes del Partido Comunista, entre ellos Manuel Mora, y que el “Programa Mínimo del Partido Comunista” (1932) es casi una copia de los “Propósitos del Partido Reformista”. Se puede afirmar que el reformismo fue la cuna del comunismo a la tica.
El partido de Volio superó el 20% de los votos en las elecciones de 1924 y eligió cinco diputados, pese a la desinformación de la prensa, los obstáculos financieros y las interferencias clericales. El reformismo sembró en el pueblo la noción de que el Estado debe promover el bien común en áreas abandonadas por el liberalismo como los accidentes de trabajo, la educación universitaria, la distribución de la tierra, la nacionalización de las riquezas del subsuelo, la justicia tributaria, etc. Volio nunca dejó de ser “un soldado de Cristo” (son sus palabras) y la masa de sus seguidores unió, como nunca antes ni después, la fe religiosa con la lucha por la justicia social.
En cuarto lugar, numerosos clérigos impulsaron la justicia social, conscientes de los atropellos laborales. No constituían la mayoría de su estamento, pero ofrecieron un respaldo pastoral a* ciertos políticos católicos ubicados en partidos liberales.* Mark Rosenberg, en su trabajo sobre el Seguro Social (1983), menciona a los médicos Mario Luján y Rafael Á. Calderón Muñoz, junto con Carlos María Jiménez, José Albertazzi Avendaño y Guillermo Padilla Castro. Algunos llegaron a formar parte del gobierno de Rafael Á. Calderón Guardia. (Urgen nuevas investigaciones sobre la labor paciente, silenciosa y tenaz de ese grupo que actuaba desde lo interno de los partidos liberales, a lo largo de los tres primeros decenios del siglo XX, que culminó con Calderón Guardia como presidente).
La preparación mencionada de modo esquemático culmina con el arribo simultáneo del doctor Rafael Á. Calderón Guardia a la silla presidencial y de monseñor Víctor Sanabria a la Catedral de San José,* yunta de la reforma social.* A Calderón lo amaban multitudes citadinas y rurales. Por su parte, Sanabria lideraba una Iglesia que abarcaba más del 90% de la población. El clero apoyó las iniciativas del Arzobispo de forma casi unánime hasta 1943 y disponía de un influjo sobre el pueblo hoy difícil de concebir. Además, Sanabria consiguió en 1942 la complacencia del Papa Pío XII con el proyecto del presidente Calderón, a quien felicitó por establecer los fundamentos de la verdadera y estable paz social. (Gustavo Soto, “La Iglesia costarricense y la cuestión social”, p. 311). Soto ha demostrado la orientación doctrinal netamente católica de la reforma.
Alianza. Durante las luchas por la aprobación definitiva del Código de Trabajo y de las Garantías Sociales se intentó un golpe de Estado, algo rutinario, diríase, en una Latinoamérica adversa a los gobiernos reformadores. Bajo la inminencia del complot se produjo la triple alianza entre el calderonismo, la Iglesia y el comunismo, incomprensible de no existir la amenaza golpista. Puesto que la Iglesia y el Partido Comunista no pueden ser aliados por discrepancias filosóficas y teológicas de fondo, se hizo necesario llegar al acuerdo del 13 y 14 de junio de 1943.
El Partido Comunista cambia de nombre (en adelante se denominará Vanguardia Popular), y Manuel Mora escribe y firma, en un papel membretado de la Arquidiócesis, que “El Partido apoya la política social del Presidente Calderón Guardia, basada en las encíclicas papales y declara que esa política enmarca sin contradicciones en los planes del Partido para la organización económico-social del país”. Así se entiende que la Santa Sede aprobara los términos del acuerdo. El movimiento popular salió fortalecido pues los católicos podían ingresar al Vanguardia Popular y sus sindicatos. Uno de los motivos de la guerra civil del 48 fue destruir esa alianza, pero esa es otra historia.
No han faltado “negacionistas”, tanto de la amenaza golpista como del acuerdo entre monseñor Sanabria y el Lic. Manuel Mora, por motivos ideológicos, políticos y teológicos, pero han sido sobradamente rebatidos. Los desfiles multitudinarios, organizados por Vanguardia Popular, sumaron la fuerza necesaria para lograr la aprobación final de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo.
Queda demostrado que el catolicismo social fue el principal motor de las conquistas de la primera mitad del decenio de los cuarenta, y que actuó con base en sus propios principios doctrinales. Carece de sustento que fuera el anticomunismo el factor primordial. Se sabe que en países vecinos sobreabundó el anticomunismo, pero no hubo reformas comparables con las costarricenses. La diferencia estriba en que nuestro país tiene una historia de catolicismo social desde el siglo XIX.
Cualquier transformación socio-económica futura tendrá que contar con el entendimiento entre un sector de la Iglesia Católica y otro de los movimientos populares, de ahí la importancia de narrar las cosas como fueron. Son los antecedentes del futuro.
