No hace falta hacer un gran esfuerzo para darse cuenta de que no es oportuno reducir, o mermar, el presupuesto para la atención de la seguridad ciudadana. Las estadísticas evidencian el incremento de la criminalidad en comunidades proclives y vulnerables al narcotráfico, a la drogadicción y al delito, en detrimento de las personas que optan por encerrarse en sus casas.
Evidenciamos en nuestras giras de trabajo, condiciones laborales que ameritan con urgencia inyección de recursos, delegaciones “cuchitriles” que deberían estar clausuradas, y/o en proceso de remodelación, por ejemplo: Upala, Guápiles, Peñas Blancas, Barras del Colorado, Punta Zancudo, Pavas, Unidad de Intervención Policial, Hatillo, la Carpio, dan cuenta de la necesidad de inversión, y para ello, se requiere de presupuesto.
Hace mal el Gobierno, al restarle presupuesto a la seguridad, en tiempos en donde a diario los medios de comunicación nos informan de ajusticiamientos, homicidios por encargo, asaltos con violencia. Es necesario cuestionar ¿Por qué se debilita la atención de la criminalidad en este tiempo? Lo que sí debería hacer el Gobierno, es solicitar a las autoridades, el plan de inversión, una adecuada supervisión y una buena ejecución del presupuesto.
Nos parece que se viene a propiciar una pelea desigual, “burro amarrado, contra tigre suelto”; ya que el crimen organizado no requiere de la aprobación de presupuesto, ellos lo tienen a manos llenas, por ejemplo: el narcotráfico, por más droga que se les decomise, no ve afectada su operación, por cuanto, es sabido que su ilícito negocio, le permite sumas exorbitantes de dinero.
Por el contrario, muchas veces como resultado de los decomisos de drogas, se incrementan los homicidios; por ende, se incrementa la inseguridad en la población, principalmente, en aquellas que ven más de cerca estas escenas de violencia.
Una economía “barata”, que resulta costosa para el país…
Es evidente que recortar presupuesto en la seguridad ciudadana, podría reflejarse negativamente en el corto plazo esto si partimos de que nuestro país, por año, recibe una importante cantidad de turistas, que vienen a favorecer nuestra economía y que podrían buscar nuevas rutas para sus vacaciones, en caso de que no podamos ofrecer una adecuada atención, en materia de seguridad y prevención.
También es claro, que un posible incremento en la criminalidad, vendría a desestimular la inversión extranjera, justamente en momentos en que nuestros jóvenes, están sumergidos en la angustia que les provoca la falta de oportunidades laborales.
Ante este panorama, poco alentador, debemos traer a colación lo que el propio ministro de Seguridad ha señalado, y es el faltante de policías, que bien podrían ser más que los 1.500 que se han citado. En este contexto se hace necesario analizar el panorama que no resulta muy alentador, para el reclutamiento al servicio dentro de la Fuerza Pública.
Según cifras en nuestro poder, San José, que es por mucho la provincia de mayor incidencia delictiva, presenta una baja intención de reclutamiento; por el contrario, Puntarenas, Alajuela y Limón, parecieran las provincias con más reclutamiento, esto si hacemos una relación por habitantes de cada provincia. ¿Qué quiere decir esto?, esas zonas posiblemente presentan mayor desempleo. Esta realidad es la que además debe analizar el Ministerio de Seguridad Pública, a efectos de establecer políticas institucionales que minimicen la deserción.
Los policías desertan en busca de mejores condiciones, mejor salario mejor trato, mejor ambiente y de mejores jornadas de trabajo; que les permitan la posibilidad de socializar y compartir tiempo con su familia. Es posible que una vez ingresados a la Fuerza Pública, muchos luego decidan desertar, al enfrentarse con el problema del desarraigo y la desintegración familiar.
También debemos señalar que no entendemos como en momentos en que el ministro de Seguridad demanda más policías, se presenta una disminución en el presupuesto. La institución “desecha” a personas que desean servir en la abnegada tarea de brindar seguridad ciudadana. En estos días hemos recibido cinco casos, de funcionarios que superaron las pruebas médicas, físicas, psicológicas y los están notificando de un cese de su condición de estudiantes; por registrar alguna lesión, (mordedura de serpiente) algo que consideramos un acto absolutamente discriminatorio y contradictorio.
Uno de estos casos llama más la atención; por cuanto el funcionario superó la prueba física de corres tres kilómetros en un tiempo de 12:45” para una nota de 100%; en otro de los casos, el funcionario sufrió un accidente laboral hace varios años, este a nivel de tibia; no obstante, se cuenta con certificado médico de un ortopedista, que indica que éste no tiene ningún problema para laborar en actividades físicas…
En promedio se pierden cerca de dos mil millones anuales; esto al considerar los costos en los procesos de formación policial, el curso básico policial, más otros cursos que se imparten con fondos públicos; que se pierden ante la deserción policial, y las malas políticas institucionales.
En conclusión, se requiere de presupuesto; es necesario contar con recursos; se debe administrar bien; se debe motivar al personal; se tiene que planificar bien la inversión, analizar los factores que motivan la deserción y detenerla y/o minimizarla. Primordialmente; es urgente cambiar la forma de hacer las cosas.
