La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), luego con el apoyo directo del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, ajusta ya bastante tiempo mediando fuertes esfuerzos, analizando documentos y estudios rigurosos, formulando serios planteamientos, valientes denuncias e impulsando movilizaciones, acerca de la gravedad del problema nacional de la evasión fiscal, del fraude tributario y del robo de impuestos, cuya proporción en Costa Rica ha alcanzado los 8.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), superando el promedio latinoamericano cifrado por la CEPAL, de Naciones Unidas, en un 6.7 %.
Particularmente, hemos dado sustento sumamente consistente a nuestro planteamiento central en la materia, de que el déficit fiscal no se debe a los salarios devengados por quienes laboran para el sector Público; celebrando hoy que la tesis de la ANEP al respecto, fue acogida y asumida por todos los sindicatos del sector Público y de todas las corrientes sindicales que en su seno se mueven; con las que tenemos coincidencias como con las que mantenemos diferencias.
Se ha venido enfrentando así una durísima campaña político-mediática de varios meses de duración, con fuertes contenidos de terrorismo ideológico y de agresión psicológica en contra del empleo público; campaña virulenta enormemente injusta jamás vista en la historia del sector Público desde la promulgación de la actual Constitución Política, en 1949.
La aprobación del proyecto de ley contra el fraude fiscal nos viene a dar la razón, en parte, en tal sentido, es decir, que el déficit fiscal no se debe a los salarios del empleo público. Celebramos esa aprobación y, particularmente, felicitamos a las señoras diputadas y a los señores diputados que desde las sensibilidades del progresismo político en materia de justicia social, desde un principio fueron consecuentes con este tipo de iniciativas de ley.
Lo que no se puede ocultar, pese a los esfuerzos intra y extraparlamentarios al respecto, es el papel jugado en este tema y en esta coyuntura, por las corrientes sindicales realmente responsables, seriamente propositivas y estudiosas de estas difíciles cuestiones tributario-fiscales. En la ANEP estamos orgullosos de haber dado nuestro aporte al respecto, el cual y de manera sobrada, está sumamente documentado.
Por supuesto que dada la magnitud del robo de impuestos en el país, hubiésemos deseado una ley contra el fraude tributario sumamente drástica e implacable, bajo la premisa de que evadir responsabilidades tributarias es un crimen contra toda la sociedad.
Por ejemplo, el registro de accionistas debió quedar ubicado en el Ministerio de Hacienda. Además, no debió establecerse exención alguna al respecto, pues los defraudadores “profesionales” y patológicamente propensos a ello, pueden dividir su capital en un sinnúmero de sociedades anónimas de 15 % o menos de patrimonio, para eludir reportarse ante tal registro.
A pesar de esto, hay un avance histórico que puede ser realmente concreto si, por ejemplo, se fortalece a toda la gestión tributaria en contratación de más personal especializado y asistencia técnica al mismo, en mayor innovación tecnológica de punta, en asignaciones presupuestarias verdaderamente sustanciosas. Bien dice el refrán de que “hecha la ley, hecha la trampa” y los ladrones de impuestos, más sus compinches asesores de todo tipo, se las han de ingeniar para burlarla.
Es resaltable que con el proyecto aprobado podría acabarse con la insana práctica de cierto profesionalismo tributario de inventarse toda clase de triquiñuelas y artilugios jurídicos, mediando incluso leguleyadas con membrete de bufete “prestigioso”, para legalizar el robo de impuestos. Que de ahora en adelante este tipo de profesionales mañosos pueden ser responsabilizados al respecto, representa un avance importante en materia de justicia tributaria.
Particularmente, a la ANEP la preocupa y según se nos ha informado al respecto, el actual estado calamitoso, sumamente precario, de la parte de la gestión tributaria que tiene que ver con el cobro judicial. Si con la nueva ley los controles a la morosidad fiscal se han de incrementar y habrá más posibilidades de detectarle y de combatirle, el departamento de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda debe, estratégicamente conceptuado, fortalecerse al máximo. Hacemos un vehemente llamado al Gobierno en tal sentido.
Finalmente, considerando el alto nivel confrontativo que se ha venido desarrollando en nuestra sociedad en esta tríada en conflicto de empleo público, fraude fiscal y justicia tributaria, tenemos que tener en consideración la circunstancia de que la aprobación del proyecto en mención pudiera haber sido objeto de algún tipo de negociación oculta, informal, en materia de empleo público.
Todo el mundo sabe que en la Asamblea Legislativa se mueven los asuntos de muy distintas formas y desde los más diversos ángulos y ámbitos; y, en ocasiones, lo que realmente sucederá no se definió en condiciones de total transparencia.
En ANEP nos preocupa, en grado sumo, que así como fue pactado darle vía rápida en el trámite parlamentario a la aprobación legislativa de esta necesaria ley contra el fraude fiscal; de igual forma se haya dado ya, o se esté “cocinando” en estos momentos, un pacto completamente impresentable, vía rápida parlamentaria también, para la institucionalización de la precarización del empleo público, con base en los más añorados deseos del capital neoliberal y su hegemonía financiero-bancaria.
Emplazamos, de manera vehemente, al propio Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, para que nos hable al respecto, con la mayor sinceridad y con total transparencia.
Una vez más debemos insistir en la imperiosa necesidad de que todos los gremios, asociaciones laborales de todo tipo, sindicatos del sector Público y hasta los colegios profesionales, concertemos una acción mancomunada para enfrentar, de manera realmente sólida, la batalla final del empleo público.
Por otra parte, esas agrupaciones político-partidistas que ya están haciendo cálculos electorales de cara al 2018, tanto las que están ahora representadas en la actual Asamblea Legislativa, como las que están fuera de la misma, deben pensar que, a final de cuentas, hay cerca 1 millón 500 mil votos relacionados con el Sector Público (los trabajadores y sus familias, promedialmente hablando); grupos de familias costarricenses que están completamente pendientes de cómo se ha venido jugando, en todos estos meses, con su estabilidad laboral, con su sustento familiar, con sus responsabilidades en materia de endeudamientos, al hacérseles responsables por algo que nunca generaron: el déficit fiscal y, por tanto, bajo amenaza de rebajarles el salario y precarizarles su empleo.
En ANEP pensamos que estamos ya ante un escenario tan intenso que los 330 mil empleados públicos, sus familias y la diversidad de las agrupaciones que les representan, se plantarán con contundente firmeza en su propia autodefensa y en la institucionalidad republicana que representan los diferentes servicios públicos para los cuales laboran.
